Sentencia N.º RC.000093
- Sentencia
- N.º RC.000093
- Fecha
- 15/03/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-621
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000621
Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores
En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por los ciudadanos JOGLEIDYS DEL VALLE VALERIO y HÉCTOR ANÍBAL MILLÁN CLAVIER, representados judicialmente por la abogada Luisa Beltrana Gómez de Figueras, contra los ciudadanos JESÚS MARÍA GUZMÁN LÓPEZ e YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRÍGUEZ, patrocinados judicialmente por los abogados Plinio Agustín Angulo Inciarte, Giancarlo Giusti C., Mario Eduardo Trivella y María Antonieta Rodríguez; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 13 de junio de 2016, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró:
CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA-VENTA, SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado en ejercicio GIANCARLO GIUSTI C., procediendo en este acto como co-apoderado Judicial de la parte demandada, dirigida contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de fecha 07 (sic) de diciembre de 2.015, en el juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA-VENTA llevado por los ciudadanos JOGLEIDYS DEL VALLE VALERIO y HECTOR ANIBAL MILLAN CLAVIER en contra de los ciudadanos JESUS MARIA GUZMAN LOPEZ e YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ. En los términos expresados se RATIFICA, en todas sus partes la sentencia apelada en cuanto a:
PRIMERO: Los ciudadanos JESUS MARIA GUZMAN LOPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ, deben cumplir con la venta pactada y llevar a cabo la protocolización del documento definitivo de venta por ante la Oficina Subalterna del Registro Público correspondiente.
SEGUNDO: Conforme a lo convenido por las partes, los ciudadanos JOGLEIDYS DEL VALLE VALERIO y HECTOR ANIBAL MILLAN CLAVIER, deberán pagar a los ciudadanos: JESUS MARIA GUZMAN LOPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.350.000,oo) (sic) al momento del otorgamiento de la escritura ante el Registro Inmobiliario correspondiente, por concepto de pago del precio convenido.
TERCERO: En caso de incumplimiento de la presente sentencia, la misma servirá de título de propiedad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada en un equivalente del 20% del monto estimado de la demanda, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia del presente fallo, se condena en costa a la parte accionada de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por haberse confirmado la sentencia apelada en todas sus partes
Contra la preindicada sentencia la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado, no hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, alegando el vicio de inmotivación, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del motivo de casación previsto en el ordinal primero (1°) del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el fallo recurrido incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual sustento como sigue.
De acuerdo con la disposición cuya infracción se denuncia, toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho en que se sustenta.
La recurrida, estableció que el precio pactado en la opción de compra venta era de quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00); que la inicial era de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00); y, que los demandados aceptaban la Ley de Política Habitacional. En efecto, la recurrida dice:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE (Folios 51 al 55 de la primera pieza del presente expediente): Ratificó e insistió en el valor probatorio a favor de sus mandantes de ejemplar de la Prensa de Monagas, que acompañaron con la demanda marcado con la letra A en su página 24 clasiguia; Valoración: Respecto a dicha prueba es de precisar, que se trata de un ejemplar público, consignado por la parte demandante, del cual se infiere del referido anuncio lo que a continuación se expresa: Vendo casa en Juana la Avanzadora J-41 #21, 2 habitaciones, 2 baños, toda de cerámica, lista para habitar, acepto lph con inicial de 150.000 Bs. Resto 350.000 Bs. Interesados llamar 04166855958 no respondo mensajes, No inmobiliaria. P.198877; Ahora bien tomando en cuenta que la aludida no fue objetada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone, en razón de ello se le otorga valor de prueba, quedando así demostrado que fue a través de la mencionada vía, que los hoy demandantes tuvieron conocimiento de la venta del inmueble objeto de la presente litis, así como también queda evidenciado el hecho de que aceptaban la Ley de Política Habitacional y que el precio de la venta era por la cantidad
de: Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00), con inicial de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00). Y así se declara.
Como puede apreciarse, bajo la sola consideración de que los demandados no objetaron ni desvirtuaron el anuncio clasificado publicado en el diario La Prensa de Monagas, consignado por la parte demandada, la recurrida estableció los hechos siguientes: i) que el precio pactado es de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00); ii) que la inicial pactada es de ciento cincuenta mil bolívares (Bs.150.000,00); y, iii) que los demandados aceptaban la Ley de Política Habitacional. Cosa que mal podía hacer, porque como se trata de un periódico que emana del editor El diario de Monagas, no es un acto que emane directamente de los demandados sino del editor del referido diario. Y el texto que está publicado en ese aviso de prensa era carga de los demandantes demostrar que su autoría corresponde a los demandados. Y la única manera de hacerlo era mediante la prueba de informes o a través de la prueba de exhibición. Prueba esta ultima a través de la cual pudo haberse solicitado al tercero, editor del diario La Prensa de Monagas, que exhiba la hoja de solicitud del aviso de prensa para poder establecer la autoría de dicho aviso.
Entonces, sin que existiera ninguna otra consideración acerca del texto publicado, y su relación con mis representados, ni haber demostrado que ellos hayan sido quienes ordenaron o contrataron la publicación de ese aviso publicado en la prensa, es evidente que el fallo resulta inmotivado al establecer esos hechos, es decir, al establecer: i) que el precio pactado es de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00); ii) que la inicial pactada es de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,00); y, iii) que los demandados aceptaban la Ley de Política Habitacional. Es inmotivado porque el fallo no consignó ningún razonamiento acerca de la autoría del texto que fue publicado, es decir, de la persona que ordenó o contrató la publicación de ese cartel. Por lo que mal podría arribar a esa conclusión sin considerar ese aspecto primordial; y como no lo hizo profirió, evidentemente, un fallo inmotivado (Resaltado de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
Plantea el recurrente que la recurrida está viciada de inmotivación por cuanto no consignó ningún razonamiento acerca de la autoría del texto que fue publicado, es decir, de la persona que ordenó o contrató la publicación de ese cartel.
Al respecto, el requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, representa un acto de solemnidad argumentativa constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar cada uno de los puntos de la controversia, que son respaldados por hechos relevantes planteados en el thema decidendum, y deben ser subsumidos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso objeto de decisión. (Sentencia N° 869, de fecha 9 de diciembre de 2014, caso: Inversiones Salazar y Marín, C.A. contra Inversiones Vincenzo, C.A.).
En este sentido, la omisión del requisito de motivación o falta de argumentos en el fallo, priva a las partes el derecho de conocer las resultas del problema planteado en el juicio, así como las razones de hechos y de derecho que condujeron al juez a tomar la decisión, lo que imposibilita el ejercicio pleno del control de la legalidad.
Sobre el particular, la doctrina ha establecido de manera reiterada que una sentencia es inmotivada: a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, y; d) Cuando hay una contradicción en los motivos . (Vid. Sentencia N° 183, de fecha 25 de mayo de 2010, caso: Desarrollos Punta Alta Despunta, C.A., contra Chevrontexaco Corporation).
En efecto, esta Sala indica que el vicio de inmotivación del fallo se configura cuando los argumentos son ambiguos o indeterminados; exista ausencia absoluta de motivos de hecho y de derecho por el juez para fundamentar su decisión; o los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicción o entre éstos y la dispositiva.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE (Folios 51 al 55 de la primera pieza del presente expediente):
Ratificó e insistió en el valor probatorio a favor de sus mandantes de ejemplar de la Prensa de Monagas, que acompañaron con la demanda marcado con la letra A en su página 24 clasiguía; Valoración: Respecto a dicha prueba es de precisar, que se trata de un ejemplar público, consignado por la parte demandante, del cual se infiere del referido anuncio lo que a continuación se expresa: Vendo casa en Juana La Avanzadora J-41 # 21, 2 habitaciones, 2 baños toda de cerámica, lista para habitar, acepto lph con inicial de 150.000 Bs. resto 350.000 Bs. interesados llamar 04166855958 no respondo mensajes, No inmobiliaria. P.198877; Ahora bien tomando en cuenta que la aludida no fue objetada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone, en razón a ello se le otorga valor de prueba, quedando así demostrado que fue a través de la mencionada vía, que los hoy demandantes tuvieron conocimiento de la venta del inmueble objeto de la presente litis, así como también queda evidenciado el hecho de que aceptaban la Ley de Política Habitacional y que el precio de la venta era por la cantidad de: Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00), con inicial de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs.150.000,00). Y así se declara.
Dado lo antes expuesto, para esta Sala es claro que la sentencia recurrida contiene los motivos de hecho y de derecho de su decisión, ofreciendo un razonamiento suficiente en cuanto al análisis del cartel de prensa publicado, por lo que es posible que el mencionado análisis sea susceptible del ejercicio de control de legalidad, por lo que si el recurrente no estaba de acuerdo con dicho pronunciamiento por considerar que dicha prueba no debió haber sido valorada, otra debió ser su denuncia dirigida a la infracción de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o la valoración de las pruebas. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 341 eiusdem, 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de la Vivienda, 67 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y 6 del Código Civil, alegando el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del motivo de casación previsto en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por falta de aplicación, del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de la Vivienda, y 67 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con el artículo 6 del Código Civil, también inaplicado por el Juez de la recurrida, por cuanto fue admitida y declarada procedente una demanda manifiestamente contraria a la Ley, que expresamente prohíbe la venta de inmuebles adquiridos bajo régimen de política habitacional sin la autorización del acreedor hipotecario institucional (BANAVIH), lo que es una prohibición de ley que subsiste mientras exista el gravamen hipotecario.
Pese a que el documento producido por los demandantes, y que acredita la propiedad del inmueble a favor de los demandados, establece clara y ciertamente que el inmueble fue adquirido por mis representados bajo régimen de política habitacional con financiamiento otorgado por el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT, en lo sucesivo BANAVIH, y que en su Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Primero, dice que ...el inmueble objeto de la Hipoteca Legal Habitacional queda afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores restantes de EL DEUDOR HIPOTECARIO y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de EL ACREEDOR INSTITUCIONAL dada por escrito, mientras el préstamo a interés otorgado no haya sido cancelado...; la recurrida incurrió en flagrante infracción de los artículos 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de la Vivienda, y 67 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, al declarar con lugar la demanda y ordenar se materializara un acto traslativo de la propiedad que se encuentra expresamente prohibido por las mencionadas normas, como lo es la venta de un inmueble adquirido bajo régimen de política habitacional, sin la autorización expresa y dada por escrito del acreedor hipotecario institucional, en nuestro caso el BANAVIH. Cosa que hizo, el Juez de Alzada, a pesar que del texto del documento por el cual los demandados adquirieron el inmueble establece explícitamente esa prohibición en el Parágrafo Único de la Cláusula Décimo Segunda, que reza así:
PARAGRAFO ÚNICO: De conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el inmueble objeto de la Hipoteca Legal Habitacional queda afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores restantes de EL DEUDOR HIPOTECARIO y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de EL ACREEDOR INSTITUCIONAL dada por escrito, mientras el préstamo a interés otorgado no haya sido cancelado...
El artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley del Régimen Prestacional de vivienda y hábitat, prevé:
Artículo 67. El inmueble hipotecado no podrá ser enajenado sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de conformidad con el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley no haya sido pagado.
Mientras que, el artículo 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor al Deudor Hipotecario de Vivienda, de similar contenido a la norma anterior, dice:
Articulo 26. El inmueble objeto de la hipoteca quedará afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores restantes del deudor el crédito hipotecario, y este inmueble no podrá ser enajenado sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de conformidad con la presente Ley no haya sido cancelado.
Las disposiciones legales infringidas por la recurrida, se encuentran enmarcadas en leyes que tienden a la satisfacción de intereses sociales y colectivos, de modo que es natural que se trate de disposiciones de eminente orden público, como expresamente lo prevé el artículo 7 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. En efecto, el carácter de orden público del artículo 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, se encuentra previsto en el artículo 7 eiusdem, cuyo texto dice:
Artículo 7. Las disposiciones de esta ley son de orden público y, en consecuencia, serán nulos cualquier acuerdo, transacción, convenio, pacto o acto de autocomposición procesal, con los cuales se pretenda alterar, disminuir o evadir los efectos o beneficios en ella contenidos.
Por ser una norma de eminente orden público, no es materia de la libre disposición de las partes, de modo que éstas no pueden renunciar ni relajar dicha disposición legal, ni con el consentimiento expreso de ambas partes. De hecho, la norma transcrita anteriormente prevé explícitamente que son nulos cualquier pacto, convenio o acuerdo que en alguna forma tienda a disminuir o evadir los efectos previstos en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. Y en ese mismo sentido, el artículo 6 del Código Civil, prevé:
Artículo 6.-No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres.
Ahora bien, la recurrida ordenó en la dispositiva del fallo, lo siguiente:
PRIMERO: Los ciudadanos JESÚS MARIA GUZMÁN LÓPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ, deben cumplir con la venta pactada y llevar a cabo la protocolización del documento definitivo de venta por ante la Oficina Subalterna del Registro Público correspondiente.
Como puede observarse, el dispositivo de la sentencia, transcrito anteriormente, constituye una violación flagrante de la expresa prohibición prevista en los artículos 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, y 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, lo que revela su manifiesta contrariedad a derecho, y el deber ineludible en que estaba la Alzada de declarar inadmisible la demanda por ser contraria a una disposición expresa de la ley, al tenor de lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto dice:
Articulo 341° presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.
De acuerdo al artículo 341 eiusdem, el acceso a la jurisdicción está supeditado, en primer lugar, a que la pretensión contenida en la demanda no sea contraria al orden público o contraria a alguna disposición expresa de la ley, pues de serlo el Juez debe negar su admisión expresando los motivos de la negativa.
Como quedó consignado anteriormente, en el caso bajo análisis existen sobradas y probadas razones, de hecho y de derecho, por las cuales la recurrida debió negar la admisión de la demanda, por ser contraria a disposiciones expresas de la Ley, en tanto que se pretende con ella que se realice la venta de un inmueble contraviniendo la prohibición expresa que en ese sentido prevén los artículos 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor al Deudor Hipotecario de Vivienda, 23 y 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, sin que exista la autorización expresa dada por el acreedor hipotecario, el BANAVIH.
Desde luego que ese error de juzgamiento, del Juez de la recurrida, tuvo influencia determinante en el dispositivo del fallo, ya que el Juez de Alzada habría tenido que declarar inadmisible la demanda. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la falta aplicación de los artículos 341 del Código de Procedimiento Civil, 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de la Vivienda, 67 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y 6 del Código Civil, por cuanto fue admitida y declarada procedente una demanda manifiestamente contraria a la ley, que expresamente prohíbe la venta de inmuebles adquiridos bajo régimen de política habitacional sin la autorización del acreedor hipotecario institucional (BANAVIH), lo que es una prohibición de ley que subsiste mientras exista el gravamen hipotecario, y que de haber aplicado el Juez de la recurrida las referidas normas, hubiere declarado inadmisible la demanda.
En este sentido, esta Sala en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falta de aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto. Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros ratificada en sentencia N° 290 de fecha 5 de junio de 2013, caso: Blanca Bibiana Gamez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras.)
Asimismo, tenemos que los artículos denunciados son del tenor siguiente:
Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil:
Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.
Artículo 26 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de la Vivienda:
El inmueble objeto de la hipoteca quedará afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores restantes del deudor del crédito hipotecario, y este inmueble no podrá ser enajenado sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de conformidad con la presente Ley no haya sido cancelado.
Artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat:
El inmueble hipotecado no podrá ser enajenado sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de conformidad con el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley no haya sido pagado.
Artículo 6 del Código Civil:
No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
NARRATIVA
omissis
Los demandantes, en su escrito de demanda entre otras particularidades expusieron (Extracto Textual), (Folios 01 al 06 de la primera pieza del presente expediente):
Omissis
El referido contrato versa sobre la opción de compra venta de un inmueble del tipo parcela de terreno distinguido por parcela de terreno y casa ubicado en manzana: J-41, parcela 21, urbanización: Conjunto Residencial Juana La Avanzadora, parroquia Santa Cruz, Municipio: Maturín, entidad federal: Monagas; tiene un área de construcción de sesenta y cinco 65 metros Cuadrados, la cual consta de Dos habitaciones, dos baños, sala-comedor-cocina el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera, Norte: parcela Nº 20, en veinte metros; Sur: parcela Nº 22, en Veinte metros; Este: parcela Nº6 en Diez metros; Oeste: calle Nº22 norte, en diez metros. 2. Que la venta total del inmueble es por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (500.000,00 Bs.), que la cancelación sería: una inicial de 150.000 Bs y los 350.000 Bs restantes los cancelaríamos con la ley de política habitacional. 3. Que en fecha 02-03-2013, le depositaríamos la cantidad de ciento veintiocho mil bolívares(128.000,00 Bs) y el día 04-03-2013 le depositaríamos veintidós mil bolívares(22.000,00 Bs) con lo cual completaríamos el pago inicial acordado, mas seis mil bolívares (6.000,00 Bs) por los tres meses que duraría la adquisición del crédito de ley de política habitacional, acordamos que el mismo día 02-03-2013 nos entregarían las llaves del inmueble, los vendedores opcionantes se comprometieron al saneamiento de ley, ya que sobre el inmueble recaía en aquel momento una hipoteca de primer grado la cual sería cancelada con el pago inicial, quedando estos en este acto comprometidos a cancelar la misma de manera inmediata, para entregarnos el documento de compra del inmueble con su respetiva, certificación de gravamen, para poder protocolizar la opción de compra venta, siendo este un requisito indispensable para optar al crédito de ley de política habitacional, ya que acordamos que los trescientos cincuenta mil bolívares restantes (350.000 Bs) los cancelaríamos con la ley de política habitacional. 4. Que el documento definitivo de venta se haría una vez aprobado el crédito de ley de política habitacional, cancelaríamos el restante de trescientos cincuenta mil bolívares (350.000,00 Bs) y se protocolizaría la venta definitiva.
omissis
Visto así el acervo probatorio, es de señalar que la parte demandante logró demostrar los hechos alegados en su escrito libelar, por cuanto quedo probado que existe una relación contractual, la cual emana del Contrato de Opción de Compra Venta verbal el cual fue reconocido por la parte accionada, quedando igualmente demostrado que la parte accionante cumplió cabalmente con sus obligaciones, es decir, con lo pactado en el contrato bajo estudio al realizar los pagos que consta en actas y que se encuentran reconocido por la parte demandada, así como quedó evidenciado el incumplimiento de la parte demandada al no querer finiquitar la venta, tomando en cuenta que aún, cuando el apoderado judicial de la parte demandada, señaló argumentos para fundamentar su defensa, los mismos en vez de favorecerlo a él, le favorecieron a la parte demandante, por cuanto indicó en primer lugar que el objeto del contrato verbal que nos ocupa es absolutamente inexistente dada la imposibilidad de trasmitir, enajenar o gravar el inmueble no solo por prohibición expresa del documento público de propiedad que cursa en actas y del cual junto con sus cláusulas los demandantes tenían conocimiento en el momento en que se celebró el referido contrato verbal, sino por imperio de una norma de interés público y social, indicando igualmente que el documento de adquisición con gravamen hipotecario en el parágrafo único señala que de conformidad con el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el inmueble objeto de hipoteca legal habitacional queda afectado a un patrimonio separado excluido de la prenda común de los acreedores restante del DEUDOR HIPOTECARIO y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de El ACREEDOR INSTITUCIONAL dada por escrito mientras el préstamo e interés otorgado no haya sido cancelado, tal alegato no tiene asidero jurídico alguno por cuanto del referido artículo se infiere taxativamente que tal impedimento de enajenación es solo cuando dicha hipoteca no sea cancelada lo cual era obligación de la parte hacer la liberación de la misma, no habiendo aportando la parte demandada prueba alguna de haber tramitado dicho pago limitándose a señalar en el ítem procesal no haber podido liberar la hipoteca por cuanto los trámites en los entes encargados para la entrega del finiquito se hacían tedioso y hasta burocrático no habiendo logrado que se le hiciera la entrega del mismo, no siendo tal señalamiento demostrado mediante elemento de convicción alguno, debido a que la parte accionada no promovió pruebas que le favorecieran en la presente litis. Y Así se decide. (Resaltado de la Sala)
Aun cuando en la exposición de su denuncia el formalizante entremezcló normas procesales con sustantivas, de las partes pertinentes de la recurrida se evidencia, que la misma al resolver el fondo, constató que fue la parte demandada la que no demostró ni desvirtuó su obligación adquirida de cancelar el gravamen hipotecario que pesa sobre el inmueble ofrecido en venta para luego proceder a su enajenación, tal y como acordó con la parte actora en el presente proceso, por lo que los supuestos de hecho de las referidas normas delatadas en esta oportunidad no encuadran dentro la situación fáctica habida en el caso de marras donde el inmueble aun no ha sido enajenado, aunado a que ninguna contiene alguna prohibición expresa de admitir la acción propuesta, motivo por el cual la recurrida no podría infringir por falta de aplicación las normas denunciadas. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 531 eiusdem, alegando el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del motivo de casación previsto en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por falta de aplicación, del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, pues en la parte dispositiva del fallo recurrido se ordenó a los demandados venderle el inmueble a los demandantes sin que exista prueba auténtica de que estos hayan cumplido la obligación que les incumbía de pagar el precio.
En efecto, la dispositiva del fallo recurrido ordenó:
SEGUNDO: Conforme a lo convenido por las partes, los ciudadanos JOGLEIDYS DEL VALLE VALERIO y HECTOR ANIBAL MILLAN CLAVIER, deberán pagar a los ciudadanos: JESÚS MARÍA GUZMÁN LÓPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRICUEZ, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000,00) al momento del otorgamiento de la escritura ante el Registro Inmobiliario correspondiente, por concepto de pago del precio convenido.
TERCERO: En caso de incumplimiento de la presente sentencia, la misma servirá de título de propiedad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.
De lo cual se deduce que, al haberle ordenado a los demandantes pagarle a mis representados el supuesto precio pactado en el momento de otorgarse el documento de compra venta ante la Oficina de Registro Subalterno correspondiente, es porque el Juez está reconociendo implícitamente que los demandantes no han pagado el precio.
Ello también nos conduce a concluir, que en los autos no existe prueba alguna de que el supuesto precio se haya pagado al momento de dictarse la sentencia recurrida. Pues de existir alguna prueba, de ese pago, no tendría sentido que la recurrida ordenase que el pago se realizase en el momento de protocolizarse la venta ante la Oficina de Registro Subalterno.
El efecto traslativo de la propiedad que produce la sentencia, solo puede declararlo el Juez cuando en los autos existe prueba auténtica de que el demandante haya cumplido su prestación, en nuestro caso que en los autos exista prueba autentica que el demandante haya pagado la totalidad del precio. Requisito ese sin el cual la sentencia no puede ordenar que se realice la venta y menos constituirse en título de propiedad, pues no existe en autos prueba autentica del pago que el demandante está obligado a realizar previamente, conforme a lo previsto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el particular, el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, dice:
Artículo 531° Si la parte que resulte obligada según la sentencia a concluir un contrato no cumple su obligación, y siempre que sea posible y no esté excluido por el contrato, la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido.
Si se trata de contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, o la constitución o la transferencia de otro derecho, la sentencia solo producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia autentica en los autos
Sin embargo, a pesar que el juez de la recurrida no consignó en su fallo la prueba autentica de que los demandantes hayan cumplido su prestación, esto es, pagar el precio de la cosa antes de dictarse la sentencia, la recurrida resolvió suplirles esa prueba y condenar a los demandados a realizar la venta e imponerle a los demandantes pagar el precio en el momento de registrarse la venta ante la Oficina Subalterna de Registro Público, con lo cual dejó de aplicar la norma citada anteriormente (Art. 531 del C.P.C.), contrariando abiertamente, también, la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció, que cuando la demanda sea propuesta por el promitente comprador y el contrato preliminar contemple la obligación de pagar el precio en el momento de la celebración del contrato definitivo, el pago del precio debe realizarse antes de que se produzca la sentencia y conste en el expediente el cumplimiento de la prestación contractual por parte del comprador-oferido, porque, y como también lo dispuso la Sala Constitucional, si el comprador no ha pagado el precio, mal puede pretender que el contrato preliminar sea equiparable a una venta.
omissis
La aplicación del precepto legal citado anteriormente le habría permitido al Juez, determinar, que no podía ordenar el traslado do la propiedad a favor de los demandantes, sin que en los autos exista, previamente, la prueba autentica de que los querellantes hayan cumplido su obligación de pagar el precio. Lo cual lo habría conducido, irremediablemente, a declarar improcedente la demanda. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la falta aplicación del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia no puede ordenar que se realice la venta y menos constituirse en título de propiedad, pues no existe en autos prueba autentica del pago que el demandante está obligado a realizar previamente, conforme a lo previsto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de falta de aplicación, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de fondo.
Asimismo, tenemos que el artículo denunciado es del tenor siguiente:
Artículo 531 del Código de Procedimiento Civil:
Si la parte que resulte obligada según la sentencia a concluir un contrato no cumple su obligación, y siempre que sea posible y no esté excluido por el contrato, la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido. Si se trata de contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, o la constitución o la transferencia de otro derecho, la sentencia sólo producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
( )En los términos expresados se RATIFICA, en todas sus partes la sentencia apelada en cuanto a:
PRIMERO: Los ciudadanos JESUS MARIA GUZMAN LOPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ, deben cumplir con la venta pactada y llevar a cabo la protocolización del documento definitivo de venta por ante la Oficina Subalterna del Registro Público correspondiente.
SEGUNDO: Conforme a lo convenido por las partes, los ciudadanos JOGLEIDYS DEL VALLE VALERIO y HECTOR ANIBAL MILLAN CLAVIER, deberán pagar a los ciudadanos: JESUS MARIA GUZMAN LOPEZ y YRAIDA JOSEFINA CANALES RODRIGUEZ, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000, oo) al momento del otorgamiento de la escritura ante el Registro Inmobiliario correspondiente, por concepto de pago del precio convenido.
TERCERO: En caso de incumplimiento de la presente sentencia, la misma servirá de título de propiedad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado de la Sala)
De la parte pertinente de la recurrida, se evidencia que la misma si aplicó la norma contenida en el artículo 531 adjetivo cuando ratificó la sentencia del a quo, lo que destruye el presupuesto del vicio planteado y deja sin fundamento la denuncia, por lo que si el recurrente no estaba de acuerdo con dicho pronunciamiento por considerar que el juez le dio otro sentido a la norma en comentario, otra debió ser su denuncia dirigida a su errónea interpretación, ofreciendo un análisis de cómo, cuándo y en qué sentido se produjo el referido vicio. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por falta aplicación del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-III-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 eiusdem, el recurrente denuncia la infracción del artículo 509 ibidem, alegando el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del motivo de casación previsto en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de procedimiento Civil, y en el artículo 320 eiusdem, denuncio la infracción, por falta de aplicación, del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que la recurrida incurrió en el vicio de silencio parcial de prueba.
EL fallo de la recurrida estableció la existencia de la hipoteca contenida en el documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas, bajo el N° 12, Protocolo Primero, Tomo 26, de fecha 16 de Septiembre de 2009, Primer Trimestre del año 2009, en el cual dice que consta que la codemandada, Yraida Josefina Canales Rodríguez, es propietaria del inmueble que es objeto de la acción debatida en el juicio.
En efecto, al exponer las pruebas promovidas en el juicio, en particular las promovidas por la parte demandante, la recurrida expuso acerca del identificado documento de propiedad, lo siguiente:
Ratificó e insistió en el valor probatorio a favor de sus mandantes de la copia certificada del documento de propiedad del inmueble objeto de la presente acción, donde consta que la co-demandada Yaraida Josefina Canales Rodriguez, es la propietaria, el cual se encuentra debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del estado Monagas, inserta bajo el Número 12, Protocolo Primero, Tomo 26, de fecha 16 de Septiembre de 2009, Primer Trimestre del año 2009; Valoración: En relación a dicho documento el mismo se tiene como fidedigno en cuanto a su contenido y firma por no haber sido tachado ni desvirtuado por la parte contraria, por el contrario fue reconocido por los accionados, razón por la cual se le otorga valor de prueba. Y así se declara.
Y en la misma decisión, al referirse a los argumentos expuestos por la parte demandada en su escrito de informes, acerca del hecho de que la propiedad sobre el inmueble objeto del contrato de opción de compra venta no puede ser transmitido porque sobre él existe una prohibición expresa en el documento de propiedad, identificado anteriormente, así como también existe una hipoteca sobre el inmueble y una prohibición de venderlo prevista en artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat; el fallo recurrido expuso sobre ese punto, lo siguiente:
Visto así el acervo probatorio, es de señalar que la parte demandante logró demostrar los hechos alegados en su escrito libelar, por cuanto quedó probado que existe una relación contractual, la cual emana del Contrato de Opción de Compra Venta (sic) verbal el cual fue reconocido por la parte accionada, quedando igualmente demostrado que la parte accionante cumplió cabalmente con sus obligaciones, es decir, con lo pactado en el contrato bajo estudio al realizar los pagos que consta en actas y que se encuentran reconocido por la parte demandada, así como quedó evidenciado el incumplimiento de la parte demandada al no querer finiquitar la venta, tomando en cuenta que aún, cuando el apoderado judicial de la parte demandada, señaló argumentos para fundamentar su defensa, los mismos en vez de favorecerlo a el (Sic), le favorecieron a la parte demandante, por cuanto indicó en primer lugar que el objeto del contrato verbal que nos ocupa es absolutamente inexistente dada la imposibilidad de trasmitir, enajenar o gravar el inmueble no solo por prohibición expresa del documento público de propiedad que cursa en actas y del cual junto con sus cláusulas los demandantes tenían conocimiento en el momento en que se celebró el referido contrato verbal, sino por imperio de una norma de interés público y social, indicando igualmente que el documentó (sic) de adquisición con gravamen hipotecario en el parágrafo único señala que de conformidad con el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat, el Inmueble objeto de hipoteca legal habitacional queda afectado a un patrimonio separado excluido de la prenda común de los acreedores restante del deudor hipotecario y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de el acreedor Institucional dada por escrito mientras el préstamo a interés otorgado no haya sido cancelado, tal alegato no tiene asidero jurídico alguno por cuanto del referido artículo (Sic) se infiere taxativamente que tal impedimento de enajenación es solo cuando dicha hipoteca no sea cancelada lo cual era obligación de la parte hacer la liberación de la misma, habiendo aportando (sic) la parte demandada prueba alguna de haber tramitado dicho pago limitándose a señalar en el ítem procesal no haber podido liberar la hipoteca por cuanto los tramites en los entes encargados para la entrega del finiquito se hacían tedioso y hasta burocrático no habiendo logrado que se le hiciera la entrega del mismo, no siendo tal señalamiento demostrado mediante elemento de convicción alguno, debido a que la parte accionada no promovió pruebas que le favorecieran en la presente litis. Y Así se decide.
Las transcripciones parciales, del fallo recurrido, revelan que el Juez Superior estableció la existencia de la hipoteca que pesa sobre el inmueble que fue objeto de la opción de compra venta.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el Juez está en la obligación de examinar exhaustivamente el contenido del documento identificado anteriormente, más sin embargo, la recurrida silenció parcialmente esa prueba documental, pues no hizo referencia alguna a la cláusula de ese documento que contiene la prohibición expresa de vender el inmueble sin la previa autorización del BANAVIH, dada por escrito.
omissis
La infracción delatada anteriormente, es determinante del dispositivo del fallo porque de haber establecido el juez que había una prohibición expresa de vender el inmueble sin la autorización expresa dada por el acreedor hipotecario (BANAVIH), habría tenido que declarar inadmisible la demanda, o en el peor de los casos sin lugar la misma. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en silencio parcial de pruebas, por cuanto sobre el documento de propiedad del inmueble ofrecido en venta, no hizo referencia alguna a la cláusula de ese documento que contiene la prohibición expresa de vender el inmueble sin la previa autorización del BANAVIH, dada por escrito.
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de falta de aplicación, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de fondo.
Asimismo, tenemos que el artículo denunciado es del tenor siguiente:
Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil:
Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Ahora bien, a los efectos de verificar lo denunciado por el recurrente, la Sala, en uso de su facultad, dada la naturaleza de la denuncia, desciende a las actas y observa:
Corre inserto a los folios 8 al 24, de la primera pieza del expediente, copia certificada del documento de propiedad del inmueble ofrecido en venta, donde consta que la co-demandada Yaraida Josefina Canales Rodríguez, es la propietaria, el cual se encuentra debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del estado Monagas, inserta bajo el Número 12, Protocolo Primero, Tomo 26, de fecha 16 de septiembre de 2009, Primer Trimestre del año 2009; de cuyo contenido de su clausula decima segunda, parágrafo único reza: De conformidad con el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat, el Inmueble objeto de hipoteca legal habitacional queda afectado a un patrimonio separado, excluido de la prenda común de los acreedores restantes de el deudor hipotecario y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de el acreedor institucional dada por escrito, mientras el préstamo a interés otorgado no haya sido cancelado
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
Visto así el acervo probatorio, es de señalar que la parte demandante logró demostrar los hechos alegados en su escrito libelar, por cuanto quedo probado que existe una relación contractual, la cual emana del Contrato de Opción de Compra Venta verbal el cual fue reconocido por la parte accionada, quedando igualmente demostrado que la parte accionante cumplió cabalmente con sus obligaciones, es decir, con lo pactado en el contrato bajo estudio al realizar los pagos que consta en actas y que se encuentran reconocido por la parte demandada, así como quedo evidenciado el incumplimiento de la parte demandada al no querer finiquitar la venta, tomando en cuenta que aún, cuando el apoderado judicial de la parte demandada, señaló argumentos para fundamentar su defensa, los mismos en vez de favorecerlo a él, le favorecieron a la parte demandante, por cuanto indicó en primer lugar que el objeto del contrato verbal que nos ocupa es absolutamente inexistente dada la imposibilidad de trasmitir, enajenar o gravar el inmueble no solo por prohibición expresa del documento público de propiedad que cursa en actas y del cual junto con sus cláusulas los demandantes tenían conocimiento en el momento en que se celebró el referido contrato verbal, sino por imperio de una norma de interés público y social, indicando igualmente que el documento de adquisición con gravamen hipotecario en el parágrafo único señala que de conformidad con el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat, el inmueble objeto de hipoteca legal habitacional queda afectado a un patrimonio separado excluido de la prenda común de los acreedores restante del DEUDOR HIPOTECARIO y el mismo no podrá ser enajenado sin la autorización previa de El ACREEDOR INSTITUCIONAL dada por escrito mientras el préstamo e interés otorgado no haya sido cancelado, tal alegato no tiene asidero jurídico alguno por cuanto del referido artículo se infiere taxativamente que tal impedimento de enajenación es solo cuando dicha hipoteca no sea cancelada lo cual era obligación de la parte hacer la liberación de la misma, no habiendo aportando la parte demandada prueba alguna de haber tramitado dicho pago limitándose a señalar en el ítem procesal no haber podido liberar la hipoteca por cuanto los tramites en los entes encargados para la entrega del finiquito se hacían tedioso y hasta burocrático no habiendo logrado que se le hiciera la entrega del mismo, no siendo tal señalamiento demostrado mediante elemento de convicción alguno, debido a que la parte accionada no promovió pruebas que le favorecieran en la presente litis. Y Así se decide. (Resaltado de la Sala)
De la parte pertinente de la recurrida, se evidencia que si bien la misma valoró la prueba contenida en el documento debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del estado Monagas, inserto bajo el Número 12, Protocolo Primero, Tomo 26, de fecha 16 de septiembre de 2009, Primer Trimestre del año 2009; no hizo referencia específica sobre el contenido de su clausula decima segunda en su parágrafo único, que contenía la prohibición de enajenar el inmueble ofrecido en venta, sin la autorización previa de el acreedor institucional dada por escrito, mientras el préstamo a interés otorgado no haya sido cancelado. Sin embargo, observa esta Sala que tal infracción no es determinante en el dispositivo del fallo por cuanto tal y como se sostuvo en la resolución de la primera denuncia de fondo, en el caso de marras el inmueble aun no ha sido enajenado, ya que fue la parte demandada la que no demostró ni desvirtuó su obligación adquirida de cancelar el gravamen hipotecario que pesa sobre el inmueble ofrecido en venta para luego proceder a su enajenación, tal y como acordó con la parte actora en el presente proceso por lo que no se podría aplicar esa restricción contenida en la referida cláusula, para cambiarle el sentido a la recurrida y así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-IV-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 444 eiusdem y 1364 del Código Civil, alegando el vicio de falsa aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del motivo de casación previsto en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por falsa aplicación, de los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, y 1.354 (sic) del Código Civil, en concordancia con el artículo 1.368 del Código Civil, por cuanto el fallo recurrido le confirió al documento existente en los autos (Aviso de prensa que no está suscrito por persona alguna) el carácter de instrumento privado, atribuyéndole a dicho documento los efectos resultantes de la falta de desconocimiento que se encuentran previstos en los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, y 1.354 (sic) del Código Civil.
La decisión recurrida expresa:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE (Folios 51 al 55 de la primera pieza del presente expediente): Ratificó e insistió en el valor probatorio a favor de sus mandantes de ejemplar de la Prensa de Monagas, que acompañaron con la demanda marcado con la letra A en su página 24 clasiguia; Valoración: Respecto a dicha prueba es de precisar, que se trata de un ejemplar público, consignado por la parte demandante, del cual se infiere del referido anuncio lo que a continuación se expresa: Vendo casa en Juana la Avanzadora J-41 #21, 2 habitaciones, 2 baños, toda de cerámica, lista para habitar, acepto lph con inicial de 150.000 Bs. Resto 350.000 Bs. Interesados llamar 04166855958 no respondo mensajes, No inmobiliaria. P.198877; Ahora bien tomando en cuenta que la aludida no fue objetada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone, en razón de ello se le otorga valor de prueba, quedando así demostrado que fue a través de la mencionada vía, que los hoy demandantes tuvieron conocimiento de la venta del inmueble objeto de la presente litis, así como también queda evidenciado el hecho de que aceptaban la Ley de Política Habitacional y que el precio de la venta era por la cantidad de: Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00), con inicial de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00). Y así se declara.
Los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, y 1.354 (sic) del Código Civil, de muy similar redacción, prevén:
Artículo 444. La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuero posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido.
Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.
Artículo 1.354 (sic).- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido.
Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.
El supuesto de hecho de las normas transcritas anteriormente, es que se trate de un documento privado que emane de la parte a la cual se oponga el instrumento, o de un causante de este, para lo cual obviamente se requiere que el instrumento esté suscrito por alguna persona a la cual se le pueda atribuir la autoría del documento. Suscripción esa sin la cual, obviamente, no puede atribuírsele la autoría del documento a alguna persona en particular, y por ello el instrumento no sería oponible, en ese caso, a la parte demandada.
Pues bien, al aviso de prensa que cursa en estos autos, que carece de suscripción que pueda ser atribuida a alguna persona, el Juez le atribuyó los mismos efectos que las normas comentadas anteriormente reservan para los instrumentos privados. El aviso en cuestión no puede ser calificado como instrumento privado porque no contiene suscripción o firma alguna que pueda atribuírsele a una persona determinada para que ésta quede obligada a desconocerla.
El artículo 1.368 del Código Civil, exige que el documento privado deba estar suscrito por el obligado, de lo cual se deduce que si el instrumento no se encuentra suscrito por alguna persona no puede calificarse como documento privado, y por ende no es oponible en juicio a la parte contra la cual se desea hacer valer. Y siendo ello así, mis representados no están en la obligación de exponer, expresamente, si desconocen o reconocen el instrumento. La referida norma, dice:
Artículo 1.368.- El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, y, además debe expresarse en letras la cantidad en el cuerpo del documento, en aquéllos en que una sola de las partes se obligue hacia otra a entregarle una cantidad de dinero u otra cosa apreciable en dinero.
Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos.
Ahora bien, el aviso de prensa, comentado anteriormente, carece de suscripción o firma y por esa razón no puede calificarse de instrumento privado. Y siendo que no califica como documento privado porque no se encuentra suscrito por persona alguna, mal puede el Juez de la recurrida subsumir ese caso concreto (aviso de prensa sin firma o suscripción) en el supuesto de hecho regulado por los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil, y 1.354 (sic) del Código Civil, cuyas hipótesis solo sirven para regular el tratamiento que el Juez debe dar a los instrumentos privados, es decir, a aquellos documentos que si se encuentran firmados o suscritos por alguna persona.
Debido a ese error de subsunción de caso particular bajo las normas señaladas anteriormente, el Juez consideró que al no haberse objetado ni desvirtuado esa prueba, es decir, que al no haberse desconocido el instrumento por la parte demandada, el mismo tiene valor de prueba (sic) y ello lo condujo a establecer hechos, como el supuesto precio de la opción de compra venta, que con ninguna otra prueba existente en los autos pudo haberse demostrado.
En orden a satisfacer el requisito exigido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, me permito señalar que las normas de derecho que el Juez debió aplicar, y no aplicó, para la correcta solución del caso, son los que señalo y explico a continuación. En primer lugar, el artículo 1.368 del Código Civil, conforme al cual, el instrumento privado debe estar suscrito, requisito sin el cual no califica como documento privado y por ende no es oponible a ninguna persona. Y siendo así, mis representados, los demandados, no tenían obligación alguna de desconocer ese instrumento porque no tiene ninguna suscripción o firma para ser desconocida. En segundo lugar, el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, norma que, por argumento en contrario le habría permitido al Juez Superior concluir que, al no ser el aviso de prensa del tipo de las que ordena publicar la Ley, no puede atribuírsele ningún valor probatorio, debiendo por esa razón desecharlo.
En efecto, el artículo 432 eiusdem, establece:
Artículo 432.-Las publicaciones en periódicos o gacetas, de actos que la ley ordena publicar en dichos órganos, se tendrán como fidedignos, salvo prueba en contrario
La aplicación de esas normas habrían conducido al Juez de la recurrida a desechar, de plano, el aviso de prensa comentado anteriormente. Y desechándolo, no se habría podido demostrar el supuesto precio de la opción de compra venta, pues en los autos no existe ninguna otra prueba que permita la demostración del precio, cual es un elemento esencial para el perfeccionamiento del contrato de opción de compra venta, y finalmente para la venta misma, pues al no haberse acordado precio alguno el contrato no quedó perfeccionado entre las pactes, y en razón de ello la recurrida debió declarar sin lugar la demanda, pues no existe ninguna prueba del precio que el demandante debe pagar. Y en ese mismo orden de ideas, el juez no habría podido imponer, como lo hizo, la orden impuesta al demandante de pagar el saldo del precio al momento de registrarse el documento de compra venta ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, pues no existe precio alguno demostrado en los autos. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la falsa aplicación de los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil -siendo que con respecto a este último se evidencia un error material en su denominación, a lo cual la Sala pasará a conocer la infracción del artículo 1.364 sustantivo, dada la semejanza del contenido de la norma denunciada- por cuanto el fallo recurrido le confirió al documento existente en los autos (Aviso de prensa que no está suscrito por persona alguna) el carácter de instrumento privado
En este sentido, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falsa aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce como lo equívoco de la relación entre la ley y el hecho, como lo es por ejemplo, el vicio de declarar legal una relación que no existe entre los hechos demandados y los establecidos en los artículos que el Juzgador cita, desnaturalizando el verdadero sentido de la norma, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella, o cuando se aplica de forma tal que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley. (Sentencia N° 784, de fecha 24 de octubre de 2007, caso José Domingo Herrera Carrasco contra Dexi Raquel Morales Galué).
Asimismo, tenemos que los artículos denunciados son del tenor siguiente:
Artículo 444 del Código de Procedimiento Civil:
La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.
Artículo 1.364 del Código Civil:
Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE (Folios 51 al 55 de la primera pieza del presente expediente):
Ratificó e insistió en el valor probatorio a favor de sus mandantes de ejemplar de la Prensa de Monagas, que acompañaron con la demanda marcado con la letra A en su página 24 clasiguía; Valoración: Respecto a dicha prueba es de precisar, que se trata de un ejemplar público, consignado por la parte demandante, del cual se infiere del referido anuncio lo que a continuación se expresa: Vendo casa en Juana La Avanzadora J-41 # 21, 2 habitaciones, 2 baños toda de cerámica, lista para habitar, acepto lph con inicial de 150.000 Bs. resto 350.000 Bs. interesados llamar 04166855958 no respondo mensajes, No inmobiliaria. P.198877; Ahora bien tomando en cuenta que la aludida no fue objetada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone, en razón a ello se le otorga valor de prueba, quedando así demostrado que fue a través de la mencionada vía, que los hoy demandantes tuvieron conocimiento de la venta del inmueble objeto de la presente litis, así como también queda evidenciado el hecho de que aceptaban la Ley de Política Habitacional y que el precio de la venta era por la cantidad de: Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00), con inicial de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs.150.000,00).Y así se declara.- (Resaltado de la Sala)
De la anterior transcripción y de la doctrina sobre el vicio de falsa aplicación, tenemos que de los extractos transcritos de la recurrida así como de la lectura de la totalidad de la misma, no se evidencia la exegesis de las normas contenidas en los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.364 del Código Civil, que hiciera posible su infracción por falsa aplicación, por lo que carece de fundamento la denuncia planteada, motivo suficiente para desechar la misma.
Asimismo, se observa que la recurrida le otorga valor probatorio a la probanza contentiva en el Aviso de prensa por cuanto no fue objetada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone, en consonancia con la norma contenida en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil -supra transcrito-. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por falsa aplicación de los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.364 del Código Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 13 de junio de 2016.
Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
___________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2016-000621
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario Temporal,
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