Sentencia N.º RC.000059
- Sentencia
- N.º RC.000059
- Fecha
- 08/03/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-740
- Ponente
- Vilma Maria Fernandez Gonzalez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. AA20-C-2016-000740
Magistrado Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
En el juicio por Nulidad de Contrato de Transacción seguido por los ciudadanos HONORIA MARÍA LÓPEZ y JOSÉ RAMÓN RAMOS VILLARROEL, representados judicialmente por los abogados Irving José Díaz y Feliz Enrique Carrasquel, contra la empresa PROYECTOS VALCOR C.A., representada judicialmente por la abogada Marina Castillo Abad y Cecilia Villarroel; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2016, mediante la cual declaró la Perención de la instancia.
Contra la referida sentencia de la alzada, tanto la parte demandante como la parte demandada anunciaron recurso de casación, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2016, y oportunamente formalizados. Hubo impugnación contra el recurso de casación formalizado por la parte demandante.
En fecha 24 de febrero de 2017, en Sala Plena de éste órgano jurisdiccional se eligió la nueva junta directiva para el período 20172019, quedando reconstituida esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017 por los magistrados: Yván Dario Bastardo Flores, Presidente; Francisco Ramón Velázquez Estévez, Vicepresidente; Guillermo Blanco Vázquez; Vilma María Fernández González y Marisela Valentina Godoy Estaba.
En fecha 14 de octubre de 2016 se dejó constancia de la designación como ponente a la Magistrada Dra. Vilma Fernández González, concluida la sustanciación del recurso la magistrada ponente suscribe el presente fallo, en los términos siguientes:
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa, al debido proceso y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; esta Sala de Casación Civil, en fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, sentencia Nº 22, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Del Milagro Padilla Silva, y -que permanece vigente-, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional referido a que El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia , establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo de la controversia sin formalismos, cuando detecte infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado....
La Sala, atendiendo a los principios y derechos constitucionales referidos al debido proceso y al derecho a la defensa, así como a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera imprescindible indicar que las normas procedimentales, independientemente de la materia de que se trate son un verdadero y auténtico reflejo de esos principios, previstos en nuestra Carta Magna, y cuya aplicación no encuentra discusión o duda alguna, por cuanto su preeminencia garantiza el desenvolvimiento y consecución de un proceso idóneo y transparente, en total resguardo de los derechos de las partes.
Por tal motivo, esta Sala considera pertinente advertir las amplias facultades concedidas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que dicha norma autoriza a la Sala a realizar pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido, aún cuando determinadas infracciones no hayan sido denunciadas por las partes y que indudablemente hagan nugatorio los derechos de las mismas, por tratarse de infracciones de orden público y que deben ser corregidas en franco respeto de tales valores constitucionales y legales.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional en sentencia N° 1353 del 13 de agosto de 2008, caso: Corporación Acros C.A., estableció el carácter imperativo constitucional de la potestad para declarar la casación de oficio establecida en el artículo 320 del código adjetivo porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) .
En tal sentido, esta Sala de Casación Civil ha sostenido que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento se encuentra íntimamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. De allí que, no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público constitucional, pues es el Estado el garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso, tal como lo estimó esta Sala en sentencia N° 318, de fecha 23 de mayo de 2006, caso Inmobiliaria El Socorro C.A., contra Oscar Rafael González.
En el sub iudice, observa la Sala que el juez ad-quem decretó la perención breve por no haber cumplido el demandante con una de las cargas procesales a los fines de la citación del demandado dentro del lapso de los treinta (30) días posteriores a la admisión de la demanda y de su reforma y, en relación a la solicitud de que sea comisionado el tribunal para practicar la citación, que conforme a lo decidió por el juez ad-quem fue realizado de manera extemporánea, expresando lo siguiente:
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
El presente recurso de apelación, incoado por el abogado FELIZ ENRIQUE CARRASQUEL PÉREZ, inscrita en el inpreabogado bajo el N° V-6.013.336, contra decisión de fecha veintiséis (26) de febrero de 2016, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en la demanda por NULIDAD DE CONTRATO, intentada por los ciudadanos HONORIA MARÍA LÓPEZ y JOSÉ RAMOS VILLARROEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números: V- 2.669.097 y V- 1.915.168, respectivamente, contra Sociedad Mercantil PROYECTOS VALCOR, C.A., RIF № J-30996294-9.
Este Tribunal precisa plantear el siguiente punto previo bajo las consideraciones siguientes:
La perención se encuentra consagrada en nuestro vigente Código de Procedimiento Civil, en el artículo 267, en los términos siguientes:
"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que se a practicada la citación de la demandada...
2. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado".
De la norma procesal parcialmente transcrita, se infiere que es requisito fundamental para hacer surgir la figura de la perención, la existencia de un proceso que, por cualquier motivo, se paralice y ninguna de las partes, en el transcurso de los lapso haya efectuado un acto válido de procedimiento que traduzca su voluntad de mantener la vida de la instancia.
Se ha sostenido también, sobre la voluntad de las partes de abandonar el proceso y para que tal abandono se dé, en esta especial situación, es necesario que al paralizarse el juicio, ello esté pendiente de su curso con el objeto de solicitar, oportunamente al órgano jurisdiccional, su activación.
Por otra parte, el artículo 269 "ejusdem", establece:
"La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente".
El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, sentencia dictadas el 21 de Junio de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. CARLOS OBERTO VÉLEZ, dejó sentado lo siguiente: " ...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el Articulo 269 del Código de Procedimiento Civil...".
En este punto de la decisión, se considera oportuno traer a colación un extracto de la sentencia dictada en Sala de Casación Civil, N° 466, de fecha: 21 de julio de 2008, caso: Comercializadora Dicemento, C.A. contra Benito Antonio Valera y otros, donde de (sic) dejó sentado lo siguiente:
Por aplicación al caso de marras del criterio jurisprudencial, transcrito precedentemente, y sobre la base de las razones expuestas, la Sala considera que la actora al diligenciar el 5 de abril de 2006 solicitando se librara comisión a los fines de lograr la citación de todos los co-querellados, cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a la demandada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del auto complementario al de admisión de la demanda, de fecha 10 de marzo del mismo año, actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1o del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues al haber la actora cumplido con las obligaciones a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la demanda, era improcedente decretar la perención de la instancia en el proceso, so pena de violar el derecho a la defensa de la parte demandante como efectivamente lo hizo el juez de alzada en la sentencia hoy impugnada. Así se declara.
Subsumiendo todo lo anterior al caso bajo estudio, se observa:
La demanda fue admitida en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014).
En fecha 28 de mayo de dos mil catorce (2014), mediante nota dejado por la secretaria del a-quo, se constata la consignación de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa.
En fecha 16 de junio de 2014, el apoderado actor presenta diligencia solicitando se comisionado el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Tucupita, Casocoima, Cardenales y Antonio Díaz, del estado Delta Amacuro, para realizar la citación de la empresa demandada.-
De la relación cronológica planteada, se evidencia que la demanda fue admitida en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), y seguidamente en fecha 28 de mayo de dos mil catorce (2014), el actor cumplió con la carga de consignar los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa, cumpliendo con una de las cargas procesales para evitar la figura de perención; en relación a la otra carga que debía cumplir en caso como el de autos referida a la solicitud de que sea comisionado un Tribunal para practicar la citación dado (sic) la dirección del demandado, se evidencia que esta fue realizada de forma extemporánea, es decir el 16 de junio de 2014, por lo que indudablemente la solicitud de comisión fue realizada de forma tardía, infringiendo con ello el articulo 267 ejusdem , lo que acarrea que se configure la perención de la instancia, tomando como fundamento la sentencia dictada en Sala de Casación Civil, N°466, de fecha: 21 de julio de 2008, caso: Comercializadora Dicemento, C.A. contra Benito Antonio Valera y otros, antes citada.
En consecuencia le resulta forzoso a este Juzgador, declarar la perención de la instancia, tal como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo .
Ahora bien, en este punto es necesario hacer la siguiente consideración, la perención es la figura procesal sancionatoria cuyo fin es el de evitar que los juicios se eternicen y, por vía de consecuencia, impedir la utilización del aparato de justicia del Estado de forma negligente por parte de los ciudadanos al dejar de impulsar el proceso.
En este orden de ideas estima la Sala pertinente realizar una sucinta referencia de la evolución jurisprudencial relacionada a la ya mencionada institución procesal, así una vez aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con ella garantizarse la gratuidad de la justicia, como en efecto se hizo aboliendo, el pago de aranceles judiciales y entre ellos los atinentes a la cancelación de los emolumentos relativos a la citación del demando y de los recaudos de citación (compulsa), cuyo cumplimiento se demostraba con la consignación en el expediente, de la respectiva planilla. Ahora bien, a partir del 6 de julio de 2004, estableció la Sala que las únicas obligaciones a cargo del demandante a efectos de la práctica de la citación son aquellas que establece la Ley de Arancel Judicial en su artículo 12 y así se expresó en sentencia Nº N° 00537, de fecha 6 de julio de 2004, Exp. N° 01-000436, en el caso de José Ramón Barco contra Seguros Caracas Liberty Mutual, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide... (Subrayado de la Sala).
De la jurisprudencia trascrita se evidencia que las cargas impuestas al demandante que impiden la consumación de la perención breve de instancia en la etapa de citación del proceso, se reducen al pago al alguacil de los emolumentos requeridos para su movilización a fin de practicar el acto de comunicación procesal referido, cuando éste deba trasladarse a un sitio cuya distancia del tribunal de que se trate, sea igual o mayor a 500 metros y de lo cual se debe dejar constancia mediante diligencia, en el expediente.
Ahora bien, en decisión Nº 747, de fecha 11 de diciembre de 2009, en el juicio de J.A.D Agostino y Asociados, S.R.L., expediente Nº 2009-0241 resolviendo el punto de la perención, la Sala estableció:
Esta Sala observa que, para que se pueda configurar la perención breve de la instancia, en todo caso, lo importante es que se constate que hubo inactividad por parte del actor, en cuanto a las cargas procesales legales para que se lleve a cabo la correspondiente citación.
En este sentido, de una revisión de las actuaciones del expediente, esta Sala constató, que el mismo día en que se admitió la demanda, es decir, el día 14 de agosto de 1995, el actor incorporó en las actuaciones del expediente, específicamente en el folio 25, planilla de pago por concepto del pago de los emolumentos exigidos por la Ley de Arancel Judicial, tal como lo dejó expresado el recurrente, en su escrito de formalización.
De manera que, la consignación de la planilla de pago por parte del actor, antes referida, junto a la participación de la demandada en cada una de las actuaciones y etapas del proceso, ponen de manifiesto no sólo la intención de la parte actora de cumplir con las obligaciones relacionadas con la citación del o los demandados, sino que además, determinan que la parte demandada se encontraba a derecho, y su interés en participar y defender sus derechos dentro del juicio, con lo cual queda probado que al haberse efectuado el acto de citación, se evidencia el cumplimiento de su finalidad para lo cual estaba destinado, garantizándose de esta manera el ejercicio pleno del derecho a la defensa de ambas partes durante el juicio.
En atención a lo anteriormente expuesto, considera esta Sala, que aun cuando se hubiese verificado en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, referidos al pago de los gastos de traslado del alguacil, es necesario insistir en que la finalidad del acto se cumplió en virtud de que la citación de los demandados se llevó a cabo debidamente y éstos estuvieron a derecho durante todas las etapas del proceso. En consecuencia, no puede considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia, así como tampoco, que se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, por tanto, la presunta infracción delatada por el formalizante, debe ser declarada improcedente. Así se establece .
De la decisión transcrita se colige que aún cuando no se consigne a los autos la diligencia mediante la cual se deja constancia de haber cumplido con la obligación de facilitar los emolumentos al alguacil o ponerle a orden el vehículo o los medios de transporte suficiente a efectos de la práctica de la citación si ella se perfecciona, y los litigantes ejercen sus defensas y participan en todas las etapas del proceso, allí no puede decretarse como consumada la perención breve.
A efectos de una mejor comprensión, estima esta Máxima Jurisdicción Civil realizar el recuento de los eventos procesales ocurridos en el juicio:
En fecha 31 de marzo de 2014, que cursa a los folios 1 al 3 de la primera pieza del expediente, se interpuso la demanda.
En fecha 28 de abril de 2014, que cursa el folio 39 de la primera pieza del expediente, se admitió la demanda.
El 28 de mayo de 2014, que cursa el folio 40 de la primera pieza del expediente, la parte demandante solicitó se librara la compulsa a los efectos de que alguacil proceda a la citación del demandado.
El 16 de junio de 2014, que cursa el folio 48 de la primera pieza del expediente, la parte demandante solicitó se comisionara al tribunal para la citación correspondiente.
En fecha 27 de junio de 2014, que cursa el folio 50 de la primera pieza del expediente, el juez de la causa, acordó oficiar al tribunal comisionado.
En fecha 23 de octubre de 2014, que cursa el folio 66 de la primera pieza del expediente, el alguacil encargado de practicar la citación del demandado consigna diligencia manifestando que no pudo realizar la citación, en razón de que el demandado ya no residía en la dirección.
El 24 de octubre de 2014, que cursa el folio 67 de la primera pieza del expediente, la parte demandante solicita que la comisión sea devuelta.
En fecha 2 de diciembre de 2014, que cursa el folio 72 de la primera pieza del expediente, la parte demandante consigna mediante diligencia la nueva dirección del demandado a los fines de la citación del mismo.
En fecha 19 de enero de 2015, que cursa el folio 92 de la primera pieza del expediente, el tribunal de la causa libra nueva compulsa.
En fecha 9 de abril de 2015, que cursa el folio 94 de la primera pieza del expediente, el tribunal dejó constancia de la consignación de los emolumentos.
En fecha 05 de mayo de 2015, que cursa el folio 96 de la primera pieza del expediente, el alguacil encargado de practicar la citación del demandado consigna diligencia manifestando que le fue imposible realizar la citación, en razón de que estando en la dirección no respondió nadie al llamado que realizó a las puertas de la oficina.
En fecha 08 de mayo de 2015, que cursa el folio 105 de la primera pieza del expediente, la parte demandante solicita que se libre cartel de citación y que el mismo se publique por la prensa.
En fecha 12 de mayo de 2015, que cursa el folio 107 de la primera pieza del expediente, el tribunal de la causa acordó se librara el cartel y que el mismo se publicara en la prensa.
En fecha 13 de mayo de 2015, que cursa el folio 110 de la primera pieza del expediente, la parte demandada se dio por citada.
Posterior a ello el juicio siguió su curso normal ocurriendo en su oportunidad los accionados a contestar la demanda, promover pruebas, hacer oposición a las mismas, presentar informes y, en la oportunidad de decidir el fondo, el juez a quo declaró sin lugar la demanda, posteriormente la parte demandante apela de la sentencia, en la oportunidad correspondiente ambas partes presentan sus respectivos informes y el tribunal superior en fecha 29 de julio de 2016 dicta sentencia declarando la perención de la instancia, la cual es objeto de revisión en la presente decisión.
En este orden de ideas, de las actas observa la Sala que en fecha 28 de abril de 2014, el tribunal de la causa, admitió la demanda y en fecha 28 de mayo de 2014 la parte demandante solicitó la elaboración de compulsa, a efectos de la práctica de la citación, posteriormente en fecha 16 de junio de 2014 solicitó la comisión del tribunal encargado de practicar la citación, luego la parte demandada comparece voluntariamente al tribunal y se da por citado en fecha 13 de mayo de 2015; ahora bien, en la oportunidad de dictar sentencia el juez ad-quem declaró la perención de la instancia por cuanto, en su decir, la parte demandante habría incumplido con sus deberes para impulsar la citación, en razón de que la solicitud de comisionar al tribunal fue realizada de forma extemporánea, es decir el 16 de junio de 2014, por lo que indudablemente la solicitud de comisión fue realizada de forma tardía, infringiendo con ello el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo que acarrea que se configure la perención de la instancia. No obstante, es de señalar que con tal pronunciamiento yerra el juez ad quem por cuanto se observa que desde la fecha de admisión de la demanda, es decir, el 28 de abril de 2014 hasta la fecha en que la parte demandante consigna la compulsa para la citación del demandado esto es el fecha 28 de mayo de 2014, la misma se hizo en forma tempestiva y desde ese momento se interrumpe el lapso de perención de la instancia.
Asimismo es de acotar que la parte demandada compareció voluntariamente al proceso, contestaron la demanda, reconvinieron, promovieron pruebas, presentaron informes, y realizaron todos los actos procesales correspondientes, vale decir, estuvieron a derecho y ejercieron su defensa, todo ello corrobora, que la intención de la accionante era impulsar el proceso e igualmente la participación activa de los demandados a lo largo del iter procesal, hechos que garantizaron el ejercicio del derecho a la defensa de los litigantes.
En este orden de ideas, resulta pertinente acotar que el juez ad-quem al establecer que en el caso operó la perención breve, obviando el desarrollo normal del proceso, en razón de que a su decir la parte demandante solicitó de manera tardía o extemporánea la comisión del tribunal encargado de practicar la citación, resulta absurdo y asimismo violatorio del derecho a la defensa, y la tutela judicial efectiva, pues el acto de la citación, alcanzó su fin, por cuanto se observa que los demandados estuvieron a derecho y ejercieron sus defensas.
Con base a las precedentes consideraciones, la Sala concluye que no se configuró en el sub iudice la perención breve de la instancia y al haberlo declarado así el juez ad-quem, infringió las formas procesales que debió preservar para así garantizar el desenvolvimiento del debido proceso y el derecho de la defensa de la parte demandante, toda vez que ella dio cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley a efectos de impulsar el curso del mismo.
De lo analizado concluye la Sala que el juez ad-quem, violentó el debido proceso y lesionó el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de la parte accionante, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución, así como el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, generando todo ello la nulidad de la decisión.
Por todas las razones expuestas, y al no haber sido delatado el vicio detectado por el formalizante bajo la técnica requerida por la Sala, se casa de oficio la sentencia recurrida bajo los términos ya explicados. Así se decide.
En virtud de lo anterior, la Sala, en pro de restablecer el orden jurídico infringido y garantizar el derechos a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial efectiva al accionante, considera necesario ordenar el presente proceso, para lo cual deberá anular la decisión recurrida de fecha 29 de julio de 2016, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, y en consecuencia, se ordena al Juzgado Superior antes mencionado, que debe entrar a conocer del fondo en vez de subvertir, con su pronunciamiento previo, el proceso como ya se explicó. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui en fecha 29 de julio de 2016; se declara NULA la sentencia señalada, SE REPONE la causa al estado en que el juzgado antes mencionado resuelva el fondo de lo debatido sin incurrir en el vicio detectado, y queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años: 206 de la Independencia y 158 de la Federación.
Presidente de la Sala,
__________________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada-Ponente,
_______________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
______________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. Nro. AA20-C-2016-000740
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario Temporal,
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