Venley

Sentencia N.º RC.000691

Sentencia
N.º RC.000691
Fecha
03/11/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-139
Ponente
Francisco Velázquez Estévez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000139

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

         En el juicio por prescripción adquisitiva, intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, y Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná, por los ciudadanos ALESSANDRO DAVI y CATERINA DAVI, representados judicialmente por el abogado Marcos Solis Saldivia, contra el ciudadano PIETRO SIINO RISO, representado judicialmente por el profesional del derecho Darío Rocco Gallato; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño, Niña y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito, de la Circunscripción Judicial y sede, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 4 de diciembre de 2015, mediante la cual declaró: 1) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada; 2) Revocó la decisión proferida por el juzgado de cognición de fecha 13 de noviembre de 2013, en consecuencia, declaró sin lugar la demanda por prescripción adquisitiva; 3) condenó en costas al accionante de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencido.

         Contra la precitada decisión, el abogado Marcos Solis Saldivia, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente.

         Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:

 

FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

         De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 3° del artículo 243 eiusdem, por incurrir el ad quem en el vicio de indeterminación de la controversia.

         El formalizante alegó:

“…De conformidad con lo establecido en el artículo 313, ordinal 1, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del referido Texto (sic) Adjetivo (sic) Civil por considerar el formalizante que la recurrida del vicio de “falta de síntesis”.

(…Omissis…)

El juez de Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) omitió hacer alguna mención propia acerca de la pretensión contenida en el libelo de la demanda así como de las circunstancias de hecho y de derecho aportadas por el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda (rectius: a la pretensión procesal contenida en la demanda).

Por lo tanto, en opinión de quien suscribe, resulta claro que el sentenciador del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) “omitió por completo” efectuar esa síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los cuales quedó planteada la controversia que por ministerio del recurso de apelación había llegado a su conocimiento, pues, en ninguna parte del texto de la recurrida se puede apreciar, en las propias palabras del juez del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic), qué es eso que entndión (sic) que constituía o delimitaba el problema jurídico que le era sometido a su consideración y solución.

(…Omissis…)

De todo lo antes dicho puede concluirse que, a los fines de que se satisfaga el requisito de la síntesis del fallo, es imprescindible que el juez exprese, “con sus palabras”, en el texto de la sentencia que resuelva la causa sometida a su consideración, la forma en la cual éste ha comprometido como quedó “delimitado” el problema jurídico que le corresponde resolver, con arreglo a la relación procesal creada por la pretensión de declaración de la prescripción adquisitiva de la propiedad y por la defensa o excepción que hubiere formulado la parte contraria.

Entonces, visto que en la recurrida, según hemos dicho ya, el juez del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) no expresó, “con sus propias palabras”, la forma en la cual había comprendido como quedó “delimitado” el problema jurídico que le correspondió resolver, cuestión ésta que debió efectuar con arreglo a la relación procesal creada por pretensión procesal deducida por la parte actora y la defensa esgrimida por la parte demandada, debe confundirse, forzosamente, en que la recurrida incurrió en el vicio de “falta de síntesis” y, por lo tanto, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Es esta, pues, la razón básica por la cual nos hemos decido a formular la presente denuncia…”. (Negrillas, cursivas y subrayado de la formalización).

 

La Sala para decidir, observa:

De la denuncia antes transcrita, esencialmente se desprende que el formalizante, le endilga a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 3º, del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el juez superior que instruyó la causa, incurrió en el vicio de “falta de síntesis”.

Asimismo, sostiene que el ad quem “…omitió hacer alguna mención propia acerca de la pretensión contenida en el libelo de la demanda, así como de las circunstancias de hecho y de derecho aportadas por el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda…”.

Finalmente, el formalizante señala “…el juez superior omitió por completo efectuar una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia…”, por cuanto a su decir “…en ninguna parte de la sentencia recurrida se puede apreciar en las propias palabras del juez superior, que es eso que entendió que constituía o delimitaba el problema jurídico que le fue sometido a su consideración, omitió determinar el thema decidendum…”.

         En ese orden de ideas, observa la Sala que el formalizante ha querido denunciar la infracción configurada en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que determina la indeterminación de la controversia.

         En este sentido, tal y como lo ha sostenido esta Sala, la disposición normativa se infringe cuando el juez se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia; y cuando el juzgador no realiza ninguna síntesis, no dejando, consecuencia, en forma clara, precisa y lacónica los términos en que ha quedado planteado el asunto jurídico a resolver. Por contrario, se habrá dado cumplimiento a la citada disposición legal siempre y cuando en el fallo se demuestra que el juez, realizó una labor intelectual de entender y exponer la controversia, a los fines de transmitirle al lector, los términos en que ha sido planteada y resuelta la misma.

         Sobre la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala en decisión de fecha 9 de agosto de 2016, caso: Francy María Tononi Mendoza, contra Pedro Rafael Jiménez González, expediente N° 2015-913, ha establecido lo siguiente:

“…De acuerdo con lo explanado en el anterior criterio jurisprudencial, para garantizar la aplicación efectiva del postulado constitucional contenido en el artículo 257 de la República Bolivariana de Venezuela, no se considera procedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el juzgador, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido.

En tal sentido, el referido fallo señala que aún cuando exista falta de síntesis, ésta no será declarada por carecer de finalidad útil la nulidad del fallo, cuando del contenido del fallo sea posible para las partes que integran la litis, así como a la comunidad en general, conocer cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su conocimiento…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Esta Sala reitera el criterio jurisprudencial antes transcrito, a fin de garantizar la aplicación efectiva del precepto constitucional implícito en el artículo 257 de la República Bolivariana de Venezuela, es improcedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el jurisdicente, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve la controversia.

         Así bien, el referido criterio señala, la falta de síntesis, esta no será declarada, cuando del contenido del fallo sea posible para las partes que integran la litis, así como a la comunidad en general, conocer cómo entendió el juzgador de alzada el asunto sometido a su conocimiento, en aras de evitar reposiciones inútiles.

         Ahora bien, con el propósito de determinar si en el caso en concreto el juez de alzada dio cumplimiento a este requisito, la Sala observa que la sentencia recurrida expresó:

“…MOTIVA

I

DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA

(…Omissis…)

En el escrito de demanda la actora plantea lo siguiente:

‘…Lo cierto del caso es que, su difunto hermano, SALVATORE DAVI RISO, en vida, desde el mes de marzo del año mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), fomento(sic) unas bienhechurías (sic) que construyo sobre un lote de terreno, (que originalmente formaba parte de los ejidos municipales) que tiene un área de DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (sic) CUADRADOS (10.913,50 mtr.2 (sic); cuyo lote de terreno está localizado en la población de Araya, en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos… Las bienhechurías en cuestión están construidas por un local comercial destinado para que en el mismo funciones (sic) una “bloquera”, totalmente construido con paredes de bloque, techo de asbesto, portones de hierro, servicios de electricidad, aguas blancas y aguas negras y una vivienda de uso familiar totalmente construida con paredes de bloque, piso de cemento, techo de platabanda, una sala de recibo, una sala comedor, cuatro habitaciones, tres baños, ventanas de madera y hierro,; y pertenecieron en vida a su difunto hermano, tal y como consta de documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Sucre del Estado (sic) Sucre…Lo cierto del caso es que, desde el mismo instante de que SALVATORE DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) comenzó a habitar en el lote de terreno en el cual fomenté las arriba mencionadas bienhechurias (sic) (cuya habitación insistimos, inició a partir del mes de marzo del año -1.984-), de manera pública y notoria, vale decir, sin ocultarse de nadie, comenzó también hacer ejercicio efectivo de la tenencia del lote de terreno en cuestión y de las tantas veces mencionadas bienhechurias (sic), vale decir comenzó a ejercer, personal y directamente, un poder de hecho sobre esos que se tradujo en una realización de actos materiales concretos (sic) sobre los mismos, tendientes no sólo a hacer que le sirvieran de habitación para él sino tendientes, además, al desarrollo de la actividad comercial propia de su oficio, que es lo que la doctrina tradicional denomina el “corpus” y la asunción de una actitud, frente a las aludidas bienhechurías y lote de terreno, que corresponde al legítimo propietario de los mismos, que es lo que la señalada doctrina denomina el “animus”. Que SALVATORE DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) hasta el día de su lamentable muerte, había ejercido la posesión sobre las tantas veces mencionadas bienhechurias (sic) y lote de terreno sobre el cual estas se encuentran construidas, mediante la continua ejecución o realización de actos materiales concretos sobre las mismas, tendientes al desarrollo de la actividad comercial y la asunción de una actitud, frente al inmueble que dichas bienhechurias (sic) constituyen, que corresponden al legítimo propietario del mismo, sin que nadie hiciera oposición a ello o que desconociera su condición de tal propietario, es confirmado no sólo por los vecinos del lugar donde este se encuentra enclavado, sino por aquellos que, en diferentes épocas, visitaron el lugar, ora (sic) para compartir santos (sic) ratos de esparcimiento, ora (sic) para adquirir en el mismo los materiales y equipos que en el fondo de comercio que aquel explotaban el sitio. Así las cosas, las circunstancias antes mencionadas sirven para demostrar que la posesión del referido bien inmueble había sido ejercida (personal y directamente por SALVATORE DAVI RISO, causante de nuestros poderdantes) de manera continua, ininterrumpida, pacifica (sic), publica (sic) no equivoca y con intención de tener el susodicho bien como propio, desde el mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), en el que comenzó a habitar el lote de terreno de marras y a fomentar las tantas veces mencionadas bienhechurias (sic), hasta el día seis (06) de agosto de dos mil nueve (2.009), fecha en la cual, lamentablemente, falleció, tal y como consta en el “acta de defunción” expedida por el ciudadano Prefecto (sic) del Municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre el (sic) día diez (10) de agosto de (2.009) (…) Sobra decir que, debido al fallecimiento de SALVATORE DAVI RISO, su patrimonio, de pleno derecho (ex articulo (sic) 993 del Codigo (sic) Civil), se transmitió a sus herederos universales, vale decir, a ALESSANDRO DAVI Y CATERINA DAVI.’

Una vez admitida la pretensión intentada por la actora, en fecha 18 de Marzo (sic) de 2013, la parte demandada presento (sic) escrito de contestación de demanda en el cual estableció:

‘…Negamos, rechazamos y contradecimos en todo la siguiente pretensión, ya que la misma se basan en declaraciones o razonamientos sin ningún tipo de basamento legal. Los Demandantes (sic) basan su pretensión en los articulo (sic) 1.952, 1.953, 772, 781 y 1.977 del Código Civil Venezolano (sic) Vigente (sic), referido el primero, La (sic) prescripción es uno de los medios por los cuales se puede adquirir Derechos (sic) o libertarse de una obligación, siempre y cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas por la ley. El segundo nos habla que para adquirir por prescripción hay que tener posesión legítima. No pueden servir para declarar la prescripción los actos violentos o clandestinos nos dice el artículo 781 del Código Civil Venezolano (sic) Vigente (sic), el 772 nos dice de cómo debe ser la posesión y el articulo (sic) 1977 del mismo texto legal nos dice prescriben (sic) los Derechos (sic) reales y los Derechos (sic) Personales (sic).

Es el caso Ciudadano (sic) Juez (sic) que mi representado no ha dejado de poseer el inmueble antes mencionado y el mismo es Propiedad (sic) Legitimo (sic) de mi representado, ya que lo adquirió luego de cumplir con todos los requerimientos legales de la extinta Ley Orgánica de Régimen Municipal, por ante el Alcalde de la (sic) Municipio (sic) Autónomo Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre y el Concejo Municipal, tal como lo demostraremos en su oportunidad legal. La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas y se consuma al fin del último día del término, establecidos en los artículos 1.975 y 1.976 de Código Civil. Tratándose de la prescripción adquisitiva ésta no se comenzará a correr sino desde el día que se inició la posesión con todos los requisitos exigidos por la ley (…) Siendo que según a dispuesto a (sic) jurisprudencia, el tiempo es el elemento preponderante en materia de prescripción, aún cuando su solo transcurso no es suficiente para la consumación de aquella. Es de hacer notar que es completamente falso que el Ciudadano (sic) Salvatore Davi Riso (F), haya vivido desde el año 1.984, hasta el día de su fallecimiento tanto tiempo en ese inmueble y usufructuando una actividad comercial de forma ininterrumpida en el inmueble, ya que en la casa construida que hay en dicho Terreno (sic) siempre fue habitada por mi representado y su familia y en el Terreno (sic) desarrollo una actividad comercial, concretamente una bloquera, cuyo Fondo de Comercio se denomino (sic) BLOQUERA ARAYA, C.A., comprando todas las maquinarias y enseres necesarios para ello. Es de hacer notar que el Ciudadano (sic) Salvatore Davi Riso (F), vivía con mi representado, ya que eran primos hermanos y el (sic) lo ayudo (sic) dándole trabajo y residencia cuando procedente (sic) de Italia y siempre compartió con su familia, cuando el ciudadano Pietro Siino Riso se caso (sic) y tuvo hijos porque el (sic) no tenia (sic) un lugar propio donde vivir. Por eso es inviable la aplicación de dichos artículos, porque el Ciudadano (sic) Fallecido (sic) nunca tuvo la posesión legítima del Inmueble (sic) como su propietario, sino que vivía con el propietario del inmueble y su familia y trabajaba con él. De la situación tengo testigos que presentare en su oportunidad legal correspondiente. El ciudadano (sic) Salvador Davi Riso (F), `por medio de artimañas y amistad con algunos funcionarios de la Alcaldía (sic) y del Concejo Municipal consiguió fraudulentamente una autorización para registrar bienhechurías, la cual se pidió en el año 1.996 y la utilizo y la (sic) utilizo (sic) Tres (sic) años después cuando supo que mi poderdante había registrado El (sic) Documento (sic)de Compra (sic) Venta (sic) del Terreno (sic) en cuestión e iba a registrar el documento de bienhechurias (sic) de la casa y Terreno (sic) y depósitos construidos en el mismo, para pasar como propietario del mismo. Es de hacer notar que la Autorización (sic) que le dieron al ciudadano Ciudadano (sic) Salvador Davi Riso (F) que le otorgo el Síndico Procurador Municipal, en fecha 25- (sic) 07- (sic) 1.996 (sic), el cual no era abogado, si sido (sic) licita debió haberla renovado, ya que en Diciembre (sic) de 1.996 se renovaron las autoridades del Municipio Autónomos  Cruz Salmeròn Acosta, del Estado (sic) Sucre y la misma había quedado sin efecto y quiero aclarar que la propia sindicatura emitió una resolución en donde se le anulaba la petición de dicho terreno al Ciudadano (sic) Salvador Davi ya que el mismo le fueron otorgados a mi representado y le ordeno (sic) a la Dirección de Rentas de la Alcaldía que le devolviera el dinero que había pagado por el mismo. Estos Organismos (sic) gubernamentales al venderle el inmueble a mi representado perdió todos los derechos sobre el mismo y por ende ya no podía ser valida (sic) tal autorización porque el único dueño y con Derecho (sic) en el inmueble en cuestión es mi Representado (sic). Quisiera aclarar que en el presente escrito que la Ciudadana (sic) Caterina Davi Riso, identificada en autos y co-patrocinante de la presente demanda, desde que se fue para Italia cuando era un (sic) a (sic) infante junto a sus padres y hermano (hoy fallecido), no regreso más al país ni de vacaciones no (sic) de visita, hasta el día  que le aviso mi representado que estaba en Italia de vacaciones, que su hermano había fallecido y el mismos fue avisado por los hijos del mismo que cuidaban del fallecido el cual no tenia (sic) ni esposa ni hijos. es (sic) de dejar claro que el fallecido y sus hermanos no tenían contacto, en cuanto al Ciudadano (sic) Alessandro Davi Riso, identificado en autos y también co-patrocinante de la presente demanda, las veces que vino al país llegó a la residencia de mi representado, ya que el (sic) tampoco tenía buen trato con su hermano, la ultima (sic) vez que vino al país, vio que su hermano estaba enfermo y se fue, dejándolo bajo el cuidado de la familia de mi representado y volvió al país cuando se le comunico de su fallecimiento y yo mismo lo fui a buscar al aeropuerto de la Ciudad (sic) de Barcelona y luego los traslade (sic) a la Ciudad (sic) de Cumana (sic) y luego a la Población (sic) de Araya. Quienes se encargaron de todo lo pertinente del velorio fueron los hijos de mi representado, yo me encargue del acta de defunción y arreglar a los empleados que tenía en su Empresa (sic) en la Ciudad (sic) de Cumana (sic), Estado (sic) Sucre…’

Motiva II

EL PROCESO EN ESTA INSTANCIA

En fecha 28 de Enero (sic) de 2015, este Tribunal recibió escrito de informes suscrito y presentado por el abogado DARIO ROCCO GALLOTA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandad (sic), del escrito en referencia resalta:

(…Omissis…)

MOTIVACION

PARA DECIDIR

DE LA PRESCRIPCIÒN ADQUISITIVA SOLICITADA

Este tribunal pasa a emitir pronunciamiento sobre la acción ejercida y al efecto, observa:

El presente asunto sometido al conocimiento de este Tribunal (sic), resulta de una acción de prescripción adquisitiva, sustentada sobre las bienhechurías de un lote de terreno (que originalmente formaba parte de los ejidos municipales) que tiene un área de DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (sic) CUADRADOS (10.913,50 MTS2); cuyo lote de terreno está localizado en la población de Araya, en jurisdicción del municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre concretamente, en la calle “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte con terreno solicitado por el ciudadano CARLOS ISAVA; Sur: CON LOCAL “INVERCORE”; Este: con la calle “Sanabria” y Oeste: con terrenos que son o que fueron de propiedad municipal. Las bienhechurías en cuestión están constituidas por un local comercial destinado para que el mismo funcione una “bloquera” totalmente construida con paredes de bloques, piso de cemento, techo de platabanda, una sala de recibo, una sala comedor, cuatro habitaciones, tres baños, ventanas de madera y hierro, puertas de madera, con servicios de electricidad, aguas blancas y aguas negras, y pertenecieron en vida a su difunto hermano, tal y como consta del documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Sucre del Estado (sic) Sucre el (sic) día tres (03) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1.999), bajo el número treinta y dos (32), folio ciento ochenta y dos (182) al (188), Protocolo (sic) Primero (sic) (1º), Tomo (sic) Séptimo (sic) (7ª), Tercer (sic) (3ª) Trimestre (sic) del año en cuestión.

Ahora bien:

Analicemos la norma sustantiva al respecto:

El artículo 796 eiusdem, establece:

’La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la ley, por sucesión, por efecto de los contratos. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción’.

El artículo 1952 del Código Civil, establece: ‘La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley’.

Con relación a las exigencias de la ley para que proceda prescripción, el artículo 1953 eiusdem establece:

‘Para adquirir por prescripción se necesita posesión’.

La norma anterior nos conduce a uno de los fundamentos de toda pretensión prescriptiva, y es que se alegue y que lógicamente se pruebe que se tiene posesión legítima, lo cual nos conduce al estudio del artículo 772, eiusdem, que establece:

‘La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, no equivoca y con intención de tener la cosa como suya propia’.

Por otra parte, la norma sustantiva nos exige otra condición en cuanto al tiempo requerido para el ejercicio de esta acción, previsto en el artículo 1977 eiusdem, que establece:

‘Todas las  acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la ley’.

Así los ciudadanos ALESSANDRO DAVI y CATERINA DAVI, parte demandante fundamenta su demanda señalando, que el ciudadano SALVATORE DAVI RISO había venido poseyendo el inmueble, antes identificado en forma pública y notoria, según sus afirmaciones, por más de (20) años.

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

UNO: de la declaración de los únicos y universales herederos, de donde se desprende el carácter por el cual actúa (sic) los ciudadanos ALESSANDRO DAVI Y (sic) CATERINA DAVI. En razón de ellos este Tribunal (sic) le concede pleno valor probatorio. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

DOS: del titulo (sic) supletorio, el cual fue expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil, Agrario, del Transito (sic) y del trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado (sic) Sucre, en fecha 19 de Marzo (sic) de 1996, y debidamente registrado. Con respecto al valor probatorio de este tipo de justificativo de testigos, ya que la doctrina y la jurisprudencia patria han sido consecuentes en afirmar que los denominados justificativos de testigos no son suficientes para demostrar lo que afirman los testigos que intervinieron en el mismo.

(…Omissis…)

…por lo que para que el Titulo (sic) Supletorio (sic) pueda valorarse como plena prueba debe ser sometido al contradictorio, o como se le llama en el foro, ratificarse en juicio para que surta su efecto probatorio, por lo que a criterio de quien suscribe, no fue ratificado por lo que no crea la certeza probatoria de su contenido, en base a la jurisprudencia parcialmente transcrita, en consecuencia no se le concede valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

TRES: de la autorización del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta, para registrar el documento de fecha 19/03/1996 (sic), sobre un terreno, sobre el cual se construyó una bienhechurias (sic), de la revisión de la anterior documental este Tribunal (sic) al igual que el a quo le niega valor probatorio en virtud que la misma nada aporta al derecho reclamado. Y ASI (sic) SE ESTABLECE

CUATRO: acta de defunción del ciudadano SALVATORE DAVI, de la misma se desprende su fallecimiento, lo que verificado anteriormente con la declaración de únicos y universales herederos le concede al accionante el carácter de autos, razón por la cual este Tribunal (sic) le otorga pleno valor probatorio. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

CINCO: Certificación de datos registrales emanada de la Oficina de Registro Publico (sic) del Municipio Sucre del Estado (sic) Sucre, de fecha 10/1º1/2011 se aprecia que el ciudadano PIETRO SIINO RISO, identificado en autos es la persona que de acuerdo al documento protocolizado por ante la referida Oficina de Registro (sic) Publico (sic) aparece como propietario de las reclamadas bienhechurías, se le otorga pleno valor probatorio a los fines de corroborar la propiedad de las bienhechurías descritas en el libelo a favor del ciudadano PIETRO SIINO RISO y ser documento constitutivo de la presente acción. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

SEIS: Certificación de datos registrales emanada de la Oficina (sic) de Registro (sic) Publico (sic) del Municipio (sic) Sucre del Estado (sic) Sucre, de fecha 10/11/2011 donde se evidencia que el ciudadano PIETRO SIINO RISO, es la persona que de acuerdo al documento protocolizado por ante la referida Oficina (sic) de Registro (sic) Publico (sic) aparece como propietario de un lote de terreno de diez mil novecientos trece con cincuenta centímetros (10.913,50 M”) y el local comercial sobre el construido, según se evidencia en datos regístrales de fecha 30/04/1999 (sic) , anotado bajo el numero (sic) 36, folios 213 al 215 del Protocolo (sic) Primero (sic), Tomo (sic) 7ª, Segundo (sic) Trimestre (sic) de dicho año, se le otorga pleno valor probatorio a los fines de corroborar la propiedad del lote de terreno de diez mil novecientos trece con cincuenta centímetros (10.913,50 M2) y el local comercial sobre el construido, descritas en el libelo a favor del ciudadano PIETRO SIINO RISO y ser documento constitutivo de la presente acción. ASI (sic) SE ESTABLECE.

SIETE: Documentos Protocolizados (sic) por ante la OFICINA Subalterna de Registro Publico (sic) del Municipio (sic) Sucre del Estado (sic) Sucre, de fecha 20/10/1999 donde se evidencia que el ciudadano PIETRO SIINO RISO, plenamente identificado en autos es el propietario de las bienhechurías… del lote de terreno de diez mil novecientos trece con cincuenta centímetros (10.913,50 M2) y el local comercial sobre el construido, descritos en el libelo se le otorga pleno valor probatorio por ser documentos fundamentales de la presente acción de prescripción adquisitiva. ASI (sic) SE ESTABLECE.

TESTIMONIALES

OCHO: las testimoniales de los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTINEZ (sic) PEREZ (sic), NORAINNI YUDITH Arcila ORTIZ y DULCE MARIA (sic) MILLAN (sic) VASQUEZ (sic), sobre esta prueba se observa que la jueza a quo le otorgo (sic) pleno valor probatorio a dichas testimoniales, a lo que esta alzada en uso de su plena jurisdicción observa del interrogatorio de los ciudadanos arriba señalados que los mismos fueron ciertamente claros, precisos y contestes en señalar que conocían al ciudadano SALVATORE DAVI, con discrepancia de tiempo señalaron que lo conocieron, ahora bien, en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano SALVATORE DAVI, la pregunta resulto (sic) para los tres testigos imprecisa pues solo se limitaron a señalar él vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la Población (sic) de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento (sic) precisión , certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda, razón por la cual este Tribunal (sic) se encuentra en discrepa con respecto a la valoración realizada por el a quo, en razón que por medio de los testimonios de los ciudadanos señalados jamás se podrá afirmar que el ciudadano SALVATORE DAVI, siempre poseyó el inmueble como suyo, además de las otras muchas aseveraciones que realizo (sic) la juzgadora a quo, razones estas que en principio resultan a todas luces, que no se le conceda valor probatorio a la presente prueba testimonial. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

PUEBAS DE INFORMES

NUEVE: prueba de informes, a la oficina de Hidrocaribe, de esta ciudad de Cumaná, informando de los siguientes particulares:

1- El nombre y apellido de la persona que figura como titular de la cuenta Nª 08-02-005-022-00, que registra el servicio de agua potable que es suministrado por ese órgano administrativo a un inmueble sin número, localizado en la población de Araya, concretamente en la calle “Sanabria” (sector” La Otra Banda”) en Jurisdicción (sic) del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre.

2- la (sic) fecha desde la cual, conforme a la cuenta Nª 08-02-005-022-00, se está presentando el servicio de agua potable en el inmueble sin número localizado en la población de Araya, concretamente en la calle “Sanabria” (sector ”La Otra Banda”) en Jurisdicción (sic) del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, a nombre de la persona que, conforme a sus archivos aparece como titular.

Para la valoración de este medio probatorio observa esta alzada a través del comunicado recibido en fecha 21/05/2013 de HIDROCARIBE, mediante el cual que (sic) desde el mes de Enero (sic) de 1996 hasta la fecha en referencia quien aparece en el sistema comercial de la institución es el ciudadano SALVATORE DAVID (sic), no se le concede valor probatorio a la presente prueba de informes, por cundo (sic) de la misma ciertamente se puede extraer que el ciudadano Salvatore Davi, realizo (sic) cancelaciones y pagos constante desde la fecha Enero (sic) de 1996 al año 2013, pero nada aporta al proceso para dejar ver como lo asevera la jueza a quo que el mencionado ciudadano tenia (sic) la posesión sobre el  inmueble objeto de la demanda, asimismo nada comporta con el objeto de la acción, en virtud pues desde el año 1996 ( fecha señalada por Hidrocaribe) al 2013 (fecha en que fue recibido el comunicado) no han trascurrido los más de 20 años señalados por el actor en el libelo de demanda. Razones estas que llevan a este Tribunal (sic) a no concederle valor probatorio a la presente prueba. Y ASI (sic) SE ESTRABLECE.

DIEZ: prueba de informes solicitada a la Oficina Nacional de Teléfonos (CANTV), de esta ciudad de Cumaná a los fines de informar a este juzgado sobre los siguientes particulares:

1- El nombre y apellido de la persona que figura como titular del número telefónico (0293) 4371142 que permite el disfrute del servicio de telefonía fija que es prestado por ese órgano administrativo, al inmueble sin número localizado en la población de Araya, concretamente en la calle “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) en jurisdicción del Municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre.

2- La fecha desde la cual, se esta (sic) prestando servicio de telefonía fija en el inmueble S/N      

(…Omissis…)

Para el caso de la presente prueba observa esta alzada que con la misma se observa lo diligente del ciudadano SALVATORE DAVI RISO, en el pago del servicio telefónico del bien objeto de la presente acción en razón de ello le concede pleno valor probatorio a la presente prueba. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

DOCUMENTALES

ONCE: Documento constitutivo del fondo de comercio, bajo la firma personal denominado BLOQUERA ARAYA, de fecha 21/03/1991 (sic), inscrito bajo el Nº 17, Tomo (sic) II, Libro (sic) Primero (sic), en la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre, este juzgado a diferencia con el a quo, no le concede valor probatorio al presente documento, por cuanto no es thema decidendum la existencia de la BLOQUERA ARAYA, ni controvertido en la demanda la relación de la misma con la prescripción adquisitiva.

DOCE: se consignaron los siguientes documentos administrativos:

B-1.- Licencias de Industria (sic) y Comercio (sic) de los años 2000, 2002, 2004, 2005, emanadas del Municipio Cruz Salmerón Acosta a nombre de Salvador Davi.

B-2.-Licencias de Impuestos (sic) sobre actividades económicas de los años 2004, 2005, 2007, emanadas de la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón Acosta a nombre de Salvador Davi.

B-3.- Planilla de Liquidación (sic) de Ejidos (sic) expedida por el Concejo Municipal del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta de fecha 28/12/ 1995, por concepto de pago de mensura de un terreno ubicado en la calle Sanabria, sector la otra (sic) banda (sic) de la Población (sic) de Araya a nombre de Salvador Davi.

C.- Estados de cuenta, resúmenes de facturación y facturas de diferentes años, por concepto de CANTV, donde sale como titular de la cuenta telefónica Nº 0293-4371142, el ciudadano Salvador Davi, cuya dirección es calle Sanabria, sector la otra banda de la Poblaciòn de Araya, Municipio (sic) Cruz Salmeròn Acosta.

D.- Historial de pago de la cuenta Nº08-02-005-0221-00, por servicio de agua potable suministrado por HIDROCARIBE, donde aparece como titular de la cuenta el ciudadano Salvador Davi, cuya dirección es calle Sanabria, sector la otra banda de la Poblaciòn de Araya, Municipio (sic) Cruz Salmeròn Acosta.

En detenida este Tribunal (sic) observa del  legajo de medios probatorios administrativos, corren la misma suerte de las documentales up supra, en virtud de lo que en principio si lo que se pretende probar con dichas documentales administrativas es que el ciudadano SALVATORE DAVI, viene actuando como buen padre de familia sobre los bienes del cual se solicita la presente acción, pues este Tribunal (sic) en observancia de las presentes pruebas no le es dable darle valor probatorio en virtud de que las mismas resultan no bastarse para demostrar los más de 20 años que tiene el ciudadano SALVATORE DAVI poseyendo el bien, por el contrario solo se alcanza ver la diligencia del ciudadano en cuestión por plazos regulares de 10 años, razón por la cual este Tribunal (sic) no le concede valor probatorio al presente legajo de documentos administrativos. Y ASI (sic) SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

UNO: merito favorable de los documentos de propiedad, que presentó el demandante, donde se desprende la propiedad a favor del ciudadano PIETRO SIINO RISO. A este medio probatorio este juzgado ya le otorgó supra pleno valor probatorio, del mismo se desprende que el ciudadano PIETRO SIINO RISO registró a su nombre unas bienhechurías en el mes de octubre del año 1999 fomentadas sobre un lote de terreno de diez mil novecientos trece metros cuadrados con cincuenta centímetros (10.913,50mt2), así como se ha dicho terrenos fue registrado a su nombre en fecha 30/04/1999 (sic), ambos objeto del presente procedimiento de prescripción adquisitiva. Y ASÍ SE ESTABLECE.

TESTIMONIALES

DOS: en cuanto a las testimoniales de autos promovidas por la parte actora se observa de la declaración de los ciudadanos PEDRO SEGUNDO GONZALEZ (sic), LUIS MANUEL SALAZAR MONTAÑO y JOSE (sic) RAFAEL FERNANDEZ (sic), que los mismos fueron contestes señalando situaciones de modo lugar y tiempo que a bien son vinculadas con el presente proceso, señalando el conocimiento que tienen del ciudadano Pietro siino (sic) el carácter del bien en objeto de controversia así como elementos vinculados al asunto,  razones estas suficientes para que este Tribunal al igual que el a quo le otorgue pleno valor probatorio. Y ASI (sic) SE DECIDE.

MOTIVA

FINAL

Así las cosas, establecidas como han quedado en los bloques que anteceden este Tribunal (sic) pasa a decidir con fundamento a lo up retro, y cada una de las actas que cursan en autos observando para ello lo siguiente:

Sumergidos en el presente expediente se encuentran una serie de aspectos que deben naturalmente se (sic) evaluados por este sentenciador, ejemplo de ello en principio la mala valoración de pruebas del a quo que pareciera sale de una interpretación no ajustada a los parámetros del derecho, y que conlleva a una resulta no bien fundada.

Analizado como ha sido el caso de marras, consta que la parte actora señala que sus actos posesorios datan desde el año 1984, lo cual adminiculado con las pruebas constata esta (sic) juzgadora (sic) lo siguiente:

Que en el año (sic) mes de octubre del año 1999 el ciudadano PIETRO SIINO RISO registró a su nombre unas bienhechurías fomentadas sobre un lote de terreno de diez mil novecientos trece metros cuadrados con cincuenta centímetros (10.913,50 mt2), así como dicho terreno fue registrado a su nombre en fecha 30/04/1999 (sic).

Que la actora vivía con el ciudadano PIETRO SIINO RISO y su familia, desarrollando actividad comercial, en el inmueble que pretende prescribir.

Que existe una inconsistencia en el reclamo de derechos, pues se observa de autos la interposición de una pretensión procesal intentada por la actora que busca la reivindicación de las bienhechurías objeto de la presente, lo que a todas luces se traduce de inmediato que el ciudadano SALVADOR DAVI no tenia (sic) la posesión del bien objeto de la presente.

Estas aseveraciones hacen que sucumba la pretensión de la actora en virtud de que no logró demostrar la posesión pacífica, continua y no equívoca del inmueble, no siendo posible entonces considerar tal posesión como legítima, y, mucho menos el tiempo legal para adquirir la propiedad por prescripción conforme lo dispone el artículo 1.977 del Código Civil.

Por lo tanto habiéndose analizado la procedencia de la prescripción adquisitiva a lo largo del presente fallo sin que conste en las actas de manera concurrente que el ciudadano SALVADOR DAVI tuviera una posesión pacífica de inmueble y, el transcurso del tiempo legal, forzosamente debe este juzgador declarar sin lugar la acción incoada, Y ASI (sic) SE DECIDE.

Finalmente debo señalar, que el otro elemento que se desarrolla para que se produzca la prescripción adquisitiva es el tiempo. En conclusión, como supuestos de procedencia para el planteamiento de la pretensión de prescripción adquisitiva, figura la posesión legítima y el transcurso del tiempo. Y que la posesión se adquiere cuando coexisten el corpus y el animus, mientras estos elementos anden de la mano, por decirlo metafóricamente, la posesión se conserva, sin embargo de faltar uno o ambo (sic), se pierde.

El corpus puede definirse como los hechos ejecutados en la cosa por el poseedor, que exteriorizan la intención de dueño. Sin la comprobación de tales hechos los jueces no podrían descubrir la intención de quien tenga la cosa y al exigir la ley que la posesión sea continúa, quiere que durante los lapsos señalados para promoverlas acciones posesorias o para adquirir por prescripción, se ejecuten persistentemente actos de dueño, según la naturaleza de la cosa.

El animus, en principio, consiste en tomar frente a la cosa la actitud que corresponde al propietario o el titular de otro derecho susceptible de posesión.  Este animus lleva implícita la negación del derecho ajeno. El animus puede manifestarse explicita (sic) o implícitamente, en este último caso a través de actos materiales.

Luego de haber analizado los alegado (sic) y probado en autos, y de hacer las anteriores consideraciones, es imperioso para este juzgador concluir, que en el presente caso, no están dadas ni demostradas las exigencias mínimas para que proceda la prescripción adquisitiva solicitada, ya que el actor no demostró las exigencias establecidas en el artículo 772 del Código Civil. Y así se decide…”. (Negrillas, cursivas y subrayado del escrito).

 

De lo antes citado, esta Sala observa que el ad quem, en síntesis procedió a identificar las actuaciones procesales que se produjeron en el juicio.

         Asimismo, la recurrida examinó los alegatos efectuados por las partes, y en ese sentido, por cuanto lo consideró necesario transcribió partes fundamentales de lo alegado tanto en el escrito del libelo de la demanda, como en la contestación a la misma, y transcribió partes relevantes del escrito de informes presentado por la parte demandada.

         Así bien, analizó los medios probatorios mediante los cuales las partes fundamentaron sus respectivos alegatos y defensas planteadas tanto en el libelo como en la contestación de la demanda.

         Posteriormente, analizó y valoró los medios probatorios que tuvieron lugar en el juicio.

         Finalmente, el juez de la recurrida, procedió a plasmar sus conclusiones de hecho y de derecho, estableció en este sentido que “…habiéndose analizado la procedencia de la prescripción adquisitiva a lo largo del presente fallo sin que conste en actas la manera concurrente que el ciudadano Salvatore Davi (†) tuviera una posesión pacífica del inmueble y, el transcurso del tiempo legal, forzosamente debe este juzgador declarar sin lugar la acción incoada…”, y finalmente declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada.

         De modo que lo narrado por el juzgador de alzada permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido referido a la adquisición por prescripción adquisitiva, por lo que esta Sala colige que en el presente caso, no se produjo el vicio delatado y en consecuencia, no hubo violación del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, la presente denuncia resulta improcedente. Así se decide

 

-II-

 

Conforme con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4 eiusdem, por incurrir la sentencia recurrida en el vicio de inmotivación.

En el escrito de formalización el recurrente afirmó:

“…Con fundamento en el artículo 313, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243, ordinal 4°, del mencionado Código de Procedimiento Civil, por considerar el formalizante que la recurrida padece del vicio de “inmotivación”.

En efecto, el aludido artículo 243, ordinal 4°, del Texto (sic) Adjetivo (sic) Civil (sic) dispone textualmente que:

‘Toda sentencia debe contener:

(…)

4°. Los motivos de hecho y de derecho de la decisión’.

En el caso que nos ocupa, la exigencia de motivar la sentencia ha sido incumplida.

En efecto, al efectuar una simple lectura del contenido de la recurrida puede observarse que el ciudadano Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic), al examinar las testimoniales rendidas por los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTÍNEZ PÉREZ, NORIANNI YUDITH ARCILA ORTÍZ y DULCE MARÍA MILLAN (sic) VÁSQUEZ, terminó por desecharlas del proceso señalando lo siguiente:

‘OCHO: las TESTIMONIALES de los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTÍNEZ PÉREZ, NORIANNI YUDITH ARCILA ORTÍZ y DULCE MARÍA MILLAN (sic) VÁSQUEZ, se observa que la jueza a quo le otorgo (sic) pleno valor probatorio a dichas testimoniales, a lo que esta alzada en uso de su plena jurisdicción observa del interrogatorio arriba señalados que los mismos fueron ciertamente claros, precisos u contestes en señalar que conocían al ciudadano SALVADOR DAVI, con discrepancia de tiempo señalaron que lo conocieron, ahora bien, en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano SALVADOR DAVI, la pregunta resulto (sic) paro (sic) los tres testigos imprecisa pues solo se limitaron a señalar el vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento (sic) precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda, razón por la cual este Tribunal (sic) se encuentra en discrepa con respecto a la valoración realizada por el a quo en razón que por medio de los testimonios de los ciudadanos señalados jamás se podría afirmar  que el ciudadano SALVADOR DAVI, siempre poseyó el inmueble como suyo, además de las otras muchas aseveraciones  que realizo la juzgadora a quo, razones estas que  en principio resultan a todas luces que no se le conceda valor probatorio a la presente prueba testimonial. Y ASI (sic) SE ESTABLECE:’

Como se podrá apreciar, en esa porción de la recurrida, el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) se limita a afirmar simplemente que:

‘…en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano SALVADOR DAVI, la pregunta resulto para los tres testigos imprecisa pues sólo se limitaron a señalar en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda…”.

Ello así, tenemos que la recurrida, el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) ha omitido consignar, aunque sea en forma resumida, las respuestas que ofrecieron los aludidos testigos, en virtud de las cuales le fue posible a aquel llegar a la conclusión de que los medios de prueba en cuestión no podían hacer plena prueba en relación a los hechos narrados en sus testimonios. De modo que, en nuestra modesta opinión, está omisión (en la que ha incurrido el sentenciador del segundo grado de la jurisdicción) impide a esta representación conocer el examen hecho sobre las declaraciones de los testigos y, en tal virtud, tal carencia de motivos, impide a esta parte la construcción de una denuncia por infracción de ley.

(…Omissis…)

Así las cosas, se comprende fácilmente que ‘para que los fundamentos de una sentencia sean, como es debido, demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a simples afirmaciones sobre puntos de hecho sin que le preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas constantes en autos’. Entonces, si, como hemos dicho, la motivación de hecho de una sentencia requiere la determinación de los hechos de la causa, y esto pasa por la necesaria exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas constantes en autos, visto que en la recurrida el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) se ha limitado a afirmar, en forma general, que la quinta ‘…pregunta resulto (sic) para los tres testigos imprecisa pues solo (sic) se limitaron a señalar   el vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presentó precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda…’, sin haber consignado, aunque sea en forma resumida, las respuestas que ofrecieron los aludidos testigos, en virtud de las cuales les fue posible a aquel llegar a la conclusión de que los medios de prueba en cuestión no podían hacer plena prueba en relación a los hechos narrados en sus testimonios, ésta se encuentra viciada por inmotivación, toda vez que no dio cumplimiento a la obligación que le imponía la norma contenida en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

(…Omissis…)

Se entiende que, si el a quo, al haber valorado (o apreciado) los medios de prueba testimonial que fueron promovidos por esta representación, determinó que estos no resultaban idóneos o capaces de probar los extremos necesarios para acreditar la verificación de las circunstancias fácticas indispensables para que se declarara la prescripción adquisitiva a favor de mis mandantes, lo adecuado habría sido que consignara en el fallo el conjunto de circunstancias (fácticas o jurídicas) que, eventualmente, lo habrían conducido a concluir que, efectivamente, no estaban acreditados suficientemente los antes mencionados extremos de ley y, sin embargo, esto no se hizo.

De manera tal pues que, por esta circunstancia, la recurrida debe reputarse como inmotivada, pues no dio cumplimiento a la obligación que le imponía la norma contenida en el ordinal 4 ° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y, en virtud de ello, resulta nula a tenor de lo que manda el artículo 244 eiusdem…”. (Negrillas, cursivas y subrayado del escrito).

 

Para decidir, la Sala observa:

De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por “…inmotivación…”.

         Así mismo, bajo este sustento, afirma que el ad quem “…al examinar las testimoniales rendidas por los ciudadanos Alexis Enrique Martínez Pérez, Norianni Yudith Arcila Ortíz y Dulce María Millan Vásquez, terminó por desecharlas del proceso en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano Salvatore Davi…”.

         En consecuencia, considera el recurrente, que al pronunciarse el ad quem, respecto al medio de prueba testimonial, sin haber consignado, en forma resumida, las respuestas que ofrecieron los aludidos testigos, en virtud de las cuales le fue posible al juez superior, arribar a la conclusión, que los medios de prueba en cuestión, no podían hacer plena prueba en relación con los hechos narrados en sus testimonios, incurrió en el vicio de inmotivación.

          En relación con el vicio de inmotivación, la Sala en sentencia Nº 680, de fecha 11 de agosto de 2006, caso: Zadur Elías Bali Asapchi, contra Italo González Russo y otra, expediente Nº 06-083, señaló lo siguiente:

“…Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que impone al sentenciador la obligación de expresar en su decisión los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la misma, al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

La finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso extraordinario de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir en dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada.

En cuanto al vicio de inmotivación de la sentencia, cabe señalar que se puede producir de la siguiente manera: a) cuando no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye. b) las razones dadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión o la excepción. c) los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y d) todos los motivos son falsos….”.

 

         Asimismo, ha señalado esta Sala que el deber de motivación, no exige del juez o tribunal una detallada descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado.

         En consecuencia, debe acudirse a un criterio de razonabilidad, que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse y que queda confiado al órgano judicial competente. (Cfr. fallo N° 638 del 10 de octubre de 2003, caso: Humberto Contreras Morales, contra Juana Isidra Vale Alizo de García y otros, expediente N° 99-068).

         A los fines de constatar lo delatado por el formalizante, es conveniente transcribir parcialmente la sentencia recurrida, que textualmente señala:

“…TESTIMONIALES

OCHO: las testimoniales de los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTINEZ (sic) PEREZ (sic), NORAINNI YUDITH Arcila ORTIZ (sic) y DULCE MARIA (sic) MILLAN (sic) VASQUEZ (sic), sobre esta prueba se observa que la jueza a quo le otorgo pleno valor probatorio a dichas testimoniales, a lo que esta alzada en uso de su plena jurisdicción observa del interrogatorio de los ciudadanos arriba señalados que los mismos fueron ciertamente claros, precisos y contestes en señalar que conocían al ciudadano SALVATORE DAVI, con discrepancia de tiempo señalaron que lo conocieron, ahora bien, en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano SALVATORE DAVI, la pregunta resulto (sic) para los tres testigos imprecisa pues solo se limitaron a señalar él vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la Población (sic) de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento (sic) precisión , certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda, razón por la cual este Tribunal (sic) se encuentra en discrepa con respecto a la valoración realizada por el a quo, en razón que por medio de los testimonios de los ciudadanos señalados jamás se podrá afirmar que el ciudadano SALVATORE DAVI, siempre poseyó el inmueble como suyo, además de las otras muchas aseveraciones que realizo (sic) la juzgadora a quo, razones estas que en principio resultan a todas luces, que no se le conceda valor probatorio a la presente prueba testimonial. Y ASI (sic) SE ESTABLECE…”. (Negrillas del texto).

 

Luego de revisar el contenido de la sentencia recurrida, esta Sala observa que al momento de motivar su decisión, el juez de alzada disintió con respecto a la valoración de la prueba testimonial otorgada por el a quo, en razón, de que los mencionados testigos solo se limitaron a señalar que el ciudadano Salvador Davi (†), vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya.

En este sentido, a criterio del ad quem, la deposición de los testigos resultó insuficiente para otorgarle pleno valor probatorio al medio de prueba testimonial, pues a su criterio, no se presentó precisión, certeza, ni coherencia del inmueble que se pretende adquirir por prescripción adquisitiva, ya que por medio de estos testimonios jamás se podría afirmar que el ciudadano Salvatore Davi (†), siempre poseyó el inmueble como suyo.

Lo anterior constituye la motivación respecto a las testimoniales y su valoración, por ende, si el formalizante pretendió atacar tal valoración, la denuncia debía enfocarse por un error en la valoración de los testigos, y no por el vicio de inmotivación. Así se decide.

En este sentido, la Sala considera que las razones  expresadas por el juez de alzada en su fallo, resultan suficientes para controlar la legalidad de lo decidido.

Por tales motivos, la Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

 

Conforme con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 320 eiusdem.

En el escrito de formalización el recurrente afirmó:

“...Con fundamento en el ordinal 2° del Artículo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, todo en concordancia con el artículo 320 Ibidem (sic)

(…Omissis…)

el juez del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) se limita a afirmar simplemente que:

“…en razón de la pregunta quinta, referente donde vivía el ciudadano SALVADOR DAVI, la pregunta resulto (sic) para los tres testigos imprecisa pues sólo se limitaron a señalar el vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda…”.

De modo que, en el caso que nos ocupa, para desechar las testimoniales rendidas, el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) habría restringido (o limitado) su análisis única y exclusivamente al contenido de las deposiciones efectuadas por los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTINEZ (sic) PEREZ (sic), NORAINNI YUDITH ARCILA ORTIZ y DULCE MARIA (sic) MILLAN (sic) VASQUEZ (sic).

Ahora bien, el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que:

‘Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez (sic) examinará si las deposiciones de estos se concuerdan entre si y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya que por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación’.

La antes transcrita disposición legal ha debido ser aplicada al caso concreto pues, de acuerdo con lo que ha sido establecido por esta Sala de Casación Civil (…) el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil debe ser considerado como regla de la valoración de la prueba testimonial y, en consecuencia, resulta obligatorio para el juez “hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible” y , en el caso que nos ocupa, la susodicha concordancia resultaba absolutamente posible.

En efecto, tal y como puede apreciarse, el Juez del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) habría desechado los medios de prueba testimonial pues (aunque sin consignar los motivos que lo condujeron a ello) habría considerado que las respuestas ofrecidas a la quinta pregunta del interrogatorio que a éstos le fue formulado, referida al lugar donde vivía el ciudadano SALVADOR DAVI, fueron “imprecisas” puesto que sólo se habrían limitado a señalar que aquel vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya, y que ello resultaría insuficiente para atribuirles a estos medios de prueba méritos probatorios puesto que no se habría presentado “…precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda…”.

Sin embargo, si el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) hubiese aplicado al caso concreto la previsión normativa objeto de nuestros comentarios, y hubiera concordado las declaraciones de los testigos con los siguientes medios de prueba 1) EL INFORME emanado de la Oficina (sic) de HIDRO CARIBE localizada en la ciudad de Cumaná, en el cual se deja expresa constancia de que ES SALVATORE DAVI RISSO la persona que figura como titular de la cuenta N°. 08-02-005-022-00, que registra el servicio de agua potable que es suministrado por ese órgano administrativo, a un inmueble sin número, localizado en la población de Araya, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra banda”), en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre; 2) EL INFORME emanado de la oficina de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos (CANTV) localizada en Cumaná, en el cual se deja expresa constancia de que es SALVATORE DAVI la persona que figura como titular del número telefónico (0293) 4371142, que permite el disfrute del servicio de telefonía fija que es prestado por ese órgano administrativo, al inmueble sin número, localizado en la población de Araya, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sic) (sector “La Otra Banda”), en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre; 3) La copia fotostática simple del documento conforme al cual el ciudadano SALVATORE DAVI RISO constituyó el fondo de comercio (bajo la modalidad de “firma personal”) denominado BLOQUERA ARAYA: lo que realmente interesa poner de relieve ahora es que el señalado fondo de comercio desarrollaba su actividad económica, precisamente, en el inmueble sin número, localizado en la población de Araya, concretamente en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda” ), en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón  Acosta del Estado (sic) Sucre, todo lo cual queda plenamente demostrado con los documentos administrativos que, seguidamente se mencionan; 4) las “licencias de industria y comercio” correspondientes a los años dos mil (2.000), dos mil dos (2.002), dos mil cuatro (2.004) y dos mil cinco (2.005), emanadas de la Alcaldía del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta, a nombre de SALVATORE DAVI, para que funcione en esa localidad el fondo de comercio denominado BLOQUERA ARAYA, el cual está ubicado en el sector “La Otra Banda” de la población de Araya; 5) las “licencias de impuestos sobre actividades económicas” correspondientes a los años dos mil cuatro (2.004), dos mil cinco (2.005) y dos mil siete (2.007), emanadas de la Alcaldía del Municipio (sic) Cruz salmerón (sic) Acosta, a nombre de SALVATORE DAVI, en el cual consta el pago del tributo correspondiente al ejercicio de la actividad económica propia del fondo de comercio denominado BLOQUERA ARAYA, ubicado en el sector “La Otra Banda” de la población de Araya; 6) la “planilla de liquidación de ejidos” expedida por el Concejo Municipal del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1.995), a favor del ciudadano SALVADOR DAVI, por concepto del pago de mensura de un terreno ubicado en la Calle (sic) Sanabria, Sector (sic) la Otra Banda de la población de Araya; 7) el legajo en el cual constan “estados de cuenta”, “resúmenes de facturación” y “facturas” emanados (as), en diferentes épocas, de la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), en cuyos instrumentos aparece el ciudadano SALVADOR DAVI como cliente (o titular) del servicio telefónico (correspondiente al número 0293-4371142) que se presta al inmueble sin número, localizado en la población de Araya, en Jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente en la calle “Sanabria” (sector “La Otra Banda”); y 8) el “historial de pago” de la cuenta N°. 08-02-005-022-00, que registra el servicio de agua potable que es suministrado por HIDROCARIBE, a un inmueble sin número, localizado en la población de Araya, en la Jurisdicción (sic) del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”), en cuyo instrumento, además, figura como titular el ciudadano SALVADOR DAVID (sic); seguramente habría concluido que, en realidad, existe una perfecta correspondencia entre las declaraciones de los testigos y los demás medios de pruebas constantes en los autos en relación al inmueble que los antes mencionados testigos señalaron como lugar en el que habitaba y trabajaba SALVATORE DAVI, que no era otro que el inmueble sin número, localizado en la población de Araya, en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”).

Queda perfectamente claro, pues, que si el juez del segundo grado de la jurisdicción hubiese aplicado al caso concreto la norma contenida en el mentado artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, hubiera concluido, sin inconvenientes de ninguna especie, que la identidad del inmueble cuya prescripción adquisitiva se reclama en juicio estaba plenamente acreditada debido a la concordancia que ciertamente existe entre las declaraciones de los testigos y los medios de prueba documental antes señalados. Motivo por el cual, habiendo aportado los testigos en cuestión elementos fácticos suficientes para acreditar que SALVATORE DAVI RISSO y CATERINA DAVI RISSO ejercieron la posesión legítima sobre el inmueble sin número, localizado en la población de Araya, en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”), por el tiempo establecido en la ley para que se declarara la prescripción adquisitiva, sin duda alguna, hubiera declarado con lugar la pretensión de prescripción adquisitiva de la propiedad ejercida en esta causa…”. (Negrillas, cursivas y subrayado del escrito).

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el formalizante la falta de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, con base en que el juez superior al analizar las deposiciones de los testigos Alexis Enrique Martínez Pérez, Norainni Yudith Arcila Ortiz y Dulce María Millan Vásquez, limitó su análisis al contenido de las deposiciones efectuadas por los mencionados ciudadanos,  sin aplicar el contenido del precitado artículo, que impone al juez el deber de examinar si las deposiciones de los testigos concuerdan entre sí y con las demás pruebas.

         Así bien, arguye el formalizante, que el ad quem, desechó las testimoniales rendidas, en razón de la pregunta quinta, referida al lugar donde vivía el ciudadano Salvatore Davi (†), por lo que la recurrida, consideró, que las respuestas ofrecidas por los testigos fueron imprecisas, en tal sentido profirió “…sólo se limitaron a señalar que él vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la población de Araya, y que ello resultaría insuficiente para atribuirle a estos medios de pruebas méritos probatorios…”.

         Considerando finalmente el recurrente, que si el superior, hubiese aplicado al caso en concreto la norma in comento “…hubiera concluido sin inconvenientes, que la identidad del inmueble cuya prescripción adquisitiva se pretende en juicio, estaba plenamente acreditada, debido a la concordancia entre las declaraciones de los testigos y los medios de prueba documental…”.

Así bien, a los fines de verificar lo denunciado por el formalizante, se transcribe parcialmente la sentencia recurrida, que textualmente señala:

“…TESTIMONIALES

OCHO: las testimoniales de los ciudadanos ALEXIS ENRIQUE MARTINEZ (sic) PEREZ (sic), NORAINNI YUDITH Arcila ORTIZ y DULCE MARIA (sic) MILLAN (sic) VASQUEZ (sic), sobre esta prueba se observa que la jueza a quo le otorgo (sic) pleno valor probatorio a dichas testimoniales, a lo que esta alzada en uso de su plena jurisdicción observa del interrogatorio de los ciudadanos arriba señalados que los mismos fueron ciertamente claros, precisos y contestes en señalar que conocían al ciudadano SALVATORE DAVI, con discrepancia de tiempo señalaron que lo conocieron, ahora bien, en razón de la pregunta quinta, referente a donde vivía el ciudadano SALVATORE DAVI, la pregunta resulto (sic) para los tres testigos imprecisa pues solo se limitaron a señalar él vivía en un inmueble en la calle Sanabria de la Población (sic) de Araya, lo que a todas luces resulta insuficiente para que el medio sea plena prueba pues no se presento (sic) precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende en la presente demanda, razón por la cual este Tribunal (sic) se encuentra en discrepa con respecto a la valoración realizada por el a quo, en razón que por medio de los testimonios de los ciudadanos señalados jamás se podrá afirmar que el ciudadano SALVATORE DAVI, siempre poseyó el inmueble como suyo, además de las otras muchas aseveraciones que realizo (sic) la juzgadora a quo, razones estas que en principio resultan a todas luces, que no se le conceda valor probatorio a la presente prueba testimonial. Y ASI (sic) SE ESTABLECE…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Como es constatable de la trascripción supra realizada, el juez de alzada desechó la prueba testimonial, en razón de la deposición de los testigos,  según su apreciación, el medio de prueba testimonial “…no presentó precisión, certeza ni coherencia del inmueble que se pretende…”, considerando el ad quem, que por medio de estos testimonios no se podría afirmar que el ciudadano Salvatore Davi (†), siempre poseyó el inmueble como suyo.

         Ahora bien, reiteradamente esta Sala, ha sostenido que la falta de aplicación ocurre cuando el juez no emplea una norma jurídica, expresa, vigente, aplicable y subsumible, la cual resulta idónea para la resolución de la controversia planteada, dando lugar a una sentencia injusta y susceptible de nulidad, pues, de haberla aplicado cambiaría esencialmente el dispositivo en la sentencia (Ver sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra; criterio reiterado por esta Sala en sentencia N° 470, de fecha 18 de octubre de 2011, expediente N° 11-082, caso: Cervecería Regional, C.A., contra Cervecería Polar, C.A. y otras).

         Por su parte, tenemos que el delatado artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone:

“…Artículo 508: Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación...”.

 

         Asimismo, en relación con el control casacional de las deposiciones judiciales, es doctrina pacífica y reiterada de la Sala de Casación Civil, que la apreciación del juez de instancia, con respecto a la credibilidad que le merece el testigo, la existencia de las razones para desechar su testimonio y el resultado al adminicular las pruebas, corresponde a la soberanía del juez, por ser una función o labor que le es propia, y su determinación es subjetiva.

         En tal sentido, el ad quem solo podrá ser censurado en casación, cuando cometa la violación de una norma expresa en el establecimiento o valoración de la prueba, se cometa el vicio de suposición falsa, se incurra en la violación de una máxima de experiencia, o se incurra en la violación de cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la prueba testimonial. (Ver sentencia N° RC-808, de fecha 13 de diciembre de 2012, expediente N° 12-289, caso: Yanett Josefa Rodriguez Martínez, contra Inmobiliaria 20.037, S.A.).

En el caso bajo estudio, observa la Sala, que el formalizante delata la falta de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, con base en que el juez superior, al analizar las deposiciones de los testigos mencionados ut supra, limitó su análisis al contenido de las deposiciones efectuadas, sin aplicar lo establecido en el precitado artículo, que impone al juez el deber de examinar si las deposiciones de los testigos concordaron entre sí y con las demás pruebas.

En tal sentido, tal como lo ha establecido esta Sala, el resultado al adminicular las pruebas, la credibilidad que le merece el testigo, la existencia de las razones para desechar su testimonio corresponde a la soberanía del juez, por ser una función o labor  que le es propia, y su determinación es subjetiva, por lo que, no podrá ser censurado en casación.

Así bien, observa la Sala que el ad quem, al valorar los testigos concluyó que su declaración resultó insuficiente por ser imprecisa, e incoherente, razonamiento realizado bajo el amparo de su soberanía en la oportunidad de realizarlo, lo cual no es censurable en casación, por las razones expuestas.

En tal sentido,  la denuncia formulada por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, es improcedente, pues se refiere a una función o labor soberana que le es propia al juez de instancia y su determinación es subjetiva. Así se decide.

 

-II-

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción por falta de aplicación del artículo 898 eiusdem, en concordancia con el artículo 320 ibídem.

El recurrente fundamentó su denuncia en lo siguiente:

“…Con fundamento en el ordinal 2° del Artículo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncias la infracción del artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 320 eiusdem.

Como podrá observarse, al analizar los medios de prueba aportados por la parte actora (…)

 Tal y como podrá observarse, el juez del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) desechó del proceso “título supletorio” expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado (sic) Sucre el diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1.996), argumentando que éste, para poder surtir efectos probatorios, debía “…ser sometido al contradictorio, o como se le llama en el foro, ratificarse en juicio…”, de modo que, puesto que no fueron ratificadas en juicio las deposiciones rendidas por los testigos, por allá por el año mil novecientos noventa y seis (1996), o sea, diecisiete (17) años antes de que iniciara la presente causa, y de los cuales no se tiene noticia en relación a si están vivos o no, al operados de justicia en cuestión le pareció que “…no crea la certeza probatoria de su contenido, en base a la jurisprudencia parcialmente transcrita, en consecuencia no se le concede valor probatorio…”.

Ahora bien, en el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que:

‘Las determinaciones del Juez (sic) en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable.

Se presumen de buena fe, hasta prueba en contrario, los terceros adquirientes de derechos que hayan sido objeto de la declaración judicial.’

La disposición normativa en cuestión debió ser aplicada al caso en concreto pues, como fácilmente se constata, ella es la que regula la valoración de este especial medio de prueba.

(…Omissis…)

(…) ha de entenderse, en nuestra modesta opinión, que el “título supletorio” o “justificativo de testigos”  cuya emisión se regula en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil consiste, básicamente, en un conjunto de diligencias jurisdiccionales que se disponen para declarar y asegurar la posesión (o algún otro derecho), que son llevados a cabo por el órgano jurisdiccional a solicitud de una persona determinada, sin participación ni control de una parte, y que, debido a ello, se reducen a informaciones que aportan unos testigos sobre determinados hechos. Estas diligencias jurisdiccionales, una vez evacuadas las deposiciones por el tribunal competente y dictada la resolución judicial pertinente, crean, por ministerio de la ley, un efecto jurídico concreto que consiste en una “presunción desvirtuable” (o iuris tantum) en relación a que el titular del derecho cuya tutela se pide es el promovente del justificativo pues, al fin y al cabo, dadas las formas en que son evacuadas, las determinaciones del juez dejan a salvo los derechos de los terceros.

De manera tal pues que, al establecer la determinación judicial una presunción, siguiendo el buen criterio jurisprudencial antes mencionado, debe entenderse que los títulos supletorios no pueden ser considerados como “pruebas anticipadas” respecto del medio probatorio denominado “testimonial” sino que, en su más íntima esencia, se tratan de decisiones judiciales no contenciosas, generadoras de un específico efecto jurídico: “una presunción a favor de quien se dictó el decreto”, que puede ser desvirtuada por cualquier medio probatorio.

De modo que, mientras no haya sido desvirtuada tal presunción, el título supletorio evacuado regularmente por el juez competente debe surtir sus efectos probatorios a plenitud. Efectos probatorios éstos que, se insiste, consisten en la existencia de una presunción favorable a quien lo promueve en juicio. De suerte que, exigir las declaraciones de los testigos contenidas en los “títulos supletorios” sean ratificadas en juicio implica, de suyo, vaciar de contenido y potencia la decisión judicial que las provee (cosa injustificable, en nuestra humilde manera de ver), ello sin tomar en cuenta que la previsión contenida en el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil nada dice en relación a ello.

Por lo tanto, si el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la jurisdicción hubiera aplicado al caso que nos ocupa la regla legal en cuestión, habría concluido que, a los fines de restarle eficacia probatoria al “título supletorio” objeto de nuestros comentarios, debía la parte no promovente del mismo (o sea: la demandada) efectuar prueba en contrario, tendiente a desvirtuar la presunción favorable a la existencia del derecho de propiedad que existe en cabeza de mis mandantes, y que, al no haberse producido tal prueba en contrario, era menester atribuirle al tanta veces mencionado “título supletorio” el mérito probatorio que de acuerdo con la ley tiene asignado, el cual, insistimos, no es otro que la existencia de una presunción favorable en relación a que mis mandantes son los propietarios del inmueble sin número, localizado en la población de Araya, en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”, respecto del cual se ha demandado la prescripción adquisitiva de la propiedad.

Por lo tanto, en ese evento, en lugar de desechar del proceso el aludido “título supletorio” (por no haberse ratificado las deposiciones de los testigos) lo habría valorado favorablemente a los interesados de mis patrocinados, según ha sido indicado previamente…”. (Negrillas y cursivas del escrito).

 

La Sala para decidir, observa:

En la presente delación por infracción de ley, el formalizante denuncia la falta de aplicación del artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la valoración dada a una prueba en el proceso, consistente del título supletorio expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, de fecha 19 de marzo de 1996.

En tal sentido, señala el formalizante, que el referido artículo debió ser aplicado al caso en estudio, pues según sus dichos “…es el que regula la valoración de este especial medio de prueba…”.

Por lo que, a su entender “…los títulos supletorios se tratan de decisiones judiciales no contenciosas, generadoras de un especifico efecto jurídico, a favor de quien se dictó el decreto, que puede ser desvirtuada por cualquier medio probatorio…”.

En tal sentido, alega el demandante formalizante, que mientras no haya sido desvirtuada tal presunción, al no haberse producido prueba en contrario “…por la parte demandada…”, el título supletorio evacuado debió surtir sus efectos “…consistentes de la presunción favorable en relación al derecho de propiedad de  los demandantes…”.

Si bien es cierto, el formalizante delata la falta de aplicación del artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, la Sala entiende que lo que pretende delatar es la valoración de la prueba del título supletorio promovido y evacuado en el presente juicio y así pasa a conocer.

Ahora bien, el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por falta de aplicación, establece lo siguiente:

“…Las determinaciones del juez en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable.

Se presumen de buena fe, hasta prueba en contrario, los terceros adquirientes de derechos que hayan sido objeto de la declaración judicial…”.

 

La interpretación literal de la norma antes transcrita, nos refiere que en materia de jurisdicción voluntaria, las determinaciones que tome el juez en esta materia, no causa cosa juzgada (porque no hay acción), pero establecen una presunción desvirtuable, es decir, una presunción iuris tantum, quedando a salvo los derechos de terceros.

         Dicho esto, la Sala pasa a transcribir extracto pertinente de la sentencia recurrida, a los fines de verificar lo delatado por el formalizante:

“…DOS: del titulo (sic) supletorio, el cual fue expedido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil, Agrario, del Transito (sic) y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado (sic) Sucre, en fecha 19 de Marzo (sic) de 1996, y debidamente registrado. Con respecto al valor probatorio de este tipo de justificativo de testigos, ya que la doctrina y la jurisprudencia patria han sido consecuentes en afirmar que los denominados justificativos de testigos no son suficientes para demostrar lo que afirman los testigos que intervinieron en el mismo.

 

(…Omissis…)

…por lo que para que el Titulo (sic) Supletorio (sic) pueda valorarse como plena prueba debe ser sometido al contradictorio, o como se le llama en el foro, ratificarse en juicio para que surta su efecto probatorio, por lo que a criterio de quien suscribe, no fue ratificado por lo que no crea la certeza probatoria de su contenido, en base a la jurisprudencia parcialmente transcrita, en consecuencia no se le concede valor probatorio. Y ASÍ (sic) SE ESTABLECE...”.

 

De la transcripción de la recurrida, se evidencia que el ad quem, desestimó el título supletorio emanado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, en fecha 19 de marzo de 1996, señalando “…para que el título supletorio pueda valorarse como plena prueba debe ser sometido al contradictorio…”.

         Sobre este punto, la Sala de Casación Civil en sentencia N° RC-463, de fecha 13 de agosto de 2009, expediente 07-0288, caso: Antonio José Flores, contra Jesús Alberto Flores y Gloria López Torres, con respecto al título supletorio como elemento probatorio, estableció lo siguiente:

“…De la precedente transcripción parcial de la sentencia recurrida, esta Sala observa que el juez, en la parte motiva del fallo, le negó valor probatorio al título supletorio referido por la parte actora en su formalización, por cuanto consideró necesario que los testimonios que forman parte del expresado título debían ser ratificados en el juicio, para darle oportunidad a la contraparte de ejercer el correspondiente contradictorio.

Precisamente, esta Sala, ha afirmado que el título supletorio para perpetua memoria, es un documento público, cuya declaración es emitida por un funcionario competente, con la finalidad de constatar y comprobar algún hecho o algún derecho, o para asegurar la posesión de una persona dentro de un inmueble determinado.

En efecto, la Sala en decisión N° 573, de fecha 26 de julio de 2007, caso: Mario González Fernández contra Morella Migliorelli Porras, ratificó el criterio sobre la valoración probatoria del título supletorio, establecido en fallo de fecha 22 de julio de 1987, caso: Irma Orta De Guilarte contra Pedro Romero, en la cual se señaló lo siguiente:

‘...El título supletorio, como elemento probatorio que es, deberá estar sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria en el juicio en el cual se pretende hacer valer; esto a fin de determinar si dicho título se pretende hacer valer ante el ‘tercero en sentido técnico’, o sea, el tercero cuyo derechos quedaron a salvo, por imperio de la misma disposición legal.

Así lo ha interpretado esta Corte:

‘Las justificaciones para perpetua memoria o Títulos Supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenida en el artículo 1.357 del Código de Procedimiento Civil; pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial. La fe pública en tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, los cuales pueden ser posteriormente, controvertidos en juicio contencioso...’.

Como se denota, la valoración del título supletorio está circunscrita a los dichos de los testigos que participaron en la conformación extra litem del justificativo de perpetua memoria, por lo que la misma, se repite, para que tenga valor probatorio, tendrá que exponerse al contradictorio, mediante la presentación de aquéllos testigos para que ratifiquen sus dichos, y de esta forma ejerza la parte contraria, el control sobre dicha prueba…’.

De la precitada transcripción jurisprudencial puede constatarse que el título supletorio, es un documento público que proviene de una autoridad competente, que resguarda los derechos de terceros puesto que para que exista un pronunciamiento judicial respecto del referido título, la jurisprudencia exige que se ratifiquen en juicio los testigos que forman parte del mismo, y además, se requiere que sea sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria dentro del juicio en el cual se pretende hacer valer.

Por lo tanto, el hecho de que el título supletorio emane de una autoridad competente, no significa que hace plena fe, tanto entre las partes como respecto de terceros, puesto que el mencionado artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, hace expresa salvedad y resguarda los derechos de los terceros. De la misma manera, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que, la existencia de un pronunciamiento judicial en relación al referido título, está determinado por el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales han sido referidos precedentemente.

Por otra parte, con respecto a la valoración del título supletorio como prueba dentro de un juicio, es necesario señalar que el mismo es considerado un elemento probatorio, que no se encuentra tasado dentro del ordenamiento jurídico, por cuanto el legislador no estableció norma expresa que indicara la forma en que debe ser apreciado, motivo por el cual, las partes dentro de un juicio, deben atenerse a la sana crítica empleada por los jueces de instancia, quienes deberán aplicar lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, tal y como en efecto fue aplicado por el juez de la recurrida al momento de valorar la perpetua memoria.

En este sentido, al referirnos al caso concreto, esta Sala observa que el juez, ateniéndose a la sana crítica, valoró y apreció el título supletorio, no sólo en forma individual, sino que además, integró la valoración de los testigos que forman parte del referido título supletorio, para lo cual consideró que dichas pruebas testimoniales no aportaron suficientes elementos para declarar que la posesión del inmueble fuese legítima…”.

 

En atención con el criterio jurisprudencial citado, con respecto a la valoración del título supletorio como prueba dentro de un juicio, es necesario señalar que el mismo es considerado un elemento probatorio, que no se encuentra tasado dentro del ordenamiento jurídico, por cuanto el legislador no estableció norma expresa que indicara la forma en que debe ser apreciado, motivo por el cual, las partes dentro de un juicio, deben atenerse a la sana crítica empleada por los jueces de instancia, quienes deberán aplicar lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, tal y como en efecto fue aplicado por el juez de la recurrida al momento de valorar el título supletorio o justificativo de testigo.

En este sentido, al referirnos al caso concreto, esta Sala observa que el juez superior, conforme al criterio jurisprudencial expuesto, ateniéndose a la sana crítica, valoró y apreció el título supletorio, concluyendo el ad quem, que al no ser ratificada esta prueba en el juicio no podía concederle valor probatorio.

Así las cosas, por una parte, el título supletorio, como elemento probatorio que es, deberá estar sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria en el juicio en el cual se pretende hacer valer; y por otra parte, el título supletorio no es documento suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad que pretende la parte demandante formalizante.

En atención a lo antes expuesto, el juez valoró la prueba de conformidad a la jurisprudencia de la Sala, en consecuencia resulta improcedente la denuncia realizada por el formalizante, según la cual, el juez de la recurrida infringió el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

-III-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 509 conjuntamente con el artículo 12 del mismo texto legal.

         En tal sentido, expresa el formalizante lo siguiente:

“…Con fundamento en el ordinal 2° del Artículo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 509 y 12 ibidem, por falta de aplicación.

Como podrá observarse, al analizar los medios de prueba promovidos por la parte actora, la recurrida indica expresamente lo siguiente:

‘DIEZ: prueba de informes solicitada de la Oficina Nacional de Teléfonos (CANTV), de esta ciudad de Cumaná a los fines de informar a este juzgado sobre los siguientes particulares:

1- El nombre y apellido de la persona que figura como titular del número telefónico (0293) 4371132 que permite el disfrute del servicio de telefonía fija que es prestado por ese órgano administrativo, al inmueble sin número localizado en la población de Araya, concretamente en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) en Jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre.

2- La fecha desde la cual, se esta (sic) prestando el servicio de telefonía fija en el inmueble S/N, localizado en la población de Araya, concretamente en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) en Jurisdicción (sic) del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, a nombre de la persona que, conforme a sus archivos aparece como titular del número telefónico (0293) 4371142, Para el caso de la presente prueba observa esta alzada que con la misma se observa lo diligente del ciudadano SALVATORE DAVI RISO, en el pago del servicio telefónico del bien objeto de la presente acción, en razón de ello le concede pleno valor probatorio a la presente prueba. Y ASÍ SE ESTABLECE.’

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil prescribe que:

(…Omissis…)

Por su parte, el artículo  509 eiusdem indica que:

(…Omissis…)

Antes de continuar, conviene poner de relieve que, tal y como lo asienta el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic), el informe solicitado a la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) estaba dirigido a probar dos circunstancias (mejor dicho: dos hechos) concretos: uno, la identidad de la persona que figura como titular del número telefónico (0293) 4371142 que permite el disfrute de telefonía fija que es prestado por ese órgano administrativo, al inmueble sin número localizado en la población de Araya, concretamente en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La otra Banda”) en Jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre y, el otro: la fecha desde la cual se está prestando el servicio de telefonía fija en el inmueble de marras, a nombre de la persona que, conforme a sus archivos aparece como titular del número telefónico (0293) 4371142.

Así las cosas, ha de indicarse que, en el caso que nos ocupa, estamos delatando la infracción del artículo 509 en concordancia con el 12 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, puesto que, en nuestra modesta opinión, el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción ha incurrido en “silencio parcial de pruebas”, cuenta tenida que el mentado juez no analizó ni juzgó de forma integral el medio de prueba al que nos hemos referido previamente , pues, como seguidamente se indicará, indebidamente dejó de pronunciarse en relación al segundo de los hechos que el medio de prueba en cuestión trasladó al proceso, vale decir: la fecha desde la cual se está prestando, a nombre del ciudadano SALVATORE DAVI, el servicio de telefonía en el inmueble arriba descrito; fecha ésta que no es otra que el dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos ochenta y dos (1.982).

Sin ánimos de resultar repetitivos, hemos de insistir en que el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) se contentó con decir, simplemente que:

“…Para el caso de la presente prueba observa esta alzada que con la misma se observa lo diligente del ciudadano SALVATORE DAVÍ RISO, en el pago del servicio telefónico del bien objeto de la presente acción, en razón de ello le concede pleno valor probatorio a la presente prueba. Y ASI (sic) SE ESTABLECE…”

Empero (sic), nada, absolutamente nada dijo en relación al hecho de que el aludido informe emanado de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) acreditaba claramente que la fecha desde la cual se está prestando, a nombre del ciudadano SALVATORE DAVI, el servicio de telefonía en el inmueble arriba descrito es el dieciséis (16) de septiembre de (1.982) y este hecho, según veremos un poco más adelante, es determinante para las resultas del fallo pues, como fácilmente se puede apreciar, indica, a las claras, si bien indiciariamente, la fecha desde la cual SALVATORES DAVI habría comenzado a poseer el inmueble al que tanta veces hemos hecho referencia en este escrito y, con ello, quedaría establecido también que tal posesión se habría llevado a cabo por más de veinte (20) años (que son necesarios para que prescriba la propiedad).

(…Omissis…)

Llegados a este punto, parece justo tener que indicar que si el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) hubiera aplicado al caso que nos ocupa las previsiones contenidas en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, habría tenido presente que constituye un deber insoslayable para él tener por norte de sus actos la verdad y que, tal razón debía procurar conocerla en los límites de su oficio, ateniéndose a lo alegado y probado en autos; para lo cual era absolutamente indispensable que analizara y juzgara a plenitud (o integralmente) todas cuantas pruebas se hayan producido en esta causa, aun aquellas que, a su juicio, no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción.

Así las cosas si hubiera aplicado las previsiones contenidas en los artículos (12 y 509 del Código de Procedimiento Civil) el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) habría valorado íntegramente el medio de prueba objeto de nuestros comentarios y, en tal virtud, habría cumplido con el deber de dar por establecido que, de acuerdo con el informe emanado de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la fecha desde la cual se está prestando, a nombre del ciudadano SALVATORE DAVI, el servicio de telefonía en el inmueble descrito es desde el dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos ochenta y dos (1.982); y que con tal informe se tiene un indicio de que la fecha desde la cual SALVATORE DAVI habría comenzado a poseer el inmueble al que tanta veces hemos hecho referencia en este escrito y, con ello, quedaría establecido también que tal posesión se habría llevado a cabo por más de veinte (20) años (que son los necesarios para que prescriba la propiedad) pues, las declaraciones de los testigos, adminiculadas a los actos que recogen los instrumentos públicos y públicos administrativos, constantes en el expediente, ofrecen elementos de convicción suficientes para, a partir de las previsiones contenidas en el artículo 1.394del Código Civil, deducir que ello ciertamente es así.

No está demás decir, pues, que de haber analizado integralmente el medio de prueba en cuestión y consecuentemente dar por establecido el hecho indicado, la decisión del Juez (sic) del Segundo (sic) Grado de la Jurisdicción (sic) había sido radicalmente distinta pues, en nuestra modesta opinión, habría declarado CON LUGAR la pretensión procesal propuesta…”. (Negrillas y cursiva del escrito).

 

La Sala, para decir observa:

De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le endilga a la recurrida la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y 509 eiusdem, por falta de aplicación.

Así bien, bajo este sustento, el formalizante afirma que el ad quem “…incurrió en silencio parcial de pruebas…” por cuanto, según sus dichos “…no analizó y juzgó de forma integral el medio de prueba emanado de la Oficina Nacional de Teléfonos (CANTV)…”.

En tal sentido, arguye el recurrente que la recurrida “…indebidamente dejó de pronunciarse en relación al segundo de los hechos que el medio de prueba en cuestión trasladó al proceso, la fecha desde la cual se está prestando a nombre de Salvatore Davi, el servicio de telefonía del inmueble que se pretende en la presente acción…”.

Concluyendo finalmente el formalizante, que esto “…influyó decisivamente en el dispositivo, pues es determinante para las resultas del fallo…”.

Así bien, la Sala observa del planteamiento confuso del formalizante, que pretende delatar el silencio parcial de pruebas, al no expresar la recurrida el análisis integral de la prueba documental, y así pasa a conocer.

Respecto al silencio parcial de pruebas, esta Sala ha establecido, que se produce si el juez omite  parcialmente el análisis de las pruebas, bien mencionándolas pero sin expresar su mérito probatorio, ni los hechos que pudieran ser demostrados, y siempre que tal error resulta modificatorio de la suerte de la controversia. (Ver sentencia Nº 318, de fecha 3 de junio de 2014, expediente N°2013-683, caso: Sergio De Panfilis Gutiérrez, contra Zulia Towing and Barge Company, C.A.).

         Para verificar lo delatado por el formalizante, la Sala pasa a transcribir parcialmente la sentencia recurrida, la cual declaró lo siguiente:

“…DIEZ: prueba de informes solicitada a la Oficina Nacional de Teléfonos  (CANTV), de esta ciudad de Cumaná a los fines de informar a este juzgado sobre los siguientes particulares:

1- El nombre y apellido de la persona que figura como titular del número telefónico (0293) 4371142 que permite el disfrute del servicio de telefonía fija que es prestado por ese órgano administrativo, al inmueble sin número localizado en la población de Araya, concretamente en la calle “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre.

2- La fecha desde la cual, se esta (sic) prestando servicio de telefonía fija en el inmueble S/N, número localizado en la población de Araya, concretamente en la calle “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, a nombre de la persona que, conforme a sus archivos aparece como titular del número telefónico (0293) 4371142.

Para el caso de la presente prueba observa esta alzada que con la misma se observa lo diligente del ciudadano SALVATORE DAVI RISO, en el pago del servicio telefónico del bien objeto de la presente acción en razón de ello le concede pleno valor probatorio a la presente prueba. Y ASI (sic) SE ESTABLECE…”.

 

Una vez establecido lo anterior, se constata de la transcripción de la recurrida, que el ad quem, menciona la prueba documental emanada de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), que riela al folio (340), pieza (I), pero no la valoró en su totalidad, lo cual era su deber conforme a lo establecido en el artículo 509 la ley adjetiva civil.

El juez reconoce que la prueba de informe se promovió para establecer dos hechos, la persona que figura como titular del número telefónico y la fecha desde la cual se presta el servicio a nombre del ciudadano Salvatore Davi (†), sin embargo, en la oportunidad de valorar la prueba el juez nada dijo respecto al segundo elemento de prueba, la fecha desde la cual se está prestando el servicio a nombre del mencionado ciudadano.

Por lo tanto, esta Sala concluye que el ad quem incurrió  en silencio parcial de pruebas, al no pronunciarse respecto a los aspectos por las cuales fue promovida, relativo a la fecha desde la cual se está prestando el servicio de teléfono (CANTV) a nombre de Salvatore Davi (†), lo cual resulta de vital importancia para establecer el hecho controvertido relativo a la fecha en la cual el mencionado ciudadano comenzó a poseer el inmueble objeto de la presente demanda.

Por las razones expuestas, se declara la procedencia de la presente denuncia por infracción de ley por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

-IV-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 506 conjuntamente con el artículo 12 del mismo texto legal.

Sobre el particular, expresa el formalizante:

“…Con fundamento en el ordinal 2° del Artículo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 506 y 12 ibídem, por falta de aplicación.

(…Omissis…)

Ahora bien, al analizar los medios de prueba promovidos por la parte actora, en la recurrida se indica lo siguiente:

‘ONCE: Documento constitutivo del fondo de comercio, bajo firma personal denominado BLOQUERA ARAYA, de fecha 21/03/1991, inscrito bajo el N° 17, Tomo (sic) II, Libro (sic) Primero (sic), en la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre, este juzgado a diferencia con él a quo, no le concede valor probatorio al presente documento por cuanto no es thema decidendum la existencia de la BLOQUERA ARAYA, ni controvertido en la demanda la relación de la misma con la prescripción adquisitiva.’

Obsérvese bien que, en opinión del Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) no debe concedérsele valor probatorio al instrumento público de marras pues “…no es thema decidendum la existencia de la BLOQUERA ARAYA, ni controvertido en la demanda la relación de la misma con la prescripción adquisitiva…”.

Nada más alejado de la verdad, Efectivamente (sic), en la recurrida el propio operador de justicia recoge parte de nuestros alegatos en relación al ejercicio de la actividad comercial que, en el inmueble cuya prescripción adquisitiva se demandó, ejercía SALVATORE DAVI, causante de mis poderdantes, como una de las manifestaciones concretas de las actividades materiales que sobre (y en) la cosa poseída eran llevadas a cabo por él, cuenta tenida que la actividad comercial era, nada más y nada menos, que el oficio al cual se dedicaba.

Concretamente en la recurrida se deja expresa constancia de lo siguiente:

‘Lo cierto del caso es que, desde el mismo instante en que SALVADOR DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) comenzó a habitar en el lote de terreno en el cual fomenté las arriba mencionadas bienhechurías (cuya habitación, insistimos, inició a partir del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y cuatro -1.984-), de manera pública y notoria, vale decir, sin ocultarse de nadie, comenzó también a hacer ejercicio efectivo de la tenencia del lote de terreno en cuestión y de las tantas veces mencionadas bienhechurías, vale decir, comenzó a ejercer, personal y directamente, un poder de hecho sobre estos que se tradujo en una realización de actos materiales concretos sobre los mismos, tendientes no sólo a hacer que le sirvieran de habitación para él sino tendientes además al desarrollo de la actividad comercial propia de su oficio, que es lo que la doctrina tradicional denomina el “corpus” y la asunción de una actitud, frente a las aludidas bienhechurías y lote de terreno, que corresponde al legitimo propietario de los mismos, que es lo que la señalada doctrina denomina el “animus”. Que SALVATORE DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) hasta el dia (sic) de su lamentable muerte, había ejercido la posesión sobre las tantas veces mencionadas bienhechurías y el lote de terreno sobre el cual éstas se encuentran construidas, mediante la continua ejecución o realización de actos materiales concretos sobre las mismas, tendientes al desarrollo de la actividad comercial y la asunción de una actividad, frente al inmueble que dichas bienhechurías y lote de terreno constituyen, que corresponde al legítimo propietario del mismo, sin que nadie hiciera oposición a ello o que desconociera su condición de tal propietario, es confirmado no sólo por los vecinos del lugar donde este se encuentra enclavado, sino por aquellos que en diferentes épocas, visitaron el lugar, ora (sic) para compartir santos (sic) de esparcimiento, ora (sic) para adquirir en el mismo los materiales y equipos que en el fondo de comercio que aquel explotaba en el sitio…’. (Las negrillas y el subrayado han sido añadidos)

Por su parte, indica también la recurrida la posición asumida, en relación a este punto, por la parte demandada:

‘…Es de hacer notar que es completamente falso que el Ciudadano (sic) Salvador Davi Riso (F), haya vivido desde el año 1.984, hasta el día de su fallecimiento tanto tiempo en ese inmueble y usufructuando una actividad comercial de forma ininterrumpida en el inmueble, ya que la casa construida que hay sobre dicho Terreno (sic) siempre fue habitada por mi representado y su familia y en el Terreno (sic) desarrollo (sic) una actividad comercial, concretamente una bloquera, cuyo Fonde (sic) Comercio (sic) se denomino (sic) BLOQUERA ARAYA, C.A, comprando todas las maquinarias y enseres necesarios para ello…’

Luego, la existencia del fondo de comercio denominado BLOQUERA ARAYA y la posibilidad de que con la explotación del mismo el ciudadano SALVATORE DAVI ejerciera actos materiales demostrativos de posesión sobre el inmueble cuya prescripción adquisitiva se ha demandado si es, desde todo punto de vista, un hecho controvertido en esta causa y, por lo tanto, un tema a ser probado por el actor y, además, un tema a ser decidido formalmente por el juez.

Ahora bien, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que:

(…Omissis…)

Y el artículo 12 eiusdem nos indica que:

(…Omissis…)

Las normas antes transcritas han debido ser aplicadas al caso concreto pues, como fácilmente se constata de la primera (509) (sic) se colige la regla de distribución de la carga de la prueba en procesos como el que ahora nos reúne y de la segunda (12) se desprende el deber del juez de atenerse a lo alegado y probado en los autos.

Siendo así, es absolutamente evidente que, habiendo sido alegados como hechos materiales concretos determinantes del ejercicio de la posesión sobre el inmueble cuya prescripción adquisitiva se ha demandado, el desempeño en el mismo, sin que nadie hiciera oposición a ello o que desconociera su condición de tal propietario, es confirmado no sólo por los vecinos del lugar donde este se encuentra enclavado, sino por aquellos que, en diferentes épocas, visitaron el lugar ya para compartir sanos ratos de esparcimiento ya para adquirir en el mismo los materiales y equipos que en el fondo de comercio que aquel explotaba en el sitio; tales hechos deben ser probados por la parte actora, con el objeto de delinear el conjunto de elementos fácticos que lleven a la convicción del juez que, efectivamente, sobre el inmueble de marras, SALVATORE DAVI, causante de mis mandantes, estaba ejerciendo una posesión que, con el conjunto de hechos traídos al proceso por los demás medios probatorios cursantes en los autos, no puede menos que ser calificada como legítima. Y, en consecuencia, el juez de la causa está en el deber insoslayable de valorar todos los medios de pruebas aportados al proceso para demostrar la ocurrencia de los hechos arriba descritos.

Ahora bien, si el Juez (sic) del Segundo (sic) Grado (sic) de la Jurisdicción (sic) hubiera aplicado las normas arriba indicadas al caso que ahora nos ocupa habría advertido que de la copia fotostática simple del documento público objeto de nuestros señalamientos, se demuestra que el ciudadano SALVATORE DAVI RISO constituyó el fondo de comercio (bajo la modalidad de “firma personal”) denominado BLOQUERA ARAYA y, además, que en el señalado documento público se indica que en el fondo de comercio de marras funciona en la población de Araya, Municipio (sic) Sucre del Estado (sic) Sucre.

Ello así, tenemos que, de acuerdo con lo establecido en el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las reproducciones fotostáticas de los documentos públicos (como el que estamos analizando) han de tenerse como fidedignas si no han sido impugnadas por el adversario. Luego, visto que la señalada copia fotostática simple no fue impugnada, en modo alguno, por la parte contraria, ésta ha de reputarse fidedigna, vale decir, digna de fe, digna de crédito pues reproduce exactamente lo que indica el documento original.

De modo que, tratándose de un documento público el que ha sido incorporado a los autos por medio de una reproducción fotostática fidedigna , ha de entenderse que, a tenor de lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, éste hace plena fe de la verdad de las declaraciones contenidas en el mismo en relación a los hechos jurídicos que en éste se describen y, por lo tanto, debe entenderse que, efectivamente, SALVATORE DAVI RISO constituyó el fondo de comercio (bajo la modalidad de “firma personal”) denominado BLOQUERA ARAYA, que el señalado fondo de comercio inició su gestión el día veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y uno de (1.991) y, además, que el fondo de comercio en cuestión funciona en la población de Araya, Municipio (sic) Sucre del Estado (sic) Sucre.

(…Omissis…)

Luego, cuando se ha dicho que SALVATORE DAVI RISO, constituyó el fondo de comercio denominado la BLOQUERA ARAYA, bajo la modalidad de “firma personal”, lo que se está pretendiendo dejar establecido es que, en ese sitio, él mismo, personalmente, como comerciante, ejerció la actividad comercial propia de su arte u oficio.

Frente a este resultado, nos parece, la decisión del juez en relación al fondo del asunto controvertido habría sido otra pues, con soporte en éste y los demás hechos acreditados en los autos que concurren a corroborarlo, sin lugar a ninguna dubitación, la pretensión deducida habría sido declarada con lugar.

Así, pues, se deja formalizado el recurso de casación oportunamente anunciado y respetuosamente solicito que en la sentencia que se dicte se declare con lugar dicho recurso, con los efectos de ley…”. (Negrillas, subrayado y cursivas de la formalización).

 

Para decidir, la Sala observa:

De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y 506 eiusdem, por falta de aplicación.

Así bien, bajo este sustento, el formalizante afirma que el ad quem, infringió los referidos artículos, al no concederle valor probatorio al instrumento público, constitutivo del fondo de comercio, denominado Bloquera Araya, por lo que según sus dichos, la recurrida consideró “…no es thema decidemdun la existencia de la Bloquera Araya, ni controvertido en la demanda la relación de la misma con la prescripción adquisitiva…”.

Asimismo, señala el formalizante “…en la recurrida el propio operador de justicia recoge parte de nuestros alegatos, en relación al ejercicio de la actividad comercial ejercida por Salvatore Davì, en el inmueble cuya prescripción adquisitiva se demandó…”, de igual forma, según sus dichos, en relación con este punto, la recurrida se pronunció con respecto a la posición asumida por la parte demandada.

         Considerando finalmente el recurrente que “…la existencia del fondo de comercio y la posibilidad de que con la explotación del mismo el ciudadano Salvatore Davi, ejerciera actos materiales demostrativos de la posesión sobre el inmueble cuya prescripción adquisitiva se ha demandado, es un hecho controvertido...”, por lo tanto, un tema a ser decidido por el juez.

         Para verificar lo delatado por el formalizante, se transcribe parcialmente la sentencia recurrida que al respecto indicó:

“…DOCUMENTALES

ONCE: Documento constitutivo del fondo de comercio, bajo la firma personal denominado BLOQUERA ARAYA, de fecha 21/03/1991 (sic), inscrito bajo el Nº 17, Tomo II, Libro Primero, en la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre, este juzgado a diferencia con él a quo, no le concede valor probatorio al presente documento, por cuanto no es thema decidendum la existencia de la BLOQUERA ARAYA, ni controvertido en la demanda la relación de la misma con la prescripción adquisitiva…”. (Negrillas del texto).

 

De la recurrida se precisa que el juzgador de alzada,  al referirse al medio de prueba documental, constitutivo del fondo de comercio, decidió desestimarla, porque no es un hecho controvertido, ni formaba parte del thema decidendum la existencia de la Bloquera Araya.

Así bien, para verificar efectivamente, en el caso bajo estudio, si la actividad comercial alegada por el ciudadano Salvatore Davi (†), sobre el fondo de comercio denominado Bloquera Araya, constituye un hecho controvertido, se transcribe parcialmente, lo que al respecto estableció la recurrida en su parte motiva, la cual es del tenor siguiente:

“…En el escrito de demanda la actora plantea lo siguiente:

‘…Lo cierto del caso es que, su difunto hermano, SALVATORE DAVI RISO, en vida, desde el mes de marzo del año mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), fomento(sic) unas bienhechurías (sic) que construyo (sic)  sobre un lote de terreno, (que originalmente formaba parte de los ejidos municipales) que tiene un área de DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (sic) CUADRADOS (10.913,50 mtr.2 (sic); cuyo lote de terreno está localizado en la población de Araya, en jurisdicción del Municipio (sic) Cruz Salmerón Acosta del Estado (sic) Sucre, concretamente, en la Calle (sic) “Sanabria” (sector “La Otra Banda”) y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos (…) Las bienhechurías en cuestión están construidas por un local comercial destinado para que en el mismo funciones (sic) una “bloquera”, totalmente construido con paredes de bloque, techo de asbesto, portones de hierro, servicios de electricidad, aguas blancas y aguas negras y una vivienda de uso familiar totalmente construida con paredes de bloque, piso de cemento, techo de platabanda, una sala de recibo, una sala comedor, cuatro habitaciones, tres baños, ventanas de madera y hierro,; y pertenecieron en vida a su difunto hermano (…)

(…) Lo cierto del caso es que, desde el mismo instante de que SALVATORE DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) comenzó a habitar en el lote de terreno en el cual fomenté las arriba mencionadas bienhechurias (sic) (cuya habitación insistimos, inició a partir del mes de marzo del año -1.984-), (…) comenzó también hacer ejercicio efectivo de la tenencia del lote de terreno en cuestión y de las tantas veces mencionadas bienhechurias (sic),

(…Omissis…)

Que SALVATORE DAVI RISO (causante de nuestros poderdantes) hasta el día de su lamentable muerte, había ejercido la posesión sobre las tantas veces mencionadas bienhechurias (sic) y lote de terreno sobre el cual estás se encuentran construidas, mediante la continua ejecución o realización de actos materiales concretos sobre las mismas, tendientes al desarrollo de la actividad comercial y la asunción de una actitud, frente al inmueble que dichas bienhechurías (…)

Una vez admitida la pretensión intentada por la actora, en fecha 18 de Marzo (sic) de 2013, la parte demandada presento (sic) escrito de contestación de demanda en el cual estableció:

(…Omissis…)

Es de hacer notar que es completamente falso que el Ciudadano (sic) Salvatore Davi Riso (F), haya vivido desde el año 1.984, hasta el día de su fallecimiento tanto tiempo en ese inmueble y usufructuando una actividad comercial de forma ininterrumpida en el inmueble, ya que en la casa construida que hay en dicho Terreno (sic) siempre fue habitada por mi representado y su familia y en el Terreno (sic) desarrollo una actividad comercial, concretamente una bloquera, cuyo Fondo (sic) de Comercio (sic) se denomino (sic) BLOQUERA ARAYA, C.A, comprando todas las maquinarias y enseres necesarios para ello. Es de hacer notar que el Ciudadano (sic) Salvatore Davi Riso (F), vivía con mi representado, ya que eran primos hermanos y el (sic) lo ayudo (sic) dándole trabajo y residencia cuando procedente (sic) de Italia y siempre compartió con su familia, cuando el ciudadano Pietro Siino Riso se caso (sic) y tuvo hijos porque el (sic) no tenia (sic) un lugar propio donde vivir. Por eso es inviable la aplicación de dichos artículos, porque el Ciudadano (sic) Fallecido (sic) nunca tuvo la posesión legítima del Inmueble (sic) como su propietario, sino que vivía con el propietario del inmueble y su familia y trabajaba con él…”.

 

De la anterior transcripción se desprende que la parte actora alegó que Salvatore Davi (†), comenzó a habitar en el lote de terreno en el cual fomentó las arriba mencionadas bienhechurías a partir del mes de marzo del año 1984, y realizó en esta la continua ejecución de actos materiales concretos sobre las mismas, tendientes al desarrollo de la actividad comercial y la asunción de una actitud de dueño, frente al inmueble.

Por su parte, la demandada niega que el mencionado ciudadano haya vivido desde el año 1984, usufructuando una actividad comercial, ya que en la casa construida en el terreno que se pretende prescribir, siempre fue habitada por la demandada, desarrollando una actividad comercial, concretamente una bloquera, cuyo Fondo de Comercio se denominó Bloquera Araya, C.A., comprando todas las maquinarias y enseres necesarios para ello.

         Visto lo anterior, observa la Sala que habiendo sido alegada la posesión sobre el inmueble, en el cual se constituyó  el fondo de comercio denominado Bloquera Araya, y contradicho por la parte demandada, a todas luces constituye un hecho controvertido objeto de prueba.

Así pues, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por el formalizante como no aplicado, establece lo siguiente:

“…Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba…”.

 

El precitado artículo, denunciado por el recurrente como no aplicado por el ad quem, establece la obligación que tienen las partes procesales de demostrar o comprobar sus respectivas afirmaciones de hecho de acuerdo con los distintos medios probatorios previstos en el ordenamiento jurídico.

De igual manera, la norma denunciada establece que la carga de la prueba constituye un imperativo del propio interés de cada litigante, por tanto una vez que el actor formula sus afirmaciones de hecho si las mismas son aceptadas por el demandado, no hay nada que probar; no obstante, si el demandado niega y rechaza lo alegado por su contraparte, recae sobre el demandante la carga de la prueba.

De modo que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, los alegatos planteados por las partes pueden consistir tanto en afirmaciones como en negaciones respecto de determinados hechos.

         En atención a lo expuesto, observa la Sala que el juez superior erró al considerar un hecho como no controvertido, cuando sí lo era, máxime si la parte  cumplió con la carga procesal de promover y evacuar la prueba que lo establecía.

Por tanto, contrario a lo asentado por la recurrida, los hechos jurídicos afirmados por el actor son idóneos para producir el efecto también jurídico pretendido con la prueba documental -vale señalar- que el ciudadano Salvatore Davi (†), ejercía actos materiales concretos destinados a la actividad comercial en el fondo de comercio denominado Bloquera Araya, cuyas bienhechurías, así como el terreno del que forma parte, se pretende prescribir.

En tal sentido, se estima erróneo el pronunciamiento del sentenciador de alzada al no concederle valor probatorio, a la prueba documental por considerar que no era hecho controvertido.

Por tanto, esta Sala concluye en establecer que ciertamente tal como fue delatado por el recurrente en casación, el ad quem incurrió en el desatino de desestimar la prueba documental aportada por la demandante, sobre el fondo de comercio, en vista de que el fin de la prueba es llevar al proceso el conocimiento de la verdad o falsedad de los hechos que se controvierten en la litis.

Por tales motivos se declara la procedencia de la presente denuncia por infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, por tratarse la referida prueba de la copia simple de un documento público que hace plena fe de la verdad de las declaraciones contenidas en el mismo. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

         Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, de fecha 4 de diciembre de 2015. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia acogiendo la doctrina aquí establecida. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas, por haber prosperado el recurso.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

______________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrado,

 

 

_____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2016-000139

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

Secretario,

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