Venley

Sentencia N.º RC.000041

Sentencia
N.º RC.000041
Fecha
20/02/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-727
Ponente
Vilma Maria Fernandez Gonzalez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. Nro. AA20-C-2016-000727

 

 

Magistrada Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

    

En el juicio por Simulación seguido por la ciudadana ELIZABETH LESLEY HAYCOCK DE MENDOZA, representada judicialmente por los abogados José Urdaneta, Gustavo Méndez, Carmen Trenard, Carmen Fuenmayor y Pilar Trenard   contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES SEVER C.A., y la Sociedad Mercantil REPROIMAGEN C.A., representadas judicialmente por los abogados Rafael Fuguet, María Gutiérrez, Mariela Morales, Mauricio Tronca, Luis Márquez, Vanessa Fuguet, José Dautant, y Severo Riestra, Gustavo Blanco; el Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 18 de julio de 2016, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada REPROIMAGEN C.A., Con lugar la demanda de simulación contra las Sociedades Mercantiles INVERSIONES SEVER C.A., y la Sociedad Mercantil REPROIMAGEN C.A., declaró simulado el contrato de préstamo efectuado entre las sociedades mercantiles antes mencionadas, se anula el asiento registrado bajo la operación de compra venta y ordenó oficiar al Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda estampe la nota marginal correspondiente.

 

 

                   Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandadas anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2016, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

 

 

Posteriormente, en fecha 14 de octubre de 2016 se dejó constancia de la designación como ponente a la Magistrada Dra. Vilma Fernández González, concluida la sustanciación del recurso la magistrada ponente suscribe el presente fallo, en los términos siguientes:

 

I

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…1) INCONGRUENCIA NEGATIVA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela, al no pronunciarse sobre todos los alegatos, defensas y peticiones formulados en nuestro Escrito de Informes, presentando ante el "ad-quem", en fecha 7 de abril de 2016, específicamente, nada dice el fallo aquí impugnado sobre nuestra solicitud contenida en el Capítulo III de dicho Escrito de Informes, relativa al "Decaimiento del Interés Procesal" en la presente causa, la cual ratificamos en este acto y damos aquí íntegramente por reproducida

…Omissis…

Ahora bien, si observamos y leemos íntegramente el fallo aquí impugnado, podemos apreciar que simplemente se refiere superficialmente a nuestros Informes, en su segundo Folio -(Folio 56 de la última pieza del expediente)-cuando se indica:

´“En fecha 6 de abril de 2016, la ciudadana CARMEN MARÍA TRENARD, en su condición de co-apoderada judicial de la parte adora, ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA, consigna escrito de informes, lo propio hizo en fecha 7 de abril de 2016, el ciudadano SEVERO RIESTRA SAIZ, en su carácter de co-apoderado judicial de las co-demandadas INVERSIONES SEVER, C.A. y REPROIMAGEN, C.A." -(Renglones del 4 al 9 del referido Folio 56).”

Con el agravante que, acto seguido, erróneamente se afirma, en el mismo segundo folio de dicha sentencia recurrida, que:

"Por auto del 11 de abril del 2016, se fijó el lapso de (8) días de despacho para la presentación de observaciones, las cuales fueron consignadas el 28 de enero del presente año, por la abogada SORELIS MARÍN APONTE en su condición de apoderada de la parte demandada, (?)(?)(?) en ocho (8) folios útiles." -(Renglones del 10 al 14 del referido folio 56 del expediente). (Subrayado, negrillas e incógnitas nuestros)”.

El fallo aquí impugnado se inicia vulnerando el ordinal 2o del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, no menciona en su encabezamiento quienes son los apoderados judiciales de las co­demandadas vicio este que, si bien es cierto ha sido considerado insuficiente por nuestra jurisprudencia para anular la decisión, no es menos cierto que, al adminicularlo con el señalamiento efectuado de la imaginaría actuación de una supuesta apoderada de nombre "SORELIS MARÍN APONTE", a quien desconocemos totalmente, así como que dicha extraña abogada consigno una supuestas observaciones en "enero del presente año", esto es, antes de haberse fijado su oportunidad; se configuran vicios más que suficientes para evidenciar el desorden, la confusión y la ligereza, por decir lo menos, como se encuentra redactado el fallo impugnado, contraviniendo entre otros, el pre-invocado artículo 243, así como el 244 del Código de Procedimiento Civil, y así igualmente, a todo evento debemos denunciarlo.´

…Omissis…

En efecto ciudadanos Magistrados, tampoco se dice nada en el fallo aquí recurrido, sobre el instrumento público que de conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, acompañamos y consignamos con nuestros Informes presentados ante el Superior, como Anexo marcado con la letra "A", consistente en la referida Copia Certificada del Documento de Liberación de Hipoteca, voluntaria y libremente suscrito por las co-demandadas "INVERSIONES SEVER, C.A." y "REPROIMAGEN, C.A.", debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 23 de abril del año 2014, bajo el № 45, Tomo 48, Folios 158 hasta el 161 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, posteriormente protocolizado ante la Oficina del Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 16 de diciembre del 2014, inscrito bajo el № 9, Folio 52, Tomo 39 del Protocolo de Transcripción del año 2014.

…Omissis...

Es por ello que formalmente solicitamos que sea declarada con lugar la presente denuncia por incongruencia negativa en el fallo recurrido, con los demás pronunciamientos de rigor…”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas del formalizante).

 

 

El formalizante, con una redacción completamente enrevesada y, en consecuencia, de difícil comprensión, señala que fueron infringidos los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no pronunciarse sobre todos los alegatos, defensas y peticiones formulados en nuestro Escrito de Informes, presentando ante el juez ad-quem, en fecha 7 de abril de 2016, en relación al decaimiento del intereses procesal alegado y más adelante el formalizante señala que si hay un pronunciamiento pero de manera superficial, de igual manera es de señalar, que en la misma denuncia señala la infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil por cuanto no menciona en el encabezamiento de la sentencia impugnada quienes son los apoderados judiciales de las co­demandadas, así mismo expresa en su escrito de formalización que tampoco se dice nada en el fallo aquí recurrido, sobre el instrumento público que de conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, acompañó y consignó con los Informes presentados ante el juez ad-quem, como anexo marcado con la letra "A", consistente en la referida copia certificada del documento de liberación de hipoteca, voluntaria y libremente suscrito por las co-demandadas "INVERSIONES SEVER, C.A." y "REPROIMAGEN, C.A.".

 

Para decidir la Sala, observa:

 

De la trascripción que precede, se advierte que la fundamentación de la denuncia, por las razones que de seguidas se exponen, carece de técnica casacionista, la cual debe ser observada en la elaboración de los escritos de formalización, por parte de quien pretenda someter un caso al conocimiento de esta Suprema Jurisdicción Civil; siendo que la determinación y diafanidad son necesarias en las querellas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes acuden a los tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones.

 

En ese orden de ideas, tenemos que la fundamentación es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia, la cual requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.

 

En el sub iudice, la Sala observa, que el formalizante, pasa a señalar sin coherencia argumentativa, una serie de vicios de forma imputables a la recurrida, como la incongruencia negativa, posteriormente una indeterminación subjetiva en relación a los apoderados judiciales de las codemandadas y finalmente un silencio de prueba en relación el instrumento público que de conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, acompañó y consignó con los Informes presentados ante el juez ad-quem, como anexo marcado con la letra "A", siendo éste un vicio por infracción de ley, el cual debe ser denunciado de conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem; de igual forma, todo bajo una única denuncia y con una misma fundamentación.

 

En este sentido, la Sala observa el error del formalizante plasmado en su escrito de formalización, en el cual expresa de manera entremezclada la presunta incongruencia negativa, indeterminación subjetiva y silencio de prueba, vicios éstos distintos y diferentes, la incongruencia por defecto de actividad, mas, el silencio de prueba lo es por infracción de ley.

 

Aunado a lo expuesto, la denuncia está llena de imprecisiones que dificultan a la Sala saber exactamente en qué consiste la violación delatada, pues lo que debe tenerse como fundamentación, es lo transcrito ut supra, y no existe una argumentación dirigida a evidenciar la nulidad de la sentencia recurrida, denotándose una ausencia de claridad y precisión en lo que se pretende, todo lo cual deja a la denuncia sin la debida fundamentación y, en consecuencia, la Sala estima que la recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Siendo que “no le es dable a la Sala inferir la intención del recurrente, que de hacerlo estará supliendo una obligación propia de éste y asumiendo funciones que si bien no le son ajenas, no se corresponden a la inherencia como tribunal de derecho que es, ya que la precisión y claridad son cargas inexcusables del formalizante, que van dirigidos a demostrar a la Sala que de existir la infracción por la recurrida, el mismo fue determinante del dispositivo del fallo, ya que en caso contrario, estaríamos ante una casación inútil…”. (Ver sentencia N° 141 de esta Sala de Casación Civil, de fecha 27 de marzo de 2015, caso: Alex Sánchez Silva contra Clínica Atías, C.A y otros).

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, impide volcar la flexibilidad abanderada por esta Sala de Casación Civil, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar el sentido propio de la denuncia planteada por el recurrente. En consecuencia, como se puede apreciar de la formalización, y en atención a los criterios jurisprudenciales citados, la denuncia que se examina no cumple con las exigencias de la doctrina de casación por lo cual la denuncia se desestima por falta de técnica en su fundamentación. Así se establece.

 

II

 

Nuevamente de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5° y 509, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…2) INCONGRUENCIA NEGATIVA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15, 243 en su ordinal 5° y 509, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no pronunciarse sobre todos los alegatos, defensas y peticiones formulados en nuestro Escrito de Informes, presentando ante el “ad-quem", en fecha 7 de abril de 2016, específicamente, nada dice el fallo aquí impugnado -(absolutamente NADA)-, sobre nuestra solicitud contenida en el Literal A) del Capítulo II de dicho Escrito de Informes, relativo al respectivo pronunciamiento y las consecuencias que se derivan a favor de la co-demandada "REPROIMAGEN, C.A.", en virtud de la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de marzo de 2013, en el Asunto: AH16-2007-000011, que declaró IMPROCEDENTE otra temeraria acción, ejercida también por la misma parte actora en contra de la co­demandada "REPROIMAGEN, C.A.", por supuesta e igualmente negada dizque SIMULACIÓN DE VENTA, dicha Sentencia fue producida por nosotros a los autos en fecha 17 de junio del 2013, y cuyo valor probatorio, por adquisición procesal, invocáramos igualmente en nuestro Escrito de Informes, señalando igualmente que por notoriedad judicial, revisando la página vvww.tsi.gov puede apreciarse que, dicha Sentencia por añadidura, fue ratificada y CONFIRMADA por la correspondiente Sentencia dictada el 13 de enero de 2016 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Expediente № AP71-R-2013-000365). Dichas Sentencias y las consecuencias que de las mismas se derivan, lejos de ser consideradas, valoradas o tan siquiera mencionadas, por el contrario, fueron totalmente silenciadas en el fallo recurrido -(lo cual igualmente será objeto de posterior denuncia separada por silencio de prueba), por lo que desde ya denunciamos que tal omisión de pronunciamiento alguno sobre nuestras defensas y señalamientos en torno a las referidas Sentencias, vicia también de incongruencia negativa el fallo recurrido, y así solicitamos que sea decidido, con los demás pronunciamientos de rigor” (Negrillas y cursivas de la Sala).

 

 

El formalizante, señala que fueron infringidos los artículos 12, 15, 243 en su ordinal 5° y 509 todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no pronunciarse sobre todos los alegatos, defensas y peticiones formulados en el escrito de informes, presentado ante el ad-quem, en fecha 7 de abril de 2016, específicamente con respecto a unas sentencias dictadas por un Tribunal de Primera Instancia que posteriormente fue confirmada por un Juzgado Superior.

 

Para decidir, la sala observa:

 

En ese sentido, cabe destacar que el requisito de congruencia del fallo está contenido en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, que dispone: toda sentencia debe contener “…disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia…”.

 

Así, la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre la sentencia respectiva, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum.

 

En este orden, la Sala de manera reiterada ha establecido que la sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, por tanto, no se puede apreciar, más ni menos de las cuestiones controvertidas y trascendentales en la solución de la controversia.

 

Precisamente, en virtud del principio de exhaustividad, el juez tiene prohibido omitir decisión sobre alguno de los pedimentos formulados por las partes, para ajustarse a las pretensiones formuladas, tratando siempre de crear un equilibrio al momento de apreciar y valorar las cuestiones realmente controvertidas en la solución de la causa.

 

Ahora bien, cabe agregar que el vicio de incongruencia comprende tres modalidades a saber: la primera de ellas, que la sentencia contenga más de lo pedido por las partes, llamado por la doctrina incongruencia positiva; la segunda, cuando el fallo contiene menos de lo pedido cual es la incongruencia negativa, y por último, cuando la sentencia contiene algo distinto a lo pedido por las partes, que es la llamada incongruencia mixta.

 

No obstante lo anterior, cabe aclarar en cuanto a los argumentos presentados por las partes en los informes, que no es obligatorio para los jueces, que profieran un fallo considerando todos y cada uno de tales alegatos, salvo que los mismos estén referidos a la confesión ficta, cosa juzgada, la aplicación de normas consideradas de orden público u otras similares, siempre que éstos tengan influencia determinante en la resolución del caso. Expresado en otras palabras, la obligación de los jueces superiores de pronunciarse sobre los alegatos o defensas expuestas en el escrito de informes o en el de observaciones a los rendidos por la contraria, están limitados a aquellos “...relacionadas con la confesión ficta o con la aplicación de normas en las que esté interesado el orden público u otras similares...”.

 

Por lo tanto, si la fundamentación dada por el recurrente para sostener un vicio de incongruencia va dirigida a que el juez ad-quem no se pronunció sobre los alegatos expuestos en su escrito de informes o en el de observaciones a los rendidos por la contraria ante la alzada; mas, no se determina que los mismos sean de los que tiene esta Sala de Casación Civil como de obligatorio pronunciamiento, dicha denuncia debe ser desestimada pues, en este caso la referida obligación de los jueces superiores no existe si dichos alegatos y defensas no son de aquellos que tiene establecidos la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil. (Vid. sentencia N° 606 de fecha 22 de marzo de 2012, caso: Junta de Condominio del Conjunto Vacacional Residencial Colibrí, contra Homero Toro Boscán y otros.

 

Ahora bien, en razón de que el formalizante señala en su denuncia que en la sentencia impugnada no hubo pronunciamiento sobre todos los alegatos, defensas y peticiones formulados en el escrito de informes, presentando ante el juez ad-quem, en fecha 7 de abril de 2016, específicamente en relación a unas sentencias dictadas por el tribunal de primera instancia que posteriormente fue confirmada por un juzgado superior, se observa que la fundamentación dada por el recurrente para sostener un vicio de incongruencia va dirigida a que el juez superior no se pronunció sobre los alegatos expuestos en su escrito de informes ante la alzada; sin embargo, de la revisión efectuada no se determinó que los mismos sean de los que tiene esta Sala de Casación Civil como de obligatorio pronunciamiento, como lo es el de la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida, reposición de la causa u otras similares al efecto, por lo que dicha denuncia debe ser desestimada; aunado al hecho de que en base al principio iura novit curia las sentencias dictadas por los tribunales no configuran medios probatorios. Así se establece.

                  

En consecuencia, la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

III

 

 De conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…3) INCONGRUENCIA POSITIVA

 De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, al pretender concederle a la parte actora más de lo pedido y pronunciarse sobre cosas totalmente ajenas y extrañas al presente proceso, como lo es la propiedad del inmueble dado en hipoteca.

En efecto ciudadanos Magistrados, sorprendente e inexplicablemente, al vuelto del folio 7 del fallo aquí recurrido -(Vuelto del folio 61 de la última pieza del Expediente)-, puede leerse en sus Renglones del 15 al 18, que: "Se evidencia que la hipoteca especial y convencional de primer grado fue constituida sobre el inmueble propiedad de la comunidad conyugal (?)(?)(?) (sic) entre los ciudadanos ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA y JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA. Y así se establece." (Subrayado, negrillas e interrogantes nuestros). Y más adelante, en el último párrafo del Folio 15 del fallo recurrido y los dos primeros párrafos de su vuelto -(Folio 69 y su vuelto de la última pieza del Expediente)- se inventa el "ad-quem" que: "Ahora bien, de acuerdo a la Sentencia emitida por la Sala de Juicio Unipersonal № 7 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de fecha 3 de marzo de 2009, se declaró con lugar la demanda de Divorcio incoada por la ciudadana ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA, contra el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA, disolviendo así el vínculo matrimonial que mantenían desde el 31 de marzo de 1990 (folios 414 al 447), quedando demostrada la relación conyugal existente para esa fecha, entre los ciudadanos ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA y JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA y que el bien inmueble sobre el cual se constituyó la garantía hipotecaria pertenece a la comunidad conyugal (?)(?)(?) por haberse adquirido durante la unión matrimonial. (?)(?) De lo señalado se desprende, la existencia un hecho o circunstancia como lo es el propósito de los contratantes de celebrar el contrato de préstamo, de transferir un bien de un patrimonio a otro en perjuicio de un tercero, en este caso, al comprometer el patrimonio de una de las partes (?)(?)(?) constituyendo sobre él una hipoteca convencional de primer grado como garantía de pago de la deuda principal, perjudicando además a un tercero que no fue parte   en   el   referido   contrato.   Y   así   se   establece.-"(Subrayado, negrillas e interrogantes nuestras). No obstante inventar y atribuirle el juez de la recurrida a la sentencia de divorcio que reposa en el expediente, menciones totalmente inexistentes y que la misma no contiene -(lo cual también será objeto de posterior denuncia por separado)-, en todo caso, incurre en el vicio de incongruencia positiva, al arbitraria e ilegalmente pretender concederle a la actora más de lo pedido, y al pronunciarse en su decisión sobre cosas extrañas al objeto litigioso, que no estuvieron comprendidas en el petitorio de la demanda, y así formalmente lo denunciamos. Llama poderosa y capciosamente la atención, que en este proceso que lo debatido es si un préstamo con garantía hipotecaría fue supuestamente simulado o no, y en otro juicio de divorcio que lo debatido fue si se dieron o no las causales para la declaratoria del mismo, el juez de la recurrida establezca arbitraria, olímpica, caprichosa e ilegalmente, que la propiedad de un bien inmueble supuestamente le pertenece a una comunidad conyugal, cuando dicho inmueble no sólo no fue adquirido por dicha comunidad, sino lo que es más grave aún, en este caso concreto, existen DOS (2) Sentencias proferidas por DOS (2) Tribunales distintos, que actuando con la debida competencia y conocimiento de causa, establecieron que la propiedad de dicho inmueble le corresponde a la co­demandada "REPROIMAGEN, C.A."; Sentencias estas que, paradójicamente, fueron totalmente silenciadas en el fallo aquí recurrido, tal como señaláramos en nuestra inmediata denuncia anterior, lo cual deberá ser objeto del correspondiente análisis disciplinario, y así solicitamos que sea decidido.

…Omissis…

De todo lo anterior se evidencia que el fallo aquí recurrido, incurre en el vicio de incongruencia positiva, al arbitraria e ilegalmente pretender concederle a la actora más de lo pedido, y al pronunciarse en su decisión sobre cosas extrañas al objeto litigioso, que no estuvieron comprendidas en el petitorio de la demanda, y así deberá ser decidido con los demás pronunciamientos de rigor”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del formalizante).

 

 

El formalizante, señala que en la sentencia impugnada fueron infringidos los artículos 12, 15 y 243 en su ordinal 5°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem al pretender concederle a la parte actora más de lo pedido y pronunciarse sobre cosas totalmente ajenas y extrañas al proceso, como lo es la propiedad del inmueble dado en hipoteca.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Ahora bien, en el presente caso la parte demandante en el libelo de demanda expresa lo siguiente:

 

“…En el proceso que aquí trato se demostrará que todos los pagos del crédito obtenido para comprar la casa que sería nuestra vivienda familiar fueron efectuados por mi misma con dinero proveniente de mi trabajo. Se demostrará también que mi cónyuge JOSE IGNACIO MENDOZA ELORZA  ha pretendido poner en velo corporativo representado por una sociedad de comercio para ocultar quienes son los verdaderos propietarios del inmueble, mediante el recurso de dar titulo aparente de dueño de esa compañía.

…Omissis…

Una de las argucias utilizadas consiste en la simulación de un negocio de préstamo a interés que está garantizado por el mismo bien inmueble de la comunidad conyugal.

…Omissis…

 Dejo constancia que el acto simulado está dirigido a ocasionarme un daño patrimonial concreto, cual es la perdida de mi carácter de dueña en comunidad conyugal respecto del inmueble...”. (Negrillas y mayúsculas del libelo de la demanda).

 

 

De la transcripción parcial del libelo de demanda, se observa que la parte demandante, alegó ser la verdadera propietaria en comunidad conyugal del bien objeto del debate y que el acto simulado por los demandados está dirigido a ocasionarle un daño patrimonial concreto, cual es la pérdida de su carácter de dueña en comunidad conyugal respecto del inmueble.

 

En relación al vicio aquí denunciado la Sala ha establecido que la incongruencia comprende tres modalidades a saber: la primera de ellas, que la sentencia contenga más de lo pedido por las partes, llamado por la doctrina incongruencia positiva; la segunda, cuando el fallo contiene menos de lo pedido cual es la incongruencia negativa, y por último, cuando la sentencia contiene algo distinto a lo pedido por las partes, que es la llamada incongruencia mixta.

 

En este orden en cuanto al vicio de incongruencia positiva en reciente sentencia  este alto Tribunal estableció que el mismo abarca los supuestos de ultrapetita y extrapetita; mas, sin embargo, la ultrapetita, como ha señalado esta Sala en abundantes jurisprudencias, comprende aquellos casos en que el juez concede a una de las partes más de lo pedido, mientras que la extrapetita es el vicio que se comete cuando la condena versa sobre cosa extraña al objeto litigioso y que, por tanto, no estuvo  comprendida en el petitum de la demanda. (Vid sentencia de fecha 04 de marzo de 2016 con ponencia del Magistrado Yván Bastardo caso: Yuraima Chacón contra Promotora Regency C.A.)

 En este orden se hace necesario transcribir el extracto de la sentencia impugnada que se refiere a este punto de la siguiente manera:

 

“…Ahora bien, tal como se evidencia en Sentencia emitida por la Sala de Juicio Unipersonal №7 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de fecha 3 de marzo de 2009, se declaró con lugar la demanda de Divorcio incoada por la ciudadana ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA, contra el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA, disolviendo así el vínculo matrimonial que mantenían desde el 31 de marzo de 1990 (folios 414 al 447), se observa de las actas procesales que dicha prueba documental, constituye un instrumento público o auténtico al ser emitido por un juez, de acuerdo al artículo 1.357 del Código Civil y como no fue tachada por tratarse de copias simples, de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta Alzada lo aprecia y valora por lo tanto quedó demostrada la relación conyugal que existió entre los ciudadanos ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA y JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA. Y así se Establece.-

Asimismo, consta en copia certificada de documento de préstamo hipotecario (folios 7 al 12), protocolizado en la oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, que el mismo tuvo lugar en fecha 2 de noviembre de 2006, quedando anotado con el número nueve (9), Tomo doce (12°) del Protocolo Primero, y que fue constituida hipoteca especial y convencional de primer grado sobre un inmueble constituido por una casa-quinta y la parcela de terreno sobre la cual está construida, que se encuentra situado en la Urbanización Monterrey, en jurisdicción del Municipio Baruta del Municipio Sucre del Estado Miranda, distinguida la parcela sobre la cual está la casa-quinta edificada, con la letra y número B raya veintitrés (№ B-23),Sector A, en el plano general de la urbanización.  Dicha parcela tiene una superficie de  cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados (478,27 mts2) y está comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas:  Norte:  en  dieciocho metros  con  treinta y dos centímetros (18,32 mts) con Parcela "B" de la Urbanización; Sur: en dos (2) segmentos de recta de cuatro metros con veintitrés centímetros (4,23 mts) y ochenta y siete centímetros (0,87) con la calle "C" de la Urbanización; Este: en una recta de veinticinco metros con veinte centímetros (25,20 mts), con el sector "B" de la parcela B-23; y Oeste: en un segmento de dieciocho metros (18,00 mts) y un arco con un desarrollo de quince metros con diecisiete centímetros (15,17 mts) formado por una cuerda de trece metros con treinta y dos centímetros (15,32 mts) con la calle A de la Urbanización.

Se evidencia que la hipoteca especial y convencional de primer grado fue constituida sobre el inmueble propiedad de la comunidad conyugal entre los ciudadanos ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA y JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA. Y así se establece…”. (Mayúsculas de la sentencia).

 

Del extracto antes transcrito se observa que la juez ad- quem basó su decisión en un argumento que formaba parte esencial del thema decidendum, objeto del litigio como era la propiedad del bien inmueble, y en este mismo orden de ideas atendiendo a la doctrina ut supra citada, tenemos que en el caso de autos es evidente que se trata sobre un punto que tenía que ser expresamente resuelto en la sentencia recurrida, debiendo la sentenciadora cumplir fielmente la doctrina de esta Sala y de los criterios antes señalados, resolviendo en consecuencia, de manera expresa, positiva y precisa sobre todo lo alegado por las partes intervinientes.

 

En virtud de todo lo anterior, la Sala desestima la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

IV

 

De conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en sus ordinales 5° y 6°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, bajo la siguiente fundamentación:

 

 

“…4) CONTRADICCION E INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

De conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en su ordinales 5° y 6°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, al ser la sentencia de tal modo contradictoria que no puede ejecutarse.

En efecto ciudadanos Magistrados, la ligereza, el enredo y las contradicciones que previamente hemos denunciado en este escrito, de la forma como fue redactado el fallo recurrido, lo hacen inejecutable.

Para corroborar tal aserto, baste observar el último Folio del fallo en cuestión -(Folio 71 de la última pieza del expediente)-, donde al final de la parte Dispositiva, en sus Renglones del 29 al 31, se establece:

"..., según consta del documento de condominio (?)(?)(?) (sic) ya referido, en consecuencia, i) SE ANULA el asiento registrado bajo la operación de compra venta (?)(?)(?) (sic) antes referido.-" (Negrillas, mayúsculas y subrayado propias del fallo) (Subrayado e interrogantes nuestros).

Tales referencias a un inexistente "documento de condominio", así como la supuesta y negada ANULACIÓN de una igualmente negada "operación de compra venta", hacen a la recurrida de tal suerte contradictoria, que ni remotamente puede ejecutarse, y así solicitamos que sea decidido, al declarar procedente la presente delación, con los demás pronunciamientos de rigor…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado propias del fallo).

 

Señala el formalizante que fueron infringidos los artículos 12, 15 y 243 en su ordinales 5° y 6°, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, al ser la sentencia de tal modo contradictoria que no puede ejecutarse por cuanto de la redacción del fallo se observa que se menciona un inexistente documento de condominio, así como una supuesta anulación de un documento de compra venta.

 

Para decidir la Sala observa:

El artículo 244 del Código Adjetivo Civil dispone que:  

“...Será nula la sentencia; por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

Respecto al vicio de contradicción de la sentencia, la Sala, entre otras, en decisión Nº 187 del 11 de marzo de 2004, juicio Nicolás A. Dorta Changir contra Joao Vieira Da Luz, expediente Nº 03-249, estableció lo siguiente:

 

“...La denuncia que ocupa la atención de ésta (Sic) Máxima Jurisdicción, se advierte fundamentada en la infracción de los artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el formalizante que la recurrida, al dictar su decisión, no se atuvo a lo alegado y probado en autos, asimismo la acusa de ser contradictoria al condenar vía aclaratoria, al demandado, al pago de las costas procesales.

Al respecto cabe destacar, que mediante sentencia Nº. 186, de fecha 8/6/00, en el juicio de Corporación para el Desarrollo Inmobiliario C.A. contra Pentafarma C.A, expediente Nº 99-922, esta Sala estableció la doctrina que a continuación se cita:

‘“...Ahora, las costas procesales no forman ni puede (Sic) formar parte de la pretensión deducida desde luego que ellas no son sino la sanción que se impone al litigante que resulta totalmente vencido en el proceso o en una incidencia.

De allí que su pronunciamiento está supeditado al acontecimiento futuro e incierto del vencimiento total. En este sentido las costas son un accesorio del fracaso absoluto y es deber del Juez su declaratoria sin necesidad de que se le exija y sin posibilidad de exoneración dado el supuesto dicho.’

...Omissis...

No obstante lo señalado, este Tribunal Supremo de Justicia, extremando sus deberes cumple con informar al recurrente que mediante reiterada y pacífica doctrina esta Máxima Jurisdicción ha establecido cuando puede considerarse la sentencia viciada de contradicción por infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, instituyendo que tal quebrantamiento sólo puede perpetrarse en el dispositivo de ella cuando las resoluciones contenidas en la decisión sean de tal manera opuestas, que resulte imposible ejecutarlas simultáneamente, en razón de excluirse las unas a las otras impidiendo, de esta manera, determinar el alcance de la cosa juzgada y en consecuencia imposibilitándose conocer cual es el mandamiento a cumplir.

Sobre el vicio en comentario se ha dicho que:

‘“...Para que la contradicción sea causa de anulabilidad del fallo y, por tanto, censurable en casación, es necesario que la sentencia no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea... La contradicción debe concentrarse, pues, en la parte dispositiva de la sentencia para que configure este vicio, de manera, que sea inejecutable o tan incierta que no pueda entenderse cuál sea la condena en ella establecida. Pero el núcleo conflictivo de la sentencia contradictoria radica en que contiene varias manifestaciones de voluntad, en una misma declaración de certeza, que se excluyen mutuamente o se destruyen entre sí, de manera que la ejecución de una parte implica la inejecución de otra...”. CUENCA, Humberto, “Curso de Casación Civil. Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela. Caracas 1962. Tomo I. pp.146)...”’. (Subrayado de la Sala).

 

Así pues, es necesario transcribir lo señalado por la sentencia recurrida en el dispositivo, a fin de verificar el vicio delatado:

 

“…TERCERO: Se declara SIMULADO el contrato de préstamo efectuado entre la sociedad mercantil INVERSIONES SEVER, C.A., y la sociedad mercantil REPROIMAGEN, C.A., por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 2 de noviembre de 2006, que quedó inserto bajo el No. 9, Tomo 12 del Protocolo Primero, el cual fue garantizado con hipoteca de primer grado hasta por la cantidad de Un Millón Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 1.040.000,00), sobre un inmueble constituido por una casa quinta y la parcela de terreno distinguida con el numero y letra B-23, ubicado en el sector A de la Urbanización Monterrey, Jurisdicción del Municipio Baruta del estado Miranda, según consta del documento de condominio ya referido, en consecuencia, i) SE ANULA el asiento registrado bajo la operación de compra venta antes referido.-

CUARTO: Se orden al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas oficiar a la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, una vez que quede firme la presente decisión, a los fines que estampe la nota marginal correspondiente…”. (Negrillas, mayúsculas de la recurrida)

 

 

De la transcripción de la sentencia recurrida se observa al final de la cita que la juez ad quem  anula el asiento registral bajo la operación de compra venta efectuada por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 2 de noviembre de 2006, que quedó inserto bajo el No. 9, Tomo 12 del Protocolo Primero, en razón de que el mismo durante el proceso se determinó que fue simulado lo cual fue objeto del debate y se encuentra dentro del thema decidendum; en virtud de lo cual resulta forzoso para esta Sala desechar la presente denuncia. Así se establece.

 

V

 

De conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 en sus ordinales 5° y 509, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…5) SILENCIO DE PRUEBAS

De conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en la infracción de los artículos 12, 15, 243 en su ordinal 5° y 509, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no pronunciarse sobre todas las pruebas producidas a los autos. En torno a la presente denuncia, consideramos menester indicar en primer lugar, que estamos conscientes del criterio jurisprudencial establecido a raíz de la entrada en vigencia de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que tal delación debe efectuarse ahora como una infracción de ley, ajustándola a la debida técnica del falso supuesto, tal como fue señalado, entre otras, por la Sentencia de fecha 5 de abril de 2001, en el Expediente № 00-492, JORGE ERNESTO BARROW OVID contra ANTONIO SANTAMARÍA, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE, pero siendo oportuno señalar que en esta misma Sentencia, el Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, salvo su voto, por considerar que aun a la luz del artículo 25 constitucional, sigue siendo un error de actividad del Juez o defecto d forma de la sentencia, que no se pronuncie sobre todas las prueba producidas a los autos, criterio este que compartimos y hacemos nuestro de allí que, amén de ratificar posteriormente y nuevamente opone debidamente ajustado el contenido de la presente denuncia como uní infracción de ley, a todo evento desde ya la formulamos.

a)   Tal como habíamos anticipado, nada se menciona en el fallí recurrido -(absolutamente NADA)-, sobre la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de marzo de 2013, en el Asunto: AHÍ6-2007-000011, que declaró IMPROCEDENTE otra temeraria acción, ejercida también por la misma parte actora en contra de la co-demandada "REPROIMAGEN, C.A.", por supuesta e igualmente negada dizque SIMULACIÓN DE VENTA, dicha Sentencia fue producida por nosotros a los autos en fecha 17 de junio del 2013, y cuyo valor probatorio, por adquisición procesal, invocáramos igualmente por notoriedad judicial, revisando la página www.tsj.gov, donde puede apreciarse que, por añadidura, dicha Sentencia fue ratificada y CONFIRMADA por Sentencia dictada el 13 de enero de 2016 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Expediente № AP71-R-2013-000365), tal omisión de pronunciamiento alguno sobre estas probanzas, vicia por completo el fallo impugnado, máxime cuando las mismas dan al traste con los exabruptos cometidos en la incongruencia positiva anteriormente denunciada.

b) Tampoco se pronuncia ni se dice nada en el fallo aquí recurrido, sobre el instrumento público que de conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, acompañamos y consignamos con nuestros Informes presentados ante el Superior, como Anexo marcado con la letra "A", consistente en la Copia Certificada del Documento de Liberación de Hipoteca, voluntaria y libremente suscrito por las co-demandadas "INVERSIONES SEVER, C.A.» v "REPROIMAGEN, C.A.", debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 23 de abril del año 2014, bajo el № 45, Tomo 48, Folios 158 hasta el 161 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, posteriormente protocolizado ante la Oficina del Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 16 de diciembre del 2014, inscrito bajo el № 9, Folio 52, Tomo 39 del Protocolo de Transcripción del año 2014. Con dicho Instrumento Público se evidencia, palmariamente, que la co-demandada "INVERSIONES SEVER, C.A.", declaró voluntaria, expresa y formalmente: "CANCELADA" la deuda existente a su favor, así como "EXTINGUIDA LA HIPOTECA" constituida para garantizar su pago por la otra co-demandada "REPROIMAGEN, C.A.", quien manifestó su total conformidad y aceptación con dicho finiquito; quedando paradójica y consecuencialmente de esta forma, legalmente resuelto y sin mayor trascendencia, consecuencia o efecto jurídico alguno, el documento previo de préstamo con garantía hipotecaria otorgado entre las mismas co-demandadas, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 15 de septiembre del año 2006, bajo el № 52, Tomo 112 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, posteriormente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 2 de noviembre del año 2006, bajo el № 9, Tomo 12 del Protocolo Primero; y cuya nulidad es el objeto y/o interés perseguido por la actora con la improcedente demanda que dio inicio a este procedimiento. Es decir, tan real, efectivo, válido y verdadero fue el préstamo garantizado con hipoteca, como su posterior cancelación y extinción de la hipoteca, todo lo cual ocurrió ANTES de dictarse fallo alguno en la presente causa, pero el Juez de la recurrida nada establece sobre dicho instrumento consignado junto al Escrito de Informes, viciando por completo el fallo aquí impugnado, y así solicitamos que sea decidido…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del formalizante).

 

 

 

Señala el formalizante que fueron infringidos los artículos 12, 15 y 243 en sus ordinales 5° y 509, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, así como en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no pronunciarse la recurrida sobre todas las pruebas producidas en los autos.

Para decidir, la Sala observa:

 

La estructura de la denuncia que se analiza deja al descubierto lo deficiente de su fundamentación y ello resulta evidenciado de la trascripción que precede, la cual esta Máxima Jurisdicción Civil se permitió realizar en extenso, en atención a la forma en que se encuentra redactado el escrito en estudio, el cual se advierte estructurado en términos bastante confusos.

 

En el sub iudice, observa la Sala que el recurrente denuncia, bajo el apoyo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el silencio de prueba; ahora bien, es de señalar que esta Máxima Jurisdicción Civil realizó el cambio de la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba en sentencia N° 204 del 21 de junio de 2000, en el juicio por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY C.A., expediente N° 99-597, y fue ampliada por fallo N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, juicio Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente N° 99-889, que expresó que el silencio de prueba es un error de juzgamiento y su formalización debe hacerse con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 con denuncia de infracción del artículo 509 ambos del Código de Procedimiento Civil.

 

De lo anterior se evidencia que la denuncia fue planteada bajo la estructura de un vicio por defecto de actividad, cuando lo correcto es delatarla como un vicio por infracción de ley; en consecuencia, la misma se desestima por falta de técnica en su fundamentación. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

De conformidad con lo establecido en el Ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurre en el vicio de silencio de prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 509 eiusdem por falta de aplicación, así como en el falso supuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 ibídem, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…SILENCIO DE PRUEBAS y FALSO SUPUESTO

De conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del artículo 509 eiusdem por falta de aplicación, por haber incurrido la recurrida en el vicio de silencio de prueba, el cual dispone la obligación de todos los jueces de analizar y juzgar todas las pruebas aportadas por las partes, aún aquellas que no fueran idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, debiendo siempre expresar cuál fue el criterio del juzgador respecto de ellas. Vulnerándose igualmente, los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto Ciudadanos Magistrados, la recurrida incurre en la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil que prevé por una parte, la obligación para el juez de examinar todas las pruebas para establecer los hechos; y por la otra, la infracción de la referida norma, trae como consecuencia errores en el establecimiento de los hechos, generándose adicionalmente en la presente causa, el falso supuesto previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa del juez Superior, que no sólo omitió pronunciarse sobre todo el caudal probatorio producido a los autos, sino que le atribuyó a la sentencia de divorcio menciones que no contiene, en cuanto a la supuesta y negada PROPIEDAD del bien inmueble sobre el que se constituyó la hipoteca para garantizar un préstamo -(cuya supuesta simulación del préstamo es el verdadero y único objeto de la presente causa)-, y consecuencialmente, dio por demostrada la supuesta y negada PROPIEDAD del referido bien inmueble, con pruebas que no sólo NO EXISTEN a los autos, sino lo que es más grave aún, que la inexactitud de tal caprichoso, imaginario, arbitrario e ilegal señalamiento realizado por el juez de la recurrida, al alegre y olímpicamente asignarle la supuesta y negada co-propiedad del inmueble a la parte actora, está en franca y abierta contradicción con lo expresamente señalado en las Sentencias Definitivas dictadas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de marzo de 2013, en el Asunto: AH16-2007-000011, y por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de enero de 2016 Expediente № AP71-R-2013-000365, que declararon IMPROCEDENTE otra temeraria acción, ejercida también por la misma parte actora en contra de la co-demandada "REPROIMAGEN, C.A.", para determinar la PROPIEDAD del mismo inmueble, Sentencias estas que fueron totalmente silenciadas por el "ad-quem", tal como denunciáramos anteriormente, por lo que se configuran los tres casos de falso supuesto previstos en el referido artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y así solicitamos que sea decidido, con los demás pronunciamientos de rigor…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado de la recurrida).

 

En este sentido, denuncia el recurrente que el jurisdicente superior, dejó de analizar las sentencias dictadas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del  Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de marzo de 2013, y por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de enero de 2016, así como que le atribuyó a la sentencia de divorcio menciones que no contiene, en cuanto a la supuesta y negada PROPIEDAD del bien inmueble sobre el que se constituyó la hipoteca para garantizar un préstamo, razón por la cual incurrió en el vicio de silencio de prueba con infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación y en consecuencia una suposición falsa de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El vicio de silencio de pruebas se patentiza en aquellos casos en los que el juez incumple su deber de realizar impretermitible análisis sobre una o varias pruebas consignadas en autos, ya sea que ni siquiera las menciona o cuando referida su existencia, no expresa su mérito. En consecuencia, la falta de valoración de algún medio probatorio comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente, constituyendo su conducta uno de los motivos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contempladas en el ordinal 2º del artículo 313 del mismo Código.

Asimismo es importante precisar la pertinencia del material probatorio, vale decir, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá el conocimiento de la denuncia en sede de casación así como si su apreciación tendría influencia en el dispositivo de la sentencia.

 

La Sala evidencia al descender al estudio y revisión de las actas procesales en razón de haber sido amparada la denuncia en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que la recurrida realizó así el análisis de las probanzas:

“…Pruebas de la parte Actora

Tal como se señalo supra, una vez introducida la demanda, la parte actora consignó mediante diligencia los siguientes documentos.

1.- Copia certificada de documento de préstamo hipotecario, protocolizado en la oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, de fecha dos (2) de noviembre de 2006, anotado con el número nueve (9), Tomo doce (12°) del Protocolo Primero, (folios 7 al 12). Al haber sido consignado este documento público en copia certificada, y por cuanto no fue impugnado, se tiene como fidedigno de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.359 del Código Civil, evidenciándose que en .fecha (02) de noviembre de 2006, la sociedad mercantil INVERSIONES SEVER, C.A, dio en calidad de préstamo a interés a la sociedad mercantil REPROIMAGEN, C.A., la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 800.000.000,00), a la tasa del doce por ciento (12%) anual y para ser pagada en dos porciones con los siguientes valores y vencimientos: Una primera cuota por CUATROCIENTOS MILLONES DE -BOLÍVARES (Bs. 400.000.000,00), el día nueve (09) de diciembre de 2006; una segunda y ultima cuota por CUATROCIENTOS MILLONES DE -BOLÍVARES (Bs. 400.000.000,00), el día nueve (09) de diciembre de 2007. .Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la PRESTAMISTA en el negocio, LA PRESTATARIA constituyó hipoteca especial y de primer grado, hasta por la cantidad de UN MIL CUARENTA MILLONES D BOLÍVARES (Bs. 1.040.000.000,00), cantidad de dinero esta que ampliaría los costos de ejecución y los honorarios de abogados fijados en el mismo negocio de préstamo. Que la garantía hipotecaria se constituyó sobre un inmueble cuyas características son las siguientes: Una parcela de terreno y la casa-quinta construida sobre ella denominada "IÑAKI". Está ubicada en el sector A, en el Plano de Parcelamiento de la Urbanización Monterrey, jurisdicción del Municipio Baruta, (antiguo) Distrito Sucre del estado Miranda, con una superficie de cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados con veinte y siete decímetros cuadrados (478,27 m2), ubicada dentro de los siguientes linderos: Norte, en dieciocho metros con treinta y dos centímetros (18,32 mts) con la Parcela "B" de la Urbanización; Sur, en dos segmentos de recta, de cuatro metros con veintitrés centímetros (4,23 mts) y ochenta y siete centímetros (0,87 mts), respectivamente, con la Calle "C" de la Urbanización; Este, en veinticinco metros con veinte centímetros (25,20 mts) con el sector B de la parcela "B-23" de la Urbanización; y, Oeste, en un segmento de recta de dieciocho metros (18 mts) y un arco con un desarrollo de quince metros con diecisiete centímetros (15,17 mts) formado por una cuerda de trece metros con treinta y dos centímetros (13,32 mts) con la calle “A” de la urbanización. Dicho inmueble se encuentra debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito sucre del estado Miranda, en fecha 13 de abril de 1992, bajo el número 41, tomo 11, Protocolo Primero. Y así se establece.-

2.- Copia certificada del expediente número 13.904 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folios 13 al 26). Al haber sido consignado dicho documento público judicial en copia
certificada y por cuanto no fue tachado, se tiene como fidedigno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, y constituye plena prueba de que por ante dicho tribunal cursó demanda intentada por la ciudadana ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA, contra la sociedad mercantil REPROIMAGEN C.A., cuya admisión fue el día 3 de abril de 2007 y que fue decretada medida de prohibición de enajenar y gravar el 11 de mayo de 2007. Y así se establece.-

3.- Copia certificada de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil

REPROIMAGEN C.A., de fecha cinco (05) de septiembre de 2006 (folios 27 al 47). Al haber sido consignado este documento en copia certificada y por cuanto no fue impugnado, se tiene como fidedigno de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y constituye plena prueba de la inscripción de la referida Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil REPROIMAGEN C.A., en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda. Y así se establece.-

4.- Copia certificada de Acta Constitutiva de la sociedad mercantil REPROIMAGEN C.A., de fecha cinco (05) de agosto de 1986, № 67, Tomo 39-A PRO (folios 48 al 62). Al haber sido consignado este documento en copia certificada, y por cuanto no fue impugnado, se tiene como fidedigno de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y constituye plena prueba de la inscripción de la referida Acta de la Sociedad Mercantil REPROIMAGEN    C.A.,    en    el    Registro    Mercantil   Primero    de    la primera circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. Y así sé establece.-

5- Copia Certificada del expediente número 485635 del Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana del Distrito Capital, № 99, Tomo 672 A, del 21 de junio del 2002 (folios 63 al 81). Al haber sido consignado este documento en copia certificada, y por cuanto no fue impugnado, se tiene como fidedigno de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y constituye plena prueba de la inscripción de la referida Acta de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SEVER, C.A, en el referido Registro Mercantil. Y así se establece.-

En cuanto a las pruebas promovidas por la parte actora en el escrito de promoción de pruebas:

1.- Prueba documental de instrumento público, consistente en contrato de opción de compraventa, celebrado entre el ciudadano MANUEL ANTONIO CÓRDOVA y el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA 1 (folios 461 al 465). Al haber sido consignado dicho documento en copia simple y por cuanto no fue tachado, ni desconocido, ni impugnado por la parte contraria, este tribunal le concede valor probatorio como un documento público autenticado, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Dicho documento prueba que el compromiso de venta se produjo entre el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA y el ciudadano MANUEL ANTONIO CÓRDOVA, quien como vendedor se comprometió a venderle al comprador, un inmueble de su propiedad constituido por una parcela de terreno distinguida con la letra y número B-23, y las bienhechurías sobre ella construidas, la cual está ubicada en el sector A en el plano del parcelamiento de la Urbanización Monterrey, del Municipio Baruta del estado Miranda". Y así se establece.-

2.- Documento público de caución, debidamente autenticado por  ante la Notaría Pública Décima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 25 de noviembre de 1999, anotado bajo el No. 59, Tomo 54, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría (folios 448 y 449). Y por cuanto no fue impugnado, se tiene como fidedigno de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto esta alzada le concede valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, y constituye prueba dé la existencia de una relación contractual entre los ciudadanos JOSÉ RAFAEL CERDA ARRIA, LUISA MARISOL NAVARRO DOMÍNGUEZ y JOSÉ IGNACIO MENDOZA, a partir del día 25 de noviembre de 1999; comprobándose del mismo que "el legítimo propietario de la parcela B-23, ubicada en la Urbanización Monterrey, del Municipio Baruta del estado Miranda, es el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA, a quien se le otorgó unilateralmente caución suficiente". Así se Establece.-

3.- Sentencia emitida por la Sala de Juicio Unipersonal № 7 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de fecha 3 de marzo de 2009, se declaró con lugar la demanda de Divorcio incoada por la ciudadana ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA, contra el ciudadano JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA, disolviendo así el vínculo matrimonial que mantenían desde el 31 de marzo de 1990 (folios 414 al 447). Ahora bien, se observa que dicha sentencia constituye un instrumento público o auténtico al ser emitido por un juez, de acuerdo al artículo 1.357 ( Código Civil y como no fue tachada por tratarse de copias simples, de acuerdo a lo establecido en el segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta Alzada los aprecia y valora quedando demostrada la relación conyugal existente entre los ciudadanos ELIZABETH HAYCOCK DE MENDOZA y JOSÉ IGNACIO MENDOZA ELORZA. Y así se Establece.-

4.- Prueba de Informes dirigida a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la cual fue admitida y evacuada en la oportunidad procesal correspondiente. De acuerdo a dicho requerimiento, la entidad bancaria BANCO PROVINCIAL, emitió comunicaciones SG-201405209 y SG-201405372, de fechas 16 y 17 de julio de 2014, respectivamente (folios 82 al 108). Dicha prueba de informes es apreciada por éste Tribunal según las reglas de la sana crítica y de, conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil se le otorga valor probatorio. En dichas comunicaciones se evidencia que la Sociedad Mercantil REPROIMAGEN, C.A, Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J-00246274, figura como Titular de la Cuenta Corriente № 01080012000100109692, cuyos movimientos se registraron durante el período comprendido desde el 01-01-2006 hasta el 11-06-2014, indicando además que dicha cuenta fue cancelada el dia 29-04-2013 y con referencia a la Sociedad Mercantil INVERSIONES SERVER C.A., Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J-00309258389, figura como Titular de la Cuenta Corriente № 01080948000100032761, fecha de Apert. 20-04-2012 y figuró como titular de la cuenta corriente Nro. 01080008000100108511 de fecha de Canc. 12-11-2002. Así se establece.

5.- Prueba de Informes requerida al Servicio Nacional Integrado de administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual fue admitida y evacuada en la oportunidad procesal correspondiente. De acuerdo al requerimiento, la Gerencia de Recaudación del mencionado organismo, emitió comunicación SNAT/INTI / GR/ DRCC / DCR-2-204999 / 2014/ E 005335, de fecha 11 de septiembre de 2014 (folios 163 al 179). Dicha prueba de informes es apreciada por éste Tribunal según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil se le otorga pleno valor probatorio. De la misma se evidencia que INVERSIONES SEVER, C.A., RIF J-30925838-9, realizó declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008; y no realizó declaraciones de Impuestos al Valor Agregado (IVA) correspondientes a los periodos fiscales 2006, 2007 y 2008. Por otra parte, la sociedad mercantil "REPROIMAGEN, C.A., RIF J-00246274-4, realizó declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) correspondiente al ejercicio fiscal 2006; no presentó declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) correspondientes en los ejercicios fiscales 2007 y 2008; y no realizó declaraciones de Impuestos al Valor Agregado (IVA) correspondientes a los periodos fiscales 2006, 2007 y 2008. Así se Establece.-

6.- Certificación de gravámenes emitida por el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 9 de mayo de 2014 (folios 459 al 460). Por cuanto el referido documento no fue tachado, desconocido, ni impugnado por la parte demandada, éste Tribunal le otorga valor probatorio, ya que el mismo constituye un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De dicho documento se evidencia que para el día 9 de mayo de 2014, no había sido extinguida la hipoteca de primer grado registrada por documento bajo el No. 9, Tomo 12, . Protocolo Primero de fecha 2 de noviembre de 2006. Así se Establece.-

La parte co-demandada "INVERSIONES SEVER C.A.", junto con escrito de promoción de pruebas, promovió los siguientes documentos (folios 466 al 481):

 

‘1.- Reprodujo el Mérito que se desprende de autos favorable su representada, muy especialmente y por adquisición procesal, el que se deriva de todas y cada una de las documentales producidas a los autos por la otra co-demandada REPROIMAGEN, C.A.-

En cuanto al mérito favorable de los autos y de los actos que da por reproducido, para esta Alzada tal prueba resulta inadmisible toda vez que una vez efectuado el aporte de pruebas al proceso, las mismas pasan a formar parte del mismo sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, ya que de acuerdo al principio de la comunidad de la prueba las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

La Sala de Casación Civil, en criterios reiterados ha dejado establecido que las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quién las haya-promovido o aportado.  En ese sentido, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente.

En cuanto al principio de la comunidad de la prueba, se le atribuyen tres características importantes: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador.

Razón por la cual el mérito favorable a los autos promovido por la co-demandada INVERSIONES SEVER, C.A., no constituye medio probatorio alguno, ya que los jueces están en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas que han sido aportadas en el proceso. Así se Establece.-

2.- Copia fotostática del documento debidamente autenticado por ante la Notaría Interna Grupo Financiero BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., de fecha 11 de abril de 2014, inserto bajo el No. 22, Tomo 2 de los Libros respectivos llevados por esa Notaría; contentivo de transacción entre la institución bancaria BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., y la sociedad mercantil INVERSORA ZETA 18, C.A., en la que la referida institución bancaria otorgó un préstamo a interés por la cantidad de Dos mil seiscientos setenta millones ochocientos veinticuatro mil novecientos dieciocho bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.670.824.918,45) y que para garantizar dicho crédito se constituyó hipoteca convencional de primer grado y anticresis a favor del banco que consta en documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de registro Público del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, en fecha 20 de diciembre de 2001, bajo el No. 38, folios 364 al 377, Tomo Décimo Quinto, Protocolo Primero. Ahora bien, dicho documento no guarda relación alguna con los hechos debatidos en el presente asunto, ni con las partes que intervienen en él, motivo por el cual éste Tribunal lo desecha por considerarlo impertinente e ineficaz para el presente juicio. Así se Decide.’.

Pruebas de la parte co-demandada "REPROIMAGEN, C.A.":

Junto con escrito de promoción de pruebas, la co- demandada REROIMAGEN, C.A.", promovió las siguientes:

´1.- Copias certificadas de sentencia emitida por la Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del expediente № AA50-T2006-001329, de fecha 23 de octubre de 2007, relativa a la acción de amparo constitucional (folios 487 al 521). Documentales que no fueron tachadas, por lo que este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, las tiene como fidedignas, sin embargo, esta alzada no les concede valor probatorio ya que nada aportan para la resolución del presente caso, por lo que se desechan del juicio. Y así se establece.-

2.- Copia fotostática de Resolución de fecha 06 de diciembre de 2011, expediente № AP01-P-2008-004217, del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, referente a sobreseimiento de proceso penal. Ahora bien, se observa de las actas procesales que dicha prueba documental, constituye un instrumento público o auténtico al ser emitido por un Juez, de acuerdo al artículo 1.357 del Código Civil y, cómo no fue tachada por tratarse de copias simples, de acuerdo a lo establecido en el segundo aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por lo que éste Tribunal se tienen como fidedignos, sin embargo, esta alzada no les concede valor probatorio ya que nada aportan para la resolución de presente caso, por lo que se desechan del juicio. Y así se establece.-

3.- Original de documento debidamente autenticado por ante 1; Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 23 de abril de 2014, anotado bajo el No. 45, Tomo 48, Folios 158 hasta 161, de los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría (folie 528 al 530). Dicho documento no fue tachado, desconocido, ni impugnad por la parte actora, razón por la cual éste tribunal lo valora como u instrumento público autenticado, traído a los autos en original, conforme lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se Decide.-

Del referido documento se evidencia que la sociedad mercan INVERSIONES SEVER, C.A., declara haber recibido de REPROIMAGE C.A., la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,0' declarando cancelada la obligación y en consecuencia extinguida la hipoteca especial y convencional de primer grado. Así se Establece.-

4.- Prueba de Informes requerida del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Baruta, la cual fue admitida y evacuada en la oportunidad procesal correspondiente. Dando respuesta a la información solicitada, la División de Protección del Niño, Niña y Adolescente y de la Mujer del mencionado organismo, emitió oficio № CPNNA 1175/14, de fecha 1 de julio de 2014 (folios 29 al 55). De conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que dicha prueba no guarda relación alguna con los hechos debatidos en el presente asunto, ni con las partes que intervienen en él, motivo por el cual éste Tribunal lo desecha por considerarlo impertinente e ineficaz para el presente juicio. Así se Decide.-

5.- En el Capítulo IV del escrito de promoción de pruebas, impugnó los documentos privados producidos por la actora, señalando que "...impugnamos, rechazamos y desconocemos, tanto en su contenido como en su firma y e toda forma de derecho, todos y cada uno de los recaudos e instrumentos privados producidos a los autos por la parte actora, unos por tratarse de simples fotostatos carentes de todo valor, y los otros por no emanar de nuestra representada ni estar suscritos por persona alguna capaz de comprometerla...". Sobre este particular se evidencia que la impugnación fue realizada de forma genérica, por lo tanto omitió señalar cual o cuales documentos estaba impugnado específicamente en su defensa. Ahora bien, luego de la revisión exhaustiva de las actas procesales, así como de los documentos traídos a los autos por la parte actora, quien aquí decide verificó que no consta documento privado alguno. Por tales motivos, le resulta forzoso a esta Juzgadora desechar la impugnación efectuada por la co-demandada REPROIMAGEN, C.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil. Así se Establece...’”. (Negrillas, mayúsculas y cursivas de la recurrida).

                                                         

Constata la Sala de la extensa transcripción que antecede que en el presente caso no se encuentra presente el vicio delatado en razón de que efectivamente la juez ad-quem no ignoró ni tampoco dejó de analizar el cumulo de pruebas aportadas por las partes en la presente causa, observándose que la denuncia se basa en que la recurrida no señaló nada ni valoró unas sentencias dictadas por tribunales de instancia, siendo que en base al principio iura novit curia las sentencias no configuran medios de pruebas por lo que en consecuencia no son objeto de valoración.

 

Ahora bien, si lo que el recurrente observó  fue una defectuosa apreciación de las probanzas señaladas debió haber encaminado su denuncia por la vía de deficiencia en la valoración de la prueba mediante la casación sobre los hechos y no por el silencio de ellas.

 

     En razón de las consideraciones expuestas concluye la Sala que no se configuró en la recurrida el vicio de silencio de prueba, pues ellas si fueron analizadas y apreciadas lo que, por vía de consecuencia, conduce a declarar improcedente la denuncia analizada. Así se establece.

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación presentado por las partes co–demandadas contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2016 dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158° de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

__________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

___________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrada,

 

 

________________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Magistrada-Ponente,

 

 

_________________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrado,

 

 

_________________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Secretaria Temporal,

 

 

________________________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2016-000727

Nota: Publicado en su fecha a las

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

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