Sentencia N.º RC.000686
- Sentencia
- N.º RC.000686
- Fecha
- 13/12/2018
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-766
- Ponente
- Vilma Maria Fernandez Gonzalez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. AA20-C-2017-000766
Magistrada Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
En el juicio por retracto legal arrendaticio, seguido por la ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO, representada judicialmente por los abogados Felipe Carrasquero Rodríguez, Tibisay Velásquez y Sergio Urdaneta, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.893, 44.797 y 45.558, respectivamente, contra los ciudadanos OTTO SÉILER LAZARVIC y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, representados judicialmente por los profesionales del derecho, José Luis Pérez Gutiérrez y Roger Gutiérrez Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3.415 y 13.039, en su orden, y contra los codemandados ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, patrocinado judicialmente por el abogado Mario José Cárdenas Pacheco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 10.864; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual declaró con lugar las apelaciones ejercidas en fechas 21-7-15 y 13-08-15 por los codemandados, declarando sin lugar la demanda por retracto legal arrendaticio incoada por la parte actora, condenando en costas a la parte demandante de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la referida sentencia de la alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 28 de septiembre de 2017, y oportunamente formalizado. Hubo contestación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO
DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO
Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Nro. RC-510, del 28 de julio de 2017, expediente Nro. 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, Nro. 362, del 11 de mayo de 2018, expediente Nro. 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo Nro. 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente Nro. 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra).
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por encontrarse vinculado subjetivamente con el objeto de la controversia y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.
Por otro lado, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se de por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad, por tanto, siendo innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia Nro. 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nro. 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación, y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuándo: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo, en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se establece.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
Con fundamento en la sentencia Nro. 394, de fecha 21 de junio de 2017, expediente Nro. 2017-000281, caso: Colegio Humbolt C.A., contra Inversiones AZM 44, C.A., y otra, dictada por esta Sala de Casación Civil, se procede a alterar el orden de las denuncias planteadas en el escrito de formalización y se pasa a conocer la primera denuncia por infracción de ley, contenida en el Capítulo I, en los siguientes términos:
-I-
Con fundamento en lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia el ERROR DE INTERPRETACIÓN ACERCA DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY, O APLICADO FALSAMENTE UNA NORMA QUE NO ESTE VIGENTE; O SE LE NIEGUE APLICACIÓN A UNA NORMA QUE LO ESTÉ , conforme a los siguientes alegatos:
PRIMERA DENUNCIA DE FONDO: POR HABER INCURRIDO EN UN ERROR DE INTERPRETACIÓN ACERCA DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 42 y 44 DE LA LEY DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO QUE SON DISPOSICIONES EXPRESAS DE LA LEY ESPECIAL.
Ciudadanos Magistrados; al fundamentar ésta Primera denuncia de fondo contra la Sentencia recurrida, emitida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el nueve (9) del mes de Agosto de 2017, hago expresión de las razones que demuestran la existencia de la infracción denunciada, de la falsa aplicación o aplicación errónea de los artículos 42, 43, 44, 47 y 48 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, (sic) ( ) sobre el derecho de la preferencia ofertiva que tiene el arrendatario de un inmueble, establecen lo siguiente:
Omissis
Las razones que demuestran la falsa aplicación o aplicación errónea del artículo 42 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, (sic) en la Sentencia recurrida al no contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las pretensiones y a las excepciones o defensas opuestas por mi representada la ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO, quien en una forma expresa, positiva y precisa demandó a su arrendador OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, propietarios del inmueble que ocupa como arrendataria por más de 21 años mediante la acción de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO el derecho de preferencia ofertiva previsto en el artículo en el artículo (sic) 42 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (sic) transcrito, ( ) al suponer erróneamente, que a mi representada ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO en su condición de arrendataria, los propietarios del inmueble arrendado OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, le garantizaron el derecho de preferencia ofertiva garantizado en el artículo 42 transcrito, a pesar de que en la Sentencia recurrida quedó evidenciado que ( ) en su condición de arrendataria ( ) era acreedora de la preferencia ofertiva, porque tenía más de veintiún (21) años como arrendataria; quedó evidenciado en la Sentencia recurrida que ( ) se encontraba solvente en el pago de los cánones de arrendamiento; y de igual forma, quedó evidenciado en la Sentencia recurrida que quien debía garantizar el derecho de preferencia ofertiva ( ) era los arrendadores propietarios del inmueble OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, y, no los codemandados ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MARQUEZ (sic) BURGUERA y NORELIA CAROLINA MARQUEZ (sic) BURGUERA, como quedó evidenciado en la Sentencia recurrida, por lo que los propietarios arrendadores al no hacer la oferta preferente de venta a mi representada, mi representada no podía satisfacer las aspiraciones del propietario en cuanto a la cuantía de la oferta de venta porque no existió nunca una oferta sobre el precio de la venta por parte del propietario, por las razones expuestas queda demostrada la existencia de la infracción denunciada por la falsa aplicación o aplicación errónea del artículo 42 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario; (sic) igualmente, de seguida expongo las razones que demuestran la existencia de la infracción denunciada de falsa aplicación o errónea aplicación del artículo 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (sic) que sobre el derecho de la preferencia ofertiva que tiene el arrendatario de un inmueble establecen lo siguiente:
Omissis
Las razones que demuestran la falsa aplicación o aplicación errónea del artículo 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, (sic) se desprende de la Sentencia recurrida donde quedó evidenciado que el objeto de la controversia planteado por mi representada la ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO, consistió en que los propietarios del inmueble OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, no le notificaron a mi representada ( ), mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender, el apartamento que ocupa por más de 21 años tal y como lo plantea el artículo 44 transcrito, por lo que en la Sentencia recurrida se incurre en una falsa y errónea aplicación del artículo 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (sic) al suponer erróneamente que existió una oferta de precio de venta por parte de los propietarios por 100.000 bolívares, porque los propietarios del inmueble arrendado ( ) nunca indicaron el precio de la venta ( ) por lo que solicito formalmente se declare con lugar el presente recurso de Casación por incurrir la Sentencia recurrida en UNA ERRONEA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42 Y 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.(Mayúsculas, negrillas y cursivas de la formalización).
De conformidad con la transcripción precedentemente expuesta, se desprende que el formalizante al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata en principio el error de interpretación acerca del contenido y alcance de los artículos 42 y 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Para decidir, la Sala observa:
Resulta oportuno señalar que, el recurrente encabeza su denuncia delatando el error de interpretación de los artículos 42 y 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no obstante, en el desarrollo de la misma, el formalizante se refiere a la falsa aplicación o errónea aplicación de los artículos 42, 43, 44, 47 y 48 , por lo cual, a pesar de lo confusa de la presente denuncia, esta Sala aprecia que lo pretendido por la parte actora, va dirigido a denunciar el error de interpretación del contenido y alcance de los artículos 42, 43, 44, 47 y 48 de la Ley Especial, respecto a la preferencia ofertiva como un derecho del arrendatario, el lapso para ejercer el retracto legal arrendaticio por falta de notificación del propietario-arrendador mediante documento auténtico, manifestando su voluntad de vender el inmueble ocupado por el arrendatario y en este sentido se conocerá la presente delación.
En el presente caso, alega el accionante que el juzgador de alzada incurrió en el error de interpretación del artículo 42 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por considerar que los propietarios del inmueble arrendado OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, le garantizaron el derecho de preferencia ofertiva , asimismo, aseveró que quienes debían garantizar el derecho de preferencia ofertiva eran los propietarios-arrendadores del inmueble arriba mencionados y no los codemandados ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, como quedó evidenciado en la Sentencia recurrida, por lo que los propietarios arrendadores al no hacer la oferta preferente de venta a mi representada, mi representada no podía satisfacer las aspiraciones del propietario en cuanto a la cuantía de la oferta de venta porque no existió nunca una oferta sobre el precio de la venta por parte del propietario .
Hecha la observación anterior, reiteró que los propietarios del inmueble OTTO SÉILER L., y MANUELA CARREIRA DE SÉILER, no le notificaron a mi representada ( ), mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender, el apartamento que ocupa por más de 21 años tal y como lo plantea el artículo 44 transcrito, por lo que en la Sentencia recurrida se incurre en una falsa y errónea aplicación del artículo 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (sic) al suponer erróneamente que existió una oferta de precio de venta por parte de los propietarios por 100.000 bolívares , motivo por el cual, solicitó se declare con lugar el presente recurso de casación, por incurrir la sentencia recurrida en una errónea interpretación de los artículos 42 y 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En este sentido cabe señalar, que la errónea interpretación de una norma se produce al verificarse el error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, que comprende, por tanto, los errores de interpretación en los que puede incurrir el juez, en lo que se refiere a la hipótesis abstractamente prevista en la norma, como a la determinación de sus consecuencias legales.
Así las cosas, esta Sala ante lo determinado por el juzgador de alzada en su fallo, considera pertinente en primer término hacer mención a lo establecido en los artículos 42, 43, 44, 47 y 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los cuales son del siguiente tenor:
TÍTULO VI
DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y DEL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO
Artículo 42. La preferencia ofertiva es el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario. Sólo será acreedor de la preferencia ofertiva, el arrendatario que tenga más de dos (2) años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario.
Artículo 43. El retracto legal arrendaticio es el derecho que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cualquier acto que comporte la transmisión del derecho a la propiedad. Para ejercer este derecho, el arrendatario debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 44. A los fines del ejercicio del derecho preferente, el propietario deberá notificar al arrendatario, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender. En dicha notificación se deberá indicar el precio, condiciones y modalidades de la negociación.
Artículo 47. El derecho de retracto a que se refiere el artículo 43, deberá ser ejercido por el arrendatario dentro del plazo de cuarenta (40) días calendarios, contados a partir de la fecha de la notificación cierta que de la negociación cierta que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquiriente. A dicha notificación deberá anexarse necesariamente copia certificada del documento contentivo de la negociación, la cual quedará en poder del notificado.
Artículo 48. El arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cualesquiera de los supuestos siguientes:
a) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 de este Decreto-Ley o se omitiere en ella alguno de los requisitos exigidos.
b) Efectuada la venta a un tercero, su precio resultare inferior al ofertado, o sus condiciones fueren más favorables que las ofrecidas inicialmente al arrendatario . (Negrillas de la Sala).
Ahora bien, con la finalidad de verificar la existencia del vicio denunciado, el juzgador de alzada estableció en su fallo lo siguiente:
Pues bien, del artículo 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios antes citado se infiere que el arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, de producirse cualesquiera de los supuestos a que se contrae dicha norma, entre los cuales está la falta de notificación ordenada en el artículo 44, o de haberse omitido en la misma alguno de los requisitos exigidos; siendo que con tal proceder (por acción o por omisión) se causa daño o perjuicio al arrendatario, a quien se le impidió u obstaculizó el ejercicio del derecho de adquirir el inmueble con preferencia al tercero. Dicha situación, a saber, la conducta activa u omisiva prohibida, lleva en si misma la violación de ley, dejando a la venta realizada con un vicio que lo conduce a ser relativamente inválido entre el vendedor y el adquiriente, y sin eficacia frente al arrendatario. En este sentido, constata quien aquí decide que en efecto existe un incumplimiento en relación a que se omitió el respectivo ofrecimiento de venta del inmueble previsto en el artículo 44 eiusdem, la cual debió ser practicada, no por los terceros adquirientes (quienes pueden notificar a la arrendataria pero a los efectos de consolidar la propiedad adquirida ex artículo 47 ibídem), sino por los vendedores del inmueble ciudadanos Otto Séiler y Manuela de Séiler, quienes sin previamente ofrecer en venta el inmueble objeto de la demanda, procedieron a vender el mismo en fecha 04/07/05 a los codemandados Ángel Márquez y Norelia Márquez, lo cual resulta una transgresión a normas de estricto orden público y por tanto irrenunciable por las partes, por no haber cumplido los arrendadores primigenios ciudadanos Otto Séiler y Manuela de Séiler, con el tanteo legal establecido en la ley especial antes mencionada. Así se declara .
Establecido lo anterior, corresponde a este juzgador determinar si la ciudadana accionante ostentaba el derecho de preferencia ofertiva ( )
( ) En efecto, para que la inquilina pueda gozar del derecho de preferencia in comento así como para ejercer el retracto legal arrendaticio es requisito de ley el cumplimiento de determinados supuestos de hecho, los cuales se encuentran claramente indicados en el artículo 42 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual ya fue citado por este sentenciador. ( )
( ) De ahí que, es menester verificar el cumplimiento de estos supuestos, siendo que en el caso del primero de los nombrados, el mismo queda cumplido con vista a pruebas cursantes en autos ( ) ya que indicaron en su escrito libelar que la relación arrendaticia comenzó a transcurrir desde el 12/10/96, fungiendo el ciudadano Otto Séiler como arrendador propietario del inmueble, lo cual es a todas luces incongruente respecto a las afirmación esgrimida dichos codemandados, quienes en este proceso alegan la falsedad en cuanto a los años que lleva ocupando la inquilina accionante el inmueble de marras. Asimismo, queda probado este supuesto de hecho, con el ofrecimiento de venta del inmueble suscrito por los terceros adquirientes en fecha 16/9/2005, ya valorado ut retro, por lo que, se le debe tener al la (sic) ciudadana accionante como arrendataria y ocupante del inmueble desde el 12/10/96, es decir, que tiene más de dos (2) años ocupando el inmueble objeto de la demanda. Así se establece.
En relación al segundo requisito, referido a la solvencia del arrendatario, los codemandados adquirientes del inmueble alegaron que la actora no se encontraba solvente en cuanto al canon de arrendamiento. Ahora bien, observa este juzgador que este estado de solvencia a fin de que opere el derecho preferente, lo era en relación al ciudadano Otto Séiler, quien era el propietario arrendador en la oportunidad que fue enajenado el inmueble de autos, no respecto a los terceros adquirientes. De ahí que, no consta en autos alegato donde los codemandados Otto Séiler y Manuela Séiler, (sic) desvirtúen o indiquen que meses presentan retraso a los pagos, específicamente las cuotas de arrendamiento de los meses de julio y agosto de 2005, mensualidades vencidas antes del ejercicio del retracto en el mes de septiembre del referido año; aunado a que de la copia certificada de la demanda de desalojo promovida por la parte codemandada adquiriente, se alega que la falta de pago desde el referido mes de septiembre de 2005, motivo por el cual, tomando en cuenta el ofrecimiento de venta del inmueble en fecha 16/9/2005, donde se acepta la existencia del derecho preferente, se le debe tener como solvente con la pensión arrendaticia a la ciudadana accionante para el momento de la venta y el ejercicio del retracto y con vista a los indicios que quedaron probados en este aspecto, a tenor del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Respecto al último requisito para que proceda el derecho de preferencia, a saber, que deben ser satisfechas las aspiraciones del propietario arrendador relacionado con el pago del precio de venta del inmueble, se debe indicar que la accionante alegó que en el documento de compra venta de fecha 04/7/05, el precio fue establecido por la cantidad actual de (Bs. 100.000,00), pero que el precio real recibido por el propietario vendedor fue por la cantidad actual de (Bs. 80.000,00).
Llegado a este punto, se debe señalar que deben las partes probar sus respectivas afirmaciones de hecho, conforme a las reglas de la carga de la prueba contenida en los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil. En este sentido, de las pruebas presentadas, observa este juzgador que no quedó demostrado por los actores, que los intervinientes en el acto de compra venta del inmueble realizado en fecha 04/7/05, hayan pactado de manera simulada la cantidad indicada por la accionante, sin lograr desvirtuar el alegato expuesto por los vendedores del inmueble, ciudadano Otto Séiler y Manuela de Séiler, en su contestación referido a que recibieron la totalidad del precio indicado en el contrato de venta, de manos de los compradores en dinero en efectivo a su entera y cabal satisfacción; motivo por el cual este juzgador considera que la accionante en este sentido no cumplió con el tercer requisito aquí analizado, en cuanto a satisfacer las aspiraciones del vendedor y ofrecer el mismo precio en la venta, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, (sic) en concordancia con los artículos 1.539 y 1.544 del Código Civil.
Omissis
Al hilo de lo anterior, considera este juzgador que al no haber quedado probada la afirmación esgrimida por la accionante referida al precio real por el cual fue vendido el inmueble de autos, ofertando un precio menor al fijado en el documento de compra venta, no se cumplió en el sub iudice con este requisito de satisfacer las aspiraciones del vendedor del inmueble, motivo por el cual, no cumplió con los requisitos concurrentes del derecho de preferencia ofertiva necesarios para el ejercicio eficaz del derecho de retracto legal arrendaticio. Así se decide.
En atención a lo anterior, al no haber quedado demostrado en el presente asunto que la ciudadana Efigenia del Carmen Hernández Romero cumpliera con los requisitos concurrentes ut supra señalados, especialmente satisfacer las aspiraciones del vendedor del inmueble por parte del accionante, conforme lo establece el artículo 42 del (sic) la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; pues resulta forzoso para este juzgador ex artículo 254 del Código de Procedimiento Civil declarar la improcedencia de la acción ejercida y en consecuencia, con lugar las apelaciones ejercidas por los codemandados en el presente juicio, lo cual se indicará en forma positiva y precisa en la parte dispositiva de este fallo . (Negrilla y subrayado de la Sala).
De la sentencia parcialmente transcrita se observa que, los propietarios-arrendadores, Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler, incumplieron con el ofrecimiento de venta del inmueble previsto en el artículo 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es decir, con la obligación que tiene el propietario-arrendador de notificar al arrendatario mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender, indicando el precio, condiciones y modalidades de la negociación, a los fines de que la inquilino acepte o rechace la oferta hecha a su favor.
En este sentido, se evidencia de la sentencia recurrida que la notificación a que se contrae el artículo 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no fue realizada por los propietarios-arrendadores, ciudadanos Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler, sino por los terceros-adquirientes, ciudadanos Ángel Márquez y Norelia Márquez, en contraposición a lo establecido en el artículo supra mencionado.
Seguidamente, la juez de alzada pasó a determinar si la accionante, ciudadana Efigenia del Carmen Hernández Romero, ostentaba el derecho de preferencia ofertiva a que se contrae el artículo 42 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que alegaba, constatando los requisitos concurrentes para el ejercicio del derecho de retracto legal arrendaticio, lo cuales establecen que el arrendatario que tenga más de dos (2) años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario .
En referencia al cumplimiento de los supuestos anteriores, la recurrida señaló en cuanto al primero de ellos que el mismo queda cumplido con vista a pruebas cursantes en autos ( ) ya que indicaron en su escrito libelar que la relación arrendaticia comenzó a transcurrir desde el 12/10/96, fungiendo el ciudadano Otto Séiler como arrendador propietario del inmueble , constatándose en este caso, el cumplimiento del primer requisito.
Para continuar, el segundo supuesto está referido a la solvencia del arrendatario, en este caso, la sentencia recurrida precisó que a fin de que opere el derecho preferente, lo era en relación al ciudadano Otto Séiler, quien era el propietario arrendador en la oportunidad que fue enajenado el inmueble de autos, no respecto a los terceros adquirientes , de ahí que el juez ad-quem señaló que no consta en autos alegato donde los codemandados Otto Séiler y Manuela Séiler, (sic) desvirtúen o indiquen que meses presentan retraso a los pagos, específicamente las cuotas de arrendamiento de los meses de julio y agosto de 2005, mensualidades vencidas antes del ejercicio del retracto en el mes de septiembre del referido año , determinando que se debe tener como solvente con la pensión arrendaticia a la ciudadana accionante para el momento de la venta y el ejercicio del retracto y con vista a los indicios que quedaron probados en este aspecto, a tenor del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil .
Finalmente, cumplidos los supuestos anteriores, pasó a analizar el último requisito concurrente para la procedencia del derecho de preferencia, a saber, que deben ser satisfechas las aspiraciones del propietario-arrendador.
En efecto, la sentencia recurrida indicó en este punto que la accionante alegó que en el documento de compra venta de fecha 4/7/05 , suscrito por el propietarioarrendador y el tercero-adquiriente, el precio fue establecido por la cantidad actual de (Bs. 100.000,00), pero que el precio real recibido por el propietario vendedor fue por la cantidad actual de (Bs. 80.000,00) , en este sentido, la recurrida sostuvo que de las pruebas presentadas, no quedó demostrado por los actores, que los intervinientes en el acto de compra venta del inmueble realizado en fecha 4/7/05, hayan pactado de manera simulada la cantidad indicada por la accionante, sin lograr desvirtuar el alegato expuesto por los vendedores del inmueble, ciudadano Otto Séiler y Manuela de Séiler, en su contestación referido a que recibieron la totalidad del precio indicado en el contrato de venta, de manos de los compradores en dinero en efectivo a su entera y cabal satisfacción; , motivo por el cual, el juez de alzada consideró que la accionante no cumplió con el tercer requisito, esto es, en cuanto a satisfacer las aspiraciones del vendedor (terceros-adquirientes) de ofrecer el mismo precio de la venta realizada con el propietario-arrendador. Por lo que, concluyó declarando la improcedencia de la acción ejercida y en consecuencia, con lugar las apelaciones ejercidas por los codemandados.
Es conveniente, realizar ciertas consideraciones acerca de la presente acción de retracto legal arrendaticio, y en específico de la preferencia ofertiva, la cual ha definido la ley especial, como el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario; donde sólo será acreedor de dicha preferencia, siempre y cuando tenga -como se estableció anteriormente- más de dos (2) años en el inmueble arrendado, se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario-arrendador.
Ahora bien, ante la situación planteada, la Sala verifica por una parte, que la demandante a los fines del ejercicio del derecho preferente, demandó el retracto legal arrendaticio en virtud de que el ofrecimiento hecho por los terceros-adquirientes no se corresponde con los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vale decir, la obligación que tiene el propietario-arrendador de notificar al arrendatario, -en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero- mediante documento auténtico, manifestando su voluntad de vender, y éste a su vez, manifestar su voluntad de querer comprar de conformidad con la ley especial; caso contrario, y como quedó demostrado de la sentencia recurrida, que el mencionado ofrecimiento o notificación fue realizada por los terceros-adquirientes, ciudadanos Ángel Márquez y Norelia Márquez.
Por otra parte, se aprecia de la sentencia recurrida el análisis de los supuestos de procedencia para que el arrendatario sea acreedor de la preferencia ofertiva, donde se constató el cumplimiento de los dos (2) primeros requisitos, es decir, se verificó en primer lugar que el arrendatario tenía más de dos (2) años ocupando el inmueble; en segundo lugar, al momento de la interposición de la demanda por retracto legal arrendaticio, se encontraba solvente con los pagos de arrendamiento, para con los propietarios-arrendadores, ciudadanos Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler; por último, se evidenció de lo explanado en la sentencia recurrida, que la arrendadora no podía satisfacer las aspiraciones del vendedor del inmueble, ciudadanos Ángel Márquez y Norelia Márquez, -terceros adquirientes- ya que los mismos no están facultados por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 44, para notificar al que ostenta el derecho de preferencia ofertiva, que en el presente caso, corresponde a la ciudadana Efigenia del Carmen Hernández Romero, sino por el contrario, esta obligación está atribuida como se dijo anteriormente- a los propietarios-arrendadores, ciudadanos Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la ley de especial.
Por lo tanto, al no configurarse en el presente caso el supuesto de hecho que comporta la ley especial, en relación a la preferencia ofertiva, específicamente la notificación al arrendatario por parte del propietario-primigenio de la voluntad de querer vender el inmueble arrendado, y así, éste satisfacer las aspiraciones del mismo, esta Sala declara procedente la presente denuncia por error de interpretación de los artículos 42, 43, 44, 47 y 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que el juez de la recurrida sí incurrió en el error de interpretación, por lo que al decidir en la forma que lo hizo, como bien quedó descrita con precedencia en este mismo fallo, causó daño o perjuicio a la arrendataria, a quien se le impidió u obstaculizó el ejercicio del derecho de adquirir el inmueble objeto de demanda con preferencia al tercero-adquiriente, teniendo influencia determinante en el dispositivo del fallo, razón por la cual esta Sala declara procedente la presente denuncia. Así se declara.
Por lo determinante de la declaratoria que precede y en aplicación del criterio de esta Sala de Casación Civil al caso de autos, previsto en decisión Nro. 510, de fecha 28 de julio de 2017, caso: sociedad mercantil MARSHALL Y ASOCIADOS C.A., contra sociedad de comercio ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A., en cuanto a que se debe instituir como nuevo modelo la llamada casación de instancia, sin reenvío, y sin reposición por vicios de forma de la sentencia, criterio compartido por la Sala Constitucional en sentencia Nro. 362, de fecha 11 de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 320 in fine del Código de Procedimiento Civil, declara innecesario entrar a conocer las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización, y pasa a conocer el fondo de la controversia en los siguientes términos. Así se decide.
SENTENCIA DE MÉRITO
TÉRMINO DE LA CONTROVERSIA
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA, CIUDADANA EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO:
La parte actora adujo que desde hace más de veintiún (21) años su representada ha mantenido su domicilio principal en un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nro. 82, situado en el octavo piso del edificio Residencias CONOSCA, ubicado en Lomas del Mirador de la Avenida Boulevard El Cafetal del Municipio Autónomo Baruta del estado Bolivariano de Miranda, con aproximadamente cincuenta y nueve con setenta metros cuadrados (59,70mts2); siendo su único y exclusivo propietario para la fecha doce (12) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), los ciudadanos Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler, fecha que se inició el primer contrato de arrendamiento y celebrado el último contrato de arrendamiento privado, de fecha doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996); el canon de arrendamiento se fue incrementando a petición de dichos ciudadanos por espacio de veintiún años (21) aproximadamente hasta llegar a la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) mensuales.
Alegó que el propietario-arrendador burlando el derecho que según su decir, por ley le corresponde para adquirir el inmueble, unilateralmente procedió a la venta del apartamento. Asimismo señaló que en ningún momento le presentó la oferta de compraventa que prevé la ley en su carácter de arrendataria, violando por consiguiente el derecho de preferencia, aunado a ello, cobró el canon de arrendamiento correspondiente a los meses de agosto y septiembre en razón de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) cada uno, sin ninguna comunicación, aviso o participación al respecto.
Que la venta del inmueble supuestamente asciende a la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00), pero que la verdadera cantidad recibida por el propietario fue ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00).
Fundamentó la demanda en los artículos 1.133, 1.159, 1.160, 1.167 del Código Civil y 42, 44, 47 y 48 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En su petitorio solicitó:
PRIMERO: en ejercicio del derecho de Retracto Legal arrendaticio que asiste a mi representada para que convengan en la resolución del contrato de compra venta, subrogándome en la persona de los adquirientes y se transmita a mi representada la propiedad del inmueble en la cantidad de ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00) .
SEGUNDO: A pagar las costas y costos del proceso.
ALEGATOS DE LOS PROPIETARIOS-ARRENDADORES -CODEMANDADOS- OTTO SEILER LAZAROVIC Y MANUELA CARREIRA DE SEILER:
Los codemandados contestaron la demanda oponiendo como cuestiones previas las contenidas en los ordinales 6º, 10° y 11° del artículo 346 de la Ley Adjetiva Civil. Así mismo procedieron a darle contestación al fondo de la demanda rechazando, contradiciendo tanto los hechos como el derecho alegado por la parte accionante, ya que según su decir la misma confundió los conceptos sustantivos y adjetivos relativos a la acción de retracto que ilegalmente ejerció en contra de sus representados. En tal sentido resaltó que dicho derecho de retracto legal es el derecho de subrogación que la ley de manera específica y taxativa acuerda al arrendatario retrayente en el lugar de quien adquiere, lo cual significa que la acción que contiene la pretensión al ejercer tal derecho debe ser dirigida contra el adquirente como sujeto pasivo de la relación procesal y nunca contra el vendedor, aunque éste haya respetado el derecho de preferencia del inquilino en la fase del tanteo. Motivado a lo antes expuesto de manera textual por la parte accionada, la misma señaló que la acción ejercida en su contra no tiene base legal alguna, siendo improcedente en derecho, motivado a que no tienen cualidad ni el interés para sostener el presente juicio y mucho menos la parte demandante para sostenerlo. Asimismo la parte demandada reconvino en la presente contestación, sin embargo la misma fue declarada inadmisible por el tribunal de la causa.
ALEGATOS DE LA PARTE CODEMANDADA ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA Y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA:
Procedieron a contestar la demanda oponiendo las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6º y 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo como defensa de fondo negó, rechazó y contradijo la demanda interpuesta en su contra en virtud de que la accionante incurrió en contradicciones demandando a los vendedores para que le ofrecieran a ella como arrendataria el inmueble por retracto legal arrendaticio cuando según su decir los obligados de conformidad con la normativa inherente a la materia son sus cedentes, es decir, los compradores del inmueble; y que éstos en efecto cumplieron con la obligación de notificar a la arrendataria.
Igualmente rechazaron el contenido de la comunicación de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil cinco (2005), a que hace alusión la accionante en su libelo ya que la misma es una correspondencia privada suscrita por el abogado de la hoy demandante, dirigida a las personas que le vendieron el inmueble; dicha misiva no tiene el carácter de documento auténtico y su redacción y contenido no guarda relación alguna con el retracto legal arrendaticio notificado por los codemandados y no ejercido por la arrendataria dentro del plazo de los cuarenta (40) días calendario, contados desde el día veintidós (22) de septiembre de dos mil cinco (2005), notificación que según su parecer es cierta, legal y acorde al procedimiento establecido en la ley.
Rechazaron la estimación de la demanda en la suma de ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00), ya que la misma no coincide con las cantidades estipuladas en el documento traslativo de propiedad.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
De las consignadas junto al libelo:
Poder de representación judicial autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao, en fecha once (11) de agosto de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 31, Tomo 66; al cual este tribunal le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, quedando demostrada la representación judicial para actuar en juicio y así se decide.
Copia simple del contrato de arrendamiento de fecha doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996) y su inventario, suscrito por las partes que conforman el presente juicio. Documento que al no haber sido impugnado se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose del mismo, que la demandante de autos ocupa el inmueble por un periodo superior a dos años y así se decide.
Copia simple del documento de compraventa debidamente protocolizado por los ciudadanos Otto Séiler y Manuela Capreira de Séiler propietarios del inmueble y Ángel Enrique Márquez Burguera y Nohelia Carolina Márquez Burguera terceros-adquirientes, ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, bajo el Nro. 24, Tomo 2, Protocolo Primero, en fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), el cual posee las siguientes características: Apartamento destinado a vivienda, distinguido con el número ochenta y dos (N° 82), en el edificio residencias Conosca, ubicado dicho edificio en Lomas del Mirador en la avenida Boulevard El Cafetal, jurisdicción del Municipio Baruta, antes Distrito Sucre del estado Miranda. El edificio residencias Conosca del cual forma parte el apartamento objeto de esta venta, está construido en un lote de terreno distinguido con el número ciento doce (N° 112) en el plano general de la urbanización, con una superficie de un mil quinientos ochenta y siete metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados (1.587,75 mts2) y comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORESTE: Arco cuya longitud es de cincuenta y tres metros con ochenta y un centímetros (53,81 mts) y cuya cuerda es de cincuenta y tres metros con ochenta centímetros (53,80 mts), con frente el Boulevard El Cafetal; SUROESTE: Línea recta de cuarenta y cuatro metros con catorce centímetros (44,14 mts) con talud de la avenida principal de El Mirador; SURESTE: Línea recta de treinta metros con cincuenta y tres centímetros (30,53 mts) con la parcela número ciento trece (N° 113) de la urbanización Lomas del Mirador, que es o fue de Alfredo Ayala, C.A., y NOROESTE: Línea recta de treinta y dos metros con trece centímetros (32,13 mts) con la parcela número ciento once (N° 111) de la misma urbanización Lomas del Mirador. El apartamento objeto de esta venta, se encuentra ubicado en el octavo (8°) piso del edificio residencias Conosca y tiene una superficie de cincuenta y nueve metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (59,70mts2) aproximadamente y está integrado por: un recibo-comedor, una cocina-pantry, un lavadero, un dormitorio, una sala de baño, dos terrazas-balcones y dos closets y sus linderos son: SUR-OESTE: Con área de circulación; SUR-ESTE: Con apartamento N° 81; NOR-OESTE: Con apartamento N° 83 y NOR-ESTE: Con la fachada NOR-ESTE del edificio. Dicha venta comprende también un (1) puesto de estacionamiento descubierto situado en la planta baja del edificio, distinguido con el número ochenta y dos (N°82). El precio fijado para esta venta es por la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00) suma de dinero que declararon recibir -los propietarios vendedores- en este acto de los terceros-adquirientes en dinero en efectivo, de curso legal y su entera y completa satisfacción. Documento que al no haber sido impugnado en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil y del mismo se desprende, que con el otorgamiento del presente documento los vendedores hicieron a los compradores la tradición legal del apartamento y puesto de estacionamiento vendido, se obligaron al saneamiento de Ley conforme a derecho, así mismo se evidencia el monto exacto que los terceros-adquirientes cancelaron por la transferencia de la propiedad del inmueble objeto de la demanda por retracto legal arrendaticio, y así se decide.
Copia simple de dos (2) depósitos realizados en el Banco Provincial a nombre del demandado Otto Séiler Lazarovic, por un monto de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) cada uno, de fechas nueve (9) de junio y cinco (5) de agosto de dos mil cinco (2005). Documentos que al no haber sido impugnados en el presente juicio se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y de los mismos se desprende que los depósitos antes mencionados corresponden a los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año 2005, cancelados a los propietarios del inmueble. Así se decide.
Copia simple de talonario para compra de Cheque de Gerencia de fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 45.000.000,00), debitado de la cuenta corriente N° 01330117442000008770, Banco Federal del ciudadano ÁNGEL MÁRQUEZ MORA, quien actúa como padre de los terceros-adquirientes y que además fungía como propietario de la administradora inmobiliaria Casa Nueva, C.A., que administra el edificio Conosca y que estaba en conocimiento de la cualidad de arrendataria de la parte actora. Documento que al no haber sido impugnado en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose del mismo, que lo que pretende la parte actora es demostrar que lo cancelado por los terceros-adquiriente no fue lo previsto en el contrato de compra venta por la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00), sino por el contrario, demostrar con la prueba supra y las dos siguientes que lo verdaderamente cancelado por los compradores, fue OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 80.000.000,00). Así se decide.
Copia simple de talonario para compra de Cheque de Gerencia de fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), por la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,00), debitado de la cuenta corriente N° 1033536718, Citibank del ciudadano ÁNGEL MÁRQUEZ MORA, antes identificado, al beneficiario, ciudadano OTTO SÉILER LAZAROVIC. De la anterior prueba, observa la Sala, que lo que pretende la parte actora al igual que la anterior y la siguiente- es demostrar que lo cancelado por los terceros-adquiriente no fue lo previsto en el contrato de compra venta. Documento que al no haber sido impugnado en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
Copia simple de la letra de cambio relativa al contrato de préstamo suscrito por los ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, quienes actúan en carácter de compradores, por la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00). Documento que al no haber sido impugnado en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
Copia Simple del Contrato de Préstamo suscrito por ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ con los ciudadanos OTTO SEILER LAZARVIC y MANUELA CARREIRA DE SEILER, en fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), por la cantidad supra mencionada por concepto de saldo en el precio de la venta del apartamento número ochenta y dos (N° 82) que forma parte del edificio residencias Conosca, ubicado en la Urbanización Lomas del Mirador, avenida Boulevard El Cafetal, Municipio Baruta del estado Miranda, cuyos linderos, medidas y demás características constan en el documento de compra venta. A dicho documento se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide. De las cantidades expresadas en los documentos privados antes referidos, aprecia la Sala, que si bien es cierto, se le dio valor probatorio y se corresponde con lo que señala la parte actora en cuanto al monto, que a su juicio cancelaron los terceros-adquirientes (ochenta millones de bolívares, Bs. 80.000.000,00) por la adquisición del inmueble, no es menos cierto, que existe el documento de compra venta protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, consignado por la misma parte actora que desvirtúa lo pretendido en el libelo de demanda, es decir, que se le transmita la propiedad del inmueble a la parte accionante por el valor de ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00), y no por el monto reflejado en el documento de compra venta pagado por los terceros-adquirientes de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00), motivo por el cual, esta Sala considera que los montos expresados en los tres medios probatorios presentados por la demandante (cheques de gerencia y letra de cambio), no son suficientes para demostrar que lo cancelado por los ciudadanos Ángel Enrique Márquez Burguera y Norelia Carolina Márquez Burguera, fueron se repite- ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00), razón por la cual, de conformidad con la parte in fine del artículo 1.363 del Código Civil, se desechan las pruebas consignadas. Así se decide.
Original del ofrecimiento de venta, debidamente autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 4, Tomo 71. Del presente medio probatorio, se evidencia el desconocimiento de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario por parte de los propietarios primigenios del inmueble objeto de controversia, ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la ley especial, el propietario debe notificar al arrendatario, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender, lo cual no se configuró en el presente caso. Documento que al no haber sido impugnado ni desconocido en el presente juicio se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS EN EL LAPSO PROBATORIO:
Reprodujo el mérito favorable de los autos. Esta Sala observa que en cuanto a la promoción del mérito favorable de los autos, si bien esta fórmula es frecuentemente utilizada en la práctica por un importante número de abogados litigantes, debe destacarse el principio de la comunidad de la prueba, el cual se traduce en el resultado de la actividad probatoria de cada parte, la cual se adquiere para el proceso y ésta (la parte) no puede pretender que sólo a ella beneficie, ya que ésta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable, es decir, que el sentenciador no sólo va a apreciar lo favorable de las pruebas producidas por cada parte, sino, que tiene que apreciarlas en su totalidad, en virtud del principio de la exhaustividad procesal. Siendo ello así, es inoficioso entrar a establecer y valorar el merito favorable de autos, pues tal expresión no es ni medio, ni fuente, ni tipo probatorio alguno, susceptible de apreciación particular.
Copia simple del contrato de administración del condominio del edificio CONOSCA, donde consta la cualidad de Administrador del ciudadano Ángel Antonio Márquez Mora, padre de los ciudadanos Ángel Enrique Márquez Burguera y Norelia Carolina Márquez Burguera. Documento que al no haber sido impugnado ni desconocido en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
Original de la constancia emitida por la Junta de Condominio del Edificio CONOSCA, de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil seis (2006), en el cual consta los veintiún (21) años que tiene la demandante en calidad de inquilina en el inmueble objeto de la demanda. Ahora bien, cabe destacar que tal elemento por ser un instrumento privado emanado de un tercero que no es parte en el juicio, el mismo debía ser ratificado por el tercero mediante testimonial, sin embargo tal situación no se configuró por lo cual quien aquí decide desecha el presente elemento probatorio por no cumplir con el supuesto de hecho establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
Original de la lista conformada por doce (12) de los habitantes del Edificio CONOSCA, con el fin que los mismos fuesen citados para declarar y dejar constancia sobre el tiempo que tiene como inquilina la parte accionante promovente, sin embargo no se evacuaron tales testimoniales en el presente proceso por lo que el medio probatorio no fue evacuado, no existiendo prueba alguna sobre la cual emitir pronunciamiento, y así se decide.
PRUEBAS DE LOS CO-DEMANDADOS OTTO SEILER LAZAROVIC y MANUELA CARREIRA DE SEILER:
Poder de representación judicial, autenticado ante la Notaría Pública Décima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 45, Tomo 40 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. Documento que acredita la representación judicial para actuar en juicio de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, y así se decide.
Copia simple de documento de compra-venta suscrito entre los demandados, debidamente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 24, Tomo 2, Protocolo Primero. Cabe destacar que dicha probanza fue promovida por la parte accionante dentro del lapso probatorio con la finalidad de determinar la relación entre los demandados inherente a la compraventa y por ende la transmisión de la propiedad del inmueble objeto de la presente demanda, razón por la cual esta Máxima Jurisdicción ratifica su valor probatorio y así se decide.
Documento de ofrecimiento de venta, debidamente autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005). Documento con el cual pretende demostrar la parte demandada que a fin de sanear la negociación acerca de la compraventa dieron cumplimiento a las exigencias legales, y que la inquilina actora no dio respuesta a dicha oferta. Cabe destacar que dicha probanza fue promovida por la parte accionante razón por la cual esta instancia jurisdiccional ratifica su valor probatorio y así se decide.
PRUEBAS DE LA CO-DEMANDADA ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA:
Poder de representación judicial, autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil seis (2006), bajo el Nro. 7, tomo 25 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría. Documento que acredita la representación judicial de para actuar en juicio de acuerdo con lo previsto por el artículo 1.359 del Código Civil, y así se decide.
Copia simple del documento de compra-venta suscrito entre los demandados, debidamente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 24, Tomo 2, Protocolo Primero. Dicho documento ya fue valorado por esta Sala, y así se decide.
Original del documento de ofrecimiento de venta, debidamente autenticado ante la Notaria Publica Vigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005). A dicho documento ya se le dio valor probatorio, y así se decide.
Copia certificada de escrito de notificación, así como el acta levantada en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil cinco (2005) por la Notaría Pública Vigésima Segunda del Municipio Libertador del Distrito Capital, donde consta el traslado y constitución de dicha Notaría, así como el ofrecimiento hecho por los terceros-adquirientes del inmueble distinguido con el número (N° 82) del Edificio Residencias Conosca, ubicado en Lomas del Mirador, avenida Boulevard El Cafetal, Jurisdicción del Municipio Baruta, antes Distrito Sucre del estado Miranda, a los fines de que la arrendataria ejerciera el derecho de retracto. Documentos que al no haber sido tachados, ni desconocidos, en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil en concordancia con los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.
Prueba de exhibición inherente al original del contrato de arrendamiento suscrito por la parte actora y la parte demandada de fecha doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996). Probanza que si bien fue promovida no consta en autos su evacuación por lo que esta instancia jurisdiccional no tiene materia sobre la cual pronunciarse, y así se decide.
Copia simple del contrato de arrendamiento de fecha doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), suscrito por la parte actora y la parte demandada en el presente juicio. Documento con el cual pretende demostrar la parte demandada la relación arrendaticia entre la actora y los demandados. Cabe destacar que dicha probanza fue promovida por la parte accionante, razón por la cual esta instancia jurisdiccional ratifica su valor probatorio ya que la misma fue valorada ut supra, y así se decide.
Copia certificada del expediente Nro. D-2126, cursante en el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Documento mediante el cual se pretende demostrar que la accionante no era acreedora del derecho de retracto legal por no cumplir con lo establecido en la norma. Documento que al no haber sido tachado ni desconocido en el presente juicio se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil concatenado con el 1.357 y 1.359 del Código Civil y así se decide.
De la relación de las pruebas aportadas por las partes en la presente causa, es pertinente recordar que lo que demanda la parte actora -según consta en el libelo de demanda-, es el retracto legal arrendaticio y en ejercicio del derecho de retracto la resolución del contrato de compra venta suscrito entre los arrendadores-primigenios ciudadanos OTTO SÉILER, MANUELA CARREIRA DE SÉILER y los terceros-adquirientes, ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA Y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, en ocasión al derecho que le asiste al arrendatario en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, en que se le ofrezca en venta el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario, lo que denomina la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios preferencia ofertiva.
Precisado lo anterior, resulta necesario traer nuevamente a colación lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en relación a la preferencia ofertiva y al retracto legal arrendaticio, la cual dispone lo siguiente:
TÍTULO VI
DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y DEL RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO
Artículo 42. La preferencia ofertiva es el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario. Sólo será acreedor de la preferencia ofertiva, el arrendatario que tenga más de dos (2) años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario.
Artículo 43. El retracto legal arrendaticio es el derecho que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cualquier acto que comporte la transmisión del derecho a la propiedad. Para ejercer este derecho, el arrendatario debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 44. A los fines del ejercicio del derecho preferente, el propietario deberá notificar al arrendatario, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender. En dicha notificación se deberá indicar el precio, condiciones y modalidades de la negociación.
Artículo 47. El derecho de retracto a que se refiere el artículo 43, deberá ser ejercido por el arrendatario dentro del plazo de cuarenta (40) días calendarios, contados a partir de la fecha de la notificación cierta que de la negociación cierta que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquiriente. A dicha notificación deberá anexarse necesariamente copia certificada del documento contentivo de la negociación, la cual quedará en poder del notificado.
Artículo 48. El arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cualesquiera de los supuestos siguientes:
c) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 de este Decreto-Ley o se omitiere en ella alguno de los requisitos exigidos.
d) Efectuada la venta a un tercero, su precio resultare inferior al ofertado, o sus condiciones fueren más favorables que las ofrecidas inicialmente al arrendatario . (Negrillas, mayúsculas de la Sala).
Se desprende de los artículos antes transcritos, que el retracto legal arrendaticio es el derecho que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cualquier acto que comporte la transmisión del derecho a la propiedad. En este contexto, el arrendatario debe cumplir con tres requisitos fundamentales: 1) tener más de dos (2) años ocupando el inmueble, 2) encontrarse solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, y por último, satisfacer las aspiraciones del propietario.
1) En primer término, se aprecia que el mismo queda cumplido con vista a las pruebas cursantes en autos específicamente las copias certificadas del juicio de desalojo intentado por los terceros-adquirientes Ángel Márquez y Norelia Márquez, ante el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expediente Nro. D-2126, ya que indicaron en su escrito libelar que la relación arrendaticia comenzó a transcurrir desde el 12/10/96, fungiendo el ciudadano Otto Séiler como arrendador propietario del inmueble, lo cual es a todas luces incongruente respecto a la afirmación esgrimida por dichos codemandados, quienes en este proceso alegan la falsedad en cuanto a los años que lleva ocupando la arrendataria-demandante el inmueble objeto de juicio.
2) En cuanto a la solvencia del arrendatario, los terceros-adquirientes alegaron que la parte actora no se encontraba solvente en cuanto al canon de arrendamiento. En este sentido, observa la Sala que este estado de solvencia a fin de que opere el derecho preferente, lo era en relación al ciudadano Otto Séiler, quien era el propietario-arrendador del inmueble enajenado y no los terceros-adquirientes. Así las cosas, no consta en autos alegato donde los codemandados Otto Séiler y Manuela Carreira De Séiler, desvirtúen o indiquen que meses presentan retraso respecto a los pagos, específicamente las cuotas de arrendamiento de los meses de julio y agosto de 2005, mensualidades vencidas antes del ejercicio del retracto en el mes de septiembre del referido año; aunado a que de la copia certificada de la demanda de desalojo promovida por los terceros-adquirientes Ángel Márquez y Norelia Márquez, se alega que la falta de pago desde el referido mes de septiembre de 2005, motivo por el cual, tomando en cuenta el ofrecimiento de venta del inmueble en fecha 16/9/2005, donde se aceptó la existencia del derecho preferente, se le debe tener como solvente -para con el propietario primigenio- de la pensión arrendaticia, a la ciudadana accionante para el momento de la venta y el ejercicio del retracto, con vista a los indicios que quedaron probados en este aspecto.
3) Satisfacer las aspiraciones del propietario. El artículo 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios señala que a los fines del ejercicio del derecho preferente, el propietario deberá notificar al arrendatario, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender. En dicha notificación se deberá indicar el precio, condiciones y modalidades de la negociación. Igualmente, establece el artículo 48 eiusdem, que el arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43 de la ley in comento, si no se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 supra indicado, o se omitiere en ella alguno de los requisitos exigidos.
En el presente caso se puede evidenciar de las actas que conforman el expediente, específicamente en los folios 144 al 146 de la contestación de la demanda, en su capítulo VI, relacionado con los hechos, que los ciudadanos Otto Séiler y Manuela Carreira de Séiler -propietarios-arrendadores- omitieron notificar a la ciudadana Efigenia del Carmen Hernández Romero, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender el inmueble objeto de la presente demanda; y aún cuando, si bien es cierto, consta la notificación de fecha 22 de septiembre de 2005, (folios 168 y 169) realizada por la apoderada judicial de los terceros-adquirientes, ciudadana Norma Burguera Márquez, no es menos cierto que, no se configuró en el caso de autos como se dijo anteriormente, la preferencia ofertiva por parte de los propietarios y arrendadores primigenios, como derecho que ostenta la accionante de que se le ofrezca en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en condición de arrendataria, a fin de que la misma acepte, -y en consecuencia satisfaga las aspiraciones del propietario-arrendador-, o por el contrario, rechace la oferta hecha a su favor, de conformidad con el artículo 42 y siguiente de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Por tanto, no cumpliéndose en el presente caso la notificación a la arrendataria que comporta el Decreto en relación al derecho preferente por parte de los propietarios primigenios, mal podría la inquilina satisfacer las aspiraciones de estos, aunado al hecho de que la notificación fue realizada se repite- por los terceros-adquirientes, contraviniendo lo establecido en la ley especial.
De modo pues, se observa claramente que se vulneró la preferencia ofertiva de la parte accionante establecida en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, cuando los propietariosarrendadores transfirieron la propiedad del inmueble objeto de la demanda a los terceros-adquirientes.
Ante la situación planteada, los terceros-adquirientes en la contestación de la demanda negaron y rechazaron la demanda incoada en su contra en cuanto al precio de la venta del inmueble que fue estimado por la parte actora en ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00), cuando el precio real estipulado en el documento traslativo de propiedad era de cien millones de bolívares (Bs.100.000.000,00), aportando estos como elemento de prueba el documento de compra venta suscrito por los propietarios del inmueble, ciudadanos Otto Séiler Lazarvic y Manuela Carreira de Séiler y los terceros-adquirientes, ciudadanos Ángel Enrique Márquez Burguera y Norelia Carolina Márquez Burguera, protocolizado en el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, donde quedó inscrito bajo el N° 24, tomo 2, protocolo primero, de fecha 4 de julio de 2004, prueba suficiente que desvirtúo los elementos probatorios aportadas por su contraparte, motivo por el cual, esta Sala de Casación Civil establece que, estando el medio probatorio a favor de los codemandados terceros-adquirientes- y en concordancia con el principio incumbit probatio qui dicit, no qui negat, previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, declara parcialmente con lugar la demanda por retracto legal arrendaticio. Así se declara.
Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que el juez de la recurrida incurrió en el vicio de errónea interpretación del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, específicamente del artículo 44 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por lo que al decidir en la forma que lo hizo, como bien quedó descrita con precedencia en este mismo fallo, atentó contra los principios de tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de la accionante que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 49, pues el mismo tiene una influencia determinante en el dispositivo del fallo, razón por la cual esta Sala declara parcialmente con lugar la presente demanda. Así se declara.
Ahora bien, en aplicación del criterio reciente establecido por esta Sala de Casación Civil y con el fin de la resolución del presente juicio, esta Máxima Jurisdicción dictó sentencia bajo el Nro. 517, de fecha 8 de noviembre de 2018, caso: Nieves del Socorro Pérez de Agudo contra Luís Carlos Lara Rangel, en acción reivindicatoria y conforme al Principio Objetivo Real del Derecho, donde prevalece la realidad sobre la forma, en un estado democrático de derecho y de justicia social, realizó las siguientes consideraciones:
se hace imperativo la actualización del monto de la condena conforme a la realidad económica del país, en un ajuste equilibrado económico del valor real de la condena, para combatir los efectos de la GUERRA ECONÓMICA, LA INFLACIÓN Y LA ESPECULACIÓN DEL MERCADO ECONÓMICO EXORBITANTE, por el transcurso del tiempo en los procesos judiciales, que destruye el valor real adquisitivo de la moneda, favoreciendo de forma clara al deudor o condenado, que se benéfica de forma indiscriminada del transcurso del tiempo en los juicios.
Todo lo antes expuesto, A JUICIO DE ESTA SALA DETERMINA, QUE EL PROBLEMA INFLACIONARIO PASÓ DE SER UN PROBLEMA DE ORDEN PRIVADO A UNO DE ORDEN PÚBLICO, pues tiene injerencia directa en el libre desenvolvimiento de la economía venezolana y de sus ciudadanos, en la cual a juicio de esta Sala, se debe ...hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente.... (Cfr. Fallo de esta Sala N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra).
En consecuencia, de ahora en adelante y a partir de la publicación del presente fallo, esta Sala de Casación Civil y los demás jueces de la República, al momento de dictar sentencia, deben ordenar DE OFICIO la INDEXACIÓN JUDICIAL del monto de lo condenado, independientemente de que haya sido solicitado o no en juicio, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena al pago, para de esta forma mitigar el efecto inflacionario que genera en la población la guerra económica, y así, el juez pueda ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado, por lo que la condena no es a pagar una suma idéntica a la exigida, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma exigida originalmente a la fecha del pago, que tenga el mismo valor adquisitivo y que represente el mismo valor de la cantidad de dinero objeto del litigio a su comienzo y que en consecuencia sea suficiente para satisfacer una acreencia o adquirir un bien en las mismas condiciones que se podía en años anteriores, sin que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda le impida realizar la misma operación comercial.
En tal sentido dicha INDEXACIÓN JUDICIAL debe ser practicada tomando en cuenta los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, hasta el mes de diciembre del año 2015, y a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.- Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que-por vía de colaboración-determine dicha corrección monetaria, u 2.-Ordenar que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito. Así se decide. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438 y N° RC-538, de fecha 7 de agosto de 2017, expediente N° 2017-190) (Negrillas, mayúsculas, cursivas y subrayado de la sentencia).
Del criterio antes expuesto, se observa que de la realidad que vive nuestro país, llámese guerra económica, inflación o especulación, es un fenómeno que pasó de ser un problema de orden privado para convertirse en un problema de orden público, pues tiene injerencia directa en el libre desenvolvimiento de la economía venezolana y de sus ciudadanos, en la cual a juicio de la Sala, se debe ...hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente....
En este sentido, la Sala ordenó a sí misma y a los demás jueces de la República, al momento de dictar sus fallos, que de oficio deben ordenar la indexación judicial del monto condenado, independientemente de que haya sido solicitado o no en juicio, esto es, computado desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena al pago , para de esta forma mitigar el efecto inflacionario que genera en la población la guerra económica, y así, el juez pueda ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado.
En atención a lo anterior y como quiera que se observa de las actas que conforman el expediente, no consta medio probatorio capaz de demostrar que el valor del inmueble era distinto al establecido en el documento de compra venta, le resulta forzoso a este Sala, en acatamiento al contrato de compra venta suscrito por los codemandados y, a las normas que regulan este procedimiento, declarar parcialmente con lugar la demanda, y, ordena en consecuencia, a la ciudadana Efigenia del Carmen Hernández Romero, el pago de la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00), equivalentes a cien mil bolívares fuertes (Bs. F. 100.000,00), hoy cero coma un bolívares soberanos (Bs. S. 0,1), más la indexación de dicha cantidad, calculada, en caso que se produzca como ocurrió en el presente caso- el derecho de retracto, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena al pago, conforme a los lineamientos antes expresados. Así se declara.
D E C I S I Ó N
Por todas las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación incoado por la parte demandante, contra la sentencia dictada en fecha 9 de agosto de 2017, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por retracto legal arrendaticio incoada por la ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO contra los ciudadanos OTTO SÉILER, MANUELA CARREIRA DE SÉILER, ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA. CUARTO: SE RESUELVE EL CONTRATO DE COMPRA VENTA celebrado entre los ciudadanos OTTO SÉILER, MANUELA CARREIRA DE SÉILER propietarios-arrendadores y los ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, en su condición de terceros-adquirientes, protocolizado en el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, en fecha cuatro (4) de julio de dos mil cinco (2005), bajo el Nro. 24, tomo 2, protocolo primero. QUINTO: En consecuencia, la ciudadana EFIGENIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROMERO queda subrogada en los derechos de los compradores y terceros-adquirientes, ciudadanos ÁNGEL ENRIQUE MÁRQUEZ BURGUERA y NORELIA CAROLINA MÁRQUEZ BURGUERA, en las mismas condiciones en que adquirieron el inmueble constituido por el apartamento Nro. 82, situado en el piso 8 de las Residencias CONOSCA, ubicado en Lomas del Mirador en la Av. Boulevard, el Cafetal, Municipio Autónomo Baruta del estado Bolivariano de Miranda, según consta en el documento de compra venta, debiendo consignar la actora, ante el tribunal de la causa la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00), equivalente a cien mil bolívares fuertes (Bs. F. 100.000,00), actualmente cero coma un bolívares soberanos (Bs. S. 0,1) cantidad que fuere pagada al momento de celebrarse la operación de compra venta. SEXTO: Se ordena la INDEXACIÓN monetaria de dicha cantidad, calculada desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena al pago; en virtud de lo cual se ordena que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito, conforme a los lineamientos antes expresados.
No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales subsiguientes. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Presidente de la Sala,
___________________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vice-presidente,
____________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
_________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada-Ponente,
________________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
________________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
________________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. AA20-C-2017-000766
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretaria Temporal
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias