Sentencia N.º 238
- Sentencia
- N.º 238
- Fecha
- 10/05/2024
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- A24-182
- Ponente
- Carmen Marisela Castro Gilly
- Procedimiento
- Avocamiento
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY
El 14 de diciembre de 2023, la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número. 51.998, actuando en su propio nombre y representación, presentó ante la Secretaría de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal escrito contentivo de la solicitud de avocamiento de la causa penal seguida en su contra, signada con el alfanumérico 3C-3758-2023, que cursa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de la ciudadana Jenny Del Valle Peña Sánchez, titular de la cédula de identidad Número V-17.334.841.
En la misma fecha (14 de diciembre de 2023), la Sala Constitucional dio entrada a la solicitud avocatoria; siendo que, en fecha 5 de febrero de 2024, mediante sentencia número 0011, se declaró incompetente para conocer, declinando la competencia a esta Sala de Casación Penal, señalando lo siguiente:
(...) Ahora bien, en el presente caso se solicitó el avocamiento de esta Sala para que conozca de las causas penales signadas con los alfanuméricos 3C-3758-2023, 4C-2276-2023 y 5C-911-2023 que cursan ante los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas; ello en virtud de encontrase señalada en la investigación penal llevada por la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de estafa; signada con el alfanumérico MP-250089-2023.
En efecto, la Sala observa que en el caso bajo estudio la solicitud de avocamiento se circunscribe a una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en el conocimiento de una causa de naturaleza penal que se sigue en contra la ciudadana Dinora Eunises Lares Castejon, actualmente ante el Juzgado Cuarto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas; ello en virtud de las recusaciones ejercidas por la referida ciudadana, contra los Jueces de los Juzgados Tercero y Quinto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas; de manera que, la Sala precisa que el avocamiento solicitado se refiere a un proceso penal que no involucra competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, ni se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos.
Así las cosas, la Sala advierte que no están llenos los extremos exigidos para que esta Sala Constitucional ejerza su facultad de avocarse al caso de autos, toda vez que, al tratarse de una causa penal de la que se pretende el avocamiento, tal potestad queda circunscrita al ámbito penal, se concluye, que corresponde a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, conocer sobre la procedencia o no de la presente solicitud de avocamiento, y así se declara.
En tal virtud, esta Sala Constitucional se declara incompetente para conocer de la solicitud de avocamiento, planteada por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, actuando en nombre propio, y en consecuencia declina el conocimiento en la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, a la cual se ordena remitir las presentes actuaciones. Así finalmente se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara:
PRIMERO: INCOMPETENTE para conocer de la solicitud de avocamiento ejercida la abogada Dianora Eunises Lares Castejón, actuando en nombre propio; de las causas penales signadas con los alfanuméricos 3C-3758-2023, 4C-2276-2023 y 5C-911-2023 que cursan ante los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas; ello en virtud de encontrase señalada en la investigación penal llevada por la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de estafa; signada con el alfanumérico MP-250089-2023.
SEGUNDO: DECLINA el conocimiento de la presente causa a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia ( )
El 10 de abril de 2024, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a la presente solicitud, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000182; y, en la misma oportunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó como ponente a la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, numeral 1, establece la competencia de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, para solicitar y avocarse al conocimiento de una causa, en los términos siguientes:
Competencia comunes de las Salas.
Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:
1.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley .
Por su parte, el artículo 106 ejusdem, dispone lo siguiente:
Competencia
Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal ( )
Ahora bien, se desprende de los fundamentos expuestos, que la Sala Constitucional declaró su incompetencia para conocer de la solicitud de avocamiento y declinó el conocimiento a esta Sala de Casación Penal, para que se avoque a analizar las actuaciones concernientes al procedimiento judicial que según se señala en el escrito es seguida contra la ciudadana DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, antes identificada; y cursa ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Venezolano.
De lo anterior, esta Sala de Casación Penal, vista la materia sobre la cual versa el planteamiento sometido a su conocimiento, se declara competente para conocer y decidir sobre dicho asunto. Así se declara.
II
DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO
Revisada la única pieza que contiene la solicitud de avocamiento, se puedo constatar, un escrito presentado ante la Fiscalia Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, suscrito por la ciudadana Jenny Del Valle Peña Sánchez, donde narra los hechos que a continuación se presentan:
Son Los Hechos Señor Fiscal: El dia 11 de Junio del año en curso a través de whatsapp me puse en contacto con la ciudadana DIANORA LARES CASTEJON quien en Juez 2do. En el Tribunal Primero de Control Sección Adolescentes del Estado Zulia para realizar una compra de una vivienda ubicada en la Ciudad de Gabimas, yo me encontraba en República Dominicana y a través de mi tia la ciudadana LILA SANCHEZ quien conoce a la Jueza desde hace años, y me la recomendó para que sirviera de intermediaria. En varias conversaciones que tuvimos, llegamos al acuerdo de que ella le iba a cancelar al propietario de la casa en la cual yo estaba interesada la cantidad de 4.000$ (3.500$ el valor de la casa mas 500$ por sus servicios) en efectivo. Yo confiando plenamente en ella, entre mi pareja, y mi hijo le hicieron varias transacciones por medio de ZELLE a nombre de ( ). La ciudadana DIANORA me informa que el proceso de negociación de la casa se demora 15 dias. Después de haber transcurrido esos 15 días dicha Jueza me informa que el propietario de la casa tenia algunos inconvenientes por lo que no había podido cerrar el negocio; y que ya el documento estaba por Notaría y se lo habian devuelto por un número. Asi pasaron varios dias y meses y la Jueza no me daba ninguna respuesta concreta respecto al caso. Muchas veces no me respondía los mensajes y cuando le 'dije que me venia personalmente hasta Venezuela para resolver esta estafa, su respuesta fue que si la denunciaba iría detenida por un corto tiempo, después saldría en libertad y mi dinero nunca me lo va a regresar, hasta me amenazó por medio de mi tía que me va a poner en el CONAS para que deje este asunto asi. Asi que de igual manera, me apersoné hasta la Ciudad de Cabimas, la busqué en los Tribunales en compañia de dos abogados y no me quiso dar la cara, la Jueza borró todas las conversaciones donde evidencia que no me va a pagar si yo colocaba la denuncia... (sic)
III
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
La abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número. 51.998, quien actúa en su propio nombre y representación, en su solicitud de avocamiento, refiere textualmente lo que de seguida se transcribe:
(...) En el asunto signado bajo el 5C-911-2023 tramitado por el JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, se pretende vulnerando derechos legales y constitucionales, celebrar Audiencia de Imputación, fijada para celebrarse en fecha 21 de junio de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal en contra de mi persona, es el caso que la abogada Yoriedxis del Carmen Sierra Peña, ., quien Preside el JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, hace un llamado a la comparecencia de las partes intervinientes, encontrándose la ciudadana MARIANNER MORALES en su condición de Representante del Ministerio Público, una vez en la Sala la ciudadana Juez, informa que en el presente acto se encuentra el ciudadano JULIO MANZANO, en su condición de Defensor Público, el cual ha sido designado por el Tribunal para ejercer el derecho a la defensa de quien suscribe, por lo que me opongo a dicha Designación y que la misma se instaura en contra de la voluntad de esa señalada, por la cual la referida Juez elevo el tono de la voz y de forma imperativa grotesca, y abrumadora, manifestó a la defensa debía de imponerse de las actuaciones, haciendo caso omiso a mi alegato de oponerme a la designación de la defensa pública, y la ratificación de mis defensores de confianza que están debidamente juramentados en actas. Procediendo las misma a retirarse de la sala, sin emitir pronunciamiento.
En fin, la Jueza haciendo uso de su autoridad como administradora de justicia, desnaturaliza el acto, violentando normas constitucionales y principios rectores del proceso penal, es obvio que infringió los deberes como Operador de Justicia, de forma reiterada y reincidente en el presente acto, muestra de ello que al negarme a convalidar un acto a todas luces nulo e irrito, la misma trato de impedir el retiro de la Sala De Audiencia, y manifestando en alto tono de voz, que el acto se hace por qué se hace porque son las instrucciones y al mismo tiempo el Ministerio Público representado por la Abogada MARIANNER MORALES; inicio la exposición de la imputación con un tono de voz elevado (gritos), y en este acto procede el Ministerio Público a proferirme improperios tales como abuso de conocimiento, dilaciones indebidas, señalándome a viva vos para que todo el Circuito Judicial Penal Extorsión Cabimas que era una Estafadora, se verifica que existe un abuso de autoridad a las funciones del Ministerio Público, traspaso los límites del ejercicio de sus funciones al actuar de forma arbitraria, desproporcionada e injustificada, por lo que solicitó a este digno Despacho se despliegue todo lo conducente para corregir la actitud abusiva a la cual fui sometida, causándome vulneración al Derecho d la Defensa y Asistencia jurídica, más cuando de actas se observa que los diferimientos se encontraban dentro de los límites, inobservado la misma que sus funciones de revisión y verificación, destacando que se evidenció la violación de los derechos humanos por que no estaban juzgando a la ciudadana DIANORA EUNISES LARES CASTEJON, sino se encontraba juzgando a la JUEZA TITULAR DIANORA EUNISES LARES CASTEJON, FUE VÍCTIMA DE UN ESCENARIO ARBITRARIO, EN EL CUAL SE REALIZÓ JUICIOS DE VALOR, EN CONTRA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO CIUDADANA Y BAJO LOS DERECHOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES QUE LE ASISTEN, destacando que en ningún momento hizo uso de su investidura y de una simple lectura de las actas verifiqué que los hechos no revisten carácter penal, se preguntó por qué el Ministerio Público no ejerció lo conducente tal como lo establece el ordenamiento jurídico, a todas luces es una situación personal en la cual se pretende utilizar el aparato judicial, para ejercer contra mi persona simulación de hecho punible, así como actos de acoso, humillación y hostigamiento. Finalmente de manera verbal invocó la RECUSACIÓN atendiendo a los hechos suscitados, posterior a ello al requerir al tribunal la causa para su revisión, fue informada de manera verbal el desprendimiento del asunto penal, desconociendo el trámite correspondiente, posteriormente fue notificada de su remisión al JUZGADO CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUTIO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS.
En fecha 27 de junio de 2023, el JUZGADO CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, en atención a la DISTRIBUCIÓN INTERNA, recibe las actuaciones procedentes del JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, ESTENSIÓN CABIMAS, en virtud de la RECUSACIÓN PLANTEADA, destacando que no concuerda con lo manifestado verbalmente por el Juzgado Quinto de Control en fecha 21 de junio de 2023.
En fecha 28 de julio de 2023, en la Audiencia de Imputación a llevarse a efecto en el referido Tribunal Cuarto de Control, advierto que no consta en las actuaciones procesales las resultas de la Corte de Apelaciones en relación a la Recusación Proferida en fecha 21 de Junio de 2023 y tramitada por el Juzgado Quinto de Control, refiero en este sentido la Decisión de reciente data del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la Distribución Interna, el cual establece que el no cumplimiento de estas formalidades produce un error in procedendo jurisdiccional, ya que materia penal se debe concebir el proceso como un conjunto de actos, sometido a formalidades esenciales, y los actos según la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, deben ser sometidos a reglas (unas generales y otras especiales para cada caso en particular), precisamente esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de justicia y la aplicación del derecho, obteniéndose así criterios de valor como seguridad jurídica, certeza y equidad. Así las cosas constata esta ciudadana que no se ha tenido la respectiva prudencia en el tramite correcto que se le debe dar cuando se pierde la capacidad subjetiva en aras del debido proceso y la tutela judicial efectiva, dado que se realizó una Distribución Interna sin el acuse de recibo del pronunciamiento del órgano superior. (CFR Sentencia de fecha 14 de Julio de 2023, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Ponente ELSA JANETH GÓMEZ MORENO)
Es el caso, que se lleva a efecto el Acto de Imputación por el Juzgado Cuarto de Control del Circuito y Extensión en mención, y nuevamente se incurre en abuso de autoridad de la administración de justicia, ya que alega lo preceptuado en el artículo 97 del Código Orgánico Procesal Penal, alego que lo procedente era la distribución interna para amparar el Derecho a la Víctima como a la hoy Imputado, por lo que se declara competente para conocer, haciendo saber que el acto se culminó a las dos horas de la tarde pero la transcripción del acta culminó con su firma a las cuatro horas de la tarde, y nuevamente se niega el acceso de las actas y es en fecha 01 de agosto de 2023 que tengo conocimiento que en acta secretarial de fecha 28 de Julio de 2023, se deja constancia que por la Aplicación Whatsapp la Secretaria Isabel Azuaje, adscrita la Sala 2 de la Corte de Apelaciones informa que conforme al artículo 97 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara INADMISIBLE por infundada y falta de pruebas, por lo que le ordena la remisión al JUZGADO QUINTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION CABIMAS.
Cabe señalar, que en fecha 31 de Julio de 2023 el JUZGADO QUINTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION CABIMAS, procede a dar entrada a las actuaciones provenientes de JUZGADO CUARTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, con la finalidad de tramitar el correspondiente el asunto, siendo debidamente notificada en fecha 02 de Agosto de 2023 de la Decisión de fecha 26 de Julio de 2023, en la cual la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Acordó declarar INADMISIBLE POR INFUNDADA Y FALTA DE PRUEBAS LA RECUSACION (sic) PLANTEADA, haciéndole del conocimiento que conocerá del presente asunto. Entonces para la fecha 28 de Julio de 2023 en la cual se celebró la AUDIENCIA DE IMPUTACION POR EL JUZGADO CUARTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, este Juzgado para el día 28 de Julio de 2023, había perdido la capacidad subjetiva para conocer del presente asunto, ya que la Corte de Apelaciones había proferido decisión en fecha 26 de Julio de 2023 en la cual declaro INADMISIBLE LA RECUSACION PLANTEADA.
Ahora bien, por cuanto se observa que no se ha tenido prudencia en el trámite y ante tantas situaciones irregulares presentadas en el presente asunto penal, en fecha 08 de Agosto de 2023, planteo formal Recusación, y una vez más se produce error in procedendo jurisdiccional, al realizarse una Distribución Interna sin el acuse de recibo del órgano superior (Confrontar Sentencia de fecha 14 de Julio de 2023, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada Ponente ELSA JANETH GÓMEZ MORENO), correspondiéndole conocer al JUZGADO CUARTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, siendo debidamente notificada en fecha 16 de Agosto de 2023 que le corresponde conocer del presente asunto, dándome la cualidad de Imputada.
Pero es el caso que en fecha 16 de Octubre de 2023, recibió notificación que atendiendo el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija AUDIENCIA PRELIMINAR, por ante el JUZGADO CUARTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, NUEVAMENTE SE FIJA ACTOS PROCESALES IRRITOS (sic) SIN LA DEBIDA DECISIÓN DEL ORGANO (sic) SUPERIOR EN RELACION (sic) A LA CAPACIDAD SUBJETIVA PARA CONOCER DE LA TRAMITACIÓN DEL RESPECTIVO ASUNTO PENAL, ADEMÁS UNA DISTRIBUCIÓN INTERNA SIN CONSTAR NUEVAMENTE LA DECISIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR, DANDO VALIDEZ A LA ACTUACIÓN CELEBRADA EN FECHA 28 DE JULIO DE 2023, EN LA CUAL SE CELEBRO AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, CUANDO LA CORTE DE APELACIONES YA EN FECHA 26 DE JULIO DE 2023, HABIA DECRETADO QUE LE CORRESPONDE CONOCER AL JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS.
En fecha 30 de Junio de 2023, se consigna SOLICITUD DE ACCESO AL ASUNTO PENAL, ante la COORDINACIÓN JUDICIAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION (sic) CABIMAS, la cual se encuentra asignada hasta la actualidad al Abogado ROTSEN GREGORIO MÉNDEZ BRAVO, ya que en fecha 21 de Junio de 2023 se llevó a efecto un acto por ante el JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, y al requerir el asunto en diversas oportunidades, para verificar las actuaciones por el referido Tribunal, se negó el acceso al mismo señalando que procedió a desprenderse del conocimiento de la causa, a fin de realizar el trámite concerniente a la Recusación planteada. Es el caso que, de tal pedimento no se obtuvo respuesta. Vulnerando tanto el Juez Natural como la Coordinación Judicial, derechos y garantías inherentes a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso; tanto el Juez Natural como la Coordinación Judicial, derechos y garantías inherentes a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso.
Llama la atención que en fecha 27 de Junio de 2023, el JUZGADO CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, en atención a DISTRIBUCIÓN INTERNA recibe las actuaciones procedentes del JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, en virtud de la RECUSACIÓN PLANTEADA, destacando que no concuerda con lo manifestado verbalmente por el Juzgado Quinto de Control en fecha 21 de Junio de 2023, y es el caso que el referido Juzgado Cuarto a solicitud del Despacho Fiscal requiere a la Coordinación que practique notificación para el referido acto de Audiencia de Imputación, pedimento que si fue proveído por la Coordinación, destacando que de una revisión de las actuaciones que conforman el asunto, se pueden evidenciar falsos supuestos ante lo alegado de incomparecencias y el motivo de la solicitud que la COORDINACIÓN JUDICIAL tramitara (sic) lo concerniente a la notificación, destacando que no existe normativa que regule tal procedimiento, desnaturalizando las atribuciones de la COORDINACIÓN JUDICIAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA. Destacando además que este pedimento si fue procesado pero el pedimento para garantizar el Derecho a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, existiendo omisión de pronunciamiento en cuanto a lo requerido en fecha 30 de Junio de 2023, para permitir el acceso asunto penal.
Aunado a lo anterior, es necesario señalar que la Coordinación Judicial de la Extensión Cabimas, es la encargada de la Distribución Interna, y es reiterado, que aun (sic) cuando no consta en las actuaciones procesales las resultas de la Corte de Apelaciones en relación a la Recusación Proferida y tramitada por el Juzgado Cuarto de Control, se realiza la distribución, es por lo que se hace necesario reflexionar y señalar en este sentido la Decisión de reciente data del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la Distribución Interna, el cual establece que el no cumplimiento de estas formalidades produce un error in procedendo jurisdiccional, ya que en materia penal se debe concebir el proceso como un conjunto de actos, sometido a formalidades esenciales, y los actos según la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, deben ser sometidos a reglas (unas generales y otras especiales para cada caso en particular), precisamente esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de justicia y la aplicación del derecho, obteniéndose así criterios de valor como seguridad jurídica, certeza y equidad. Así las cosas constata esta ciudadana que no se ha tenido la respectiva prudencia en el tramite correcto que se le debe dar cuando se pierde la capacidad subjetiva en aras del debido proceso y la tutela judicial efectiva, dado que se realizó una Distribución Interna sin el acuse de recibo del pronunciamiento del órgano superior. (CFR Sentencia de fecha 14 de Julio de 2023, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Ponente ELSA JANETH GÓMEZ MORENO).
Ahora bien, por cuanto se observa que no se ha tenido prudencia en el trámite y ante tantas situaciones irregulares presentadas en el presente asunto penal y así como la actuación de la COORDINACIÓN JUDICIAL dirigida por el abogado ROTSEN GREGORIO MÉNDEZ BRAVO, titular de la cedula de identidad V- 18.319.938 quien preside el JUZGADO TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, al omitir pronunciamiento en cuanto a una garantía esencial en el proceso penal como es el acceso a los asuntos penales, planteo formal Recusación, y una vez más se produce error in procediendo jurisdiccional, al realizarse una Distribución Interna sin el acuse de recibo del órgano superior (Confrontar Sentencia de fecha 14 de Julio de 2023, de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada Ponente ELSA JANETH GÓMEZ MORENO), además de ello que carece de IMPARCIALIDAD dada la omisión de pronunciamiento a pedimentos de esa ciudadana.
Y nuevamente en fecha 27 de Noviembre de 2023, recibo notificación que atendiendo el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija AUDIENCIA PRELIMINAR, por ante el JUZGADO TERCERO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, NUEVAMENTE SE FIJA ACTOS PROCESALES IRRITOS SIN LA DEBIDA DECISIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR EN RELACION (sic) A LA CAPACIDAD SUBJETIVA PARA CONOCER DE LA TRAMITACIÓN DEL RESPECTIVO ASUNTO PENAL, ADEMAS (sic) UNA DISTRIBUCIÓN INTERNA SIN CONSTAR NUEVAMENTE LA DECISIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR, DANDO VALIDEZ A LA ACTUACIÓN CELEBRADA EN FECHA 28 DE JULIO DE 2023, EN LA CUAL SE CELEBRO AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, CUANDO LA CORTE DE APELACIONES YA EN FECHA 26 DE JULIO DE 2023, HABIA DECRETADO QUE LE CORRESPONDE CONOCER AL JUZGADO QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS. ACTUACIONES QUE IMPIDIERON EL EJERCIO (sic) DE LOS RECURSOS LEGALES PERTINENTES A LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN CELEBRADA Y QUE CONLLEVO (sic) A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITIERA UN ACTO CONCLUSIVO IRRITO (sic) A TODAS LUCES.
ES NECESARIO DESTACAR QUE EN EL PROCESO PENAL INSTAURADO EXISTE VIOLACIÓN A LA EXPECTATIVA PLAUSIBLE O CONFIANZA LEGÍTIMA. Por lo que se trae a colación la Sentencia N° 1149 de fecha 15 de Diciembre del año 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Calixto Ortega Ríos, fijó criterio con respecto al principio de expectativa plausible, conforme al cual aclaró que su violación viene dada por la falta de aplicación de un criterio jurisprudencial o cambio de criterio que afectaría la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa...que tiene un rango constitucional y directo de la interpretación concordada de los artículos 21,22, 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluida como parte de los derechos fundamentales de la persona humana, que si bien no se encuentra expresamente contenido en el catalogo comprendido en el texto fundamental, puede ser abarcado por aquellos que son inherentes a ella, persigue la igualdad de trato en forma genérica y es mecanismo de interdicción a la aplicación retroactiva más allá de la Ley, por lo que forma parte del bloque de la constitucionalidad y debe ser preservado por esta Sala Constitucional y por el resto de los órganos jurisdiccionales de la República.
Señala la Sala que: "el principio de la expectativa plausible en el ámbito de la actividad jurisdiccional del Estado, se encuentra muy vinculado al precedente judicial, que si bien no es fuente de derecho formal sienta principios susceptibles de generalización. Este principio no se ve vulnerado cuando no existen antecedentes, siendo la realidad más variada y compleja que el Derecho, surgen circunstancias fácticas novedosas que constituyen nuevos conflictos a ser resueltos, sobre los cuales las partes no deben tener otra expectativa distinta que la de obtener la tutela judicial efectiva de los órganos de administración de justicia"
De lo señalado anteriormente se desprende que no se ha tenido el prudente acceso a las actuaciones a fin de ejercer los recursos legales pertinentes, por el contrario los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto de Control han hecho caso omiso a los fundamentos de hecho y de derecho, transcurriendo lapsos, sin el debido conocimiento, fijación de Audiencias, causando notablemente indefensión.
( )
PETITORIO
Solicitamos a esta honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Se avoque de manera preferente y urgente al conocimiento del Expediente número: 3C-3758-2023, 4C-2276-2023 Y 5C-911-2023 deLos JUZGADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION CABIMAS en virtud de flagrante violación al Derecho a la defensa.igualdad ante la ley y por vía de consecuencia la Presunción de Inocencia. A los fines legales consiguientes acompañamos marcado "A" copia de la denuncia, marcado "B" copia del poder otorgado por la víctima "C" Copia de las recusaciones interpuestas y "D Copia de Solicitud de acceso al expediente. "E" Copia de la Notificación emitida informando la fijación de la Audiencia Preliminar y "E" copia de Diligencia donde se señalan las circunstancias Violatorias del Derecho de la Defensa consignada el mismo día de celebración de la Audiencia de Imputación, que está viciada de Nulidad absoluta y que celebraron en desmedro de los derechos de quien suscribe .Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fechá de su presentación... (sic).
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento incoada por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número. 51.998, quien actúa en su propio nombre y representación en el proceso penal que se sigue en su contra, le corresponde en consecuencia pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la solicitud y, en tal sentido, observa lo siguiente:
El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar bien de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado de la causa el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Es por ello que, debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada bajo los parámetros exigidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de su inadmisibilidad.
En tal sentido, la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 106, 107, 108 y 109, respectivamente, regula la figura en análisis de la manera siguiente:
( ) Competencia
Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Procedencia
Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
Procedimiento
Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.
Sentencia
Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido ( ).
Como se aprecia de las normas citadas, el avocamiento será procedente solo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, que se produzcan en la tramitación de algún asunto cursante ante los Tribunales de la República, cualquiera que sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.
De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:
1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.
2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.
3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.
En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, por lo que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.
Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que ( ) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa ( ) [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; y 451, del 14 de noviembre de 2016].
Ahora bien, en el presente caso, se observa:
1.- Que la pretensión avocatoria fue interpuesta por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número. 51.998, actuando en su propio nombre y representación, en su condición de acusada, por lo cual, al ostentar la cualidad de parte en el proceso penal, se encuentra acreditada su legitimidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 139, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.
2.- Que, en el caso bajo estudio, se extrae de la solicitud que conforma el presente asunto, que el mismo según lo indicado por el solicitante, cursa ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, identificado con el alfanumérico 3C-3758-2023, en virtud de lo cual se verifica y confirma el cumplimiento de dicho requisito de admisibilidad.
3.- En cuanto al tercer requisito, relativo a que la solicitud no sea contraria al ordenamiento jurídico, tal como dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procesos judiciales que cursen ante las distintas Salas de este Máximo Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Penal constata que la solicitud presentada por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, no es contraria a derecho, pues tiene por objeto el avocamiento de un proceso penal en el que, a criterio de estos, se han cometido irregularidades que afectan el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de la libertad individual.
4.- Por último, respecto de la exigencia referida a que la solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado, esta Sala de Casación Penal ha establecido reiteradamente que las partes deben agotar los trámites e incidencias para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos jurisdiccionales, y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural o fungir de tercera instancia, subvirtiendo así las formas del proceso.
Dentro de dicho supuesto, se procedió a revisar tanto la solicitud consignada por la peticionante, evidenciándose lo siguiente:
Fundamenta su solicitud en primer término, señalando que el Tribunal de Control:
( ) informa que en el presente acto se encuentra el ciudadano JULIO MANZANO, en su condición de Defensor Público, el cual ha sido designado por el Tribunal para ejercer el derecho a la defensa de quien suscribe, por lo que me opongo a dicha Designación y que la misma se instaura en contra de la voluntad de esa señalada, por la cual la referida Juez elevo el tono de la voz y de forma imperativa grotesca, y abrumadora, manifestó a la defensa debía de imponerse de las actuaciones, haciendo caso omiso a mi alegato de oponerme a la designación de la defensa pública, y la ratificación de mis defensores de confianza que están debidamente juramentados en actas. Procediendo las misma a retirarse de la sala, sin emitir pronunciamiento ( ) [sic].
Arguyendo que el Jurisdicente:
( ) desnaturaliza el acto, violentando normas constitucionales y principios rectores del proceso penal, es obvio que infringió los deberes como Operador de Justicia, de forma reiterada y reincidente en el presente acto, muestra de ello que al negarme a convalidar un acto ( ) [sic].
Asi mismo, el Tribunal Cuarto de Control:
( ) deja constancia que por la Aplicación Whatsapp la Secretaria Isabel Azuaje, adscrita la Sala 2 de la Corte de Apelaciones informa que conforme al artículo 97 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara INADMISIBLE por infundada y falta de pruebas, por lo que le ordena la remisión al JUZGADO QUINTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION CABIMAS ( ) [sic].
Y que la Corte de Apelaciones:
( ) Acordó declarar INADMISIBLE POR INFUNDADA Y FALTA DE PRUEBAS LA RECUSACION PLANTEADA, haciéndole del conocimiento que conocerá del presente asunto. Entonces para la fecha 28 de Julio de 2023 en la cual se celebró la AUDIENCIA DE IMPUTACION POR EL JUZGADO CUARTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, este Juzgado para el día 28 de Julio de 2023, había perdido la capacidad subjetiva para conocer del presente asunto, ya que la Corte de Apelaciones había proferido decisión en fecha 26 de Julio de 2023 en la cual declaro INADMISIBLE LA RECUSACION PLANTEADA ( ) [sic].
En relación a lo expuesto por la solicitante, la Sala de Casación Penal observa que, los vicios denunciados sobre la negativa del Tribunal de Control, en cuanto a la designación de su defensa privada en la audiencia de imputación, se trata de una actuación que afecta y concierne al derecho a la defensa de las partes, cuya conducta omisiva por parte del órgano jurisdiccional es susceptible de ser impugnada por vía de Amparo Constitucional, conforme a los parámetros establecidos en la normativa que rige la materia.
Adicional a ello, se advierte que no es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentran pendientes solicitudes propias del proceso como se observa en el presente caso, todo en razón de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.
En ese sentido, es necesario traer a colación que, a criterio de esta Sala, aun cuando en el desarrollo de un proceso pueden presentarse infracciones de procedimiento, no por ello a las partes le es dable recurrir directamente a la vía del avocamiento, por cuanto con el ejercicio de dicha vía se estaría desvirtuando el orden legal (vid. Sentencia de esta Sala número 171 del 2 de mayo de 2017), pues las partes deben agotar todos los medios procesales idóneos establecidos por el legislador para salvaguardar sus derechos.
No obstante, no consta ni en la solicitud, ni en los recaudos que la acompañan, que la solicitante haya ejercido algún medio idóneo ante las instancias correspondientes para hacer valer su derecho en cuanto a la irregularidades que presuntamente ocurrió al momento de la designación de su defensa, tampoco consta en el expediente algún acta de juramentación de sus defensores de confianza o en su defecto del defensor público que, según a su decir fue designado en la audiencia de imputación celebrada, aún habiéndose opuesto a ello, tal y como lo expresa en su solicitud, cuya carga le corresponde única y exclusivamente a las partes en avocamiento.
En tal sentido, no puede pretender la solicitante que esta Sala de Casación Penal, mediante el avocamiento asuma la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales, pues las partes deben agotar todos los medios procesales idóneos que les ofrece la legislación adjetiva, para salvaguardar sus derechos, toda vez que el avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional y restrictiva, no un medio de revisión procesal de situaciones que deben ser resueltas por los Tribunales de Instancia correspondiente.
Al respecto, esta Sala de Casación Penal ha sostenido de manera reiterada que: el avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida ( ) mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente (sic). [Vid. sentencia N° 045, del 1 de febrero de 2016], por lo que dicha institución jurídica no puede ser utilizada como una fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal ( ) pues esta situación desvirtúa su naturaleza convirtiéndola en un supuesto recurso de impugnación procesal que no está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (sic). [Vid sentencias números 117, del 13 de abril de 2012 y 514 y 519, del 6 de diciembre de 2016].
En cuanto a las recusaciones planteadas por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, de la revisión del expediente se pudo constatar que, no fueron acompañadas con la solicitud los recaudos que permitan a esta Sala presumir la existencia del vicio alegado, observándose que sólo reposan las recusaciones planteadas por la solicitante, no constando la decisión dictada por la alzada que declaró inadmisible la primera de las recusaciones, ni el trámite que, a criterio de la solicitante, dio erróneamente el Tribunal de Instancia a la segunda de las recusaciones, es decir, sin anexar los debidos soportes que permitan verificar las presuntas irregularidades mencionadas en proceso penal al cual pretenden se avoque la Sala, siendo esto una carga procesal que pesa directamente sobre los interesados, lo cual ha sido establecido por la doctrina de este Máximo Tribunal.
De lo expuesto, la pertinencia de citar y ratificar el contenido de la decisión número 52 de fecha 23 de febrero de 2017, de esta Sala de Casación Penal cuyo contenido referente a lo planteado de la falta de recaudos en el Avocamiento señala lo siguiente:
( ) Respecto del carácter necesario e indispensable de los recaudos que han de servir como soporte de las solicitudes de Avocamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado que:
( ) se observa que la parte solicitante no especificó cuál es la causa que pretende que esta Sala se avoque, ni ante cuál Juzgado cursa; así como tampoco acompañó copias simples o certificadas de las actas que conforman dicho juicio y de las que se pudiera extraer tal información; requisitos indispensables para verificar su admisibilidad, tal como lo ha establecido de forma reiterada y pacífica la doctrina jurisprudencial que emana de esta Sala Constitucional.
En ese sentido, constituye causal de inadmisibilidad de las demandas, solicitudes o recursos que se interpongan ante cualesquiera de la Salas que integran este Alto Tribunal, no anexar al respectivo escrito los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto. (Vid sentencia n° 168/2010, del 23 de marzo). (Resaltado de esta Sala) ( ).
En el mismo orden de ideas, es menester citar el contenido de la sentencia de esta Sala de Casación Penal número 278, de fecha 8 de mayo de 2015, en el cual se expresa lo que a continuación se transcribe:
( ) Del escrito presentado se evidencia, que los fundamentos de la solicitud de Avocamiento se circunscriben al trámite efectuado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para la admisión y posterior resolución del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público sin que haya acompañado alguna documentación que sustente su pretensión.
Al respecto, el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé:
Denotándose en su contenido, que si bien no establece expresamente la exigencia de documentación que soporte la solicitud de Avocamiento, ello no implica el derecho de alegar todo cuanto se considere en el escrito contentivo de la pretensión, con el deber de la Sala de admitirla confiando solo en lo expuesto por el solicitante y posteriormente paralizar el proceso (tantas veces como se solicite), para comprobar lo denunciado.
Interpretarla en ese sentido, sería crear una fuente de innumerables retardos procesales ante el traslado de expedientes desde la sede judicial natural hasta el Tribunal Supremo de Justicia y viceversa. Por tanto, la suma prudencia que establece el artículo 107 de la ley orgánica que regula al Máximo Tribunal de la República, exige que la Sala ejercite esta potestad cuando existan las condiciones para presumir que efectivamente lo que alega el solicitante es cierto, y ello puede hacerlo con la documentación pertinente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis.
De allí que, resulta necesario que el solicitante del Avocamiento acompañe la documentación que sustente su pretensión, la cual es igualmente necesaria a fin de verificar la cualidad y legitimidad de aquel que se presenta ante esta instancia judicial, así como la existencia de un proceso penal ante un tribunal de la República, que permita a la Sala de Casación Penal acreditar una presunción de veracidad para solicitar el expediente y comprobar de las actuaciones lo alegado. Circunstancias estas, que no pueden constatarse en el caso particular, toda vez que el requirente solo presentó un escrito mediante el cual solicitó el Avocamiento ( ). (Negrillas y subrayado de la Sala).
De lo expuesto se infiere, que a pesar de no encontrarse establecido taxativamente en la norma que la solicitud de Avocamiento debe estar acompañada de documentos que la sustenten, su admisión no está sujeta a la presunción de certeza de lo alegado por los interesados, por lo que en consecuencia, al elevar su petición a este Máximo Tribunal, es indispensable que sean presentados los soportes de las distintas actuaciones efectuadas en el proceso penal instaurado en las cuales se encuentren elementos que lleven al convencimiento o presunción razonable que existen los vicios o circunstancias denunciadas atinentes a graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, a fin de verificar la pertinencia o no de requerir el expediente al órgano judicial que esté conociendo de la causa.
Aunado a ello, esta Sala de Casación Penal, estima preciso reiterar que en el desarrollo de los procesos penales pueden presentarse diversas infracciones de naturaleza legal y constitucional, pero no por ello las partes pueden recurrir directamente a la vía del avocamiento, desvirtuando el orden legal establecido para la resolución de conflictos de esta naturaleza, omitiendo las formas sustanciales del proceso.
Conforme a lo expuesto, la naturaleza discrecional y excepcional del instituto procesal del avocamiento, debe emplearse con criterios de interpretación restrictiva que permitan el uso prudente de esta facultad, la cual debe ser ejercida sólo cuando deba impedirse o prevenirse situaciones que perturben de forma flagrante el orden institucional y constitucional, que justifiquen la intervención de alguna de la Salas de este Tribunal Supremo, con objeto de subsanar, corregir y restablecer el orden procedimental subvertido, evitando conflictos, confusión, zozobra colectiva, o que de algún modo puedan entorpecer la actividad pública.
Resulta oportuno advertir a la solicitante que el avocamiento debe estar fundado sobre la base de la gravedad y urgencia de las presuntas infracciones constitucionales ocurridas dentro del procedimiento penal, dado que, el orden procesal establecido por la ley, solo podrá ser subvertido por la intervención de esta Máxima Instancia Judicial Penal, cuando se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales posibles.
En ese sentido, la Sala de Casación Penal ha establecido en sentencia N° 387 de fecha 06 de noviembre de 2013, lo siguiente:
el avocamiento debe estar fundado sobre la base de la gravedad y urgencia de las presuntas infracciones constitucionales acaecidas dentro del procedimiento penal, ya que la ley establece un orden procesal que sólo podría subvertirse (a través de esta figura jurídica de protección procesal), cuando se han agotado todas las vías jurisdiccionales posibles, y se esté en presencia de violaciones graves y flagrantes del ordenamiento jurídico (sic). [Negrillas y subrayado de la Sala].
Ahora bien, es necesario traer a colación que, a criterio de esta Sala, aun cuando en el desarrollo de un proceso pueden presentarse infracciones de procedimiento, no por ello a las partes le es dable recurrir directamente a la vía del avocamiento, por cuanto con el ejercicio de dicha vía se estaría desvirtuando el orden legal (vid. Sentencia de esta Sala número 171 del 2 de mayo de 2017), pues las partes deben agotar todos los medios procesales establecidos por el legislador para salvaguardar sus derechos.
En consecuencia, en el presente caso, no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la admisión del avocamiento, en razón de lo cual, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar inadmisible la solicitud avocatoria formulada por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, quien actúa en su propio nombre y representación en la presente causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO, interpuesta por la abogada DINORA EUNISES LARES CASTEJÓN, actuando en su propio nombre y representación, en la causa seguida en su contra, signada con el alfanumérico 3C-3758-2023, que cursa ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de la ciudadana Jenny Del Valle Peña Sánchez, titular de la cédula de identidad Número V-17.334.841, por no cumplir con lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ Ponente
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
Exp. AA30-P-2024-00182
CMCG
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