Sentencia N.º RC.000306
- Sentencia
- N.º RC.000306
- Fecha
- 18/05/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-041
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2017-000041
Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores
En el juicio por resolución de contrato de opción de compra Venta, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación CONSTRUCCIONES GAMAL ORIENTE, C.A., representada judicialmente por el abogado Gustavo Celestino Porras, contra el ciudadano GEOVANNE RAMÓN HIDALGO GUASAMUCARE, patrocinado judicialmente por los abogados Juan Carlos Lodeiro y Armando de Lucia Caprio; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 7 de noviembre de 2016, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró:
PRIMERO: Sin Lugar el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Javier Malave Marquez, asistido por el abogado Gustavo C. Porras, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 18.302, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, de fecha 16 de mayo del año 2016.
SEGUNDO: Sin Lugar la demanda por Resolución de Contrato de opción de Compra Venta, incoado por la Sociedad Mercantil Construcciones Gamal Oriente, C.A., persona jurídica, debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-31468154-0, contra el ciudadano Geovanne Ramon Hidalgo Guasamucare, titular de la cédula de identidad Nro: V-7.871.940.
Se condena a la parte apelante al pago de las costas de esta alzada, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil
Queda así confirmada la sentencia apelada.
Contra la preindicada sentencia la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado, no hubo impugnación.
Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° ejusdem, alegando el vicio de incongruencia, con base en la siguiente fundamentación:
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° eiusdem; por incurrir la recurrida en el vicio de incongruencia negativa, por omisión de pronunciamiento.
Fundamentamos esta delación de la siguiente manera:
En el libelo de demanda incoada en contra del demandado, por Resolución de Contrato de Opción de Compra sobre un bien inmueble objeto del mismo, en el vuelto del folio uno, (vto.f.1) expusimos ante el Tribunal de la causa, las razones de hecho y de derecho en las cuales se fundamentó nuestra pretensión y con claridad alegamos y expusimos sin embargo, a pesar de todos los intentos personales realizados por mi representada ante, el optante, éste se ha negado a cumplir con el pago del saldo restante y, por el contrario procedió a intentar por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, Demanda por Cumplimiento de Contrato, la cual fue declarada Sin Lugar por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Nor Oriental, en fecha 17 de septiembre de 2010, confirmada por esta Sala de Casación Civil, en fecha 10 de mayo del año 2012, declarando Sin Lugar el Recurso de Casación que fuera interpuesto... Asimismo, el Optante - Comprador, nuevamente intentó Demanda por Cumplimiento de Contrato, esta vez ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, el cual, en fecha 10 de febrero del año 2014, decretó la perención de la instancia, por la inactividad del demandante. Para demostrar estos alegatos se acompañaron copias marcadas C, D y E, de las decisiones señaladas... Estos alegatos lo fueron, así como las pruebas acompañadas, -promovidas en la oportunidad correspondiente, -evacuadas; no desconocidas, o atacadas e incorporadas regularmente al proceso, teniendo la contra-parte la oportunidad procesal de controlar la prueba, así como de ejercer el derecho de impugnación sobre la misma,- con el fin de demostrar que el demandado tuvo, en todo momento, el conocimiento cierto de la fecha en la cual se protocolizaría el documento y que tal hecho se le informó oportunamente y que, -con el único y deliberado propósito y objeto de no cumplir con el compromiso adquirido y evadir el mismo,- optó para frustrar la materialización de tal evento, por demandar a la promitente vendedora, como en efecto lo hizo y así lo prueban las copias de las demandas que intentó, poniéndose de frente en contra de la vendedora y atacándola con sendas acciones impidiendo con ello cualquier acercamiento de naturaleza distinta a la por él escogida y violó las pacíficas condiciones contractuales, obligando un litigio en su condición de parte activa, por lo cual no es cierto y está probado, que no estuviera informado del evento de la firma, sino que, para aprovecharse de la situación que el mismo creó, ya que había tomado la posesión arbitraria del apartamento objeto de la operación de compra-venta, a través de las demandas, cuya prueba se promovió y que consta en el expediente, disipar la oportunidad precisa de su cumplimiento, para sacar provecho de su incumplimiento, lo cual hizo, hasta llegar al colmo de impedir la fijación del Cartel de Emplazamiento que hiciera el Tribunal antes del nombramiento de su Defensor Judicial, para lo cual hubo menester de hacerse valer el Alguacil de la Fuerza Pública para poder cumplir con su cometido, lo cual impidió en primera oportunidad el demandado. Tales hechos que forman parte, de las actas, que contiene el juicio cuya decisión de última instancia se recurre, evidencian lo alegado y probado. Los mismos no fueron analizados por el Sentenciador y guardó silencio en relación a ellos. En efecto, en la Sentencia que se recurre, el Tribunal Superior, silenció absolutamente este hecho y omitió pronunciarse sobre el mismo, a pesar de haberles dado valor probatorio a las dichas pruebas documentales en el considerando de la valoración de las pruebas.
omissis
Al obrar de esta manera el Sentenciador de la recurrida incurre en la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, lo cual denunciamos, ante esta Sala de Casación Civil y pedimos, muy respetuosamente, sea declarado con lugar y como consecuencia anulado el fallo recurrido. (Resaltado de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que la recurrente denuncia que en la sentencia de alzada se produjo el vicio de incongruencia negativa, por considerar que el juzgador no emitió un pronunciamiento expreso con respecto a los alegatos contenidos en el libelo de la demanda mediante el cual plantearon que el demandado tuvo, en todo momento, el conocimiento cierto de la fecha en la cual se protocolizaría el documento y que tal hecho se le informó oportunamente
Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de incongruencia negativa, y ha sostenido que el mismo (...) resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción (...). (Sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Wismer Febres Pérez contra Maldonio Valdivieso ratificada en sentencia N° 421 de fecha 15 de julio de 2015, caso: Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otro).
Ahora bien, con respecto de lo denunciado por la formalizante, esta Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:
Por otra parte, el actor no logró generar convicción respecto al asunto sometido decisión, existiendo por tanto un incumplimiento de la parte de actora, resaltando en la causa en análisis, los siguientes hechos relevantes:
1) Están contestes las partes, que lo que se adeuda es la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 53.050,00); la cancelación de dicho monto, debía realizarse al momento de la protocolización del documento definitivo de compra venta.
2) En la cláusula SÉPTIMA del contrato suscrito y aceptado por las partes sobre su existencia, referente a las causas de resolución, se estableció que, Si El OPTANTE, no asistiera al acto de protocolización del documento definitivo de compra-venta por ante la Oficina Subalterna de Registro Público u Oficina Inmobiliaria competente, a la fecha debidamente notificada por LA PROMOTORA ; notificación ésta que no cursa a los autos, ni existe elementos determinantes que la misma se haya efectuado, y no puede tomarse como notificación los dichos de la actora cuando aduce que una vez protocolizado el documento el documento de condominio, en fecha 08 de julio de 2008, mi representada hizo el llamado a los optantes de forma personal a unos, a otros por via (sic) telefónica y por mensajes de correo electrónico , por tanto, se reitera que en las actas procesales no se evidencia cumplimiento de lo pactado en la citada cláusula.-
3) También, se evidencia del contrato objeto de causa, que la PROMOTORA se obligó a otorgar el documento definitivo de compra-venta, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de protocolización del documento de condominio, lo que sucedió el 08 de Julio de 2008, registrado bajo el No. 37, folios 258 al 299, Tomo Primero, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 2008; siendo carga de la PROMOTORA notificar sobre la fecha y hora del lugar donde se otorgaría el documento; no existiendo a los autos que se hubiese presentado por parte de la actora el documento, por ante la oficina correspondiente, ni mucho menos existe notificación al respecto.-
4) En relación al juicio de cumplimiento de contrato, incoado por la demandada contra la actora, el cual fue declarado en fecha 17 de septiembre de 2010, sin lugar por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta Circunscripción Judicial, y confirmada dicha decisión por la Sala de Casación Civil, en fecha 10 de mayo de 2012; al respecto debe indicarse, que tales decisiones no pueden tomarse como cumplimiento de lo pactado en el contrato objeto de causa, por parte de la demandante de autos, de compartir esta tesis estaríamos frente a un caos judicial con detrimento de la justicia.
Por todo lo anterior, le resulta forzoso a este Juzgador declarar sin lugar la presente apelación, y seguidamente confirmar la decisión apelada, tal como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide. (Resaltado de la Sala)
De la anterior transcripción que se hiciera de la parte pertinente de la recurrida, se evidencia que efectivamente se pronunció con respecto al alegato contenido en el libelo de la demanda referido al supuesto conocimiento que tuvo el demandado de la fecha en la cual se protocolizaría el contrato definitivo de venta y que tal hecho se le informó oportunamente por lo que, contrario a lo sostenido por la recurrente, no se encuentra viciada de incongruencia en cuanto a ese particular, y así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia de los artículos 12 y 243 ordinal 5° ambos del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 en concordancia con el 320, ambos del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 12 y 509 ejusdem alegando el vicio de silencio de prueba, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eíusdem, -violación de una norma jurídica expresa que regula la valoración de las pruebas,- se denuncia la recurrida por la violación de los artículos 12 y 509 íbidem, al incurrir en silencio de prueba
Razonamos nuestra denuncia de la manera siguiente:
En la demanda incoada en contra del optante comprador, alegamos los hechos siguientes:
a) Que el demandado no cumplió con su obligación de concurrir al acto del otorgamiento del documento definitivo de compra-venta, de lo cual tuvo oportuno conocimiento, con el ánimo de frustrar la materialización del mismo y aprovecharse de la ilegal e injusta ocupación del inmueble objeto del contrato, habiéndolo invadido, antes del otorgamiento, conducta atribuida a su exclusiva y única voluntad de no asumir su responsabilidad del pago del saldo insoluto que asumió con la promitente-vendedora y que por ello desplegó, en contra de la misma y poniéndose totalmente enfrentada contra ella y en posición evidente de renuncia de la vía contractual, asumiendo, de manera expresa su condición de actor y por lo tanto cerrando toda posibilidad de acuerdo y de manera violenta inició las acciones siguientes:
1. Demandó a la Promitente-Vendedora, en fechas 08 de octubre del año 2007, más de un (1) año antes de que la misma estuviera obligada a otorgar el documento definitivo de compra-venta, pues este evento debía ser cumplido 90 días hábiles posteriores a la protocolización del Documento de Condominio, -el cual se otorgó en fecha 8 de julio del año 2008, quedando registrado bajo el N° 37, Folios 258 al 299, Tomo Primero, Protocolo Primero, Tercer Trimestre, Registro Público del Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, siendo a partir de esta fecha que debía transcurrir el lapso del otorgamiento del documento definitivo de compra-venta, tal como consta del documento de opción firmado por el optante y del cual tenía y tiene pleno conocimiento el mismo. Alegamos que este proceder del demandado optante, lo fue para impedir la materialización del acto protocolar de otorgamiento del documento definitivo de compra-venta, de manera intencional y para aprovecharse de su ocupación ilegal del inmueble objeto de la operación de compra-venta, creando la incertidumbre que motivó nuestra demanda por resolución del contrato de opción, con las consecuencias jurídicas respectivas, -advirtiendo que es por todos conocidos que cuando en una relación contractual una de las partes opta por demandar, está renunciando al término voluntario del contenido de la misma y escogiendo la vía judicial,- rompiendo con ello la pacífica vía del contrato, con lo cual es ilógico pensar y va contra toda máxima de experiencia, que el entonces demandado, -quien es hoy demandante,- fuera a notificar en los términos del contrato, -roto abruptamente por el entonces demandante extemporáneo y hoy demandado, el cual demandó de que se diera el supuesto del incumplimiento, -para que asistiera a un acto protocolar del cual tenía conocimiento al firmar el contrato y que lo había roto de manera expresa al demandar, con lo cual quedó demostrada su intención de no cumplir con el mismo. Entonces que alegue ahora se cumpla con un contrato que el mismo quebrantó al demandar al promitente-vendedor, de manera abrupta como antes dijimos y que su conducta, contumaz y hartamente demostrada, en la fase de la citación para notificarle el Tribunal del nombramiento de su Defensor Judicial, donde incluso debió el Alguacil solicitar la intervención de la fuerza pública, para la fijación del Cartel, se le fuera a solicitar su anuencia para dirigirse a la firma del documento. Tal cuestión resulta a todas luces ingenua y carece de sustrato jurídico, pues los hechos demuestran que se había dado por terminado ese contrato por el mismo promitente-comprador, al violentarlo de manera evidente, llegando al colmo de demandar de manera anticipada al promitente -vendedor. Estos alegatos se encuentran demostrados con la incorporación de documentales y fueron silenciados por la recurrida.
2. En la etapa probatoria del proceso estos hechos fueron documentados con copias simples no impugnadas por el demandado y no obstante que fueron mencionadas en el establecimiento de las mismas por parte del Tribunal de la recurrida, se refirió a las dichas documentales de la manera siguiente: (Folio 25 Sentencia) 4. ...En relación al juicio de cumplimiento, de contrato, incoado por la demandada contra la actora, el cual fue declarado en fecha 17 de septiembre de 2010 sin lugar, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta Circunscripción Judicial y confirmada dicha decisión por la Sala de Casación Civil, en fecha 10 de mayo de 2012, al respecto debe indicarse, que tales decisiones no pueden tomarse como cumplimiento de lo pactado en el contrato objeto de la causa, por parte de la demandante de autos, de compartir esta tesis estaríamos frente a un caos judicial con detrimento de la justicia... Ahora bien, si se examinan las pruebas y el objeto de ellas, se comprueba que la relación conceptual que existe entre las mismas y el hecho a probar, se identifican plenamente, ya que lo que se determina en las pruebas omitidas por la recurrida, es la demostración de la conducta asumida y desplegada por el demandado, la cual desvirtúa su alegado desconocimiento de la firma del documento y, por el contrario, da certeza de su conocimiento cierto de los hechos que el mismo niega conocer, así como, por otra parte, demuestra la situación que el mismo creó y su expresa renuncia y quebrantamiento del contrato suscrito con la hoy demandante, al punto de que la demandó de manera extemporánea y anticipada, mucho antes de que tuviera el derecho a activar su exigencia de cumplimiento, pues no estaba dada la circunstancia de hecho que invocó; además, el alegato de tales hechos y el traer al proceso las pruebas ignoradas por la recurrida, lo fueron para demostrar lo alegado en relación al incumplimiento de la demandada y no la vigencia de un contrato abruptamente violado por el demandado.
Al silenciar estas pruebas la recurrida incurre en el vicio que denunciamos y que al desecharlas del procedimiento, frustra el derecho e impide al jurisdicente el ejercicio de la demostración de sus alegatos, pues las pruebas silenciadas son determinantes del dispositivo del fallo, ya que, de haberlas apreciado y no silenciado como lo hizo la recurrida, hubieran sido concluyentes para determinar que la situación de hecho generada por el demandado, imposibilitó cualquier cumplimiento contractual por parte de la demandante, pues ese contrato fue incumplido y roto antes de que pudieran operar sus cláusulas obligatorias y eso estuvo claro para el demandado, pues él asumió una conducta jurídica que demostró su intención de no cumplir con el contrato, sino de perpetuarse en su actuación de hecho como invasor del inmueble objeto del contrato, para lograr el provecho injusto de obtener un bien inmueble, en perjuicio del patrimonio del contratante y con ello lograr un enriquecimiento sin causa, pues el mismo, al demandar de manera anticipada al promitente-vendedor, para que cumpliera una obligación que no se había materializado, lo hizo con la aviesa intención de disfrutar del inmueble que invadió, sin pagar la totalidad de su precio, con lo cual creó la injusta situación que motivó la sentencia recurrida. Siendo la prueba de tales hechos las documentales que en copias fotostáticas simples, no impugnadas y llevadas regularmente al juicio, fueron silenciadas por la recurrida y como consecuencia declarada sin lugar la acción resolutoria propuesta.
Las pruebas silenciadas fueron determinantes de la decisión del Tribunal de la recurrida, pues de haberlas apreciado en su conjunto, quedaba probada la falsedad del demandado en cuanto a su defensa y alegato del desconocimiento del vencimiento de su obligación, así como de pretender darle valor a la cláusula de un contrato que él mismo había dejado resuelto y sin efecto, al demandar a la promitente vendedora, antes de que la misma hubiera incurrido en la mora del cumplimiento de su obligación, con lo cual quedó probado que el demandado había resuelto de hecho el contrato de marras y que la demanda se ajustó al demostrado hecho y debió ser declarada con lugar.
Al obrar de esta manera el Sentenciador de la recurrida incurre en la violación de los artículos 12 y 509, del Código de Procedimiento Civil, en virtud de no haber decidido de acuerdo con lo alegado y probado en los autos, además de violar el principio de exhaustividad que obliga a los jueces a analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas, supuesto este contemplado en el artículo 320 del mismo Código de Procedimiento Civil, denunciable ante este Supremo Tribunal, como un error de juzgamiento, de acuerdo con su doctrina vigente, al infringir el Sentenciador de la recurrida una norma jurídica que regula el establecimiento y valoración de las pruebas, lo cual denunciamos ante esta Sala de Casación Civil y pedimos, muy respetuosamente, sea declarado con lugar y como consecuencia anulado el fallo recurrido. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que la recurrente, a pesar de su enrevesada exposición, denuncia la falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la recurrida silenció unas probanzas contentivas de copias simples no impugnadas por el demandado
En este sentido, esta Sala en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falta de aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto. Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros citada en sentencia N° 290 de fecha 5 de junio de 2013, caso: Blanca Bibiana Gamez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras y ratificada en sentencia N° 92 de fecha 15 de marzo de 2017, caso: Zully Alejandra Farías Rojas contra Enilse Matilde Rodríguez González.)
Asimismo, tenemos que el artículo denunciado es del tenor siguiente:
Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil:
Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Ahora bien, en el presente caso sostiene la recurrente que En la etapa probatoria del proceso estos hechos fueron documentados con copias simples no impugnadas por el demandado y no obstante que fueron mencionadas en el establecimiento de las mismas por parte del Tribunal de la recurrida, se refirió a las dichas documentales de la manera siguiente: 4. ...En relación al juicio de cumplimiento, de contrato, incoado por la demandada contra la actora, el cual fue declarado en fecha 17 de septiembre de 2010 sin lugar, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta Circunscripción Judicial y confirmada dicha decisión por la Sala de Casación Civil, en fecha 10 de mayo de 2012, al respecto debe indicarse, que tales decisiones no pueden tomarse como cumplimiento de lo pactado en el contrato objeto de la causa, por parte de la demandante de autos, de compartir esta tesis estaríamos frente a un caos judicial con detrimento de la justicia..., planteándose un contrasentido en su exposición, por cuanto por un lado se denuncia el silencio de unas probanzas y por el otro se sostiene que si fueron tomadas en cuenta por la recurrida, asimismo, expone cual fue el merito probatorio que se desprende de ellas, lo que deja sin fundamento la denuncia.
Sin embargo, acerca de lo denunciado por la recurrente, esta Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:
( ) 4) En relación al juicio de cumplimiento de contrato, incoado por la demandada contra la actora, el cual fue declarado en fecha 17 de septiembre de 2010, sin lugar por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta Circunscripción Judicial, y confirmada dicha decisión por la Sala de Casación Civil, en fecha 10 de mayo de 2012; al respecto debe indicarse, que tales decisiones no pueden tomarse como cumplimiento de lo pactado en el contrato objeto de causa, por parte de la demandante de autos, de compartir esta tesis estaríamos frente a un caos judicial con detrimento de la justicia( )
Dado lo antes expuesto, para esta Sala es claro que la sentencia recurrida tomó en consideración las probanzas señaladas como silenciadas, ofreciendo un razonamiento suficiente en cuanto a su análisis, por lo que si la recurrente no estaba de acuerdo con dicho pronunciamiento, otra debió ser su denuncia dirigida a la infracción de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o la valoración de los hechos. Así se establece.
Con base en lo anterior, esta Sala declara improcedente la denuncia por falta aplicación de los artículos 12 y 509 ambos del Código de Procedimiento Civil, así como sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandante. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, en fecha 7 de noviembre de 2016.
Se CONDENA en costas del recurso a la demandante recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
Particípese de la presente decisión al tribunal superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario,
________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2017-000041
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
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