Venley

Sentencia N.º 238

Sentencia
N.º 238
Fecha
14/07/2023
Sala
Casación Penal
Expediente
A23-163
Ponente
Elsa Janeth Gómez Moreno
Procedimiento
Avocamiento

 

Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

En fecha 15 de febrero de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional, solicitud de AVOCAMIENTO, propuesta por la abogada Lorena Suhi Torres Castellano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 198.742, en la cual la Sala Constitucional mediante sentencia número 166, de fecha 22 de marzo de 2023, se declaró “INCOMPETENTE, para conocer de la solicitud de avocamiento planteada por la abogada Lorena Suhi Torres Castellano (…) DECLINA el conocimiento de la presente causa a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia”.

 

En consecuencia la Secretaría de la Sala de Casación Penal, recibió las actuaciones en fecha 8 de mayo de 2023, procedente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso seguido contra los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUÉ HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de la cédula de identidad Nros. V-21.356.478 y V-21.430.939, respectivamente, que cursaba ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES e INNOBLES, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 406 numeral 1 y 239, respectivamente del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

 

En la misma fecha (8 de mayo de 2023), La Sala de Casación Penal dio entrada a la solicitud antes descrita, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2023-000163, y en igual data, se dio cuenta de la misma, y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

 

 

 

 

DE LA COMPETENCIA

 

La figura del avocamiento se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 31, numeral 1 y en el artículo 106, que establecen, respectivamente, lo siguiente:

 

“…Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone la Ley.

 

(…).

 

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal…”.

 

De lo anterior, se desprende que se atribuye a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer de las solicitudes de avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre la misma, para resolver si asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal. Siendo así, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la presente solicitud de avocamiento por ser la causa de naturaleza penal.

 

DE LOS HECHOS

 

En el escrito contentivo del avocamiento la solicitante refiere los hechos objeto del proceso seguido contra sus defendidos, de la siguiente manera:

 

“…En fecha tres (3) de junio de 2016, los funcionarios Detective Jefe Jenner Cortez, Detective Agr. Juan Manrrique y los Detectives Richard Lugo, Jonathan Pirela, Leonardo Carruzi, Israel Hernández, Moisés Reyes, Anthony Hernández, Jeisson Sánchez y Hernan Marin, adscritos al CICPC Cabimas, se trasladaron hasta el sector Pele El Ojo, calle Las Acacias, parroquia y municipio Santa Rita del estado Zulia con el fin de ubicar e identificar al sujeto apodado "EL FORO" integrante conocido públicamente de la banda "LOS MELEAN" (Organización criminal dedicada a dar muerte por encargos (sicariatos), extorsiones, robos, hurtos de vehículos automotores, ventas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre otros actos delictivos), por estar investigado en delitos contra las personas. Al llegar la comisión al sitio dicho ciudadano comenzó a disparar en contra de los integrante de la comisión del CICPC y a saltar las cercas de las casas adyacente para huir del sitio, iniciando una persecución y culminando en la calle Las Brisas del mismo sector, originándose un intercambio de disparo, donde los Funcionarios Richard Lugo y Leonardo Carruci lograron neutralizar la acción del sujeto y de inmediato se le prestaron los primeros auxilios siendo trasladado hasta el hospital más cercano, donde fallece minutos después de su ingreso.

 

Paralelamente pocos minutos después a estos hechos, varios funcionarios entre ellos los Detectives Israel Hernández y Moisés Reyes por órdenes del jefe de la comisión proceden a resguardar el sitio del suceso, estableciendo un dispositivo de seguridad en el perímetro para de esta forma resguardar la vida y seguridad de los demás funcionarios que practicarían otras diligencias pertinentes, al caso, donde los funcionarios arriba nombrados, observaron un vehículo Caliber que se aproximaba de forma sospechosa a la zona resguardada y de inmediato se le dio la voz de alto, al momento en que ambos funcionarios intentan acercarse al vehículo, descienden repentinamente del mismo, dos sujetos, portando armas de fuego visiblemente y accionándola en contra de los funcionarios allí presentes, de inmediato los funcionarios Israel Hernández y Moisés Reyes, se vieron en la necesidad de repeler dicha acción, desenfundando sus armas de reglamentos logrando neutralizar a los sujetos agresores, JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO JOSÉ URRIBARI RAMOS, de inmediato como corresponde se les prestaron los primeros auxilios para socorrerlos de forma inmediata, trasladándolos hasta el hospital más cercano, llegando estos sin signo vitales al mismo…” (sic). 

 

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

La  peticionante, en la pieza identificada “1-2”, de la pretendida solicitud, señaló entre otras cosas lo siguiente:

 

“…Contra mis representados se han aperturado varios asuntos penales por los mismos hechos, a saber, son:

 

1. VP11-P-2017-001741, en el Tribunal Primero de Control.

 

2. VP11-P-2016-005881, en el Tribunal Cuarto de Control.

 

3.- VP03-P-2017-002535 Tribunal Quinto de Control todos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas y aún falta un acto conclusivo ya que el Fiscal del Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el occiso, RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro (líder de la banda) por el cual se inició la causa MP-27393-2016 y el procedimiento policial N° K-16-0381- 01181 del CICPC Subdelegación Cabimas, cuerpo Detectivesco al cual están adscritos los hoy acusados MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA, en dicho procedimiento resultaron abatidos los ciudadanos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO JOSÉ URRIBARI RAMOS, hoy occisos.

 

Todo este desorden procesal, iniciado por el Ministerio Público y avalado por los Tribunales de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, ha sido alegado a distintas instancias judiciales, sin que se haya remediado la situación. Donde se evidencia un afán por parte de los Fiscales del Ministerio Público y los Jueces de Cabimas por el miedo a las mafias que rigen en la región, entre otros intereses que serán detallados y explicado en los próximos capítulos, existiendo graves infracciones al orden público constitucional que ponen seriamente en peligro la reputación del Poder Judicial. Y lo procedente sería anular todos los actos donde se evidencian los vicios procesales, otorgar libertad plena a los Acusados, anular la acusación e instar al Ministerio Público a realizar un acto conclusivo donde incluya a todos los occisos de la causa MP-27393-2016 y del procedimiento policial N° K-16-0381-01181, (bien sea acusación, sobreseimiento o ambos), reconstruir el expediente o ubicar los folios extraídos, y asignar un Juez imparcial que llene los requisitos para juzgar sin presión de mafias ni otros intereses, y así garantizar, que mis representados no sean enjuiciados nuevamente por hechos por los cuales ya han sido ventilados, aunado que han sido procesados injustamente ya los hoy imputados son funcionarios del CICPC que realizaban el siguiente procedimiento policial, desencadenándose los siguientes detalles:

(…)

se inició la investigación por parte de la Fiscalía 76 Nacional del Ministerio Público, sin notificar a los funcionarios actuantes de dicha investigación, donde el Dr. Alejandro Méndez y Danny Martínez, solicitaron pruebas anticipadas en el Tribunal Primero (1) de control y en el Tribunal Cuarto (4) de Control para que diferentes ciudadanos rindieran declaraciones, incurriendo en el desorden procesal, y efectuando dichas pruebas sin haber notificado a los funcionarios actuantes, ni de la investigación que se seguía en su contra, ni mucho menos para la comparecencia a dichos actos, vulnerando así el Derecho a la defensa ya que no tuvieron la oportunidad de exponer sus alegatos ni defender oralmente como corresponde por la naturaleza de la prueba anticipada sus actuaciones en dicho procedimiento, vulnerando de igual forma el principio de oralidad y el principio de contradicción a mis defendidos.

 

En fecha 28 de abril de año 2017, transcurrido casi un año después de los hechos antes narrados, la fiscalía le solicita al Tribunal Quinto (5) de Control, extensión Cabimas, Orden de Aprehensión en contra los funcionarios, MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA, ambos funcionarios del CICPC Subdelegación Cabimas e integrantes de la comisión descrita al inicio del recurso, continuando con el desorden procesal y desconociendo la figura del juez natural dentro del proceso penal.

 

En fecha 08 de Mayo del año 2017, las ordenes de aprehensión fueron recibidas en el CICPC Subdelegación Maracaibo, donde la Delegación Estadal Zulia se comunicó vía telefónica con el Comisario de la Subdelegación Cabimas para informarle sobre lo acontecido, presentándose ambos funcionarios de forma inmediata en el Despacho por sus propios medios ante el CICPC Cabimas, y de esta forma desvirtuarse el peligro de fuga, ya que mis patrocinados se pusieron a Derecho de forma voluntaria para el esclarecimiento de los hechos.

 

En fecha 10 de mayo del año 2017, los imputados fueron presentados y puestos a disposición del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Penal, extensión Cabimas, donde Dra. Dayanath Negrete, le impuso como medida cautelar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, aun teniendo arraigo en el país, haberse puestos a Derecho voluntariamente y que los hechos refieren a un procedimiento policial apegado a la ley.

 

En fecha 16 de junio del año 2017, los Abogados Alejandro Méndez, Katty Alvarado y Danny Martínez, Fiscales Provisorios y Auxiliares de la Fiscalía 76 Nacional del Ministerio Público, fueron recusados por parte de la defensa de ese momento, a lo cual la Fiscalía Superior del Estado Zulia, de forma inmediata, los sustituyó por los Representantes de la Fiscalía 45 de la misma Circunscripción, dando con lugar la referida recusación, es decir, el nuevo fiscal encargado de efectuar el acto conclusivo y culminar la Investigación, sería el Dr. Alexis Perozo. Sin embargo, los Abogados Alejandro Méndez, Katty Alvarado y Danny Martínez, Fiscales Provisorio y Auxiliares de la Fiscalía 76 Nacional del Ministerio Público, recusados en ese momento, omitiendo la orden del Fiscal Superior, y presentando escrito acusatorio el día 21 de junio del mismo año, de forma arbitraria violando los artículos 90 y 100 del COPP y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

 

En fecha 09 de noviembre de 2017, se celebró Audiencia Preliminar, la Dra. Lorena Rodríguez, Juez Quinto de Control, usurpó funciones del Fiscal General de la República, debido a que declaró sin lugar la recusación planteada ante Ministerio Público, admitiendo la Acusación consignada el día 21 de junio 2017, desincorporando y desapareciendo el acuse de recibo de la información de la recusación, el cual debería reposar en el expediente, aunado a la omisión de las solicitudes de la Defensa Técnica formando varios vicios de nulidad absoluta y con el cual se vulneran innumerables derechos a los imputados. El secretario del Tribunal en ese momento era el Dr. Joel Piña, quien posteriormente fue el Juez Primero de Juicio de este caso. Es importante destacar que tanto la juez como el secretario tuvieron conocimiento del extravío del folio al expediente.

 

Luego de dos años de haberse celebrado la Audiencia Preliminar y con un evidente retardo procesal, se inició juicio oral y público, culminando en fecha 28 de diciembre de 2020 donde los acusados fueron CONDENADOS por el Dr. Joel Piña, Juez Primero de Juicio, extensión Cabimas, con una decisión inmotivada, violando el Principio del Debido Proceso y Derecho a la Defensa, dicha decisión fue publicada el día 15 de marzo de 2021, bajo el No 1J-021-21. Esta Defensa no se explica como el Dr. Joel Piña aun conociendo el caso desde el año 2017, ya que fue Secretario del Tribunal Quinto de Control cuando desaparecieron el folio del expediente del presente asunto, este Juzgador redacta una decisión fuera de lugar e inmotivada.

En fecha 24 de mayo de 2021, la Defensa se Inspiró a interponer el Recurso de Apelación por los vicios y la falta de motivación de la sentencia. En fecha 03 de agosto de 2021. la Sala 3 de La Corte de Apelaciones, realizó audiencia oral a los fines de debatir los fundamentos de derecho del recurso de apelación de sentencia, quien posteriormente el día 12 de agosto de 2021 declaró CON LUGAR el Recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Defensa, anuló la Decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia, en función de Juicio por falta de motivación de la misma, ordenando a realizar un nuevo juicio subsanando las faltas antes mencionadas, quedando esta sentencia bajo el No 007-2021.

 

En fecha 10 de febrero de 2022, la Abg. ANGGY CAROLINA POLANCO, Jueza Segunda de Juicio, aun cuando ya había conocido el caso en la fase de Control, llama a las partes para la apertura del juicio oral y público, donde la Defensa, como punto previo solicita nulidad absoluta de las siguientes actuaciones:

(…)

 

Donde la Juez, aun, notando un evidente retardo procesal y conociendo el expediente desde año 2017, ya que fue Juez Cuarta de Control donde se apertura uno de los asuntos del presente caso, se tomó una semana para dictar una decisión inmotivada, inobservando la decisión, de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 12 agosto de 2021, ya que la Corte anuló el juicio anterior por falta de motivación, según el artículo 44.2 COPP, ordenando practicar otro juicio y no caer en los mismos vicios.

 

En fecha de 25 de febrero de 2022, esta Defensa Técnica interpone Recurso de Apelación en contra de la decisión del Tribunal Segundo de Juicio, extensión Cabimas ya que la misma fue inmotivada, creando los mismos vicios de las decisiones de todos los Tribunales de Primera Instancia, extensión Cabimas aun cuando la Corte de Apelaciones le ha hecho la observación. Hasta la presente fecha no hay pronunciamiento al respecto.

 

En fecha 04 de marzo de dos mil veintidós (2022) Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo De Justicia, declaró RADICACION DE LA CAUSA por encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se ordena RADICAR la referida causa judicial en el Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Aun cuando lo procedente seria un Avocamiento y asi dicha Sala al momento de decidir expuso lo siguiente: "... Considera la Sala que, aun cuando las argumentaciones expuestas por la solicitante son propias de la solicitud de avocamiento, en interés de la justicia, y en protección del resguardo de la seguridad personal de todos los intervinientes en el referido proceso penal..."

 

A pesar de que la Sala de Casación Penal ordenó remitir el asunto al estado Carabobo, hasta la presente fecha no se ha asignado el Juez en el asunto, por cuanto la causa no ha sido remitida, quedando mis defendidos en un estado de incertidumbre e indefensión, tampoco han remitido el Recurso de apelación para la Corte de Apelaciones con el fin de resolver sobre la apelación realizada por esta Defensa ya que las actas continúan en los Tribunales del Circuito Judicial del Estado Zulia, demostrando una vez más el interés y el afán en contra de mis representados.

 

Como se puede apreciar, se han ejercido todos los recursos disponibles para evitar que se celebren varios procesos penales por los mismos hechos y con los mismos vicios, pero, los reclamos realizados no han tenido éxito para remediar la situación violatoria del orden público constitucional, por el contrario toman testimonios de diferentes personas llamándolas pruebas anticipadas, sin haber sido debidamente evacuadas ya que dichos actos se desarrollaron a espaldas de mis defendidos, sin ser notificados de que se llevaba a cabo una investigación en su contra y mucho menos fueron notificados para hacer presencia en las mal llamadas audiencias de pruebas anticipadas, de justicia del estado Zulia para hacer un ajusticiamiento en contra de mi defendido, solo por el hecho de que los funcionarios del CICPC dejaron acéfalos a unas de las más potenciales mafias de la región, llamados "LOS MELEANES" tal es el caso del ciudadano quien en vida respondiera al nombre de RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro, asimismo observamos que estamos en la fase de juicio por dos occisos y aún no se ha dictado acto conclusivo del occiso, RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, quienes pertenecen al mismo procedimiento policial y a los mismos hechos.

 

II

ADMISIBILIDAD

 

La presente solicitud es admisible, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Máximo Tribunal, por las siguientes razones:

 

a) Como defensa privada de los imputados en la causa sobre la cual se solicita el avocamiento, tengo legitimación para solicitarlo, ya que los derechos e intereses de mis representados se están viendo gravemente afectados por la infracción al orden público constitucional denunciado, como lo es que sean sometidos a varios procesos penales por los mismos hechos.

 

b) La presente solicitud se refiere a procesos penales en los cuales no se ha dictado una sentencia definitivamente firme, pues uno de ellos se encuentra en fase de juicio y el otro a la espera del Acto Conclusivo luego de casi 5 años.

 

c) A lo largo del presente escrito se ha indicado claramente cuáles son las infracciones del orden constitucional denunciado, como lo son procesar a mis representados dos veces por los mismos hechos, desaparecer folio del expediente del Tribunal donde los Jueces han tenido conocimiento desde la fase de investigación, ya que han tenido acceso con anterioridad, tal como se detalla a continuación:

 

C. 1.- La Juez de 4° Control y de 2º Juicio, Dra. Anggy Polanco, fue la que acordó y evacuó una de las pruebas anticipadas signada con el asunto N° VP11-P-2016-005881 y la que apertura el juicio por segunda vez.

 

C.2.- El secretario 5º de Control y Juez 1° de Juicio, Dr. Joel Piña, estuvo como secretario en el tribunal 5º de Control cuando le extrajeron el folio del expediente y fue el Juez 1° de juicio quien condeno a mis defendidos con una decisión inmotivada con todos los vicios expuestos.

 

C.3 La Abg. DAYANETH NEGRETE DE CHIRINOS, Jueza Primera de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas fue la que acordó y evacuó una de las pruebas de anticipada signada con el asunto N° VP11 -P-2017-001741 y vecina del lugar de los hechos.

 

C.4- El Abg. LEOBANY URRIBARRI RAMOS quien actualmente es Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público del estado Zulia y fue Alguacil del circuito judicial penal, cuando el caso se encontraba en la fase preliminar (donde se cometieron la mayoría de los vicios y se retardaban las diligencias de la Defensa) quien es hermano del occiso ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS.

 

C.5- La Dra. Lissetty Vílchez Urribarri quien fue secretaria y Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. La misma es prima del Abg. LEOBANY URRIBARRI RAMOS (Fiscal 13) y del occiso ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS

 

06- La Dra. Lorena Rodríguez, Juez Quinto de Control del circuito Judicial del estado Zulia, extensión Cabimas, fue la Juez que libró la orden de aprehensión en contra de mis defendidos, aun teniendo conocimiento que los investigados estaban plenamente identificados y desconocía del caso penal. Fue la juez que celebró audiencia preliminar y no se pronunció sobre las diligencias de Investigación solicitada por la Defensa Técnica durante la investigación, pasando por alto los reiterados criterios del TSJ. Asimismo, tenía conocimiento sobre la falta del folio del expediente e hizo caso omiso a eso y a todas las irregularidades ocurridas en la fase de control.

 

d) La infracción denunciada es una violación al orden público constitucional que pone en peligro la reputación del Poder Judicial, como se desarrollará en el siguiente capítulo, ya que los Fiscales actuaron sin legitimación porque habían sido separados de la causa.

 

(…)

 

 

 

 

III

LA PROCEDENCIA DEL AVOCAMIENTO

 

Contra mis representados se siguen en paralelo una pluralidad de procesos por el mismo enfrentamiento donde perdieran la vida los ciudadanos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ, ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS Y RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro. Esto constituye, sin lugar a dudas, una escandalosa violación al orden público constitucional, por cuanto se trata de varias persecuciones penales que, por estarse ejecutando simultáneamente contra las mismas personas y por el mismo hecho, resultan contrarias a uno de los principios cardinales que dan vida a aquél, a saber, al no bis in idem, consagrado en el articulo 49.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las razones que se expondrán a continuación:

 

1. El orden público constitucional y el debido proceso:

 

Tal como lo estableció esta Sala Constitucional en su sentencia nro. 2.807, del 14 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Roldán Martínez Páez), el orden público constitucional está conformado por una serie de principios e instituciones cristalizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas finalidades esenciales son, esencialmente, inspirar la creación, interpretación y aplicación razonable del ordenamiento jurídico; así como garantizar el buen funcionamiento de las relaciones entre los particulares y el Estado, en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad.

 

(…)

 

2. El principio ne bis in idem:

 

Precisado lo anterior, debe afirmarse que el debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abarca un amplio catálogo de principios, derechos y garantías, cuya finalidad es la consecución de un proceso justo, en aras de alcanzar satisfactoriamente los fines del Derecho (entre los cuales se encuentra la Justicia, tal como se indicó supra). En este catálogo está comprendido el principio ne bis in idem, consagrado en el numeral 7 de la mencionada disposición constitucional, como un mecanismo de protección del imputado frente del poder penal del Estado (ver sentencia de Sala nro. 1.786, del 5 de octubre de 2007, caso: Jimmy Rafael Holguin Alcivar).

 

(…)

De lo anterior se desprende, con meridiana claridad, que el principio ne bis in idem constituye un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado o ius puniendi. Se trata de una prohibición, cuyo contenido se traduce del siguiente modo: nadie puede ser penado ni procesado dos veces por el mismo hecho y con el mismo fundamento.

 

Este axioma implica que nadie puede ser condenado por el mismo hecho por el cual ya fue absuelto o sobreseído, así como tampoco ver agravada, por una nueva condena, otra que le haya sido impuesta con anterioridad; ni tampoco ser expuesto al riesgo de que cualesquiera de estos supuestos se materialicen por una nueva persecución penal.

 

(…)

De la lectura de las actas contenidas en el expediente nro. AA30-P-2021- 000-0198 de la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, y en la causa identificada con el nro. VP03-P-2017-002535, VP11- P-2017-001741 y VP11-P- 2016-005881 la cual cursa ante el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, todos estos casos se originaron de la causa MP-27393-2016 y de la averiguación N° K-16-0381-01181 donde se desprende, con escandalosa claridad, que en todas aparecen señalados como investigados, imputados/ acusado los funcionarios, MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA y como victimas los occisos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ. ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS Y RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ Es decir, uno de los denominadores comunes de dichas causas penales, son las personas señaladas como presuntamente responsables de los mismos delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE. Es donde se observa claramente que el Fiscal del Ministerio Público para mantener a mis defendidos privados de su libertad, los acusó por los hechos cuyas víctimas son los occisos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS y aseguró con familiares y amigos de estos occisos mantenerlos privados, pero, de ser absueltos, pedir una orden de aprehensión por los mismos hechos, cuya victima seria el occiso RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, el cual no fue excluido en el acto conclusivo presentado, siendo todos de los mismos hechos, del mismo día, del mismo procedimiento policial de la misma causa Fiscal donde los Jueces de primera Instancia del Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas tienen estrecha relación con los occisos aunado al miedo por tratarse de una potencial mafia de la región.

 

En este escenario, las mismas personas que fueron enjuiciadas y condenadas (injustamente) ante el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas (lo cual dio lugar a la interposición del recurso de apelación que declaró la nulidad de la decisión por innovación y vicios en el proceso, para luego caer en el Tribunal Segundo de Juicio y volver a los mismos vicios y una decisión inmotivada), actualmente están sometidas al peligro de sufrir un posible castigo y ser enjuiciado posteriormente ya que la causa aún sigue en investigación por los mismos hechos, en la causa que se ventila ante la Fiscalía Cuadragésima Quinta del estado Zulia y Septuagésima Sexta a nivel nacional, en el expediente nro. MP- 27393- 2016. Se trata de dos (2) persecuciones penales -simultáneas- instauradas contra los mismos imputados, a los cuales insólita y arbitrariamente se les endilga la presunta comisión del mismo hecho.

 

Conforme a las anteriores consideraciones, resulta evidente que, en los procesos penales antes mencionados, se ha verificado una dualidad de reproche punitivo contra los mismos sujetos (MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA) y, por tanto, se encuentra satisfecha la identidad de sujeto (eadem persona), como primer requisito o correspondencia exigida por el principio ne bis in idem.

 

b) Identidad de hecho (eadem res):

 

Luego, la identidad de hecho de los procesos penales se puede observar diáfanamente de una lectura del Acta Policial, de la acusación y de las decisiones consignadas, marcadas como anexos más adelante. El Ministerio Público a través de sus diversas representaciones Fiscales ha sido conteste en que los hechos objeto del proceso, de ser ciertos (y no lo son). se subsumirían dentro de la modalidad del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal, cometido en perjuicio de quienes en vida respondieran a los de JORGE JOAQUÍN URRIBARRI HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO y JOSÉ URRIBARRI RAMOS; SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE previsto y en el artículo 239 del Código Penal, calificación que ha sido acogida por los Tribunales que han conocido de todos los procesos penales a los cuales han sido sometidos, por los mismos hechos, los acusados, dejando un vacio con respecto al occiso RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro.

 

Ello se desprende de la investigación y de la acusación fiscal que fue presentada y llevada por diferentes Tribunales de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, el cual consta en el expediente identificado como VP03-P-2017-002535 de la nomenclatura de los de esa de la acusación fiscal que fue presentada y de la investigación que el Tribunal Quinto de Control, extensión Cabimas, la dejó abierta.

 

En síntesis, se advierte que en la acusación formulada por la Fiscalía Septuagésima Sexta (76) del Ministerio Público Nacional, así como la investigación que el Tribunal Quinto de Control Extensión Cabimas, declaró dejarla abierta, son los mismos hechos relacionados con la averiguación K- 16-0381-01181 que actualmente se siguen contra los ciudadanos MOISES REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA, ante el Juzgado aun por asignar en Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, han tenido por objeto, invariablemente, el mismo hecho. De este modo, resulta plausible afirmar, que este segundo requisito o correspondencia del ne bis in idem, referido a la identidad de hecho (eadem res), se encuentra cabalmente satisfecho en el caso de autos.

c) Identidad de causa (eadem causa petendi):

 

En el caso sub lite, también se ha verificado la identidad de causa o motivo de persecución, por cuanto los múltiples procesos penales que actualmente se siguen contra MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA, tienen por finalidad común que a éstos se les imponga la pena por los delitos HOMICIDIO CALIFICADO. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE y USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS, donde el Fiscal está obrando de mala fe ya que en este proceso sería una absolutoria por cuanto la acción de los acusados fue en el ejercicio de sus funciones para resguardar su vida y las de terceras personas, y dejando la causa abierta para pedir otra orden de aprehensión en contra de los funcionarios activos adscritos al CICPC.

 

Lo anterior denota que, en esos procesos penales, la razón jurídica de la persecución es la misma, a saber, la aplicación del castigo o poder punitivo a unas personas determinadas.

 

Tal como se indicó anteriormente, el Estado sólo puede reaccionar una vez por el mismo hecho con el objeto de imponer la sanción, independientemente de la naturaleza de ésta, por lo cual, si el objetivo final de la norma que se invoca es la aplicación de un castigo (tal como ocurre en el presente caso), operará la prohibición de bis in idem.

 

De lo anterior se concluye, a todas luces, que se han verificado la triple correspondencia exigida por el principio ne bis in idem, y por tanto, se ha quebrantado de forma grosera y escandalosa este supremo principio (y en consecuencia, el debido proceso y el orden público constitucional), puesto que los ciudadanos MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA tienen la condición de investigados/imputados/acusados, en todos el proceso antes señalados (identidad de sujetos), por los mismos delitos de HOMICIDIO CALIFICADO. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE Y USO INDEBIDO DE ARMAS ORGÁNICAS (identidad de hecho) y en los cuales se ha solicitado la imposición de una pena (identidad de causa).

 

Como se narró anteriormente, en uno de los procesos penales en curso ya los ciudadanos MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA fueron acusados. El otro proceso penal se encuentra, en la fase de investigación. En este orden de ideas, la sola acusación para un nuevo juicio violaría el numeral 7 del artículo 49 del Texto Fundamental, el cual es del siguiente tenor: "Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente". Del citado precepto constitucional se desprende el principio ne bis in idem y, consecuencialmente, de la prohibición de doble persecución penal por los mismos hechos. Mi petición concreta es que mis representados no sean procesados una vez más; que se anule la acusación y se inste al Ministerio Público a presentar un solo acto conclusivo (sea acusación o sobreseimiento, incluyendo a los hechos cuyo occiso respondiera al nombre de RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro. De llevar a cabo alguna prueba anticipada, notificar a los investigados, imputados y/o acusados y a los Abogados de su confianza. Que la Defensa tenga acceso a la totalidad de las actas y sea notificada de todos los actos convocados, la notificación puede por cualquier medio, incluyendo electrónico o redes sociales. Que los actos se lleven a cabo en presencia de los Imputados, incluyendo medio telemáticos. Que los Jueces mantenga la autoridad y no les teman a las mafias, por muy potencial que sea y si existe algún interés entre el Juez y las partes involucradas insten a su inhibición o procesen conforme a Derecho las recusaciones solicitadas.

 

En el caso de marras, es innegable que estamos ante una clara violación de este principio, puesto que se ha solicitado ante diversas instancias que se tomen medidas para reparar los vicios y que las decisiones sean motivadas (puesto que ello sería inconstitucional) y estos reclamos han sido absolutamente infructuosos. Incluso si mis representados fuesen absueltos en los procesos, se les habrán vulnerado sus derechos y garantías procesales, ya que la Constitución prohíbe es precisamente ser enjuiciado dos veces y nada dice el Constituyente sobre el desenlace de cada juicio y los Jueces deben mantener su imparcialidad entre las partes y no temer a las mafias organizadas.

 

Por tal razón, los hechos aqui narrados son susceptibles de ser calificados como un evidente interés y a su vez un arbitrario ejercicio del poder punitivo, por parte de los distintos tribunales que han conocido las causas penales instauradas contra dichos ciudadanos. Ello amerita irremediablemente, la intervención de esta Sala Constitucional -por via avocamiento, como máxima protectora del Texto Fundamental patrio, a fin de contener los embates de tan desmedido ejercicio del poder penal.

(…)

PETITORIO

 

Con base en los planteamientos de hecho y de derecho expuestos a lo largo del presente escrito garantizando ESTA Sala del Tribunal Supremo de Justicia lo que establece los artículos 2, 21, 22, 26, 49. 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con lo establecido en los artículos 25 (numeral 16), 106, 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional, lo siguiente:

 

PRIMERO: Se ADMITA la presente solicitud de avocamiento en todas y cada una de sus partes.

 

SEGUNDO: Se OFICIE a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ya que las actas aún permanecen ante el Tribunal Segundo en Funciones Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ordenando la remisión del asunto N° VP03-P-2017-002535. Para el Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo ya que el caso fue radicado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia según decisión de fecha 04 de Marzo del año 20022.

TERCERO: Anule las siguientes actuaciones (…)

CUARTO: Se inste a las Fiscalía 45 de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y Fiscalía 76 Nacional del Ministerio Público a fin de presentar el acto conclusivo donde incluya a todas las victimas que guardan relación con la presente causa.

 

QUINTO: Se declare CON LUGAR la presente solicitud de avocamiento garantizándole a las partes lo que establece los artículos 2, 21, 22, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 12 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

SEXTO: Se decrete la NULIDAD DE ORDEN DE APREHENSIÓN de N° 5C- 580-17 de fecha 28 de abril de 2017 dictada el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, en contra de los ciudadanos MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA, ambos ut supra identificados; (…)

 

SÉPTIMO: Instar a las Fiscalía 45 de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y Fiscalía 76 Nacional del Ministerio Público a fin de que presenten el acto conclusivo, con relación a la victima de nombre RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ…” (Sic).

 

Así mismo, la solicitante a los efectos de fundamentar su avocamiento, consignó en copias una  serie de recaudos, que se detallan a continuación:

 

1.       Acta de designación y juramentación de la defensora privada, abogada Lorena Suhi Torres.

2.       Decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia- extensión Cabimas, de fecha 15 de marzo de 2021.

3.       Decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia de fecha 12 de agosto de 2021, en la que declara con lugar la apelación presentada por la defensa privada, y en consecuencia repone la causa, al estado que se realice un nuevo Juicio Oral y Público.

4.       Solicitud de Radicación de fecha 19 de noviembre de 2021.

5.       Decisión de esta Sala de Casación Penal, declarando HA LUGAR, la solicitud de Radicación.

6.       Acta de inicio del juicio oral y público ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 10 de febrero de 2022.

7.       Escrito suscrito  por la abogada Lorena Suhi Torres, contentivo de “SOLICITUD DE NULIDADES”, de fecha 10 de febrero de 2022.

8.       Decisión dictada por el Tribunal en Funciones de Juicio, en la cual declara Sin Lugar la solicitud de nulidades de fecha 17 de febrero de 2022.

9.       Recurso de apelación de autos llevado a cabo por la defensa de fecha 25 de febrero de 2022.

10.   Escrito de recusación, suscrito por la defensa de los acusados, contra la abogada Anggy Carolina Polanco, en su condición de Jueza Segunda de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 25 de febrero de 2022.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Asimismo, el avocamiento procede, de oficio o a instancia de parte, solo cuando no existe otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática; debiendo ser ejercido con suma prudencia, lo cual está contemplado, tanto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, transcrito en el capítulo referido a la competencia, como en los artículos 107, 108 y 109 de la referida ley, los cuales respectivamente, establecen:

 

“Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia, y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, o la institucionalidad democrática”.

 

“Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

 

“Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio o a  instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, de los siguientes requisitos:

 

1) Que, el solicitante esté legitimado para solicitar el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

 

2) Que, el proceso cuyo avocamiento se solicita, curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

 

3) Que, la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

4) Que, la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios, ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

 

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, por lo que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

 

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; 451, del 14 de noviembre de 2016, y más reciente la, 021 del 18 de febrero de 2019].

 

Ahora bien, en el presente caso, se observa:

 

1.- Que, la presente solicitud de avocamiento fue presentada por la abogada Lorena Suhi Torres Castellano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 198.742, quien actúa como defensora privada de los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUÉ HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de las cédulas de identidad números V- 21.356.478 y V- 21.430.939, respectivamente, como consta en la  pieza identificada “1-2”, según acta de juramentación de fecha 27 de enero de 2020, levantada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, estando facultada legalmente para ejercer la presente solicitud, considerando que el avocamiento puede ser ejercido a instancia de parte.

 

2.- Que, en el caso de estudio se solicita el avocamiento de la causa, la cual cursaba ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas, siendo radicada en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, mediante sentencia Nro. 062 de fecha 4 de marzo de 2022, publicada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la causa seguida contra los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de las cédulas de identidad números V- 21.356.478 y V- 21.430.939, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES e INNOBLES, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1, y 239, respectivamente, del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, tipificado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en razón de lo cual, se encuentra cumplida la exigencia prevista en el citado artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referida a que el asunto curse ante un Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en la cual se encuentre.

 

3.- En cuanto al tercer requisito, relativo a que la solicitud no sea contraria al ordenamiento jurídico, tal como dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procesos judiciales que cursen ante las distintas Salas de este Máximo Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Penal constata que la solicitud presentada por la referida abogada, no es contraria a derecho, pues tiene por objeto el avocamiento de un proceso penal en el que, según su dicho, se han cometido irregularidades que afectan el derecho a la libertad y la tutela judicial efectiva.

 

4.- Por último, previo a determinar, si en el presente caso, se agotaron las incidencias que el ordenamiento jurídico prevé para reclamar las infracciones que se consideran cometidas por los órganos jurisdiccionales, se procederá a examinar los planteamientos expuestos en la presente solicitud de avocamiento, para determinar, si los mismos corresponden a los supuestos establecidos en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; es decir: “en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, o la institucionalidad democrática”.

 

 Atendiendo lo precedentemente expuesto, la solicitante del avocamiento fundamenta su petición, en primer término, en las supuestas irregularidades cometidas en el proceso penal seguido contra sus defendidos, por cuanto, a su juicio, “se desprende, con escandalosa claridad, que en todas aparecen señalados como investigados, imputados/acusados los funcionarios, MOISES ALEJANDRO REYES PEREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZARRAGA y como victimas los occisos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ, ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS y RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ; Es decir, uno de los denominadores comunes de dichas causas penales, son las personas señaladas como presuntamente responsables de los mismos delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE. Es donde se observa claramente que el Fiscal del Ministerio Público para mantener a mis defendidos privados de su libertad, los acusó por los hechos cuyas víctimas son los occisos JORGE JOAQUIN URRIBARRI HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO JOSÉ URRIBARRI RAMOS y aseguró con familiares y amigos de estos occisos mantenerlos privados, pero, de ser absueltos, pedir una orden de aprehensión por los mismos hechos, cuya victima seria el occiso RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, el cual no fue excluido en el acto conclusivo presentado, siendo todos de los mismos hechos, del mismo día, del mismo procedimiento policial de la misma causa Fiscal donde los Jueces de primera Instancia del Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas tienen estrecha relación con los occisos aunado al miedo por tratarse de una potencial mafia de la región…” (Sic).

 

Manifestando además que “…A lo largo del presente escrito se ha indicado claramente cuáles son las infracciones del orden constitucional denunciado, como lo son procesar a mis representados dos veces por los mismos hechos, desaparecer folio del expediente del Tribunal donde los Jueces han tenido conocimiento desde la fase de investigación, ya que han tenido acceso con anterioridad…”. Ahora bien, en relación a lo antes expuesto, esta Sala de Casación Penal aprecia que dicha delación no constituye una infracción que justifique el ejercicio de la facultad avocatoria, debido a que dichos planteamientos se refieren a conjeturas elaboradas por la solicitante, en razón a su apreciación de los hechos, sin que se evidencie de lo presentado, elementos que permitan justificar la admisión de la solicitud en aras de poder considerar de forma racional la posible existencia de un vicio de orden público que amerite su revisión a través de la vía del avocamiento.

 

Es importante advertir que no basta con la simple alegación en la solicitud de avocamiento en cuanto a la escandalosa violación al ordenamiento jurídico, es preciso demostrar la existencia de un desequilibrio procesal importante capaz de poner en entredicho el buen funcionamiento jurisdiccional por parte de los operadores de justicia, lo cual no queda establecido con los anexos que acompañan la presente solicitud.

 

En este orden de ideas, resulta pertinente señalar que en el desarrollo de un proceso pueden presentarse infracciones de procedimiento, y no por ello a las partes le es dable recurrir directamente a la vía del avocamiento, toda vez que con el ejercicio de dicha vía se estaría desvirtuando el orden legal establecido para la resolución de conflictos de esta naturaleza, omitiendo las formas sustanciales del proceso, tal como lo consagra el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Además señaló que, “Fue la juez que celebró audiencia preliminar y no se pronunció sobre las diligencias de Investigación solicitada por la Defensa Técnica durante la investigación, pasando por alto los reiterados criterios del TSJ. Asimismo, tenía conocimiento sobre la falta del folio del expediente e hizo caso omiso a eso y a todas las irregularidades ocurridas en la fase de control. La infracción denunciada es una violación al orden público constitucional que pone en peligro la reputación del Poder Judicial, como se desarrollará en el siguiente capítulo, ya que los Fiscales actuaron sin legitimación porque habían sido separados de la causa…” (Sic).

 

Ahora bien, los recaudos consignados por la solicitante del avocamiento no evidencian en sí mismos, elementos de prueba que demuestren que en la causa penal seguida contra los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUE HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, exista un grave desorden procesal o una escandalosa violación al ordenamiento jurídico, por cuanto de lo consignado solo se pudo observar una serie de actos procesales, destacándose las decisiones emitidas por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia, lo cual no demuestra el “vicio” que se pretende acreditar en el presente caso.

 

En relación a lo antes expuesto esta Sala de Casación Penal en  sentencia N°52, de fecha 23 de febrero de 2017, en el sentido siguiente:

 

(…) Respecto del carácter necesario e indispensable de los recaudos que han de servir como soporte de las solicitudes de avocamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado que:

(…) se observa que la parte solicitante no especificó cuál es la causa que pretende que esta Sala se avoque, ni ante cuál Juzgado cursa; así como tampoco acompañó copias simples o certificadas de las actas que conforman dicho juicio y de las que se pudiera extraer tal información; requisitos indispensables para verificar su admisibilidad, tal como lo ha establecido de forma reiterada y pacífica la doctrina jurisprudencial que emana de esta Sala Constitucional.

En ese sentido, constituye causal de inadmisibilidad de las demandas, solicitudes o recursos que se interpongan ante cualesquiera de la Salas que integran este Alto Tribunal, no anexar al respectivo escrito los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto (…)” (Vid sentencia n° 168/2010, del 23 de marzo). (Resaltado de esta Sala).

 

 

En este mismo orden de ideas, esta Sala recientemente estableció mediante sentencia N° 27 de fecha 17 de febrero de 2023, lo siguiente:

 

“…En sintonía con lo establecido en las sentencias parcialmente transcritas ut supra, es indudable que a pesar de no encontrarse establecido taxativamente en la norma que la solicitud de avocamiento debe estar acompañada de documentos que la sustenten, sin embargo, no basta con la simple alegación respecto a los graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, toda vez que la admisión de la pretensión avocatoria tiene que estar sustentada en la existencia de un desequilibrio procesal importante, capaz de poner en entredicho el buen funcionamiento jurisdiccional por parte de los operadores de justicia, circunstancia que no se encuentra demostrada con los documentos que acompañan la presente solicitud…”

 

Luego señala que  “…04 de marzo de dos mil veintidós (2022) Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo De Justicia, declaró RADICACION DE LA CAUSA por encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se ordena RADICAR la referida causa judicial en el Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo (…) A pesar de que la Sala de Casación Penal ordenó remitir el asunto al estado Carabobo, hasta la presente fecha no se ha asignado el Juez en el asunto, por cuanto la causa no ha sido remitida…”

 

Por último, la defensora de los imputados de autos, solicitó lo siguiente “…Mi petición concreta es que mis representados no sean procesados una vez más; que se anule la acusación y se inste al Ministerio Público a presentar un solo acto conclusivo (sea acusación o sobreseimiento, incluyendo a los hechos cuyo occiso respondiera al nombre de RAINEL JAVIER TUDARES HERNANDEZ, alias el foro. De llevar a cabo alguna prueba anticipada, notificar a los investigados, imputados y/o acusados y a los Abogados de su confianza. Que la Defensa tenga acceso a la totalidad de las actas y sea notificada de todos los actos convocados, la notificación puede por cualquier medio, incluyendo electrónico o redes sociales. Que los actos se lleven a cabo en presencia de los Imputados, incluyendo medio telemáticos. Que los Jueces mantenga la autoridad y no les teman a las mafias, por muy potencial que sea y si existe algún interés entre el Juez y las partes involucradas insten a su inhibición o procesen conforme a Derecho las recusaciones solicitadas…” (sic).

 

De acuerdo con lo peticionado, no puede pretender la solicitante que esta Sala de Casación Penal mediante el avocamiento asuma la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales, con arreglo al principio del juez natural; por cuanto, la intención que subyace de lo planteado en el presente caso, es que esta Sala emita una decisión respecto al acto conclusivo fiscal; al respecto, cabe agregar que es criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal, que la institución del avocamiento no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, para emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la resolución de una causa, pues tal como lo dispone el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la vía del avocamiento debe ser ejercida sólo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, circunstancias estas que, como ya se indicó, no se cumplen en la solicitud presentada, y que configuran los elementos imprescindibles para su admisibilidad

 

De igual forma, es necesario acotar que las partes deben agotar todos los medios procesales idóneos que les ofrece la legislación adjetiva, para salvaguardar sus derechos, toda vez que el avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, no un medio de revisión procesal de situaciones que deben ser resueltas por los Tribunales de Instancia correspondientes, mucho menos de la actuación de la representación del Ministerio Público.

 

En este sentido, esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que:

 

“…el avocamiento como una figura excepcional, y ordena su empleo con suma prudencia y reflexión, sólo en casos graves o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública (…) o la institucionalidad democrática venezolana...”  [Sentencia N° 314, del 17 de octubre de 2014].

 

En consecuencia, y sobre la base de los fundamentos que anteceden, la Sala de Casación Penal, concluye y conforme al contenido de lo invocado en la presente solicitud considera, que no se encuentran satisfechas las condiciones delimitadas en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de lo cual, resulta forzoso declarar INADMISIBLE la solicitud de avocamiento, presentada por la abogada Lorena Suhi Torres Castellano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 198.742, quien actúa como defensora privada de los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUÉ HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de las cédulas de identidad números V- 21.356.478 y V- 21.430.939, respectivamente, del proceso penal que cursaba ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, siendo radicada la presente causa ante el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo,  por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES e INNOBLES, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1, y 239, respectivamente, del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, tipificado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por no cumplir con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

Finalmente en atención a lo manifestando por el solicitante, en cuanto a que la presente causa no ha sido remitida al Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, esta Sala en aras de garantizar los principios consttucionales, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, exhorta al Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines de dar cumplimiento a la sentencia emanada de esta Sala de Casación Penal, en sentencia N° 062 de fecha 4 de marzo de 2022, y proceder a la inmediata remisión de la causa identificada con el N° VP03-P-2017-002535, en el proceso seguido contra los ciudadanos  MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUÉ HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de las cédulas de identidad números V- 21.356.478 y V- 21.430.939, respetivamente, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a los fines de que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la jurisdicción, el cual seguirá conociendo de la causa.

 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por la abogada Lorena Suhi Torres Castellano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 198.742, en su carácter de defensora de los ciudadanos MOISÉS ALEJANDRO REYES PÉREZ e ISRAEL JOSUÉ HERNÁNDEZ ZÁRRAGA, titulares de la cédula de identidad Nros. V-21.356.478 y V-21.430.939, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES e INNOBLES, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1, y 239, respectivamente, del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, tipificado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por no cumplir con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: EXHORTA al juez o jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines de dar cumplimiento a la sentencia N° 062 de fecha 4 de marzo de 2022, emanada de esta Sala de Casación Penal y proceda a la inmediata remisión de la causa N° VP03-P-2017-002535, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a los fines de que sea distribuida a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la jurisdicción, el cual seguirá conociendo de la misma.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los catorce (14) días  del mes de julio de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

(Ponente)

 

 

 

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                     El Magistrado,     

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY                                     MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ     

 

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

 

 ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

 

EJMG/

Exp. AA30-P-2023-000163

 

 

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