Sentencia N.º RC.000244
- Sentencia
- N.º RC.000244
- Fecha
- 03/05/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-451
- Ponente
- Vilma Maria Fernandez Gonzalez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. AA20-C-2016-000451
Magistrada Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
En el juicio por cumplimento de contrato de opción compra venta seguido por el ciudadano WILFREDO ANTONIO FARÍAS BENÍTEZ, representado judicialmente por los abogados Carlos Reyes Medrano, María Antonieta Mangiafico Lingg y Reinaldo José Martínez González contra la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO, representada judicialmente por los abogados Juan José Pino Paredes, María Pino Paredes, Sthefani Alejandra Pino Golding y Carlos Alberto Barone González; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, dictó sentencia en fecha 11 de abril de 2016, mediante la cual declaró: 1° con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 2° con lugar la demanda incoada por el ciudadano WILFREDO ANTONIO FARÍAS BENÍTEZ contra la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO, 3° improcedente la tacha de instrumento privado, 4° sin lugar la reconvención propuesta por la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO contra el ciudadano WILFREDO ANTONIO FARÍAS BENÍTEZ, 5° se revocó la sentencia recurrida en todas sus partes y, 6° se condenó en costas a la parte demandada de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se anuló el fallo dictado el 11 de agosto de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que declaró: 1° sin lugar la demanda principal por cumplimiento de contrato, 2° con lugar la reconvención por resolución de contrato e indemnización de daños planteada por la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO contra el ciudadano WILFREDO ANTONIO FARÍAS BENÍTEZ, 3° se declaró resuelto el contrato de opción de compra venta, 4° se ordenó a la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO pagar al ciudadano WILFREDO ANTONIO FARÍAS BENÍTEZ, el monto total en bolívares que arroje la experticia complementaria del fallo que a tales efectos se ordenó realizar, sobre la cantidad de Bs. 270.000,00; 5° se suspendió la medida de prohibición de enajenar y gravar que pesaba sobre el inmueble, 6° de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condenó en costas a la parte demandante.
Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 10 de mayo de 2016, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
En fecha 24 de febrero de 2017, en Sala Plena de éste órgano jurisdiccional se eligió la nueva junta directiva para el período 20172019, quedando reconstituida esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017 de la siguiente manera: Presidente Yván Dario Bastardo Flores; Vicepresidente Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada Vilma María Fernández González; Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba; Secretario Temporal Ricardo Infante y Alguacil Roldan Velázquez Durán.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1° y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, sentencia Nº 22, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, referido a que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia; tiene la prerrogativa de extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional no denunciados por el recurrente; en consecuencia, casar de oficio el fallo recurrido, sin entrar a analizar las denuncias articuladas en el recurso de casación, atendiendo siempre a los postulados del artículo 23 eiusdem.
En ese sentido, a objeto de conciliar una recta y sana aplicación en la administración de justicia, la Sala procede a resolver la situación de hecho configurada en el sub iudice en los términos siguientes:
De las actas que integran el expediente, se observa que a los folios 33 al 41 de la pieza signada 1° de 2°, corre inserto escrito de reforma a la demanda de fecha 30 de octubre de 2013, específicamente en el capítulo I, el cual señala lo siguiente:
en la Cláusula TERCERA: Acuerdan que el precio de la venta lo convinieron en la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,00), de los cuales EL COMPRADOR OPTANTE, cancelaría a LA VENDEDORA OPTANTE, la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), por concepto de reserva y garantía, en ese momento, que serían cargados al precio de la venta, para garantizar la Oferta de Compra al momento de la firma de este documento y para que LA VENDEDORA OPTANTE, cancelara la deuda que mantenía con el Banco de Venezuela y la correspondiente Liberación de Hipoteca, sobre el inmueble objeto del contrato, según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Maturín del Estado Monagas, en fecha 15 de Marzo de 2007, (sic) anotado bajo el N° 32, Protocolo Primero, tomo 21; mediante cheque N° 05800178, de la cuenta corriente N°0128-0059-29-5900855106, del Banco Caroní, por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.500.000,00), a favor de MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO, de fecha 09-05-2013; y el resto mediante dos (02) pagos con fecha de vencimiento consecutivas el 15-09-2013 y 15-12-2013; por el monto de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 550.000,00), cada pago.
Omissis
Ciudadano Juez, es de resaltar que a solicitud de LA VENDEDORA OPTANTE, el primer pago por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), le fue entregado, una parte en efectivo y el resto mediante dos (2) cheques, uno por la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) y otro por la cantidad de VEINTIDOS MIL BOLÍVARES (Bs. 22.000,00), lo que suma la cantidad de lo inicial, de acuerdo al cronograma anterior, debido a que la (sic) así lo solicitó LA VENDEDORA OPTANTE, para solventar problemas económicos por los cuales atravesaba, en especial la cancelación de una hipoteca que pesaba sobre el inmueble a una entidad bancaria; igualmente cada vez que tenía inconvenientes económicos, me llamaba a solicitar adelantos; los cuales en múltiples oportunidades les fueron concedidos mediante depósitos.
Ciudadano juez, es el caso que LA VENDEDORA OPTANTE, hasta la presente fecha no ha cumplido con las obligaciones adquiridas en el contrato de Promesa Bilateral de Compra-Venta, suscrito por ella y mi persona; y digo esto, porque pese a que protocolizamos el documento de Opción de Compra Venta y haberle entregado en cantidades de dinero más de lo acordado en el contrato; tengo información cierta de que LA VENDEDORA OPTANTE, vendió el inmueble a terceras personas, en virtud que he visto a tercera personas entrar y salir al inmueble, realizando trabajos de remodelación, y por cuanto vivo en la misma urbanización, esas personas me informaron que habían adquirido el inmueble, que me fue vendido y aunque no lo he terminado de cancelar; esto se debe que hay un plazo pendiente según el contrato, que es el 15 de Diciembre de 2013. Para la fecha del segundo pago, el 15-09-2013; ya le habían sido entregados a LA VENDEDORA OPTANTE, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs1.148.000,00); cifra esta que supera lo establecido en el Contrato de Opción de Compra Venta, que debió ser la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs1.050.000,00). En virtud de que la compradora optante me solicitó la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.300.000,00) más, en esa misma fecha, o sea el 16-09-2013; a los fines de adelantar la firma definitiva del documento de venta a solicitud de ella, le emití un cheque por esa suma, el cual no cubrí, al enterarme que había negociado el inmueble con terceras personas; y presenciar personalmente que en el inmueble, realizaban trabajos de reformas y remodelaciones, por órdenes de una supuesta nueva propietaria de nombre CARMEN ALIDA LARA. Igualmente me dirigí al estar de vigilantes y los funcionarios me manifestaron, que los trabajadores entraban con la nueva supuesta propietaria . (Negrillas y mayúsculas de la demanda).
Seguidamente, en el capítulo III de la mencionada reforma explanó lo siguiente:
por cuanto la supuesta compradora, ciudadana CARMEN ALIDA LARA, insiste en realizar trabajos de mejoras y remodelación al inmueble, pese a que le explique, que sobre el referido inmueble tengo derechos de propiedad, producto del CONTRATO DE PROMESA BILATERAL DE COMPRAVENTA, anteriormente identificado; y por cuanto no conozco mayores detalles de su identidad; simplemente dicen que compraron el inmueble; tal y como consta Acta de Inspección realizada por la Notaría Segunda de Maturín, de fecha 24 de octubre de 2013, anotado bajo el N°28, la cual constante de tres (7) (sic) folios útiles, acompaño en original a esta reforma de demanda marcada A; es por ello que; solicito de este tribunal, a los fines de lograr la paralización de tales trabajos o mejoras, que empeoran la situación, pudiendo incidir en lo definitivo de la causa (Negrillas y mayúsculas de la demanda).
Posteriormente, la parte demandada al momento de contestar la demanda promovió cuestiones previas, y en el escrito de oposición a éstas, el demandante señaló lo siguiente:
Por otro lado, ciudadano Juez, la ciudadana MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO, suficientemente identificada en los autos y parte demandada, en un acto de mala fe y tratando de burlar sus obligaciones contractuales, celebró el día 26 de septiembre de 2013, UN CONTRATO DE OPCIÓN OPCIÓN (sic) DE COMPRA, con la ciudadana CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad N° 4.020.013 y de este domicilio, quien también actuando de mala fe, debido que a sabiendas de que el inmueble está ubicado en la Jurisdicción del Municipio Maturín, suscribieron el contrato ante un registro de otro Municipio, mediante el cual, de conformidad con la Cláusula PRIMERA, establecen: LA PROPIETARIA, lo es de un (1) inmueble constituido por una parcela de terreno y vivienda sobre ella construida, distinguida la parcela con el N°21, que forma parte del .. (identifican el mismo inmueble que a mí se me dio en venta); y según la Cláusula Segunda, del mismo contrato, establecen: el precio del inmueble, convenido entre las partes, es la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.400.000,00); en la Cláusula Tercera, establece que la propietaria recibe en ese acto la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,00), como abono al precio de venta convenido ., mediante un (1)cheque del Banco de Venezuela, N°01002327, de la cuenta N° 0102-0451-81-0000066154, a favor de LA PROPIETARIA; todo según consta de documento otorgado por ante el Registro Público de los Municipios Bolívar y Punceres del estado Monagas, en fecha 26 de septiembre de 2013; anotado bajo el N° 99, tomo 31, de los libros de(Negrillas y mayúsculas de la demanda). autenticaciones llevados por esa oficina; el cual acompaño marcado A en copia fotostática y con copia certificada, para su constatación por secretaría, la cual promoveré y consignare durante el correspondiente lapso probatorio (Negrillas y mayúsculas del demandante).
Finalmente, en el lapso de promoción de pruebas la parte demandante en el capítulo I, consignó lo siguiente:
Promuevo y consigno marcado B y constante de seis (6) folios útiles, copia certificada del CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA, suscrito por la Abogado JUAN MANUEL ZERPA, registrador público de los Municipios Bolívar y Punceres del estado Monagas; en la cual la demandada suscribe dicha opción con la ciudadana CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR, venezolana (Negrillas y mayúsculas de la demandante).
Tal como claramente se desprende de la precedente transcripción, el demandante alegó en su escrito de reforma a la demanda y en el escrito de promoción de pruebas que ambas partes acordaron; en principio, la celebración de un contrato de opción de compra venta de un inmueble (parcela y vivienda sobre ella construida) por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,00), de los cuales EL COMPRADOR OPTANTE, cancelaría a LA VENDEDORA OPTANTE, la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), por concepto de reserva y garantía, en ese momento, que serían cargados al precio de la venta, para garantizar la Oferta de Compra al momento de la firma de este documento ( ) a favor de MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO, de fecha 09-05-2013; y el resto mediante dos (02) pagos con fecha de vencimiento consecutivas el 15-09-2013 y 15-12-2013; por el monto de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 550.000,00), cada pago
En este sentido, señala el demandante que a solicitud de LA VENDEDORA OPTANTE, el primer pago por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), le fue entregado, una parte en efectivo y el resto mediante dos (02) cheques, uno por la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) y otro por la cantidad de VEINTIDOS MIL BOLÍVARES (Bs. 22.000,00), lo que suma la cantidad de lo inicial, de acuerdo al cronograma anterior , debido a que a juicio de la parte actora, así lo solicitó la vendedora optante.
Agregó además que LA VENDEDORA OPTANTE, hasta la presente fecha no ha cumplido con las obligaciones adquiridas en el contrato de Promesa Bilateral de Compra-Venta, suscrito por ella y mi persona; y digo esto, porque pese a que protocolizamos el documento de Opción de Compra Venta y haberle entregado en cantidades de dinero más de lo acordado en el contrato; tengo información cierta de que LA VENDEDORA OPTANTE, vendió el inmueble a terceras personas, en virtud que he visto a tercera personas entrar y salir al inmueble, realizando trabajos de remodelación, y por cuanto vivo en la misma urbanización, esas personas me informaron que habían adquirido el inmueble, que me fue vendido y aunque no lo he terminado de cancelar; esto se debe que hay un plazo pendiente según el contrato, que es el 15 de Diciembre de 2013. Para la fecha del segundo pago, el 15-09-2013; ya le habían sido entregados a LA VENDEDORA OPTANTE, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs1.148.000,00) ( ) En virtud de que la compradora optante me solicitó la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.300.000,00) más, en esa misma fecha, o sea el 16-09-2013; a los fines de adelantar la firma definitiva del documento de venta a solicitud de ella, le emití un cheque por esa suma, el cual no cubrí, al enterarme que había negociado el inmueble con terceras personas; y presenciar personalmente que en el inmueble, realizaban trabajos de reformas y remodelaciones, por órdenes de una supuesta nueva propietaria de nombre CARMEN ALIDA LARA
Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2013, para verificar las reformas y remodelaciones anteriormente mencionadas, previa solicitud hecha a la Notaría Pública Segunda de Maturín, estado Monagas, se evidenció mediante la Inspección Extrajudicial las remodelaciones hechas al inmueble objeto del contrato.
En el escrito de oposición a las cuestiones previas opuestas por la parte demandada, la parte actora señaló que, el contrato de opción de compra suscrito por las ciudadanas MAIBRI JOSEFINA MARTÍNEZ CASTILLO y CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR; estaba inmerso de mala fe, debido a que, en su criterio, éstas estaban en conocimiento de que el inmueble estaba ubicado en la Jurisdicción del Municipio Maturín, y no en el Municipio donde suscribieron el contrato, mediante el cual, de conformidad con la Cláusula PRIMERA, establecen: LA PROPIETARIA, lo es de un (1) inmueble constituido por una parcela de terreno y vivienda sobre ella construida, distinguida la parcela con el N° 21, que forma parte del .. (identifican el mismo inmueble que a mí se me dio en venta); y según la Cláusula Segunda, del mismo contrato, establecen: el precio del inmueble, convenido entre las partes, es la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.400.000,00); en la Cláusula Tercera, establece que la propietaria recibe en ese acto la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,00), como abono al precio de venta convenido ., mediante un (1) cheque (sic) del Banco de Venezuela, N°01002327, de la cuenta N° 0102-0451-81-0000066154, a favor de LA PROPIETARIA; todo según consta de documento otorgado por ante el Registro Público de los Municipios Bolívar y Punceres del estado Monagas, en fecha 26 de septiembre de 2013; anotado bajo el N° 99, tomo 31, de los libros de autenticaciones llevados por esa oficina
Por último, en el lapso de promoción de pruebas el demandante consignó copia certificada del contrato de compra suscrito por las ciudadanas Maibri Josefina Martínez Castillo y Carmen Alida Lara De Salazar, referido anteriormente.
Ahora bien, en el presente caso esta Sala observa, que la sentencia recurrida declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante; con lugar la demanda de cumplimiento de contrato; improcedente la tacha de instrumento privado; sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada y en consecuencia revocó la sentencia recurrida, condenando en costas a la parte demandada, por considerar que en el presente juicio, de las actas que conforman el expediente, se aprecia que la demandada en fecha 26 de septiembre de 2013, suscribió otro contrato de opción de compra con la ciudadana Carmen Alida Lara Salazar, evidenciando a todas luces para el Juez de Alzada un incumplimiento de acuerdo previo por parte de la demandada de autos de seguir con la negociación de la promesa de venta con el ciudadano Wilfredo Antonio Farías Benítez.
En este sentido, esta Sala aprecia que de la sentencia recurrida, es preciso destacar, que una regla de aceptación general, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que cuando alguna parte en juicio, deba estar integrada por una pluralidad de sujetos, sea la parte actora o demandada, o se esté ante un supuesto de litisconsorcio necesario, bien activo o pasivo, la falta o ausencia en juicio de alguna de tales sujetos, genera una falta de legitimación de esa parte, que impedirá que se dicte una sentencia eficaz y por consiguiente desprovista de efectos jurídicos.
Ello es así, por que ante tal supuesto, la sentencia no habría sido pronunciada frente a todos aquellos sujetos de derecho ante quienes necesariamente debe dictarse la decisión para producir eficazmente sus efectos jurídicos y, por otra parte, en vista de que se habría desconocido el derecho de defensa, de las personas ausentes que deben integrar el litisconsorcio necesario.
Lo cierto es que si no se atiende tal extremo, y no se integra debidamente el litisconsorcio, la sentencia que se dictara devendría inutiliter data, esto es, inoperante de efectos jurídicos.
No obstante, esta Sala mediante reciente criterio, establecido en sentencia N° 778, de fecha 12 de diciembre de 2012, expediente N° 2011-000680, caso: Luis Miguel Nunes Méndez contra Carmen Olinda Alvelaez De Martínez, puntualizó lo siguiente:
esta Sala estima importante añadir algunos antecedentes de la institución del litisconsorcio necesario en nuestra legislación, para luego determinar cómo debe ser tratado por el juez en términos formales.
Precisamente, la actividad integradora del litis-consorcio necesario en nuestro ordenamiento, tiene un antecedente en la legislación italiana, en cuyo Código de Procedimiento Civil, sancionado el año 1940, se estableció lo siguiente:
Artículo 102.- Litisconsorcio necesario. Si la decisión no puede pronunciarse sino frente a varias partes, estas deben actuar o ser demandadas en el mismo proceso.
Si éste último es propuesto solamente por alguna o contra alguna de ellas, el juez ordena la integración del contradictorio en un término perentorio por él establecido.(Negrillas y subrayado de la Sala).
Al referirse a la facultad de proceder del juez dispuesto en esta norma, el profesor Arístides Rengel Romberg señala que se trata de una solución que nos parece más ventajosa, porque el rechazo de la demanda por falta de legitimación pasiva, pudiéndose integrar a tiempo el contradictorio, es contrario al principio de economía procesal y de celeridad . (Ob. cit. Tomo II, página 43).
Del mismo modo, es de observar, que el Proyecto de Código Tipo de Procedimiento Civil para América Latina, recoge la disposición siguiente:
Artículo 57. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal.
Cuando el defecto se denuncie o se advierta por el Tribunal fuera de esta oportunidad, se procederá de la misma manera..
Por su parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone al respecto, lo siguiente:
Artículo 51. En el caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal....
De acuerdo a los anteriores precedentes, así como de los criterios jurisprudenciales antes referidos, puede concluirse que la falta de cualidad en los casos de litis-consorcio, el tribunal está llamado a practicar en cada caso concreto, un detenido análisis de los términos subjetivos de la litis, de conformidad con lo planteado inicialmente en la demanda, para definir bajo su propio criterio jurídico, quiénes son las personas que deben integrar el litis-consorcio necesario, en el cual, como sugiere el maestro Loreto, deberá hacer un juicio de identidad lógica entre la persona que intenta o contra quien se intenta la acción, y aquella persona a quien por mera hipótesis o en sentido abstracto la Ley atribuye la facultad de estar en juicio, ya como actor o ya como demandado, para formular una pretensión mediante demanda, todo esto con el fin de garantizar una sentencia plenamente eficaz. (Loreto Luís. Ensayos Jurídicos. Editorial Jurídica Venezolana. 1987. Página 195).
Ergo, la legitimación debe ser entendida unívocamente como un juicio puramente lógico de relación, limitadamente dirigido a establecer quiénes son las personas que deben estar en juicio como integrantes de la relación procesal, y, por consiguiente, ese juicio debe aparecer y ser establecido por el juez, pues si hay un titular o titulares efectivos o verdaderos de los derechos en juicio, esos son los que debe determinar el juzgador con tal carácter para la relación procesal, y de ello no puede prescindir el juzgador. De tal manera que, una vez determinado tal extremo y verificado por el juez, en cualquier estado de la causa, que existe un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, el juez está en la obligación de ordenar de oficio su integración.
Por lo tanto, el juez respectivo al advertir un litisconsorcio pasivo necesario en la causa debe estar atento a resguardar en primer orden los principios: pro actione, de economía procesal, seguridad jurídica, así como en definitiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el sentenciador en ejercicio de su función correctiva y saneadora del proceso tiene la facultad de integrar de oficio la relación jurídico procesal. En efecto, los principios constitucionales lo autorizan para corregir en cualquier estado y grado de la causa una indebida constitución del proceso, en caso de que ese control no se hubiese realizado a priori en el auto de admisión de la demanda, por consiguiente queda facultado para tomar decisiones de reposición con el fin de ordenar y procurar el equilibrio de las partes en el proceso.
Ahora bien, en relación con la aplicación temporal del criterio anteriormente desarrollado, esta Sala establece que el mismo comenzará a regir para aquellas causas que sean admitidas luego de la publicación del presente fallo. Así se establece, todo ello en virtud de la expectativa plausible desarrollado por la Sala Constitucional. Asimismo, deja establecido la Sala que de ser incumplido el llamado al tercero en el auto de admisión, ello no dará lugar a la reposición automática durante la tramitación en el juicio, pues lo procedente será llamar al tercero, y sólo si éste solicitase la reposición es que la misma sería acordada, todo ello en aras de evitar reposiciones inútiles, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Negrillas y subrayado del texto de la cita).
De la jurisprudencia parcialmente transcrita, se desprende que la falta de cualidad en los casos de litis-consorcio, el tribunal está llamado a practicar en cada caso concreto, un detenido análisis de los términos subjetivos de la litis, de conformidad con lo planteado inicialmente en la demanda, para definir bajo su propio criterio jurídico, quiénes son las personas que deben integrar el litis-consorcio necesario...
Luego, se refirió a la legitimación la cual va dirigido a establecer quiénes son las personas que deben estar en juicio como integrantes de la relación procesal, y, por consiguiente, ese juicio debe aparecer y ser establecido por el juez, pues si hay un titular o titulares efectivos o verdaderos de los derechos en juicio, esos son los que debe determinar el juzgador con tal carácter para la relación procesal, y de ello no puede prescindir el juzgador. De tal manera que, una vez determinado tal extremo y verificado por el juez, en cualquier estado de la causa, que existe un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, el juez está en la obligación de ordenar de oficio su integración
Asimismo, señala que los principios constitucionales lo autorizan para corregir en cualquier estado y grado de la causa una indebida constitución del proceso, en caso de que ese control no se hubiese realizado a priori en el auto de admisión de la demanda, por consiguiente queda facultado para tomar decisiones de reposición con el fin de ordenar y procurar el equilibrio de las partes en el proceso.
Por último, estableció la Sala que, de ser incumplido el llamado al tercero en el auto de admisión, ello no dará lugar a la reposición automática durante la tramitación en el juicio, pues lo procedente será llamar al tercero, y sólo si éste solicitase la reposición es que la misma sería acordada, todo ello en aras de evitar reposiciones inútiles, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
De acuerdo con todo lo expresado, aplicando el criterio jurisprudencial anteriormente citado, al haberse quebrantado lo dispuesto en la jurisprudencia, la Sala se ve obligada a decretar la nulidad y reposición de la causa al estado de citación del tercero interesado, ciudadana CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR para la conformación del litis consorcio necesario de la demanda para que asuma la causa desde el comienzo, todo esto, a los fines de procurar el equilibrio de las partes en el proceso.
Ante la situación planteada, considerando el hecho de que el objeto de la pretensión está dirigido a dar cumplimiento al contrato de opción de compra venta celebrado previamente entre los ciudadanos, Wilfredo Antonio Farías Benítez y Maibri Josefina Martínez Castillo, propietaria del inmueble, constituido por una parcela de terreno y vivienda sobre ella construida; y que posteriormente, ésta, suscribió un contrato distinto al primero de opción de compra con la ciudadana Carmen Alida Lara de Salazar (tercera), el juez de primera instancia obvió el llamado al tercero en el auto de admisión de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala. Por consiguiente, existe un litis consorcio necesario, en el sentido de que debía también haberse llamado inicialmente de manera necesaria e ineludible al tercero interesado, toda vez, que en la demanda de cumplimiento de contrato que se incoó, la compra del inmueble por parte de este último, constituye un incumplimiento por parte de la propietaria de la promesa de venta para con la parte demandante.
Por lo tanto, al no verificarse la comparecencia del tercero interesado en el presente caso, es decir, la comparecencia en juicio de la ciudadana CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR, por tener aparente derechos e intereses en el inmueble objeto del contrato, y que al mismo tiempo, se hace necesaria su presencia en juicio tal y como lo establece la jurisprudencia de esta Sala, ya que de no configurarse la integración del litis consorcio necesario, atentaría contra los principios del debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49; esta Sala ordenará en la parte dispositiva de la decisión, la reposición de la causa al estado de que el juez de primera instancia que le corresponda conocer de la presente causa, se pronuncie sobre la admisión de la demanda, ordenándose la citación de la ciudadana Carmen Alida Lara de Salazar, en su carácter de tercero interesado, con el propósito de integrar debidamente el litisconsorcio pasivo, quedando nulas todas las actuaciones posteriores a ese acto procesal por ser esencial a la validez de los actos subsiguientes que fueron cumplidos durante el desarrollo del proceso. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 11 de abril de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. En consecuencia, se declara la NULIDAD de la precitada sentencia, y la NULIDAD de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 11 de agosto de 2015. Se ORDENA la reposición de la causa al estado en que el juez de primera instancia cite a la tercera interesada, ciudadana CARMEN ALIDA LARA DE SALAZAR, a fin de que forme parte del litis consorcio necesario, para la contestación de la demanda.
Dada la índole de la decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
__________________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
__________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada-Ponente,
________________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
________________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. Nro. AA20-C-2016-000451
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario Temporal,
Quien suscribe, Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este Alto Tribunal, expresa su voto salvado con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
La mayoría sentenciadora decidió casar de oficio el fallo recurrido, con fundamento en que no se integró debidamente el litisconsorcio pasivo necesario con la presencia en el proceso de la ciudadana Carmen Alida Lara de Salazar, lo que justificaría -en su criterio- la reposición de la causa, al estado de citar al juicio a la referida ciudadana para integrar la parte demandada.
En este sentido, la sentencia de la cual disentimos, afirma la existencia del referido litisconsorcio pasivo necesario, en que la ciudadana demandada Maibri Josefina Martínez Castillo, luego de celebrar un contrato de opción de compra venta de un inmueble con el actor -en fecha 9 de mayo de 2013-, el cual es objeto de la demanda de cumplimiento interpuesta en la presente causa, suscribió un segundo contrato de opción de compra venta sobre el mismo inmueble con una tercera persona, a saber, la ciudadana Carmen Alida Lara de Salazar -el 26 de septiembre de 2013-.
En este sentido, se observa que esta Sala de Casación Civil, ha explicado las diferencias entre el litisconsorcio voluntario y el litisconsorcio necesario o forzoso (cfr. sentencia N° 202 del 3 de abril de 2014), afirmando que el primero se caracteriza por contener varias relaciones sustanciales discutidas en el juicio, cuya acumulación bajo la unidad de una sola relación procesal permite la ley, en razón de la voluntad de las partes interesadas, por la relación de conexión que existe entre las diversas relaciones, o por la conveniencia de evitar sentencias contrarias o contradictorias si las diferentes relaciones son decididas separadamente en juicios distintos.
Mientras, que en el litisconsorcio necesario, existe una única relación sustancial controvertida para todos los integrantes de ella, de modo que cualquier alteración de dicha relación, para su eficacia, debe operar frente a todos sus integrantes, los cuales deben ser llamados todos a juicio para integrar debidamente el contradictorio. Por ello, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación sustancial frente a todos los demás, pues, la legitimación no corresponde a uno solo de ellos sino a todos conjuntamente. Por lo tanto, si el actor dirige la pretensión contra uno solamente de los sujetos legitimados para contradecir, el demandado puede alegar en la contestación de la demanda la falta de cualidad o de legitimación ad causam o también puede ser declarada de oficio por el juez en cualquier grado y estado de la causa.
De lo anterior se desprende que, si bien la acumulación subjetiva que implica el litisconsorcio voluntario, responde a razones de oportunidad o conveniencia, por lo que se deja a la discrecionalidad de las partes su conformación -dentro de los límites que el ordenamiento procesal determina-, el litisconsorcio necesario o forzoso resulta de una exigencia expresa del legislador -vgr. Los artículos 168, 208 del Código Civil y 777 del Código de Procedimiento Civil- o de la naturaleza de la relación jurídica sustantiva, que por ser única para todos los sujetos integrantes, no podría ser compuesta la litis si el pronunciamiento judicial no abraza a todos los interesados.
A la luz de lo antes expuesto sobre el carácter forzoso del litisconsorcio, considera quien suscribe este voto salvado, que en el caso de autos no se configura un litisconsorcio de tal naturaleza, y en consecuencia, no resultaría ajustado a derecho ordenar la reposición de la causa para su integración, ya que la legitimación ad causam de la parte demandada no está afectada en absoluto por la ausencia del tercero que la mayoría sentenciadora señala como litisconsorte pasivo necesario.
Esto, porque en primer lugar, la relación jurídica sustantiva controvertida en el presente juicio, tiene su fuente en el contrato suscrito entre el ciudadano demandante Wilfredo Farías y la ciudadana accionada Maibri Martínez, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.166 del Código Civil, no daña ni aprovecha a terceros (principio de relatividad de los contratos), por lo que, la controversia que se suscite entre las partes sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pueden resolverse satisfactoriamente sin la intervención de terceros, quienes eventualmente podrían ser llamados a la causa como litisconsortes voluntarios, si así lo deciden las partes contendientes -y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal para la intervención de terceros-, pero nunca considerarse litisconsortes forzosos o necesarios.
En efecto, el precontrato de opción de compra venta celebrado entre las partes litigantes, engendra la obligación para las partes, de celebrar posteriormente un contrato de compra venta, con efectos traslativos de la propiedad, lo que implica que, si el vendedor promitente celebra posteriormente un segundo contrato de opción de compra venta con una tercera persona -como ocurrió en el caso de autos-, quedaría obligado simultáneamente a transferir la propiedad de la misma cosa a diferentes personas, lo que evidencia que si no cumple la obligación adquirida en el primer contrato de vender la cosa, su incumplimiento es doloso y tendrá que responder aún por los daños imprevisibles que el incumplimiento haya irrogado al acreedor (artículo 1274 del Código Civil). No obstante, ninguna otra consecuencia puede extraerse de la situación fáctica planteada, ya que, por una parte, el solo hecho de haberse contraído la obligación de vender el mismo objeto a una tercera persona, no excluye la posibilidad del acreedor en el primer contrato de opción de compra venta, de exigir judicialmente el cumplimiento forzoso en especie de la obligación de transferir la propiedad mediante la subsiguiente compra venta; y en caso de hacerse imposible obtener tal cumplimiento en especie, por haber salido del patrimonio del vendedor promitente la propiedad del objeto, por ejemplo, por haberlo vendido al tercero que contrató en fecha posterior, siempre podrá el acreedor del primer contrato de opción de compra venta incumplido, exigir el cumplimiento forzoso por equivalente y el pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento doloso del promitente vendedor.
Por otra parte, si se estudian las relaciones que pudieran existir entre el comprador optante del primer contrato -quien es el demandante en la presente causa- y el segundo comprador optante -en este ceso el tercero considerado erróneamente como litisconsorte necesario-, se observa que el actor del presente juicio no tiene ninguna pretensión contra el tercero derivada de los contratos de opción de compra venta celebrados, ya que, la eficacia del primer contrato no afecta la validez del segundo, y adicionalmente, del segundo contrato de opción de compra venta, no surgen obligaciones frente al optante comprador del primer contrato. En consecuencia, considerar como litisconsorte pasivo necesario a la ciudadana Carmen Alida Lara de Salazar, por haber optado a la compra del mismo inmueble mediante el segundo contrato celebrado el 26 de septiembre de 2013, implica obligarle a litigar -como parte demandada- en un proceso en el cual, el accionante no tendría ninguna pretensión en su contra, ya que las consecuencias del incumplimiento del primer contrato, por el hecho de la vendedora promitente, no puede, en buen derecho, perjudicarla en forma alguna, atendiendo al referido principio de relatividad de los actos jurídicos.
En virtud de lo anterior, se observa con claridad que no existe una relación sustancial única, que por su naturaleza deba ser resuelta de manera uniforme respecto del tercero considerado como litisconsorte necesario por la mayoría sentenciadora, lo que hace injustificada e inútil la reposición decretada, por no existir falta de cualidad alguna que deba ser subsanada.
En este sentido, nuestro constituyente coloca sobre el Estado -especialmente sobre el Poder Judicial- el deber de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 CRBV).
En otras palabras, la prohibición expresa de decretar reposiciones, cuya utilidad no esté debidamente justificada por la necesidad de tutelar un interés que prevalezca sobre el cuidado reverencial de las formas procesales, es una exigencia respaldada por los valores fundamentales que el operador de justicia debe atender, lo que hace de la reposición un remedio excepcional y subsidiario del ordenamiento jurídico para asegurar la tutela judicial efectiva, ya que su utilización indiscriminada atenta contra la celeridad del sistema.
Esto es una exigencia de nuestra Carta Magna cuando establece que no se sacrificará la justicia de fondo por formalismos inútiles o no esenciales (artículo 26) y constituye una manifestación consecuencial de los principios de eficacia, de finalidad por encima de las formas, de economía procesal y de proporcionalidad (artículos 2, 26, 141 y 257), tal como ha sido expresado en forma reiterada por la Sala Constitucional, en sentencias N° 889, de fecha 30 de mayo de 2008, (caso: Inversiones Hernández Borges C.A. (INHERBORCA); N° 1176 del 12 de agosto de 2009, (caso: Leonardo Antonio Pérez Mondragón); N° 1055, del 28 de junio de 2011, (caso: Elizabeth Josefina Mosqueda), y N° 415 de fecha 7 de abril de 2015 (caso: Santiago de Jesús Arboleda Vargas), entre otras, al referirse a la inconstitucionalidad de las reposiciones inútiles.
En conclusión, consideramos que la sentencia aprobada por la mayoría, casa de oficio el fallo recurrido por motivos que no se ajustan a derecho, y adicionalmente, ordena una reposición inútil con graves consecuencias sobre los derechos constitucionales de las partes, a obtener una tutela judicial efectiva y expedita, sin dilaciones injustificadas.
En estos términos queda expresado mi voto salvado.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala,
_________________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente-disidente,
________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada-ponente,
______________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario temporal,
_________________________
Exp.: Nº AA20-C-2016-000451
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias