Sentencia N.º RC.000865
- Sentencia
- N.º RC.000865
- Fecha
- 07/12/2016
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 15-438
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2015-000438
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por cumplimiento de contrato de honorarios profesionales de abogado, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA, actuando en su propio nombre y representación, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación CONSTRUCTORA F y D, C.A., representada judicialmente por las ciudadanas abogadas Patricia Carvallo y Martha González; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo como Tribunal Superior de Reenvío dictó sentencia definitiva en fecha 27 de febrero de 2015, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar la denuncia de cosa juzgada y de prescripción de la acción formulada por la parte accionada; 2) Nula la sentencia dictada por el a quo de fecha 11 de julio de 2005, que declaró prescrita la demanda incoada; 3) Parcialmente con lugar la acción por cumplimiento de contrato de honorarios profesionales y se condena a la parte demandada al pago de los honorarios profesionales que instituyan los jueces retasadores; 4) Se acuerda la indexación solicitada a establecerse por un solo perito, que se calculará del monto que determinen los jueces retasadores desde la fecha de admisión de la demanda (20-03-2002) (sic) hasta la data de la ejecución de la sentencia, con consideración de los índices inflacionarios (mes por mes) establecidos por el Banco Central de Venezuela; 5) Se ordena al tribunal de la causa que en la oportunidad procesal correspondiente provea lo conducente a la constitución, designación y demás actos de los jueces retasadores; y 6) Parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte actora contra el fallo del a quo de fecha 11 de julio de 2005. De esta manera revocó el fallo apelado. No hubo condenatoria en costas procesales debido a la naturaleza de la decisión.
Contra la antes citada sentencia, la representación judicial de la demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo contestación a la formalización.
En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional nombró Magistrados Titulares en la Sala de Casación Civil, quedando constituida de la siguiente forma: Magistrado Presidente Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrado Vicepresidente, Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; Magistrada Dra. Vilma María Fernández González y Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
El formalizante, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata la violación de los artículos 243, ordinal 4° y 244 eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación por contradicción.
Alega la formalizante como fundamentación de su denuncia, lo que a continuación se transcribe:
De conformidad con el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento (sic), denuncio la violación de los artículos 243, ordinal 4° y 244 ejusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación por contradicción.
En efecto, la sentencia recurrida destaca a partir del folio 356, reglón (sic) 15, lo siguiente: ( ).
Así las cosas, el tribunal en el particular correspondiente DE LA DECICIÓN (folio 362), declaró sin lugar las denuncias de cosa juzgada y prescripción de la acción, anuló la sentencia dictada por el tribunal a quo y declaró parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de honorarios profesionales incoada en contra de mi representada por haber determinado en la parte motiva del fallo el derecho a cobrar honorarios y se condenó a mi representada al pago de los honorarios que establecerían los jueces retasadores.
Sin entrar a analizar lo ajustado a Derecho (sic) del pronunciamiento transcrito, lo que se quiere resaltar a través de esta denuncia, es la contradicción en la que se incurrió en el fallo recurrido y que lo hace inmotivado.
En resumidas cuentas la Alzada (sic) estableció que la acción intentada por la parte actora en este juicio, no fue la correcta, ya que tratándose de la pretensión de cobro de honorarios por actuaciones judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el procedimiento que correspondía aplicar era el de estimación e intimación de honorarios a tramitarse en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, pero que, sin embargo, la actora inicialmente cumplió con la interposición de la respectiva demanda de estimación e intimación de honorarios ante el tribunal contencioso administrativo, el cual se limitó a desestimarla porque debía tramitarse por el procedimiento breve ante un tribunal civil por la cuantía. Que motivado a ello, la abogada Analina Belisario, intentó el presente juicio de cumplimiento de contrato de honorarios profesionales, pero que, como la parte demandada no lo cuestionó, aunado a que el juicio breve ha garantizado lapsos y oportunidades muy superiores a los contemplados en el artículo 607 del Código de procedimiento (sic) Civil, que es el que correctamente debió ser aplicado, no se conculcó el derecho a la defensa y no hay lugar a la reposición de la causa.
Es decir, el juez de la recurrida, en su criterio, detectó que la actora había propuesto una acción para cuyo conocimiento el a quo, y por supuesto, él, eran incompetentes, pero como no había violación al derecho de la defensa de mi patrocinada no había problema alguno en entrar a conocer el mérito de la causa, porque además, ya la actora había intentado en otra oportunidad el procedimiento correcto aunque se lo habían declarado improcedente.
Esta representación judicial no encuentra cómo calificar tal dislate. El a quem determinó que se hallaba ante un vicio de orden público como lo era su propia incompetencia para fallar porque el procedimiento no era el correcto, pero aún así, por las ilegales, infundadas, ilógicas e inconstitucionales razones plasmadas en la motiva que transcribimos al inicio de esta denuncia, entra a fallar al fondo de la causa, al punto que la declara con lugar.
Como la advertimos también al comienzo de esta denuncia, lo que se quiere evidenciar por medio de esta delación, es la contradicción de la cual está inficionado el fallo. Hay una insalvable contradicción entre los motivos de hecho y de derecho que explana del sentenciador para sustentar su labor jurisdiccional y el dispositivo del fallo.
Los motivos plasmados en la sentencia, son contradictorios, se destruyen unos a otros, no entiende esta representación judicial cómo si el juez llegó al convencimiento de su propia incompetencia al señalar expresamente que en el caso de autos no procedía la acción de cumplimiento de contrato impetrada por la parte actora, sino otra diferente (la de estimación e intimación de honorarios incidental tal como lo expresó y consta de las partes del fallo que se han transcrito literalmente), en definitiva su incompetencia para fallar, y aún así, contra su propia convicción, declara con lugar la demanda.
Previo a emitir la sentencia de mérito, el juez hubo de constatar el cumplimiento de los presupuestos procesales. Y como puede verse, a juicio del Juez (sic) Superior (sic), los extremos o presupuestos procesales no estaban llenos.
Es claro que la motivación de la recurrida es irreconciliable con el dispositivo del fallo. El Juez (sic) Superior (sic) tuvo la certidumbre de que el de autos, era un procedimiento contra la ley, ergo, contra el orden público, y por tanto, no podía tener ningún valor como que la tramitación del presente juicio por los trámites del juicio breve no hubiere sido impugnado por ninguna de las partes, ni que el mismo no hubiere vulnerado el derecho a la defensa de la accionada por contar con lapsos más extensos que el procedimiento que él consideraba era el aplicable. Huelgan los comentarios. Cualquier explicación lógica escapa al entendimiento de la formalización.
Desde la decisión dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Plena en fecha 27 de mayo de 1980, que anuló el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Abogados, quedó establecido que las acciones por cumplimiento de contrato de honorarios, judiciales o no, se tramitan por la vía del juicio breve ante un tribunal civil competente por la cuantía de acuerdo a lo estatuido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, decisión sobre la cual, durante más de treinta años, se ha construido toda una doctrina jurisprudencial en torno a la reclamación judicial de los honorarios profesionales de abogado: por ello no se explica cómo todavía se incurra en el error de entender que los honorarios contractuales por actuaciones judiciales deben tramitarse por el procedimiento establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Pero como lo dijimos en el encabezamiento de esta denuncia, no se trata de lo ajustado a derecho del criterio del juez a quem; se trata de que en su convicción, entendió que se hallaba frente a una acción que tenía que tramitarse por otro procedimiento diferente al incoado, que estaba convencido de su propia incompetencia, lo que lógicamente impide a todo juez decidir al fondo de la causa. Pero aún así, y es lo que resulta inconcebible, es que ante tal contravención al orden público, sencillamente estimara que como la actora había intentado anteriormente la acción que él consideraba la correcta ante otro tribunal, se cumplió con la interposición de la acción correcta, con el añadido de que a su juicio, el juzgado ante el cual cursó la demanda primigenia de estimación e intimación de honorarios, erró al decidir la improcedencia de la demanda.
Se pregunta esta formalización: ¿Es que acaso al Juez (sic) de la Alzada (sic) le fue sometido el conocimiento en funciones de tribunal constitucional de la nulidad del proceso que cursó ante el Juzgado Superior Tercero ( ), y que lo declaró improcedente por sentencia de 30 de abril de 2001? ¿Bajo qué argumento fundado en derecho puede aceptarse que el juez a quem se haya adentrado en aquel juicio, y dé y quite, a conveniencia, efectos de la decisión dictada por un tribunal de la República, catorce años atrás, cuando por demás esa sentencia nunca fue cuestionada ni en la oportunidad en que se dictó, ni en este juicio? ¿Cómo calificar tal extralimitación de funciones del Juez (sic) Superior (sic)? ¿Cómo congeniar las motivaciones previas del tribunal superior para desechar la defensa de cosa juzgada opuesta por Constructora F y D C. (sic) en razón de la existencia del proceso llevado ante el tribunal contencioso administrativo que dictaminó que como la acción intentada en aquel proceso fue la de estimación e intimación de honorarios y la impetrada aquí era de cumplimiento (sic) contrato, eran acciones diferentes y por lo tanto no había la triple identidad (sic) la cosa juzgada, con las motivaciones que tuvo el sentenciador para decidir el mérito de la presente causa?.
Pero lo que más sorprende a esta representación judicial, es la ligereza con la que el sentenciador de la segunda instancia, ante la afirmación de su propia incompetencia, concluye que no hay vulneración del derecho a la defensa de mi representada porque en este juicio contó con lapsos más extensos para su defensa, como si la observancia de las normas que regulan el proceso fueran relajables por las partes y por el juez, y sus violaciones susceptibles de ser convalidadas . (Resaltado de la Sala).
La Sala para decidir, observa:
La formalizante, fundamentada en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 243, ordinal 4° y 244 eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación por contradicción.
Señaló la formalizante, que el ad quem afirmó su propia incompetencia para conocer del presente asunto, no obstante a ello, concluyó que no hubo vulneración del derecho a la defensa de la demandada, porque en el presente juicio la demandada contó con lapsos más extensos para su respectiva defensa, pues, el juicio breve le garantizó lapsos y oportunidades muy superiores a los contemplados en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, que era el que correctamente debió ser aplicado, y en consecuencia, el ad quem señaló que no hubo violación al derecho a la defensa, y por ello no otorgó la reposición de la causa.
Ahora bien, respecto al vicio de inmotivación del fallo, estatuido en el numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la norma dispone que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.
Al respecto, esta Sala en sentencia N° RC-291 de fecha 31 de mayo de 2005, caso de Manuel Rodríguez contra la Estación de Servicios El Rosal, C.A., señaló lo siguiente:
Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo; requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión; al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos de la decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad del fallo.
En este sentido, la Sala ha señalado que ...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa...Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada.... (Sent. 21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).
Asimismo, ha expresado que ...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos.... (Vid. Sent. N° 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro).... (Resaltado de la Sala).
De acuerdo a la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que conforme al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, así pues, el juez tiene la obligación de explicar su decisión, es decir, hacerla comprensible mediante la descripción de los motivos que lo condujeron a tomar tal determinación.
De esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el juez en la sentencia permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida una decisión objetiva y no arbitraria, en estricto acatamiento al ordenamiento jurídico positivo y al mismo tiempo pueda la comunidad en general conocer las razones que sustentan tal decisión. (Cfr. Fallo N° 669 de fecha 21 de octubre de 2008, expediente N° 08-314, caso Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros.)
Motivo por lo cual, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, para que sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.
De igual forma, sobre el vicio de motivación contradictoria, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 1862 de fecha 28 de noviembre de 2008, expediente N° 2008-1194, caso de Luís Rodríguez, señaló lo siguiente:
En criterio de esta Sala, la situación antes descrita constituye, a toda luces, un supuesto de contradicción entre los fundamentos jurídicos que integran la justificación de la sentencia aquí analizada, es decir, un vicio de motivación contradictoria, que surge cuando dichos fundamentos o motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves o inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos (inmotivación), todo lo cual ocasiona una quiebra en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia, y que por ende, destruye la coherencia interna de ésta.
A mayor abundamiento, la coherencia interna que debe tener toda sentencia, exige que el Juez impida la existencia de vicios lógicos del discurso, lo cual comprende lo siguiente: a) La necesidad de que, al ser contrastadas o comparadas globalmente todas las argumentaciones expuestas en la motivación, no sea observable disonancia alguna entre aquéllas; y b) La exigencia de que no existan errores lógicos derivados simplemente de una concreta argumentación efectuada por el juzgador. De cara al primer requisito, cuando el mismo no es cumplido, se produce la denominada incoherencia intracontextual, o incoherencia del conjunto o contexto de la motivación, siendo que en este caso el vicio lógico se pone de manifiesto al comparar y contrastar la contradicción existente entre los diversos argumentos que conforman una misma justificación. Ahora bien, y tal como lo afirma TARUFFO, citado por COLOMER HERNÁNDEZ, en puridad sólo se producirá una motivación contradictoria cuando exista un contraste lógico radical entre las argumentaciones, de manera que éstas se anulen respectivamente y resulte en consecuencia imposible delimitar la ratio decidendi del juicio (COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales. Editorial tirant lo blanch - Universidad Carlos III de Madrid. Valencia, 2003, p. 295) .
También ha sostenido esta Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que se vierte a continuación, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:
a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.
b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.
c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha pronunciado esta Sala en su fallo N° RC-704, de fecha 27 de noviembre de 2009, expediente N° 09-242, caso de Manuel Padra contra Giacoma Cuius Cortesía y otro, de la siguiente forma:
...siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo... (Resaltado del fallo citado). Y
d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Véase sentencia Nº 83 de fecha 23 de marzo de 1.992, caso de Juan Perozo contra Freddy Escalona y otros, reiterada en fallo Nº RC-182 de fecha 9 de abril de 2008, Exp. N° 07-876).
Así pues, el requisito de la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo; siendo que la primera debe estar formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y la segunda, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.
Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir del año 1.906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse.
En conclusión, es evidente que no se puede sostener sobre el mismo punto dos criterios diferentes, disimiles o encontrados, pues esto viciaría el fallo de inmotivación por contradicción en sus motivos sobre un mismo considerando, dado que esto constituiría palmariamente una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que ser una u otra conclusión, pero no ambas, pues sería imposible que subsistieran juntas, dado que la lógica del razonamiento las rechaza, al ser las afirmaciones palmariamente y diametralmente opuestas, que hace que los razonamientos del juez sean ilógicos e inconciliables entre sí, pues en la construcción del razonamiento lógico se verificaría una clara contradicción inaceptable.
Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por la recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada que conociendo en reenvío, estableció lo siguiente:
De la revisión de los autos, se desprende, meridianamente, que los honorarios pretendidos por la parte actora derivan de actuaciones judiciales realizadas en el expediente número 2380 por ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la abogada ANALINA BELISARIO (aquí accionante por Cobro de Honorarios) en representación de CONSTRUCTORA F y D C.A. contra la Resolución Nº 787 (del 28/04/1998) (sic) de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano.
De manera que, tratándose de actuaciones generadas judicialmente, las cuales fueron cuantificadas en el contrato anterior, de fecha 07 de agosto de 1998, lo correcto era que la referida pretensión de cobro hubiese sido interpuesta y tramitada conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, o sea, a través del proceso de estimación e intimación de honorarios, como bien ha sido establecido en sentencias de la Sala de Casación Civil del Alto Tribunal de la República de fechas 22 de febrero de 1989, de fecha 13 de agosto de 1997 (caso: DARZY SOLVEY ROSALES CALDERÓN DE BLASCO) y de fecha 22 de octubre de 1998 (caso: ESCRITORIO JURIDICO CASTILLO RODRIGUEZ & ASOCIADOS contra INVERSIONES SABENPE C.A.)
Sin embargo, en el presente caso es importante destacar, que la abogada ANALINA BELISARIO, inicialmente cumplió con la interposición de la respectiva demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales por ante el referido tribunal Contencioso Administrativo (22/12/1999) (sic), el cual en decisión de fecha 30/04/2001 (sic) estableció lo siguiente: ( ).
Dicha decisión, se limitó a desestimar la estimación e intimación en virtud de que, en criterio del Tribunal Contencioso Administrativo, debía tramitarse por el procedimiento breve, a la postre no fue recurrida por las partes, quedando definitivamente firme la resolución judicial de fecha 30 de abril de 2001, que vincula a los sujetos que en ese proceso intervinieron, independientemente de que no se comparta el mencionado pronunciamiento del referido Órgano Jurisdiccional.
Motivado a la referida decisión, la abogada ANALINA BELISARIO propuso demanda de cumplimiento de contrato de honorarios, tramitada por el procedimiento breve, a los fines de que le fueran pagados sus honorarios profesionales, invocando convención escrita de fecha 07 (sic) de agosto de 1998.
La demanda fue admitida y tramitada por el procedimiento breve el 20 de marzo de 2002 por el Juzgado (sic) de la Causa (sic), sin que la parte demandada lo hubiese cuestionado, ya que su rechazo se centró en la falta de discriminación de las actuaciones, en la existencia de un presunto abono y en la invocación de la cosa juzgada y de la prescripción, éstos tres puntos ya resueltos en el decurso de la presente sentencia.
De manera que, en el presente caso, ante la decisión proferida (30/04/2001) (sic) por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual quedó definitivamente firme y que vincula a las partes por tratarse de intereses o derechos subjetivos propios de una actividad profesional, a lo que la demanda aquí incoada ha sido tramitada por un procedimiento (juicio breve) que ha garantizado lapsos y oportunidades pautadas en los artículos 881 y Ss. (sic) del Título XII, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, muy superiores a los contemplados en el artículo 607 eiusdem, que es el que, correctamente debió ser aplicado, no se desprende una conculcación al derecho de defensa de la accionada, resultando inútil la reposición de la causa.
De modo tal que, habiendo contado la parte accionada con mayores oportunidades para desplegar su defensa, lato sensu, toda vez que el asunto de marras fue tramitado por un juicio que contempla lapsos más extensos, no se configura vulneración al derecho de defensa. En ese sentido, esta Alzada (sic) hace suyo el criterio sostenido al respecto por nuestra Sala de Casación Civil del Alto Tribunal de la República en sentencia de fecha 22 de octubre de 1999 (caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra el Banco Nacional de Descuento). (Resaltado de la Sala).
De la anterior transcripción se evidencia, que el ad quem en su fallo estableció que por tratarse de actuaciones judiciales, lo correcto era que la pretensión de cobro de honorarios se hubiese interpuesto conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, a través del proceso de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados.
Más adelante destacó el ad quem, que la demanda aquí incoada ha sido tramitada por un procedimiento (juicio breve) que ha garantizado lapsos y oportunidades pautadas en los artículos 881 y Ss. (sic) del Título XII, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, muy superiores a los contemplados en el artículo 607 eiusdem, que es el que, correctamente debió ser aplicado, no se desprende una conculcación al derecho de defensa de la accionada, resultando inútil la reposición de la causa.
Finalizando en destacar, que la demandada contó con mayores oportunidades para desarrollar su defensa, pues, el presente asunto fue tramitado mediante un procedimiento que contempla lapsos más extensos, motivo por el cual, no se configuró vulneración a su derecho de defensa.
Conforme a lo antes expuesto, no se evidencia tal como lo delató el formalizante en casación, que la motivación empleada por la sentenciadora de alzada para declarar parcialmente con lugar la acción incoada es contradictoria, pues, no existe un quiebre en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia.
Así pues, el ad quem indicó que lo correcto era que la pretensión de cobro de honorarios se hubiese interpuesto conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, la actora había cumplido anteriormente con la interposición de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales ante un Tribunal Contencioso Administrativo, el cual desestimó la acción incoada por considerar que dicha acción debía tramitarse por el procedimiento breve y ante otro juzgado.
Por tanto, al tramitarse el presente juicio en sede civil mediante el procedimiento breve, evidentemente no se le ocasionó detrimento alguno a las partes procesales, ya que efectivamente, tal como lo expuso el ad quem en su fallo, la demandada tuvo mayor margen o amplitud en el ejercicio de su defensa, lo cual, evidentemente no resultó contraproducente para sus intereses, caso inverso, sería declarar la reposición de la causa -por la situación acaecida en autos- cuando la misma ya fue sustanciada, lo que produciría un claro perjuicio no solo para las partes en conflicto, sino también para el sistema judicial por el retardo procesal ocasionado.
Finalmente, las conclusiones esgrimidas por el ad quem no ocasionan la destrucción entre los fundamentos empleados por contradicciones graves e irreconciliables, al establecer que el presente juicio tramitado mediante el procedimiento breve le garantizó los lapsos establecidos en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, muy superiores a los contemplados en el artículo 607 eiusdem, que es el que correctamente debió ser aplicado.
En consecuencia, la Sala considera la improcedencia de la presente denuncia de inmotivación por contradicción en los motivos, al no verificarse la contrariedad interna en la elaboración de la misma. Así se decide.
-II-
El formalizante, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata la violación del artículo 243, ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación por petición de principio.
La formalizante, delató lo que a continuación se transcribe:
Al amparo del artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil denuncio la violación del artículo 243, ordinal 4° del referido código, por ser la sentencia inmotivada por haber incurrido en el vicio de razonamiento denominado petición de principio.
A los efectos de evidenciar cómo la recurrida incurrió en el vicio que se denuncia, es pertinente transcribir la parte del fallo en donde se patentiza su comisión.
Puede leerse al folio 353 de la recurrida, al resolver la defensa opuesta por la demandada en la contestación de la demanda sobre la indeterminación de la cual adolecía el contrato de honorarios en el cual basó su pretensión la accionante, por no poder saberse cuál era la sentencia del recurso de nulidad que haría procedente el cobre de honorarios profesionales, lo siguiente: ( ).
Como puede evidenciarse de la lectura de lo transcrito, lo argumentado por la demandada, fue que las cláusulas del contrato no podía saberse cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro de los honorarios pactados, si la correspondiente al Edificio Residencias Puerta del Este o la correspondiente al Edificio Tamanaco. Ante este planteamiento el Juzgado Superior simplemente dio por establecido que era procedente el cobro de los honorarios derivados del recurso de nulidad del Edificio Tamanaco, basándose en que se demostraba del convenio de honorarios suscrito, que se habían encomendado dos asuntos diferentes independientes uno del otro (recurso de nulidad de los apartamentos del Edificio Residencias Puerta del Este y Edificio Tamanaco) y que la demandante había acompañado al libelo copia certificada de la sentencia producida en el recurso de nulidad del edificio Tamanaco.
Lo que encontramos en esta parte del fallo es una falacia, denominada petición de principio o razonamiento circular, que es el vicio del razonamiento en cual se incurre cuando se asume como conclusión lo que se afirma en una o más premisas. Así, cuando el tribunal a quem, señala que de la revisión exhaustiva de las actas procesales se deriva que la intimante solicitó el cumplimiento del convenio relativo al Edificio Tamanaco, que de la copia certificada de la sentencia acompañada consta que se declaró con lugar el recurso del Edificio Tamanaco, que del contrato se desprende que eran dos los asuntos encomendados, diferentes, independientes el uno del otro que solo podía exigir el pago cuando su recurso de nulidad fuere declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la resolución, y de ahí que era una convención sujeta a resultado y dependiendo de este se posibilitaba el cobro de honorarios, por lo tanto se encontraba legitimada la demandante para exigir el pago de los servicios, simplemente concluyó lo mismo que la demandada señaló para sustentar su defensa.
La sentencia impugnada estableció que como quiera que la demandante accionó el cobro de los honorarios basándose en la sentencia recaída en el recurso de nulidad del Edificio Tamanaco y acompañó las copias certificadas de esa sentencia, era procedente el cobro de honorarios conforme al contrato. La base de la defensa fue que ciertamente se habían encomendado dos asuntos diferentes, y que la actora efectivamente intentó el cobro de honorarios en base al recurso de nulidad del Edificio Tamanaco, pero, que de los términos del contrato de honorarios no podía entenderse que la sentencia aludida en el contrato de honorarios se refería a este recurso de nulidad sino del Edificio Residencias Puerta del Este.
La respuesta del sentenciador de la segunda instancia fue, como se constata del particular copiado anteriormente, que el contrato de honorarios se contraía a dos asuntos diferentes, y como la actora acompañó las copias certificadas correspondientes al recurso de nulidad del Edificio Tamanaco, era procedente su cobro.
La conclusión a la que arriba el juez, es la misma prevista. No hay una diferencia entre los supuestos de hecho y la conclusión. Puesto en palabras más sencillas: el juez de la recurrida determinó que era procedente lo demandado porque se demandó.
Se infiere de todo esto, que el ad quem incumplió el deber prescrito en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que le ordena dar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, motivos que deben ceñirse a los principios del razonamiento lógico, y por ello, habida cuenta de que la recurrida está infeccionada de ilogicidad por fundarse en la falacia que hemos develado, se impone igualmente la censura de la casación y así expresamente se pide .
Para decidir, la Sala observa:
El recurrente en su denuncia, alegó la existencia del vicio de petición de principio, con fundamento en el quebrantamiento del artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, pues, el ad quem sostuvo que de la revisión exhaustiva de las actas procesales se deriva que la intimante solicitó el cumplimiento del convenio relativo al Edificio Tamanaco, que de la copia certificada de la sentencia acompañada consta que se declaró con lugar el recurso del Edificio Tamanaco, que del contrato se desprende que eran dos los asuntos encomendados, diferentes, independientes el uno del otro, ( ), y de ahí que era una convención sujeta a resultado y dependiendo de este se posibilitaba el cobro de honorarios, por lo tanto se encontraba legitimada la demandante para exigir el pago de los servicios ( ).
Adujo además la formalizante, que la respuesta del sentenciador de la segunda instancia fue, como se constata del particular copiado anteriormente, que el contrato de honorarios se contraía a dos asuntos diferentes, y como la actora acompañó las copias certificadas correspondientes al recurso de nulidad del Edificio Tamanaco, era procedente su cobro.
Concluyendo la formalizante al señalar, que no había diferencias entre los supuestos de hecho y la conclusión a la que llegó el ad quem, pues, finalmente determinó que era procedente lo demandado porque se demandó.
Ahora bien, en cuanto a la modalidad de petición de principio, esta Sala ha sostenido que tal vicio consiste en dar como cierto lo mismo que pretende ser probado, siendo que la determinación de un hecho, de un concepto, no debe realizarse con el concepto definido: lo definido no debe entrar en la definición.
Sobre el particular, esta Sala en sentencia N° RC-734, de fecha 27 de julio de 2004, caso de Rodolfo Estrada contra José Navarro, indicó lo siguiente:
La Sala ha establecido que existe inmotivación en el supuesto de que el juez establezca hechos con el sólo alegato de la parte, pues ha considerado que ello constituye un sofisma denominado petición de principio, en el que se da por demostrado lo que se debe demostrar. En ese sentido, entre otras, en sentencia de fecha 06 de junio de 1994, dejó sentado:
...debió fundamentar el Sentenciador (sic) la afirmación de que es indudable que la parte actora ejerció abusivamente por vía de derecho la temeraria acción así calificada por la demandada reconviniente, pues constituye una petición de principio, con la cual el Sentenciador (sic) da por demostrado lo que debió establecer con fundamento en las pruebas del expediente, y no en la calificación de la demandada reconviniente....
Asimismo, la Sala ha indicado de forma reiterada que existe inmotivación de hecho cuando el juez afirma en forma general que un hecho está probado, sin señalar un concreto elemento probatorio. (Sent. 22-10-98, caso: Judith Beazón Solano c/ Teidy Rafael Morán Pérez. Sent. N° 810).
La Sala reitera estos precedentes jurisprudenciales y observa que la sentencia recurrida hace mención a los hechos alegados por el solicitante de la medida, y los da por ciertos, sin expresar si ello está demostrado en alguna prueba, ni cuál es ese medio probatorio, lo cual configura el vicio de inmotivación .
Ahora bien, aprecia la Sala que el formalizante planteó el vicio de inmotivación bajo el sofisma denominado petición de principio, ello, en virtud que el vicio de inmotivación por sí solo se materializa cuando la sentencia recurrida no expresa los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
En ese sentido, si afirmamos que el sofisma petición de principio como base del vicio de inmotivación se configura cuando el jurisdicente da por cierto lo mismo que pretende ser probado, significa entonces, que las partes en el procedimiento correspondiente no han demostrado un hecho determinado que ha sido considerado comprobado por el juez de la causa cuando emite la decisión correspondiente.
Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por la recurrente en casación, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo de la alzada, que señaló lo siguiente:
Ahora bien, analizadas las pruebas promovidas por las partes, esta superioridad pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Omissis
TERCERO. Con respecto al alegato expuesto por la representación judicial de la parte demandada en el acto de la litis contestatio, en el sentido de que en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del Convenio (sic) de fecha 07 (sic) de agosto de 1998 no se precisó cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la abogada intimante, y que la gestión profesional encomendada se refería a dos asuntos distintos, esta Superioridad observa del contrato suscrito entre las partes el 07-08-1998 (sic), cursante al folio 14 del expediente, que la cláusula PRIMERA establece que la sociedad mercantil CONSTRUCTURA F y D C.A. encomendó a la abogada ANALINA BELISARIO la tramitación de los recursos de nulidad de las Regulaciones (sic) de: (i) los apartamentos Nos. (sic) 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, y (ii) del Edificio Tamanaco; y en la cláusula SEGUNDA se asentó que la empresa CONSTRUCTORA F y D C.A. pagaría a la abogada intimante una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual (para la fecha) fuere establecido en la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y que dicha cantidad sería pagada a la abogada ANALINA BELISARIO al momento en que el referido Juzgado (sic) dictara la decisión.
De la revisión exhaustiva de las actas procesales, se deriva que la abogada intimante solicitó el cumplimiento del mencionado convenio, en virtud de que ya había sido ejecutado en su totalidad y con toda diligencia el trabajo encomendado, relativo a la tramitación del Recurso (sic) de Nulidad (sic) de la resolución de regulación del Edificio Tamanaco, consignando Copia Certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20), que había declarado con lugar el recurso interpuesto por la abogado ANALINA BELISARIO; y de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal (folios 21 al 25), mediante la cual fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ( ), a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 9.285.685,88) para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado, Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (folios 10 al 14).
De modo que, de acuerdo a lo establecido literalmente en el referido contrato, se trata de dos asuntos encomendados a la mencionada abogada, sin dependencia uno del otro, pues no fue pactado por las partes que el cobro de uno estuviese sometido al resultado del otro, por lo que perfectamente la exigencia de pago por las gestiones de los recursos podía hacerse individualizadamente. De tal manera que, de acuerdo a la convención privada suscrita por las partes y su alcance lógico, la abogada ANALINA BELISARIO podía exigir el pago sólo cuando su recurso de nulidad fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución (sic) cuya nulidad se pretendiese.
De ahí que, que el mencionado contrato era una convención sujeta a resultado, y dependiendo de éste se posibilitaba el cobro de honorarios. Por lo tanto, en el presente caso la abogada ANALINA BELISARIO, sí se encuentra legitimada (lato sensu) para exigir el pago por servicios profesionales relativos al Edificio TAMANACO. Y así se decide . (Mayúsculas del texto, resaltado de la Sala)
De acuerdo con lo antes transcrito, se tiene que el ad quem luego de analizar los instrumentos probatorios consignados por las partes en el proceso, referentes al contrato de honorarios profesionales suscrito entre las partes, la copia certificada de la sentencia proferida en fecha 29 de junio de 1.999 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado juzgado, estableció que el referido contrato instituyó literalmente que se trataba de dos asuntos encomendados a la abogada intimante sin dependencia uno del otro, al no haberse pactado expresamente que el cobro de uno estuviese sometido al resultado del otro.
Así pues, en el análisis que efectuó el ad quem a los referidos medios probatorios, le permitió determinar que el contrato suscrito entre las partes era una convención sujeta a resultado y dependiendo de éste, se posibilitaba el cobro de los honorarios profesionales que se reclaman, por lo que concluyó en señalar, que la abogada intimante se encontraba legitimada para exigir el pago por servicios profesionales efectuados relativos al edificio Tamanaco.
Ahora bien, resulta evidente luego del análisis efectuado al fallo que se recurre, que dentro de los alegatos e instrumentos probatorios traídos al juicio, es imposible que el ad quem haya dado por demostrado un hecho que debe ser demostrado por las partes procesales, al haber quedado valorados como medios probatorios los referidos documentos evacuado por las partes, que llevaron a que el ad quem concluyera en establecer que la abogado intimante estaba facultada para exigir el pago de sus honorarios profesionales.
De manera que, la Sala no evidenció la infracción delatada por el formalizante, pues, el fallo recurrido delimita los medios probatorios promovidos y evacuados por las partes, y del análisis respectivo por parte del ad quem, emanó la conclusión jurídica para declarar la procedencia del cobro de los honorarios profesionales exigidos por la demandante.
En base a las consideraciones antes establecidas, la Sala declara la improcedencia de la presente delación del sofisma de petición de principio como base del vicio de inmotivación establecido en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-III-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por el vicio de inmotivación.
Expresa el formalizante lo que a continuación se transcribe:
De acuerdo a la doctrina asentada por esta Sala, el juez puede incurrir en inmotivación cuando carece de razonamiento propio en relación a los hechos y el derecho aplicable. Es lo que se conoce como inmotivación por motivación acogida.
En el presente caso, el fallo cuestionado al resolver sobre la indexación formulada en el libelo e impugnada en la contestación, estableció lo siguiente:
QUINTO: de igual forma, la parte actora solicitó la corrección monetaria del monto de Bs. 15.955.279,76 desde la fecha en que se causaron los honorarios, es decir, desde (la data) (sic)la sentencia del recurso de nulidad para el cual fue contratada la actora (13 de agosto de 199 (sic) ) hasta el momento en que se dicte la sentencia.
Sin embargo, luego de ser analizada la petición de indexación, esta Alzada observa que siendo la inflación un hecho notorio no sujeto a prueba, de conformidad con el aparte único del artículo 506del Código de Procedimiento Civil, a lo que se aúna la circunstancia de que lo demandado es una deuda de valor (pago de honorarios), la misma procede pero a partir de la fecha de la admisión de la demanda (20/03/2002) hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, como bien lo estableció este mismo Juzgado en un caso anterior de fecha (07-08-2000) caso Ana María Rincón Formoza vs. Gelsomino Sisma Ciccone), que fue analizado por sentencia N° 274 de fecha 31 de mayo de 2002 (Exp. N° 00-800) de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció:
( ) Asimismo, denuncia que el ad quem acuerda la indexación sin determinar en forma expresa lo que ha de ser materia de experticia ni los índices a emplear, de la cual se observa en la transcripción de la recurrida que antecede, que el dispositivo produjo decisión expresa, positiva y precisa sobre la validez de la indexación por lo que ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela una vez sean retasados los honorarios, tomando como parámetro la fecha de introducción del libelo 16 de junio de 1999 hasta que se ejecute la decisión; atendiendo el planteamiento de la intimante en su libelo, razón por la cual es forzoso concluir, que la denuncia de incongruencia no puede prosperar ( ) .
De manera que, tomando en consideración el precitado criterio, la indexación deberá recaer sobre la cantidad que sea condenada por el Tribunal (sic) de retasa, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) hasta la ejecución de la sentencia y que será calculada por un solo perito, quien deberá considerar los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela.
En resumen, los fundamentos de la Alzada (sic) para determinar la procedencia de la indexación fueron: 1) Que la inflación es un hecho notorio y no requiere prueba de acuerdo al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil; 2) Que lo demandado, es decir, el pago de los honorarios era una deuda de valor; y 3) Que la indexación procedía a partir de la fecha de admisión de la demanda tal como lo había resuelto en un caso anterior de fecha 07-08-2000 (caso Ana María Rincón Foromoza vs. Gelsomino Sisma Ciccone) y que fuere resuelto por esta Sala de Casación Civil en la decisión N° 274 de 31 de mayo de 2002.
No reviste mayores esfuerzos darse cuenta que la sentencia del ad quem carece de argumentos propios para resolver el punto de la indexación, pues se fundamenta en haber decidido otro caso que cursó ante dicho tribunal y en el cual resolvió que la indexación operaba desde la admisión de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, con el agravante de que la decisión que cita como su único basamento, ni siquiera es la propia sino la decisión de la Sala de Casación Civil y que transcribe, resolvía un punto diferente, de lo que fácilmente se advierte la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho.
Por imperio de lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia se debe expresar las razones de hecho y de derecho que tuvo el juez para llegar a su decisión, por lo cual para cumplir con el requisito de la motivación, se deben apreciar tanto los hechos alegados como las pruebas presentada, para que de tal manera establecer la relación lógica entre la norma y el supuesto de hecho que se presenta. No se trata de que en el presente, el fallo recurrido tiene una motivación exigua o escasa; se trata de que incurrió en inmotivación, por no haber fundado su decisión en argumentos propios y adecuados al supuesto de hecho preciso del asunto que estaba conociendo. Y los jueces están obligados a dar sus propias razones, so pena de transgredir el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Omissis
Igualmente, la recurrida adolece del vicio de inmotivación que aquí delatamos, pues no hay ni siquiera el menor análisis para determinar en primer lugar, cómo y por qué llegó a la conclusión de que la obligación de pagar honorarios era una deuda de valor, y segundo, el apoyo de orden legal para ello. Al efecto resulta pertinente citar la decisión de la casación civil de fecha 9 de junio de 2011, ( ).
Omissis
Tal como se refiere en la sentencia de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, de 20 de marzo de 2003, con carácter vinculante, no en todos los casos procede indexación y en consecuencia, tanto para acordarla como para negarla, debe proceder un razonamiento fundado en derecho.
Como ya también se dijo, el juez de alzada, sin mayores análisis, establece que siendo la cantidad reclamada una deuda de valor, procede su indexación.
De acuerdo a lo asentado doctrinaria y jurisprudencialmente tanto por esta sala de Casación Civil como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a las deudas de valor no le es aplicable la indexación.
Como se ve, el fallo recurrido no tiene ningún análisis del por qué declara la procedencia de la indexación, lo cual contraviene de acuerdo al criterio vinculante asentado por la Sala Constitucional en el referido fallo, con lo cual el sentenciador de la objetada, incumplió con su obligación de motivar la decisión . (Mayúsculas y cursivas del texto).
La Sala para decidir, observa:
La recurrente en casación, señaló en la primera parte de su denuncia que el fallo de alzada incurrió en el vicio de inmotivación por motivación acogida, aduciendo que la recurrida carece de argumentos propios para resolver el punto de la indexación, pues se fundamentó en otro caso que cursó en dicho juzgado, en el cual resolvió que la indexación debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la ejecución de la sentencia.
Y en la segunda parte de su delación, señaló que el ad quem incurrió en inmotivación de hecho y de derecho al no establecer los motivos de cómo y por qué llegó a la conclusión que la deuda por honorarios profesionales es una deuda de valor, y por ello, condenó al pago de la indexación sin el respectivo análisis jurídico.
Ahora bien, respecto a la inmotivación en el sub-tipo de motivación acogida, esta Sala en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012, caso de Inversiones Tineco, C.A. contra Lavandería y Tintorería Quick Press, C.A., expediente N° 12-278, señaló lo siguiente:
Ahora bien, es preciso aclarar que el requisito contenido en el supra artículo 243 ordinal 4, no se satisface con simples transcripciones o reproducciones totales de las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia, pues las razones dadas por el juez superior deben bastarse a sí mismas como decisiones de alzada. Ahora bien, esto no significa que los fallos de alzada no puedan referirse a los de primera instancia, inclusive realizar ciertas citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia como apoyo de su decisión, siempre que ésta pueda diferenciar un criterio o fundamento propio sobre lo decidido, de modo que si tal independencia no puede verificarse, observándose una evidente motivación acogida esto se equipararía a la falta absoluta de motivos individuales para sostener lo decidido.
Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia de fecha 9 de junio de 2008, caso: Marvelis Antonia Lethildel de Montero y Llovinza Trinidad Salazar Jiménez contra Carmen Yolanda Bello de Marcano, estableció que ...es necesario la decisión- que en ella se expresen los motivos sobre los cuales se fundamenta el juez para arribar a la solución dada a la causa en particular, lo que no significa que el ad-quem no pueda insertar algunas transcripciones de la sentencia de primera instancia, como parte de los argumentos empleados para su decisión. Distinto resulta, que se tomen esas transcripciones como único soporte para motivar el fallo de alzada, sin esgrimir una fundamentación propia que conlleve a demostrar que hubo de su parte algún análisis sobre el conflicto planteado, lejos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho exigidos por la ley, porque entonces se estaría incurriendo en el vicio de inmotivación de la sentencia . (Cursivas de la transcripción).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, las razones y fundamentos dados por el juez superior en su fallo, deben bastarse a sí mismos como decisiones de alzada, sin que ello signifique que los fallos de alzada no puedan referirse a los de primera instancia, realizar ciertas citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia como apoyo de su decisión, e inclusive citar decisiones propias en las que resolvió situaciones similares al caso que resuelve.
Señalado lo anteriormente, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente de la recurrida, a fin de verificar lo denunciado por la recurrente en casación, la cual señaló lo siguiente:
Sin embargo, luego de ser analizada la petición de indexación, esta Alzada (sic) observa que siendo la inflación un hecho notorio no sujeto a prueba, de conformidad con el aparte único del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, a lo que aúna la circunstancia de que lo demandado es una deuda de valor (pago de honorarios), la misma procede, pero a partir de la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, como bien lo estableció este mismo Juzgado (sic) en una caso anterior en fecha 07-08-2000 (sic) (caso: Ana María Rincón Fornoza Vs. Gelsomino Sista Ciccone)
De la transcripción de la recurrida, la Sala evidencia que contrariamente a lo sostenido por la recurrente en casación, el ad quem en su fallo no incurrió en el vicio de motivación acogida, pues, se constata que lo establecido por el juez de alzada fue una ratificación de su propio criterio en antiguos casos ya sentenciados por él respecto a las fechas que han de ser tomadas en cuenta por los peritos para el cálculo de la indexación o ajuste por inflación.
Así pues, el ad quem puede de conformidad con la jurisprudencia de la Sala antes transcrita, insertar algunas transcripciones de la sentencia de primera instancia como parte de los argumentos empleados para su decisión, inclusive citar decisiones propias como parte de los argumentos empleados para su decisión, no incurriendo en consecuencia en el delatado vicio de actividad. Así se decide.
Ahora bien, respecto a la segunda parte de la denuncia, la formalizante señaló que el ad quem incurrió en el vicio de inmotivación al no establecer los motivos de hecho y de derecho, de cómo y por qué llegó a la conclusión que la deuda por honorarios profesionales es una deuda de valor, y por ello, condenó a la demandada al pago de la indexación sin haber realizado el respectivo análisis jurídico.
Así pues, como antes se señaló, la inmotivación del fallo existe cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, siendo importante destacar que no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación con la falta de motivos, que es lo que da lugar al recurso de casación, y se entiende que hay falta absoluta de fundamentos cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes o contradictorios o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación.
Establecido lo anterior, la Sala a fin de verificar lo denunciado, procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada señalada por la recurrente en casación en su escrito de formalización, la cual expresamente indicó lo siguiente:
QUINTO: De igual forma, la parte actora solicitó la corrección monetaria del monto de Bs. 15.955.279,76 desde la fecha en que se causaron los honorarios, es decir, desde (la data) la sentencia del recurso de nulidad para el cual fue contratada la actora (13 de agosto de 1999) hasta el momento en que se dicte la sentencia.
Sin embargo, luego de ser analizada la petición de indexación, esta Alzada (sic) observa que siendo la inflación un hecho notorio no sujeto a prueba, de conformidad con el aparte único del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, a lo que se aúna la circunstancia de que lo demandado es una deuda de valor (pago de honorarios), la misma procede, pero a partir de la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, como bien lo estableció este mismo Juzgado (sic) en una caso anterior en fecha 07-08-2000 (sic) (caso: Ana María Rincón Fornoza Vs. Gelsomino Sista Ciccone), que fue analizado por sentencia N° 274 de fecha 31 de mayo de 2002 (Exp. N° 00-800) de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció:
Omissis
De manera que, tomando en consideración el precitado criterio, la indexación deberá recaer sobre la cantidad que sea condenada por el Tribunal (sic) de Retasa (sic), desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la ejecución de la sentencia y será calculada por un solo perito, quien deberá considerar los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela durante el referido periodo.
Omissis
VII
DE LA DECISIÓN
Tercero: Se CONDENA a la parte demandada al pago de los Honorarios (sic) Profesionales (sic) que establecerán los retasadores. Asimismo, se acuerda la indexación por un solo perito del monto determinado por los retasadores, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la data de ejecución de la sentencia como se calculaba para la época, para lo cual deben considerarse los índices inflacionarios (mes por mes) establecidos por el Banco Central de Venezuela (Mayúsculas y negrillas del fallo, subrayado de la Sala).
De acuerdo con lo antes transcrito, se observa que el ad quem condenó a la empresa demandada al pago de la indexación solicitada por la demandante, ordenando que la misma ha de contabilizarse por un solo perito desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, debiéndose considerar como parámetros los índices inflacionarios establecidos mensualmente por el Banco Central de Venezuela.
Se observó además, que el ad quem estableció para declarar la procedencia del pago de la referida indexación, que: la circunstancia de que lo demandado es una deuda de valor (pago de honorarios), la misma procede .
Ahora bien, la Sala en el estudio del fallo recurrido, evidencia contrariamente como lo delató la recurrente en su escrito de formalización, que el ad quem en el pertinente análisis sobre los motivos que lo llevó a concluir que la deuda por honorarios profesionales es una deuda de valor, fue utilizado como fundamento para condenar a la empresa demandada al pago de la indexación.
Así pues, en las ciencias económicas se tiene que la inflación una medida económica que indica o muestra el crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en un periodo determinado, y siendo la misma un hecho notorio no susceptible a prueba, el ad quem estimó que por tratarse de una deuda de valor, acordó su procedencia de pago.
Es importante destacar, que la distinción entre una deuda de valor o una deuda de dinero, es un asunto de conocimiento de derecho y cuando el juez realiza este tipo de razonamiento no está obligado a dar la razón de la razón, en tal sentido, al establecer que se trata de una deuda de valor y lo da por cierto en su análisis, hizo uso del principio iura novit curia, lo cual le permite justificar lo acordado, resultando ésta la motivación de lo decidido, aunado al hecho cierto, que la referida indexación fue peticionada por la abogada intimante en su libelo de demanda, lo que le permitió al juez otorgarla en el dispositivo de la sentencia.
De modo que, el ad quem con su proceder cumplió con su deber de establecer la correspondiente motivación, pues luego de efectuar el análisis de la situación acaecida condenó el pago de la referida indexación, y si la misma fuese ilegal al no corresponder en derecho, ello ya permitiría a las partes ejercer su derecho a la defensa contra esa supuesta falta, lo que demostraría la existencia de motivación y que en todo caso de haber una motivación errónea no constituye el vicio de inmotivación, y en consecuencia, lo que procedería es la respectiva denuncia por infracción de ley.
En base a lo anteriormente establecido, la Sala declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
-IV-
El formalizante, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia negativa, de acuerdo a lo que a continuación se transcribe:
La recurrida, una vez resueltas las defensas de cosa juzgada y prescripción opuestas por Constructora F y D C.A., y habiendo determinado sobre una falacia que la demandante estaba legitimada para intentar el cobro de los honorarios profesionales por lo relativo al recurso de nulidad en el cual el Juzgado Superior Tercero ( ), dictó decisión el 29 de junio de 1999 y el 13 de agosto de 1999 correspondiente al Edificio Tamanaco, tenía el tribunal a quem, que consignar en su fallo respuesta precisa ante el alegato hecho por Constructora F y D C.A., de excluir de la base para efectuar el cálculo de los honorarios conforme al contrato, los cánones de arrendamiento establecidos para los apartamentos 13-C y 13-A y locales ocupados por mi representada en el Edificio Tamanaco, puesto que mi mandante no percibía alquiler alguno.
En este sentido la impugnada expresó (folio 346).
Omissis
El Tribunal (sic) de Alzada (sic) pasó a dictar decisión sobre el fondo, estableciendo que la abogada intimante realizó a favor de mi representada diferentes actuaciones alusivas a la tramitación del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en contra de la resolución N° 787 de fecha 28 de abril de 1998 emanada de ( ), y su correspondiente regulación del canon de arrendamiento mensual, el cual fue declarado con lugar tal como se desprendió de la copia certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero ( ), en fecha 29 de junio de 1999 y de la copia de la decisión dictada por ese mismo Tribunal (sic) en fecha 13 de agosto de 1999 que fueron regulados los cánones de arrendamientos mensuales del referido inmueble a la cantidad de ( ), sobre dicho monto se aplicó un porcentaje de rendimiento anual del 14,4 % de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Regulación de Alquileres (folios 21 al 25), para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado. El referido fallo fue considerado como parte integrante de la sentencia definitiva dictada el 29-06-1999 (sic). (Folio 353, renglones 8 al 18).
Se desprende entonces, que la recurrida omitió todo pronunciamiento sobre la exclusión de los cánones de arrendamientos fijados a los locales que se encontraban ocupados por ella y de los cuales no percibía alquiler alguno a los efectos de determinar el quantum de los honorarios, con cuyo proceder violó el contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe el deber de los jueces de decidir conforme a todo lo alegado, y violó asimismo lo preceptuado en el ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, ( ) .(Cursiva del texto).
Para decidir, la Sala observa:
La formalizante, fundamentada en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 243, ordinal 5° y 12 eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.
Señaló la formalizante, que el ad quem en su fallo no dio respuesta expresa al alegato expuesto en su escrito de contestación a la demanda, de excluir de la base para efectuar el cálculo de los honorarios conforme al contrato, los cánones de arrendamiento establecidos para los apartamentos 13-C y 13-A y los locales ocupados por la demandada en el edificio Tamanaco, y de los cuales no percibía alquiler alguno a los efectos de determinar el quantum de los honorarios profesionales reclamados.
Ahora bien, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda o en su reforma, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006, Exp. N° 06-067).
Ha sentado esta Sala en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado, en incongruencia negativa, citrapetita o incongruencia omisiva.
Así pues, la falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.
De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium- pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.
Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, pues si así lo hiciera incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.
Ahora bien, la Sala considera pertinente transcribir lo alegado por la demandada en su escrito de contestación a la demanda, que corre inserto a los folios 103 al 107 del expediente, que señaló lo siguiente:
Sin embargo, para el supuesto que este Tribunal (sic) considerase que la sentencia del Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital a que se refiere la Cláusula (sic) SEGUNDA del convenio de fecha 07 de agosto de 1998- corresponde a la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 13 de agosto de 1999, a los fines de determinar el verdadero monto que eventualmente correspondería a la Abogada intimante, deben, necesariamente, por una parte, excluirse las regulaciones de los apartamentos Nos. (sic) 13-C y 13-A, del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, ubicada en la Avenida Leopoldo Aguerrevere Urbanización Santa Fe del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda y, por la otra, deben también excluirse las cantidades correspondientes a las regulaciones fijadas a los inmuebles antes señalados- constituidos por: El Local Comercial situado en el Nivel 1 (Placa B); el Local Industrial Nivel 2 (Placa A) al cual le corresponde estacionamiento descubierto; el Local Oficina (Placa A) y el Local Depósito (Placa A) del Edificio Tamanaco, ubicado éste, en la Avenida Tamanaco de la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda, pues éstos como se expresé- SE ENCUENTRAN OCUPADOS por mi representada y otras Empresas (sic) del Grupo Romanelli vinculadas, familiarmente, a los representantes de mi mandante, respecto de los cuales ésta no percibe arrendamiento alguno. ( ). (Mayúsculas y resaltado del texto).
De lo anterior transcrito, se tiene que la demandada alegó en su escrito de contestación a la demanda y a los fines de determinar el verdadero monto que eventualmente correspondería a la abogada intimante, que deben excluirse las regulaciones fijadas a los apartamentos N° 13-C y 13-A, del edificio Puerta del Este, al local comercial situado en el nivel 1 (Placa B), el local industrial nivel 2 (Placa A) con puesto de estacionamiento descubierto; el local oficina (Placa A) y el local depósito (Placa A) del Edificio Tamanaco.
Pues, a su decir, dichos inmuebles se encuentran ocupados por ella y otras empresas del Grupo Romanelli vinculadas familiarmente, respecto de los cuales no percibe arrendamiento alguno.
De igual forma, la Sala a fin de verificar lo delatado por la recurrente en casación, pasa a transcribir la parte pertinente del fallo del ad quem, que señaló lo siguiente:
SEGUNDO. Del análisis efectuado con antelación al acervo probatorio, ha quedado constatado que la abogada ANALINA BELISARIO suscribió el 07 de agosto de 1998 un contrato de honorarios con el ciudadano Walter Romanelli, en su carácter de Administrador (sic) de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F y D C.A. (parte demandada), en el cual se estableció las siguientes cláusulas:
( ) PRIMERA: CONSTRUCTORA F Y D C.A., encomienda a la doctora Belisario; los Recursos de nulidad de las Regulaciones de los apartamentos Nos. 13-C y 13-A, del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, ubicada en la Avenida Leopoldo Aguerrevere Urbanización Santa Fe del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda; y del Edificio Tamanaco ubicado éste en la Avenida Tamanaco de la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda. En consecuencia la doctora Belisario, se ocupará en todos los trámites relacionados con dicho Recursos (sic) de Nulidad (sic) hasta su conclusión.
SEGUNDA: CONSTRUCTORA F Y D C.A., pagará a la doctora Belisario, una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual fuere establecido en la Sentencia (sic) del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Esta cantidad será pagada a la Dra. Belisario el momento en que el referido Juzgado (sic) dicte Sentencia (sic).
TERCERA: CONSTRUCTORA F Y D C.A., pagará a la doctora Belisario, los gastos que se realicen en la tramitación de la Regulación (sic) del inmueble mencionado, a tal efecto abona en este acto la cantidad de Seiscientos Mil Bolívares (Bs.600.000,oo).( ) Folio 4
De las precitadas cláusulas se desprende, meridiamente (sic), que los servicios encomendados a la profesional del derecho, ANALINA BELISARIO, correspondía a los recursos de nulidad de las regulaciones de los apartamentos 13-B (sic) y 13-A del Edificio Puerta del Este y del Edificio Tamanaco. De igual forma, se estableció que se pagaría a la mencionada abogada el equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler fuere establecido en la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Aunado a ello, se le abonó a la referida letrada Bs.600.000 para gastos en la tramitación de la regulación.
La abogada intimante aduce que realizó en favor de la parte demandada diferentes actuaciones alusivas a la tramitación del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en contra de la resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1.998, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano y su correspondiente regulación del canon de arrendamiento mensual.
Dicho recurso fue declarado con lugar e interpuesto por la abogada ANALINA BELISARIO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F. y D. C.A, quien es propietaria del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ubicado en la Avenida Tamanaco, Urbanización El Llanito, Municipio Sucre, Estado (sic) Miranda, tal como se desprende de Copia (sic) Certificada (sic) de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20).
Asimismo, se evidencia de Copia (sic) Certificada (sic) de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal que fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del referido inmueble a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 9.285.685,88), sobre dicho monto se aplicó un porcentaje de rendimiento anual del 14,40% de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Regulación de Alquileres (folios 21 al 25), para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado. El referido fallo fue considerado como parte integrante de la sentencia definitiva dictada el 29-06-1999.
Omissis
De la revisión exhaustiva de las actas procesales, se deriva que la abogada intimante solicitó el cumplimiento del mencionado convenio, en virtud de que ya había sido ejecutado en su totalidad y con toda diligencia el trabajo encomendado, relativo a la tramitación del Recurso (sic) de Nulidad (sic) de la resolución de regulación del Edificio Tamanaco, consignando Copia Certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20), que había declarado con lugar el recurso interpuesto por la abogado ANALINA BELISARIO; y de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal (folios 21 al 25), mediante la cual fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ubicado en la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado Miranda, a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.9.285.685,88) para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado, Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (folios 10 al 14).
De modo que, de acuerdo a lo establecido literalmente en el referido contrato, se trata de dos asuntos encomendados a la mencionada abogada, sin dependencia uno del otro, pues no fue pactado por las partes que el cobro de uno estuviese sometido al resultado del otro, por lo que perfectamente la exigencia de pago por las gestiones de los recursos podía hacerse individualizadamente. De tal manera que, de acuerdo a la convención privada suscrita por las partes y su alcance lógico, la abogada ANALINA BELISARIO podía exigir el pago sólo cuando su recurso de nulidad fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad se pretendiese.
De ahí que, que el mencionado contrato era una convención sujeta a resultado, y dependiendo de éste se posibilitaba el cobro de honorarios. Por lo tanto, en el presente caso la abogada ANALINA BELISARIO, sí se encuentra legitimada (lato sensu) para exigir el pago por servicios profesionales relativos al Edificio TAMANACO. Y así se decide (Mayúsculas del texto).
De acuerdo a la transcripción parcial del fallo de alzada, se tiene que el ad quem en relación a lo acordado por las partes procesales en el contrato de honorarios suscrito, que los servicios encomendados a la ahora intimante correspondía a los recursos de nulidad de las regulaciones de los cánones de arrendamiento de los apartamentos 13-C y 13-A del edificio Puerta del Este y del edificio Tamanaco, donde se estableció que se le pagaría el equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler fuere establecido en la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
Señaló el ad quem, que de las actas procesales se evidenció el cumplimiento del mencionado convenio por parte de la abogada intimante, por haber ejecutado totalmente el trabajo encomendado relativo al recurso de nulidad de la Resolución Administrativa que reguló los alquileres de los referidos inmuebles, y por ello, la intimante consignó copia certificada del fallo de fecha 29 de junio de 1.999, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, que declaró con lugar el recurso interpuesto y de la decisión dictada en fecha 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Juzgado Superior en la que reguló los cánones de arrendamiento mensuales del edificio Tamanaco.
Estableciendo más adelante, que el referido contrato, trata de dos asuntos encomendados a la mencionada abogada, sin dependencia uno del otro, y que la abogada intimante podía exigir el pago sólo cuando su recurso de nulidad fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad se pretendiese.
Concluyendo el ad quem al señalar, que el contrato suscrito era una convención sujeta a resultado, y dependiendo de éste se posibilitaba el cobro de honorarios, por lo tanto, la abogada intimante se encontraba legitimada para exigir el pago por servicios profesionales relativos al edificio Tamanaco.
Ahora bien, la recurrente en casación delató que el ad quem no dio respuesta sobre la exclusión de las regulaciones fijadas a los apartamentos N° 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este, los locales comerciales situados en el nivel 1 (Placa B), nivel 2 (Placa A) con puesto de estacionamiento descubierto; el local oficina (Placa A) y el local depósito (Placa A) del edificio Tamanaco.
No obstante a lo anterior, es clara la respuesta del ad quem a la interrogante de la demandada, cuando estableció que de acuerdo a lo acordado por las partes mediante contrato, que la abogada intimante podía exigir el pago de sus honorarios profesionales, sólo cuando el recurso de nulidad incoado por ella fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad pretendió, por ser una convención sujeta a resultado, y que por ello, la abogada intimante se encontraba legitimada para exigir el pago de sus servicios profesionales una vez concluida sus labores.
Así pues, en lo decidido por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, se encuentran inmersos los inmuebles descritos por la recurrente en casación y que el contrato establece claramente que la abogado intimante podía cobrar sus honorarios una vez concluida sus labores cuando el recurso de nulidad fuese declarado procedente.
Y ante el hecho establecido por el ad quem, que lo pactado es una convención sujeta a resultado, y el resultado final logrado por la profesional del derecho fue la procedencia del recurso de nulidad de la Resolución Administrativa que reguló los inmuebles antes detallados, cuyo monto a cobrar en honorarios profesionales se condicionó, siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad se pretendiese.
Así pues, se entiende del fallo recurrido, que los inmuebles que la recurrente identificó y pidió que sean excluidos del pago de los honorarios reclamados, no pueden exceptuarse, pues, se encuentran intrínsecamente dentro de la Resolución Administrativa cuya nulidad fue declarada procedente y la misma posee el carácter de cosa juzgada formal, y no es en el presente juicio donde la hoy recurrente debió haber solicitado la exclusión de los referidos inmuebles.
En consideración a todos los fundamentos precedentemente expuestos, esta Sala declara la improcedencia de la denuncia por incongruencia negativa del fallo por omisión de pronunciamiento, por no haber incurrido la recurrida en el vicio delatado. Así se decide.
-V-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa, por no haber decidido conforme a la pretensión deducida y las defensas opuestas.
Expresa el formalizante lo que a continuación se transcribe:
Constructora F y D C.A. argumentó en la contestación de la demanda, que en las cláusulas primera y tercer (sic) del convenio de honorarios profesionales de 7 de agosto de 1998, no se precisaba cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la intimante, pues la gestión profesional encomendada se refería a dos asuntos distintos; a) al recurso de nulidad de las regulaciones de los apartamentos 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este ubicado en la Urbanización Santa Fe y b) al recurso de nulidad de las regulaciones del Edificio Tamanaco ubicado en la Urbanización El Llanito; que una vez realizadas las gestiones profesionales referidas es que sería procedente el cobro de ( ) una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual fuere establecido en la Sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital ( ) (folio 347 de la sentencia impugnada); que ante la indeterminación del convenio sobre cual sentencia era la que haría procedente en su totalidad o cuando menos la cantidad que pudiera eventualmente ser reclamada, correspondía a las regulaciones de los apartamentos del Edificio Puerta del Este y no a las del Edificio Tamanaco, puesto que los locales, oficinas y depósitos de éste último inmueble se encontraban ocupados por Constructora F y D C.A. y otras empresas vinculadas al Grupo Romanelli vinculadas familiarmente a los representantes de aquella y por los cuales mi patrocinada no percibía alquiler alguno.
Al efecto, la impugnada (folio 354) resolvió lo siguiente:
Omissis
De los términos en que el tribunal superior se pronunció sobre esta defensa, se desprende meridianamente, que no resolvió el asunto sometido a consideración, cual fue que de la cláusulas primera y segunda del contrato de honorarios profesionales no se podía saber cuál sentencia de los dos procedimientos encargados, era la que hacía pasible (sic) el cobro de los honorarios.
Como lo señalamos en la denuncia pertinente de inmotivación del fallo por vicio de petición de principio, el juez concluyó lo que fue lo afirmado por nosotros y que no estaba debatido: a saber: 1) Que del mencionado convenio se desprendía que se habían encargado dos recurso de nulidad, el de los apartamentos13-C y 13-A del Edificio Residencias Puerta del Este y el del Edificio Tamanaco; 2) Que la demandante había consignado las sentencias recaídas en el recurso de nulidad correspondiente al Edificio Tamanaco; y 3) Que solo podía exigir como honorarios el doble de la diferencia establecida (sic) la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo.
No estuvo en duda que fueron dos asuntos encomendados, ni que la abogada demandante había acompañado a su libelo las decisiones recaídas en el recurso de nulidad del edificio Tamanaco; justamente por eso rechazamos la pretensión de cobro; porque fueron dos los asuntos encomendados y porque la demandante había acompañado las sentencias del recurso de nulidad del Edificio Tamanaco.
Pero ante lo planteado por mi representada en relación a la indeterminación de la cual adolecía el contrato de honorarios no permitía saber cuál era el proceso (la sentencia) que generaba el cobro de honorarios por el doble de la diferencia en el canon de arrendamiento, si la relativa al Edificio Puerta del Este o la relativa al Edificio Tamanaco, lo que procedía entonces, y que el juez de la recurrida omitió, era que consignara en su fallo, una decisión precisa y concreta en cuanto a este aspecto, pero con esa conducta omisiva, el a quem violó el artículo 243 en su ordinal 5° (sic), por lo cual está inficionada del vicio de incongruencia negativa tal como lo hemos dejado expuesto y el fallo debe en consecuencia ser casado .
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante, fundamentado en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 243, ordinal 5° y 12 eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.
Señaló el formalizante, que el ad quem en su fallo no dio respuesta expresa al alegato expuesto en su escrito de contestación a la demanda, que en las cláusulas primera y tercera del contrato de honorarios profesionales, no se precisaba cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la intimante, pues la gestión profesional encomendada se refería a dos asuntos distintos.
Indicó además, que ante lo planteado por la recurrente en casación en relación a la indeterminación de la cual adolece el contrato de honorarios, el cual no permitía saber cuál era la sentencia que generaba el cobro de honorarios por el doble de la diferencia en el canon de arrendamiento.
Ahora bien, la Sala pasa a transcribir lo alegado por la demandada en su escrito de contestación a la demanda, que señaló lo siguiente:
En efecto, la Cláusula PRIMERA del Convenio de fecha 07 de agosto de 1998 establece:
PRIMERA: CONSTRUCTORA F Y D C.A., encomienda a la doctora Belisario; los Recursos de nulidad de las Regulaciones de los apartamentos Nos. 13-C y 13-A, del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, ubicada en la Avenida Leopoldo Aguerrevere Urbanización Santa Fe del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda; y del Edificio Tamanaco ubicado éste en la Avenida Tamanaco de la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda. En consecuencia la doctora Belisario, se ocupará en todos los trámites relacionados con dicho Recursos de Nulidad hasta su conclusión.
Igualmente, la Cláusula SEGUNDA de dicho Convenio es del siguiente tenor:
SEGUNDA: CONSTRUCTORA F Y D C.A., pagará a la doctora Belisario, una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual fuere establecido en la Sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Esta cantidad será pagada a la Dra. Belisario el momento en que el referido Juzgado dicte Sentencia.
Ahora bien, en la última cláusula transcrita no se precisa cuál es la sentencia que hace procedente el cobro reclamado por la Abogada intimante, pues la gestión profesional que le fue encomendada se refiere a dos (2) asuntos distintos:
1° A los recurso de nulidad de las regulaciones de los apartamentos Nos. (sic) 13-C y 13-A, del edificio Puerta del Este, ( ), y
2° a los recursos de nulidad de las regulaciones del Edificio Tamanaco ubicado en ( ).
De modo que, a tenor de la señalada cláusula contractual, una vez realizadas las gestiones profesionales referidas a ambos asuntos (discriminados en los numerales 1° y 2°) sería, entonces, procedente a tenor de lo señalado en la cláusula TERCERA del mencionado convenio de fecha 07 de agosto de 1998- el cobro de una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual fuere establecido en la Sentencia del Juzgado Superior ( )..
En consecuencia y ante tal indeterminación en el referido convenio de cuál es la sentencia que haría procedente el cobro de la cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso del alquiler actual, forzoso es concluir que la pretensión ejercida resulta improcedente en su totalidad o, cuando menos, la cantidad que pudiera, eventualmente, ser reclamada corresponde a las regulaciones de los apartamentos 13-A y 13-C, del Edificio Puerta del Este, ( ), Y NUNCA a los recurso de nulidad de la regulación de todo el Edificio Tamanaco. ( ). (Mayúsculas y resaltado del texto)
De la misma manera, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo del ad quem, que expresamente señaló lo siguiente:
( ) En el acto de la litis contestatio, la representación judicial de la parte demandada señaló lo siguiente:
Omissis
Que en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del Convenio de fecha 07 (sic) de agosto de 1998 no se precisa cuál es la sentencia que hace procedente el cobro reclamado por la abogada intimante, pues la gestión profesional que le fue encomendada se refería a dos asuntos distintos: 1) A los recursos de nulidad de las regulaciones de los apartamentos Nos. (sic) 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, ubicada en la Avenida Leopoldo Aguerrevere, Urbanización Santa Fe del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda; y 2) A los recursos de nulidad de las regulaciones del Edificio Tamanaco ubicado en la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda.
Omissis
Ahora bien, analizadas las pruebas promovidas por las partes, esta superioridad pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Omissis
En el acto de la litis contestatio, la representación judicial de la parte demandada dio contestación a la demanda negándola, rechazándola y contradiciéndola en todas y cada una de sus partes, aduciendo que nada le adeudaba a la abogada intimante por concepto de honorarios profesionales. Asimismo, alegó que en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del Convenio de fecha 07 (sic) de agosto de 1998 no se precisó cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la abogada intimante, pues la gestión profesional que le fue encomendada se refería a dos asuntos distintos: 1) A los recursos de nulidad de las regulaciones de los apartamentos Nos. 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, ubicada en la Avenida Leopoldo Aguerrevere, Urbanización Santa Fe del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda; y 2) A los recursos de nulidad de las regulaciones del Edificio Tamanaco ubicado en la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda. Posteriormente, expresó que vez una vez realizadas las gestiones profesionales referidas era procedente el cobro de ( )una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual fuere establecido en la Sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital( ) (Folio Vto. 104) (sic); que ante la indeterminación del convenio la sentencia que haría procedente en su totalidad o cuando menos la cantidad que pudiera eventualmente ser reclamada corresponde a las regulaciones de los mencionados apartamentos, y nunca a los recursos de nulidad de la regulación de todo el Edificio Tamanaco, pues los locales, oficinas y depósitos de ese Edificio, en su mayor parte, no se encuentran ocupados por inquilinos sino por su representada y otras empresas del Grupo Romanelli vinculadas familiarmente a los representantes de su mandante.
Omissis
TERCERO. Con respecto al alegato expuesto por la representación judicial de la parte demandada en el acto de la litis contestatio, en el sentido de que en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del Convenio de fecha 07 de agosto de 1998 no se precisó cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la abogada intimante, y que la gestión profesional encomendada se refería a dos asuntos distintos, esta Superioridad observa del contrato suscrito entre las partes el 07-08-1998, cursante al folio 14 del expediente, que la cláusula PRIMERA establece que la sociedad mercantil CONSTRUCTURA F y D C.A. encomendó a la abogada ANALINA BELISARIO la tramitación de los recursos de nulidad de las Regulaciones de: (i) los apartamentos Nos. 13-C y 13-A del Edificio Puerta del Este, Conjunto Residencial Terrazas de Santa Fe, y (ii) del Edificio Tamanaco; y en la cláusula SEGUNDA se asentó que la empresa CONSTRUCTORA F y D C.A. pagaría a la abogada intimante una cantidad equivalente a dos (2) veces el exceso que sobre el alquiler actual (para la fecha) fuere establecido en la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y que dicha cantidad sería pagada a la abogada ANALINA BELISARIO al momento en que el referido Juzgado dictara la decisión.
De la revisión exhaustiva de las actas procesales, se deriva que la abogada intimante solicitó el cumplimiento del mencionado convenio, en virtud de que ya había sido ejecutado en su totalidad y con toda diligencia el trabajo encomendado, relativo a la tramitación del Recurso de Nulidad de la resolución de regulación del Edificio Tamanaco, consignando Copia Certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20), que había declarado con lugar el recurso interpuesto por la abogado ANALINA BELISARIO; y de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal (folios 21 al 25), mediante la cual fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ubicado en la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado (sic) Miranda, a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 9.285.685,88) para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado, Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (folios 10 al 14).
De modo que, de acuerdo a lo establecido literalmente en el referido contrato, se trata de dos asuntos encomendados a la mencionada abogada, sin dependencia uno del otro, pues no fue pactado por las partes que el cobro de uno estuviese sometido al resultado del otro, por lo que perfectamente la exigencia de pago por las gestiones de los recursos podía hacerse individualizadamente. De tal manera que, de acuerdo a la convención privada suscrita por las partes y su alcance lógico, la abogada ANALINA BELISARIO podía exigir el pago sólo cuando su recurso de nulidad fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad se pretendiese.
De ahí que, que el mencionado contrato era una convención sujeta a resultado, y dependiendo de éste se posibilitaba el cobro de honorarios. Por lo tanto, en el presente caso la abogada ANALINA BELISARIO, sí se encuentra legitimada (lato sensu) para exigir el pago por servicios profesionales relativos al Edificio TAMANACO. Y así se decide (Resaltado y subrayado de la Sala).
De acuerdo a lo antes transcrito, se tiene que la ad quem en su fallo, luego del estudio de las cláusulas primera y segunda del contrato de honorarios profesionales suscrito por las partes, analizó de manera pormenorizada el negocio efectuado por las partes contratantes y en respuesta a lo alegado por la demandada, estableció expresamente que el referido contrato trató de dos asuntos encomendados a la abogada intimante sin dependencia uno del otro, pues no fue pactado por las partes que el cobro de uno estuviese sometido al resultado del otro, por lo que podía exigir el pago de las gestiones de los recursos de manera individual.
Concluyó el ad quem, estableciendo que de acuerdo a la convención privada suscrita por las partes y su alcance lógico, la abogada intimante podía exigir el pago sólo cuando su recurso de nulidad fuese declarado procedente y siempre que se fijase un monto mayor al establecido en la Resolución cuya nulidad se pretendió.
De lo anterior, la Sala no verifica la violación de normas de orden público que incidan directamente en el debido proceso y derecho a la defensa de la demandada por la supuesta falta de pronunciamiento con respecto a los alegatos de defensa para decidir en torno al supuesto vicio de incongruencia negativa incurrido, pues, de manera específica el ad quem si se pronunció específicamente sobre el punto delatado como silenciado, relativo a que en las cláusulas primera y segunda del contrato de honorarios profesionales no se precisaba cuál era la sentencia que hacía procedente el cobro reclamado por la intimante.
Por otro lado, lo que denota la Sala es la inconformidad de la demandada sobre lo decidido por el ad quem, pues, si no está de acuerdo con la solución aportada en el fallo de alzada, la recurrente en casación ha debido establecer la respectiva denuncia por infracción de ley, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, conforme al primer caso de suposición falsa por tergiversación ideológica o intelectual, y no haberla delatado mediante una denuncia por defecto de actividad, y combatir el análisis e interpretación que hizo el juez de las cláusulas del contrato, conforme a la doctrina de esta Sala reflejada en su fallo N° RC-187, de fecha 26 de mayo de 2010, expediente N° 2009-532, caso: VICENTE EMILIO CAPRILES SILVAN contra DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., que dispuso lo siguiente:
Ahora bien, como esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, es en su naturaleza un Tribunal de derecho, cuya misión es velar por la recta aplicación de la Ley y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, cuya expresión normativa de este principio está contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la Sala, en el examen que haga de la sentencia, no se extenderá al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia, a menos que se denuncie, en la forma y con los requisitos establecidos por la doctrina, infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa del Juez, debiendo señalar la formalización, cuál de los casos de suposición falsa es el denunciado, se observa:
El primer caso de suposición falsa previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se produce cuando El Juez atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene.
Esta previsión se corresponde con el ordinal 3º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil derogado de 1916, que al decir del Dr. José Ramón Duque Sánchez, en su obra Manual de Casación Civil, página 272, expresa:
...Ello ocurre, cuando el Juez hace decir a un documento lo que éste no dice, o cuando pone en boca de testigos cosas que estos no han afirmado en el acta de su declaración, decidiendo en uno y otro caso con base en esa mención atribuida o inventada por el juzgador.
Bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, actualmente derogado, conforme a lo estatuido en su artículo 435, se admitió el falso supuesto negativo que dio entrada en nuestro derecho procesal civil a la figura del travisamento italiano, o la desnaturalización por desviación intelectual o ideológica y el mal juge de la doctrina francesa, abriéndose una brecha muy refinada hacía el campo de la interpretación de los negocios jurídicos. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-90 del 13 de marzo de 2003, Exp. N° 2001-468, caso: Enio Alfredo López González, contra la sociedad mercantil Barreto, Arias y Asociados S.A. (BARSA), Corretaje de Seguros y otra).
La imputación de haberse negado un hecho que es verdadero, por parte del juzgador en el fallo recurrido, y no el haber afirmado un hecho falso, es un claro ejemplo de un falso supuesto negativo.
Posteriormente la noción del primer caso de suposición falsa como en el caso de los otros dos supuestos, la jurisprudencia ha venido destacando su naturaleza positiva.
El primer caso de suposición falsa se configura cuando el juez afirma falsamente que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que aquellas no existen realmente sino que han sido creadas en la imaginación o de forma deliberada por el juzgador.
Así en fallo del 21 de febrero 1990 Exp. Nº 86-120, juicio The Larchashire General Invernien Company Limited contra Daniel Cisneros Guevara, la Sala expresó:
...Ahora bien, en todo caso, el falso supuesto tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa o inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción....
La suposición falsa constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, por ello, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con el artículo 320 eiusdem.
( omissis )
Todo lo expresado comprueba, pues, que en la base conceptual del falso supuesto ahora suposición falsa, se encuentra siempre una conducta positiva del Juez, que se materializa en la afirmación o el establecimiento de un hecho que no tiene, un sentido absoluto o relativo, un adecuado respaldo probatorio. Es decir, la suposición falsa debe consistir siempre en la AFIRMACIÓN de un hecho positivo y concreto; no en la NEGATIVA de hechos que efectivamente se han producido.
En efecto, tal como lo afirma el Maestro Márquez Áñez, ...en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una conducta positiva del juez, que se materializa en la afirmación o establecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o en sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio. (El Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pp. 143 y siguientes)
El mismo autor señala, que la distinción entre el falso supuesto positivo y negativo, tiene en Venezuela una importancia capital, pues ello ha generado dudas en la doctrina nacional sobre su tratamiento en la formalización del recurso de casación; dudas que considera provenientes de los antecedentes de la norma contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pues la misma, en lo que al falso supuesto se refiere, fue tomada por el legislador del recurso italiano de revocación (equivalente al juicio de invalidación venezolano), consagrado en los Códigos de Procedimiento Civil italianos de 1865 y 1940, en los cuales se establecía que dicho recurso procedería si la sentencia fuese efecto de un error de hecho que resulte de los autos y de los documentos de la causa, error que existía tanto cuando el juez afirmaba un hecho falso (falso supuesto positivo), como cuando negaba uno verdadero (falso supuesto negativo). Pero cuando el legislador venezolano tomó del recurso italiano de revocación la figura del falso supuesto, únicamente incorporó en la normativa del recurso de casación, la categoría positiva de dicha figura y no hizo recepción del falso supuesto negativo. (Cfr. Fallo N° RC-430 del 15-11-2002, expediente N° 2000-428).
( omissis )
Diferentes han sido las definiciones dadas por la doctrina acerca del concepto de suposición falsa, contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, caracterizando tal error como:
I.- El establecimiento de un hecho mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta;
II.- La afirmación de un hecho falso, sin base en prueba que lo sustente;
III.- La afirmación en la sentencia de un hecho concreto, sin base en prueba que lo sustente;
IV.- La afirmación en la sentencia de un hecho concreto, falso o inexistente.
Observándose que existe como nota común entre estos cuatro (4) casos: La afirmación o establecimiento de un hecho falso; por lo cual la doctrina ha exigido entre los requisitos de la denuncia de suposición falsa, el requerimiento de que la parte formalizante señale el hecho concreto a que ella se refiere. (Cfr. Fallo N° RC-777 del 15-12-2009. Caso: Ermanno Vecchiarelli Minini contra Alonso Blanco García y otra, expediente N°2009-002).
Siendo además imprescindible que el recurrente al denunciar que el Juez incurrió en suposición falsa, deberá determinar a cuál de los tres casos de tal error se refiere.
En relación con ello, la Sala ha establecido, que la suposición falsa consiste en el establecimiento expreso de un hecho positivo, preciso y concreto, que resulta falso al no tener soporte en las pruebas, bajo los tres siguientes supuestos de hecho:
a) bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene,
b) porque estableció el hecho con base en una prueba que no existe, que es igual a, dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; o
c) porque estableció el hecho con base en una prueba cuya inexactitud resulta de las actas procesales, que es igual a, dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulte de actas o instrumentos del expediente mismo.
De donde se desprende, el establecimiento de un hecho que resulta falso o inexacto porque no tiene soporte probatorio, que varía la hipótesis fáctica concreta y, en consecuencia, no existe correspondencia lógica con la norma jurídica en que fueron subsumidos esos hechos.
Siendo estas tres hipótesis las previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como suposición falsa antes denominada falso supuesto en el código adjetivo civil derogado de 1916.
Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron demostrados en el proceso, esto es: un error en el juzgamiento de los hechos, el cual conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece un hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de una norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa regla legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual constituiría falsa aplicación. Esta es la consecuencia directa del error y otras normas sólo resultarían violadas por falta de aplicación como una consecuencia de segundo grado, constituyendo estas últimas las reglas que el sentenciador de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia.
La suposición falsa denunciada, contenido en el primer caso del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, consiste en atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen. Lo que esta Sala considera como una desnaturalización o desviación ideológica por parte de quien debe resolver el asunto judicial controvertido; produciéndose -respecto al documento o acta de la cual se trate- efectos distintos a los previstos en ellos.
Al respecto, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que el primer caso de suposición falsa, tiene lugar cuando el juez afirma falsamente, por error de percepción o por olvido de que la verdad es la meta del proceso, que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que esas menciones no existen realmente y han sido creadas por la imaginación o por la mala fe del juzgador . (Vid. Sentencia Nº 60, de fecha 18 de febrero de 2008)
( omissis )
En el presente caso, el formalizante señala como hecho positivo y concreto que la recurrida, derivado de un erróneo análisis del acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., distorsionó el vocablo acreencia y a fuerza de interpretación se estableció que equivale a aporte.
Al respecto esta Sala, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en su fallo Nº RC-174, de fecha 27 de marzo de 2007, Exp. Nº 2006-588, ratificado mediante sentencia N° RC-307 del 3 de junio de 2009, Exp. N° 2008-487, en torno al vicio de suposición falsa reiteró que: ...Para que exista el vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto. Así ha dicho la Sala. El falso supuesto se caracteriza por el error material. Pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba. (Sentencia del 17-5-60, G.F. Nº 28, Seg. Etapa Pág. 139); No es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía. (Sentencia del 1-2-62. G.F. Nº 35, Seg. Etapa. Pág. 32).
La Sala también ha señalado al respecto lo siguiente: Está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión a la cual llegó luego de examinar las pruebas; por lo tanto, tratándose no de un hecho sino de una conclusión del Juez, la misma no es atacable como suposición falsa. (Sentencia de esta Sala del 22 de marzo de 2002, Fallo N° RC-188, Exp. N° 2000-461-2000-300, caso: firma Mercantil FERLUI C.A. contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES TEKA 2850 C. A.).
También se ha pronunciado al respecto expresando lo siguiente: En otras palabras, como lo señala la doctrina de la Sala, en la sentencia dictada el 5 de mayo de 2009, caso: Zoila Mercedes Acosta (...) si del contenido de las actas que cursan en autos se evidencia que el establecimiento de ese hecho tiene soporte probatorio como acontece en el sub iudice (...) tal hecho no puede resultar falso como lo afirma el recurrente, sino que constituye una conclusión del juez luego de analizar las pruebas (...) en consecuencia no habría suposición falsa (...) lo que se hace en la denuncia es señalar el hecho positivo y concreto como la conclusión del juez respecto de una mención que se encuentra en la prueba analizada. (...) El vicio de suposición falsa no puede recaer sobre apreciaciones o conclusiones respecto a las consecuencias jurídicas de los hechos, que aunque sean erradas, las mismas no constituyen el establecimiento de un hecho sino la consecuencia de la actividad intelectual que hace el juez, luego de establecer los hechos, que, en su criterio, se producen desde la perspectiva de la cuestión que se debate. En consecuencia, no es cierto, como sostiene la denuncia, que haya incurrido el sentenciador de alzada, en una suposición falsa. (Sentencia de esta Sala del 22 de octubre de 2009, Fallo N° RC-558, Exp. N° 2009-304, caso: sociedad mercantil PANTA CINEMATOGRÁFICA C.A., contra la Sociedad Mercantil BANCO CONSOLIDADO, C.A., S.A.C.A., y otra).
Ahora bien, sería muy fácil para esta Sala decir que tal afirmación corresponde a las conclusiones jurídicas a las que arribó la juez luego de analizar y valorar los medios probatorios aportados por las partes. Pero la verdad no es así.
En el presente caso, quedó probado y reconocido en la sentencia recurrida, que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00).
El juez de alzada luego de dar por probada tal situación, concluyó que tal suma de dinero lo recibió la sociedad mercantil demandada como un aporte singular del socio y no como un préstamo. Para ello, el juez le dio un giro interpretativo al acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., donde se menciona la palabra acreencia del socio Capriles, y concluyó que acreencia no siempre es obligación o préstamo a interés, ...sino que la misma constituye un genérico que debe entenderse como todo derecho que tiene una persona para pedir o exigir el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer....
Entiende esta Sala, que independientemente del esfuerzo del juez superior en disminuir el peso específico de la palabra acreencia, tratando de diluirlo e interpretarlo como cualquier cosa, concluyendo que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00), como un simple aporte a cambio de nada, que dicha afirmación es inaceptable y es una cuestión que no puede pasar por alto este máximo Tribunal del país, dado que es insostenible que el juez le conceda dicho monto como un aporte del socio sin obligación de nada ni contraprestación alguna, sin restituirlo, sin reconocerlo al menos como acciones de la sociedad a favor del demandante.
A este respecto cabría preguntarse, ¿entonces dicho aporte a capital de la compañía que finalidad tenía?, es incomprensible para esta Sala, que simplemente, el juez lo haya convertido en una donación del demandante y que este entregó dicha suma de dinero y la perdió, así de simple, tesis jurídica que es inaceptable para esta Sala.
Ahora bien, en diversas oportunidades ha señalado esta Sala que los jueces son soberanos en la interpretación de los contratos, salvo que se equivoque en su calificación o incurra en la desnaturalización o desviación intelectual de su contenido.
Asimismo, la Sala ha establecido que ...el límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato...
En este sentido, el fallo N° 241 del 30 de abril de 2002, caso: Arturo Pacheco Iglesia y otros c/ Inversiones Pancho Villas, C.A., expediente N°: 00-376, estableció lo siguiente:
La Sala considera que los jueces de instancia están facultados para establecer la calificación jurídica que consideren apropiada a las relaciones contractuales existentes en los juicios en los que están llamados a conocer, con independencia de la calificación que al respecto hubieren hecho las partes, siempre y cuando no distorsionen los hechos que hubieren sido alegados por ellas. Así, la calificación jurídica de una determinada relación contractual constituye un pronunciamiento de derecho, sólo cuestionable a través de la correspondiente denuncia de fondo, que le es dable al juez como consecuencia del principio iura novit curia
De igual forma se sentenció en fallo N° 57 del fecha 27 de febrero de 2003, caso: Manuel Rocha Pita c/ Quirino José Montaggioni Ortiz, Expediente N°: 02-072, en el que se estableció:
El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, establece:
...En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe...
El anterior precepto normativo le atribuye a los jueces de instancia la interpretación de los contratos, quienes realizan la labor de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos. Los Tribunales del fondo son los únicos que pueden establecer lo que cada una de las partes ha dado o prometido, el alcance y extensión de las respectivas prestaciones y hasta las consecuencias que pudieron ser previstas al tiempo de celebrar el convenio. En consecuencia, la interpretación de los contratos es materia reservada a los jueces de instancia, de la cual, sólo puede conocer esta Sala, cuando se denuncie la comisión por el Juez de una suposición falsa o un error en la calificación del contrato; motivo por el cual las conclusiones que aquéllos sostengan en ese campo, escapan a la censura de casación, salvo que se alegue alguna de las situaciones excepcionales en que esta Suprema Instancia, pueda extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos o al fondo de la controversia.
De los anteriores criterios jurisprudenciales se desprende que si bien los jueces de instancia son los facultados para interpretar y calificar los contratos, tal actividad no puede, de ninguna manera, distorsionar los hechos que hubieren sido alegados por ellas, pues su labor es la de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos, y en caso de incurrir en tal infracción, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estará facultada previo cumplimiento de los requisitos necesarios del escrito de formalización-, para descender a las actas del expediente y conocer los errores de hecho al juzgar los hechos en que hubiese incurrido el juez de alzada.
En este caso, el formalizante enfocó su denuncia a través de la figura de la tergiversación intelectual, que sería la única forma posible de hacerlo. Pues no hay otra, dado que lo que se combate es precisamente la delicada tarea del juez superior que hilando fino descontextualizó la palabra acreencia, le suprimió el peso específico y la transformó en una frase hueca, sin fuerza jurídica.
Se está aseverando, como lo constató la Sala de la lectura del acta de asamblea que contiene el contrato y del fallo recurrido antes transcrito, la desviación intelectual, no una suposición falsa en sentido estricto. Sólo que la doctrina de la Sala exige pedir prestado en sentido analógico el primer caso de suposición falsa, pero no para combatir un hecho sino realmente un ejercicio intelectual producto de múltiples razonamientos del juez. Lógicamente no se combate un hecho puro y simple, sino el razonamiento final de la recurrida producto del travisamento italiano, o la desnaturalización por desviación intelectual o ideológica y el mal juge de la doctrina francesa, como ya se explicó en este fallo.
Y esto no es otra cosa, que atacar la conclusión del juez. El criterio de combatir el hecho y no la conclusión jurídica está bien para la denuncia de suposición falsa estrictu sensu, pero no para la denuncia por desviación intelectual, pues, allí nunca se controlarían hechos sino conclusiones jurídicas inexactas. No se puede exigir en la denuncia de desviación intelectual que sólo se combata un hecho puro y simple, por cuanto ello es imposible.
En este caso, como ya se explicó el juez de la recurrida con su forma de proceder y en un esfuerzo por disminuir el peso específico de la palabra acreencia, tratando de diluirlo e interpretarlo como cualquier cosa, concluyó que el ciudadano Vicente Emilio Capriles, parte demandante, en su calidad de socio, entregó a la sociedad mercantil Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., parte demandada, la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 243.515,00), como un simple aporte a cambio de nada, lo cual constituye un clásico caso de tergiversación intelectual o desnaturalización conceptual por desviación ideológica de los términos del contrato, y apartándose de esta manera de la intención de los contratantes, derivado de un erróneo análisis del acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., distorsionando el vocablo acreencia y estableció que era un aporte. Así se declara.
Por las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Civil, declara con lugar la presente denuncia de suposición falsa del primer tipo por desviación ideológica o intelectual en la interpretación del contrato. Así se establece.
En consideración a todos los fundamentos precedentemente expuestos, esta Sala declara la improcedencia de la denuncia por incongruencia negativa del fallo, por no haber incurrido la recurrida en el vicio delatado. Así se decide.
-VI-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243, ordinal 6° eiusdem, por indeterminación objetiva y ser condicional, así como alegó el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso y la violación de los artículos 249 y 556 ibídem.
Expresa el formalizante lo que a continuación se transcribe:
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 6° ejusdem, en la parcialidad del fallo que recayó sobre la indexación de las sumas condenadas a pagar por mi representada, por haberse incurrido en el vicio de indeterminación objetiva y ser condicional. Se denuncia asimismo el quebrantamiento de formas esenciales del proceso y la violación del artículo 249 del citado código procesal.
En efecto, la sentencia cuestionada en casación determinó en cuanto a la indexación de las cantidades condenada (sic) a pagar a mi representada lo que de seguidas se refiere textualmente (folio 361): ( ).
La condicionalidad e indeterminación que le imputamos a la recurrida, se materializa al determinar el juez superior que la indexación se compute desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia. Este último momento, es decir, la fecha de ejecución de la sentencia, es un acontecimiento futuro e incierto, que no se sabe cuándo tendrá lugar, o si incluso llegará a verificarse. Esto configura una indeterminación en el objeto sobre el cual recayó la condena, pues no están establecidos con certeza los parámetros temporales de la indexación, ya que el día hasta el cual deberá calcularse, no está claramente establecido y no puede conocerse, lo cual pone en evidencia la indeterminación del objeto de la sentencia, y es por lo tanto, violatorio del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil denunciado como infringido.
Por otro lado, este pronunciamiento hace condicional la sentencia, pues se sujeta la liquidación de la indexación a la data de ejecución de la sentencia, a un acontecimiento futuro e incierto como ya dijimos, condición que inclusive pudiera no tener lugar. Resulta evidente que llegado el momento de ejecución de la sentencia, previamente habría de estar liquidada la indexación, pero ello no sería posible puesto que, para ceñirse al dispositivo del fallo, el cómputo de la indexación, debe hacerse hasta la fecha de ejecución. La fijación del último día del cálculo constituido por la data de ejecución de la sentencia se convierte en una condición imposible, de suerte que hace al fallo inejecutable, y en consecuencia lo infecta de nulidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.
Pero los vicios de los cuales adolece esta parte de la decisión donde se condena la indexación, va mas allá de los anteriormente denunciados y son aún de mayor gravedad.
Volvamos al dispositivo transcrito: el juez superior acordó la indexación por un solo perito del monto determinado por los retasadores. De lo cual se tiene que delegó su función jurisdiccional de determinar la liquidación de lo condenado, ni siquiera en los jueces retasadores (que tampoco hubiera sido correcto) sino en un tercero extraño (un perito), con lo cual no solo incumplió el deber de dictar una decisión expresa de acuerdo al artículo 243 del ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, sino además quebrantó formas esenciales del proceso, como lo son las contenidas en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil que establece: ( ).
Conforme a este último artículo, en todo caso de condenatoria en que el juez no pudiere hacer la liquidación con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito, se deberá ordenar que dicha estimación la hagan peritos de acuerdo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del Código de Procedimiento Civil; es decir, el juez debe (imperativo) ordenar, la realización de una experticia complementaria del fallo.
La sentencia no puede tener sobreentendidos; por eso la mención de la recurrida de que la indexación se calculará por un solo perito, no podrá jamás entenderse como la orden a que se contrae el artículo 249 antes citado de efectuar una experticia complementaria del fallo.
Tanto el artículo 249 aludido, como los artículos 556 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, (que a la sazón son los que establecen el procedimiento de cómo se llevará a cabo la experticia para liquidar la condena), destacan expresamente que la experticia complementaria del fallo, será realizada por peritos, no por uno solo. La utilización del plural no deja lugar a dudas, lo que se ratifica en el artículo 556 referido, que dispone que son tres los peritos a quienes se encargará de realización (sic) de la experticia, y cuyo nombramiento corresponde a las partes del juicio, y solo en caso de inasistencia o desacuerdo, es que podrá el juez efectuar la designación.
Como quiera que la experticia que se haga para la liquidación de la condena es parte integrante de la sentencia, y por eso se denomina complementaria del fallo, la orden para su realización debe constar en forma precisa, clara, expresa. Así, cuando el juez, imposibilitado por él mismo de hacer la liquidación por requerir de conocimientos especiales que no posee, omite (sic) la orden de efectuar la experticia complementaria y delega como en el caso de autos, en una persona ajena al proceso la función jurisdiccional, no sólo incumple en el dispositivo inserto en el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil como ya dijimos, sino que además viola normas esenciales de orden público como lo son las contenidas en el artículo 249 y 556 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando la liquidación de la condena no pueda hacerla el juez, deba ordenar que la estimen peritos.
Omissis
Como ya dejáramos asentado, no solo es la omisión de la orden de practicar la experticia complementaria del fallo, sino de la delegación de la potestad sentenciadora del a quem que configura el quebrantamiento de normas de orden público, pues en ningún caso puede el juez desprenderse de su potestad jurisdiccional y encomendarla a un tercero, en el número que sea, que no estén investidos de la potestad de sentenciar... (Cursivas del texto).
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante, fundamentado en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 6° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de indeterminación objetiva y ser condicional, y que también incurrió en quebrantamiento de formas sustanciales del proceso por la violación de los artículos 249 y 556 ibídem.
Señaló el formalizante, que el ad quem en su fallo incurrió en indeterminación objetiva y ser la misma condicional, al señalar que la indexación se debe computar desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia.
Adujo el formalizante, que la fecha de ejecución de la sentencia es un acontecimiento futuro e incierto, que no se sabe cuándo tendrá lugar o cuándo podrá verificarse, configurándose una indeterminación en el objeto sobre el cual recayó la condena, pues no están establecidos con certeza los parámetros temporales de la indexación.
También señaló el formalizante, que el ad quem quebrantó formas sustanciales del proceso contenidas en el artículo 249 y 556 del Código de Procedimiento Civil, que establecen el procedimiento de cómo se llevará a cabo la experticia complementaria del fallo, la cual debería ser realizada por tres (3) peritos y no por uno (1) solo como fue ordenado, ya que la utilización del plural no deja lugar a dudas, que lo señalado por el señalado artículo 556, que son tres los peritos a quienes se encargará la realización de la experticia y cuyo nombramiento corresponde a las partes del juicio.
Establecido lo anterior, la Sala observa que el recurrente comete el error de articular en una misma denuncia dos vicios por defecto de actividad, el de indeterminación objetiva y ser condicional, aunado al de quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, y en uso de su facultad pedagógica, considera oportuno señalar la técnica adecuada para la correcta formalización ante esta suprema jurisdicción, la cual se encuentra reiterada -entre otras- en sentencia Nº 274 de fecha 31 de mayo de 2005, expediente Nº 05-040, y en sentencia RC-428 de fecha 15 de junio de 2012, expediente N° 11-434, que indican lo siguiente:
...Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 31 de octubre de 2000, caso Luís Eduardo León Parada contra Ángel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, sentencia N° 346, ( ) y en la cual dejó establecido, lo siguiente:
En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas . (Resaltado de la Sala).
En atención a la jurisprudencia precedentemente transcrita, aplicable al caso de autos al ser interpuesta la demanda en fecha 7 de marzo de 2002, al evidenciarse que el formalizante en casación quebrantó su obligación de cumplir con la técnica requerida para acudir ante esta sede casacional, ya que en una misma delación mezcló o enlazó indebidamente dos denuncias por defecto de actividad, la de indeterminación objetiva y la de quebrantamiento de formas esenciales en el proceso, las cuales deben ser delatadas de manera separada o individual, tal como lo exige la correcta técnica de formalización por tratarse de diferentes vicios de actividad incurridos por el juez en la elaboración de su sentencia.
No obstante a lo anterior, esta Sala de conformidad con los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran el acceso a la justicia y no sacrificarla por omisiones de formalidades no esenciales, aplicando un criterio flexible del mencionado precepto normativo, pasará a conocer ambas denuncias por separado aun cuando la misma carezca de la correcta técnica para la fundamentación de la presente denuncia.
Ahora bien, respecto al primera parte de la delación, el recurrente en casación delató que el fallo del ad quem adolece de indeterminación objetiva y ser la misma condicional, por haber establecido que la indexación condenada al pago se debe computar desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia.
En atención a lo anterior, la Sala en el análisis de la presente delación evidenció que el formalizante en casación lo que pretende acusar es su disconformidad por lo decidido por el ad quem, cuando estableció los parámetros iniciales para que sea calculada la indexación judicial, argumentos estos propios de una delación del vicio de incongruencia positiva en su modalidad de ultrapetita y no del vicio de indeterminación objetiva y ser la misma condicionada, tal y como fue planteado en su escrito de formalización, por lo que la presente denuncia será conocida de acuerdo con el mencionado vicio que ocasiona la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y no al vicio acusado por el recurrente en casación.
Establecido lo anterior, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo emanado de la alzada a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, el cual señaló lo siguiente:
QUINTO: De igual forma, la parte actora solicitó la corrección monetaria del monto de Bs. 15.955.279,76 desde la fecha en que se causaron los honorarios, es decir, desde (la data) la sentencia del recurso de nulidad para el cual fue contratada la actora (13 de agosto de 1999) hasta el momento en que se dicte sentencia.
Sin embargo, luego de ser analizada la petición de indexación, esta Alzada observa que siendo la inflación un hecho notorio no sujeto a prueba, de conformidad con el aparte único del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, a lo que se aúna la circunstancia de que lo demandado es una deuda de valor (pago de honorarios), la misma procede, pero a partir de la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, como bien lo estableció este mismo Juzgado en un caso anterior en fecha 07-08-2000 (sic) (caso: Ana María Rincón Fornoza Vs. (sic) Gelsomino Sista Ciccone), que fue analizado por sentencia Nº 274 de fecha 31 de mayo de 2002 (Exp. N° 00-800) de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció: ( ).
De manera que, tomando en consideración el precitado criterio, la indexación deberá recaer sobre la cantidad que sea condenada por el Tribunal de Retasa, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la ejecución de la sentencia y será calculada por un solo perito, quien deberá considerar los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela durante el referido período.
Omissis
VII
DE LA DECISION
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia:
Omissis
TERCERO: Se CONDENA a la parte demandada al pago de los Honorarios Profesionales que establecerán los retasadores. Asimismo, se acuerda la indexación por un solo perito del monto determinado por los retasadores, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la data de ejecución de la sentencia como se calculaba para la época, para lo cual deben considerarse los índices inflacionarios (mes por mes) establecidos por el Banco Central de Venezuela.
CUARTO: Se ORDENA al Tribunal de la Causa que en la oportunidad legal que corresponda provea todo lo conducente a la constitución, designación y demás actos de los jueces retasadores (Mayúsculas y resaltado del texto).
De acuerdo a lo antes transcrito, el ad quem ciertamente condenó el pago de la indexación solicitada por la intimante, y ordenó que la misma fuese calculada desde la fecha de admisión de la demanda, acaecida en fecha 20 de marzo de 2.002, hasta la fecha en que se realice la ejecución de la sentencia.
Ahora bien, respecto a los parámetros que ha de utilizar el juez para el cálculo de la indexación judicial, la Sala mediante sentencia N° RC-288 de fecha 3 de mayo de 2016, caso de Jesús Romero Guiliany, contra Mapfre La Seguridad C.A. de Seguros, expediente N° 2015-706, señaló lo que a continuación se transcribe:
En armonía con los criterios jurisprudenciales sostenidos en favor del principio de la ejecución de la sentencia, considera la Sala que casar el fallo, aunque el mismo adolezca del vicio que le es endilgado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, imposibilite la prosecución del mismo en aras del principio de la tutela judicial eficaz así como que no debe sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades, y en beneficio del principio pro actione el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución.
Por tanto, en aplicación de tales principios que finalmente buscan con su implementación la realización de la justicia con el menor agravio posible, en este caso para la parte que ha resultado gananciosa, esta Sala considera procedente establecer que el cálculo de la indexación acordada a la cual deberán ajustarse los expertos deberá tener como referencia la fecha de la interposición de la demanda, es decir, el 7 de noviembre de 2.006. Así se establece.
Por lo demás, no puede la Sala pasar por inadvertido errores como el detectado en el sub iudice, que van en desmedro de la obligación de administrar de justicia en el menor tiempo posible; por lo que se hace necesario advertir a los jueces el cuido que deben observar en la oportunidad de hacer la fijación de tales parámetros, pues ello genera, sin duda, un perjuicio para las partes en cuanto a la firmeza de las decisiones y en consecuencia para la ejecución de las mismas, produciéndose un retardo injustificado que desdice de su labor jurisdiccional.
En consecuencia se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide . (Resaltado de la Sala).
De acuerdo a lo antes transcrito, se tiene que de acuerdo con los criterios jurisprudenciales a favor del principio de la ejecución de la sentencia, se considera que casar el fallo aun cuando este inficionado del vicio delatado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito.
Ahora bien, respecto a lo referido por el recurrente en casación, ciertamente, el ad quem en su fallo incurrió en el error de establecer como parámetro final para el cálculo de la indexación judicial condenada al pago, la fecha en la cual ha de ser ejecutada la sentencia, lo cual de acuerdo a la pacífica y constante jurisprudencia de la Sala, se ha determinado que la misma a de contabilizarse como parámetro final la fecha en la cual el juez declare mediante auto expreso que la sentencia se encuentra definitivamente firme.
Así pues, en atención al criterio jurisprudencial antes transcrito, el cual es perfectamente aplicable a la situación surgida en el presente juicio, pues, tales principios persiguen la realización de la justicia con el menor agravio posible, en este caso para la demandante que ha resultado gananciosa, esta Sala considera procedente establecer que para el cálculo de la indexación judicial acordada por el ad quem, los expertos deberán tener como parámetro inicial de referencia la fecha en la cual fue admitida la demanda incoada, la cual acaeció el día 20 de marzo de 2002, y como parámetro final indispensable para dicho cálculo, la fecha del auto que declare que la sentencia se encuentra definitivamente firme. Así se decide.
Finalmente se exhorta al jurisdicente de alzada, la respectiva observancia y cuidado al momento de fijar la oportunidad en la cual hará la fijación de los parámetros iniciales y finales para acordar el cálculo de la indexación judicial, pues lo contrario, le acarrea un perjuicio a las partes procesales en cuanto a la firmeza del fallo y en la ejecución del mismo, que trae como consecuencia, un retardo procesal a todas luces injustificado, contrario a los principios constitucionales que propugnan una justicia eficaz, transparente y sin dilaciones.
En consecuencia de lo anterior, se declara la improcedencia de la presente denuncia por supuesta incongruencia positiva en su modalidad de ultrapetita. Así se decide.
Ahora bien, respecto a la segunda parte de la delación por supuesto quebrantamiento de formas esenciales del proceso incurrido por el ad quem, el recurrente delató los artículos 249 y 556 del Código de Procedimiento Civil, señalando que establecen el procedimiento de cómo se llevará a cabo la experticia complementaria del fallo, la cual debería ser realizada por tres (3) peritos y no por uno (1) solo tal como lo ordenó el ad quem en su fallo, ya que la utilización del plural no deja lugar a dudas, que lo ordenado por el mencionado artículo 556, son tres (3) los peritos a quienes se les encargará la realización de la experticia y cuyo nombramiento corresponde a las partes del juicio.
Ahora bien, el vicio por quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales del proceso que menoscaban el derecho de defensa por acción u omisión del juez, sucede cuando se conceden preferencias, se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella, en perjuicio de una de las partes.
Asimismo, se considera vulnerado el mencionado derecho a la defensa, si el juez no provee en tiempo hábil las peticiones de alguna de las partes en perjuicio de la otra; en general, cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos, rompiendo así el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante. (Cfr. Sentencia Nº 736, de fecha 10 de diciembre de 2009, caso de Toyama Maquinarias, S.A. contra Apca Mantenimiento y Servicios, C.A.).
Así pues, a fin de verificar lo denunciado por el recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, en el cual expresamente se señaló lo siguiente:
QUINTO: De igual forma, la parte actora solicitó la corrección monetaria del monto de Bs. 15.955.279,76 desde la fecha en que se causaron los honorarios, es decir, desde (la data) la sentencia del recurso de nulidad para el cual fue contratada la actora (13 de agosto de 1999) hasta el momento en que se dicte sentencia.
Omissis
De manera que, tomando en consideración el precitado criterio, la indexación deberá recaer sobre la cantidad que sea condenada por el Tribunal de Retasa, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la ejecución de la sentencia y será calculada por un solo perito, quien deberá considerar los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela durante el referido período.
Omissis
VII
DE LA DECISION
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia:
Omissis
TERCERO: Se CONDENA a la parte demandada al pago de los Honorarios Profesionales que establecerán los retasadores. Asimismo, se acuerda la indexación por un solo perito del monto determinado por los retasadores, desde la fecha de admisión de la demanda (20/03/2002) (sic) hasta la data de ejecución de la sentencia como se calculaba para la época, para lo cual deben considerarse los índices inflacionarios (mes por mes) establecidos por el Banco Central de Venezuela (Mayúsculas del texto, resaltado de la Sala).
De acuerdo a la sentencia antes transcrita, se tiene que el ad quem en su fallo ordenó que el cálculo de la indexación judicial sea efectuado por un (1) solo perito del monto determinado por los retasadores, para lo cual, se debe considerar los índices inflacionarios (mes por mes) establecidos por el Banco Central de Venezuela.
Establecido lo anterior, la Sala considera pertinente transcribir los artículos 249 y 556 del Código de Procedimiento Civil, delatados por el recurrente como infringidos, que señalan expresamente lo siguiente:
Artículo 249.- En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.
En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.
En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá apelación libremente.
Artículo 556.- Después de efectuado el embargo se procederá al justiprecio de las cosas embargadas, por peritos que se nombrarán uno por cada parte, asociados a un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por inasistencia o desacuerdo en su designación, designará el Tribunal. Las partes al designar su perito consignarán en el mismo acto una declaración escrita del designado firmada por éste, manifestando que aceptará la elección. En caso de no consignar la parte la manifestación a que se refiere el presente artículo, el nombramiento lo efectuará el Juez en el mismo acto.
Para ser perito avaluador se requiere residir en el lugar donde estén situados los bienes y poseer conocimientos prácticos de las características, calidad y precios de las cosas que serán objeto del justiprecio.
Si hubiese cosa de especie y naturaleza diferentes se harán tantos peritajes como sean necesarios, determinando el Tribunal los que deban ejecutarse separadamente.
La recusación contra los peritos deberá proponerse el mismo día de su nombramiento o en los dos días subsiguientes. Propuesta ésta, el perito, o la parte que lo nombró, consignará, dentro de los tres días siguientes a la proposición de la recusación, las razones que tenga que invocar contra ella, y la incidencia de recusación quedará abierta a pruebas por ocho días decidiendo el Juez al noveno. Si la recusación fuere declarada con lugar el Juez en la decisión que pronuncie al respecto nombrará el nuevo perito que sustituirá al recusado.
Ahora bien, como antes se señaló, el recurrente delató que el ad quem incurrió en el vicio de quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso, por haber nombrado a un (1) solo perito para que calculase el monto de la indexación judicial a la que fue condenada a pagar la demandada.
No obstante, la Sala estima que el nombramiento de un (1) solo perito para que efectúe la señalada contabilidad de la indexación judicial condenada al pago, en nada le afecta sus derechos, ni el juez de alzada le vulneró su legítimo derecho a la defensa, ni le impidió el ejercicio de recurso alguno, pues en el supuesto caso, que la demandada se encuentre inconforme por los resultados contables que el perito emita en su experticia, tiene a su disposición los recursos procesales pertinentes para ejercerlos y realizar los reclamos de los posibles errores incurridos por el perito en el cálculo efectuado.
Por otro lado, la Sala estima necesario indicar al formalizante que el delatado artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, en lo absoluto aplica para la solución del presente asunto, ya que el mismo, está destinado para la oportunidad de la designación de los peritos en los casos de contabilidad del justiprecio de las cosas embargadas, en el cual, es procedente la designación de tres (3) peritos que se nombraran uno por cada parte, asociados a un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por inasistencia o desacuerdo en su designación, lo designará el tribunal, tal como lo señala el referido artículo.
En consecuencia de lo anterior, la Sala declara la improcedencia de la denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso efectuada por el recurrente en casación. Así se decide.
RECURSO DE CASACIÓN
POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 320 eiusdem, se delató la falta de aplicación de los artículos 509 ibídem y 1.384 del Código Civil, así como la errónea interpretación del artículo 1.969 eiusdem, así como la violación de manera directa del artículo 273 Código de Procedimiento Civil.
Expresamente el recurrente señala, lo que a continuación se transcribe:
Al amparo del artículo 313, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, denuncio la violación del artículo 509 ibídem, por falta de aplicación, así como la violación directa del artículo 273 del mismo código procesal, y la infracción de los artículos 1.384 y 1.969 del Código Civil, estos últimos por falta de aplicación y errónea interpretación, respectivamente.
En la contestación de la demanda, mi mandate alegó la prescripción de la acción intentada, en razón de que desde el día 13 de agosto de 1999, fecha en la cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital dictó sentencia en el recurso de nulidad propuesto contra la resolución N° 787 que fijó el canon de arrendamiento del Edificio Tamanaco, (y que según el convenio de honorarios era el punto de partida para exigir el cobro de los honorarios), hasta la fecha en que mi representada acudió al presente juicio, esto es, el día 9 de jun/io de 2003, trascurrió con creces el lapso previsto en el artículo 1.982, ordinal 2° del Código Civil, que consagra la prescripción bianual para el cobro de honorarios de abogado.
En cuanto a la defensa de prescripción opuesta, la recurrida (folio 337) expresó:
Sin embargo, el artículo 1967 ejusdem estipula que la prescripción se interrumpe de dos formas: naturalmente y civilmente.
Con respecto a la interrupción civil, el artículo 1.969 del Código Civil establece lo siguiente: (...omissis...) (sic).
De modo que se deprende de la citada norma que la prescripción se interrumpe civilmente con la interposición de la demanda judicial, aun que se haga ante un juez incompetente, y ésta deberá ser registrada en la oficina correspondiente antes de expirar el lapso de prescripción, a menos que se hubiese realizado la citación.
En el caso sub-examine, se evidencia que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17-01-2000 (folio 6) admitió la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios presentada por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA, actuando en su propio nombre j representación, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D (parte accionada), quien dio contestación a la misma el 03-07-2000 (Folios 7 al 9), lo que permite colegir su citación, por lo que se considera (sic) en esa oportunidad se interrumpió la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada, lapso que había nacido el día 13 de agosto de 1999 con la sentencia dictada por dicho juzgado (Folios 21 al 25) ( ). (sic)
Posteriormente, a través de sentencia del 30-04-2001 (folios 29 al 32) el señalado Juzgado declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta, por no corresponder con la acción a proceder ni el procedimiento a seguir conforme a la ley. Dicha decisión quedó firme por auto fechado el día 20-11-2001 (folio 120), desde allí es que comenzó nuevamente a computarse el lapso de prescripción de la obligación de pagar honorarios, desde el momento en que el fallo es declarado definitivamente firme.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se observa que la citación del demandado para el presente proceso de cumplimiento de contrato de honorarios, se efectuó el día 09-06-2003 (folio 70), fecha en que compareció ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas el ciudadano Walter Romanelli, en su carácter de Administrador de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D C.A. (parte demandada), es decir, desde el 20-11-2001 hasta el 09-06-2003, no transcurrieron los dos (2) años Civil, que para que procediera la prescripción alegada por el demandado, conforme a lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 1982 del Código Civil, por lo que, lo procedente es, desestimar la denuncia de prescripción formulada por la accionada, por cuanto se evidencia que no transcurrió el tiempo establecido por nuestro legislador para que operase la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada. Así se decide
Ahora bien, a lo fines de evidenciar la violación de las normas denunciadas aquí como violadas, es menester analizar en primer término la naturaleza de sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo en fecha 30 de abril de 2001 en el procedimiento que por intimación de honorarios intentara la ciudadana Analina Belisario Hergueta en contra de Constructora F y D C.A., proceso de cuyo auto de firmeza fechado 20 de noviembre de 2001 establece la recurrida el punto de partida para contar el lapso de prescripción.
Puede leerse al folio 335 de la impugnada, lo siguiente:
En efecto, de la revisión exhaustiva de los autos, observa esta Alzada que la sentencia proferida el 30 de abril de 2001 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, instituyó lo siguiente:
(...) establece el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil que los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el considere idóneas para lograr los fines del mismo, y estando prevista en la Ley el procedimiento a seguir, no podía la parte ejercer una acción distinta, ni accionar por una vía procesal diferente a la prevista y máxime cuando su pretensión sea (sic) fundamentó en un contrato de honorarios pactados entre las partes, pues al existir regla legal expresa no cabe fijar un procedimiento diferente, como erróneamente se hizo y accionó la actora, siendo por tanto procedente su acción si lo hubiera ejercido ante un Tribunal Civil competente por la cuantía y tramitándose el procedimiento por la vía del juicio breve, ya que estando pautado en la Ley de Abogados un procedimiento especial para el cobro de honorarios profesionales, no podía la parte, ni el Tribunal aplicar un procedimiento por intimación, considerando que estaban dados los supuestos de su aplicación y así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones este Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrado Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE, al demanda interpuesta por no corresponde con la acción a ejercer ni el procedimiento a seguir conforme a la Ley (...) Folio 31.
(...omissis...)
De modo que, de conformidad con el contenido de la mencionada decisión definitiva (que no alcanza al juicio de mérito), nacida de una Estimación e Intimación de Honorarios, fue que se interpuso la acción de Cumplimiento de Contrato de Honorarios, independientemente de que se comparta o no el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, pero debe acatarse por tratarse de una sentencia definitivamente firme que vinculo a las partes quienes no la recurrieron,
De ahí que no existiendo un pronunciamiento que conllevara al análisis de los medios de prueba y defesas esgrimidas en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios profesionales incoado por la abogada ANA LINA BELISARIO HERGUETA (intimante) contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F Y D, C.A., de acuerdo con la precitada sentencia de fecha 30 de abril de 2001; en tanto que la acción aquí interpuesta es de Cumplimiento de Contrato de Honorarios, es decir, diferente a la primera, no se configuran los tres elementos necesarios para que opere una verdadera cosa juzgada, debiendo desecharse la referida denuncia de la parte demandada.
Entonces, como bien se advirtió en esta parte de la sentencia de la alzada, la decisión pronunciada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 30 de abril de 2001, construyó un pronunciamiento de inadmisibilidad de la demanda (no obstante que señalara en su dispositivo que la acción era improcedente), toda vez que no entró el juez a conocer el mérito de la causa, lo que resumidas cuentas no fue otra cosa que el desechar la demanda ante la existencia de una prohibición expresa de la ley de admitir la acción propuesta y declarar su inadmisibilidad, aún cuando se había concluido la sustanciación del juicio.
La posibilidad de que el juez pueda decretar la inadmisibilidad de la acción en cualquier estado y grado de la causa, tiene su razón en cuestiones de orden público. Ante la falta de los presupuestos procesales indispensables de la acción intentada, y la competencia funcional ciertamente lo es, al juez no le es dable fallar en cuanto al fondo.
Así lo ha asentado esta Sala de Casación Civil en decisión de fecha 20 de diciembre de 2000, caso Reinaldo Antonio Simoes Gómez contra Nancy Barakas y Asociados C.A. y otro, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez:
En este sentido, por una parte, la Inadmisibilidad entiende, que la jurisdicción encontró un presupuesto legal para rechazar la acción, sin necesidad de comprobar y resolver los alegatos y defensas, esgrimidas sobre fondo o mérito del litigio, mientras que la declaratoria sin lugar, presupone la sustanciación y análisis del asunto, para concluir en la procedencia de la acción, con la consecuencia inmediata de la prohibición de volver a intentar la acción. Con la inadmisibilidad podría caber la posibilidad de volver a interponer la acción, dependiendo de las razones que determinaron la misma, en tanto que con el sin lugar surgiría el efecto de la cosa juzgada.
Con vista a este criterio, podemos afirmar sin duda alguna, que aun cuando la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2001 declaró improcedente la demanda, el pronunciamiento fue de inadmisibilidad, pues se repite, el juez no pudo entrar a conocer el fondo del asunto, ya que detectó que se encontraba ante una acción erróneamente propuesta la por la demandante Analina Belisario Hergueta, y no podía fallar al fondo por la ausencia de los presupuestos procesales de la acción.
En apoyo a lo que aquí dicho, traemos a colación la decisión N° 774 de la Sala a Constitucional de fecha 18 de mayo de 2001 en la cual se asentó lo siguiente:
(...) Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional e inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión.
En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción.
La acción está sujeta a una serie de requisitos de existencia y validez que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de principios generales del derecho.
En sentido general, la acción es inadmisible:
1. Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil. (subrayado de este formalización (sic))
Por ello insistimos en que fue la inadmisibilidad de la demanda (acción) y no su improcedencia lo que declaró el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo en aquél procedimiento de intimación y estimación de honorarios , erróneamente incoado por la actora, puesto que tal como lo tiene asentado la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, la improcedencia atiende a una decisión que se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, la declaratoria o no con lugar de la demanda. Sobre la diferenciación entre ambos términos se ha dicho:
...En cuanto a la admisibilidad de la pretensión, merecer (sic) recordarse que ésta se encuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten su tramitación, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que in limine listis-impiden la continuación del proceso.
Ahora bien, la procedencia de la pretensión, equivalente a la expresión con lugar, es propia de un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente referida el mérito del asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. Caso contrario, el tribunal declarará sin lugar o improcedente la pretensión, pero en principio- luego de haber sustanciado el proceso. (Sentencia de la Sala Constitucional N° 453 de 28 de febrero de 2003, caso: Expresos Camargui).
Ciertamente si la acción (demanda) intentada en el primigenio procedimiento de estimación e intimación de honorarios en fecha 30 de abril de 2001, fue declarada inadmisible por falta de los presupuestos indispensables para que el proceso se constituyera válidamente, el efecto, de suyo, fue la extinción del proceso. La observancia del procedimientos materia de orden público lo cual acarrea la nulidad del acto contrario a ese principio (Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 13 de fecha 23 de febrero de 2001). Por ello, una demanda improcedente por no corresponder con la acción ni el procedimiento a seguir conforme a la Ley como textualmente se estableció en la mencionada sentencia de 30 de abril de 2001 y también en la recurrida, derivó en una acción inexistente, y los actos realizados en ese proceso que se reputa extinguido no pueden producir efecto jurídico alguno, ni siquiera el libelo de la demanda, ya que al carecer de los presupuesto esenciales, el proceso mismo carece de existencia jurídica. Al decir de Couture, ( ).
En razón de todo esto es lógico y pertinente concluir que absolutamente todas las actuaciones efectuadas en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios propuesto en forma incidental por la ciudadana Analina Belisario Hergueta ante el Juzgado , Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en el expediente relativo al recurso de nulidad de la Resolución N° 787 que fijó el canon de arrendamiento del edificio Tamanaco, y en específico, la intimación de mi representada para ese juicio, es como si nunca se hubiera practicado, pues cuando el proceso se extingue, por una ficción jurídica hace ineficaz la demanda presentada así como los actos de procedimiento realizados (Sentencia 01-113 de 10 de diciembre de 2001 de esta Sala de Casación Civil).
De manera que, con vista a las anteriores consideraciones, podemos concluir, que el juez de alzada interpretó indebidamente el dispositivo inserto en el artículo 1.969 del Código de Procedimiento Civil, que establece que: La prescripción se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, para lo cual deberá registrarse en la Oficina correspondiente antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso, al darle efectos jurídicos a la citación judicial practicada en aquel proceso como interruptiva de la prescripción, estableciendo además que el lapso de prescripción estuvo suspendido por efecto de aquel juicio hasta su declaratoria de firmeza mediante el auto de fecha 21 de noviembre de 2001, con lo cual violó asimismo el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil.
Si en los casos de perención y desistimiento, como lo dispone el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se destruye todo 1 actuado debido a la inercia del demandante y se estatuye ello como una sanción a su conducta remisa de no impulsar el procedimiento, tanto más en el caso de una demanda a la que no se le da entrada, cuando ni siquiera puede considerarse que hubo una acción válida propuesta, puesto que la acción, en definitiva no nació y no surtió efecto alguno. Así lo ha asentado esta Sala en sentencia de 21 de julio de 2009, caso Tulio Colmenares Rodríguez y otros contra Ernesto Burbero Pullas, al expresar:
La inadmisibilidad de la acción deja sin efecto cualquier otro pronunciamiento respecto al procedimiento seguir por cuanto extingue el mismo.
EL Juez Superior Tercero y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital mediante a (sic) decisión de 30 de abril de 2001, claramente delató que se encontraba ante una casual (sic) de inadmisibilidad de la acción, devenida por su incompetencia funcional de acuerdo a lo previsto en la Ley de Abogados en su artículo 22 que establece que las demandas para el cobro de honorarios extrajudiciales (y los pactados mediante contrato previo al juicio de que se traten, lo son), se tramitan por la vía del procedimiento breve ante un tribunal civil competente por la cuantía, de acuerdo a lo que ha quedado establecido desde el fallo de la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Plena de fecha 27 de mayo de 1980 que anuló el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Abogados, y que si bien este vicio no fue advertido por el Juez contencioso administrativo al inicio del proceso, lo constató en la oportunidad de dictar sentencia definitiva, al ver que no estaban llenos los presupuestos esenciales de la acción, y como consecuencia de ello la demanda incoada atentaba contra el orden público; por eso mismo no falló al fondo de la causa, sino que declaró su inadmisibilidad.
Establecido entonces la naturaleza de la decisión de 30 de abril de 2001, toca analizar las consecuencias que del mismo se derivaron a los efectos de evidenciar ante esta Sala cómo el tribunal de la recurrida incurrió en la infracción de las normas que hemos do ni denunciado como violadas en el presente capítulo de la formalización.
Así, dice el juez a quem que para determinar si se está en el supuesto de interrupción de la prescripción por demanda judicial conforme al artículo 1.969 del Código Civil, que (...) se evidencia que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de ¡a Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17-01-2000 (folio 6) admitió la demanda de Estimación e Intimación de Honorario presentada por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA (...) en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D CA. (parte accionada), quien dio contestación a la misma 03-07-2000 (Folios 7 al 9,) lo que permite colegir su citación, por lo que se considera que en esa oportunidad se interrumpió la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales, lapso que había nacido el día 13 de agosto de 1999 (...). Posteriormente a través de sentencia del 30-04-2001 (folios 29 al 32) el señalado Juzgado declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta por no corresponder con la acción a proceder ni el procedimiento a seguir conforme a la ley. Dicha decisión quedó firme por auto fecha el día 20-11-2001 (fólio 120), desde allí es que comenzó nuevamente a computarse el lapso de prescripción de la obligación de pagar honorarios, desde el momento en que el fallo es declarado firme. (Resaltado y subrayado propios de la formalización)
Con vista a esta declaración, procederemos a evidenciar ante esta Sala, cómo el juez de la Alzada incurrió en el primero de los vicios delatados, esto es, silencio de prueba, para lo cual citamos lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil: ( ).
Se debe resaltar a estos efectos, que el juez de la recurrida menciona unos elementos probatorios en los cuales se apoya indicando que rielan a los folios 6, 7 al 9, 29 al 32 y 120, como si se tratara de actas propias del expediente que reflejaran una actividad posiblemente realizada ante el a quo, lo que podría permitirle esta licencia de solo indicar el folio del expediente donde puede ser consultadas. Pero como se trata de las pruebas en la que apoya su razonamiento, hay una evidente omisión en la labor de analizar y juzgarlas, con el agravante de que ni siquiera refiere de qué medios probatorios se trata, y menos aún expresa el valor probatorio que tendrían de acuerdo a la ley, lo cual nos conduce afirmar que con tal conducta el juez superior incurrió en el vicio de silencio de pruebas. No puede darse por cumplido los extremos previstos en el aludido artículo 509, con la referencia a los folios donde cursa el soporte que utiliza el juez para comprobar los hechos que da por probados en la decisión sobre la defensa previa de la prescripción que conoció y decidió como punto previo, pues ello obliga a acudir a buscarlos en el expediente, siendo ello contrario al principio de que la sentencia debe bastarse a sí misma; realmente decir que el juez menciona la prueba, es generoso, pues allí solo hay la referencia a su existencia en autos. Ni siquiera puede saberse de qué medio probatorio está derivando el juez la comprobación de los hechos. Indudablemente, que este proceder también le impidió que hacer una valoración de la prueba conforme a las disposiciones pertinentes que para cada medio de prueba consagra la ley. Lo mínimo que se exige, es que el juez señale expresamente el medio probatorio del que está hablando, pues de ahí se podrá saber si ala, cómo el además efectuó un análisis y una correcta valoración del medio de acuerdo a la ley.
No dudamos entonces en afirmar, que la conducta asumida por el juez a quem fue violatoria del citado artículo 509, con lo cual incurrió en el vicio de silencio de prueba, violación ésta que hay que concatenar con las otras infracciones ocurridas en el fallo para demostrar su incidencia en el dispositivo.
Efectivamente, la recurrida de acuerdo a las actuaciones cursantes a los folios 7 al 9 del expediente, determinó que: la actora había intentado un procedimiento de estimación e intimación de honorarios ante el Juzgado Tercero Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial la Región Capital que había sido admitido en fecha 17 de enero de 2000; que mi representada había dado contestación el 3 de julio de 2000, de lo que se colegía la citación; que de los folios 29 al 32 se evidenciaba que se dictó sentencia el 30 de abril de 2001 declarando improcedente la acción por no corresponder con la acción a proceder, ni el procedimiento a seguir según la ley; y que se evidenciaba del e afirmar folio 120 que esa sentencia fue declarada firme mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2001, siendo desde allí que comenzó nuevamente a contarse el lapso de prescripción.
Ahora bien, el proceso, como un acto continuo de interrupción de la prescripción, tiene un presupuesto lógico y este es, que se trate de un proceso válido. El juez de la recurrida soslaya en su sentencia el hecho de que el procedimiento primigenio interpuesto ante el tribunal contencioso administrativo se había extinguido, como se infiere del dispositivo de la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2001.
Como ya lo hemos explicado, al haberse declarado inadmisible la demanda, el proceso de estimación e intimación de honorarios había fenecido. Por lo tanto la pretendida interrupción de la prescripción que pudo haberse verificado con la citación practicada en ese juicio, y la suspensión de la misma a partir de ese momento hasta que se dictó sentencia definitiva, quedó sin efecto. No obstante ello, el sentenciador a quem dio eficacia jurídica a las actuaciones practicadas en el proceso extinguido para interrumpir la prescripción, con lo cual violó el dispositivo del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, que establece que: La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro.
Es sabido que la cosa juzgada presente dos aspectos: el material y el formal. Y es en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil donde se establece el aspecto material de la cosa juzgada, con el mandato tanto para las partes como para los jueces, de reconocer, respetar y acatar el contenido de derecho que se dictó en ese pronunciamiento anterior. El juez de alzada, contrariando la cosa juzgada que dimanaba de la decisión de fecha 30 de abril de 2001, (que desechó la demanda por falta de los presupuesto procesales esenciales y la declaró inadmisible con la consecuencia de haber quedado extinguido el proceso, y por ende, carentes todas esas actuaciones toda eficacia, desde el libelo de la demanda, pasando por supuesto por la intimación de mi representada), dio valor jurídico dichas actuaciones, para considerar que en efecto, con la interposición de aquella demanda y la intimación que coligió se practicó, se había interrumpido el lapso de prescripción.
Como consecuencia de no haber respetado el dispositivo de la decisión de 30 de abril de 2001, el juez a quem violó asimismo por interpretación errónea, lo dispuesto en el artículo 1.969 del Código Civil, el cual establece que la prescripción se interrumpirá civilmente, en virtud de una demanda judicial que deberá registrarse en la Oficina correspondiente antes de expirar el lapso de prescripción, a menos que se haya efectuado la citación.
Si como los hemos dejado evidenciado, el dimanado de la decisión de 30 de abril de 2001, fue la de inadmisibilidad de la demanda y el proceso se extinguió, feneció, la demanda judicial de estimación e intimación de honorarios presentada ante el Juzgado sentencia Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, no existió, como tampoco existió el presupuesto indispensable que se señala en el encabezamiento del artículo 1.969 del Código Civil para interrumpir la prescripción, esto es, una demanda judicial válidamente propuesta. Y si no es válida la demanda, menos aún podría hablarse de la citación eficaz como interruptiva de la prescripción.
De esto se deriva entonces, que el juez a quem incurrió en una errónea material interpretación del artículo 1.969 del Código Civil al establecer que era a partir del auto dictado el 20 de noviembre de 2001 que declaro firme la sentencia de 30 de abril de 2001, que la prescripción comenzaba nuevamente a correr, porque si no fue eficaz las demanda incoada, tampoco los actos sucesivos realizados en base a ésta, y por tanto el auto de firmeza de fecha 21 de noviembre de 200 (sic) de una decisión que declaró extinguido el proceso, no podía considerarse como el hito para contar nuevamente el lapso de prescripción.
Por otro lado, si hubo algún efecto de suspensión de la prescripción con el procedimiento primigenio, cosa que negamos conforme a lo alegado anteriormente, efecto interruptivo y a la vez suspensivo de la prescripción, cesó con la sentencia definitiva que se dictó en fecha 30 de abril de 2001, pues la sentencia es el presupuesto de culminación judicial. El proceso se inicia con demanda escrita y termina con sentencia definitivamente firme.
Debemos destacar además, que la firmeza de un fallo no se produce con el auto que la declara firme, sino que se produce efectivamente cuando se ha verificado su irrecurribilidad. El auto que la declara firme, solo es declarativo de una situación preexistente, por lo que el punto de partida en todo caso, sería la fecha en que la sentencia es conocida y queda firme, no del auto que declara tal situación.
En el procedimiento declarado inadmisible por decisión de 30 de abril de 2001, la accionante Analina Belisario, siendo la única desfavorecida por aquella y por lo tanto la única con interés para recurrir, no lo hizo. Entonces, la firmeza de aquella sentencia no operó mediante el auto de fecha 21 de noviembre de 2001 sino que operó cuando la única parte con interés para apelar evidenció su conformidad con la decisión, cuestión que el tribunal no constató habida cuenta del silencio de pruebas en que incurrió, lo que lo llevó a decir que era a partir del auto de firmeza del fallo dictado que se volvía a computar el lapso de prescripción de la acción.
Evidenciemos lo anterior. Al libelo de la demanda la parte actora acompañó un juego de copias certificadas libradas por Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, cursante: los folios 5 al 28 de este expediente marcadas con la letra B. Dicho legajo contiene las siguientes actuaciones: libelo de demanda presentado por Analina Belisario ante el Juzgada Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo en fecha 22 de diciembre de 1999; auto de admisión dictado por el mismo tribunal en fecha 17 de enero de 2000; contestación a la demanda dada por mi representada en fecha 3 de julio de 2000; Resolución N° 787 del 28 de abril de 1998 emanada de la Dirección de Inquilinato Ministerio de Desarrollo Urbano objeto del recurso de nulidad sustanciado en expediente; y las decisiones de fechas 29 de junio de 1999 y 13 de agosto de 1999 dictadas en dicho recurso de nulidad, expediente signado con el número 2380 en la nomenclatura de ese tribunal.
Ahora bien, como también puede apreciarse de ese legajo marcado B, y como parte integrante e inescindible (sic) de dichas copias certificadas, encontramos la diligencia suscrita por la accionante para solicitar la expedición de las copias, de fecha 15 de mayo de 2001 (folio 26) en cuyo particular segundo se lee que la actora solicitó también le fueran devueltos los originales del contrato de honorarios y del instrumento poder acompañados al escrito de intimación, previa su certificación en autos. Al folio 27, encontrarnos el auto dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 18 de mayo de 2001, mediante el cual se acordó ...expedir las copias certificadas solicitadas con la inserción del presente auto y de la solicitud y la devolución de los originales solicitados previa su certificación en autos., y al folio 28, la certificación de la secretaria del juzgado en cuestión, de fecha 28 de mayo de 2001.
Estas copias debieron ser valoradas por el a quem de acuerdo al artículo 1.384 del Código Civil, que a la letra dice: Los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos, o de cualquier otro documento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes., lo que no ocurrió tal como lo dejamos sentado a comienzos de esta denuncia.
Como quiera que de acuerdo al artículo precedentemente mentado, esas copias hacen fe, debe entonces tomarse en cuenta no solo el traslado o la copia de las actuaciones de 2000;: mismas tales como el libelo de la demanda, la contestación y las decisiones de 29 de junio de 2000; de 1999 y 13 de agosto de 1999, sino también debió tomarse en cuenta lo que hacía fe de la diligencia de fecha 15 de mayo de 2001 suscrita por la actora al solicitar la devolución de los originales, que no fue otra cosa que su conformidad con la decisión dictada el 30 de abril de 2001 que declaró improcedente la demanda, puesto que si la intención hubiera sido la de alzarse contra la sentencia, los originales tendrían que haber permanecido en el expediente hasta la culminación del juicio.
De manera que es palmario de la diligencia de 15 de mayo de 2001 suscrita por la ciudadana Analina Belisario, al solicitar de la devolución de los originales acompañados a la demanda que se había declarado improcedente y la expedición de las copias certificadas de las decisiones recaídas en el recurso de nulidad (devolución de originales y expedición de copias que fueron autorizadas el 18 de mayo de 2001 y certificadas el 28 de mayo de 2001), su propósito de intentar una nueva demanda, como en efecto así lo hizo, exponiendo además de manera expresa en el libelo de demanda presentado ante el juzgado a quo el 7 de marzo de 2002, (nótese sin embargo que el libelo está fechado 30 de enero de 2002) es decir, casi un año después de dictada la decisión que declaró inadmisible el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, que intentaba la demanda de cumplimiento de contrato con vista la decisión en ese juicio, había renunciado a recurrirla desde que pidió la devolución de los recaudos necesarios para intentar el nuevo juicio.
De haber valorado de manera eficiente y completa el medio de prueba constituido por las copias certificadas contenidas en legajo marcado B, hubiera comprobado que de la diligencia efectuada por la actora en fecha 15 de mayo de 2001 (15 días después de pronunciada la sentencia), se desprendía su renuncia tácita a recurrir del dictamen. De lo cual se tiene, que la firmeza de la decisión de 30 de abril de 2001, no se configuró con el auto de fecha 21 de noviembre de 2001, sino con la conducta manifiesta de la demandante no impugnar la sentencia, ya que siendo única la desfavorecida por ella, era también la única que tenía interés para recurrirla.
Es así, que la omisión del tribunal superior de valorar en su conjunto es (sic) todas las actuaciones contenidas en el legajo de copias certificadas marcada B, influyó en el dispositivo del fallo, puesto que llevó a que se interpretara erróneamente los alcances del artículo 1.969 (sic), y se determinara que el lapso de prescripción había quedado suspendido hasta la declaratoria de firmeza de la decisión recaída en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, el 21 de noviembre de 2001, y que era a partir de ese auto, que contó nuevamente el lapso de prescripción, por lo cual el tribunal a quem igualmente determinó que desde el 21 de noviembre de 2001 hasta el 9 de junio de 2003 (fecha en que mi representa quedó citada en este juico), no había transcurrido el lapso de prescripción, y desecho la defensa opuesta.
En la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso Rafael Alcántara Van Nathan, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, al analizar la suspensión del lapso de prescripción por demanda judicial, se dijo:
(...) Cuando la prescripción se interrumpe por vía judicial (demanda judicial), una vez que el proceso marcha, ella queda indefinidamente suspendida, y mientras el proceso esté vivo y no se haya declarado su extinción, la prescripción está interrumpida, hasta que sea sentenciado. (Negrillas y subrayado de esta representación judicial).
La Sala Constitucional fue mucho más allá en la decisión de 29 de junio de junio de 2001 (caso Felipe Bravo Amado, también con ponencia del mismo Magistrado Jesús Eduardo Cabrera), pues entró a analizar la acción y los efectos de la extinción del proceso en relación a ella, y al efecto dijo:
Por lo general, lo normal, es que las normas que previenen la extinción del procedimiento, se refieran sólo a éste y no a la acción. La inactividad procesal capaz de extinguir el proceso o la instancia, a veces abarca el incumplimiento de determinados mandatos judiciales relativos a la corrección de defectos de forma, y de los cuales el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil es un buen ejemplo.
( omissis...)
Si la instancia no se ha agotado mediante sentencia de fondo, el proceso se acaba.
(...omissis...)
La extinción, por cualquier razón, del proceso en primera instancia, no perjudica ni a la acción, ni a la pretensión, ni a la excepción del demandado. El demandante puede volver a accionar la misma pretensión, y si lo hace y la causa vuelve a comenzar, las pruebas que resulten de los actos y las decisiones dictadas en el primer proceso extinto surtirán pleno efecto (artículo 270 ejusdem). Lo que pierde vigencia en el proceso extinto son los actos procesales con los que desenvolvió la causa y los fallos que con dichos actos están directamente concatenados (que no producen efectos de ningún tipo sobre la pretensión o contrapretensión, como los serían los de citación, por ejemplo).
(...omissis...)
El legislador siempre ha sido impreciso en esta materia, e inclusive lo fue en el Código de Procedimiento Civil, que distingue entre extinción simple del proceso con los efectos del artículo 271 del Código de Procedimiento Civil (artículo 354), de extinción del proceso mas demanda desechada, en los casos del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, casos que corresponden a tres supuestos de extinción de la acción (ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 ejusdem) y no del proceso. En estos supuestos el Código de Procedimiento Civil confunde acción con demanda, tal como lo hace también en el artículo 263 (desistimiento de la demanda), el cual produce cosa juzgada y por lo tanto la muerte de la acción con la pretensión que la acompaña.
Pero a pesar de esas posibles imprecisiones de léxico, ajuicio de esta Sala, la diferencia entre los efectos de la pérdida de la acción y la extinción del proceso son claros en el Código de Procedimiento Civil, ya que mientras el desistimiento de la acción, lo que conlleva a su pérdida, se convierte en cosa juzgada, el desistimiento del procedimiento y por ende la perención, solamente extingue la instancia y en principio no perjudica la acción.
(...omissis...)
Algo diferente ocurre con la acción, si ella no existía o no era viable la causa desaparece con sus instancias, pero solo si decae, la causa surte plenos efectos en las instancias que se cumplieron. La acción puede decaer cuando aun no hay sentencia de fondo en primera instancia, tal como lo apuntó esta Sala en fallo de 1° de junio de 2001, y cuando ello ocurre no podrá decidirse la pretensión o la contrapretensión, ya que la acción muere, deja de existir, y la pretensión que ella proyectaba no podrás dilucidarse mas. (Subrayado propio)
Reiteramos pues, que al estimar la recurrida que los actos realizados en el proceso de estimación e intimación de honorarios que cursó ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, y el proceso mismo, fueron aptos para interrumpir la prescripción, incurrió en una errónea interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, pues dio validez a actos desarrollados en un proceso extinto, que perdieron vigencia y que no podían producir efectos de ningún tipo.
Si el juez de la alzada, hubiera respetado el pronunciamiento emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de Región Capital de 30 de abril de 2001, de acuerdo a lo que manda el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y asimismo hubiera analizado y valorado las actuaciones producidas en copias certificadas en el legajo marcado B como le obligaba el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 1.384 del Código Civil, hubiera tenido que concluir que no hubo acto válido, apto, suficiente para interrumpir la prescripción de la obligación de pagar honorarios conforme al artículo 1.982 ejusdem, pues desde el 13 de agosto de 1999 hasta que se produjo la citación de Constructora F y D C.A. en la presente causa, el 9 de junio de 2003, habían transcurridos más de los dos años que señala el artículo señalado el último término, y por tanto, la acción se hallaba evidentemente prescrita.
En virtud de todos los razonamientos expuesto, se impone la censura de la casación a la recurrida, y así solicito a este Alto Tribunal lo declare . (Resaltado, subrayado y cursivas del texto).
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante, al amparo del artículo 313, ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, delató la falta de aplicación de los artículos 509 eiusdem y 1.384 del Código Civil, la errónea interpretación del artículo 1.969 eiusdem, así como la violación de manera directa del artículo 273 del mismo código procesal.
Sostuvo el recurrente, que el ad quem incurrió en la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al mencionar los elementos probatorios que rielan a los folios 6, 7 al 9, 29 al 32 y 120, como si se tratara de actas propias del expediente que reflejaran una actividad posiblemente realizada ante el a quo , pero al tratarse de pruebas en los que apoyó su razonamiento, omitió su labor de analizarlas y juzgarlas, con el agravante de que no refiere a qué medios probatorios se trata, ni expresa el valor probatorio que tendrían, motivo por el cual, incurrió en el vicio de silencio de pruebas.
Señaló el recurrente, que no están cumplido los extremos previstos en el aludido artículo 509, con la referencia a los folios donde cursa el soporte que utilizó el ad quem para comprobar los hechos que da por probados en la decisión sobre la defensa previa de la prescripción de la acción que decidió en punto previo, pues ello obliga a acudir a buscarlos en el cuerpo del expediente, lo cual es contrario al principio de que la sentencia debe bastarse a sí misma, y que al incurrir en el silencio de pruebas delatado, dicha infracción hay que concatenarla con las otras infracciones de ley para demostrar su incidencia en el dispositivo del fallo.
Respecto al delatado artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, señaló que el mismo fue violado de manera directa por el ad quem, al darle eficacia jurídica a las actuaciones practicadas en un proceso extinguido para interrumpir la prescripción de la acción en el presente juicio.
En relación a la errónea interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, señaló el formalizante que la misma se configuró cuando el ad quem estableció que era a partir del auto dictado del día 21 de noviembre de 2001 que declaró la firmeza de la sentencia de fecha 30 de abril de 2001- y que por tanto, no podía considerarse esa fecha como el comienzo para que se cuente nuevamente el lapso de prescripción de la acción.
Adujo el formalizante, que la firmeza de aquella sentencia no operó mediante el auto de fecha 21 de noviembre de 2001 sino que operó cuando la única parte con interés para apelar evidenció su conformidad con la decisión, cuestión que el tribunal no constató habida cuenta del silencio de pruebas en que incurrió.
Señaló posteriormente, respecto a las pruebas marcadas B, que las mismas debieron ser valoradas por el ad quem de acuerdo al artículo 1.384 del Código Civil, aduciendo que de haber valorado de manera eficiente y completa el medio de prueba constituido por las copias certificadas contenidas en legajo marcado B, hubiera comprobado que de la diligencia efectuada por la actora en fecha 15 de mayo de 2001 (15 días después de pronunciada la sentencia), se desprendía su renuncia tácita a recurrir del dictamen. De lo cual se tiene, que la firmeza de la decisión de 30 de abril de 2001, no se configuró con el auto de fecha 21 de noviembre de 2001, sino con la conducta manifiesta de la demandante no impugnar la sentencia .
Y por ello, la omisión del ad quem en valorar en su conjunto las pruebas marcadas B, influyó en el dispositivo del fallo y lo llevó a la errónea interpretación del alcance del artículo 1.969 del Código Civil, y determinar que el lapso de prescripción había quedado suspendido hasta la fecha de firmeza del fallo de fecha 21 de noviembre de 2001, y que a partir de allí, se cuenta nuevamente el lapso de prescripción.
Finalmente señaló el formalizante, que si la alzada hubiese respetado el fallo de fecha 30 de abril de 2001 emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo señalado por el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y hubiese analizado y valorado las pruebas marcadas B como lo obliga el artículo 509 eiusdem, concluiría que no hubo acto válido y suficiente para interrumpir la prescripción de la acción conforme al artículo 1.982 del Código Civil, pues desde el 13 de agosto de 1999 hasta que se produjo la citación de la demandada en la presente causa (9 de junio de 2003), habían transcurridos más de los dos años que señala el artículo antes señalado, y por tanto, la acción se hallaba evidentemente prescrita.
Ahora bien, respecto a las características esenciales que configuran el vicio de silencio de pruebas, esta Sala en sentencia Nº 420, de fecha 13 de junio de 2012, caso: Benito Barone contra Inversiones Rosantian C.A., expediente Nº 11-744, ratificó lo que a continuación se transcribe:
El silencio de prueba procede cuando el juez incurrió en la falta absoluta o parcial de valoración de una prueba que resulta trascendental para el dispositivo del fallo.
Al respecto, esta Sala mediante decisión Nº 62, de fecha 5 de abril de 2001, caso: Eudoxia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente Nº 99-889, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:
Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil.
Corresponderá a la Sala determinar en cada caso, la influencia del examen de la prueba en la decisión. A título de ejemplo, puede mencionarse los siguientes casos:
1.) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso, como ocurre si en el interdicto por despojo, el juez no examina la factura de compra de una nevera.
2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria.
3.) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria, como ocurre si en un juicio por reivindicación el juez hubiese silenciado un documento privado, y si hubiese valorado un documento público ambas referidas a la popiedad del inmueble, pues en ningún caso el primero podría enervar la fuerza probatoria del segundo; y,
4.) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal, pues la ley dispone que los hechos no pueden ser establecidos por un determinado medio de prueba; por ejemplo, el artículo 1.387 del Código Civil, prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs.2.000,oo).
5.) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide al contrario cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.
En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil . (Resaltado de la Sala).
Conforme a la jurisprudencia de la Sala, el vicio de silencio de pruebas se configura, cuando el juzgador ignora por completo el medio probatorio o hace mención de él pero
no expresa su mérito probatorio, ya que el juez tiene el deber de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes en el proceso, y, si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronunció sobre esa prueba, lo que existe entonces es un error de juzgamiento por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba.
Ahora bien, respecto a las pruebas delatadas como silenciadas por el ad quem, la sentencia recurrida señaló lo siguiente:
VI
PUNTOS PREVIOS
Por cuanto la representación de la parte accionada en su escrito de contestación de la demanda de fecha 19 de mayo de 2004 alegó la cosa juzgada y la prescripción de la acción, esta Alzada se adentra al análisis y subsecuente resolución de los puntos previos ya mencionados.
Omissis
De la Prescripción
En la litis contestatio, la representación judicial de la parte demandada alegó la prescripción de la obligación de pagar los honorarios intimados por haber transcurrido, con creces, el lapso de dos (2) años a que se refiere el ordinal 2º del artículo 1.982 del Código Civil.
Omissis
En el caso sub-examine, se evidencia que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17-01-2000 (folio 6) admitió la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios presentada por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA, actuando en su propio nombre y representación, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D (parte accionada), quien dio contestación a la misma el 03-07-2000 (Folios 7 al 9), lo que permite colegir su citación, por lo que se considera en esa oportunidad se interrumpió la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada, lapso que había nacido el día 13 de agosto de 1999 con la sentencia dictada por dicho juzgado (Folios 21 al 25), mediante la cual declaró la nulidad de la Regulación de Alquileres Nº 787 del 28/04/1998, dictada por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano, fijando el canon de arrendamiento mensual respectivo del Edificio Tamanaco.
Posteriormente, a través de sentencia del 30-04-2001 (folios 29 al 32) el señalado Juzgado declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta, por no corresponder con la acción a proceder ni el procedimiento a seguir conforme a la ley. Dicha decisión quedó firme por auto fechado el día 20-11-2001 (folio 120), desde allí es que comenzó nuevamente a computarse el lapso de prescripción de la obligación de pagar honorarios, desde el momento en que el fallo es declarado definitivamente firme.
Omissis
Resueltos los puntos previos antes analizados, esta Superioridad debe adentrarse al juicio de mérito.
VII
MOTIVACIÓN
Revisados los autos y en acatamiento a la sentencia proferida el 07 de mayo de 2009 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, este Órgano Jurisdiccional se adentra al análisis y resolución de la apelación interpuesta el 17 de noviembre de 2005 por la parte accionante en contra del fallo dictado el 11 de julio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Omissis
Esta Superioridad observa:
La pretensión por la cual se contrae el presente proceso es la de Cumplimiento de Contrato de Honorarios Profesionales, incoada por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F y D C.A.
En el escrito libelar la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA basa su pretensión para la reclamación de sus honorarios, en lo siguiente:
Omissis
Junto al mencionado escrito fueron consignados los siguientes instrumentos:
Omissis
2. Copias Certificadas emanadas del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Folios 5 al 28), marcadas con la letra B, las cuales se valoran de conformidad con el artículo 1.384 del Código Civil, y de ellos se deriva que la aquí actora interpuso originalmente demanda de Estimación e Intimación de Honorarios ante el referido Tribunal; y que fue contestada por la accionada. También se deriva la existencia de la Resolución Nº 787 (del 28/04/1998) y las decisiones de fechas 29/06/1999 y del 13/07/1999 relativas a la declaratoria con lugar del recurso de nulidad contra la mencionada Resolución Nº 787 y el establecimiento del monto de Bs.9.285.685,88 como nuevo canon;
3. Copia Simple de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 30 de abril de 2001 (Folios 29 al 32), marcada con la letra C, mediante la cual declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F y D C.A., por no corresponder con la acción a ejercer ni al procedimiento a seguir conforme a la Ley. Dicha probanza se valora de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sin hacer un análisis de las pruebas y demás defensas de las partes;
Omissis
En la etapa probatoria ambas partes promovieron pruebas:
Pruebas de la Actora:
Omissis
3. Copia Certificada de auto de fecha 20 de noviembre de 2001 (Fols. [sic] 120 al 123) dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, marcada con la letra D, mediante el cual se declaró definitivamente firme la decisión proferida por ese Tribunal el 30-04-2001. Dicha probanza se valora conforme al artículo 1.384 del Código Civil.
Omissis...
Ahora bien, analizadas las pruebas promovidas por las partes, esta superioridad pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Omissis
La abogada intimante aduce que realizó en favor de la parte demandada diferentes actuaciones alusivas a la tramitación del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en contra de la resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1.998, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano y su correspondiente regulación del canon de arrendamiento mensual.
Dicho recurso fue declarado con lugar e interpuesto por la abogada ANALINA BELISARIO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA F. y D. C.A, quien es propietaria del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ubicado en la Avenida Tamanaco, Urbanización El Llanito, Municipio Sucre, Estado Miranda, tal como se desprende de Copia Certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20).
Asimismo, se evidencia de Copia Certificada de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal que fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del referido inmueble a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.9.285.685,88), sobre dicho monto se aplicó un porcentaje de rendimiento anual del 14,40% de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Regulación de Alquileres (folios 21 al 25), para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado. El referido fallo fue considerado como parte integrante de la sentencia definitiva dictada el 29-06-1999 (sic).
Omissis
De la revisión exhaustiva de las actas procesales, se deriva que la abogada intimante solicitó el cumplimiento del mencionado convenio, en virtud de que ya había sido ejecutado en su totalidad y con toda diligencia el trabajo encomendado, relativo a la tramitación del Recurso de Nulidad de la resolución de regulación del Edificio Tamanaco, consignando Copia Certificada de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 1.999 (folios 15 al 20), que había declarado con lugar el recurso interpuesto por la abogado ANALINA BELISARIO; y de la decisión dictada el 13 de agosto de 1.999 por el mencionado Tribunal (folios 21 al 25), mediante la cual fueron regulados los cánones de arrendamiento mensuales del inmueble denominado Edificio Tamanaco, ubicado en la Urbanización El Llanito, Municipio Sucre del Estado Miranda, a la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 9.285.685,88) para restablecer así la situación jurídica lesionada por el acto anulado, Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (folios 10 al 14).
Omissis
En lo atinente a la denuncia por falta de discriminación de las actuaciones de la parte actora, esta Alzada Observa (sic):
Si bien es cierto que de la revisión del libelo, la parte actora afirma haber cumplido en su totalidad y con toda diligencia el trabajo encomendado, y que no especificó cada una de ellas; no es menos cierto, que la accionante produjo con su demanda copias certificadas cursantes a los folios 15 al 28 de las decisiones proferidas en fechas 29 de junio y 13 de agosto de 1999 por el Juzgado Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, ya apreciados, en las cuales se hace mención al recurso de nulidad interpuesto por la abogada ANALINA BELISARIO, en su carácter de apoderada de CONSTRUCTORA F y D C.A. y, en definitiva, a las actuaciones ejecutadas por la aquí accionante en favor de su patrocinada.
Omissis
Ahora bien, en el caso de autos se desprende de las copias certificadas producidas por la actora (Folios 15 al 28) que el recurso de nulidad otrora propuesta por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA, en representación de CONSTRUCTORA F Y D C.A, fue declarado con lugar el 29 de junio de 1999 por el Juzgado Superior Tercero en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, quedando anulada la Resolución Nº 787 (del 28/04/1998) de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano, que había fijado un monto de Bs. 1.308.046 de los antiguos bolívares y, en su lugar, se estableció la cantidad de 9.285.685,88 de los antiguos bolívares por decisión del referido Tribunal proferida el 13 de agosto de 1999.
Omissis
En consecuencia, la decisión apelada deberá anularse y declarase: parcialmente lugar la demanda, sin producirse condenatoria en costas generales, ni del recurso dada la declaratoria parcial tanto de la demanda como del recurso y de la especie de la acción .(Mayúsculas del texto, resaltado de la Sala).
De acuerdo a la anterior transcripción del fallo de alzada, se evidencia que el ad quem en el desarrollo de su motivación relativa al fondo del asunto debatido, identificó, analizó y posteriormente valoró el acervo probatorio aportado por las partes y delatados como silenciados por el juez, conformados por un cúmulo de copias certificadas y copias simples de diferentes instrumentos documentales, que para su comprensión se enumeran a continuación:
1) Copias Certificadas emanadas del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que rielan a los folios 5 al 28 del expediente y todas marcadas con la letra B, las cuales en la oportunidad procesal correspondiente, fueron debidamente valoradas por el ad quem de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y que de las mismas se derivan que la demandante interpuso originalmente demanda de Estimación e Intimación de Honorarios ante el referido Juzgado y que fue contestada por la demandada; se derivó la existencia de la Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 y las decisiones de fechas 29 de junio de 1999 y 13 de julio de 1999, relativas a la declaratoria con lugar del recurso de nulidad contra la mencionada Resolución Nº 787 y el establecimiento del monto de la cantidad de Bs. 9.285.685,88 como nuevo canon de arrendamiento.
2) Copias simples de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 30 de abril de 2001, que rielan a los folios 29 al 32 del expediente, todas marcadas con la letra C, mediante la cual declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta por la demandante contra la demandada, por no corresponder con la acción a ejercer ni al procedimiento a seguir conforme a la Ley, siendo esta probanza valorada de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
3) Copias Certificadas del auto de fecha 20 de noviembre de 2001 que rielan a los folios 120 al 123 del expediente, marcadas con la letra D, correspondiente al auto dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual se declaró definitivamente firme la decisión proferida por ese Tribunal el día 30 de abril de 2001, siendo dicha probanza valorada conforme a lo señalado por el artículo 1.384 del Código Civil.
Así pues, de acuerdo a lo anterior señalado, el ad quem si identificó, analizó y posteriormente les otorgo el correspondiente valor probatorio a los anteriores instrumentos que conforman el acervo probatorio consignado por las partes mediante copias certificadas y copias simples, no configurándose en consecuencia, el delatado vicio de silencio de pruebas.
Es de hacer notar, y de allí estriba el error de percepción que incurre el recurrente en casación para delatar el supuesto vicio de silencio de pruebas, que el ad quem al momento de pronunciarse mediante punto previo sobre la prescripción de la acción alegada por la demandada, ciertamente en el desarrollo de su motivación, mencionó e identificó los referidos medios probatorios y los folios en los cuales rielan en el expediente, para luego desechar la prescripción de la acción como defensa de fondo, no obstante, el ad quem más adelante en el desarrollo de sus fundamentos relativos al fondo del asunto debatido, si los identificó, analizó y les otorgó el respectivo merito probatorio, cumpliendo de esa manera con su deber de dar la debida congruencia entre lo peticionado y probado en autos.
Establecido lo anterior, la Sala pasa a pronunciarse respecto al delatado vicio por falta de aplicación del artículo 1.384 del Código Civil, supuestamente incurrido por la recurrida, respecto a las pruebas marcadas B, que las mismas debieron ser valoradas por el ad quem de acuerdo a lo señalado por el referido artículo.
Ahora bien, respecto al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica expresa, el mismo se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto, y sobre este particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Sentencia N° 132 de fecha 1 de marzo de 2012, caso de Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros, expediente N° 11-299).
Así pues, el delatado artículo 1.384 del Código Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Artículo 1.384.- Los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes.
Así las cosas, de acuerdo a la transcripción del fallo de alzada, se tiene que el ad quem al momento procesal de analizar las copias certificadas emanadas del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que rielan a los folios 5 al 28 del expediente y todas marcadas con la letra B, las valoró de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y que de las mismas se derivan, que la demandante interpuso originalmente demanda de Estimación e Intimación de Honorarios ante el referido Juzgado y que fue contestada por la demandada; se derivó la existencia de la Resolución Nº 787 de fecha 28 de abril de 1998 y las decisiones de fechas 29 de junio de 1999 y 13 de julio de 1999, relativas a la declaratoria con lugar del recurso de nulidad contra la mencionada Resolución Nº 787 y el establecimiento del monto de la cantidad de Bs. 9.285.685,88 como nuevo canon de arrendamiento.
En consecuencia, del análisis efectuado al fallo de alzada, se evidenció que el ad quem no incurrió en el delatado vicio, pues, el artículo 1.384 del Código Civil, fue efectiva y expresamente aplicado, y con fundamento a esa norma es que el juez otorgó el respectivo valor probatorio al cúmulo de pruebas marcadas con la letra B, que rielan a los folios 5 al 28 del expediente, siendo discordante, que el recurrente delate la falta de aplicación de una norma, cuando la misma fue aplicada por el juez y le sirvió de fundamento para dictar su decisión de fondo.
Por otro lado, el formalizante en casación delató que el ad quem incurrió en el vicio de error de interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, y al respecto dicha infracción se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, especialmente por la falta que puede cometer el juez al determinar el contenido y alcance de una regla que fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, bien sea en la hipótesis abstractamente prevista en la norma o en la determinación de sus consecuencias jurídicas, esto es cuando no le da a la norma su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido . (Sentencia de fecha 6 de abril de 2011. Exp. N°10-675).
Así pues, es importante destacar lo señalado expresamente por el formalizante en su delación:
Es así, que la omisión del tribunal superior de valorar en su conjunto es (sic) todas las actuaciones contenidas en el legajo de copias certificadas marcada B, influyó en el dispositivo del fallo, puesto que llevó a que se interpretara erróneamente los alcances del artículo 1.969 (sic), y se determinara que el lapso de prescripción había quedado suspendido hasta la declaratoria de firmeza de la decisión recaída en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, el 21 de noviembre de 2001, y que era a partir de ese auto, que contó nuevamente el lapso de prescripción, por lo cual el tribunal a quem igualmente determinó que desde el 21 de noviembre de 2001 hasta el 9 de junio de 2003 (fecha en que mi representa quedó citada en este juico), no había transcurrido el lapso de prescripción, y desecho la defensa opuesta . (Resaltado de la Sala).
A tal efecto, la Sala previamente estableció que el ad quem no había incurrido en el silencio de pruebas del cúmulo de instrumentos probatorios aportados por las partes, así como tampoco había infringido el artículo 1.384 del Código Civil por falta de aplicación de una norma expresa, pues, contrariamente a lo delatado, el juez superior se valió precisamente de esa norma para otorgar el respectivo valor probatorio de todas las actuaciones contenidas en el legajo de copias certificadas consignadas en el expediente y marcadas con la letra B.
Motivo por el cual, ante el señalamiento de que el ad quem al no haber valorado las referidas pruebas por la falta de aplicación del artículo 1.384 del Código Civil, cuya acción lo influenció en el dispositivo del fallo y por ello incurrió en la interpretación errónea de los alcances del artículo 1.969 del Código Civil, tal contexto no es cierto, pues, la Sala previamente determinó que el juez de alzada si valoró las respectivas pruebas de acuerdo con el artículo 1.384 del Código Civil, y en consecuencia, la Sala estima que al haberse aplicado la referida norma, a efecto inverso de lo delatado, se determina que el ad quem no incurrió en la errónea interpretación que le endilga la recurrente en casación.
En tal sentido, lo que se denota en la presente denuncia es la inconformidad del recurrente en la manera como el ad quem analizó el acervo probatorio y declarar parcialmente con lugar la demanda, de manera, que ante tal situación, el formalizante debió haber planteado una denuncia por infracción de ley con soporte en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, bien por violación de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de el establecimiento o valoración de las pruebas, o alguno de los casos de suposición falsa, para de esa forma quede habilitada esta Sala para descender a las actas del expediente y corroborar la certeza o no de lo establecido por el sentenciador de la recurrida como fundamento de su fallo, y de esta manera combatir su inconformidad con el análisis de las pruebas hechas por el juez de la alzada.
Finalmente, el recurrente en casación delató el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, señalando que el mismo fue violado de manera directa por ad quem, cuando le dio eficacia jurídica a las actuaciones practicadas en un proceso extinguido para interrumpir la prescripción de la acción en el presente juicio.
Así las cosas, la Sala no procederá al análisis de esta parte de la denuncia, pues, el recurrente incurrió en el error de no establecer específicamente cuál es el vicio que le endilga a la recurrida sobre el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, si fue por falta o falsa aplicación, error de interpretación u otras por suposición falsa o de casación sobre los hechos, motivo por el cual, se le hace imposible a la Sala conocer de la misma.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye en establecer la improcedencia de la presente denuncia por falta de aplicación de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, y 1.384 del Código Civil, la errónea interpretación del artículo 1.969 eiusdem, así como la violación de manera directa del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 320 eiusdem, se delató la infracción de los artículos 1.969 y 1.972, ordinal 2° del Código Civil, el primero por errónea interpretación y el segundo por falta de aplicación.
Señal el formalizante lo que a continuación se transcribe:
De manera subsidiaria, y para el caso de que la anterior denuncia sea declarada sin lugar, al amparo del artículo 313, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, se denuncia la infracción de los artículos 1.969 y 1.972, ordinal 2° del Código Civil, el primero por errónea interpretación y el segundo por falta de aplicación.
Independientemente de que esa Sala considerare que de la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha de 30 de abril de 2001 (cuyos términos han sido consignados el cuerpo de la presente formalización y que riela a los folios 29 al 32 de este expediente) no se derivaron los efectos de extinción del proceso y demás consecuencias que se han dejado expuestas en la denuncia previa, es menester señalar que en dicho juicio se produjo el vencimiento total de la accionante y por ende, la absolución de mi mandante, lo cual vemos que consta expresamente del dispositivo de la mentada sentencia.
Estableció la decisión en comento:
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones este Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrado Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE, al (sic) demanda interpuesta por no corresponder con la acción a ejercer ni el procedimiento a seguir conforme a la Ley (...) Folio 31.
Es meridianamente claro que esta declaración de improcedencia de la demanda (por las razones que sean), comportó de suyo que mi representada resultó absuelta en el juicio, configurándose el supuesto previsto en el ordinal 2° del artículo 1.972 del Código Civil, es decir, que la citación judicial se considerará como no hecha y no causará interrupción, (...) 2° Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda.
De la misma manera, no opera tampoco la suspensión de la prescripción por la pendencia del proceso que se hizo derivar de ese acto procesal (citación), lapso que de igual manera quedó borrado, y con base en ello, el lapso de prescripción tenía que volver a contarse a partir del hecho generador de la obligación de pagar honorarios, es decir, desde el 13 de agosto de 1999 (fecha en que se dictó la decisión del recurso de nulidad correspondiente al canon de arrendamiento del Edificio Tamanaco).
Lo importante en relación con la delación objeto de este acápite, es que de acuerdo al dispositivo de la sentencia de 30 de abril de 2001, la demandante resultó vencida totalmente, y mi representada, por lógica consecuencia, absuelta. Es decir, con independencia de la consideración que se adopte de si las actuaciones rendidas en el juicio de estimación e intimación de honorarios incoado por la ciudadana Analina Belisario Hergueta contra Constructora F y D C.A., ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, se extinguieron o no como consecuencia de la (sic) dicha decisión que declaró IMPROCEDENTE la demanda, la citación que allí se practicó perdió sus efectos interruptivos pues como lo señala expresamente el artículo 1.972 en su ordinal 2°, se entiende como no hecha.
La declaratoria de improcedencia de la demanda, repetimos, implica el vencimiento total de la parte actora y como corolario de esto, se produjo la absolución de mi mandante.
La Sala de Casación Civil, al analizar el punto de la condena en costas en aquellas causas en las que se ha declarado su inadmisibilidad, ha establecido qué debe entenderse como vencimiento total, y al efecto ha señalado en sentencia N° 1.118 de fecha 22 de septiembre de 2004, caso Banco República C.A. Banco Universal contra Bonjuor Fashion de Venezuela S.R.L. (ratificada en decisión N° 684 de fecha 22 de octubre de 2008, Civil, sentencia de 19 de marzo de 2009, expediente N° 08-379, sentencia de 12 de junio de 2013, expediente 13-072) que:
En el subjudice el jurisdicente condenó al demandante al pago de las costas procesales en razón de haber declarado inadmisible la demanda; no se ordenó reposición alguna, pues lo decidido fue la declaratoria con lugar de la cuestión previa contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil cuyo efecto, se repite, es el de fulminar el proceso, el juicio fenece, se extingue con la consecuente anulación de todo lo actuado.
Al determinarse la extinción del proceso, como consecuencia de estimarse inadmisible la pretensión, tal y como sucedió en el presente con caso, aquel que lo instauró debe considerarse vencido totalmente y en tal en el razón al haber conminado al accionado a ejercer su defensa, ocasionó que este incurriera en gastos y, en consecuencia, habrá lugar al resarcimiento de tales erogaciones y ello se consolida con el pago de las costas procesales.
Sobre el punto de la condenatoria en costas en supuestos en que la demanda sea declarada inadmisible, ha expresado el Dr. Ricardo Henríquez La Roche lo siguiente: ( ).
Es absolutamente claro, que en la declaratoria de inadmisibilidad hay un vencimiento total del actor, y su contrapuesta consecuencia, es que al demandado se le considere la parte gananciosa, es decir, absuelto por lo que respeta a la pretensión deducida por el demandante. La demanda incoada por Analina Belisario fue declarada IMPROCEDENTE, por lo cual Constructora F y D C.A., resultó absuelta.
De manera que, el juez de la recurrida dejó de aplicar la norma inserta en el ordinal 2° artículo 1.972 del Código Civil, norma llamada a resolver este punto, y la cual prescribe que la citación se considera como no hecha y no causará interrupción cuando el demandado sea absuelto en la demanda. Consecuencia de esta falta de aplicación, fue que la recurrida incurrió en errónea interpretación del artículo 1.969 ejusdem, al determinar que se había interrumpido la prescripción de la acción con la citación practicada en el proceso primigenio (y que se mantuvo suspendido mientras duró el juicio hasta que se declaró firme la sentencia mediante el auto fecha 21 de noviembre de 2001, que al decir de la impugnada era el punto de partida para contar nuevamente el lapso establecido en el artículo 1.982 del Código Civil). Evidentemente que el juez extendió erradamente los efectos del dispositivo inserto en el artículo 1.969 del Código Civil al determinar que durante la pendencia del proceso hasta que se declaró firme por auto de fecha 21 de noviembre de 2001, no corrió el lapso de prescripción, porque con vista a la declaratoria de RECHAZO DE LA DEMANDA, SU IMPROCEDENCIA, es decir, SIN LUGAR, se produjo la absolución de mi mandante y la citación tenía que reputarse como no hecha y no causaba interrupción. Poco o nada importaba la firmeza el fallo de 30 de abril de 2001, ya que teniéndose como inexistente el presupuesto de interrupción de la prescripción cual sería la citación judicial, el proceso mismo carecía de eficacia suspender el cómputo del lapso de prescripción.
De haber aplicado la norma del artículo 1.972 del Código Civil, cuya falta de aplicación hemos delatado en esta denuncia subsidiaria, tenía por fuerza que concluir el juez de la recurrida, que desde el 13 de agosto de 1999 (fecha de la decisión del recurso de nulidad) hasta el 9 de junio de 2003 (fecha en la que mi representada compareció a juico), había transcurrido más de los dos años que prevé el artículo 1.982 del Código Civil, el lapso de prescripción se había consumado irremediablemente y por tanto la acción (sic) hallaba evidentemente prescrita . (Mayúsculas y cursivas del texto).
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante, al amparo del artículo 313, ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, delató que el ad quem en su fallo incurrió en la falta de aplicación del artículo 1.972, ordinal 2, del Código Civil, y en consecuencia de ello, incurrió en la errónea interpretación del artículo 1.969 eiusdem.
Sostuvo la recurrente, que el ad quem incurrió en la falta de aplicación del 1.972, ordinal 2° del Código Civil, que dispone acerca de la citación, que la misma se considera como no hecha y no causará interrupción cuando el demandado sea absuelto en la demanda.
Además alegó, que en la declaratoria de inadmisibilidad hay un vencimiento total del actor y que al demandado se le considera la parte gananciosa, por lo cual su representada resultó absuelta.
Indicó la recurrente, que a consecuencia de esa falta de aplicación delatada, el ad quem incurrió en la errónea interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, al determinar que se había interrumpido la prescripción de la acción con la citación efectuada en el proceso primigenio.
Finalmente adujo la recurrente, que de haber aplicado el artículo 1.972 del Código Civil, el ad quem debió concluir que desde la fecha 13 de agosto de 1999 (fecha de la decisión del recurso de nulidad) hasta el día 9 de junio de 2003 (fecha en que la demandada compareció a juicio), habían transcurrido más de dos (2) años que prevé el artículo 1.982 del Código Civil, y el lapso de prescripción de la acción se había consumado y la causa estaba prescrita.
Ahora bien, los delatados artículos 1.969 y 1.972, ordinal 2° del Código Civil, señalan textualmente lo siguiente:
Artículo 1.969.- Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.
Artículo 1.972.- La citación judicial se considerará como no hecha y no causará interrupción:
1º.- Si el acreedor desistiere de la demanda, o dejare extinguir la instancia, con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
2º.- Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda..
Así las cosas, a fin de verificar lo delatado por la recurrente en casación, la Sala considera necesario transcribir lo decidido por el ad quem, respecto a la prescripción de la acción decidida mediante punto previo al fondo del asunto, señalando lo siguiente:
VI
PUNTOS PREVIOS
Por cuanto la representación de la parte accionada en su escrito de contestación de la demanda de fecha 19 de mayo de 2004 alegó la cosa juzgada y la prescripción de la acción, esta Alzada (sic) se adentra al análisis y subsecuente resolución de los puntos previos ya mencionados.
Omissis
De la Prescripción
En la litis contestatio, la representación judicial de la parte demandada alegó la prescripción de la obligación de pagar los honorarios intimados por haber transcurrido, con creces, el lapso de dos (2) años a que se refiere el ordinal 2º del artículo 1.982 del Código Civil.
De modo que, según la demandada desde el 13 de agosto de 1999, exclusive, fecha en la cual fue dictada sentencia por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, hasta el 09 de junio de 2003, inclusive, fecha en la cual su representada compareció al proceso y quedó citada en él, transcurrió, con creces, el lapso de dos (2) años a que se refiere el artículo 1.982 del Código Civil, por lo que opera la prescripción de la obligación peticionada.
Esta Superioridad observa:
El ordinal 2º del artículo 1.982 del Código Civil, establece lo siguiente:
Se prescribe por dos años la obligación de pagar:
( Omissis )
2º.- A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos.
El tiempo para estas prescripciones corre desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de las partes, o desde la cesación de los poderes del Procurador, o desde que el abogado haya cesado en su ministerio.
En cuanto a los pleitos no terminados, el tiempo será de cinco años desde que se hayan devengado los derechos, honorarios, salarios y gastos. ( )
Del precitado aserto, se deriva meridianamente que la obligación de pagar a los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos prescribe a los dos (2) años, y dicho lapso corre desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de partes, o desde la cesación de los poderes del Procurador, o desde que el abogado haya cesado su ministerio. Asimismo, instituye respecto a los pleitos no terminados que el tiempo será de cinco (5) años desde que hayan devengado los derechos, honorarios, salarios y gastos.
Sin embargo, el artículo 1967 eiusdem estipula que la prescripción se interrumpe de dos formas: naturalmente y civilmente.
Con respecto a la interrupción civil, el artículo 1.969 del Código Civil establece lo siguiente:
Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso. (Subrayado de este Tribunal)
De modo que, se desprende de la citada norma que la prescripción se interrumpe civilmente con la interposición de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, y ésta deberá ser registrada en la Oficina correspondiente antes de expirar el lapso de prescripción, a menos que se hubiese realizado la citación.
En el caso sub-examine, se evidencia que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 17-01-2000 (folio 6) admitió la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios presentada por la abogada ANALINA BELISARIO HERGUETA, actuando en su propio nombre y representación, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D (parte accionada), quien dio contestación a la misma el 03-07-2000 (Folios 7 al 9), lo que permite colegir su citación, por lo que se considera en esa oportunidad se interrumpió la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada, lapso que había nacido el día 13 de agosto de 1999 con la sentencia dictada por dicho juzgado (Folios 21 al 25), mediante la cual declaró la nulidad de la Regulación de Alquileres Nº 787 del 28/04/1998, dictada por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano, fijando el canon de arrendamiento mensual respectivo del Edificio Tamanaco.
Posteriormente, a través de sentencia del 30-04-2001 (folios 29 al 32) el señalado Juzgado declaró improcedente la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta, por no corresponder con la acción a proceder ni el procedimiento a seguir conforme a la ley. Dicha decisión quedó firme por auto fechado el día 20-11-2001 (folio 120), desde allí es que comenzó nuevamente a computarse el lapso de prescripción de la obligación de pagar honorarios, desde el momento en que el fallo es declarado definitivamente firme.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se observa que la citación del demandado para el presente proceso de cumplimiento de contrato de honorarios, se efectuó el día 09-06-2003 (folio 70), fecha en que compareció ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el ciudadano Walter Romanelli, en su carácter de Administrador de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA F Y D C.A. (parte demandada), es decir, desde el 20-11-2001 hasta el 09-06-2003, no transcurrieron los dos (02) años para que procediera la prescripción alegada por el demandado, conforme a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 1982 del Código Civil, por lo que, lo procedente es, desestimar la denuncia de prescripción formulada por la accionada, por cuanto se evidencia que no transcurrió el tiempo establecido por nuestro legislador para que operase la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada. Así se decide.
Resueltos los puntos previos antes analizados, esta Superioridad debe adentrarse al juicio de mérito . (Mayúsculas del texto, resaltado y subrayado de la Sala).
Del fallo antes transcrito, se tiene que el ad quem desestimó la defensa de fondo ejercida por la demandada relacionada a la prescripción de la acción, por cuanto no transcurrieron los dos (2) años para que la misma procediera, conforme a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 1982 del Código Civil, al evidenciarse que no transcurrió el tiempo establecido para que operase la prescripción de la obligación de pagar honorarios profesionales a la abogada intimante.
De la misma manera, la Sala pasa a transcribir extracto del fallo emanado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo del la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 30 de abril de 2001, el cual riela a los folios 29 al 32 del expediente, que señaló lo siguiente:
En fecha 17 de enero de 2000, se admitió la demanda ( ), ordenándose la intimación de la referida empresa.
Intimada la demandada, el 3 de julio de 2000, procedió a dar contestación a la demanda, ( ).
Dentro del lapso probatorio, ambas partes promovieron pruebas, ( ). Estando en la oportunidad para decidir, este Tribunal observa:
Omissis
Establece el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el juez considere idóneas para lograr los fines del mismo, y estando prevista en la Ley el procedimiento a seguir, no podía la parte ejercer una acción distinta, ni accionar por una vía procesal diferente a la prevista y máxime cuando su pretensión se fundamentó en un contrato de honorarios pactado entre las partes, pues al existir regla legal expresa no cabe fijar un procedimiento diferente, como erróneamente se hizo y accionó la actora. Siendo por tanto procedente su acción si lo hubiera ejercido ante un Tribunal (sic) Civil (sic), competente por la cuantía y tramitándose el procedimiento por la vía del juicio breve, ya que estando pautado en la Ley de Abogados un procedimiento especial para el cobro de honorarios profesionales, no podía la parte, ni el Tribunal (sic) aplicar un procedimiento por intimación, considerando que estaban dados los supuestos de su aplicación, y así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones este Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo del la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE, la demanda interpuesta, por no corresponder con la acción a ejercer ni al procedimiento a seguir conforme a la Ley . (Mayúsculas del texto, subrayado y resaltado de la Sala).
De acuerdo a lo anterior transcrito, la Sala observa que la demanda primigenia de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado fue interpuesta inicialmente ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo del la Circunscripción Judicial de la Región Capital, siendo decidida en fecha 30 de abril de 2001, señalando que: no podía la parte ejercer una acción distinta, ni accionar por una vía procesal diferente a la prevista y máxime cuando su pretensión se fundamentó en un contrato de honorarios pactado entre las partes, y en consecuencia de ello, en el dispositivo del fallo se declaró IMPROCEDENTE, la demanda interpuesta, por no corresponder con la acción a ejercer ni al procedimiento a seguir conforme a la Ley..
Así pues, en el análisis de lo anterior, la Sala observa que efectivamente la demandante se equivocó en haber accionado su pretensión ante un juzgado que no era el competente por la materia para conocer de su demanda, y por ello, el referido juzgado superior después de sustanciar el juicio y al momento procesal de la definitiva, decidió sin conocer del fondo del asunto controvertido y declaró la improcedencia de la acción incoada, lo cual también fue errado, ya que ante tal situación, lo lógico y procesalmente procedente, era su respectiva declinatoria de competencia por la materia ante el juzgado que considerase competente.
Y así, bajo el cumplimiento del principio de economía procesal, se pudo haber continuado el presente juicio hasta su sentencia de mérito, sin ocasionar pérdidas de tiempo a las partes y al sistema judicial, motivo por el cual, en ese asunto declarado improcedente, la parte demandada no puede ser considerada absuelta, tal como lo planteó la recurrente en casación al delatar la falta de aplicación del ordinal 2° del artículo 1972 del Código Civil.
Así las cosas, la Sala respecto a los referidos artículos 1.969 y 1.972, ordinal 2° del Código Civil, la Sala en sentencia N° RC-360 de fecha 30 de mayo de 2006, caso de Mercedes Solórzano y otro contra Agueda Romero, expediente N° 05-511, señaló in extenso lo siguiente:
A tal efecto, cabe señalar que esta Sala, mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de 2002, expediente 2000-985, en relación a la interrupción de la prescripción conforme con el artículo 1.969 del Código Civil, estableció:
Para examinar esos alegatos, la Sala observa que el juez de alzada resolvió la defensa de prescripción en los siguientes términos:
...es menester señalar que la controversia se refiere a un juicio anterior quedó (sic) extinguido por haberse declarado la perención, conllevando a ellos a que los registros carecen de validez. Es criterio reiterado que la prescripción es un medio de liberarse de la obligación por la inacción del acreedor, después de transcurrido el lapso establecido en la Ley, en tanto que la perención se refiere a la extinción del proceso por falta de impulso por el accionante durante el lapso fijado en la Ley. En razón de los argumentos que anteceden, los registros del libelo de demanda y su reforma, del auto de admisión y la orden de comparecencia de los codemandados, efectuados, son válidos a los fines de interrumpir la prescripción, por consiguiente la acción incoada no se encuentra prescrita. ASI SE DECLARA...
La precedente transcripción evidencia que en criterio del juez superior la perención declarada en el procedimiento en que la demanda fue registrada por el actor, no afecta la validez de este acto, el cual produce la interrupción civil del lapso de prescripción.
El formalizante alega la infracción, por falsa aplicación, del artículo 1.969 del Código Civil que prevé: ( ).
...Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial...
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso....
Y en concordancia con ello, el artículo 1.972 del Código Civil, dispone que:
...La citación judicial se considerará como no hecha y no causará interrupción:
1º.- Si el acreedor desistiere de la demanda, o dejare extinguir la instancia, con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
2º.- Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda.
En interpretación de estas normas, la Sala ha establecido que el artículo 1.969 del Código Civil, prevé como dos supuestos distintos de interrupción del lapso de prescripción: a) el registro de la copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez, y b) la citación judicial, y el legislador sólo previó que el efecto de la perención determina la ineficacia de la citación judicial, pero nada señala respecto del otro supuesto de interrupción de la prescripción. En consecuencia, la Sala ha indicado que por ser esta norma de carácter sancionatorio debe ser objeto de interpretación restrictiva, y ha establecido que el registro de la demanda permite presumir que el demandado conoce la existencia del juicio, debido a los efectos erga omnes que caracterizan la publicidad registral, y en caso de que el juicio resulte extinguido por inactividad procesal, la declaratoria de perención de la instancia no afecta la validez de dicho acto interruptivo de la prescripción.
En este sentido, la Sala se pronunció en decisión de fecha 29 de julio de 1992, (caso: Laura María Borges Ceijo c/ Cosméticos Selectos C.A.), en la cual dejó sentado:
En auto de antigua data 05 de diciembre de 1965 (G.F. N° 14, 2da ETAPA, pag.243 y siguientes), este supremo tribunal declaró, sin mayores razonamientos, que la perención de la instancia tenía como efecto quitar valor o eficiencia a la interrupción de la prescripción lograda con la citación del demandado o con el registro de la demandada, al extremo de que pueda prosperar un nuevo juicio que no hubiera podido alegarse con éxito en el juicio anterior por no haber transcurrido para esa fecha el tiempo necesario para prescribir. Empero, es sabio que en algunos casos la declaratoria de perención puede afectar indirectamente el derecho material reclamado, y ello ocurre cuando se ha interrumpido la prescripción con la citación judicial y con posterioridad se deja extinguir la instancia supuesto concreto del ordinal 1° del artículo 1.972 del Código Civil. En este caso, es obvio, que la prescripción puede consumarse, porque al haberse eliminado, por consecuencia de la perención declarada, el efecto interruptivo que produce la citación, entonces corre el tiempo necesario para la prescripción.
sin embargo, para el caso enteramente distinto de la interrupción de la prescripción por el registro de la demanda, aún declarada la perención, tal interrupción sí conserva todo su valor, por cuanto esta interrupción se produce, precisamente, sin necesidad de que el demandado haya tenido conocimiento personal de la demanda o de algún acto interruptivo de la prescripción. Estas consideraciones por demás, fueron las que impulsaron a la sala a abandonar la doctrina expuesta en el auto del 05 de diciembre de 1965, por la contenida en sentencia de fecha 03 de abril de 1963 y 21 de noviembre de 1968, ratificada en decisión del 03 de noviembre de 1988...
La Sala reflexiona sobre este criterio jurisprudencial y deja sentado que en las hipótesis previstas en el artículo 1.969 del Código Civil, el acto capaz de interrumpir civilmente la prescripción es aquel que demuestra la voluntad del acreedor de hacer uso de su derecho y de requerir el cumplimiento de la respectiva obligación, como ocurre cuando éste propone demanda contra el deudor u obligado, en cuyo caso dicho requerimiento es conocido por éste último mediante la citación judicial.
En efecto, la citación judicial persigue poner al demandado en conocimiento de que en su contra fue propuesta una demanda, con el objeto de que esté a derecho y pueda intervenir en el juicio para ejercer su derecho de defensa. Con la citación judicial existe certeza jurídica de que el demandado conoce del juicio y de la intención del acreedor de reclamar judicialmente su derecho, quien le requiere el cumplimiento de la respectiva obligación.
Por el contrario, ...la formalidad del registro de la demanda es para que tenga efectos erga omnes, incluso contra el demandado..., ello con el objeto de que ...funcione la presunción de que el demandado conoce, antes de la expiración del término de prescripción, la existencia de la demanda contra él.... (Sentencia de fecha 09 de agosto de 1983, G.F. 121, Vol. I 3E, p. 939)
En este caso, sólo existe una presunción de conocimiento debido a los efectos erga omnes que caracterizan la publicidad formal del registro, pero no certeza jurídica de que el demandado se enteró del juicio y de la intención del acreedor de hacer valer su derecho.
En efecto, el registro causa la interrupción de la prescripción, sin que el demandado haya tenido conocimiento personal de la demanda o acto judicial interruptivo de la prescripción. Por esa razón, a pesar de haber sido registrada la copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez, debe necesariamente citarse al demandado, lo que constituye un presupuesto de validez y eficacia del proceso, cuya falta absoluta está prevista como causal de invalidación, en el ordinal 1º del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil.
Lo expuesto permite determinar que la citación judicial constituye un acto de mayor importancia que el registro respecto de la interrupción del lapso de prescripción, pues este último permite presumir que el demandado conoce del juicio, pero la citación judicial da certeza de que éste se encuentra a derecho y está en conocimiento de que el acreedor ha hecho valer su derecho y le requiere el respectivo cumplimiento. (subrayado, cursivas y negrillas de la Sala).
De acuerdo a la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que la citación judicial constituye un acto de mayor importancia que el registro respecto de la interrupción del lapso de prescripción, pues este último permite presumir que el demandado conoce del juicio, al dar certeza de que éste se encuentra a derecho y está en conocimiento de que el acreedor ha hecho valer su derecho y le requiere el respectivo cumplimiento.
Ahora bien, la recurrente en casación alegó para fundamentar el error de interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, incurrido por el ad quem, que el juez de alzada determinó que en ese juicio se había interrumpido la prescripción de la acción con la citación practicada en el proceso primigenio declarado improcedente.
Así las cosas, como se señaló precedentemente, el referido juzgado superior al momento procesal de la definitiva, decidió sin conocer del fondo del asunto controvertido y declaró la improcedencia de la acción incoada, motivo por el cual, la Sala estima que la parte demandada al haber estado debidamente citada e intimada y posteriormente haber dado contestación a la demanda y promovido pruebas, activó el efecto interruptivo de la prescripción de la acción, por el conocimiento permanente que tuvo de la pretensión de cobro de honorarios profesionales de abogados incoada en su contra por la abogada intimante, motivo por el cual, el ad quem no incurrió en el error de interpretación del artículo 1.969 del Código Civil.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye en establecer la improcedencia de la presente denuncia por falta de aplicación del artículo 1.972, ordinal 2° del Código Civil, y el error de interpretación del artículo 1.969 eiusdem, así como declara sin lugar el recurso de casación propuesto. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación incoado por la demandada, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de febrero de 2015.
No se hace condena en costas del juicio a la parte demandada recurrente, dada la naturaleza del presente juicio de honorarios profesionales de abogado, conforme a la doctrina reiterada de esta Sala.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,
______________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
___________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
___________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado-Ponente,
_______________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Secretaria Temporal,
_____________________
YARITZA BONILLA JAIMES
Exp.: Nº AA20-C-2015-000438
Nota: Publicado en su fecha a las ( ).
Secretaria Temporal,
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