Venley

Sentencia N.º RC.000064

Sentencia
N.º RC.000064
Fecha
11/03/2020
Sala
Casación Civil
Expediente
18-540
Ponente
Vilma Maria Fernandez Gonzalez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. AA20-C-2018-000540

                                                                      

Magistrada Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compraventa, incoado por la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES, representada judicialmente por los abogados Alberto José Freites Deffit y Luisa Cristina Ramos Acosta, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 95.006 y 65.039, en su orden, contra la ciudadana KARLA ALEJANDRA DE LA CARIDAD CAMERO LÓPEZ, asistida por Jorge Antonio Adoumieh, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.074 y sin representación judicial alguna; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, dictó sentencia en fecha 12 de julio de 2018, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en la que se había declarado sin lugar la presente demanda; en consecuencia, se revocó dicha sentencia y se declaró con lugar la presente acción.

Contra la referida decisión de la alzada, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 10 de agosto de 2018 y posteriormente formalizado. Hubo impugnación.

 

En fecha 26 de septiembre de 2018, se dio cuenta la Sala del expediente y en la misma fecha se le asignó la ponencia a la Magistrada Dra. Vilma María Fernández González.

 

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-ÚNICA-

 

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 3° eiusdem, al sentenciar el ad quem “…sin establecer los términos o aspectos en los cuales quedó planteada la controversia…”. Para soportar su denuncia, el recurrente argumenta lo siguiente:

 

“…Pues bien, si leemos detenidamente la sentencia de segunda instancia, nos percatamos que pese a que el Juzgado Superior utilizó veintidós [22] folios y sus vueltos, en modo alguno puede considerarse que cumplió con realizar una descripción clara y precisa de los términos en que quedó planteada la misma. De la lectura de la sentencia de segunda instancia no se puede conocer todo cuanto sucedió en el juicio y que fue lo debatido.

De la sentencia de segunda instancia se evidencia que el Juzgado Superior se limitó a: i) transcribir algunas [no todas] actas del proceso pero sin cumplir con lo más importante, esto es, sin precisar con sus propias palabras la forma y en qué términos quedó trabada la controversia; y ii) relatar cómo se realizaron los actos procesales del juicio, lo que nada aporta a la sentencia. En otras palabras, el Juzgado Superior no precisó la controversia a ser decidida conforme a los argumentos de las partes.

En efecto, esta honorable Sala podrá evidenciar que el Juzgado Superior en el cuerpo de la sentencia recurrida transcribió parcialmente los alegatos presentes en el escrito libelar y los alegatos y excepciones contenidos en la contestación, SIN EMBARGO, NO FIJÓ EL THEMA DECIDENDUM SEÑALANDO QUÉ HABÍA QUEDADO ADMITIDO POR LAS PARTES Y CUÁL ERA LA CARGA PROBATORIA DE CADA UNO SEGÚN LOS ALEGATOS Y EXCEPCIONES, NO HABIENDO DEMOSTRADO ENTONCES QUE HAYA COMPRENDIDO CÓMO QUEDÓ TRABADA LA CONTROVERSIA.

Al respecto, los autores patrios Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía Arnal, en su obra ‘La Casación Civil’ [2008], página 323, manifiestan que: ‘[…] El sentenciador debe realizar la labor intelectual de encender y exponer la controversia, tal como ha sido planteada, y no limitarse a transcribir total o parcialmente el libelo y la contestación. El juez que se limita a transcribir, transfiere al lector la labor de interpretación de lo transcrito, que le es propia como tarea previa a la resolución de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas (…).

Por su parte, las expresiones síntesis y lacónica, no deben interpretarse como equivalentes a escueto. No puede aceptarse que la síntesis sea de tal manera ambigua y escueta que no permita deducir qué asunto es el que se resolverá en su dispositivo ni que se omita señalar en la síntesis asuntos indispensables u obligatorios. En este mismo orden de ideas, esta Sala de Casación Civil, define los conceptos ‘CLARA, PRECISA y LACÓNICA’ de esta manera: ‘…Clara significa lo contrario a oscuro, difuso o ambiguo; precisa, lo exacto, puntual, indispensable u obligatorio y lacónica, propio de los habitantes de Laconia, capital de Esparta, conocida por su parquedad y desapego a las florituras verbales’ [Expediente N° 99-878. Sentencia N° 139, del 11 de mayo de 2000. Caso: Guillermo Martínez y Máximo Mendoza, contra la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES CIVILES JOTABE C.A., y otros.]

La sentencia de segunda instancia, no cumplió con el requisito exigido por el legislador, de expresar con sus propias palabras la síntesis de la controversia, en forma clara, precisa y lacónica, señalando el correspondiente thema decidendum. Por otro lado, el vicio aquí denunciado se torna mucho más grave por cuanto el Juzgado Superior plasmó tediosas transcripciones de las actas del proceso cosa que expresamente prohíbe el artículo denunciado.

La grave denuncia que aquí se formula es suficiente para anular la sentencia de segunda instancia, toda vez que, como sentencia viciada, no contiene una síntesis de la controversia y por lo que, a la luz de los criterios de esta Sala de Casación Civil, se debe restablecer el orden jurídico lesionado. DICHO VICIO INFLUYE EN EL DISPOSITIVO DEL FALLO POR CUANTO SI EL JUZGADOR QUE DICTÓ LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA HUBIESE LLEGADO COMPRENDIDO PLENAMENTE EL TEMA SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN HUBIESE LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA DEBÍA SER DECLARADA SIN LUGAR.

La omisión de la síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, no solo anula la sentencia de segunda instancia por mandato del  artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, sino que constituye violación evidente del ordinal 3° del artículo 243 del citado Código de Procedimiento Civil, concretamente en las partes que señalan: ‘Toda sentencia debe contener’ ‘3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos’, en concordancia con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, concretamente en la parte que establece: ‘[…] el juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad […]’.

Agotados como se encuentran todos los recursos y como quiera que el señalado vicio de actividad afecta el orden público, por las razones y consideraciones anteriores, formal, expresa y respetuosamente, solicito este Tribunal Supremo de Justicia, que con base a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se sirva declarar con lugar el presente recurso de casación y se reponga la causa al estado que el tribunal de reenvío competente dicte una nueva decisión en acatamiento al requisito formal que dejó ele cumplir el Juzgado Superior…”. (Resaltado del texto).

 

Delata el recurrente que el ad quem vulneró lo previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues –a su decir- en la recurrida no se estableció la controversia planteada de manera clara, precisa y lacónica.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Resulta necesario advertir que el requisito intrínseco de la sentencia a que se contrae el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, consagra el deber del juez de establecer en forma previa a su decisión cuáles son los límites de la controversia planteada, realizando para ello una síntesis propia de lo demandado y de la contestación producida, pudiendo valerse, de considerarlo necesario, de la transcripción de algún alegato expuesto por las partes.

 

De tal manera que antes de entrar a motivar el fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la aplicación del derecho, el juez deberá exponer en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición que a su vez deberá formular de forma sucinta y diáfana.

 

Asimismo, para garantizar la aplicación efectiva del postulado constitucional contenido en el artículo 257 de la República Bolivariana de Venezuela, no se considera procedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el juzgador, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido. En tal sentido, aún cuando exista falta de síntesis, ésta no será declarada por carecer de finalidad útil la nulidad del fallo, cuando del contenido del mismo sea posible para las partes que integran la litis, así como a la comunidad en general, conocer cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su conocimiento. (Ver –entre otras- sentencia N° 108, de fecha 9 de marzo de 2009, caso: Banco Caroní, C.A., Banco Universal, contra Representaciones Mobren, C.A. y otros).

 

Determinado lo anterior, de la lectura de la motiva de la sentencia recurrida, esta Sala observa que contrario a lo alegado por la recurrente, el ad quem con el propósito de delimitar el thema decidendum, expuso en la parte narrativa del fallo los argumentos esgrimidos por ambos sujetos procesales, es decir, tanto lo esgrimido en el escrito liberal, como en la contestación; lo cual hizo en la siguiente forma:

 

“…CAPITULO VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El presente recurso de apelación está orientado a impugnar la sentencia que fue dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda en fecha 25 de noviembre de 2017, a través de la cual se declaró sin lugar la defensa de cosa juzgada propuesta por la parte demandada, sin lugar la excepción del contrato no cumplido alegada por dicha parte, y sin lugar la demanda incoada por la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES contra la ciudadana KARLA ALEJANDRA CAMERO LÓPEZ, ambas plenamente identificadas en autos, por cumplimiento de contrato de opción de compra venta; ahora bien, a los fines de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia o no del recurso en comento, esta alzada considera prudente fijar los términos en los cuales quedo trabada la controversia, lo cual hare de seguida:

Partiendo del escrito libelar que dio lugar al presente juicio, se puede verificar que la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES, procedió a demandar a la ciudadana KARLA ALEJANDRA CAMERO LÓPEZ, por cumplimiento de contrato, bajo el fundamento de que en fecha 6 de febrero de 2013, celebraron un contrato de opción de compra venta que tuvo por objeto un bien inmueble propiedad de la demandada, constituido por una casa destinada a vivienda; que el precio de la venta fue estipulado en un millón ciento veinte mil bolívares [Bs. 1.120.000.00]; que canceló la cantidad de trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] en calidad de arras, que el monto restante era pagadero al momento de efectuarse la protocolización del documento definitivo de venta; que solicitó un crédito hipotecario al Banco Mercantil; que dicho crédito fue aprobado dentro del lapso de vigencia del contrato por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00]; que realizó todas las gestiones necesarias para la verificación de la firma del documento definitivo ante la oficina registral correspondiente; que el 24 de mayo de 2013, emitió comunicación a la hoy accionada con el objetivo de informarle sobre la aprobación del crédito antes mencionado y a la vez, solicitarle los recaudos necesarios para la protocolización de la venta; que dicha comunicación fue entregada en la caseta de vigilancia del Conjunto Residencial San Francisco, en virtud de que por instrucciones de la demandada no se le permitía la entrada a dicho conjunto; que el 29 de mayo de 2013, le fueron entregados los recaudos supra señalados, los cuales procedió a consignar ante la oficina registral correspondiente el 5 de junio del mismo año; que se fijó como fecha para el otorgamiento del documento definitivo de venta el 10 de junio de 2013; que en esa misma fecha el Banco Mercantil presentó notificación de firma para el 18 de julio de 2013, lo cual fue comunicado a la demandada el 6 de junio del mismo año; que en dos oportunidades fue suspendida por el Banco Mercantil la firma del documento definitivo de venta, debido a la espera de la autorización de los recursos por parte del BANAVIH; que los días 25 y 30 de julio de 2013, entregó nuevamente en la caseta de vigilancia, comunicaciones dirigidas a la demandada a los fines de notificarle sobre la oportunidad en que se firmaría el documento de venta, siendo la última fecha pautada para el 31 de julio de 2013; que la demandada no asistió al acto a pesar de haberse dispuesto los cheques de gerencia para el pago del saldo adeudado; y que por tales razones procede a demandar a la ciudadana KARLA ALEJANDRA CAMERO LÓPEZ, para convenga o sea condenada al cumplimiento del contrato suscrito y se proceda a la protocolización del documento definitivo de compra venta, o en su defecto se tenga la sentencia como título de propiedad previo pago del monto adeudado.

Es el caso que, la parte demandada estando dentro de la oportunidad procesal para contestar la acción interpuesta en su contra, procedió a oponer como punto previo la ‘cosa juzgada’; así mismo, invocó la exception non adimpleti contractus de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.168 del Código Civil; y con ocasión al tema central de la controversia, reconoció que celebró con la actora un contrato de opción de compra venta el día 6 de febrero de 2013, y que en dicho contrato se dispuso que el saldo restante del precio del inmueble sería cancelado al momento de protocolizarse el documento definitivo de venta. Sin embargo, precisó que en el acuerdo en comento no fue especificado que dicha cantidad de dinero debía ser cancelada mediante un crédito hipotecario; negó que la demandante le haya notificado de manera personal las fechas pautadas para la protocolización de la venta, e incluso negó que la referida haya realizado los trámites necesarios para solicitar la aprobación de un crédito, pues según se desprende del informe de liquidación del préstamo hipotecario, la cantidad aprobada fue recibida el 31 de julio de 2013 esto es, cuando ya estaba vencido el contrato suscrito; aunado a lo anterior, la demandada precisó que el cheque de gerencia girado contra Banesco, fue elaborado el 17 de julio de 2013, es decir, cuando ya había vencido el contrato en comento; negó que haya incumplido alguna de sus obligaciones contractuales, pues el 29 de mayo de 2013, hizo entrega a la actora de todos los recaudos necesarios para la protocolización de la venta; adujo además que no asistió a la oficina registral en las oportunidades fijadas para la firma de la venta definitiva, porque ello no era de su conocimiento, además de que ya el contrato estaba vencido; negó que le haya prohibido a la actora la entrada al conjunto residencial a los fines de no finiquitar la venta; precisó que fue la demandante quien no cumplió con los lapsos previstos en el contrato; que no le es aplicable al caso de autos la Resolución No. 11 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat el 5 de febrero de 2013, por cuanto el contrato fue suscrito antes de la entrada en vigencia de dicha resolución; y por último, negó que deba convenir o ser condenada a cumplir con el contrato tantas veces aludido.

Vistos los alegatos y defensas que fueron producidas por la partes en el curso del juicio, debe esta alzada pasar a resolver como punto previo al fondo, la cosa juzgada que fue opuesta por la accionada en la oportunidad para contestar y en tal sentido, se observa…”. (Resaltado del texto).

 

En tal sentido, la transcripción que antecede resulta suficiente para desestimar la denuncia que se examina; habida cuenta que del examen de la sentencia recurrida se observa que la misma contiene los elementos que definen la determinación de la controversia, cual es la concretización del asunto que se discute, razón por la cual, esta Sala declara improcedente la presente delación, al no haberse configurado la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DEL LEY

-I-

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en lo previsto en el artículo 320 eiusdem, denuncia el vicio de suposición falsa por desviación ideológica del contrato in comento. Fundamenta su delación de la siguiente manera:

 

“…En dicho contrato la parte actora tenía el carácter de compradora y yo de vendedora, acordándose entre otras cosas, lo siguiente:

‘[…] PRIMERA: ‘LA VENDEDORA’, Se [sic] compromete a dar en opción a compra a ‘LA COMPRADORA’, y esta a su vez se obliga a comprar un inmueble propiedad de ‘LA VENDEDORA’ […]. SEGUNDA: El inmueble objeto de este contrato está constituida por una casa destinada a vivienda, distinguida con el N° 32, que forma parte de la segunda etapa, del ‘CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO’, en Guatire […] TERCERA: El precio de venta convenido entre las partes para la negociación es la cantidad de MIL [rectius: un millón] CIENTO VEINTE BOLIVARES [sic] CON /00 [Bs. 1.120.000,00], de los cuales ‘LA COMPRADORA’ entregan [sic] en este acto a ‘LA VENDEDORA’, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL BOLIVARES [sic] CON /00 [Bs. 336.000,00] y el saldo restante, es decir la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL BOLIVARES [sic] [Bs. 784.000,00] los cuales serán cancelados ante la Oficina Subalterna del Registro correspondiente. CUARTA: La cantidad dada en esta OPCION [sic] en la cláusula anterior será imputable al precio definitivo de venta; en consecuencia el resto del precio, será pagado por ‘LA COMPRADORA’ a ‘LA VENDEDORA’, en el acto de la protocolización del documento definitivo de COMPRA-VENTA. QUINTA: El presente contrato, de OPCION [sic] COMPRA-VENTA, tiene una duración de [90] días continuos más [30] días continuos. SEXTA: Para el caso que el documento definitivo de COMPRA-VENTA no se protocolice dentro del lapso establecido, las partes de mutuo acuerdo establecen como cláusula indemnizatoria de los daños causados la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES [sic] [Bs. 150.000,00] […].

Y por su parte, el Juzgado Superior indicó en la sentencia recurrida, lo siguiente:

‘[…] Consecuentemente, puede quien […] la presente causa afirmar que las circunstancias alegadas por la parte actora en su escrito libelar quedaron suficientemente demostradas en autos, esto es, que pagó la cantidad de trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] en calidad de arras; que tramitó ante el Banco de Mercantil un crédito hipotecario, el cual fue aprobado tempestivamente por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000. 00] […].

Siguiendo con este orden de ideas, y a los fines de dar respuesta a todas las defensas que fueron realizadas por la demandada, debe esta alzada hacer referencia al argumento de que ‘…en el contrato no se especificó que la diferencia entre lo pagado en calidad de arras y el precio de la venta, debía ser cancelado mediante crédito…’; y acotar que, aun cuando es cierto que en el contrato cuyo cumplimiento se persigue no se estipulo expresamente lo antes dicho, la interpretación del contrato no se confunde tampoco con la determinación de sus efectos, que viene a ser igualmente un posteruis respecto al prius de la determinación del concreto supuesto contractual frente al cual nos hallamos, lo cual no es otra que la venta definitiva del inmueble, por cuanto tampoco se previno lo contrario ni mucho menos se prohibió de alguna manera tal posibilidad. Por el contrario, de las actas que conforman el presente expediente puede quien aquí suscribe comprobar que la demandada tenía pleno conocimiento de que la actora se encontraba tramitando un crédito hipotecario ante el Banco Mercantil, Banco Universal, cuya aprobación le fue incluso notificada; en efecto, siendo que la demandada en su carácter de vendedora evidentemente consintió que la relación contractual se sujetara a la aprobación de un crédito hipotecario [el cual fue solicitado y aprobado tempestivamente] era perfectamente capaz de satisfacer parte del pago convenido, consecuentemente, este sentenciador debe desechar el argumento en cuestión […]’

Visto lo anterior, resulta patente de la simple lectura del contrato que sirve como instrumento fundamental del presente juicio, que las partes nunca establecimos que el negocio jurídico iba a estar sometido al trámite de crédito bancario alguno, sino que, por el contrario, se dispuso claramente el lapso de vigencia y se determinó que dentro de ese tiempo se debía realizar el documento compra venta definitivo y la compradora debía cumplir con el resto del pago.

En este punto es importante indicar que sobre los límites entre la interpretación de los contratos y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual, esta Sala ha establecido que ‘…El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato…’. [Vid sentencia N° 629, de fecha 12 de agosto de 2005, caso: Ana Teresa Pérez Vivas contra Fanny Sánchez y otro, exp. N° 05-205].

En consecuencia, sin lugar a dudas en este caso se puede señalar que la conclusión contenida en la sentencia recurrida no es compatible con el texto del contrato de opción de compra venta analizado, ya que, es falso que la ‘[…] vendedora evidentemente consintió que la relación contractual se sujetara a la aprobación de un crédito hipotecario […]’, pues, ello no fue establecido en el contrato y nunca a lo largo del procedimiento he admitido que fuera así. Insisto, lo establecido en el contrato era el lapso de duración [120 días en total] y que dentro de esa oportunidad la compradora, aquí demandante, debía realizar el pago restante, equivalente al setenta por ciento [70%] del precio acordado. No se dispuso que ello fuera a estar sujeto al trámite de crédito hipotecario alguno.

Por otro lado, lo afirmado por el Juzgado Superior en la sentencia recurrida referente a que en el contrato de marras no se prohibió que la compradora obtuviera los ingresos para realizar el pago restante mediante el trámite de un crédito hipotecario y que por tanto, se entiende permitido, es un criterio totalmente acomodaticio y contrario a derecho. Hay que recordar que los contratos son ley entre las partes y que se debe cumplir exactamente lo pactado, en caso contrario existiría una anarquía y una total inseguridad jurídica, toda vez, cualquier persona sometida a un contrato, podría justificar su incumplimiento en virtud de que tal o cual cosa no fue prohibida expresamente [aunque se dispusiera un pago en manzanas, se querría hacer valer un pago en peras porque ‘no se prohibió expresamente’]

Por último, a fines ilustrativos, considero oportuno indicar que esta honorable Sala, en fecha 2 de noviembre de 2017, mediante sentencia contenida en el expediente N° 17-438, decidió un asunto igual a este, dejando sentado lo siguiente:

…Omissis…

En virtud de todo lo anterior, solicito respetuosamente que la presente denuncia por infracción de ley sea declarada procedente y en consecuencia, se declare con lugar el recurso de casación interpuesto y se proceda a anular la sentencia recurrida. (Resaltado del texto).

 

De la denuncia antes transcrita, se desprende que el formalizante delata el vicio de suposición falsa por desviación ideológica; argumentando a tal efecto, que no se estableció en el contrato in comento que el saldo restante del negocio jurídico, sería cancelado por crédito hipotecario.

 

Para decidir, la Sala observa:

Del texto de la denuncia, antes transcrito y analizado por la Sala, se desprende que el formalizante  muestra disconformidad con la labor intelectual del juez de alzada al momento de interpretar las cláusulas tercera, cuarta y quinta del aludido contrato.

 

En relación con ello, esta Sala ha sostenido de manera pacífica y reiterada que la interpretación de los contratos corresponde a los jueces de instancia y sus decisiones sólo pueden ser revisadas en casación, cuando el sentenciador incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido; situación que puede denunciarse a través del primer caso de suposición falsa. (Ver sentencia N° 105 de fecha 21 de marzo de 2013, caso: Anni Franzi Coppola y otro, contra Clara Eugenia Campins Camejo y otra.).

 

Asimismo, la Sala ha establecido que la adecuada fundamentación de la denuncia de desviación ideológica  cometida por el juez en la interpretación de los contratos, comprende: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) especificación del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa; d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia; f) expresión de las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. (Ver sentencia N° 389, de fecha 31 de mayo de 2012, caso: Francisco José León Mejías, contra Sigma, C.A. y otros).

 

En ese sentido, resulta evidente para esta Sala la falta de técnica en la fundamentación de la presente denuncia; pese a que el formalizante delata el vicio de suposición falsa por desviación ideológica del contrato, no indica en cuál de los tres (3) casos que prevé el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, encuadra la misma; como tampoco señala las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia.

 

Ahora bien, pese a la inadecuada fundamentación observada, esta Sala pasa a conocer la presente denuncia, de acuerdo a los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257, que garantizan a los justiciables el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de sus derechos.

 

Ahora bien, se establece que la desnaturalización de la voluntad contractual está constituida por la incompatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que, si la conclusión del juzgador no es compatible con el texto del documento contractual ocurre la desnaturalización del contrato. (Ver sentencia N° 515, de fecha 22 de septiembre de 2009, caso Inversiones Alvamart, C.A., contra Edoval, C.A. y otra).

 

Así las cosas, esta Sala pasa a transcribir el contenido de las cláusulas del referido contrato delatadas como desnaturalizadas; las cuales son del siguiente tenor:

 

Yo, KARLA ALEJANDRA CAMERO LÓPEZ (…), quien en lo adelante se denominara ‘LA VENDEDORA’ por una parte, y por la otra, MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES (…), quien en lo adelante se denominara ‘LA COMPRADORA’, se ha convenido en celebrar un contrato de OPCIÓN COMPRA-VENTA contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: ‘LA VENDEDORA’, se compromete a dar en Opción a Compra a ‘LA COMPRADORA’, y esta a su vez se obliga a comprar un inmueble propiedad de ‘LA VENDEDORA’, según consta de documento de propiedad protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Zamora del estado Miranda en fecha 30 de octubre del 2012, bajo el N° 2011.443, asiento registral 2, matriculado con el N° 237.13.11.1.2403. SEGUNDA: El inmueble objeto de este contrato está constituida por una casa destinada a vivienda, distinguida con el N° 32, que forma parte de la segunda etapa, del ‘CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO’, en Guatire, en jurisdicción del municipio Zamora del estado Miranda, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan suficientemente en el Documento de Condominio. El mencionado inmueble; tiene una superficie aproximada de NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS [95.00 Mts2], y consta de dos [2] habitaciones, dos [2] baños, estudio, estar, comedor, baño de visitas, cocina y lavadero, y sus linderos son NORESTE: Área verde hacia áreas sociales; SUROESTE: Calle norte; SURESTE: Casa N° 31 y NOROESTE: Casa N° 31. Al mencionado inmueble le corresponde un porcentaje de condominio de 0,68027% a las Cosas Cosas (sic) Comunes Limitadas a la Segunda Etapa del CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO y de 0,513% sobre las cosas comunes generales del CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO. A esta Unidad de Vivienda le corresponde el uso exclusivo de las siguientes áreas: 1) un área de jardín, por el lado noreste de la vivienda. 2) un área de cominería destechada para el acceso a la vivienda. Y 3) un área de estacionamiento, contigua a la vivienda. TERCERA: El precio de venta convenido entre las partes para la negociación es la cantidad de MIL CIENTO VEINTE BOLÍVARES CON /00 [Bs. 1.120.000,00], de los cuales ‘LA COMPRADORA’ entregan (sic) en este acto a ‘LA VENDEDORA’, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL BOLÍVARES CON /00 [Bs. 336.000,00] y el saldo restante, es decir la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES [Bs. 784.000,00] los cuales serán cancelados ante la Oficina Subalterna del Registro correspondiente. CUARTA: La cantidad dada en esta OPCIÓN en la cláusula anterior será imputable al precio definitivo de venta; en consecuencia el resto del precio, será pagado por ‘LA COMPRADORA’ a ‘LA VENDEDORA’, en el acto de la protocolización del documento definitivo de COMPRA-VENTA. QUINTA: El presente contrato de OPCIÓN COMPRA-VENTA, tiene una duración de [90] días continuos más [30] días continuos. SEXTA: Para el caso de que el documento definitivo de COMPRA-VENTA no se protocolice dentro del lapso establecido, las partes de mutuo acuerdo establecen como cláusula penal indemnizatoria de los daños causados la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES [Bs. 150.000,00], si el documento no se otorga por causas imputables a ‘LA VENDEDORA’, ésta deberá reintegrar a ‘LA COMPRADORA’ la suma recibida en la cláusula tercera y cancelarle adicionalmente la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES [Bs. 150.000.00], en caso de que la causa fuese imputable a ‘LA COMPRADORA’, ésta perderá la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES [Bs. 150.000,00], de la suma entregada como reserva en la cláusula tercera, se entiende que los daños causados no requerirán demostraciones previas. SÉPTIMA: Todos los gastos de esta negociación así como los honorarios por redacción del documento, hasta la venta definitiva serán por cuenta de ‘LA COMPRADORA’. ‘LA VENDEDORA’, se obliga a entregar el inmueble libre de todo gravamen, arrendamiento, litigios y completamente solvente en cuanto a servicios públicos. OCTAVA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes eligen como domicilio especial la ciudad de Guarenas.”. (Resaltado del texto).

 

Respecto a la misma, el juez de la recurrida expresó lo siguiente:

 

“…CAPITULO VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

…Omissis…

Consecuentemente, puede quien la presente causa resuelve afirmar que las circunstancias alegadas por la parte actora en su escrito libelar quedaron suficientemente demostradas en autos, esto es que pagó la cantidad de trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] en calidad de arras; que tramitó ante el Banco Mercantil un crédito Hipotecario, el cual fue aprobado tempestivamente por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00]; que solicitó ante Banesco, Banco Universal, un cheque de gerencia por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00], ello a los fines cubrir la diferencia entre el precio del inmueble, lo pagado en calidad de arras y el crédito aprobado; que le solicitó a la demandada los recaudos necesarios para proceder a la protocolización de la venta; que consignó dichos recaudos ante la oficina registral respectiva de manera oportuna; que envió reiteradas comunicaciones a la demandada a los fines de mantenerla informada sobre el curso del crédito solicitado y sobre las distintas oportunidades que eran fijadas por la entidad bancaria para la firma del documento definitivo; que dichas comunicaciones no fueron entregadas personalmente porque la demandada solicitó a la seguridad del conjunto residencial donde tiene fijado su domicilio, impedir el ingreso de la actora al mismo; que la demandada sí recibía las comunicaciones en comento a través de distintos vigilantes del mencionado conjunto residencial, por lo que estaba enterada de las distintas oportunidades que fueron fijadas para la firma de la venta definitiva; y que a pesar de haber realizado todas las gestiones pertinentes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente, la accionada en su condición de propietaria y futura vendedora, no compareció ante la dicha oficina el 31 de julio de 2013, oportunidad fijada para tales fines.

Es el caso que, tales circunstancias no fueron desvirtuadas de ninguna manera por el acervo probatorio producido por la parte accionada, quien se limitó a promover una serie de documentales que ya habían sido reproducidas por la parte actora [a saber, documento de opción de compra venta, comunicación del 29 de mayo de 2013, y constancia de recepción suscrita por el Registro Público del municipio Zamora]; una prueba de informes del Banco Mercantil, de cuyas resultas se desprende que la actora solicitó un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda y que el mismo no se liquidó en virtud que al acto de firma solo compareció dicha demandante y el abogado de la institución financiera [folio 23, II pieza]; y una prueba de informes de Banesco, de la cual se desprende que la actora solicitó en fecha 26 de julio de 2013, un cheque de gerencia por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00] [folios 45-46, II pieza].

Siguiendo con este orden de ideas, y a los fines de dar respuesta a todas las defensas que fueron realizadas por la demandada en el curso del proceso, debe esta alzada hacer referencia al argumento de que ‘…en el contrato no se especificó que la diferencia entre lo pagado en calidad de arras y el precio de la venta, debía ser cancelado mediante crédito…’; y acotar que, aun cuando es cierto que en el contrato cuyo cumplimiento se persigue no se estipuló expresamente lo antes dicho, la interpretación del contrato no se confunde tampoco con la determinación de sus efectos, que viene a ser igualmente un posteruis respecto al prius de la determinación del concreto supuesto contractual frente al cual nos hallamos, lo cual no es otra cosa que la venta definitiva del inmueble, por cuanto tampoco se previno lo contrario ni mucho menos se prohibió de alguna manera tal posibilidad. Por el contrario de las actas que conforman el presente expediente puede quien aquí suscribe comprobar que la demandada tenía pleno conocimiento de que la actora se encontraba tramitando un crédito hipotecario ante el Banco Mercantil, Banco Universal, cuya aprobación le fue incluso notificada; en efecto, siendo que la demandada en su carácter de vendedora evidentemente consintió que la relación contractual se sujetara a la aprobación del crédito hipotecario en comento, y en virtud que, la obtención de los recursos a través de un crédito hipotecario [el cual fue solicitado y aprobado tempestivamente]) era perfectamente capaz de satisfacer parte del pago convenido, consecuentemente, este sentenciador debe desechar el argumento en cuestión. Así se precisa…”. (Resaltado del texto).

 

De la transcripción parcial de la sentencia recurrida se desprende que el ad quem al dilucidar el alegato de la parte demandada, referente a que no se estipulo en el aludido contrato que el saldo restante del negocio jurídico sería pagado mediante un crédito hipotecario; señaló que si bien no se pactó a ello, tampoco se prohibió que dicho saldo sería satisfecho a través de dicho crédito.

 

Ello así, de la lectura del -tantas veces mencionado- contrato, evidencia la Sala que tal como lo estableció el ad quem, no se estableció en ninguna de sus cláusulas que el saldo restante del negocio jurídico pactado sería saldado mediante crédito hipotecario; como tampoco se prohibió expresamente el uso de dicho mecanismo para satisfacer dicha obligación.

 

En ese sentido, mal podría esta Máxima Jurisdicción Civil considerar la desnaturalización del contrato in comento; pues si bien, en dicho convenio no se estableció la implementación del crédito hipotecario para cumplir con la obligación, tampoco fue prohibido su uso; siendo que cualquier acción no regulada en el –ya conocido- contrato resulta –en principio- permitida; lo que facultaba a la hoy actora-compradora a solicitar un crédito hipotecario para saldar su deuda.

 

De modo que, el juez de la recurrida arrojó una interpretación correcta con lo que estipula dicho convenio, siendo tal proceder cónsono con la expresión de la voluntad de las partes, y por ende, es evidente que en el presente caso no existió la desnaturalización del contrato delatada. Así se establece.

 

En razón de todo lo precedentemente expuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

 

-II-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, delata la infracción de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, por falta de aplicación. Argumenta su denuncia de la siguiente manera:

 

“…La presente denuncia la sostengo en virtud de que la recurrida dispuso lo siguiente:

‘[…] Por otra parte, difiere quien suscribe de lo señalado por la parte demandada con respecto a la aplicabilidad de la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.115 del 21 de febrero de 2013, toda vez que estamos en presencia de una norma de las determinadas por la doctrina superveniens [sobrevenidas] por tratarse estas de resoluciones que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos -débiles jurídicos- a la seguridad social, a una vivienda y hábitat digno, y por ende, toda norma que los beneficie tiene aplicabilidad inmediata […]’

Es decir, el Juzgado Superior en su sentencia tomó en consideración la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.115 del 21 de febrero de 2013, aún cuando el tantas veces mencionado contrato de opción a compra que sirve como instrumento fundamental en la presente causa, fue suscrito y autenticado en fecha 06 de febrero de 2013, es decir, antes de que entrara en vigencia dicha resolución.

En consecuencia, el Juzgado Superior no aplicó el contenido del artículo 3 de nuestro Código Civil que claramente establece que la ley [y por ende cualquier texto normativo] no tiene efecto retroactivo. Y tal consideración es esencial en cualquier cuerpo legal, pues, no se puede someter a las partes contratantes a reglas de juego futuras no vigentes para el momento de la negociación, ya que ello también crearía una completa inseguridad jurídica. Por otro lado, respecto al tema de que en este caso dicha resolución es aplicable porque la demandante es la ‘débil’ en la relación jurídica, ello resulta ser totalmente falso, ya que en este caso, yo NO soy un emporio constructor que hace decenas o cientos de viviendas para ofrecer en venta, sino que, por el contrario, el negocio se circunscribía únicamente en la compra venta de mi vivienda principal que constituye mi hogar, la cual quería vender en esa oportunidad para mudarme a otro sitio por razones de trabajo, no obstante, en vista de que el documento definitivo no se llevó a cabo, por incumplimiento de la compradora, continué ocupando el inmueble hasta el día de hoy con mi núcleo familiar. En consecuencia, en este caso no es posible hablar de que existe algún débil jurídico. Ambas partes somos personas naturales con distintas necesidades y se debe aplicar el contenido expreso del artículo 3 eiusdem, determinando que la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, NO ESTABA VIGENTE para el momento de suscripción del contrato.

Y al verificar que la mencionada Resolución no es aplicable por el efecto de la irretroactividad de la ley, la decisión debe ser totalmente distinta, ya que el hecho de que la tardanza del pago tuviera que ver con un tercero, no exime en responsabilidad a la demandante y se debe considerar que incumplió en cuanto al pago pactado.

En consecuencia de todo lo anterior, solicito respetuosamente que la presente denuncia por infracción de ley sea declarada procedente y en consecuencia, se declare con lugar el recurso de casación interpuesto y se proceda a anular la sentencia recurrida…”. (Resaltado del texto).

 

Delata el formalizante que fue vulnerado lo previsto en el artículo 3 del Código Civil, por falta de aplicación, señalando que en virtud del principio de irretroactividad de la ley, no debía aplicarse en el presente caso la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 40.115, del 21 de febrero de 2013, dado que para el día en que fue suscrito el referido contrato, no estaba vigente dicha resolución.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Es criterio reiterado de esta Sala que la falta de aplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance. (Ver sentencia Nº 368, de fecha 2 de julio de 2013, caso: Rafael Villoria Quijada contra Private Lingerie PL C.A.).

 

En efecto, si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque esta norma, aun cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aun cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la transgresión directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente aporta la solución y que el juez no aplicó.

 

Ahora bien, encuentra necesario esta Sala citar lo pertinente de la sentencia recurrida, a los fines de observar lo indicando por ésta en cuanto a la aplicabilidad de la prenombrada Resolución N° 11; en la que señaló en la parte motiva lo que sigue:

 

 

“…CAPITULO VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

…Omissis…

Por otra parte, difiere quien suscribe de lo señalado por la parte demandada con respecto a la aplicabilidad de la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.115 del 21 de febrero de 2013, toda vez que estamos en presencia de una norma de las denominadas por la doctrina superveniens [sobrevenidas] por tratarse éstas de resoluciones que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos -débiles jurídicos- a la seguridad social, a una vivienda y hábitat digno, y por ende, toda norma que los beneficie tiene aplicabilidad inmediata [ver Considerando de la Resolución]. Así se precisa.

Aclarado todo lo anterior, y en vista que el contrato objeto del presente juicio no alcanzó su fin por cuanto la accionada no cumplió con su obligación de vender, a pesar de que es evidente que la actora realizó tempestivamente todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente. Aunado de lo anterior, a juicio de quien suscribe, no le es imputable a la aquí accionante el retardo en la protocolización de dicha venta, pues, tal y como antes se indico, le era aplicable al caso de marras la Resolución -sobrevenida durante la vigencia del contrato- Nro. 11, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en fecha 5 de febrero de 2013 [G.O. 40.115 de fecha 21 de febrero del 2013], ya que si bien la misma es de fecha posterior al contrato objeto del presente proceso, dicha resolución en su artículo 1 hace referencia a los contratos ‘…suscritos o por suscribirse…’ [Resaltado del tribunal]; y siendo que se pudo verificar además que el retardo en la protocolización de la venta en comento se debió a las distintas suspensiones realizadas por el Banco Mercantil ante la espera de autorización de los recursos por parte de BANAVIH, ello con ocasión al crédito hipotecario solicitado y aprobado tempestivamente por la mencionada entidad financiera, consecuentemente, esta alzada puede afirmar que el caso de marras cumple con el segundo requisito exigido para la procedencia de la presente demanda. Así se precisa…”. (Resaltado del texto).

 

Considera el ad quem que la referida Resolución N° 11, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat es de aplicabilidad inmediata, en virtud de que es una norma las denominadas por la doctrina “superveniens”, pues la misma tiene como fin proteger a los ciudadanos en la adquisición de una vivienda y hábitat digno.

 

Ello así, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Código Civil, los cuales indican lo que sigue:

 

“Artículo 1: La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique.”.

“Artículo 3: La Ley no tiene efecto retroactivo.”.

 

Asimismo, esta Sala de Casación Civil mediante sentencia N° 641, de fecha 7 de octubre de 2008, caso: Luis Alejandro Hernández Hernández contra Rafael Simón Rodríguez y otra, expresó sobre el referido artículo 3 lo siguiente:

 

“…Como se desprende de las normas antes transcritas, en Venezuela la aplicación de las disposiciones legislativas de forma retroactiva está prohibida por imperativo constitucional. Sólo se admite su aplicación con tales efectos hacia el pasado en aquellos casos mencionados en la misma norma.

La consagración del principio de irretroactividad de la ley en el régimen jurídico venezolano, encuentra su justificación en la seguridad jurídica que debe ofrecer el ordenamiento jurídico a los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y relaciones ante la mutabilidad de aquél. “Toda ley nueva que no tenga fuerza retroactiva por expresa voluntad del legislador, por sí misma no extiende su autoridad sobre todo aquello que haya ya pasado en el momento en que empieza a estar en vigor”. [Pascuale Fiore. De la Irretroactividad e Interpretación de las Leyes]…”. (Cursivas del texto, subrayado y negrillas de la Sala).

 

Así las cosas, tenemos que el principio de irretroactividad de la ley ampara los actos y los hechos realizados en aplicación de la ley derogada, así como los efectos que ya se produjeron cuando imperaba dicha ley; todo ello, en fundamento de la seguridad jurídica de los ciudadanos para el reconocimiento de sus derechos y relaciones, de manera que las leyes que se dicten en el futuro no los afecten en virtud de la derogatoria de la ley que los creo. Siendo que sólo es aplicable una norma de manera retroactiva en aquellos casos mencionados en ella misma, es decir, que se haya permitido su aplicación hacia el pasado de forma expresa por el legislador.

 

En ese orden de ideas, es menester para esta Sala citar lo previsto en el artículo 1 de la Resolución N° 11, dictada por el Ministerio de Poder Popular para la Vivienda y Hábitat en fecha 5 de febrero de 2013 y publicada en la Gaceta Oficial N° 40.115, del 21 de febrero de 2013; la cual es del siguiente tenor:

 

Artículo 1: En los contratos que tengan por objeto, bajo cualquier forma o modalidad, la adquisición de vivienda principal en el mercado secundario, en construcción o ya construidas, suscritos o a suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, solo se permitirá la retención, cobro o descuento de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero, basados en la aplicación de cláusulas penales o penalidades excesivas, cuando exista responsabilidad comprobada de alguna de las partes, en el retardo de la protocolización del respectivo documento de propiedad, en ningún caso se considerará responsabilidad de las partes cuando el desembolso de los recursos para protocolizar la venta del inmueble dependa de un tercero en la relación.

La presente normativa tendrá aplicación en todo el mercado inmobiliario destinado a la vivienda y hábitat.”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Del precitado artículo se desprende la intención del legislador de regular las relaciones contractuales suscritas o por suscribirse en aquellos casos que tengan por objeto la adquisición de vivienda principal, todo ello en defensa de los derechos fundamentales de rango constitucional y de contenido social de los ciudadanos y ciudadanas a la seguridad social, a una vivienda y hábitat dignos, ante la existencia de la posible inclusión de estipulaciones y/o cláusulas abusivas en los aludidos contratos.

 

Así las cosas, tenemos que el contrato in comento, fue suscrito y debidamente autenticado por las partes, en fecha 6 de febrero de 2013, por ante la Notaria Publica del municipio Plaza del estado Miranda (folios 24 al 28 de la primera pieza del expediente) y la mencionada Resolución N° 11 fue publicada en Gaceta Oficial N° 40.115 del 21 de febrero de 2013; observando esta Máxima Jurisdicción Civil, que de la lectura de las cláusulas pactadas en el aludido convenio (transcritas ut supra) se desprende que para la fecha de publicación de dicha resolución el mismo se encontraba vigente, en virtud de lo cual le es aplicable lo previsto en la referida Resolución N° 11, dictada por el Ministerio de Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Caso contrario, sería si para la fecha de publicación de la aludida resolución el contrato no se encontrara vigente, es decir, fuera del ámbito jurídico, en ese caso, no le sería aplicable.

 

Por lo anterior, esta suprema jurisdicción civil declara improcedente la presente delación. Así se establece.

 

-III-

 

De acuerdo a lo previsto en el ordinal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem, delata la infracción del artículo 1.168 del Código Civil, por falta de aplicación y del artículo 531 del Código Adjetivo Civil, por falsa aplicación. Fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

 

“…En principio, debo señalar que en la contestación de la demanda expresamente opuse la excepción de contrato no cumplido establecida en el artículo 1.168 del Código Civil, ya que, podía negarme a ejecutar mi obligación [realizar la venta definitiva], debido a que la demandante-compradora no había ejecutado la suya [realizar el pago de los setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000, 00], restantes del precio establecido por la venta del inmueble].

En efecto, el artículo 1.168 del Código Civil dispone lo siguiente: (…).

En ese sentido, con el objeto de fundamentar la presente denuncia, es necesario indicar que el ad quem en su sentencia dejó establecido lo siguiente:

‘[…] Ahora bien, en cuanto a lo alegado por la demandada con respecto a que la actora haya incumplido con el contrato, pues -según su decir- para la fecha correspondiente al vencimiento del mismo y su prórroga, ésta no contaba con la cantidad de dinero necesaria para adquirir el inmueble, siendo que el cheque de gerencia girado contra Banesco, Banco Universal, por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00] fue elaborado cuando ya había vencido el contrato en comento; debe quien aquí suscribe aclarara [sic] que si bien el [sic] cierto que el mencionado cheque de gerencia fue solicitado para completar el saldo deudor [diferencia entre lo cancelado en arras y el monto por el cual fue aprobado el crédito] en fecha 26 de julio de 2013, esto es, cuando ya había vencido el contrato objeto del presente proceso [el cual feneció el 6 de junio de 2013], no es menos cierto que: 1° conforme a lo dispuesto en el contrato, la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00] era exigible al momento de celebrarse la protocolización de la venta definitiva; 2° que la protocolización en comento fue suspendida en reiteradas oportunidades por el Banco Mercantil, debido a la espera de autorización de mlos (sic) recursos por parle de BANAVIH; 3° que la mencionada entidad financiera emitió el cheque de gerencia correspondiente al monto aprobado a través del crédito hipotecario, esto es, por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00], en fecha 31 de julio de 2013 [folio 37 y 39, I pieza]; y 4° que la oportunidad definitiva establecida para la protocolización de la venta fue fijada para esa misma fecha 31 de julio de 2013 […]

En efecto, siendo que la protocolización de la venta estaba supeditada a la aprobación de los recursos por parte de BANAVIH, con ocasión al crédito hipotecario solicitado por la demandante y aprobado tempestivamente por el Banco Mercantil; y en virtud que, el pago de la cantidad de dinero adeudada era exigible al momento de efectuarse dicha protocolización, la cual fue -después de numerosas postergaciones- fijada por la mencionada entidad financiera para el día 31 de julio de 2013, consecuentemente, mal podría esta alzada interpretar como in (sic) incumplimiento de la actora el hecho de que ésta haya solicitado en fecha 26 de julio de 2013, el cheque de gerencia correspondiente a la diferencia entre lo adeudado y el monto aprobado por el crédito hipotecario, como erróneamente pretende hacerlo ver la demandada, pues lo anterior solo denota que la accionante tenía interés en realizar el pago del saldo adeudado, siendo en todo caso irrelevante que ésta solicitara el cheque antes de dicha fecha […]

Por último, no puede pasar por alto esta alzada que la parte demandada alegó la excepción de contrato no cumplido […] bajo el fundamento de que ‘fue la parte actora quien incumplió con la obligación contraída, y así lo puede verificar de las mismas pruebas aportadas por la demandante […]

Ahora bien, con apego a las anteriores consideraciones y en virtud que este sentenciador pudo comprobar partiendo de las actas que conforman el presente expediente, que la actora realizó tempestivamente todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente, desplegando una conducta que permite inferir su interés en adquirir el inmueble ofrecido en venta, cuya conducta debe estimarse como de buena fe; mientras que fue la demandada quien se negó a finiquitar la misma, consecuentemente, quien aquí suscribe debe declarar IMPROCEDENTE la excepción en cuestión […]’

Una vez citado lo anterior, esta honorable Sala podrá contrastar lo decidido con lo claramente fijado por nosotras en el contrato de opción de compra venta que sirve como instrumento fundamental del presente procedimiento, parcialmente transcrito en el capítulo V, literal ‘A’ de escrito. De ese modo, resulta evidente que en dicho contrato pactamos la venta de un inmueble por la cantidad de un millón ciento veinte mil bolívares [Bs. 1.120.000,000] de los cuales fueron pagados trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] al momento de la celebración de ese contrato [06 de febrero de 2013], comprometiéndose la compradora a pagar el resto, equivalente a la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], al momento de protocolizar el documento definitivo de compra venta, el cual debía darse en un lapso máximo de ciento veinte [120] días siguientes [noventa [90] de lapso primigenio mas treinta [30] de prórroga], el cual finalizaba el día 06 de junio de 2013. Nótese que en dicho contrato de fecha 06 de febrero de 2013 NO dispusimos que la compradora ciudadana Morella del Carmen Godoy Flores, iba a tramitar un crédito hipotecario para la obtención del pago del saldo restante del valor del inmueble, por el contrario, simplemente se dispuso que ella debía pagar dicho monto para el momento de la protocolización del compra venta definitivo, siendo su única y exclusiva responsabilidad la forma o manera de cómo iba a hallar el dinero correspondiente para cumplir con lo acordado. Igualmente, el pago debía darse al momento de la celebración del contrato definitivo de compra venta que debía realizarse hasta el 06 de junio de 2013 como fecha tope, ya que, el propio contrato de opción a compra venta dispuso que de no llevarse a cabo tal acto dentro del lapso establecido, yo no se iba a realizar y se activaba la cláusula penal fijada.

Siendo así las cosas, ES MENESTER SEÑALAR QUE DE LOS PROPIOS ALEGATOS CONTENIDOS EN EL ESCRITO LIBELAR SE PUEDE VERIFICAR QUE LA PARTE DEMANDANTE NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA CANTIDAD DE SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES [BS. 784.000,00] RESTANTES DENTRO DEL LAPSO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, ES DECIR DEL 07 DE FEBRERO DE 2013 AL 06 DE JUNIO DE 2013. En este punto hay que destacar que quedó como un hecho admitido en la presente causa que yo el 29 de mayo de 2013 le entregue a la demandante, todos y cada uno de los requisitos necesarios para que ella en su carácter de compradora procediera a tramitar lo relativo a la compra venta definitiva que se debía protocolizar, no obstante, ésta aún así no hizo lo pertinente y se basó en el retraso de un tercero para intentar justificar su incumplimiento y obligarme a realizar la mencionada compra venta definitiva fuera del lapso voluntariamente acordado. Así mismo, se debe señalar que ad quem indicó que -supuestamente- la demandante demostró su ‘intensión’ de adquirir el inmueble, lo cual, además de falso, es totalmente insuficiente para considerar que ésta cumplió su obligación, ya que, no basta con tener buenas intenciones o de querer hacer algo, sino que, por el contrario, se debe cumplir con la obligación asumida para poder exigir el cumplimiento de la contra parte.

Por último, es importante destacar además que todo el monto del dinero que adeudaba la compradora, aquí demandante, no puede ser atribuido al retardo en la acreditación del préstamo hipotecario, pues compradora debía pagar un total de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], de los cuales sólo trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00) fue lo perteneciente al crédito hipotecario, restando una cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00] lo (sic) cuales no fueron pagados antes de la fecha del vencimiento del contrato, es más, dicha cantidad fue dispuesta mediante la elaboración de un cheque de gerencia librado contra el Banco BANESCO, el día 17 de julio de 2013, oportunidad en la cual, ya estaba notablemente vencido el lapso acordado.

En consecuencia, indudablemente se debe concluir que la demandante-compradora no cumplió con su obligación claramente fijada en el contrato de opción de compra venta tantas veces mencionado, por lo tanto, no puede exigir el cumplimiento de la obligación que a mí me correspondía, lo cual no fue dispuesto por el ad quem incurriendo de esa forma en la infracción por falta de aplicación del artículo 1.168 del Código Civil.

Por otro lado, la recurrida en la dispositiva expresamente dispuso lo siguiente:

‘[…] CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la (…) apoderada judicial de la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES, contra la decisión preferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda el 25 de noviembre de 2016; REVOCAR dicho [sic] fall (sic), y por vía de consecuencia declarar CON LUGAR la demanda que por cumplimiento de contrato de opción de compra venta interpuso la prenombrada ciudadana contra la ciudadana KARLA ALEJANDRA DE LA CARIDAD CAMERO LÓPEZ, ambas ampliamente identificadas en autos, motivo por el cual se ORDENA a la demandada a vender a la parte actora al bien inmueble sobre el cual recayó el contrato de opción de compra venta objeto del proceso, constituido por una casa destinada a vivienda distinguida con el N° 32, que forma parte de la segunda etapa del Conjunto Residencial San Francisco, Guariré municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda, así mismo, se ordena a la prenombrada hacer entrega a la actora de las solvencias y recaudos vigentes necesarios para la protocolización de la venta, en el entendido de que a falta de cumplimiento voluntario de lo antes ordenado, la parte actora queda autorizada para gestionar los mismos conforme lo previsto en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, dejándose expresa constancia que una vez realizada la entrega de los recaudos por parte de la demandada en el lapso de ejecución voluntaria u obtenido los mismos por la actora [en caso que aquella no cumpla], deberá la demandante pagar el saldo restante, esto es, la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], [AHORA SIETE BOLÍVARES SOBERANOS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS [Bs. S. 7,84] y una vez acreditado dicho monto en el tribunal, de no otorgar la demandada el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro.

De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada (…).

Siendo así las cosas, se verifica que el ad quem dispuso que si yo no cumplía con la obligación de vender, la sentencia recurrida haría las veces de documento de propiedad, consecuencia ésta, que está regulada por el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil que dispone lo siguiente:

…Omissis…

En tal sentido, existe la infracción por falsa aplicación del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil ya citado, debido a que quedó demostrado que la demandante no había cumplido con sus obligaciones contractuales, motivo por el cual no es aplicable la consecuencia jurídica contenida en el artículo 531 eiusdem, debido a que si la actora no pagó dentro del lapso acordado [del 07 de febrero de 2013 al 06 de junio de 2013] el saldo restante que debía por la compra del inmueble correspondiente a la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], no puede la sentencia hoy recurrida, establecer que a falta de otorgamiento del documento definitivo de venta, ésta producirá los efectos del contrato no cumplido -precisamente- porque el incumplimiento fue por parte de la demandante-compradora.

En virtud de todo lo anterior, solicito respetuosamente que la presente denuncia por infracción de ley también sea declarada procedente y en consecuencia, se declare con lugar el recurso de casación interpuesto y se proceda a anular la sentencia recurrida…”. (Resaltado del texto).

 

Denuncia el recurrente la falta de aplicación de la excepción de contrato no cumplido, prevista en el artículo 1.168 del Código de Procedimiento Civil, señalando que podía negarse a cumplir con su obligación, dado que la demandante no cumplió la suya, vale decir, el pago del saldo restante de la venta. Asimismo, delata la infracción de lo previsto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, pues –a su decir-, la parte actora incumplió con su obligación.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Tal como fue indicado en la denuncia anterior, la infracción de una norma por falta de aplicación se produce cuando el juez hace una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, vale decir, yerra en la escogencia de aquella en razón de que el hecho controvertido no es subsumible en el supuesto de la disposición elegida, lo cual se traduce en la falta de aplicación de la norma que debió ser aplicada.

 

Mientras que el vicio por falsa aplicación de una norma ocurre cuando el juez aplica una norma jurídica a una situación fáctica que no está comprendida en el precepto; es decir, la falsa aplicación se configura cuando un hecho que ha sido establecido por el sentenciador se califica mal y en consecuencia, se subsume en una norma jurídica, la cual no debía regular la situación planteada en el proceso. (Ver sentencia N° 236, de fecha 11 de abril de 2008, caso: Josefa Gregoria Pérez Álvarez y Otros contra Silverio Antonio Pérez Álvarez).

 

En sentido, resulta pertinente citar lo dispuesto en el artículo 1.168 del Código Civil, el cual se delata como infringido por falta de aplicación; siendo el mismo del siguiente tenor:

 

“Artículo 1.168: En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones.”.

 

La precitada norma contiene la llamada excepción non adimpleti contractus, es decir, la excepción de contrato no cumplido, la cual se da sólo en los contratos bilaterales como en el presente caso y que se vislumbra como una excepción que posee una de las partes contratantes de no cumplir con su obligación, si la otra parte inmersa en el mismo no ha cumplido con la suya, lo cual le permite entonces excepcionarse de cumplir con lo pactado.

 

Ahora bien, a fin de verificar la falta de aplicación del artículo 1.168 del Código Civil delatado por el formalizante, es menester para esta Sala transcribir parcialmente la recurrida, en la que señalo lo que sigue:

 

“…CAPITULO VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

…Omissis…

Siguiendo con este orden de ideas, quien aquí suscribe debe pasar a pronunciarse sobre el fondo de la acción interpuesta; en efecto, siendo que la misma es seguida por cumplimiento de contrato, resulta imperante pasar a transcribir las disposiciones del Código Civil que regulan la materia en cuestión, a saber:

Artículo 1.159: (…).

Artículo 1.167: (…).

Artículo 1.133: (…).

Artículo 1.134: (…).

Es el caso que, de los artículos supra transcritos puede inferirse que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que no pueden revocarse sino por mutuo acuerdo o por las causas previstas en la ley; así mismo, de las mencionadas disposiciones legales se desprende que en los contratos bilaterales [en los que las partes se obligan recíprocamente] si uno de los contratantes no cumple con sus obligaciones, el afectado puede demandar a su elección el cumplimiento del contrato [tal como lo hizo la hoy accionante] o su resolución con los daños y perjuicios a que hubiere lugar, todo lo cual desvirtúa lo afirmado por la parte demandada a través del escrito de informes consignado ante esta alzada, en cuanto a que ‘en caso de incumplimiento del vendedor solo le da derecho al comprador a exigir la indemnización establecida por las partes en la cláusula penal’; e incluso, se desprenden los requisitos esenciales para la procedencia de la acción de cumplimiento de contrato, a saber, la existencia de un contrato bilateral y el incumplimiento de una de las partes respecto de sus obligaciones.

Desde el momento que haya prueba de la existencia de un contrato -hecho admitido por las partes-, el Juez no puede rehusar su aplicación bajo el pretexto de oscuridad, ambigüedad o deficiencia -estándar procesal que pareciera invocar la parte demandada para los efectos de la interpretación del contrato con el argumento antes referido-, pues incurriría en denegación de justicia [Art. 19 del C.P.C.]. El deberá desentrañar el verdadero contenido jurídicamente relevante del contrato en cuestión, para precisar sus efectos y decidir en consecuencia.

Así las cosas, este sentenciador debe pasar a verificar la concurrencia de los referidos requisitos, lo cual se hace de lo que se interpreta del acuerdo de voluntades a través de sus manifestaciones exteriores:

Con ocasión al primer requisito, quien aquí suscribe partiendo de las documentales aportadas por la parte actora conjuntamente con su escrito libelar, específicamente del contrato de opción de compra venta autenticado ante la Notaría Publica Interina del municipio Plaza del estado Miranda en fecha 6 de febrero de 2013 [inserto al folio 24-28, I pieza del presente expediente], el cual fue apreciado de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil; puede verificar que ciertamente la ciudadana KARLA ALEJANDRA CAMERO LÓPEZ [parte demandada] se comprometió a venderle a la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES [parte demandante], un inmueble de su propiedad constituido por una casa destinada a vivienda distinguida con el N° 32, que forma parte de la segunda etapa del Conjunto Residencial San Francisco, ubicado en Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, y a su vez, ésta última se comprometió a comprarlo, aceptando pagar la cantidad de un millón ciento veinte bolívares [Bs. 1.120.000,00], de los cuales pagó trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] en calidad de arras, siendo exigible el monto restante, esto es, la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], al momento de celebrarse la protocolización del documento definitivo de venta, cuya materialización debía efectuarse en el término de noventa [90] días continuos contados a partir de la autenticación del contrato, más treinta [30] días continuos de prórroga, venciendo en consecuencia el mismo el día 6 de junio de 2013.

En efecto, siendo que ríela en el expediente el contrato bilateral [contrato de opción de compra venta] del cual se desprende la relación contractual que une a las partes aquí litigantes; y en virtud que, la existencia, naturaleza y alcance del mismo no es un hecho controvertido, pues ambas partes están contestes en ello, consecuentemente, este sentenciador puede afirmar que el caso de marras cumple con el primer requisito exigido para la procedencia de la presente acción. Así se precisa.

Ahora bien, con relación a la concurrencia del segundo requisito, no hay, que confundir la prueba del contrato con la interpretación del mismo, y en ese sentido esta alzada estima que le correspondía a la parte actora la carga de la prueba dirigida a conformar la convicción del juez sobre el acaecimiento de los hechos que, una vez comprobados, el debe interpretar, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, esto es, demostrar que a pesar de haber realizado todas las gestiones pertinentes para finiquitar la venta y de haber cumplido todas sus obligaciones, el contrato celebrado no alcanzó su fin por causas imputables a la demandada; así las cosas, siendo que de las pruebas consignadas por la referida detentan valor probatorio las siguientes instrumentales:

1) DOCUMENTO DE COMPRA VENTA protocolizado ante el Registro Público del municipio Zamora del estado Miranda el 30 de octubre de 2012; de cuyo contenido se desprende que la ciudadana KARLA ALEJANDRA DE LA CARIDAD CAMERO LÓPEZ [parte demandada] adquirió en el año 2012, la propiedad del inmueble objeto del contrato de opción de compra venta cuyo cumplimiento se persigue a través del presente proceso [folios 19-23, l pieza].

2) CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA autenticado ante la Notaría Pública Interina del municipio Plaza del estado Miranda el 6 de febrero de 2013; el cual constituye el instrumento fundamental de la demanda, y de cuyo contenido se desprende la relación contractual que vincula a la partes intervinientes en el presente juicio [folios 24-28, I pieza].

3) COMUNICACIÓN emitida el 24 de mayo de 2013, por la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES [parte demandante] y dirigida a la demandada, a los fines de notificarle sobre la aprobación del crédito solicitado por la suma de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00], y a la vez solicitarle la entrega de los recaudos necesarios para la protocolización de la venta definitiva [folio 29, I pieza].

4) COMUNICACIÓN emitida por la demandada el 2 de mayo de 2013, a través de la cual solicitó al servicio de seguridad del Conjunto Residencial San Francisco [en donde tiene fijado su domicilio], que no permitiera a la demandante el acceso o ingreso a dicho conjunto [folio 30, I pieza].

5) COMUNICACIÓN emitida el 29 de mayo de 2013, por la demandada y dirigida a la actora, a los fines de dejar constancia de la entrega de los recaudos necesarios para la protocolización de la venta definitiva, previa solicitud de la referida [folio 31, I pieza].

6) CONSTANCIA DE RECEPCIÓN No. 10 emitida por el Registro Público del municipio Zamora del estado Miranda el 5 de junio de 2013; de la cual se desprende que la demandante compareció ante la referida oficina registral a los fines de consignar los documentos exigidos para la futura protocolización de la venta definitiva, y que dicha protocolización fue pautada por la mencionada oficina para el 10 de junio del mismo año [folio 32, I pieza].

7) PLANILLA DE NOTIFICACIÓN DE FIRMA emitida el 21 de mayo de 2013, por la Gerencia de Protocolizaciones y Proyectos Especiales del Banco Mercantil, Banco Universal; de la cual se desprende que había sido aprobado a favor de (sic) demandante un crédito hipotecario y que en un principio la firma del documento definitivo de venta había sido pautada por la mencionada entidad financiera para el 18 de julio de 2013 [folio 33, I pieza].

8) COMUNICACIÓN emitida el 5 de junio de 2013, por la demandante y dirigida a la ciudadana KARLA ALEJANDRA DE LA CARIDAD CAMERO LÓPEZ [aquí demandada], a los fines de hacerle saber que había sido pautada para el 18 de julio de 2013, la firma del documento definitivo de venta [folio 34, I pieza].

9) COMUNICACIÓN emitida el 25 de julio de 2013, por la demandante y dirigida a la demandada, a los fines de informarle que el Banco Mercantil había suspendido la firma del documento de venta definitivo pautada para esa misma fecha, por los mismos motivos que había suspendido la firma pautada para el 18 de julio del mismo año, esto es, debido a la espera de autorización de los recursos por parte de BANAVIH, quedando tentativamente fijada dicha firma para el 22 de agosto de 2013 [folio 35, I pieza].

10) COMUNICACIÓN emitida el 30 de julio de 2013, por la demandante y dirigida a la demandada, a los fines de informarle que el Banco Mercantil había pautado la firma del documento definitivo de venta para el 31 de julio de 2013 [folio 36, I pieza].

11) CHEQUE DE GERENCIA No. 00047490 emitido por el Banco Mercantil el 31 de julio del 2013, a favor de la ciudadana KARLA CAMERO [parte den ¡andada], por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000.00] [folio 37, I pieza].

12) CHEQUE DE GERENCIA No. 00023986 emitido por Banesco, Banco Universal el 26 de julio de 2013, a favor de la ciudadana KARLA CAMERO [parte demandada], por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00] [folio 38, I pieza].

13) PLANILLA DE LIQUIDACIÓN suscrita por el Banco Mercantil con respecto a un préstamo hipotecario signado con el No. 0621320277, solicitado por la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES [aquí demandante], por un monto de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000.00] [folio 39, I pieza].

14) CONDICIONES DE LOS CONTRATOS, FONDO DE GARANTÍA Y FONDO DE RESCATE que amparan el crédito identificado con el No. 0621320277, expedido por el Banco Mercantil el 30 de julio de 2013 [folio 40-45, I pieza].

15) CONSTANCIA emitida por Registro Público del Municipio Zamora del estado Miranda el 31 de julio de 2013, de cuyo contenido se desprende que la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES [parte demandante], compareció en dicha fecha ante la referida oficina registral a los fines de realizar gestiones relativas al registro de documento [folio 46. I pieza].

16) ACTUACIONES cursantes en el expediente signado con el No. 20.321, según nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda [insertas al folio 152-352, I pieza].

17) INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL practicada por el Juzgado del Municipio Zamora del estado Miranda el 20 de mayo de 2013; de cuyo contenido se desprende que el 2 de mayo de 2013, la demandada prohibió a la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY [parte demandante], el acceso al conjunto residencial tantas veces mencionado [folios 353-369, I pieza].

18) PRUEBA DE INFORMES provenientes del Banco Mercantil, de cuyas resultas se desprende que fue aprobado crédito hipotecario a favor de la actora, y que éste no se liquidó en virtud de que en la oportunidad fijada para la firma del documento de venta definitivo sólo asistió la referida y el apoderado judicial de dicha institución financiera [resultas insertas al folio 23, II pieza].

Consecuentemente, puede quien la presente causa resuelve afirmar que las circunstancias alegadas por la parte actora en su escrito libelar quedaron suficientemente demostradas en autos, esto es que pagó la cantidad de trescientos treinta y seis mil bolívares [Bs. 336.000,00] en calidad de arras; que tramitó ante el Banco Mercantil un crédito Hipotecario, el cual fue aprobado tempestivamente por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00]; que solicitó ante Banesco, Banco Universal, un cheque de gerencia por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00], ello a los fines cubrir la diferencia entre el precio del inmueble, lo pagado en calidad de arras y el crédito aprobado; que le solicitó a la demandada los recaudos necesarios para proceder a la protocolización de la venta; que consignó dichos recaudos ante la oficina registral respectiva de manera oportuna; que envió reiteradas comunicaciones a la demandada a los fines de mantenerla informada sobre el curso del crédito solicitado y sobre las distintas oportunidades que eran fijadas por la entidad bancaria para la firma del documento definitivo; que dichas comunicaciones no fueron entregadas personalmente porque la demandada solicitó a la seguridad del conjunto residencial donde tiene fijado su domicilio, impedir el ingreso de la actora al mismo; que la demandada sí recibía las comunicaciones en comento a través de distintos vigilantes del mencionado conjunto residencial, por lo que estaba enterada de las distintas oportunidades que fueron fijadas para la firma de la venta definitiva; y que a pesar de haber realizado todas las gestiones pertinentes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente, la accionada en su condición de propietaria y futura vendedora, no compareció ante la dicha oficina el 31 de julio de 2013, oportunidad fijada para tales fines.

Es el caso que, tales circunstancias no fueron desvirtuadas de ninguna manera por el acervo probatorio producido por la parte accionada, quien se limitó a promover una serie de documentales que ya habían sido reproducidas por la parte actora [a saber, documento de opción de compra venta, comunicación del 29 de mayo de 2013, y constancia de recepción suscrita por el Registro Público del municipio Zamora]; una prueba de informes del Banco Mercantil, de cuyas resultas se desprende que la actora solicitó un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda y que el mismo no se liquidó en virtud que al acto de firma solo compareció dicha demandante y el abogado de la institución financiera [folio 23, II pieza]; y una prueba de informes de Banesco, de la cual se desprende que la actora solicitó en fecha 26 de julio de 2013, un cheque de gerencia por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484.000,00] [folios 45-46, II pieza].

Siguiendo con este orden de ideas, y a los fines de dar respuesta a todas las defensas que fueron realizadas por la demandada en el curso del proceso, debe esta alzada hacer referencia al argumento de que ‘…en el contrato no se especificó que la diferencia entre lo pagado en calidad de arras y el precio de la venta, debía ser cancelado mediante crédito…’; y acotar que, aun cuando es cierto que en el contrato cuyo cumplimiento se persigue no se estipuló expresamente lo antes dicho, la interpretación del contrato no se confunde tampoco con la determinación de sus efectos, que viene a ser igualmente un posteruis respecto al prius de la determinación del concreto supuesto contractual frente al cual nos hallamos, lo cual no es otra cosa que la venta definitiva del inmueble, por cuanto tampoco se previno lo contrario ni mucho menos se prohibió de alguna manera tal posibilidad. Por el contrario de las actas que conforman el presente expediente puede quien aquí suscribe comprobar que la demandada tenía pleno conocimiento de que la actora se encontraba tramitando un crédito hipotecario ante el Banco Mercantil, Banco Universal, cuya aprobación le fue incluso notificada; en efecto, siendo que la demandada en su carácter de vendedora evidentemente consintió que la relación contractual se sujetara a la aprobación del crédito hipotecario en comento, y en virtud que, la obtención de los recursos a través de un crédito hipotecario [el cual fue solicitado y aprobado tempestivamente]) era perfectamente capaz de satisfacer parte del pago convenido, consecuentemente, este sentenciador debe desechar el argumento en cuestión. Así se precisa.

Ahora bien, en cuanto a lo alegado por la demandada con respecto a que la actora haya incumplido con el contrato, pues -según su decir- para la fecha correspondiente al vencimiento del mismo y su prórroga, ésta no contaba con la cantidad de dinero necesaria para adquirir el inmueble, siendo que el cheque de gerencia girado contra Banesco, Banco Universal, por la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 484,000.00], fue elaborado cuando ya había vencido el contrato en comento; debe quien aquí suscribe aclarara (sic) que si bien el (sic) cierto que el mencionado cheque de gerencia fue solicitado para completar el saldo deudor [diferencia entre lo cancelado en arras y el monto por el cual fue aprobado el crédito] en fecha 26 de julio de 2013, esto es, cuando ya había vencido el contrato objeto del presente proceso [el cual feneció el 6 de junio de 2013], no es menos cierto que: 1° conforme a lo dispuesto en el contrato, la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 734.000,00], era exigible al momento de celebrarse la protocolización de la venta definitiva: 2° que la protocolización en comento fue suspendida en reiteradas oportunidades por el Banco Mercantil, debido a la espera de autorización de los recursos por parte de BANAVIH; 3° que la mencionada entidad financiera emitió el cheque de gerencia correspondiente al monto aprobado a través del crédito hipotecario, esto es, por la cantidad de trescientos mil bolívares [Bs. 300.000,00], en fecha 31 de julio de 2013 [folio 37 y 39, I pieza]; y 4) que la oportunidad definitiva establecida para la protocolización de la venta fue fijada para esa misma fecha 31 de julio de 2013 [constancia que riela al folio 46, I pieza y prueba de informes que riela al folio 23, II pieza].

En efecto, siendo que la protocolización de la venta estaba supeditada a la aprobación de los recursos por parte de BANAVIH, con ocasión al crédito hipotecario solicitado por la demandante y aprobado tempestivamente por el Banco Mercantil; y en virtud que el pago de la cantidad de dinero adeudada era exigible al momento de efectuarse dicha protocolización, la cual fue -después de numerosas postergaciones- fijada por la mencionada entidad financiera para el día 31 de julio de 2013, consecuentemente, mal podría esta alzada interpretar como un incumplimiento de la actora el hecho de que ésta haya solicitado en fecha 26 de julio de 2013, el cheque de gerencia correspondiente a la diferencia entre lo adeudado y el monto aprobado por el crédito hipotecario, como erróneamente pretende hacerlo ver la demandada, pues lo anterior solo denota que la accionante tenía interés en realizar el pago del saldo adeudado, siendo en todo caso irrelevante que ésta solicitara el cheque antes de dicha fecha, ya que la protocolización de la venta dependía, como ya se dijo, de la autorización, de los recursos por parte de BANAVIH, y el pago solo era exigible al momento de la protocolización; motivos por los cuales este sentenciador debe desechar la defensa en cuestión. Así se precisa.

Por otra parte, difiere quien suscribe de lo señalado por la parte demandada con respecto a la aplicabilidad de la Resolución No. 11, de fecha 5 de febrero de 2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Habitat, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.115 del 21 de febrero de 2013, toda vez que estamos en presencia de una norma de las denominadas por la doctrina superveniens [sobrevenidas] por tratarse éstas de resoluciones que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos -débiles jurídicos- a la seguridad social, a una vivienda y hábitat digno, y por ende, toda norma que los beneficie tiene aplicabilidad inmediata [ver Considerando de la Resolución]. Así se precisa.

Aclarado todo lo anterior, y en vista que el contrato objeto del presente juicio no alcanzó su fin por cuanto la accionada no cumplió con su obligación de vender, a pesar de que es evidente que la actora realizó tempestivamente todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente. Aunado de lo anterior, a juicio de quien suscribe, no le es imputable a la aquí accionante el retardo en la protocolización de dicha venta, pues, tal y como antes se indico, le era aplicable al caso de marras la Resolución -sobrevenida durante la vigencia del contrato- Nro. 11, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en fecha 5 de febrero de 2013 [G.O. 40.115 de fecha 21 de febrero del 2013], ya que si bien la misma es de fecha posterior al contrato objeto del presente proceso, dicha resolución en su artículo 1 hace referencia a los contratos ‘…suscritos o por suscribirse…’ [Resaltado del tribunal]; y siendo que se pudo verificar además que el retardo en la protocolización de la venta en comento se debió a las distintas suspensiones realizadas por el Banco Mercantil ante la espera de autorización de los recursos por parte de BANAVIH, ello con ocasión al crédito hipotecario solicitado y aprobado tempestivamente por la mencionada entidad financiera, consecuentemente, esta alzada puede afirmar que el caso de marras cumple con el segundo requisito exigido para la procedencia de la presente demanda. Así se precisa.

Por último, no puede pasar por alto esta alzada que la parte demandada alegó la excepción del contrato no cumplido o la ‘non adimpletis contractus’, bajo el fundamento de que ‘fue la parte actora quien incumplió con la obligación contraída, y así lo puede verificar de las mismas pruebas aportadas por la demandante […]’. En tal sentido resulta pertinente mencionar que el artículo 1.168 del Código Civil, prevé en líneas generales que en los contratos bilaterales cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya; así mismo, es necesario resaltar que doctrinalmente se ha dicho que dicha excepción de incumplimiento es la facultad que la ley otorga a la parte de un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando su contraparte le exige su cumplimiento sin a su vez haber cumplido con su propia obligación.

La doctrina patria ha establecido las condiciones para su ejercicio como lo son: a) que el orden a que están sometidas las obligaciones reciprocas sea el normal, instantáneo, seguido; b) debe tenerse en cuenta la buena fe, en cuanto a las causas que motivan el incumplimiento, fundamento de la excepción. En todo caso, la excepción no es procedente cuando el incumplimiento obedece a la propia conducta del excepcionante.

Ahora bien, con apego las anteriores consideraciones y en virtud que este sentenciador pudo comprobar partiendo de las actas que conforman el presente expediente, que la actora realizó tempestivamente todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente, desplegando una conducta que permite inferir su interés en adquirir el inmueble ofrecido en venta, cuya conducta debe estimarse como de buena fe; mientras que fue la demandada quien se negó a finiquitar la misma, consecuentemente, quien aquí suscribe debe declarar IMPROCEDENTE la excepción en cuestión, tal como se dejará sentado en la dispositiva. Así se establece.

Partiendo de las consideraciones realizadas a lo largo del presente fallo, esta alzada debe declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la (…) apoderada judicial de la ciudadana MORELLA DEL CARMEN GODOY FLORES, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda el 25 de noviembre de 2016; REVOCAR dicho fallo y por vía de consecuencia declarar CON LUGAR, la demanda que por cumplimiento de contrato de opción de compra venta interpuso la prenombrada ciudadana contra la ciudadana KARLA ALEJANDRA DE LA CARIDAD CAMERO LÓPEZ, ambas ampliamente identificadas en autos, motivo por el cual se ORDENA a la demandada a vender a la parte actora el bien inmueble sobre el cual recayó el contrato de opción de compra venta objeto del proceso, constituido por una casa destinada a vivienda distinguida con el N° 32, que forma parte de la segunda etapa del Conjunto Residencial San Francisco, Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, así mismo, se ordena a la prenombrada hacer entrega a la actora de las solvencias y recaudos vigentes necesarios para la protocolización de la venta, en el entendido de que a falta de cumplimiento voluntario de lo antes ordenado, la parte actora queda autorizada para gestionar los mismos conforme lo previsto en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, dejándose expresa constancia que una vez realizada la entrega de los recaudos por parte de la demandada en el lapso de ejecución voluntaria u obtenidos los mismos por la actora [en caso que aquella no cumpla], deberá la demandante pagar el saldo restante, esto es, la cantidad de setecientos ochenta y cuatro mil bolívares [Bs. 784.000,00], y una vez acreditado dicho monto en el tribunal, de no otorgar la demandada el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro tal y como se dejará sentando en el dispositivo del presente fallo. Así se decide…”. (Resaltado del texto).

 

De lo anterior se observa que contrario a lo argüido por el formalizante, el juez de la recurrida sí aplicó el artículo 1.168 del Código Civil, al señalar que la excepción del contrato no cumplido o la ‘non adimpletis contractus’, prevista en el delatado artículo, resulta inaplicable al presente caso por las razones allí expuestas, así pues éste hizo uso de tal norma y de ella derivó sus conclusiones; señalando que el aludido contrato “…no alcanzó su fin por cuanto la accionada no cumplió con su obligación de vender, a pesar de que es evidente que la actora realizó tempestivamente todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente. Aunado de lo anterior, a juicio de quien suscribe, no le es imputable a la aquí accionante el retardo en la protocolización de dicha venta, pues, tal y como antes se indico, le era aplicable al caso de marras la Resolución -sobrevenida durante la vigencia del contrato- Nro. 11, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en fecha 5 de febrero de 2013 [G.O. 40.115 de fecha 21 de febrero del 2013] (…) y siendo que se pudo verificar además que el retardo en la protocolización de la venta en comento se debió a las distintas suspensiones realizadas por el Banco Mercantil ante la espera de autorización de los recursos por parte de BANAVIH, ello con ocasión al crédito hipotecario solicitado y aprobado tempestivamente por la mencionada entidad financiera…”. En ese sentido, por lo que si el recurrente no está conforme con la apreciación hecha por el juez debió delatar un error de juzgamiento conforme el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y no una denuncia como la aquí planteada.

En consecuencia, por lo antes expuesto y verificada la aplicación del artículo delatado, la presente denuncia por infracción del artículo 1.168 del Código Civil debe ser declarada improcedente. Así se establece.

 

En cuanto a la vulneración de lo previsto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, esta Sala observa que nada delata el recurrente para fundamentar su denuncia; pues de la lectura de la presente delación sólo se aprecian argumentos dirigidos a delatar la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.168 del Código Civil –conocida anteriormente-; en virtud de lo cual se debe desechar por infundada. Así se establece.

 

Por todo lo antes expuesto, la presente denuncia debe declararse improcedente. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, de fecha 12 de julio de 2018.

 

SE CONDENA en costas del recurso a la parte demandada recurrente.

 

Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veinte. Años: 209º de la Independencia y 161° de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada-Ponente,

 

 

 

________________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

___________________________________

LIESKA DANIELA FORNES DÍAZ

 

Exp. AA20-C-2018-000540

Nota: Publicado en su fecha a las

 

 

 

 

 

Secretaria Temporal,

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