Sentencia N.º RC.000124
- Sentencia
- N.º RC.000124
- Fecha
- 29/03/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-677
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000677
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por los ciudadanos EMI CAROLINA RODRÍGUEZ ROJAS y LUÍS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO, representados judicialmente por los abogados Pedro Márquez Tillero, Carlos Domínguez Hernández, José Gregorio Torrealba y Mark Melilli Silva, contra la ciudadana MILAGROS DEL VALLE PAREJO GUAIMARE, patrocinada judicialmente por los abogados Elva Oliveros de Terán, Ramón Orlando Pino Guzmán, Efraín Castro Beja, Carlos Silverio Rodríguez y José Tomas Barrios Medina; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, dictó decisión en fecha 27 de junio de 2016, mediante la cual declaró:
CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio JOSÉ TOMAS BARRIOS, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MILAGROS PAREJO GUAIMARE, parte demandada en la presente causa que versa sobre CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, interpuesta por los ciudadanos LUIS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ ROJAS, en contra de la ciudadana MILAGROS PAREJO GUIAMARE. En consecuencia SE REVOCA la decisión de fecha 25 de enero de 2016, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, en virtud de haberse declarado INADMISIBLE la presente demanda, no pudiendo prosperar la reconvención propuesta por cuanto la misma corre la suerte de la acción principal . (Destacado de lo transcrito)
Contra la referida decisión de alzada, los demandantes reconvenidos anunciaron recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente y no hubo réplica.
En fecha 19 de septiembre de 2016, la Sala recibió el expediente; y el 30 de septiembre de 2016, se efectuó el acto público de asignación de ponencias correspondiéndole la presente al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-Ú N I C A-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 7, 12, 15, 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso en menoscabo del derecho a la defensa.
Expresa el formalizante:
II
Denuncia Por Quebrantamiento de Formas Procesales en Menoscabo del Derecho de Defensa
De acuerdo con el ordinal 1ro del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia el quebrantamiento de formas procesales, en menoscabo del derecho a la defensa, toda vez que el ad quem infringió las normas 7, 12, 15, 78 y 341 del referido Código adjetivo
( omissis )
Ahora bien, a los fines ilustrativos se pasa a trascribir (sic) lo decido por el Juzgado Superior, en relación a la inepta acumulación de pretensiones:
( omissis )
De lo anterior se desprende que la infracción de una norma adjetiva conlleva aun quebrantamiento de formas sustanciales. El supuesto abarcado por la norma precitada apunta, en consecuencia, a la equívoca aplicación de una norma, que se materializa en un error in procedendo, que lesiona los intereses procesales de mis representados. En relación a lo anterior, Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía Arnal, en su obra La Casación Civil, enseñan lo siguiente:
( omissis )
La doctrina citada es inequívoca al calificar la infracción de una norma procesal como una infracción al derecho a la defensa. Ello encuentra sentido en que, habiéndose infringido una norma procesal en la sustanciación de una causa, la resulta del juicio esperada por las partes no se encuentra atenida a una correcta aplicación de la ley por parte del Juez, lo cual equivale a una infracción de los derechos procesales de nuestro mandante. Es por ello que Abreu Burelli y Mejía Arnal, citados anteriormente, sostienen con fundamento en las enseñanzas de Carnelluti lo siguiente:
( omissis )
En el caso que nos ocupa, mis representados han interpuesto una demanda de cumplimiento de un contrato de opción a compraventa suscrito con la demandada. La pretensión de nuestro mandante se resume en su Petitorio (sic), el cual es del tenor siguiente:
( ) Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, demandamos a la ciudadana MILAGROS DEL VALLE PAREJO GUAIMARE quien es venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro. V-10.301.208, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA, para que convenga o a ello sea condenada por el tribunal.
En dar cumplimiento al contrato definitivo de venta, y dar la propiedad del inmueble a los ciudadanos LUIS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ, ya identificados. Y por consiguiente realizar a nuestro favor la venta definitiva, la tradición legal y la entrega material del inmueble objeto del referido contrato, libre de bienes y personas.
Solicitamos que en defecto del cumplimiento voluntario, la sentencia que ha de dictarse haga las veces de contrato definitivo y se le autorice a los demandantes al traslado de la titularidad de la propiedad a los ciudadanos LUIS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ, ya identificados.
Que la demandada MILAGROS DEL VALLE PAREJO sea condenada al pago de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula cuarta (4) (sic) del contrato ( )´
Nótese que, con ocasión al juicio que nos ocupa en esta oportunidad, la acción interpuesta contiene dos pretensiones principales, a saber: el cumplimiento del contrato de opción de compraventa suscrito entre las partes, y los daños y perjuicios por incumplimiento de la demandada, los cuales fueron previstos contractualmente y de manera voluntaria por las partes en la cláusula quinta (5°) del contrato cuyo cumplimiento fue demandado.
No obstante, en el examen expuesto en la motivación de la sentencia proferida en la segunda instancia, el Tribunal de alzada esgrime la conclusión de que en el juicio en cuestión se materializa un (sic) inepta acumulación de pretensiones, toda vez que a su entender, lo pretendido por la parte actora es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual es ciertamente una acumulación indebida´, en razón de lo cual concluye que claramente se observa que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser CONTRARIA A DERECHO´.
En todo caso, vale la pena aclarar que las pretensiones alegadas por la actora (las que realmente alegó, de acuerdo a lo que se evidencia en autos), no son contrarias entre sí, razón ésta por la cual no cabe la declaratoria de inepta acumulación proferida por el Juez Superior.
La posibilidad de acumular la pretensión del cumplimiento de un contrato con la reclamación de daños y perjuicios se encuentra prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, el cual es del tenor siguiente:
( omissis )
No cabe duda entonces de la posibilidad de acumular las pretensiones propuestas por la accionante, y adicionalmente, lejos de significar una inepta acumulación la petición del cumplimiento del contrato más los daños y perjuicios previstos contractualmente, no existe fundamento legal en la afirmación de que tales pretensiones pudieren ser contradictorias, bajo el razonamiento del Juez de alzada de los cuales emana una errónea conclusión de que la pretensión de mis representados, que involucra el pago de los daños y perjuicios contractuales, es igual a la de la resolución del contrato, la cual, a todas luces, nunca fue pretendida en el presente juicio.
El vicio que denunciamos con ocasión al presente recurso deviene de la infracción en la aplicación de la referida norma prevista en el artículo 78 de la ley adjetiva, hecho éste que como hemos explicado, se materializó al atribuir el ad quem el petitorio de la resolución contractual a mis mandantes, pretensión ésta que jamás fue exigidas en las oportunidades procesales pertinentes
Por otro lado, la violación al derecho de la defensa de mis mandantes es flagrante; ya que, como ha establecido la jurisprudencia patria, se le estaría negando la tutela judicial efectiva y la posibilidad de hacer valer la declaratoria de un derecho que le corresponde.
Efectivamente, la declaratoria de inadmisión por una inepta acumulación de pretensiones inexistente; ya que, como fue señalado, el cumplimiento del contrato también puede abarcar la reclamación de daños y perjuicios, viola garantías constitucionales a mis representados, que lo dejan en total indefensión hacia el Juez de Alzada que declaró la referida inadmisión.
En tenor de lo anterior, habiendo aclarado y demostrado que jamás se solicitó la resolución del contrato, resulta evidente la infracción del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las pretensiones de mis mandantes, como he dicho, no son excluyentes en los términos de dicho artículo. Es por ello que el supuesto de hecho enunciado en la norma no se verifica en el juicio sustanciado por el Tribunal, y en razón de ello, no resulta jurídicamente coherente la decisión proferida por este juzgador.
Es por ésta razón que se denuncia el vicio materializado en la sentencia dictada por segunda instancia, sujeta a examen a través de la presente Denuncia por Quebrantamiento (sic) de Formas (sic) Procesales (sic) en Menoscabo (sic) del Derecho (sic) a la Defensa (sic), por lo que se solicita sea declarada procedente y sujeta a las consideraciones de este Alto Tribunal (Destacado de lo transcrito)
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 7, 12, 15, 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso en menoscabo del derecho a la defensa, al considerar que la alzada llega a la conclusión de que en el actual juicio se materializa una inepta acumulación de pretensiones, al señalar que la pretensión efectuada por la demandante que involucra el pago de los daños y perjuicios contractuales, es igual a la de resolución del contrato, aduciendo que es una acumulación indebida, pretensión ésta que jamás fue exigida en la oportunidad procesal pertinente, lo que le conculca el derecho a la defensa al negarle la tutela judicial efectiva y la posibilidad de hacer valer un derecho que le pertenece.
Ahora bien, de lo anterior se observa, que la denuncia está enfocada a la inepta acumulación de pretensiones decretada por la alzada, siendo esta materia de orden público, por lo cual, esta Sala pasa a conocer tal alegato, a objeto de constatar si efectivamente el juez de alzada erró en la admisión de la demanda por cuanto en el mismo libelo, se acumulan pretensiones que se excluyen mutuamente o que son contrarias entre sí, o por razón de la materia no corresponden al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyo procedimientos son incompatibles entre sí, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.
El anterior precepto se concatena con el artículo 14 eiusdem, según el cual, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal.
Dichas disposiciones legales, han sido analizadas por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a la luz del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales como parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, estableciendo con carácter vinculante, el siguiente criterio:
Visto lo antes expuesto, aprecia esta Sala que, mediante la acción interpuesta, la ciudadana LILA ROSA GONZÁLEZ DE PÉREZ cuestionó la valoración del juez de la alzada, dado que en su solicitud de tutela constitucional expuso los razonamientos que en su criterio- debieron darse en el caso bajo examen, tomando además en consideración que el juzgador se extralimitó en sus funciones al declarar inadmisible la demanda, por inepta acumulación de pretensiones, sin que la misma haya sido alegada por la parte demandada durante el proceso.
Al efecto, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes.
Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales.
Así, contrariamente a lo alegado por la accionante, la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso. (Resaltado añadido)
Así pues, con independencia de cualquier consideración acerca de los razonamientos del Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta acerca de la existencia o no de una inepta acumulación de pretensiones y del carácter de orden público que ostenta la prohibición contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, debe esta Sala reiterar que, la valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes -si bien deben ajustarse a la Constitución y las leyes al resolver una controversia- disponen de un amplio margen de apreciación del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales (Sentencia N° 779, del 10 de abril del 2002 expediente N° 01-0464, caso: Materiales MCL, C.A.).
En este mismo sentido, dicha Sala, en fallo N° 1618 del 18 de abril de 2004, expediente N° 2003-2946, caso: Industria Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A., estableció:
...Ahora bien, la sentencia impugnada por la accionante fue dictada en la fase ejecutiva del proceso de estimación e intimación de honorarios, en virtud de haber finalizado la etapa declarativa como consecuencia de su falta de impugnación del derecho reclamado y por haberse acogido a la retasa de los montos intimados. En tal sentido, se ha dicho que el juzgado de retasa sólo podrá pronunciarse sobre el quantum de los emolumentos, no sobre la procedencia del cobro de los mismos, ni sobre su carácter judicial o extrajudicial, ya que esta cuestión debe ser dirimida por el juez de la causa en la fase declarativa del juicio de intimación de honorarios.
No obstante lo anterior, la Sala estima que el rol del juez como director del proceso no se agota con este pronunciamiento, porque de existir circunstancias que hagan presumir la inadmisibilidad de la pretensión, como la misma está estrechamente vinculada con la constitución válida del proceso, debe ser analizada, incluso en la fase ejecutiva.
En el caso en cuestión se denunció la inepta acumulación de pretensiones, porque en el juicio de intimación y estimación de honorarios iniciado por los abogados Alexis José Balza Meza, María Elena Meza de Balza y Elizabeth Bravo Márquez contra la accionante se reclamaron honorarios judiciales y extrajudiciales, los cuales tienen un procedimiento distinto, cuya acumulación está prohibida por el legislador para mantener la unidad del proceso.
En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que éste último, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla.
La Sala, en otras oportunidades (cfr. sentencia nº 779/2002 del 10 de abril) ha señalado que el juez, de conformidad con los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión; dicha conducción judicial que no se circunscribe sólo al establecimiento de las condiciones formales del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin instancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales o en la existencia del derecho de acción en el demandante. En efecto, si el proceso es una relación jurídica, el mismo debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, y sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte su válida constitución o lo haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia.
Se insiste que para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, con la advertencia de los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los presupuestos procesales y la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado y grado de la causa v.g.: en la ejecución o en la alzada-, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso.
La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto, en la presente causa, como el juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, pues en el libelo se indicó que en el desarrollo del proceso y hasta la fecha que estuvimos acreditados como Apoderados Judiciales de la Empresa, realizamos una gran cantidad de actuaciones (...) tampoco descartamos las múltiples reuniones que sostuvimos con los socios y la Apoderada Judicial (folios 500-501), el Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada.
Pues bien, de los criterios jurisprudenciales transcritos se colige que es necesario que estén dados todos los presupuestos procesales para que nazca la obligación del juez de ejercer su función jurisdiccional y pueda resolver el caso planteado.
Por ello, tanto las partes como el juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso y verificar así el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los mismos.
Así pues, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre puede ser verificado de oficio- en cualquier estado y grado de la causa.
En este sentido, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa.
Por su parte, en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil se prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.
Se entiende, entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones debe forzosamente ser declarada en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. (Ver, entre otras, sentencia N° 175 del 13 de marzo de 2006, caso: Celestino Sulbarán Durán c/ Carmen Tomasa Marcano Urbaez).
De forma tal que la acumulación de pretensiones es un asunto que atañe al orden público lo que autoriza la casación de oficio, así lo ha reconocido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 99, del 27 de abril de 2001, expediente N° 2000-178, caso: María Josefina Mendoza Medina c/ Luis Alberto Bracho Inciarte, en la que se señaló:
La acumulación de acciones es de eminente orden público.
...La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentra preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos.
Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las parte, que es el interés primario en todo juicio.... (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de octubre de 1997). (Resaltado añadido).
La doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, ha venido sosteniendo que para que el juez pueda declarar la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones, debe verificar que efectivamente se hayan acumulado pretensiones que se excluyan mutuamente, en el caso concreto, los ciudadanos Luís José Campos Montaño y Emi Carolina Rodríguez Rojas, demandaron el cumplimiento del contrato de opción de compra venta, así como Que la demandada MILAGROS DEL VALLE PAREJO sea condenada al pago de los daños y perjuicios, establecidos en la cláusula cuarta (sic) (4°) (sic) del contrato , solicitando la indexación o corrección monetaria comprendida en la estimación de la demanda, los daños y perjuicios reclamados, los honorarios profesionales, así como las costas y costos del presente juicio.
En consideración a la denuncia que se analiza, estima la Sala pertinente transcribir lo decidido por la alzada en relación al punto en referencia:
.En razón de lo que precede, este sentenciador debe indicar que los límites de la controversia se circunscriben en constatar: si la presente controversia se centra en determinar si se encuentra ajustada o no a derecho, la sentencia dictada por el juzgado de la causa en fecha 25/01/2016, (sic) parcialmente transcrita, mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, contra la ciudadana MILAGROS PAREJO GUAIMARE y SIN LUGAR la RECONVENCIÓN por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, interpuesta por la ciudadana MILAGROS DEL VALLE PAREJO GUAIMARE contra los ciudadano LUIS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ ROJAS.
Ahora bien, una vez analizadas como han sido las actas procesales, este sentenciador estima necesario antes de pasar a pronunciarse sobre el punto debatido, hacer mención de los siguientes criterios jurisprudenciales:
En Sentencia Nº 3584 del 6 de Diciembre de 2005, caso Vera Bravo de Rodríguez y otros, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal expresó:
La acumulación de acciones constituye materia de eminente orden público ´; por tanto es deber del juez proceder a la revisión de la misma, así no haya sido alegada por las partes contendientes´.
En este mismo orden de ideas se ha pronunciado la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 00370, de fecha 07-06-2005, en la cual deja sentado entre otras cosas lo siguiente:
Así pues, en aplicación a los criterios jurisprudenciales y doctrinales, anteriormente transcritos al caso sub iudice se evidencia que el Juez de la recurrida al declarar la inadmisibilidad de la demanda tal como lo hace de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo, y al no haber permitido la acumulación de pretensiones que tienen procedimientos incompatibles, está garantizando lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, por tanto el juez con tal actitud no subvierte el procedimiento ni tampoco incurre en violación al derecho a la defensa, ya que las normas procesales están revestidas del carácter de orden público y deben ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, por lo que el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones que garanticen el orden público, el derecho a la defensa y el debido proceso, por tanto la denuncia formulada es improcedente y así se decide´
De los criterios transcritos anteriormente, se evidencia que el juez en defensa del orden público tiene la obligación de pronunciarse sobre todo aquello que atenta contra él, y más siendo las normas de procedimiento de orden público y por ende de estricta observancia para los jueces.
En sentencia de fecha 04 de abril del 2003, proferida por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional EXP. N° 01-2891, caso M. Gallo en amparo, se ratificó el criterio antes expuesto, expresando la Sala lo siguiente:
Es indudable que no se pueden acumular en una misma demanda pretensiones de cumplimiento y resolución, ya que son antinómicas, pero el acreedor demandante puede pedir la ejecución o resolución, más los daños y perjuicios ´.
En atención a tales criterios, y a la facultad que tiene el juez para inadmitir aquellas causas que quebranten normas de orden público, no puede dejar pasar como desapercibido quien aquí juzga, determinar si efectivamente la parte demandante en el caso de marras incurrió en una acumulación indebida de pretensiones. Al respecto el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil establece:
No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí ´ (Negritas y cursivas, de este Tribunal).
Así las cosas, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2006, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº AA20-C-2004-000361, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez de Caballero, se dejó sentado lo siguiente:
esta Sala de Casación Civil ha establecido en diferentes oportunidades que la acumulación debe obedecer a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contrarios o contradictorios en casos que, o bien son conexos, o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia. (Ver, entre otras, sentencia de 22 de mayo de 2001, caso: Mortimer Ramón contra Héctor José Florville Torrealba). Sin embargo, debe verificarse si la acumulación se ajusta a derecho, esto es, que se trate de pretensiones compatibles, que no se contraríen o excluyan entre sí, y que puedan ser tramitadas en un mismo procedimiento. En efecto, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa. Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada Ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. Se entiende, entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda ´ (Resaltado y negritas de esta alzada).
De la norma transcrita ut supra y del criterio jurisprudencial citado al cual se acoge este operador de justicia, se colige que toda acumulación de pretensiones efectuada en contravención a lo que dispone la Ley debe ser considerada como una inepta acumulación de pretensiones, lo cual no puede darse en ningún caso en que se excluyan mutuamente los procedimientos o sean incompatibles entre sí, ya que ello constituye causal para inadmitir una demanda.
Dentro de este mismo contexto es de señalar lo dispuesto en el artículo 1.167 del Código Sustantivo Civil, que reza: ... En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello´.
El artículo antes citado, es el fundamento legal para intentar la acción de cumplimiento de contrato o resolución de contrato y si hubiere lugar a ello, con cada una de estas acciones, los daños y perjuicios, entendiéndose que cuando se demanda el cumplimiento de un contrato, lo que se busca es que se cumpla con lo establecido o acordado por las partes en el mismo y tiene efectos hacia el futuro, caso contrario ocurre, cuando se demanda la resolución de un contrato, ya que el efecto que produce la misma, es volver la situación al estado en el que se encontraba antes de celebrar el contrato, como si este no se hubiese firmado, tal y como lo estableció el Dr. ELOY MADURO LUYANDO en su libro CURSO DE OBLIGACIONES, año 1986, página 592, cuando afirmó:
La resolución tiene efectos retroactivos. El contrato bilateral terminado por resolución se considera extinguido, no desde el momento en que la resolución se declara, sino que mediante una ficción jurídica se considera, como que si jamás hubiese existido contrato alguno ´
En este mismo orden de ideas, el Dr. EMILIO CALVO BACA, en el Código Civil comentado, edición 2003, páginas 645 y 647 estableció:
..Efectos de la resolución.
La doctrina señala como efectos principales los siguientes:
1° La terminación del contrato bilateral, que al ser declarado resuelto se extingue. ahora bien, el contrato se considera terminado, no desde el momento en que se declara la resolución, sino que se considera como si jamás hubiese existido, volviendo las partes a la misma situación en que estaban antes de contratar.
2° Un efecto retroactivo, mediante el cual el contrato se considera como si efectivamente jamás hubiese sido celebrado. Como consecuencia tenemos:
Las partes vuelven a la misma situación precontractual, en que se encontraban antes de celebrar el contrato y, por tanto, deben devolverse mutuamente las prestaciones recibidas con motivo de las obligaciones que hubiesen ejecutado durante la vigencia del contrato.
3° La parte cuyo incumplimiento culposo da motivo a la resolución queda obligada a la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución cause a la parte accionante. Para algunos autores, la acción por daños y perjuicios es subsidiaria de la de cumplimiento o de la de resolución de los contratos bilaterales. Es decir, para que proceda la acción por daños y perjuicios debe haberse pedido necesariamente el cumplimiento o la resolución del contrato ´
Es evidente que en el presente juicio, se procedió a la acumulación indebida de dos (2) acciones, que si bien, se siguen por el mismo procedimiento, cada una produce un efecto diferente, en este mismo orden de ideas, se debe indicar, que la parte actora pretende que se declare el cumplimiento del contrato de opción de compra-venta, y al mismo tiempo, intenta que se le dé cumplimiento a la cláusula quinta del aludido contrato, y se le cancele a su vez la cantidad de doscientos veinte mil bolívares (Bs. 220.000,00), por lo que, mutatis mutandi, se aplica la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1618, expediente N° 03-2946, de fecha 18 de Agosto de 2004, caso Industria Hospitalaria de Venezuela 2943; en donde entre otras cosas señaló:
Que como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones por tener procedimientos distintos, el juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que este último, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el Juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto en la presente causa, como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones El Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada. En vista de lo anterior, cuando el Juzgado de Retasa constituido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no se pronuncio respecto de la inepta acumulación de pretensiones, conculco a la accionante su derecho al debido proceso ´ (Resaltado y cursivas de esta alzada).
Claramente se observa que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser CONTRARIA A DERECHO´.
Con fundamento en las normas invocadas y en acatamiento a las sentencias parcialmente transcritas, vinculante para todos los Tribunales de la República, a la luz del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con vista en que en el caso sub-iudúce (sic), la parte actora realizó la acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto el cumplimiento de la opción de compra venta, así como también, el pago de la cláusula Quinta´ del referido contrato, lo cual realiza de manera simple, sin apuntar que lo hace de manera subsidiaria, por el contrario señala taxativamente que demanda por cumplimiento de contrato, y al mismo tiempo solicita el cumplimiento del mismo en relación a la ya mencionada cláusula, lo cual implica resolución más el pago.
Al respecto el artículo 1.167 del código civil, establece: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello´. Dado lo expuesto se evidencia claramente que lo pretendido por la parte actora es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual es ciertamente una acumulación indebida. La Ley sustantiva civil, no permite el ejercicio conjunto de ambas acciones (resolutoria y cumplimiento), de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo supra transcrito; este tribunal no puede acordar de manera simultánea el cumplimiento del contrato, y al mismo tiempo el pago de la cláusula penal, toda vez que lo procedente sería demandar el cumplimiento junto con el pago de los daños y perjuicios de manera subsidiaria. Y así se decide.
En consecuencia, al haberse verificado en autos la inepta acumulación inicial de pretensiones se hace necesario declarar la inadmisibilidad de la misma, en virtud de que se violan requisitos legales de orden público para la tramitación de esta, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el merito del asunto debatido en el proceso. Y así se decide.
Ahora bien, en relación a la Reconvención propuesta, observa este operador de justicia que al haber un pronunciamiento de extinción del proceso, la misma no puede prosperar toda vez, que esta última emerge de la causa principal tal y como lo ha establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que ante la inadmisibilidad de la demanda, la reconvención propuesta, con la inexistencia del proceso, corre la suerte de la acción principal, puesto que la demanda es la única figura jurídica que constituye el sostén y el efecto para hacerla emerger. Y así se decide.
En merito de lo anterior, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto e INADMISIBLE la demanda intentada y por ende de conformidad con lo antes expuesto, se REVOCA en todas sus partes la decisión apelada con base a la motivación aquí expresada, tal y como se hará de manera precisa y positiva en el dispositivo del fallo. Y así se decide . (Destacado de lo transcrito).
Ahora bien, la alzada decretó la inadmisibilidad de la demanda intentada por cumplimiento del contrato de opción de compra, al considerar que el demandante incurrió en la inepta acumulación de pretensiones, dado que la pretensión solicitada se corresponde con pedir resolución y cumplimiento del contrato al mismo tiempo, acarreando así la inepta acumulación de pretensiones, toda vez que no se puede acordar de manera simultánea el cumplimiento del contrato y al mismo tiempo el pago de la cláusula penal; por lo que al tratarse la inepta acumulación de pretensiones materia de orden público, emitió tal pronunciamiento.
Establecido lo anterior esta Sala considera necesario, transcribir la cláusula penal contenida en el documento de opción de compra venta que cursa a los autos (fs. 13 y 14 y vueltos pieza I del expediente), la cual es del tenor siguiente:
QUINTA: CLÁUSULA PENAL, la parte que incumpla, (LA OFERENTE, O LOS OFERIDOS), con cualesquiera de las obligaciones que les impone el presente contrato deberá indemnizar a la otra parte; con la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100.000,00) quedando la parte beneficiaria de la cláusula penal, exonerada de especificar los daños y perjuicios, tal como lo establece el ordinal séptimo del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. LA OFERENTE y LOS OFERIDOS convienen que la cláusula penal funcionará (son causales de inejecución del contrato de opción de compra-venta en los casos siguientes: A)- Si una vez presentado el documento definitivo de compra-venta, por ante el Registrador Inmobiliario correspondiente, y notificado por escrito como hayan sido de LA OFERENTE, en las condiciones establecidas en la presente opción de compra-venta, del día y la hora fijada, por el Registrador Inmobiliario correspondiente, a otorgar el documento definitivo de compra-venta (traslativo de la propiedad) y esta no concurre en la fecha y la hora fijada, por el Registrador Inmobiliario correspondiente, a otorgar el documento definitivo de compra-venta (traslativo de la propiedad). B)-Si el incumplimiento (la culpa artículo 1.263 del Código Civil) de las obligaciones contenidas en la presente opción de compra-venta, proviene de LA OFERENTE, además de la cláusula penal por el monto de CIEN MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100.000,00), está además en la obligación de devolver a LOS OFERIDOS la cantidad que recibió de arras, es decir la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.220.000,00). Cantidades estas que deberán ser entregadas a LOS OFERIDOS, en un plazo único de ocho (08) días consecutivos calendario. C)-Si el incumplimiento (la culpa artículo 1.263 del Código Civil) de las obligaciones contenidas en la presente opción de compra-venta, proviene de LOS OFERIDOS, LA OFERENTE, se quedará con la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs.100.000,00), y deberá devolver el resto del dinero que recibió por concepto de arras, es decir la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.120.000,00), cantidad esta que deberá ser entregada a LOS OFERIDOS, en un plazo único de ocho (08) días consecutivos calendario (Destacado de lo transcrito)
Ahora bien, del documento antes trascrito se evidencia que efectivamente las partes acordaron el pago de la cláusula penal, en caso de incumplimiento culposo.
Al respecto, ha señalado esta Sala en fallo Nº 653, de fecha 7 de noviembre de 2003, expediente Nº 646, caso: Carlos Luis Lugo Borges y otra; contra Corporación Dialvar C.A., sobre la cláusula penal, lo siguiente:
Sobre el particular, la Sala observa que el Juez de alzada cometió un error al calificar como condición resolutoria a la referida cláusula, pues lo realmente convenido por las partes fue una cláusula penal, entendida como la estipulación mediante la cual las partes disponen que en caso de inejecución culposa de la obligación o de retardo en la ejecución, el deudor se compromete a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer.
A este respecto, nuestro Código Civil en su artículo 1.257 establece lo siguiente: Hay obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa para el caso de inejecución o retardo.´
Por su parte, el artículo 1.258 eiusdem define la cláusula penal de la siguiente forma:
La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal.
El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, sino la hubiere estipulado por el simple retardo´.
De los artículos precedentes se desprende que la cláusula penal debe considerarse como una simple indemnización sustitutiva de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o por el retardo en el cumplimiento de alguna obligación, destinada a resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, y sea total o parcial, y por tanto, no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, a menos que se hubiese estipulado por el simple retardo.
Tal indemnización sustitutiva es susceptible de ser garantizada mediante la entrega de una cosa por una de las partes a la otra, que se denomina arras´, y que a falta de estipulación en contrario, da derecho al contratante a quien no se le ha cumplido la obligación, de retener su importe, o de exigir el doble de su valor, según el caso, a menos que prefiera pedir la ejecución del contrato. Así lo dispone el artículo 1.263 del Código Civil:
A falta de estipulación contraria, lo que se da en arras al tiempo de la celebración del contrato o con anterioridad a este acto, se considera como garantía de los daños y perjuicios para el caso de contravención.
Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la convención, puede retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado´.
Lo anterior permite afirmar, siguiendo el criterio sostenido por José Luis Aguilar Gorrondona, (Derecho Civil IV Contratos y Garantías´, 10° Edición, 1996, UCAB; pág. 159), que en el derecho positivo venezolano la parte que no ha incurrido en culpa puede elegir entre exigir el cumplimiento de la obligación principal, o retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado, lo que también permite sostener, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas de derecho, que en Venezuela una venta con arras no puede considerarse una venta condicional.
( omissis )
Pues como ya se señaló, no obstante la existencia de la mencionada cláusula penal, la parte que no dio lugar al incumplimiento puede perfectamente exigir a su libre elección, el cumplimiento del contrato o su resolución, con los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello, u optar por ejecutar la cláusula penal, no pudiendo en este supuesto ser solicitada su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, según ya se señaló.... (Destacado de la Sala)
Cónsono con lo expuesto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido la imposibilidad derivada del artículo 1258 del Código Civil, de reclamar judicialmente el cumplimiento del contrato, conjuntamente con el pago de lo acordado por la cláusula penal. (Cfr. Sentencia N° RC-972, de fecha 16 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-207, caso: Carolina Elizabeth Proaño de González y otro contra Geoconda Anaís Torrealba de Inciarte y otra).
Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, y en aplicación de los criterios jurisprudenciales examinados, resulta necesario concluir en la imposibilidad que tiene quien demanda el cumplimiento de un contrato de exigir junto con tal pretensión el pago de la cláusula penal.
En el presente caso, el demandante en su escrito en su escrito libelar, solicitó lo siguiente:
Sobre la base de los razonamientos antes expuestos demandamos a la ciudadana MILAGROS DEL VALLE PAREJO GUAIMARE por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, para que convenga o a ello sea condenada por el Tribunal.
i) En dar cumplimiento al contrato definitivo de venta, y dar la propiedad del inmueble a los ciudadanos LUIS JOSÉ MONTAÑO y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ, ya identificados. Y por consiguiente realizar a nuestro favor la venta definitiva, la tradición legal y la entrega material del bien inmueble objeto del referido contrato, libre de bienes y personas.
ii) Solicitamos que en defecto del cumplimiento voluntario, la sentencia que ha de dictarse haga las veces de contrato definitivo y se le autorice a los demandantes al traslado de la titularidad de la propiedad a los ciudadanos LUIS JOSÉ CAMPOS MONTAÑO Y EMI CAROLINA RODRÍGUEZ.
iii) Que la demandada MILAGROS DEL VALLE PAREJO sea condenada al pago de los daños y perjuicios, establecidos en la cláusula cuarta (sic) (4°) (sic) del contrato.
iv) Solicitamos la indexación o corrección monetaria, tomando en consideración la suma de bolívares NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 975.000.ºº), que comprende la estimación de la demanda, los daños y perjuicios reclamados, los honorarios profesionales, así como también las costas y costos que se causaren en el presente juicio de conformidad con la ley.
v) nos reservamos el derecho de demandar los daños y perjuicios ha lugar.
( omissis )
Por último solicito que la presente demanda sea declarada con lugar en la definitiva con la condenatoria en costa . (Destacado de la Sala)
De la anterior transcripción se evidencia que lo pretendido por los demandantes es una acción por cumplimiento de contrato opción de compra venta, así como el pago de los daños y perjuicios, establecidos en la cláusula quinta (5°) del contrato, (donde se refleja la cláusula penal por incumplimiento culposo).
Sobre las demandas de cumplimiento de contrato conjuntamente con la cláusula penal, esta Sala se ha pronunciado en los siguientes términos:
Al respecto, afirma el recurrente que la alzada al fundamentar su decisión, calificó erradamente la mencionada cláusula cuarta del contrato como una cláusula penal, puesto que en su criterio la misma está referida es a los daños y perjuicios establecidos en base a unas arras de garantía por el incumplimiento del vendedor´.
( omissis )
Para decidir, la Sala observa:
En este sentido, de una revisión de las actuaciones del expediente, específicamente en el folio 3 y su vuelto del expediente, esta Sala aprecia que la actora, en el petitorio de su libelo de demanda solicitó lo siguiente:
De las transcripciones precedentemente expuestas, se desprende lo siguiente:
( omissis )
Que en el libelo de demanda el actor solicitó de manera conjunta tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios estipulados en la cláusula cuarta del referido contrato.
Al respecto, la alzada declaró la inepta acumulación de pretensiones luego de sostener que la actora pretende tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios estipulados en la cláusula cuarta del mismo, que en su criterio es una cláusula penal, sin que se evidenciara que dichos daños fueran demandados de forma subsidiaria.
Por último, de la referida cláusula cuarta del contrato se aprecian las sanciones estipuladas por las partes en caso de que una ellas incumpla con las obligaciones contraídas.
( omissis )
Ahora bien, respecto de la inepta acumulación de pretensiones, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil establece que no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí ´
( omissis )
En relación con ello, el artículo 1.258 del Código Civil establece que la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, si no la hubiere estipulado por el simple retardo.
Acorde con la norma sustantiva antes referida, el artículo 1.259 eiusdem señala que ´el acreedor puede pedir al deudor que esté constituido en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada´.
Sobre la base de estas precisiones, esta Sala observa que en el petitorio del libelo de demanda, el actor solicitó dos pretensiones de manera conjunta, es decir, tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de la indemnización por los daños y perjuicios, sin que pueda evidenciarse que el segundo requerimiento se haya realizado de manera subsidiaria al primero.
En lo que respecta al contrato de opción de compra venta, esta Sala aprecia que, independientemente de la calificación otorgada por el formalizante, la cláusula cuarta está referida a una cláusula penal que sólo puede ejecutarse de manera condicional, es decir, si el vendedor incumple con su obligación de vender. Por interpretación en contrario, si el vendedor cumple con dicha obligación, resulta imposible la exigencia del pago de una indemnización por daños y perjuicios.
En otras palabras, en lo que respecta al libelo de demanda, no cabe duda que el cumplimiento del contrato y el pago de una indemnización por daños y perjuicios fueron solicitados de manera conjunta; a diferencia de la cláusula cuarta del contrato, en donde ambos conceptos se estipularon en forma excluyente, pues sólo si se incumple con la primera obligación, nace el derecho de exigir la segunda, ello en virtud de que el referido pago de una indemnización por daños y perjuicios fue establecido como una sanción ante el posible incumplimiento.
De allí que si el obligado cumple, desaparecen los daños y perjuicios, salvo que se estipulen éstos por el simple retardo, acorde con la excepción contemplada en el artículo 1.258 del Código Civil, lo cual no ocurrió en este caso.
En consecuencia, resulta incompatible exigir a un mismo tiempo la observancia de una obligación y la sanción ante su posible incumplimiento, es decir, el cumplimiento del contrato de opción de compra venta y a la vez el pago de una indemnización por los daños y perjuicios, puesto que ambas pretensiones se excluyen mutuamente, más aún si el actor omitió solicitar al tribunal fueran ´resueltas una como subsidiaria de otra de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala considera que, acorde con lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, la inepta acumulación de pretensiones declarada por la alzada en el caso concreto resulta ajustada a derecho. Así se establece . (Cfr. Fallo N° RC-500, de fecha 5 de agosto de 2014, expediente N° 2013-815, caso: Ernesto Federico Branger Llorens contra Tom Raúl Sánchez Ayala) (Resaltado de loa Sala)
Criterio que ha sido reiterado por esta Sala, en sus fallos N° RC-765, de fecha 24 de octubre de 2007, expediente. N° 2007-078 y N° RC-972, de fecha 16 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-207, que dispuso lo siguiente:
En el caso concreto, la Sala advierte que el actor en la presente acción, demanda el cumplimiento del contrato de opción de compra venta, suscrito el 18 de noviembre de 1994, y a su vez, pretende la compensación de los daños y perjuicios ocasionados por su inejecución con soporte en lo siguiente:
...esta Sala constata que lo que verdaderamente es solicitado, es la ejecución del contrato y la compensación de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula penal convenida en el contrato.
En cuanto a la posibilidad de demandar la ejecución de la obligación contenida en el contrato y la de compensación por daños y perjuicios contenida en la cláusula penal, la Sala observa que éstas tampoco son pretensiones excluyentes; sin embargo, para que ellas prosperen tendrá el juez de la causa que apreciar el contenido de los artículos 1.258 y 1.259 del Código Civil, los cuales establecen que el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, y que el acreedor puede pedir al deudor que esté en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada ´. (Destacado de la Sala)
De lo anterior se colige, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de pretensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose que las pretensiones contenidas en el libelo se excluyen entre sí, dado que el cumplimiento del contrato no puede ser peticionado conjuntamente con la cláusula penal dada la naturaleza de esta, ya que es el acreedor el que debe decidir si solicita el cumplimiento del contrato o en su defecto la compensación de daños y perjuicios por el incumplimiento culposo (cláusula penal), ello con fundamento en el artículo 1258 del Código Civil.
Conforme a todo lo antes expuesto, es deber de los jueces analizar las actas del proceso de modo de evitar formalismos inútiles que impidan la tutela judicial, en este sentido, se evidencia del libelo de la demanda que lo peticionado por los demandantes es el cumplimiento del contrato de compraventa y el pago de los daños y perjuicios contenidos en la clausula quinta (5°) del contrato (clausula penal), por lo que se verifica claramente una inepta acumulación de pretensiones, por cuanto se configuran los elementos para que prospere la misma, ya que en los casos como el de autos, debe el juez entrar analizar el caso concreto de acuerdo a lo pactado en el correspondiente contrato, así como, lo señalado en el libelo y en consecuencia, pronunciarse sobre su procedencia en los términos antes indicados, de modo que concluye esta Sala, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de pretensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, esta Sala estima que la alzada actuó conforme a derecho al declarar la inepta acumulación de pretensiones, por lo cual no observa, que haya incurrido en el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso ni en indefensión de la demandante, lo cual constituye razones suficientes para que esta denuncia sea desechada. Así se declara.-
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del artículo 1167 del Código Civil, por errónea interpretación.
Señala la formalizante:
III
Denuncia por infracción de ley
Procedo en representación de mis mandantes a denunciar la infracción de ley, por parte del Juzgados (sic) Superior (sic), conforme al ordinal 2do del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación del artículo 1.167 del Código Civil.
La presente denuncia se hace en base al criterio jurisprudencial expuesto en sentencia dictada el 25 de noviembre de 1999, la cual estableció los siguientes parámetros para denunciar por infracción de ley, a saber:
( omissis )
Dicho criterio ha sido ratificado en numerosas oportunidades por esta máxima instancia civil, requiere que la presente denuncia se enmarque en ciertas formalidades y cumplan con los requisitos establecidos y transcritos up supra.
En este sentido, la presente denuncia por infracción por ley se encuentra enmarcada en el ordinal 2do, del artículo 313 del Código de procedimiento Civil, por cuanto el Juzgado Superior incurrió en una errónea interpretación del artículo 1.167 del Código Civil, al establecer que en el marco de ese artículo no es procedente el reclamo de daños y perjuicios, conjuntamente con la solicitud de cumplimiento de contrato.
En efecto, la recurrida señala:
( omissis )
Se evidencia claramente que el Juzgado Superior, establece que la norma establecida en el 1.167 de nuestro Código Sustantivo Civil, en lo que se refiere a la solicitud de daños y perjuicios, solo aplicaría para aquellos casos en que se solicita la resolución del contrato.
Por otra parte, pareciera que la recurrida entiende que la solicitud de pago por lo establecido en una cláusula penal, implica que esto sea una resolución del contrato, cuando más bien se está pidiendo el cumplimiento al solicitar dicho monto, pues las partes pactaron contractualmente el quantum o monto de los daños en la cláusula quinta del contrato demandado.
En ese sentido fue demandado el cumplimiento del contrato de opción a compra venta, tal y como se evidencia de la demandada (sic) intentada por mis representados, así como los consecuentes daños y perjuicios del incumplimiento demandado pactados contractualmente en la cláusula quinta. Señala el escrito libelar presentado:
( omissis )
No se evidencia en ningún momento que mis representados, estuvieran solicitando el cumplimiento del contrato demandado, y al mismo tiempo la resolución del mismo; ya que, tal y como se aprecia de la redacción del escrito libelar, la cláusula penal se encuentra enmarcada en la cláusula quinta del contrato de opción suscrito, por cuánto, la única forma de hacer valer los daños y perjuicios ahí pactados, es a través del cumplimiento de contrato.
Por otra parte, la cláusula pactada tiene dos supuestos distintos, que aunque pueden ser complementarios, el primero puede configurarse independientemente del segundo. En ese sentido, es claro que con la sola ejecución por parte de la oferente de su obligación de asistir al día y hora convenidos y notificados para la firma, son procedentes los daños pactados en el primer supuesto contemplado en la clausula pactada.
El incumplimiento por parte de la demandada, da lugar a un claro proceder en los daños y perjuicios demandados, que en este caso se configuran con la cláusula penal.
Establece el ya tantas veces comentado artículo 1.167 del Código Civil lo siguiente:
( omissis )
El Juzgados (sic) Superior (sic) claramente elige la norma adecuada que regula el supuesto de hecho establecido; más sin embargo, yerra en su interpretación, al señalar que los daños y perjuicios, en este caso configurados en la cláusula penal del contrato suscrito, solo serian procedentes en el caso de la Resolución (sic) del Contrato (sic).
Lo anterior claramente se enmarca en el denominado error en el juzgamiento, lo cual ocurre cuando el Juez de la causa elige su forma idónea la norma jurídica a aplicar; más sin embargo, interpreta de forma errada los presupuestos de la misma. De esa forma lo establece la jurisprudencia:
( omissis )
Teniendo en cuenta esto, es evidente que el Juzgado Superior si aplicó la norma sustantiva correcta, pero erró al momento de interpretarla, y por consiguiente en su consecuencia jurídica.
Lo correcto en el caso de marras es que, el Juzgador Superior, debió interpretar correctamente la norma del 1.167 del Código Civil, señalando que el cumplimiento y en consecuencia el pago de los daños y perjuicios son procedentes por haberse demostrada (sic) un manifiesto incumplimiento por parte de la demandada, por ser procedente en los supuestos en que se evidencie cualquier incumplimiento por parte de la (sic) una de las partes, sean estos demandados por medio del cumplimiento o resolución de la obligación; ya que para ambos supuestos son efectivos.
En ese sentido, nunca debió el Superior (sic), declarar la inepta acumulación de pretensiones interpretando de manera errada el artículo 1.167 del Código Civil, y en consecuencia inadmitiendo la demanda intentada.
De igual forma, la declaratoria de la inepta acumulación de pretensiones significa un drástico perjuicio en mis representados, que en caso de que esta Sala decida revocar la decisión dictada por el Superior (sic), podría ser confirmado su derecho reclamo, cambiando así la dispositiva hecha.
Es por los argumentos realizados que esta representación solicita sea declarado Con (sic) Lugar (sic) la presente denuncia por infracción de ley, por parte del Juzgado (sic) Superior (sic), conforme al artículo 313, ordinal 2do, por errónea interpretación del artículo 1.167 del Código Civil (Destacado de lo transcrito)
La Sala, para decidir observa:
El formalizante delata la errónea interpretación del artículo 1167 del Código Civil, al considerar que la alzada interpretó de manera errada el contenido del mismo, por cuanto señala que no es procedente el reclamo de daños y perjuicios, conjuntamente con la solicitud de cumplimiento de contrato; por lo que no debió declarar la inepta acumulación de pretensiones en el presente caso.
En tal sentido, el artículo 1167 del Código Civil, cuya falta de aplicación se denuncia, es del tenor siguiente:
En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios, en ambos casos, si hubiere lugar a ello.
Esta norma prevé la facultad y el derecho de las partes contratantes, de reclamar judicialmente, a su elección, el cumplimiento o ejecución del contrato o la resolución de éste, cuando el otro involucrado no ejecuta su obligación, más no de forma conjunta el cumplimiento o ejecución del contrato y la resolución de éste, dado que de ser así, dichas pretensiones serían evidentemente contradictorias, por cuento que el cumplimento o ejecución del contrato engendra que se realice el contrato en los términos que fue pactado por las partes y llegue a su culminación, y la resolución del contrato conlleva a que se retrotraiga la situación jurídica al estado anterior a la contratación, quedando el contrato resuelto y en consecuencia obligado el que incurrió en el incumplimiento culposo del contrato, a acarrear con las consecuencias de sus actos, y pagar lo que se haya determinado en el contrato por efecto de daños y perjuicios contractuales o como cláusula penal por su incumpliendo.
La acción resolutoria del contrato, ha sido concebida para eliminar los efectos del mismo, no solo en cuanto se refiere a impedir la posibilidad de una ulterior ejecución forzosa de las obligaciones que él había creado, sino también para alcanzar el propósito de colocar a las partes entre las cuales se hubieren verificado ya transferencias patrimoniales fundadas en tal contrato, en la misma situación jurídica en que se hallaban antes de la celebración del contrato resuelto.
La acción de cumplimiento de contrato, persigue no eliminar los efectos del mismo, sino lograr la ejecución forzosa de las obligaciones pactadas.
Por lo cual, no se puede demandar el cumplimiento del contrato y su resolución al mismo tiempo, dado que al declararse el cumplimiento este deja sin efecto la aplicación de los daños y perjuicios contractuales o la cláusula penal, que son sólo consecuencia del incumplimiento y que pueden ser reclamados, sólo por efecto de la resolución del contrato.
Esta es la doctrina de la Sala, al respecto de la correcta interpretación del artículo 1167 del Código Civil, que no deja lugar a dudas, sobre la existencia de un incumplimiento culposo de la parte demandada, para que nazca el derecho a reclamar judicialmente el cumplimiento o ejecución o la resolución del contrato. Más no es extensible al hecho de la verificación de un eximente de responsabilidad, como el hecho de un tercero, el caso fortuito, la fuerza mayor o hecho del príncipe, o cualquier otra circunstancia que constituya una de las formas, bajo las cuales puede verificarse una causa extraña no imputable, cuyo acaecimiento da lugar al incumplimiento involuntario de aquella o aquellas prestaciones a cargo del deudor.
Ahora bien los supuestos de la norma in comento son los siguientes:
I.- Que se contraiga a un contrato bilateral.
II.- Que haya incumplimiento culposo de la parte demandada. Siendo esta la exigencia más importante que hace posible la resolución del contrato, sin que el legislador concrete que entiende por incumplimiento, hablando de él, como inejecución.
III.- Que el incumplimiento comprenda actos u omisiones de cualquiera de los contratantes.
IV.- Que el incumplimiento sea grave y afecte marcadamente el interés de los contratantes.
V.- Que el incumplimiento no sea generado por una causa extraña no imputable;
VI.- Que el incumplimiento se refiera a lo principal del contrato y no a sus modalidades accesorias,
VII.- Que el demandante haya cumplido u ofrezca cumplir. En el entendido de que el demandante no puede prevalerse de su propio incumplimiento para exigir la resolución del contrato.
VIII.- La existencia de la buena fe del demandante en la resolución contractual, y
IX.- Que sea mediante resolución judicial por sentencia. Dado que no se permite que una parte y sin el requerimiento del órgano jurisdiccional resuelva de pleno derecho el contrato.
Ahora bien, la infracción de ley por errónea interpretación de un precepto legal -ex definitione-, sólo se produce con respecto a aquellas normas que hayan sido aplicadas por el juez para resolver la controversia, al darle un alcance distinto al que de las mismas dimana. (Cfr. Fallo N° RC-556 del 24 de septiembre de 2013. Exp. N° 2013-259).-
La moderna y calificada doctrina especializada en la materia, expresa:
...la interpretación errónea de la norma ocurre, en suma, cuando siendo la que corresponde al caso litigado, se le entendió sin embargo equivocadamente y así se aplicó (Murcia Ballén, Humberto; Recurso de Casación Civil, Librería El Foro de la Justicia, Bogotá, Colombia, 1983, pág. 307). (Cfr. Fallo N° RC-118 del 23/4/2010. Exp. N° 2009-471, caso: Jorge Enrique Contreras Pabón contra Aura Stella Contreras De Romero y otros).
Ahora bien, como ya se expresó en la primera delación el juez de alzada declaró correctamente la inepta acumulación de pretensiones, en base a lo estatuido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, señalando conforme a lo dispuesto en el artículo 1167 del Código Civil, que el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato y a su vez la condena en pago de daños y perjuicios por ejecución de la clausula penal, dado que dicha solicitud se equipara a solicitar el cumplimiento del contrato y su resolución, argumentación de la alzada, que esta Sala comparte, dado que el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, y que el acreedor puede pedir al deudor que esté en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada.
Por lo cual, no evidencia esta Sala la errónea interpretación denunciada por la recurrente, lo que determina la improcedencia de esta delación. Así se declara.-
-II-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del artículo 78 eiusdem, por falsa aplicación.
Señala la formalizante:
IV
Denuncia por falsa aplicación
Se denuncia la infracción de ley, incurrida por el Superior (sic), de acuerdo al contenido del ordinal 2do del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación del mismo código adjetivo.
Del ya precitado y comentado artículo 313, ordinal 2do, se desprende que una errónea interpretación del contenido de una norma adjetiva conlleva a su falsa aplicación en los elementos proveídos por las partes para la resolución de una controversia.
Ahora bien, a los fines ilustrativos se pasa trascribir lo decidido por el Juzgado Superior, en relación a la inepta acumulación de pretensiones:
( omissis )
El supuesto abarcado por la norma precitada apunta, en consecuencia, a la equívoca aplicación de una norma, que se materializa en un error que lesiona los intereses procesales de mis representados. En relación a lo anterior, Alirio Abreu Burelly y Luis Aquiles Mejía Arnal, en su obra La Casación Civil´, fundamentado en las enseñanzas de Carnelluti enuncian lo siguiente:
( omissis )
Por su parte, Carnelluti citado por el autor Ricardo Enriquez La Roche, considera que, en la práctica, la falsa aplicación de la ley es equiparable a la errónea calificación jurídica de un supuesto alegado, razón ésta por la cual el razonamiento equívoco arrojado en una sentencia de instancia definitiva significa una contradicción entre el supuesto contenido en la norma y los hechos de los que se sirve el juzgador para emitir su juicio:
( omissis )
Sucede, en el caso que nos ocupa, que los hechos de los que se sirve el Juzgador para su decisión no encajan con el supuesto del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, razón ésta por la que resulta incorrecto su juzgamiento.
Nótese que, con ocasión al juicio que nos ocupa en esta oportunidad, la acción interpuesta contiene dos pretensiones principales, a saber: el cumplimiento del contrato de opción de compraventa suscrito entre las partes, y los daños y perjuicios por incumplimiento de la demandada, los cuales fueron previstos voluntariamente en la cláusula cuarta (4°) (sic) del contrato.
No obstante, en el examen expuesto en la motivación de la sentencia proferida en la segunda instancia, el Tribunal de alzada esgrime la conclusión de que en el juicio en cuestión se materializa una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que a su entender, lo pretendido por la parte actora es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual es ciertamente una acumulación indebida, en razón de lo cual concluye que ´claramente se observa que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser CONTRARIA A DERECHO
Es decir que, de acuerdo a los razonamientos del Juez de segunda instancia, la pretensión de daños y perjuicios enunciada en el petitorio del libelo de mis representados equivale a una pretensión de resolución, argumento este que carece completamente de sentido jurídico y que, además, se encuentra escasamente fundado en el fallo proferido en los siguientes términos que a continuación citamos de manera textual:
( omissis )
Se evidencia entonces que las pretensiones solicitadas por mis mandantes, claramente, se enmarcan en el supuesto del cumplimiento de contrato; ya que, a la luz del ya tan citado artículo 1.167 del Código Civil, la legislación sustantiva permite la solicitud de los daños y perjuicios conjuntamente con el cumplimiento.
En el caso de marras, esos daños y perjuicios se encuentran contenidos en una cláusula penal pactada en el contrato demandado, por lo que, resulta evidente que se debe solicitar su cumplimiento a los fines de que sea cancelado los daños pretendidos.
No cabe duda entonces de la posibilidad de acumular las pretensiones propuestas por la accionante, y adicionalmente, lejos de significar una inepta acumulación la petición del cumplimiento del contrato más los daños y perjuicios previstos contractualmente, no existe fundamento legal en la afirmación de que tales pretensiones pudieren ser contradictorias, bajo el razonamiento del Juez de alzada en virtud de los cuales emana errónea conclusión de que la pretensión de mis representados que involucra el pago de los daños y perjuicios contractuales iguala (sic) la de la resolución del contrato, la cual, a todas luces, nunca fue pretendida en el presente juicio.
En relación a lo anterior, resulta necesario analizar entonces la norma procesal que fue erróneamente aplicada por el tribunal de Alzada. Nos referimos al artículo 78 del Código de procedimiento Civil, cuyo contenido reza:
( omissis )
Tal y como se desprende del contenido de la sentencia bajo examen, el Juzgador aplicó la precitada norma bajo la convicción de que nuestro mandante solicitó, como pretensiones concurrentes, el cumplimiento del contrato y la resolución del mismo, toda vez que como ya hemos explicado, resulta de una deficiente evaluación del contenido del presente juicio la conclusión de que la pretensión de la actora involucra, además del cumplimiento forzoso del contrato, la resolución del mismo
El Juez de Alzada yerra al aplicar la norma contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil; por cuanto, no se configura su aplicación. El supuesto de hecho que trató de aplicar, que la concurrencia de dos procedimientos incompatibles, no se configura; con lo que, el Superior (sic) incurrió en una falsa aplicación de la norma.
Es por los planteamientos esgrimidos que, solicito sea revocada la sentencia recurrida, por haber una falsa aplicación del artículo 78 del Código Adjetivo (Destacado de lo transcrito)
La Sala, para decidir observa:
El formalizante delata la falsa aplicación del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que resulta incorrecto su juzgamiento, toda vez que la alzada se equivocó al aplicar dicha la norma; por cuanto en el presente juicio no se configura la concurrencia de dos procedimientos incompatibles.
Como ya se expresó en este fallo, la inepta acumulación de pretensiones fue decretada por el juez de alzada de forma correcta, al verificarse en este caso, que se acumularon pretensiones que se excluyen mutuamente, dado que el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato y a su vez la condena en pago de daños y perjuicios por ejecución de la clausula penal, por cuanto que, dicha solicitud se equipara a solicitar el cumplimiento del contrato y su resolución, argumentación de la alzada, que esta Sala comparte, visto que el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, y que el acreedor puede pedir al deudor que esté en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada.
Por lo cual, no evidencia esta Sala la falsa aplicación denunciada por la recurrente, lo que determina la improcedencia de esta delación. Así se declara.-
-III-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia que la recurrida incurrió en el vicio de suposición falsa, al atribuir a actas del expediente menciones que no contiene.
Señala la formalizante:
V
Del Vicio de Infracción de ley por Falsa Suposición
Esta representación denuncia conforme a las previsiones del ordinal 2do del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil el vicio de Falsa (sic) Suposición (sic) en el que incurre le recurrida.
Acerca del prenombrado vicio, la Sala de Casación Social. Parafraseando a Márquez Añez, ha establecido lo siguiente a cerca de la correcta técnica casacional para su denuncia:
( omissis )
De manera que para que configure el vicio de falso supuesto, necesariamente se debe producir en el razonamiento del juez una conducta positiva, que involucre un elemento o hecho inexistente en los alegatos reproducidos por las partes a lo largo del juicio, que incida decisivamente en la resulta del juicio esperada por las partes.
Ahora bien, a los fines ilustrativos se pasa trascribir lo decidido por el Juzgado Superior, en relación a la inepta acumulación de pretensiones:
( omissis )
Ahora bien, de acuerdo a la doctrina patria más calificada, los supuestos de falsa aplicación se configuran en torno a una errónea o equivocada apreciación de los hechos contenidos en las actas o pruebas del expediente. Al respecto, Hériquez La Roche ha enumerado los casos que suponen la materialización del vicio denunciado, los cuales reproducimos a conveniencia de los hechos interesantes a esta causa:
( omissis )
De acuerdo a lo expuesto, resulta evidente que, al atribuir a mis mandantes la pretensión de resolución de la causa de forma infundada de acuerdo a los elementos contenidos en las actas del juicio, el juez de la causa incurre en un establecimiento equivocado de los hechos: en el caso que nos ocupa, señala que fueron acumuladas en una misma acción la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra-venta y la demanda de resolución de contrato, cuando en realidad no consta en las pretensiones por la actora de la resolución, razón ésta que conlleva a una falsa suposición enmarcada en el segundo supuesto del artículo 320 del Código de procedimiento Civil, que involucra la atribución a instrumento o acta del expediente menciones que no contiene.
Ahora bien, retomando el criterio de la Sala de Casación Social anteriormente transcrito, es necesario advertir que el vicio en que incurre el juzgador se identifica con el supuesto de falsa suposición tradicionalmente aceptado por la doctrina patria: nos referimos a la falsa suposición positiva. Al respecto, la Sala de Casación Social ha mantenido el criterio reiterado que apunta a la necesidad de que el falso supuesto denunciado sea positivo, a los fines de su procedencia:
( omissis )
Igualmente, la Sala de Casación Civil ha adoptado el criterio expuesto, requiriendo de forma esencial que se verifique el rasgo positivo del falso supuesto para la procedencia de la denuncia del vicio:
( omissis )
Ahora bien, ciudadano Juez, en atención al requerimiento expuestos en la sentencias anteriormente transcritas, resulta necesario enfatizar el hecho de que el presente vicio denunciado se configura como un falso supuesto positivo, toda vez que el hecho de la reclamación de la resolución del contrato es un hecho añadido por el juez en su valoración, en la circunstancia de que el mismo no consta en las pretensiones de la actora. En razón ésta por la cual el vicio que en esta oportunidad se denuncia, significa el supuesto requerido por nuestra doctrina y jurisprudencia para la procedencia de tal denuncia (Destacado de lo transcrito)
La Sala, para decidir observa:
El formalizante delata el vicio de suposición falsa, al considerar que la recurrida efectuó un establecimiento equivocado de los hechos, al señalar que fueron acumuladas en una misma acción el cumplimiento y la resolución de contrato, cuando en realidad no consta en las pretensiones por la demandante tal solicitud, por lo que le atribuyó a las actas del expediente menciones que no contiene.
En el caso de autos, se denuncia que el juez de alzada incurrió en una suposición falsa, destacando para ello la parte recurrente, lo que a su juicio, fue el pronunciamiento de influencia determinante en el error del dispositivo del fallo, señalando un hecho añadido por el juez en su valoración, en la circunstancia de que el mismo no consta en las pretensiones de la actora , sin embargo, a criterio de esta Sala, el hecho destacado como configurador de tal suposición falsa no es tal, toda vez que lo cuestionado por el recurrente es la conclusión jurídica a la que llegó el juez de alzada para decretar la inepta acumulación de pretensiones, después de un análisis de los hechos alegados en el libelo de la demanda; por lo cual, tratándose de una conclusión y no de un hecho, no es atacable como suposición falsa.
Sobre este particular, la Sala ha indicado de forma reiterada que las conclusiones jurídicas del juez, no pueden ser atacadas mediante las denuncias de falso supuesto. En este sentido, en decisión de fecha 22 de octubre 1998. Caso: Judith Brazón Solano contra Teidy Rafael Morán Pérez y otra, reiterada mediante sentencia N° 43, de fecha 16 de marzo de 2000, expediente N° 1999-473, caso: María Del Socorro Narváez de Salazar y otros, contra Universidad de Oriente (U.D.O.), y otra, dispuso lo siguiente:
La suposición falsa consiste en la afirmación por el Sentenciador de un hecho positivo y concreto, falso o inexacto, dentro de los supuestos establecidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que se ha caracterizado tal error como el establecimiento de un hecho mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta; como la afirmación de un hecho falso, sin base en prueba que lo sustente; o la afirmación en la sentencia de un hecho concreto, sin base en prueba que lo sustente; o la afirmación en la sentencia de un hecho concreto, falso o inexistente. Como vemos, existe una nota común: se trataría de la afirmación o establecimiento de un hecho falso; por ello la doctrina ha exigido, entre los requisitos de la denuncia de suposición falsa, que se señale el hecho concreto a que ella se refiere. (Sentencia 11 de marzo de 1992).
En su primera imputación de suposición falsa, el recurrente afirma que el Juez creyó hallar un contrato perfecto y perfeccionado de compraventa, cuando apenas lo que hay es una mera opción o promesa, con lo cual está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión de perfeccionamiento del contrato a la cual llegó el Sentenciador, luego de examinar las pruebas y aplica el derecho; por tanto, no tratándose de un hecho, sino de una conclusión del Juez, ésta no es atacable como suposición falsa. (Destacados de la Sala).-
Por todo lo expuesto, se estima improcedente la presente denuncia, al no evidenciarse en este caso el vicio de suposición falsa que se le atribuye a la recurrida, así como se declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandante. Así se decide.-
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 27 de junio de 2016.
Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la demandante recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
___________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
____________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2016-000677
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario Temporal,
Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de las Magistradas y los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 27 de junio de 2016, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto y fundamenta su desacuerdo en los siguientes términos:
La decisión de la cual disiento, señala específicamente que se acumularon pretensiones que se excluyen mutuamente, dado que el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato y a su vez la condena en pago de daños y perjuicios por ejecución de la cláusula penal, por cuanto que, dicha solicitud se equipara a solicitar (sic) el cumplimiento del contrato y su resolución, argumentación de la alzada, que esta Sala comparte . (Negrillas del suscrito).
Al respecto, se evidencia que la actora en su libelo de demanda, peticionó el cumplimiento del contrato de opción compra venta, conjuntamente con el pago de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula cuarta del acuerdo consensual, ello, contrario a lo establecido por la alzada al referir, que la parte actora realizó la acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto el cumplimiento de la opción compra venta, así como también, el pago de la cláusula Quinta del referido contrato, lo cual realiza de manera simple ( ), por el contrario señala taxativamente que demandar por cumplimiento de contrato, y al mismo tiempo solicitar el cumplimiento del mismo en relación a la ya mencionada cláusula, lo cual implica resolución más el pago ( Omissis ). Dado lo expuesto se evidencia claramente que lo pretendido por la actora es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual es ciertamente una acumulación indebida. La Ley sustantiva civil, no permite el ejercicio conjunta de ambas acciones (resolutoria y cumplimiento) ( ), este tribunal no puede acordar de manera simultánea el cumplimiento del contrato, y al mismo tiempo el pago de la cláusula penal, toda vez que lo procedente sería demandar el cumplimiento junto con el pago de los daños y perjuicios de manera subsidiaria .
Sobre el particular, la disentida manifiesta en su análisis compartir el desiderátum del ad quem con respecto a la acumulación indebida de pretensiones, reafirmando que el acreedor no puede reclamar al mismo tiempo la cosa principal y la pena.
En relación con ello, resulta imperioso ratificar que la pretensión siempre estuvo dirigida a obtener la ejecución del contrato y la compensación por los daños y perjuicio causados por los demandantes, ello, de acuerdo con lo previsto en la citada cláusula cuarta, tal como fue expresado por la actora en su escrito libelar, texto debidamente transcrito en el presente fallo, del cual se desprende de manera evidente, que el ad quem, tergiversó el fundamento de la pretensión, al determinar y decidir, contrario a lo pedido por la acciónate, la ejecución del contrato y el cumplimiento de la cláusula penal prevista en la cláusula quinta del acuerdo contractual, generando una respuesta divorciada con lo que había sido solicitado.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Máxima Instancia Civil, ha dejado claramente expuesto en decisión N° 765 de fecha 24 de octubre de 2007, que la recurrida viola la previsión legal dispuesta en el ordinal 5° del artículo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando profiere un pronunciamiento distinto a lo pedido por las partes en el juicio, siendo ello lo que precisamente ocurrió en el presente caso, decisión que al ser compartida por la mayoría sentenciadora de esta Sala, resulta en anuencia con el desafuero generado por la recurrida.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, manifiesto mi desacuerdo con el pronunciamiento hecho por la mayoría de las magistradas y magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil con relación al presente fallo, pues resulta evidente la incongruencia generada por el ad quem al alterar los términos en que fue planteada la pretensión, determinando una acumulación indebida, cuando lo correcto era decidir estrictamente lo peticionado por la actora con ocasión a lo dispuesto en la cláusula cuarta, verificándose que la recurrida, modificó deliberadamente dicho conocimiento en la estipulación penal contenida en la cláusula quinta del referido contrato, tergiversando los términos en que fue planteado el conocimiento del juicio. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora de la Magistrada y Magistrados que integran esta Sala. Fecha ut supra.
Presidente de la Sala- disidente,
____________________________
YVÁN DARIO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÀZQUEZ ESTEVÈZ
Magistrado,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
______________________________
VILMA MARÍA FERNADEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
____________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
AA20-C-2016-000677
Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de las Magistradas y los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 27 de junio de 2016, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto y fundamenta su desacuerdo en los siguientes términos:
La decisión de la cual disiento, señala específicamente que se acumularon pretensiones que se excluyen mutuamente, dado que el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato y a su vez la condena en pago de daños y perjuicios por ejecución de la cláusula penal, por cuanto que, dicha solicitud se equipara a solicitar (sic) el cumplimiento del contrato y su resolución, argumentación de la alzada, que esta Sala comparte . (Negrillas del suscrito).
Al respecto, se evidencia que la actora en su libelo de demanda, peticionó el cumplimiento del contrato de opción compra venta, conjuntamente con el pago de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula cuarta del acuerdo consensual, ello, contrario a lo establecido por la alzada al referir, que la parte actora realizó la acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto el cumplimiento de la opción compra venta, así como también, el pago de la cláusula Quinta del referido contrato, lo cual realiza de manera simple ( ), por el contrario señala taxativamente que demandar por cumplimiento de contrato, y al mismo tiempo solicitar el cumplimiento del mismo en relación a la ya mencionada cláusula, lo cual implica resolución más el pago ( Omissis ). Dado lo expuesto se evidencia claramente que lo pretendido por la actora es lo mismo que pedir resolución y cumplimiento, lo cual es ciertamente una acumulación indebida. La Ley sustantiva civil, no permite el ejercicio conjunta de ambas acciones (resolutoria y cumplimiento) ( ), este tribunal no puede acordar de manera simultánea el cumplimiento del contrato, y al mismo tiempo el pago de la cláusula penal, toda vez que lo procedente sería demandar el cumplimiento junto con el pago de los daños y perjuicios de manera subsidiaria .
Sobre el particular, la disentida manifiesta en su análisis compartir el desiderátum del ad quem con respecto a la acumulación indebida de pretensiones, reafirmando que el acreedor no puede reclamar al mismo tiempo la cosa principal y la pena.
En relación con ello, resulta imperioso ratificar que la pretensión siempre estuvo dirigida a obtener la ejecución del contrato y la compensación por los daños y perjuicio causados por los demandantes, ello, de acuerdo con lo previsto en la citada cláusula cuarta, tal como fue expresado por la actora en su escrito libelar, texto debidamente transcrito en el presente fallo, del cual se desprende de manera evidente, que el ad quem, tergiversó el fundamento de la pretensión, al determinar y decidir, contrario a lo pedido por la acciónate, la ejecución del contrato y el cumplimiento de la cláusula penal prevista en la cláusula quinta del acuerdo contractual, generando una respuesta divorciada con lo que había sido solicitado.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Máxima Instancia Civil, ha dejado claramente expuesto en decisión N° 765 de fecha 24 de octubre de 2007, que la recurrida viola la previsión legal dispuesta en el ordinal 5° del artículo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando profiere un pronunciamiento distinto a lo pedido por las partes en el juicio, siendo ello lo que precisamente ocurrió en el presente caso, decisión que al ser compartida por la mayoría sentenciadora de esta Sala, resulta en anuencia con el desafuero generado por la recurrida.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, manifiesto mi desacuerdo con el pronunciamiento hecho por la mayoría de las magistradas y magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil con relación al presente fallo, pues resulta evidente la incongruencia generada por el ad quem al alterar los términos en que fue planteada la pretensión, determinando una acumulación indebida, cuando lo correcto era decidir estrictamente lo peticionado por la actora con ocasión a lo dispuesto en la cláusula cuarta, verificándose que la recurrida, modificó deliberadamente dicho conocimiento en la estipulación penal contenida en la cláusula quinta del referido contrato, tergiversando los términos en que fue planteado el conocimiento del juicio. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora de la Magistrada y Magistrados que integran esta Sala. Fecha ut supra.
Presidente de la Sala- disidente,
_____________________________________
YVÁN DARIO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÀZQUEZ ESTEVÈZ
Magistrado,
___________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
______________________________
VILMA MARÍA FERNADEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
____________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario - Temporal,
_________________________________
RICARDO INFANTE
AA20-C-2016-000677
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