Sentencia N.º RC.000429
- Sentencia
- N.º RC.000429
- Fecha
- 10/08/2018
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 18-076
- Ponente
- Marisela Godoy Estaba
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nº 2018-000076
Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.
En la acción merodeclarativa de unión estable de hecho, incoada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en la ciudad de Barquisimeto y remitida posteriormente al Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por los abogados MARÍA DE LOS ÁNGELES ARGÜELLES AGÜERO, MANUEL BENIGNO ARGÜELLES AGÜERO, EGNONT JOSÉ ARGÜELLES AGÜERO, PETRA RAFAELA ARGÜELLES AGÜERO, CELSA DALYS ARGÜELLES AGÜERO, FÉLIX VALMORIS ARGÜELLES AGÜERO, EDGAR MARÍA ARGÜELLES AGÜERO, SONIA INDASUANY ARGÜELLES AGÜERO; por los ciudadanos EDWARD MANUEL ARGÜELLES GRATERON, NAUDY AUGUSTO ARGÜELLES GRATERON y DEYANIRA JOSEFINA ARGÜELLES GRATERON en representación del causante Naudis Ramón Arguelles Agüero; y, por los ciudadanos ARIESKLA YNDASUHANIS JIMÉNEZ ARGÜELLES y KEITHER JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ ARGÜELLES en representación de la causante Dikla Judith Arguelles Agüero; judicialmente representados por los abogados Ángel Navas González, Arminia Meneses Contreras y Pablo Segundo Rodríguez, contra los ciudadanos HILDA ALCALÁ DE DÍAZ, CÉSAR JOSÉ ALCALÁ LUCERO, ADGLES JOSÉ ALCALÁ LUCERO, CLARA COROMOTO ALCALÁ LUCERO, ZULAY ALCALÁ LUCERO, LIZNAY ALCALÁ DE MARTÍNEZ, JASMÍN JULIETA ALCALÁ LUCERO; así mismo y en representación del ciudadano Julio Alcalá Lucero sus causahabientes TEODORA ESPERANZA ZAMBRANO, HILMAR JULIETA ALCALÁ ZAMBRANO, JULIANA CARIDAD ALCALÁ ZAMBRANO y en representación de Julio Ricardo Alcalá Bustillos sus herederos MIGDALIA JOSEFINA GARCÍA DE ALCALÁ, ANELYN ANDREYNA ALCALÁ APONTE, BARBARA GABRYELA ALCALÁ APONTE Y MARÍA YOLANDA ALCALÁ GARCÍA; los ciudadanos HILDA YANETH ALCALÁ GUTIÉRREZ y ORLANDO ALCALÁ LUCERO en representación del ciudadano Orlando José Alcalá Gutiérrez; y los ciudadanos JULIO CÉSAR ALCALÁ COLMENAREZ, ROSA ELENA ALCALÁ COLMENAREZ, JHON HAROLD ALCALÁ SEGOVIA, JERRY JOSÉ ALCALÁ SEGOVIA y ANGELINA JOHANA ALCALÁ SEGOVIA, en representación del causante Juan Gualberto Alcalá Lucero, debidamente representados por los profesionales del derecho Sandra Valencia de Guevara, José De Jesús Guevara Guevara, Luis Manuel Nadal Colmenarez y Mario Hollstein Roldan; el Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia definitiva en fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual declaró: 1.- Sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de abril de 2017, por el abogado Mario Hollstein, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de abril de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto. 2.- Con lugar la demanda de acción mero declarativa de unión estable de hecho iniciada en el mes de julio de 1.975 hasta el 2º de septiembre del año 1.990, fecha en la cual contrajeron matrimonio civil; y, 3.- Se confirma la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de abril de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto.
Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de la parte demandada, abogada Sandra Valencia de Guevara, anunció recurso extraordinario de casación en fecha 6 de diciembre de 2017, el cual fue admitido por auto de fecha 8 del mismo mes y año y oportunamente formalizado por la misma profesional del derecho el 18 de enero del año que discurre. No hubo escrito de impugnación, fue consignado escrito de réplica.
Recibido el presente expediente, se dio cuenta en Sala y en fecha 28 de febrero de 2018, el Presidente de la Sala asignó la ponencia de la presente causa a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, a los fines de resolver lo conducente.
Concluida como fue la sustanciación del recurso de casación conforme a las previsiones contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil en fecha 17 de abril de 2018 y cumplidas las formalidades legales, se designó ponente a la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, previa las siguientes consideraciones:
NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO
DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO
Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, N° RC-000510, del 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 0362, publicada en fecha 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra).
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.
Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se de por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuando: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara.- (Sentencia N° 255 de fecha 29 de mayo de 2018, Caso: DALAL ABDRER RAHMAN MASUD, contra los ciudadanos YURI JESÚS FERNÁNDEZ CAMACHO y KIMI IPARRAGUIRRE).
PUNTO PREVIO
Del examen que hiciera la Sala de las actas que constan en el presente expediente se evidencia que el recurrente en casación presentó un escrito de formalización el cual fuere consignado tempestivamente en fecha 18 de enero de 2018, y posteriormente en fecha 31 de enero de esta misma anualidad consignó escrito complementario de ampliación del escrito de formalización, también tempestivo; en consecuencia, siendo este último parte del escrito de formalización, ambos serán analizados de manera conjunta en el presente fallo.
No obstante esta Sala advierte igualmente que, de la lectura íntegra de los mencionados escritos se evidencia que el escrito de formalización contiene cinco (5) denuncias de forma las cuales fueron transcritas en el de ampliación, pero mejoradas por la formalizante; y, así mismo siete denuncias de fondo, las cuales igualmente fueron mejoradas en el escrito de ampliación, incorporándose en este último escrito dos nuevas denuncias de fondo identificadas como VII DENUNCIA POR INFRACCION (sic) DE LEY QUAESTIO JURIS I y XIII RECURSO DE FONDO DENUNCIA POR INFRACCION (sic) DE LEY VII, razón por la cual la Sala al momento del análisis correspondiente y a los fines de evitarse mayor desgaste procesal dado el extenso contenido de cada una de las delaciones, procederá a resolver las denuncias contenidas en el escrito de ampliación del recurso de formalización en su correspondiente orden cronológico.
II
De las actas del expediente se observa que la parte demandada, hoy recurrente en casación, consignó escrito de réplica el 5 de marzo de 2018, sin que su contraparte dentro de los veinte días siguientes a la consignación del escrito de formalización, haya consignado escrito de impugnación, tal como lo estipula el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se desecha el presente escrito, y siendo que la réplica consiste en la actuación en la que la parte recurrente tiene la oportunidad de rebatir los alegatos del impugnante, en consecuencia, siendo que no hubo escrito de formalización carece de objeto el presente escrito de réplica, razón por la cual se desecha. Así se decide.
III
Esta Máxima Instancia constata que la abogada Sandra Valencia de Guevara, conjuntamente con el escrito de formalización como el de ampliación presentados tempestivamente, consignó ante esta Sala una serie de recaudos que acompañan el escrito de formalización en el que señaló marcados con las letras A, B, C y D, constante de diecinueve (19) folios útiles, de copias simples, que corren insertas a los folios 67 al 85, ambos inclusive de la sexta pieza de seis del expediente y en el escrito de ampliación constante de veintidós (22) folios útiles, insertos a los folios 134 al 155, ambos inclusive de la misma pieza del expediente.
Al respecto, la Sala observa:
No es dable a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron, en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto que, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el libro primero, título VIII, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.
Al efecto esta Sala, en su decisión N° RC-000014 de fecha 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez De González, contra Dora Yuraima González Charmel y otros, reiterada en fallo N° RC-000239 del 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106, caso: Oswaldo Jesús Madriz Roberty, contra Argemery Belén Cusati Borges y otros, estableció lo siguiente:
(...) Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.
Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.
Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide. (...).
En aplicación de la precedente jurisprudencia y partiendo del principio que la Sala es un tribunal exclusivamente de Derecho, desecha los instrumentos probatorios consignados como anexos a los escritos de formalización y ampliación presentados por el recurrente en casación. Así se decide.
Antes de proferir la decisión, la Sala considera necesario, en virtud de las nuevas regulaciones en el proceso de casación civil contenidas en los fallos que se refieren más adelante y que fueron pronunciados tanto por la Sala de Casación Civil como por las Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hacer las siguientes consideraciones previas:
CASACIÓN DE OFICIO
Ello así, en el caso sometido a consideración de esta Sala de Casación Civil, luego de la revisión preliminar que se hizo, ha encontrado vicios de orden público no denunciados por el recurrente, por lo que pasa a resolver el asunto, en los siguientes términos:
En este particular, resulta necesario destacar que esta Sala en sentencia N° RC-168, de fecha 22 de junio de 2001, expediente N° 00-347, caso: Emilia Martínez Rodríguez contra Francisco García Ocaña y Otras; reiterada en sentencia N° RC-00247, de fecha 29 de abril de 2008, expediente N° 2007-000753, caso: Jorge Eliecer Sánchez Muñoz, contra Ángel Germán Branger Moreno; y más recientemente, en sentencia N° RC-000427, de fecha 16 de julio de 2015, expediente N° 2015-000157, caso: Oscar Rodríguez Dos Santos, contra Valentina Pereira de Alves y otros; al respecto, señaló lo siguiente:
(...) De un detenido estudio y análisis en relación a los pormenores suscitados en el caso a resolver esta Sala, considera necesario corregir violaciones de orden público que ha detectado en el mismo, para lo cual y a objeto de apoyar su apreciación, se permite transcribir doctrina jurisprudencial referente a la materia del orden público.
Así encontramos que la Sala ha venido delimitando el área en el campo del orden público, y en tal sentido en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, en el juicio de Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria El Venao, C.A. y otro, expediente N° 98-505, sentencia N° 422, señaló:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento.... (Resaltado de la Sala).
Conforme con el criterio antes referido y de la transcripción parcial del fallo recurrido, esta Sala puede observar que el juez superior al momento de decidir, incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, por cuanto, no indicó en su sentencia de una forma clara, exacta y precisa, la duración de la unión estable de hecho, por cuanto se hizo sin las especificaciones que corresponden, es decir, día, mes y año.
De igual forma, se ha sostenido que este requisito persigue garantizar, que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva, lo cual no ocurrió en el presente caso. (Vid. sentencia N° 559 de fecha 24 de noviembre de 2011, caso: Distribuidora K.T.D.C., C.A., contra Seguros Mercantil, C.A., reiterada en sentencia N° 357 de fecha 22 de junio de 2015, caso: Kem Gerard Mosley, contra Mapfre La Seguridad, C.A.).
En relación con la indeterminación objetiva del fallo, esta Sala en sentencia N° RC-00123 de fecha 3 de abril de 2003, expediente N° 2001-000278, caso: María Mercedes (Mayra) Vernet Antonetti y otros, contra Isabel Sosa Contreras De Molina y otros, estableció lo siguiente:
( ) En cuanto al vicio de indeterminación objetiva, esta Sala en sentencia de fecha 19 de julio de 2000, N° 238, juicio de Roberto Pulido Mendoza y La Comercial Pulido C.A., que hoy se ratifica, expresó lo que de seguida se transcribe:
...Dispone el artículo 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre el que recaiga la decisión. El incumplimiento de este requisito constituye el vicio de indeterminación objetiva.
Este requerimiento legal tiene estrecha relación con dos principios esenciales del proceso: la autosuficiencia y la unidad procesal del fallo; conforme al primero, la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o perfeccionen. Por esta razón, se exige mencionar en la sentencia el objeto sobre el que recae la decisión, para así cumplir la necesidad de precisar los límites objetivos de la controversia, a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la sentencia. De acuerdo con el segundo, el fallo en todas sus partes: narrativa, motiva y decisoria, constituye un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito de determinación objetiva se encuentra cumplido no sólo en el dispositivo de la sentencia, sino en cualquier parte de la misma.
Concluye, pues, la Sala que la determinación del objeto debe aparecer directamente en el fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera de éste, porque la sentencia debe bastarse a sí misma y contener en sí todos los requisitos y menciones que la ley exige, sin acudir a elementos extraños que la complementen o la hagan inteligible.
De acuerdo con lo anterior, y partiendo del principio de la unidad procesal del fallo, conforme al cual la sentencia forma un todo indivisible, de modo que todas las partes que conforman su estructura tradicional (narrativa, motiva y dispositiva) se encuentran vinculadas por lo que se llama un enlace lógico, esta Sala concluye que en los casos en que en la parte dispositiva, motiva o narrativa no se identifique la cosa sobre la cual recae la decisión o cuando su determinación depende de otros elementos extraños documentos o instrumentos, se configurará el vicio de indeterminación objetiva....
Observa la Sala que en el dispositivo de la recurrida se expresa lo siguiente:
...Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Administrando (sic) Justicia (sic) en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley (sic), DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por las partes, CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada el 17 de octubre de 1.988 (sic), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado (sic) Miranda, integrado con Jueces (sic) Asociados (sic)....
De la anterior transcripción se evidencia que el sentenciador de la recurrida se limita a declarar sin lugar las apelaciones interpuestas por las partes del juicio y a confirmar la decisión del a quo, pero no expresa con sus propias palabras cuál fue la decisión que tomó para resolver el problema planteado por las partes. Para conocer la parte decisoria de la sentencia dictada en la alzada necesariamente se debe acudir al fallo proferido por el juez de primera instancia y así entender que la demanda fue declarada parcialmente con lugar, lo que sin duda refleja que la recurrida no se basta a sí misma.
De lo antes expresado se deduce, que el fallo dictado en segunda instancia no contiene todos los requisitos y menciones que la ley exige, violando lo dispuesto en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil por lo que adolece del vicio de indeterminación objetiva. Así se decide .
Así las cosas, la Sala pasa a realizar un recuento de las actuaciones más relevantes que constan en el expediente del caso de autos, en los siguientes términos:
De los folios 2 al 8 de la primera pieza de 6 del expediente, cursa libelo de demanda de fecha 19 de noviembre de 2008, en el cual el actor entre otros aspectos manifestó lo siguiente:
(...) DE LOS HECHOS
1.A. La Señora (sic) WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES, conoció al ciudadano JULIO CESAR ALCALÁ HERNÁNDEZ, (...) al ser presentado por amigos comunes, luego, con el transcurso del tiempo, a finales del mes de Julio (sic) de año 1975, comenzó una relación sentimental con el mencionado ciudadano, la que se formalizó a finales de ese mismo año, momento para el cual la señora WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES y el ciudadano JULIO CESAR ALCALÁ HERNÁNDEZ, conviene (sic) en hacer vida en común estableciendo su hogar en un inmueble ubicado en la Urbanización Patarata Uno, bloque 2, Apartamento (sic) B-3 entrada B de ésta (sic) ciudad de Barquisimeto, (...). En el ya mencionado inmueble decidieron consolidar su relación de pareja y gracias a Dios y a sus múltiples esfuerzos constituyeron el hogar que ambos planificaron tener. (...). Posteriormente, en el mes de enero de 1.979 (sic), la Señora (sic) WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES y el ciudadano JULIO CESAR ALCALÁ HERNÁNDEZ, (...) de común acuerdo convinieron en reafirmar la vida en común, fijando su hogar en un inmueble consistente en unas bienhechurías, construidas a sus propias expensas, ubicada en la Urbanización La Mata; y las cuales fueron edificadas sobre un área de terreno de propiedad municipal, en el inmueble antes identificado.
1.B. Ya establecida esa relación concubinaria deciden realizar los trabajos de construcción de su vivienda propia, con los ahorros e ingresos económicos de ambas partes, hasta la culminación de la misma en un terreno ejido ubicado en la Urbanización La Mata, (...) ya identificado previamente. (...).
1.C. Paralelo a lo anterior y ya instalados en su nueva vivienda, (...) se materializó un proyecto mutuo de establecer un fondo de comercio (...).
1.D. Paralelamente adquirieron un vehículo (...)
1.E. Simultáneamente (...) en el plano de las relaciones personales, (...) al momento de unir sus vidas y comenzar a vivir juntos, el (sic) era de estado civil viudo, habiendo Diez (sic) hijos de su unión matrimonial anterior, (...).
1.F. Durante el lapso de tiempo que duro (sic) la unión y comunidad concubinaria entre la señora WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES y el ciudadano JULIO CESAR ALCALÁ HERNÁNDEZ, (...) se dieron apoyo mutuo tanto en el aspecto emocional como en el económico. (...).
1.G. Durante el lapso de poco más de Quince (sic) (15) años comprendidos entre el mes de Julio (sic) de 1975 y el mes de Septiembre (sic) del año 1990, que duró la unión y comunidad concubinaria entre la señora WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES y el ciudadano JULIO CESAR ALCALÁ HERNÁNDEZ, (...) convivieron de manera estable, armoniosa, publica (sic), notoria, permanente e ininterrumpida, tratándose como marido y mujer ante familiares, amistades, entorno comercial, social y ante la comunidad en general y prodigándose fidelidad, brindándose asistencia, auxilio y socorro mutuo, compartiendo todo, tanto en lo espiritual, familiar y económico, así como sus éxitos, preocupaciones, tristezas, enfermedades y alegrías, comportándose verdaderamente como lo que eran, es decir, un matrimonio de hecho, siendo el trato de su concubino, durante esa unión concubinaria de total consideración y respeto; concluyendo y materializándose esta relación concubinaria con el ACTO DEL MATRIMONIO, celebrado en fecha 20 de Septiembre (sic) de 1990, según se evidencia de acta de matrimonio N° 90-06 Expedida (sic) por ante el Juzgado del Municipio Buena Vista, Municipio Iribarren del Estado (sic) Lara, el cual se anexa marcado N° 4. (...). (Negrillas, subrayados y mayúsculas propias del texto).
En atención a lo anterior, el juzgador de alzada se pronunció en fecha 15 de noviembre de 2017, la corre inserta a los folios 3 al 24, ambos inclusive de la sexta pieza de seis del expediente, en los términos siguiente:
(...) MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Analizado como fueron las actas del expediente, se tiene que la causa que nos ocupa versa sobre la acción mero declarativa de unión estable de hecho que pudo existir entre los ciudadanos Webstar Goobett Arguelles de Alcalá y Julio Cesar Alcalá Hernández, ambos fallecidos ad intestato, en fechas 07 (sic) de enero de 2006 y 1 de agosto de 2005, respectivamente, la cual a decir de los actores, inició en el mes de julio de 1975 hasta el 20 de septiembre de 1990, fecha en la cual contrajeron legítimamente matrimonio. Dicha acción fue declarada con lugar por el tribunal a quo, siendo este el tema medular de la presente controversia.
Al respecto, se tiene que la acción mero declarativa, o también llamada acción de mera certeza, es aquella cuyo ejercicio pretende obtener del órgano jurisdiccional la declaración de un derecho o de una situación jurídica que existe, pero que se encuentra en estado de incertidumbre; y que tal constatación de los hechos alegados logrará la declaración de la existencia de un determinado derecho, favorable a la parte actora, casi siempre de carácter económico. En este sentido, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece que: (...). Lo que quiere decir, que la acción mero declarativa, como bien lo dice, es una acción declarativa, la cual tiene por objeto obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia e interpretación de una relación jurídica y la sentencia definitiva a dictarse tiene por fin la declaración de la existencia de un derecho.
Por su parte, es preciso señalar que el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece textualmente lo siguiente:
(...Omissis...)
En este contexto normativo, el artículo 767 del Código Civil, establece textualmente lo siguiente:
(...Omissis...)
Ante ello, se infiere que el concubinato es una comunidad entre ambos, donde contribuyen con su trabajo a la formación de un patrimonio, o al aumento del que tenga uno de los dos concubinos, es decir, el trabajo de los concubinos debe hacerse ejecutado o realizado, formando o aumentando un patrimonio, durante el termino en que ambos concubinos viven juntos y hacen vida en común.
(...Omissis...)
Resuelto el punto anterior, es necesario señalar que la carga de la prueba constituye uno de los principios generales del derecho, según el cual las partes tienen la obligación de probar sus afirmaciones de hecho, y está prevista en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, por lo que de acuerdo a su contenido y de las reglas señaladas se desprende que al actor le corresponde probar los hechos en que fundamenta su pretensión y al demandado aquellos en que basa su excepción o defensa.
Ahora bien, una vez que las pruebas son incorporadas al asunto a debatir, estas dejan de pertenecer a la parte que la promueve, es decir, escapa de la esfera dispositiva y pertenecen al proceso, lo que autoriza al juez a valorarla independientemente de quien la promovió, todo ello de acuerdo al principio de adquisición procesal, por lo que esta juzgadora entra al análisis de las pruebas traídas junto con el libelo de la demanda, contestación y promoción de pruebas.
El apoderado judicial de la parte actora, presento los siguientes medios probatorios:
Marcados 1 y 2 (fs. 9 al 14), copia fotostática simple de los instrumento poder otorgado por los actores a los abogados Ángel Navas González, Armina Meneses Contreras y Pablo Segundo Rodríguez, los cuales fueron debidamente autenticados por ante la Notaria Publica Tercera de Barquisimeto, en fecha 21 de octubre de 2008, inserto bajo el N° 17, tomo 200 y por ante la Notaria Publica Decima Sexta del municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 06 de noviembre de 2008, quedando anotado bajo el N° 56, Tomo 71. Los cuales se les otorga pleno valor, ya que de los mencionados instrumentos poderes se constata la facultad de representación de los profesionales del derecho, de conformidad con el artículo 150 y 151 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Marcado 3 (fs. 15 al 20), copia certificada del documento registrado bajo el N° 38, folios 1 al 5, protocolo primero, tomo 8 del segundo trimestre del año 1984, de fecha 05 (sic) de junio de 1984. Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
Marcado 4 (fs. 21 y 22), acta de matrimonio signada con el N° 90-06, del Tribunal de la parroquia Buena Vista, municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, inserto a los folios 10 vto, 11 fte, vto. Y 12 fte. del libro de registro civil de matrimonios llevados por dicho juzgado para el año 1.990, donde se hace constar que en fecha 20 de septiembre de 1990, fue celebrado el matrimonio civil entre los ciudadanos Julio César Alcalá Hernández, de estado civil viudo y Webstar Goobett Argüelles Agüero, de estado civil soltera. El cual por tratarse de un documento público, este tribunal superior le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 77 de la Ley de Registro Civil, en concordancia con los artículo 1.357 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, y del cual se evidencia que el mismo fue realizado de conformidad con el artículo 70 del Código Civil, que dispone la legalización de la unión concubinaria existente en que hayan estado viviendo, e indicaron ambos contrayentes como domicilio urbanización La Mata, avenida 1 entre 3 y 4, Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara. Así se decide.
Marcado 5 (fs. 23 al 41) copia certificada de la Declaración (sic) Sucesoral (sic) emitida por el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y tributaria (sic), SENIAT, área de sucesiones, en fecha 3 de junio de 2006, según expediente Nº 295, inserto bajo el Nº 1 del anexo 1, 3 y 4 del anexo 2, correspondiente al causante Alcalá Hernández Julio Cesar. Siendo apreciada por esta superioridad, en virtud que se considera cierto, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, desprendiéndose de su contenido que la ciudadana Webstar Goobettt Arguelles de Alcalá, figura como heredera. Así se decide.
Marcado 6 (f. 42), copia simple del certificado de registro de vehículo N° 2905848, de fecha 04 (sic) de octubre de 2000, a nombre del ciudadano Julio Cesar Alcalá Hernández. Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma por tratarse de una acción mero declarativa, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
Marcado 7 (fs. 43 al 48), copia certificada del documento constitutivo como firma personal de Festejos La Mata, de fecha 08 de diciembre de 1981, inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Lara, bajo el N° 6, tomo 5-H, folios 01 (sic) al 03 (sic). Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma por tratarse de una acción mero declarativa, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
Marcado 8 y 9 (fs. 49 y 50), actas de defunción Nros. 79 de la jefatura civil de la parroquia Catedral del municipio (sic) Iribarren del estado Lara y 108 de la prefectura (sic) del municipio (sic) Palavecino del estado Lara , de los ciudadanos Webstar Goobett Argüelles de Alcalá, de fecha 8 de enero de 2006 y Julio Cesar Alcalá Hernández, de fecha 1 de agosto de 2005, respectivamente. No siendo impugnados, desconocidos o tachados por la parte contraria, se les otorga pleno valor probatorio como documentos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
A los folios 94 al 97, pieza 2, legajo en copia y original de documentos privados, correspondientes a recibo Nº 101128, de fecha 28 de julio de 1989, emitido por Casa Propia, por concepto de aporte de ahorros y recibo Nº 528, de fecha 5 de abril de 1988, emitido por Representaciones Bavaresco, S.R.L. Los cuales por tratarse de pruebas emanadas de un tercero que no es parte en el juicio, no siendo esta ratificada, se desecha su valoración conforme lo dispone el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
A los folios 98 y 99, pieza 2, original y copia simple de constancia de vacunación expedida por la Dirección Regional de Salud del estado Lara, en fecha 13 de marzo de 1987, a nombre de la ciudadana Westar (sic) Arguellos. A los folios 100 y 101, original y copia simple de solicitud de servicio emitida por CANTV, de fecha 6 de abril de 1983. Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma por tratarse de una acción mero declarativa, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
A los folios 102 y 103, original y copia simple de estado de cuenta de la entidad bancaria Casa Propia, a nombre de Alcalá Julio o Arguelles Webstar. A los folios 104 al 107, pieza 2, original y copia simple de solicitud de crédito emitido por Electrolux, de fecha 19 de enero de 1984, donde se puede apreciar que la solicitante es la causante Webster Arguelles de Alcalá. A los folios 108 al 131, pieza 2, originales y copias simples de letra de cambio, emitidas por Rena Ware Distributors C.A., o Comercial Venremen C.A, y libradas desde el 19 de febrero de 1988 hasta el 29 de mayo de 1989, debidamente aceptadas por la causante Webstar Argüelles, seis (6) letras de cambio, emitidas por Pasteur de Lara, C.A, emitidas y aceptadas en fecha 30 de junio de 1986. Las cuales son apreciadas por esta superioridad, en señal de que los causantes Webstar Arguelles de Alcalá y Julio Alcalá, realizaban actos de comercio juntos. Así se decide.
A los folios 132 al 139, pieza 2, originales y copias simples de los contratos de inversión emitidos por Fondo Mercantil, de fecha 1 de junio de 1989 y 27 de septiembre de 1990, suscrito por los causantes Webstar Argüelles y Julio Alcalá. Las cuales son apreciadas por esta superioridad, en señal de que los causantes Webstar Arguelles de Alcalá y Julio Alcalá, para la fecha realizaban actos de comercio juntos. Así se decide.
A los folios 140 al 143, pieza 2, original y copia simple del contrato de inversión Nº 22795, emitido por la Sociedad Financiera de Lara, de fecha 13 de enero de 1997, suscrito por los causantes mencionados. A los folios 144 y 145, original y copia simple del estado de cuenta de Fondo de Activos Líquidos, emitido por el Fondo Mercantil correspondiente del mes de junio de 1989. A los folios 146 y 147, original y copia simple del contrato de liquidación de préstamos hipotecarios emitido por el Banco Hipotecario del Zulia, C.A, de fecha 3 de octubre de 1985, suscrito por los causantes. A los folios 148 y 149, original y copia simple del recibo de caja N°101087, en fecha 2 de octubre de 1990, del Banco Hipotecario Occidente C.A., a favor de los causantes.
Original y copia simple de la tarjeta de recuerdo de bautizo, de Hilda Yanet Alcalá, de fecha 31 de enero 1983 (fs. 150 y 151, pieza 2). Original y copia simple de la certificación de partida de bautismo, emitida por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de fecha 1 de octubre de 2009 (fs. 152 y 153, pieza 2). Original y copia simple de la certificación de partida de Matrimonio Eclesiástico, emitida por la Parroquia San Bautista de Cabudare, inserto en la página 447, Nº 885, de fecha 6 marzo de 1982 (fs. 154 y 155, pieza 2). Original y copia simple de la certificación de partida de bautismo, expedida por la Arquidiócesis de Barquisimeto y anotado bajo el libro Nº 1, folio 446, Nº 1.333, de fecha 11 de mayo 1982 (fs. 156 y 157, pieza 2). Las mencionadas documentales se desechan por no aportar nada al proceso. Así se decide.
Original y copia del oficio Nº DG-1-1, de fecha 13 de diciembre de 1984, emitido por la Dirección de Registro y Control de Empleados Públicos y Declaraciones Juradas de Patrimonio (fs. 158 y 159, pieza 2). Original y copia simple del oficio Nº DP.DBS.JyP, 18983, de fecha 2 de diciembre de 1991, emitido por el Concejo de la Judicatura (fs. 160 y 161, pieza 2). Original y copia simple de comunicación de fecha 20 de noviembre de 1984, de la ciudadana Webstar Argüelles Agüero al Jefe de la Oficina de Registro de Empleados de la Contraloría General de la República (fs. 162 y 163). Original y copia simple de la hoja de datos personales emitida por el Consejo de la Judicatura, Juzgado del Municipio Buena Vista del estado Lara, en fecha 5 de marzo de 1987 (fs. 164 y 165, pieza 2). Original y copia simple de comunicación de fecha 17 de agosto de 1988, de Webstar Argüelles Agüero al Presidente y demás miembros del Consejo de la Judicatura (fs. 166 y 167, pieza 2). Original y copia simple de la certificación expedida por la Oficina de Registro y Control de Empleados Públicos en fecha 29 de abril de 1988 (fs. 168 y 169, pieza 2). Las cuales son apreciadas por esta superioridad, por haber sido presentadas en original, no siendo en modo alguno impugnadas, desconocidas o tachadas, y del que se desprende la dirección del domicilio de la causante Webstar Goobett Arguelles Agüero. Así se decide.
Original y copia simple de boleta de citación, de fecha 24 de agosto de 2000, emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, a Julio Alcalá Hernández (fs. 170 y 171, pieza 2). Original y copia simple de boleta de citación, de fecha 16 de junio 1997, emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, a Julio Alcalá Hernández (fs. 172 y 173, pieza 2). Original y copia simple de oficio SAT-GTI-RSO-600-024-04, emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, al Representante de Festejos La Mata, Julio Alcalá Hernández (fs. 174 y 175, pieza 2). Siendo apreciadas por esta superioridad, como documentos públicos administrativos, y del cual se desprende que quien recibe la boleta por la contribuyente Festejos LA Mata, es la ciudadana Webstar de Alcalá, en su condición de encargada. Así se decide.
Original y copia simple de la Libreta del Fondo Mercantil, de activos Líquidos, Nº 88-52-00609-5, a nombre de Webstar Argüelles (fs. 176 al 195, pieza 2). Original y copia simple de la libreta de Ahorro Nº 5-05-002021-7, en el Banco Hipotecario de Occidente C.A, a nombre de Alcalá Hernández Julio César y/o Argüelles Agüero Webstar; Libreta de Ahorro Nº A-164, en el Banco Hipotecario del Zulia C.A, a nombre de Alcalá Hernández Julio Cesar y/o Argüelles Agüero Webstar (fs. 193 al 205, pieza 2). Original y copia simple de la libreta de ahorro N° 41699 a nombre de Alcalá Hernández Julio Cesar y/o Argüelles Agüero Webstar, en la entidad de Banco Hipotecario del Zulia, C.A. (fs. 206 al 215, pieza 2) Original y copia simple de la libreta de certificado de asociado Nº 123381, de Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo (fs. 216 al 224, pieza 2). Original y copia simple de la libreta de fondos líquidos, a nombre de Alcalá Hernández Julio Cesar y/o Argüelles Agüero Webstar; de la entidad de Fondo Mercantil (fs. 225 al 238, pieza 2). Original y copia simple de la Libreta de Participación Nº 607-01-0113-8, en Filara Inversiones C.A, de Activos Líquidos, a nombre de Alcalá Hernández Julio Cesar y/o Argüelles Agüero Webstar (fs. 239 al 254, pieza 2). Original y copia simple de la libreta de certificado de asociado Participación Nº 123381, de la entidad de Casa propia a nombre de Alcalá Hernández Julio Cesar y/o Argüelles Agüero Webstar (fs. 255 al 263, pieza 2). Las mismas son valoradas como tarjas, verificándose de ellas que ambos causantes se encuentran como inversionistas o titulares de las mencionadas cuentas de ahorros, las cuales datan de los años 1981 al 1992. Así se decide.
Documento de compra venta realizada por el ciudadano Luís Evaristo Piña Rivero a los ciudadanos Julio Alcalá Hernández y Webstar Goobett Arguelles Agüero, realizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Iribarren del estado Lara, en fecha 3 de octubre de 1985 (fs. 264 al 275, pieza 2). No siendo en modo alguno impugnado, desconocido o tachada, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.357 del Código Civil, y del cual se desprende que los causantes, realizaron la compra de manera conjunta del inmueble descrito en el documento de venta. Así se decide.
Original y copia simple del contrato de opción a compra, emitido por la Fundación de la Vivienda y Fomento del estado Lara, en fecha 13 de marzo de 1964, bajo el N° 85 (fs. 276 al 285, pieza 2). Copia certificada del documento autenticado por ante la Notaria Pública de Barquisimeto, en fecha 18 de febrero de 1987, inserto bajo el Nº 13, Tomo 22° (fs. 286 al 289). Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma por tratarse de una acción mero declarativa, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
A los folios 290 al 301, pieza 2, impresiones fotográficas donde aparecen los causantes Julio Alcalá Hernández y Webstar Argüelles Agüero, de acuerdo a lo señalado por el promovente. Observa esta superioridad que fue solicitada la prueba de experticia sobre las fotografías promovidas a los efectos de demostrar su autenticidad, cursando a los folios 115 al 123, de la pieza 3, las resultas de la peritación realizada donde se llegó a la conclusión que las fotografías son auténticas, las cuales por tratarse de documentos representativos que sirven para probar el estado de hecho que existía para el momento de ser tomadas, es indispensable establecer su autenticidad, lo cual ocurrió por medio de la prueba de experticia promovida y evacuada, por lo que se valora como plena prueba de los hechos allí observados. Así se decide.
Como prueba testimonial fueron promovidas y evacuados las declaraciones de los siguientes ciudadanos: Gladys Leal, Nellys Yépez, Elvia Rojas, Yamilka Porras, Silenia Barradas, Leopoldo Landaeta, José Valenzuela, Lucindo Pineda, Víctor González, Yudith Betancourt y Eliseo Antonio Carora, todos plenamente identificados en autos. Aprecia esta superioridad, que en la oportunidad para ser evacuados los testigos promovidos, estos rindieron sus declaraciones, manifestando conocer a los causantes Julio Alcalá y Webstar Arguelles de Alcalá, que le constan que los mismos vivieron aproximadamente quince (15) años en concubinato, que para el año 1975, residían en la urbanización Patarata y luego en la avenida la mata, entre calles 3 y 4 de Cabudare estado Lara, y que estos se cansaron en el año 1990, que eran reconocida por la sociedad, las personas y clientes a la causante Webstar Arguelles como concubina del ciudadano Julio Alcalá, que la causante contribuyo (sic) en la formación de los bienes adquiridos, por lo que se observa que los testigos promovidos y evacuados fueron contestes en sus respuestas, y que las declaraciones concuerdan entre sí y con las demás pruebas, en tal sentido, esta juzgadora observa que los testigos merecen fe de certeza, por cuanto sus testimonios no fueron contradictorios, por lo que de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se les otorga pleno valor probatorio. Así se decide.
Acta de defunción de la ciudadana Hilda Lucero de Alcalá, la fue incorporada a los autos en fecha 22 de marzo 2010, oportunidad procesal de presentar los informes, el cual cursa en la pieza 3, al folio 212. No siendo impugnada por la parte contraria, se le otorga valor probatorio como documento público, de conformidad con lo establecido con el articulo 435 y 429 Código de Procedimiento Civil, 1.357 del Código Civil y en concordancia con en el artículo 77 de la Ley de Registro Civil, se demuestra que la causante Hilda Lucero de Alcalá, quien era cónyuge del causante Julio Cesar Alcalá Hernández, falleció en fecha 3 de junio de 1.975. Así se decide.
Por su parte, la representación judicial de la parte demandada, junto con el escrito de contestación a la demanda, consignaron las siguientes documentales, las cuales fueron ratificadas en el escrito de promoción de pruebas:
Marcados A, B, B1, B2,: instrumentos poderes conferidos debidamente autenticados conferidos por los demandados a los abogados José de Jesús Guevara, Sandra Valencia y Luis Manuel Nadal Colmenarez, (fs. 31 al 43, pieza 2). Esta juzgadora al constatar que dichas documentales fueron traídas en copia certificadas, y que de la misma se desprende la veracidad del otorgamiento del poder antes aludido, le otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Marcado C: copia certificada de acta de matrimonio Nº 55, de fecha 24 de marzo de 1945, de los ciudadanos Hilda Lucero y Julio Alcalá, ante la primera autoridad civil de la Parroquia Sucre, del Departamento Libertador del Distrito Federal hoy Municipio Libertador del Distrito Capital, con la finalidad de demostrar que los de cujus Julio Cesar Alcalá Hernández y Hilda Lucero, contrajeron matrimonio en esa fecha (fs. 44 y 45, pieza 2). La cual por tratarse de un documento público, este tribunal superior, le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 y 1.360 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 12 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Así se decide.
Marcado D: copia certificada del documento de concesión de arrendamiento otorgado por el síndico procurador municipal del distrito Palavecino del estado Lara, al ciudadano Julio Alcalá Hernández (f. 95, pieza 2). Siendo desechado por esta superioridad, por no ser un hecho controvertido en el asunto que nos ocupa. Así se decide.
Marcado E: declaración de impuesto sobre la renta signada con el Nº 343576, de fecha 31 de julio de 1970, presentada ante la Administración General del Impuesto sobre la Renta del Ministerio de Hacienda (f. 46, pieza 2), Marcado E1: planilla de liquidación de multa, de fecha 23 de noviembre 1970, Nº 9C26677, expedida por la administración general del impuesto sobre la renta del Ministerio de Hacienda hoy Ministerio de Finanzas (f. 47, pieza 2). Marcado E2: permiso sanitario gratuito de empotramiento de fecha 23 de agosto 1971, expedida por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, División de Ingeniería Sanitaria Zona VI de Cabudare, Sección de Control y Disposición de Aguas Servidas (fs. 48 y 49, pieza 2). Siendo apreciadas por esta superioridad como documentos públicos administrativos, que se consideran ciertos salvo prueba en contrario, y del cual se evidencia como domicilio del causante Julio Alcalá, para los años 1965, 1969, 1970 y 1971, Quinta Zulay, avenida La Mata entre calles 3 y 4, Cabudare estado Lara. Así se decide.
Marcado E3: Original de recibo de cobro Nº 144, de fecha 31 de agosto de 1965, expedida por el Departamento de Hacienda Municipal del Concejo Municipal del Distrito Palavecino, Cabudare, estado Lara (f. 50, pieza 2). Se valora como documento público administrativo. Así se decide.
Marcado E4: partida de nacimiento de la ciudadana Zulay Alcalá Lucero (f. 51, pieza 1) y copia simple de la cedula de identidad (f. 52, pieza 2). Siendo apreciada por esta superioridad por tratarse de un documento público, se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 y 1.360 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 12 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Así se decide.
Marcados F, F1, F2, F3 y F4: Originales en recibos originales Nros. 5468, 6045, 6046, 12969 y 14816, de patente provisional de funcionamiento expedida por el Concejo Municipal del Distrito Palavecino, Cabudare, estado Lara, división de hacienda municipal, inscrita bajo la cuenta Nº IC-66ª (ff. 53 al 57, pieza 2). Los cuales son desechados por no aportar nada a la presente causa. Así se decide.
Marcado G: documento constitutivo del fondo de comercio denominado Festejos La Mata, inscritos por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 8 de diciembre de 1981 bajo el Nº 6, Tomo 5H (ff. 59 y 60, pieza 2). Siendo desechado por esta superioridad, por no ser un hecho controvertido en el asunto que nos ocupa. Así se decide.
Promueve la confesión de la parte actora realizada en el escrito de demanda. Aprecia esta superioridad que los escritos de demanda no constituyen en principio una prueba, sino que contiene los alegatos de las partes, por lo tanto las afirmaciones no pueden ser consideradas técnicamente como una confesión, se valoran como hechos admitidos, libres de prueba. Así se decide.
Marcado H: copia simple del asunto signado con el Nº KP02-F-2006-000371, llevado por ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, por motivo de partición (ff. 67 al 78). Considera esta superioridad, que tales documentales no guardan relación con lo debatido en la causa, en consecuencia resultan impertinentes para la resolución de la misma por tratarse de una acción mero declarativa, en este sentido se desecha su valoración. Así se decide.
Marcado I: Constancia emitida por el consejo comunal La Mata- Norte, en fecha 8 de enero de 2009 (f. 79), donde se hace constar que para el año 1963, ya existía la casa ubicada en la avenida 1 entre calles 3 y 4, y para el año 1965, en dicha casa funcionada un sub depósito de la polar y el negocio licorería y agencia de festejos La Mata. La cual se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 29 ordinal 10 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Así se decide.
Efectuado el planteamiento del problema judicial suscitado entre las partes intervinientes en la presente causa, toca a esta superioridad dirimir y resolver los hechos controvertidos de la presente causa, como es la unión estable de hecho que pudo existir entre (...) los ciudadanos Webstar Goobett Arguelles de Alcalá y Julio Cesar Alcalá Hernández, ambos fallecidos ad intestato, en fechas 07 (sic) de enero de 2006 y 1 de agosto de 2005, respectivamente, la cual a decir de los actores, inició en el mes de julio de 1975 hasta el 20 de septiembre de 1990, fecha en la cual contrajeron legítimamente matrimonio.
El Tratadista Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, nos señala que la pretensión de mera declaración o declarativa, o de declaración simple o mera certeza, como también se la denomina, es aquella en la cual no se le pide al juez una resolución o condena a una prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica.
Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 909 de fecha 19 de agosto del año 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, con respecto a la acción mero declarativa estableció:
(...Omissis...)
Por otro lado, en relación con las uniones estable de hecho, la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la Republica (sic), mediante sentencia número 1682, de fecha 15 de julio de 2005, caso: Carmela Manpieri Giuliani, interpretó los artículos 767 del Código Civil y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con carácter vinculante, y en este sentido, puntualizó lo siguiente:
(...Omissis...)
De lo antes expuesto se infiere que el concubinato es una comunidad entre ambos, donde contribuyen con su trabajo a la formación de un patrimonio, o al aumento del que tenga uno de los dos concubinos, es decir, el trabajo de los concubinos debe hacerse ejecutado o realizado, formando o aumentando un patrimonio, durante el termino en que ambos concubinos viven juntos y hacen vida en común.
En virtud de ello, para declarar judicialmente la unión estable o el concubinato, se debe demostrar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la relación, y que además, tales características sean reconocidas por el grupo social en el que se desenvolvió la pareja, por lo que debe el accionante traer a los autos todas aquellas pruebas que reflejen el hecho que pretende sea probado, ya que la sentencia declarativa del concubinato, tal y como establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe señalar la fecha de su inicio y de su fin.
Para esta superioridad, queda entendido que para que el concubinato puede ser declarado, debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 767 del Código Civil, en este sentido, se tiene que las características de la sentencia declarativa son: a) No requiere ejecución; b) Despeja la duda y la incertidumbre sobre ciertos hechos subjetivos y aleja la amenaza o el peligro sobre situaciones jurídicas conflictivas, c) produce retroacción al estado inicial que declara existente o extinguido.
Entre las condiciones requeridas para que pueda darse la acción de declaración, aparte de la voluntad de la ley de la cual se pide la declaración y de la legitimatio ad causam, debe destacarse el interés en obrar. Este interés en obrar consiste en una condición de hecho tal, que el actor sufrirá un daño sin la declaración judicial.
Ahora bien, del análisis de la presente acción mero declarativa y de las pruebas aportadas por las partes, quedo por demás demostrado que para el mes de julio del año 1975, se inició una relación concubinaria entre los causantes Webstar Goobett Arguelles de Alcalá y Julio Cesar Alcalá Hernández, ambos fallecidos ad intestato, en fechas 07 (sic) de enero de 2006 y 1 de agosto de 2005, este ultimo de estado civil viudo, por cuanto su cónyuge Hilda Lucero de Alcalá, falleció en fecha 3 de junio de 1.975, la cual concluyo (sic) en fecha 20 de septiembre del año 1990, fecha en la cual contrajeron legalmente matrimonio, de conformidad con lo contemplando en el artículo 70 del Código Civil, es decir, la legalización del concubinato. Así mismo quedo (sic) evidenciado tanto de las pruebas testimoniales como de las documentales aportadas por la parte actora, que la unión estable de hecho entre los causantes Webstar Goobett Arguelles de Alcalá y Julio Cesar Alcalá Hernández, ambos fallecidos ad intestato, en fechas 07 (sic) de enero de 2006 y 1 de agosto de 2005, se determinó la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que dicha unión se encontraba formada por una mujer soltera y un hombre viudo, no existiendo impedimentos dirimentes que impidan dicha unión, debe en consecuencia esta alzada larense declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 26 de abril de 2017 por la representación judicial de la parte demandada, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de abril de 2017 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara que declaro (sic) con lugar la acción mero declarativa de unión estable de hecho entre los (...) causantes WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES DE ALCALA y JULIO CESAR ALCALA HERNANDEZ, suficientemente identificados, con fecha de inicio en el mes de julio del año 1.975 y hasta el 20 de septiembre del año 1.990, fecha en la cual contrajeron matrimonio civil. Así se decide.
DECISIÓN
En virtud de las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
(...Omissis...)
SEGUNDO: CON LUGAR LA DEMANDA acción mero declarativa de unión estable de hecho, interpuesta por los ciudadanos María de Los Ángeles Argüelles Agüero, Manuel Benigno Argüelles Agüero, Egnont José Argüelles Agüero, Petra Rafaela Argüelles Agüero, Celsa Dalys Argüelles Agüero, Félix Valmoris Argüelles Agüero, Edgar María Argüelles Agüero, Sonia Indasuany Argüelles Agüero, Edward Manuel Argüelles Grateron, Naudy Augusto Argüelles Grateron, Deyanira Josefina Argüelles Grateron, Arieskla Yndasuhanis Jiménez Argüelles y Keither José Manuel Jiménez Argüelles, contra los ciudadanos Hilda Alcalá de Díaz, Cesar José Alcalá Lucero, Adgles José Alcalá Lucero, Clara Coromoto Alcalá Lucero, Zulay Alcalá Lucero, Lisnay Alcalá De (sic) Martínez, Jazmín Julieta Alcalá Lucero, Julio Alcalá Lucero, (En (sic) Su (sic) Condición (sic) De (sic) Herederos (sic) Del (sic) Causante (sic) Julio Cesar Alcalá Hernández); Ciudadanos (sic) Hilda Janeth Alcalá Gutiérrez Y (sic) Orlando José Alcalá Gutiérrez, (En (sic) Su (sic) Condición (sic) De (sic) Herederos (sic) Del (sic) Causante (sic) Orlando Alcalá Lucero); Ciudadanos (sic) Julio Cesar Alcalá Colmenarez, Rosa Elena Alcalá Colmenarez, Jhon Harold Alcalá Segovia, Jerry José Alcalá Segovia y Angélica Joana Alcalá Segovia, (en su condición de herederos del Causante (sic) Juan Gualberto Alcalá Lucero). En consecuencia, se DECLARA la existencia de la unión estable de hecho entre los causantes WEBSTAR GOOBETTARGUELLES DE ALCALA y JULIO CESAR ALCALA HERNANDEZ, suficientemente identificados, con fecha de inicio en el mes de julio del año 1.975 y hasta el 20 de septiembre del año 1.990, fecha en la cual contrajeron matrimonio civil. (...). (Negrillas, subrayados y mayúsculas propias del texto).
De lo anterior se colige que el juez de la recurrida una vez analizadas las pruebas cursantes en la causa, se pronunció respecto a la apelación que le fuere interpuesta indicando ( ) CON LUGAR LA DEMANDA acción mero declarativa de unión estable de hecho, (...). En consecuencia, se DECLARA la existencia de la unión estable de hecho entre los causantes WEBSTAR GOOBETT ARGUELLES DE ALCALA y JULIO CESAR ALCALA HERNANDEZ, suficientemente identificados, con fecha de inicio en el mes de julio del año 1.975 y hasta el 20 de septiembre del año 1.990, fecha en la cual contrajeron matrimonio civil. (...). (Negrillas y subrayados propios de la Sala).
De lo precedentemente expuesto se evidencia que el juez de alzada al establecer la fecha de inicio de la relación concubinaria, declaró que comenzó el mes de julio del año 1975, lo que determina una imprecisión en la fecha de inicio de la relación concubinaria. En ese sentido, se evidencia que el ad quem incurre en una indeterminación objetiva del fallo, pues, ello hace imposible la ejecución del mismo, ya que no hay una fecha precisa de la cual se pueda determinar el inicio de la misma.
En este mismo orden de ideas, con respecto a la fecha de inicio y culminación de la unión estable de hecho, la Sala Constitucional en el recurso de interpretación N° 1.682, del 15 de julio de 2005, expediente N° 04-3301, interpuesto por Carmela Manpieri Giuliani, estableció pronunciamiento el cual ha sido acogido por esta Sala, entre las cuales se cita sentencia N° RC-000331, de fecha 8 de junio de 2015, expediente N° 2014-000669, en el caso de acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria, intentada por la ciudadana Glenda Sorley Guevara Estupiñan, contra el ciudadano Hernando Villamizar Vera, en la que se estableció lo siguiente:
( ) Así mismo, conforme a la transcripción ut supra tenemos que para el reconocimiento de una unión estable de hecho es necesaria una declaración judicial que contenga la duración del mismo, siendo además necesario que la sentencia declarativa de tal unión señale la fecha precisa de su inicio ( ).
En razón de lo anterior, si bien es cierto que actualmente el concubinato puede ser declarado siempre y cuando se reúnan los requisitos contemplados en el artículo 767 del Código Civil, siendo ésta una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo 77 constitucional, se precisa apuntalar que la Sala Constitucional de este máximo Tribunal de la República, en sentencia N° 1682/2005 de fecha 15 de julio de 2005, en el expediente N° 04-3301 señaló lo siguiente:
´( ) En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio. ( )´. (Negrillas de la Sala).
Por otra parte es necesario apuntalar que el establecimiento correcto, concreto, expreso y preciso de las fechas de inicio y finalización de la unión concubinaria que se reconoce, son de importancia cardinal, ya que eventualmente del mismo se podría derivar para las partes una serie de acciones legales posteriores al reconocimiento de la unión estable de hecho ya citada, y por ende producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de ellos, en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos durante ese período, que de no especificarse podría traer como corolario la violación de los derechos fundamentales de ambas partes. (...). (Negrillas y subrayados propios de la Sala).
En aplicación de los criterios jurisprudenciales al caso sub iudice, se constata que la recurrida al establecer que la unión estable de hecho que existió entre la ciudadana Webstar Goobett Arguelles Agüero y el ciudadano Julio César Alcalá Hernández, fue en: fecha de inicio en el mes de julio del año 1.975 (sic) y hasta el 20 de septiembre del año 1.990 (sic) ( ), incurrió en indeterminación objetiva, por cuanto no señaló la fecha exacta de inicio del concubinato, ya que es necesario, establecer día, mes y año, en virtud de las consecuencias jurídicas que pudiera acarrear una indeterminación en la fecha, fundamentalmente, en la ejecución de la decisión en la oportunidad de la partición de los bienes y demás acciones legales, si fuere el caso, lo cual pudiera generar incertidumbres y dudas, produciendo un menoscabo al derecho a la defensa de las partes, aunado a que la sentencia recurrida no es clara en cuanto a los soportes o medios probatorios en los cuales se basó para establecer, el mes y año en ella señalados como inicio de la unión estable de hecho bajo estudio, razón que impide a esta Sala, sustituir y señalar la fecha cierta, ello en aras del principio de ejecutabilidad del fallo. Así se establece.
Ahora bien, en aplicación de los nuevos criterios en la Casación Civil en Venezuela, de conformidad con la decisión de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia N° 0362, publicada en fecha 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., y de la Sala de Casación Civil N° RC-000 254, de fecha 29 de mayo de 2018, expediente N° 2017-000072, caso: Luís Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Rocío González Zamora y siendo que en el caso de autos se detectó un vicio por indeterminación objetiva, la Sala de conformidad con la nueva redacción de los artículos 320 y 322, ambos del Código de Procedimiento Civil, procede a resolver el fondo de la controversia planteada, en los siguientes términos:
De los alegatos de las partes:
La parte actora en su libelo de demanda señaló entre otros particulares que la ciudadana Webstar Goobeth Arguelles Agüero, conoció al ciudadano Julio César Alcalá Hernández, por intermedio de unos amigos en común, comenzando una relación entre ellos a finales del mes de julio de 1975, la cual formalizaron a finales de ese mismo año, razón por la que convinieron en hacer una vida en común estableciendo su hogar en un inmueble ubicado en la Urbanización Patarata Uno, bloque 2, apartamento B-3, entrada B de la ciudad de Barquisimeto, donde decidieron consolidar su relación de pareja y el hogar que planificaron tener. Posteriormente en el mes de enero de 1979 fijaron su hogar en un inmueble consistente en unas bienhechurías, construidas a sus propias expensas, ubicada en la Urbanización La Mata; y las cuales fueron edificadas sobre un área de terreno de propiedad municipal, no siendo sino después de más de 15 años que duró la unión y comunidad concubinaria, cuando decidieron contraer matrimonio en fecha 20 de septiembre de 1990. (ff. 2 al 8 de las pieza 1/6 del expediente).
La parte demandada en su escrito de contestación al libelo de demanda, rechazó y contradijo todas las manifestaciones hechas por la parte actora, negando que los ciudadanos Webstar Goobeth Arguelles Agüero y Julio César Alcalá Hernández se hayan conocido por intermedio de amigos en común y mucho menos que hayan mantenido una relación concubinaria desde el mes de julio de 1975, ya que el mismo estuvo casado con la ciudadana Hilda Lucero de Alcalá hasta el 3 de junio de 1975, fecha en la cual falleció, por lo que posterior a esta fecha nunca se vinculó con ninguna persona en unión concubinaria. (ff. 15 al 30 de la pieza 2/6 del expediente).
Análisis de las pruebas que constan en el expediente:
Conforme a las pruebas traídas a los autos por la parte actora consta el acta de matrimonio N° 90-06, expedida por el Tribunal de la Parroquia Buena Vista, Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a la cual se le da pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, cursante a los (ff. 21 y 22 de la pieza 1/2 del expediente), en la que se dejó constancia que el 20 de septiembre de 1990, se celebró el matrimonio civil entre los ciudadanos Webstar Goobeth Arguelles Agüero y Julio César Alcalá Hernández, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el cual legaliza la unión concubinaria existente entre los contrayentes, sin embargo, de la misma no se logra extraer la fecha de inicio (día, mes y año) de dicha unión concubinaria.
Así mismo, cursan impresiones fotográficas y su correspondiente experticia, se le da valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de la cual solo se pudo establecer la autenticidad de las mismas y que entre dichos ciudadanos existió una relación, pero de ellas tampoco se logra extraer la fecha exacta de su inicio (día, mes y año) y si era una relación de concubinato o no pues de unas fotos no es posible determinar qué tipo de relación puede existir entre las personas que de ahí se desprende.
En cuanto a las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Eliseo Antonio Carora, Gladys Lucia Leal Ozal, Nelly Mercedes Yépez Torrealba, Elvia Pilar Rojas Daza, Yamilka Coromoto Porras, Silenia Marina Barradas Nahr, Leopoldo José Landaeta, José Lisandro Velenzuela Medina, Lucindo Antonio Pineda Castro, Víctor José María González y Yudith Coromoto Betancourt Bastidas, quienes fueron veraces y contestes en manifestar que en efecto los ciudadanos Webstar Goobeth Arguelles Agüero y Julio César Alcalá Hernández, vivieron juntos desde el año 1975 aproximadamente por 15 años, que inicialmente establecieron su domicilio en la Urbanización Patarata, y luego comenzaron a vivir en la Avenida La Mata de Cabudare en el año 1979, hasta que en el año 1990 decidieron casarse; a estos testigos se le da pleno valor probatorio, sin embargo, de dichos testimonios no se logra establecer la fecha cierta de inicio de dicha relación concubinaria, es decir, el día y mes.
De las pruebas ut supra analizadas, se puede verificar que no existe a las actas ningún elemento de convicción procesal que le permita a esta Sala establecer a ciencia cierta, que los ciudadanos Webstar Goobeth Arguelles Agüero y Julio César Alcalá Hernández, hubieren comenzado su relación sentimental en una fecha determinada, tal como se ha exigido en múltiples jurisprudencias establecidas por este Máximo Tribunal de la República, pues de lo antes narrado solo se puede colegir que la misma inició en el año 1975, pero en modo alguno se logró determinar el mes y el año de su inicio, razones suficientes como para que esta Sala declare CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de abril de 2017, por el profesional del derecho Mario Hollstein, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada el 18 de abril de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto; y SIN LUGAR la demanda por acción merodeclarativa de unión estable de hecho y por vía de consecuencia, queda revocada la decisión del a quo dictada el 15 de noviembre de 2017. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la ley, se declara: CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, de fecha 15 de noviembre de 2017 la cual se ANULA y, en consecuencia se declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de abril de 2017, por el profesional del derecho Mario Hollstein, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada el 18 de abril de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto; 2) SIN LUGAR la demanda por acción merodeclarativa de unión estable de hecho intentada por los ciudadanos MARÍA DE LOS ÁNGELES ARGÜELLES AGÜERO, MANUEL BENIGNO ARGÜELLES AGÜERO, EGNONT JOSÉ ARGÜELLES AGÜERO, PETRA RAFAELA ARGÜELLES AGÜERO, CELSA DALYS ARGÜELLES AGÜERO, FÉLIX VALMORIS ARGÜELLES AGÜERO, EDGAR MARÍA ARGÜELLES AGÜERO, SONIA INDASUANY ARGÜELLES AGÜERO; por los ciudadanos EDWARD MANUEL ARGÜELLES GRATERON, NAUDY AUGUSTO ARGÜELLES GRATERON y DEYANIRA JOSEFINA ARGÜELLES GRATERON en representación del causante Naudis Ramón Arguelles Agüero; y, por los ciudadanos ARIESKLA YNDASUHANIS JIMÉNEZ ARGÜELLES y KEITHER JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ ARGÜELLES en representación de la causante Dikla Judith Arguelles Agüero, contra los ciudadanos HILDA ALCALÁ DE DÍAZ, CÉSAR JOSÉ ALCALÁ LUCERO, ADGLES JOSÉ ALCALÁ LUCERO, CLARA COROMOTO ALCALÁ LUCERO, ZULAY ALCALÁ LUCERO, LIZNAY ALCALÁ DE MARTÍNEZ, JASMÍN JULIETA ALCALÁ LUCERO; así mismo y en representación del ciudadano Julio Alcalá Lucero sus causahabientes TEODORA ESPERANZA ZAMBRANO, HILMAR JULIETA ALCALÁ ZAMBRANO, JULIANA CARIDAD ALCALÁ ZAMBRANO y en representación de Julio Ricardo Alcalá Bustillos sus herederos MIGDALIA JOSEFINA GARCÍA DE ALCALÁ, ANELYN ANDREYNA ALCALÁ APONTE, BARBARA GABRYELA ALCALÁ APONTE Y MARÍA YOLANDA ALCALÁ GARCÍA; los ciudadanos HILDA YANETH ALCALÁ GUTIÉRREZ y ORLANDO ALCALÁ LUCERO en representación del ciudadano Orlando José Alcalá Gutiérrez; y los ciudadanos JULIO CÉSAR ALCALÁ COLMENAREZ, ROSA ELENA ALCALÁ COLMENAREZ, JHON HAROLD ALCALÁ SEGOVIA, JERRY JOSÉ ALCALÁ SEGOVIA y ANGELINA JOHANA ALCALÁ SEGOVIA, en representación del causante Juan Gualberto Alcalá Lucero.. 3) Por vía de consecuencia, se revoca la decisión del a quo dictada el 18 de abril de 2017. Y, 4) Se condena en costas del procedimiento a la parte actora, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en la ciudad de Barquisimeto, particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, conforme a lo estatuido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Presidente de la Sala,
______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada Ponente,
___________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
__________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. Nº AA20-C-2018-000076
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretaria Temporal,
Quien suscribe, Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este Alto Tribunal, expresa su voto salvado con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
La mayoría sentenciadora, casó de oficio y declaró sin lugar la demanda mero declarativa de comunidad concubinaria, por encontrar indeterminada objetivamente la decisión de alzada.
En este sentido, observamos que el vicio de indeterminación objetiva contemplado en el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se configura cuando el sentenciador omite o no precisa en su fallo la cosa u objeto sobre el cual ha de recaer la decisión.
En efecto, el requisito de determinación objetiva fija los límites de la cosa juzgada, que concatenado con el principio de la autosuficiencia del fallo, permite que la decisión pueda bastarse a sí misma y que no dependa de otras actas del expediente a los efectos de conocer los elementos que delimitan la situación en el caso concreto y sobre todo, la posibilidad de la materialización efectiva de la ejecución.
Ahora bien, ha sido criterio pacífico y reiterado con respecto al requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, previsto en el artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, que dicha expresión resulta indispensable y necesaria para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición; esto último, relacionado estrechamente con el principio de autosuficiencia del fallo, según el cual la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o perfeccionen (Cfr., entre otras, sentencia TSJ-SCC N° 106 de fecha 10 de marzo de 2015; TSJ-SCC N° 559 del 24 de noviembre de 2011).
No obstante, esta Sala ha venido aplicando también el criterio jurisprudencial de carácter vinculante expuesto por la Sala Constitucional de este máximo tribunal de justicia, en sentencia N° 3.350, de fecha 3 de diciembre de 2003, según el cual, aun cuando no se haya especificado en la sentencia condenatoria los parámetros para la ejecución del fallo, el juez deberá, para lograr la concretización de la tutela judicial eficaz para la parte que fue favorecida por el pronunciamiento judicial, tomar las medidas necesarias para la ejecución de dicho dictamen. (Cfr. en el mismo sentido, sentencia TSJ-SCC N° 427 del 14 de octubre de 2010; TSJ-SCC N° 370 del 7 de junio de 2017; TSJ-SCC N° 543 del 7 de agosto de 2017).
Asimismo, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en decisión N° 885 del 11 de mayo de 2007, estableció lo siguiente:
Así, el criterio que fue vertido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia que se sometió a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actione, el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución, en salvaguarda de una verdadera tutela judicial eficaz y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ( ); lo contrario sería perjudicar a quien ha obtenido una sentencia favorable. Así se declara .
Conforme con el criterio jurisprudencial citado, se evidencia que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en interpretación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, restringió la procedencia del vicio de indeterminación objetiva en beneficio de la ejecutabilidad de la propia sentencia y a favor de obtener una verdadera tutela judicial efectiva.
En armonía con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional antes referido, y que esta Sala de Casación Civil ha hecho suyo en fallos anteriores, consideramos que el juzgador de alzada no incurrió en un caso de indeterminación objetiva que cause la nulidad de la sentencia, al establecer que existió la unión estable de hecho con fecha de inicio en el mes de julio del año 1.975 y hasta el 20 de septiembre del año 1.990 . Esto, porque bastaría incorporar todos los días del mes de julio en el cómputo del lapso que duró la comunidad concubinaria, para hacer ejecutable el fallo y satisfacer el requisito de la determinación del objeto.
En este orden de ideas, vemos en el fallo de la mayoría, la prueba de la injusticia que implica desconocer estos criterios limitativos de la nulidad del fallo por vicios de forma irrelevantes, por cuanto, a pesar de que la Sala constata de autos que en el acta de matrimonio los ciudadanos Webstar Arguelles y Julio César Alcalá reconocieron la existencia de la unión concubinaria anterior al matrimonio y que son contestes todos los testigos en que vivieron juntos desde el año 1975 aproximadamente por 15 años , la conclusión a la que arriba la mayoría sentenciadora, es que por no estar todos los testigos de acuerdo en el día exacto en que comenzó la convivencia, no es posible comprobar que la unión estable de hecho existió, lo que, en nuestro criterio, viola máximas de experiencia sobre la conformación de este tipo de relaciones.
Queda de este modo salvado mi voto.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala,
______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente Disidente,
______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
__________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada Ponente,
___________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
__________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. Nº AA20-C-2018-000076
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias