Venley

Sentencia N.º RC.000760

Sentencia
N.º RC.000760
Fecha
02/12/2021
Sala
Casación Civil
Expediente
21-005
Ponente
Marisela Godoy Estaba
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. N° 2021-000005

 

Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.

 

En la acción por reivindicación, seguido ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por el ciudadano MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ, titular de la cédula de identidad número V-10.849.363, representado judicialmente por el abogado Marco Antonio Aponte, inscrito en el Inpreabogado con la matricula número 48.747, contra el ciudadano JEAN CARLOS YÁNEZ OJEDA, titular de la cédula de identidad número V-15.004.097, representada judicialmente por el abogado Zalg Salvador Abi Hassan, inscrito en el Inpreabogado con la matricula número 20.585; el Juzgado Superior en lo Civil, y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, dictó sentencia el 12 de marzo de 2020, mediante la cual declaró: Primero, su competencia para conocer y decidir el recurso de apelación. Segundo, con lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte demandada reconveniente. Tercero, anuló la decisión dictada el 30 de septiembre de 2019, por el a quo. Cuarto, declaró inadmisible la demanda de reivindicación por inepta acumulación, interpuesta por la parte actora. Quinto, declaró inadmisible la reconvención por prescripción adquisitiva, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada.

En data 2 de noviembre de 2020, la parte demandante, anuncia recurso de casación, el cual fue admitido por el ad quem, el 16 de noviembre de 2020,

 

 El expediente fue recibido en esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2021, ordenándose agregar a los autos el escrito de formalización presentado ante la Secretaría de esta Sala, el 28 de enero de 2021.

 

En data 19 de febrero de 2021, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba

.

El escrito de impugnación se recibió ante la Secretaría de esta Sala el 28 de abril de 2021.

 

Concluida la sustanciación y cumplidas las formalidades de ley, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

 

PUNTO PREVIO

 

La Sala considera necesario referir el criterio sostenido pacíficamente en su fallo de fecha 21 de marzo de 2006, dictado para resolver el caso Farmacia Atabán S.R.L., contra la Caja de Previsión Social del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, actualmente denominada Caja de Ahorros de los Bomberos Metropolitanos de Caracas (CABOMCA); en el cual se dejó establecido que la sentencia recurrida en dicha oportunidad, habiendo declarado con lugar la falta de cualidad activa, se pronunció sobre “(…) un punto de derecho -cuestión jurídica previa- que en virtud de su naturaleza, absuelve a la jurisdicción de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido (…)”.

 

Así, constatado que en el caso bajo estudio en el que la decisión recurrida “(…) es fundamento de una cuestión jurídica previa, (…)”, procede esta Sala, como lo hizo en la oportunidad señalada, “(…) al análisis del presente recurso en aplicación de su doctrina pacífica y reiterada, que sostiene que constituye una carga para el recurrente el atacar a priori los fundamentos de esa cuestión jurídica previa, en la cual se basó el juez para dejar de conocer el fondo de la causa (…)”.

 

En consecuencia, el fondo de lo planteado en las denuncias contenidas en el escrito de formalización objeto del presente fallo que se analizaran a continuación, sólo será conocido y resuelto por esta Sala, si el recurrente ataca con prioridad el asunto de derecho, que en el caso de especie está referido a la inepta acumulación de pretensiones; que de acuerdo a lo dispuesto por el ad quem le impidió pronunciarse sobre el mérito de la causa. Así se deja establecido.

 

De acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, se pasa a analizar el presente escrito en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem por incurrir en el vicio de incongruencia por tergiversación de la pretensión.

 

En tal sentido, alega el formalizante textualmente lo siguiente:

 

“…Con fundamento en el ordinal 1o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° ejusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia por tergiversación de la pretensión.

En efecto, en el caso de autos, y en la condición antes expresada, demandé en reivindicación al ciudadano Jean Carlos Yánez Ojeda, demanda que tuvo por objeto un inmueble constituido por una parcela de terreno propiedad de mí representado, ubicado en la carrera 24 esquina de la calle 12 de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Ahora bien, habida consideración de que el demandado, amparado en la posesión ilegítima que sobre dicho inmueble ostentaba, había procedido a edificar unas construcciones sobre el mismo; tal como consta del libelo reformado, al momento de interponer la expresada demanda se peticionó, que en caso de que no conviniera en ella, se le condenara a:

"1.- Restituirle a mí representado, MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ, libre de personas y cosas, el inmueble constituido por una parcela de terreno propio ubicada en la calle 12, esquina de la carrera 24 , entre carreras 24 y 25, jurisdicción de la parroquia Catedral, municipio Iribarren del estado Lara, distinguida con el código catastral N° 110-2512-023. 2.- Demoler la construcción que ilegalmente realizó sobre el inmueble cuya reivindicación se demanda, ello, de conformidad con lo dispuesto por el primer aparte del artículo 557 del Código Civil".

Adicionalmente, al momento de indicar los fundamentos de derecho en que se aba la demanda, invocamos como tales:

"...artículo  115  de  la  Constitución  de  la República Bolivariana de Venezuela y artículos 545, 548 y 557 del Código Civil...".

El expresado petitorio se formuló con base en los siguientes

"...una vez en conocimiento de que dicho inmueble [objeto de reivindicación] se le había dado en venta a mi representado, comenzó [el demandado] a hacerle ofertas de compra, las cuales ciertamente generaron una serie de conversaciones, sin que hubiere sido posible concretarse ningún acuerdo en tal sentido, circunstancia esta frente a la cual, dicho ciudadano, Jean Carlos Yánez Ojeda, optó por resolver la cosas a su manera, procediendo arbitrariamente a impedirle a mi representado, el libre acceso al inmueble de su propiedad, procediendo no sólo a instalar ilegalmente cerraduras cuyas llaves sólo él posee, sino que, más grave aún, aprovechándose de la nula visibilidad que se tenía desde el exterior, debido a las paredes de bloque que cercaban el descrito inmueble, así como a la facilidad que le brinda el regentar una sociedad mercantil cuya sede está ubicada en un inmueble construido justo en el lindero oeste de dicho terreno (propiedad de mí representado), procedió a la ejecución de obras de construcción, específicamente de locales comerciales, las cuales actualmente ocupan una considerable porción de la superficie de la preidentificada parcela de terreno, con lo cual, estamos indudablemente ante un supuesto de posesión ilegítima por parte de dicho ciudadano. Con relación a este punto debemos acotar, que tales hechos (construcción ilegal) fueron denunciados por ante la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del municipio Iribarren del estado Lara, misma que ordenó la realización de una inspección a la parcela de terreno aquí descrita, mediante la cual se logró constatar que efectivamente en la misma, se estaba construyendo de manera ilegal, razón por la cual se hizo entrega de una acta de paralización de dicha construcción, todo lo cual se evidencia de las actas que cursan en el expediente administrativo signado con el № 2959-2016...Necesario es acotar también, que dicha orden de paralización no fue acatada y a la fecha de presentación de la presente reforma, la ilegal construcción está totalmente culminada, y consiste en varios locales comerciales, tal como se aprecia de las reproducciones fotográficas que anexo...Es de advertir igualmente que la expresada denuncia constituye un acto de oposición a las actuaciones ilegales, y en consecuencia, de mala fe, realizadas por dicho ciudadano, en los términos señalados, pues el mismo tiene perfecto conocimiento que dicho inmueble no le pertenece en propiedad, y que por lo tanto carece de todo derecho de poseerlo".

Por su parte, la recurrida en la oportunidad de dictar la sentencia objeto de la presente impugnación, declaró inadmisible la demanda incoada bajo el alegato de que en la misma se había incurrido en una inepta acumulación de pretensiones, a cuyo efecto, a los folios 112 y 113 de la pieza II, expresó:

"... Así las cosas, se aprecia en el caso de marras que la parte demandante pretende sea condenada la demandada a la Restitución (sic) del inmueble objeto de la presente acción... y finalmente la Demolición (sic) de la construcción, que a su decir ilegalmente realizó el demandando sobre el inmueble cuya reivindicación se demanda.

Esta alzada visto lo peticionado por la parte actora en su libelo, por una parte, y por la otra a los fines de garantizar el debido proceso y en resguardo del orden público señala que, para determinar la existencia de una inepta acumulación de pretensiones en el presente asunto de conformidad al citado artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, se inducen tres supuestos de inepta acumulación de pretensiones...Por lo tanto, a los fines de la aplicación de los supuestos a que se contrae la norma citada al caso en concreto, se aprecia como se destacó ut supra que el actor expreso (sic) una serie de pretensiones entre las cuales destacan de manera resaltante por la naturaleza de las acciones y el tipo de procedimiento: I) Reivindicación de inmueble y II) Demolición de construcción, los cuales son detallados ut infra:

I) Acción Reivindicatoría: Se trata de una acción real que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho con plena independencia de toda obligación personal de parte del demandado. Fundamentada en el artículo 548 del código civil (sic), que por no tener un procedimiento especial pautado en la ley de conformidad al artículo 338 del Código de Procedimiento civil (sic) por tratarse de una controversia entre partes en reclamación de un derecho, se debe ventilar por el procedimiento ordinario establecido en el Libro segundo, Titulo (sic) I del Código (sic) de Procedimiento Civil.

II) Demolición de Construcción Ilegal: Se trata de una acción de protección ante la existencia de obras ilegales, que en principio según lo peticionado por el demandante indudablemente está sujeto a un procedimiento distinto al ordinario; y por otra parte de autos se obtiene que lo atinente a las construcciones ilegales debe ventilarse tal y como así se hizo, por un procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.   

En el presente caso, aprecia esta alzada que indiscutiblemente la parte actora en su Reforma (sic) al libelo acumula dos pretensiones distintas como se reitera es la Acción Reivindicatoría y la Demolición de Construcción Ilegal...lo cual constituyen pretensiones que se excluyen mutuamente por ser contrarias entre sí y por el tipo de procedimiento que debe aplicarse...Así las cosas, en este mismo hilo de ideas...existe la acumulación de pretensiones en la presente demanda de reivindicación...pues ambas pretensiones se excluyen mutuamente y sus procedimientos son incompatibles...por tanto al darle curso a la pretensión bajo estos términos se atentaría contra el debido proceso como garantía Constitucional...".

Expuestas así las cosas, se aprecia claramente que los hechos que dieron lugar a las presentes actuaciones fueron, en primer lugar, la posesión ilegítima del inmueble objeto de reivindicación, por parte del ciudadano Jean Carlos Yánez Ojeda, y en segundo lugar, las construcciones realizadas por este sobre dicho inmueble, siendo este último el que motivó que se demandara la demolición o destrucción de tales construcciones. Tal pretensión fue deducida, de una parte, invocando el contenido del artículo 557 del Código Civil, y de la otra, alegando la mala fe con la cual había actuado el demandado al llevar a cabo las predichas construcciones.

Ahora bien, concatenando los hechos libelados [construcción en suelo ajeno con materiales propios] con el derecho invocado [artículo 557 del Código Civil], así como con la conducta imputada al demandado [mala fe], y tomando en cuenta que, estructuralmente hablando, dicho dispositivo legal está ubicado en la Sección I, Capítulo III, Título II del Libro Segundo del Código Civil, denominada "DEL DERECHO DE ACCESIÓN RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES", se concluye inequívocamente que la pretensión deducida en el sentido indicado [demolición de construcción en suelo ajeno con materiales propios] es un tema vinculado directamente con la figura de la accesión, y en consecuencia, todo pronunciamiento al respecto por parte de la recurrida, debía ser hecho con sujeción a las normas que la regulan.

…Omississ…

No obstante tal criterio, en el presente caso ello no ocurrió así. En efecto, conforme a lo anteriormente expuesto, el plurimencionado petitorio de demolición de construcción en suelo ajeno con materiales propios, fue deducido, conceptual y normativamente,  vinculado  con  la  institución  de  la  accesión,  no  obstante, inexplicablemente fue transmutado por la recurrida, en un petitorio vinculado, conceptual y normativamente, con un tema relativo al "Procedimiento para la Defensa de la Zonificación", consagrado en el Capítulo I del Título VIII de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, denominado "DE LA DEFENSA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN URBANÍSTICO", señalando en tal sentido al referirse al petitorio en cuestión, tal como se acotó:

"...Demolición de Construcción Ilegal: Se trata de una acción de protección ante la existencia de obras ilegales, que en principio según lo peticionado por el demandante indudablemente está sujeto a un procedimiento distinto al ordinario; y por otra parte de autos se obtiene que lo atinente a las construcciones ilegales debe ventilarse tal y como así se hizo, por un procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística... ".

Así las cosas, emerge de forma clara, patente y palmaria, que la recurrida, no obstante señalar que se había peticionado la demolición de la construcción realizada por el demandado, entendió que tal pretensión, por el solo hecho de haberse calificado como ilegal a dicha construcción, debía ser deducida conforme a la previsiones de los artículos 102 y 103 de la citada Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, vale decir, entendió que lo ejercitado era una acción de protección inmediata de los intereses de la colectividad en materia urbanística, que es lo que regulan dichos dispositivos legales, lo que a todas luces traduce la grave tergiversación de los hechos narrados, los alegatos esgrimidos y las pretensiones contenidas en el respectivo libelo. En otras palabras, se demandó la "demolición" de una construcción, y la recurrida asumió que lo pretendido era la "paralización" de dicha construcción, de ahí la remisión a dicha ley especial y la tergiversación denunciada.

En efecto, el artículo 557 del Código Civil otorga al propietario del suelo sobre el cual algún tercero haya construido, de mala fe y con materiales propios, como en el caso de autos, el derecho a "...pedir la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus condiciones primitivas... ". Ello así, habiéndose alegado y acreditado los supuestos de procedencia de la pretensión deducida en lo relativo a la demolición de la construcción realizada por el demandando, y habiéndose fundamentado la misma acertadamente en el dispositivo legal que la regula, no le estaba dado entonces a la recurrida, asimilar dicha pretensión a aquella que pueden deducir bajo los parámetros de los artículos 102 y 103 de la expresada Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Asociación de Vecinos, o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo, en los supuestos de inmuebles destinados presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o que sean objeto de construcciones ilegales, con la finalidad de lograr "...la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento...”; procedimiento este en el cual, por lo demás, el juez cuyo conocimiento le es atribuido por mandato legal, agota su competencia en la expedición de tales órdenes de paralización y clausura, quedando así, impedido de ordenar la destrucción o demolición de construcciones ilegales, ello, en virtud de que la acción deducida conforme a dichos dispositivos legales [artículos 102 y 103] no es ni de condena ni  merodeclarativa, sino de protección inmediata, ante la amenaza de existencia de obras ilegales o contrarias a los planes u ordenanzas de zonificación respectivas.

…Omississ…

Ello así, obsérvese que los supuestos de aplicación del procedimiento regulado por los señalados artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, los sujetos a quienes dicha ley concede el derecho de acción, así como las resoluciones que puede adoptar el juez competente para conocer de dicho procedimiento, no guardan ninguna relación con los hechos narrados, los alegatos esgrimidos y las pretensiones contenidas en el respectivo libelo, por lo que, al haber afirmado la recurrida que era éste el procedimiento a aplicar en el caso de la pretensión deducida en el sentido de que se ordenara al demandado, demoler la construcción que había realizado sobre el terreno propiedad de mi representado, se apartó de los hechos alegados y evidentemente incurrió en el delatado vicio de incongruencia por tergiversación de la pretensión, ya que conforme a tal alegación libelar, esta no está destinada a lograr la paralización de actividades o el cierre o clausura de algún establecimiento del demandado, advirtiéndose que fue esta errática actuación de la recurrida la que motivó que determinara que las pretensiones de reivindicación y demolición de las expresadas construcciones, deducidas en el caso de autos, se excluían mutuamente "...por ser contrarias entre sí y por el tipo de procedimiento que debe aplicarse...", y por vía de consecuencia, declarara inadmisible por inepta acumulación, la demanda que dio origen a las presentes actuaciones.

Finalmente debemos señalar con relación a esta denuncia, que el alegado apartamiento de la recurrida, de los hechos libelados, devino en determinante en el dispositivo del fallo impugnado en casación, toda vez que de haber advertido el ad quem que el procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, no era aplicable al caso de autos, ello, en razón de que en el mismo no se había deducido una pretensión de protección inmediata de los intereses de la colectividad en materia urbanística, obviamente que hubiese arribado a la conclusión de que no se estaba ante una inepta acumulación de pretensiones, sino, que hubiese entrado a conocer el fondo del asunto debatido, y en consecuencia, hubiera procedido a declarar con o sin lugar, la pretensión de demolición de las construcciones realizadas por el demandado en el inmueble objeto de reivindicación.

Las anteriores son razones suficientes para solicitar que la presente denuncia sea declarada con lugar, se case la sentencia recurrida en su totalidad, y en consecuencia, esta Sala de Casación Civil, proceda a dictar sentencia de fondo.…”

 

Para decidir la Sala observa:

 

El formalizante alega que ad quem incurrió en el vicio de incongruencia, por tergiversar lo establecido en el libelo de la demanda incoada al declarar la inepta acumulación de pretensiones, con base en que ambas pretensiones se excluyen mutuamente por ser contrarias entre sí y por el tipo de procedimiento que debe aplicarse,  los cuales son incompatibles, lo cual es contrario a lo planteado pues los hechos que dieron lugar a la demanda fue la posesión ilegítima del inmueble objeto de reivindicación y las construcciones de mala fe hechas por parte del ciudadano Jean Carlos Yánez Ojeda.

 

En tal sentido, es preciso señalar que el requisito de la congruencia está previsto en el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que el juez debe dictar decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, y acorde con ello, el artículo 12 eiusdem, prevé, entre otras, que el sentenciador debe pronunciarse sobre lo alegado y probado en autos.

 

Con relación al vicio de incongruencia por tergiversación de los alegatos de la parte recurrente, esta Sala de Casación Civil, en Sentencia N° 435, de fecha 15 de noviembre de 2002, Caso: José Rodríguez Da Silva y otro contra Manuel Rodríguez Da Silva, expediente N° 99-062, señaló lo siguiente:

 

“...El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el Juez debe atenerse a lo alegado en autos.

Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento sobre hechos no controvertidos por las partes, y; b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, bajo pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.

Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido el argumento desnaturalizado...”

 

Ahora bien, para verificar lo denunciado por el formalizante esta Sala pasa a transcribir un extracto de la reforma del libelo de la demanda, (F.F. 44 pieza 1/3 del expediente), que dice lo siguiente:

 

“… TERCERO: DEL PETITORIO.-

En fuerza de las consideraciones precedentes, ciudadano Juez, acudo a su autoridad para demandar, como en efecto formalmente lo hago, al ciudadano: JEAN CARLOS YANEZ OJEDA, antes identificado, para que convenga, o en su defecto a ello sea condenado por este Tribunal, en:

1.- Restituirle a mi representado, Marcial Eduardo Ojeda Colmenárez, libre de personas y cosas, el inmueble constituido por una parcela de terreno propio ubicada en la calle 12, esquina de la carrera 24, entre carreras 24 y 25, jurisdicción de la parroquia catedral, municipio Iribarren estado lara, distinguida con el código catastral número 110-2512-023, la cual tiene una superficie de ciento sesenta metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados (160,90 m2), y está comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: en línea de seis metros con setenta centímetros (6,70 mts), con inmueble ocupado por Teresa Ojeda, Sur: en línea de ocho metros con cinco centímetros (8,05 mts), con la carrera 24, que es su frente; Este: en línea de dieciocho metros con 20 centímetros (18,20 mts) con la calle 12 y Oeste: en linea de diecinueve metros con cinco centímetros (19,05 mts) con inmueble ocupado por Ramón Ojeda.

2.-  Demoler la construcción que ilegalmente realizó sobre el inmueble cuya reivindicación se demanda, ello, de conformidad con lo dispuesto por el primer aparte del artículo 557 del Código Civil.…”

 

De la anterior transcripción, se puede verificar del petitum de la demanda que el actor demandó la restitución de un inmueble de su propiedad, libre de personas y cosas, así como la demolición de una construcción ilegal que se realizó en el mencionado inmueble.

 

En ese sentido, la Sala, pasa a transcribir lo pertinente de la sentencia recurrida, en la cual estableció lo siguiente:

 

“…VIII

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Delimitados los extremos en que se encuentra planteada la presente causa, corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada en fecha 30 de septiembre de 2019, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; mediante la cual declaró “con lugar la demanda por acción reivindicatoria e inadmisible la reconvención por prescripción adquisitiva”.

…Omissis…

Conociendo el fondo de la controversias

Dicho lo anterior, esta Alzada desciende a revisar los términos en la cual quedó trabada la litis, apreciando que la parte demandante en su Reforma del escrito libelar indica que:

Que “(…) tal como se desprende de documento inscrito por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara, en fecha 10/04/2.015, bajo el N° 2013.1262, Asiento Registral 2 del Inmueble matriculado con el N° 362.11.2.1.3982, y correspondiente al Libro de Folio Real el año 2.013,.así como de la aclaratoria debidamente inscrita por ante dicho Registro Publico en fecha 29/02/2.016, bajo el N° 2013.1262, Asiento Registral 3 del inmueble matriculado con el N° 362.11.2.1.3982 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2013, su representado, en la expresada fecha del 10/05/2015, adquirió del ciudadano Marcial Antonio Ojeda, titular de la cedula de identidad N° V-2.919 254, el inmueble constituido por una parcela de terreno propio ubicada en la calle 12, esquina de la carrera 24, entre carreras 24 y 25, jurisdicción de la parroquia Municipio Iribarren del estado Lara, distinguida con el código catastral N°110-2512-023, la cual tiene una superficie de Ciento Sesenta Metros Cuadrados con Noventa Decímetros Cuadrados (160,90 M2),  y está comprendido  dentro de los siguientes linderos: Norte: en línea de seis metros con setenta centímetros (6,70 mts), con inmueble ocupado por Teresa Ojeda; Sur: en línea de ocho con cinco centímetros (8,05 mts), con la carrera 24, que es su frente; Este: en línea de dieciocho metros con veinte centímetros (l8,20 mts) con la calle 12; y Oeste: en línea de diecinueve metros con cinco centímetro (19,05 mts) con inmueble ocupado por Ramón Ojeda. Señalando que para el momento de su adquisición, dicha parcela de terreno se encontraba libre de personas y cosas y sobre ella solo se encontraban en pie los restos de las ruinas de una 'bienhechurías constituidas por lo que una vez fue una casa de cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados, (59,40 M2) de construcción, la cual constaba de dos (2) habitaciones, un (1) baño con porcelana, una (1) cocina, un (1) lavadero, puertas de madera y ventanas de vidrio, siendo su techo de acerolit y sus paredes de bloque; Advirtiendo que el causante de su representado, a su vez, adquirió el preidentificado inmueble, del municipio Iribarren del estado Lara, ello mediante las figuras de rescate, y compra venta, respectivamente, tal como consta en documento debidamente por ante la citada Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara, en fecha.02/08/2.013, bajo el N° 2013.1262, asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 362.11.2.1.3982 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2.013. (...)".

…Omissis…

Que "(...) DEL PETITORIO en fuerza de las consideraciones precedentes, ciudadano juez acudo a su competente autoridad para demandar, como en efecto formalmente lo hago, al ciudadano JEAN CARLOS YANNEZ OJEDA, antes identificado, para que convenga, o en su defecto a ello sea condenado por este Tribunal, en "1,- Restituirle a mi representado, MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ, libré de personas ; cosas, el inmueble constituido por (...) 2.-Demoler la construcción que ilegalmente realizó sobre el inmueble cuya reivindicación se demanda (...)"..     

Por su lado, la Representación judicial del demandado fundamento su defensa  que "(...) haciéndose reserva conforme al artículo 434 del CPC, en la presente acción de reivindicación planteada por la parte actora Marcial Eduardo Ojeda   Colmenárez (...) HECHOS NO CONTROVERTIDOS es cierto que su representado se encuentra ocupando el inmueble por un lote de ubicada en la calle 12, esquina carrera 24, entre carreras 24 y 25, jurisdicción de la parroquia catedral del Municipio Iribarren del estado Lara, distinguida con el N° catastral 110-2512-023-000 el cual tiene una superficie de Ciento Sesenta Metros Cuadrados con Noventa Decímetros cuadrados (160,90 mts2), cuyos linderos y medidas se dan aquí por reproducidos; también es cierto que dicho lote de terreno lo  adquirió la ciudadana Ramona Ojeda, del municipio Iribarren del estado mayor extensión. Alega que es cierto que su mandante ha venido ocupándolo y ejerciendo actos de posesión en dicho lote de terreno desde el año 1.978 hace 39 años, y se ha mantenido en ese lugar que aun ocupa y ejerce actos de posesión legítima, pública continua e ininterrumpida como suyo resultando que desde muy joven ha permanecido allí ejerciendo actos de dominio sin perturbación ni reclamo alguno por parte de familiares ni terceros, teniendo dicho inmueble como domicilio (...)".

Que'"(...) HECHOS CONTROVERTIDOS Es falso y por ello lo niego rechazo y contradigo tanto los hechos como el derecho alegado por el actor que la parcela de terreno que adquirió se encontraba libre de personas y cosas, cuando es bien sabido tanto por el actor y por el ciudadano Marcial Antonio Ojeda, que el lote de terreno siempre ha estado ocupado por el ciudadano Jean Yánez Ojeda, desde el año 1,978, hace 39 años, ejerciendo actos de posesión legítima como dueño, en vista de ello su demandado ha seguido ejerciendo la posesión durante todo ese tiempo a actualidad ejecutando actos de poseedor legítimo y disposición como dueño, reparando, construyendo en el lote de terreno sin tener reclamo alguno, siendo falso el argumento de encontrarse libre de personas y cosas y desocupado el lote de terreno para el momento de haberlo adquirido el actor de manos del vendedor (...)".   

…Omississ…

Se entiende entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones debe forzosamente ser declarada en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. (Ver, entre otras, sentencia N° RC-175 de fecha 13 de marzo de 2.006, caso de Celestino Sulbarán contra Carmen Marcano).

De forma tal, la acumulación de pretensiones es un asunto que atañe al estricto orden publico procesal y así lo ha reconocido la Sala de Casación Civil, entre otras, en sentencia N° RC-099 de fecha 27 de abril de 2.001, expediente N° 00-178, casó de María Mendoza contra Luis Bracho.

Así las cosas, se aprecia en el caso de marras que la parte demandante pretende sea condenada la demandada a la Restitución del inmueble objeto de la presente acción plenamente identificado y alinderado en autos y finalmente la Demolición de la construcción, que a su decir ilegalmente realizo el demandado sobre el inmueble cuya reivindicación es demandada.

Esta alzada visto lo denunciado por la parte actora en su libelo, por una parte, y por la otra a los fines garantizar el debido proceso y en resguardo del orden público señala que, para determinar la existencia de una inepta .acumulación de pretensiones en el presente asuntó de conformidad al citado artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, se inducen tres supuestos de inepta acumulación de pretensiones, a saber:

 a) que las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí; supuesto de hecho que se patentiza cuando los efectos jurídicos que normalmente producen dichas pretensiones, son incapaces de coexistir, b) aquellas pretensiones cuyo conocimiento le corresponda a distintos jueces en razón de la materia que se discute y, c). Cuando los procedimientos son incompatibles entre sí, a. saber, un juicio que deba sustanciarse según procedimiento ordinario no podrá acumularse a otra, causa que deba seguirse según el procedimiento breve y viceversa.

Por lo tanto, a los fines de la aplicación de los supuestos a que se contrae la norma citada al caso en concreto, se aprecia cómo se destacó ut supra que el actor expreso una serie de pretensiones entre las cuales destacan de manera resaltante por la naturaleza de las acciones y el tipo dé procedimiento: I) Reivindicación de inmueble y II) Demolición de construcción, los cuales son detallados ut infra.

I) Acción Reivindicatoria: Se trata de una. acción real que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho con plena independencia de toda obligación personal por parte del demandado. Fundamentada en el artículo 548 del código civil, pretensión que por no tener un procedimiento especial pautado en ley de conformidad al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de una controversia entre partes en reclamación de un derecho, se debe ventilar por el procedimiento ordinario establecido en el Libro segundo, Titulo I, capítulo I del Código de Procedimiento Civil.

II) Demolición de construcción ilegal: Se trata de una acción de protección ante la existencia de obras ilegales, que en principio, según lo peticionado por el demandante indudablemente está sujeto a un procedimiento distinto al ordinario; y por otra parte de autos se obtiene que lo atinente a la construcciones ilegales debe ventilarse tal y como así se hizo, por un procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

En el presente Caso, aprecia esta alzada que indiscutiblemente la parte actora en Reforma al libelo acumulo dos pretensiones distintas como se reitera es la Acción Reivindicatoria y la Demolición de Construcción ilegal folios 39 al.49); lo cual constituyen pretensiones que se excluyen mutuamente por ser contrarias entre sí y por el tipo de procedimiento que debe aplicarse, todo lo cual se traduce en una violación flagrante del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, al acumular dos pretensiones en el referido libelo de la demanda.   

Establecido lo anterior, resulta acertado y conveniente traer a escenario la sentencia N° 20 de fecha 11 de febrero de 2010, expediente N° AA20-C-2009-000527, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual señaló:

…Omississ…

Así las cosas, en éste mismo hilo dé ideas, resulta innegable en atención a la normativa y a los criterios jurisprudenciales citados ut supra, que existe la acumulación de pretensiones en la presente demanda de reivindicación, lo cual no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria pues ambas pretensiones se excluyen mutuamente y sus procedimientos son incompatibles tal y como se señalo precedentemente, por tanto al darle curso a la pretensión bajo estos términos se atentaría contra el debido proceso como garantía Constitucional; en tal sentido vista la acumulación de pretensiones lo cual es un impedimento legal y que constituye causal de inadmisibilidad de la demanda, es por lo que en resguardo del orden público y la seguridad jurídica de las partes, conforme al artículo 321, 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil este Juzgado Superior declara inadmisible la demanda de Reivindicación.

Por ser la inadmisibilidad por inepta acumulación una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el merito del "proceso, se hace innecesario examinar el fondo del asunto principal, y así quedara establecido en la parte dispositiva del fallo. Así se decide….”

 

De la transcripción parcial de la sentencia recurrida, se constata que el juzgador superior estableció las siguientes consideraciones:

 

Que la parte demandante solicitó en su libelo de la demanda al mismo tiempo una acción reivindicatoria sobre un lote de terreno de su propiedad y a su vez la demolición de una construcción ilegal en dicho terreno y por ser acciones que se excluyen mutuamente debido a su naturaleza y al procedimiento de cada una, declara inadmisible la demanda por inepta acumulación.

 

Ahora bien, esta Sala pudo evidenciar, que efectivamente tal y como lo establece el ad quem que en el libelo de la demanda se platean la acción por reivindicación y la demolición de la construcción ilegal, lo cual no puede ser interpuesta al mismo tiempo ya que sus procedimientos son diferentes y por consiguiente incompatibles, tal como lo estableció el ad quem, una es por el procedimiento ordinario y otra por lo establecido en la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, por tanto el juez de alzada, decidió con base en lo alegado en el libelo, por lo que no incurrió en el vicio de incongruencia denunciado.

 

En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, se declara improcedente de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

II

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15, 78 y 341 eiusdem, por incurrir en la violación al derecho a la defensa.

 

El formalizante textualmente alega lo siguiente:

“…Con fundamento en el ordinal Io del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de los artículos 12, 15, 78 y 341 eíusdem, por haber actuado la recurrida quebrantando formas procesales de los actos, con menoscabo al derecho de defensa de mí representado.

      En efecto, en el presente caso se observa que la recurrida declara inadmisible la demanda incoada contra el ciudadano Jean Carlos Yánez Ojeda, señalando a tal efecto, que el actor expresó una serie de pretensiones, destacando de manera resaltante por la naturaleza de las acciones y el tipo de procedimiento, las relativas a la reivindicación de inmueble y de demolición de construcción, acto seguido, a hacer una distinción entre ambas, en los siguientes términos:

"...Acción Reivindicatoría: Se trata de una acción real que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho con plena independencia de toda obligación personal de parte del demandado. Fundamentada en el artículo 548 del código civil (sic), que por no tener un procedimiento especial pautado en la ley de conformidad al artículo 338 del Código de Procedimiento civil (sic) por tratarse de una controversia entre partes en reclamación de un derecho, se debe ventilar por el procedimiento ordinario establecido en el Libro segundo, Titulo (sic) I del Código (sic) de Procedimiento Civil. Demolición de Construcción Ilegal: Se trata de una acción de protección ante la existencia de obras ilegales, que en principio según lo peticionado por el demandante indudablemente está sujeto a un procedimiento distinto al ordinario; y por otra parte de autos se obtiene que lo atinente a las construcciones ilegales debe ventilarse tal y como así se hizo, por un procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística...".

Hecha tal distinción, procede a concluir que en el presente caso se había incurrido en una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que las dos a que había hecho referencia  [reivindicación y  demolición de  construcción] se excluían mutuamente por ser contrarias entre sí, y por el tipo de procedimiento que debía aplicarse.

Lo primero a destacarse es la forma tan simple y alejada de todo análisis de los hechos libelados, en la que la recurrida arriba a dicha conclusión. En este sentido, nótese que la única razón dada para declarar dicha inadmisibilidad, es la de tratarse la reivindicación, de una acción real que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho con plena independencia de toda obligación personal de parte del demandado, fundamentada en el artículo 548 del Código Civil, en tanto que la demolición de construcción ilegal, se trata de una acción de protección ante la existencia de obras ilegales, y todo lo atinente a construcciones ilegales debe ventilarse por un procedimiento establecido en los artículo 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

Tan desacertado análisis sólo puede ser producto del incumplimiento del deber de cuidado y atención máxima que se le exige al juzgador al momento de analizar las pretensiones libeladas, previo a concluir que las mismas fueron indebidamente acumuladas, y luego, sobre la base de ello, declarar la inadmisibilidad de la demanda.

En el caso que nos ocupa, tanto de los hechos libelados como del derecho invocado, se aprecia claramente que lo pretendido, en primer lugar, lo es la reivindicación del inmueble [terreno] propiedad de mi representado, y dado que el demandado había realizado construcciones en dicho inmueble, se peticionó la demolición de tales construcciones, ello, con base en lo dispuesto por el artículo 557 del Código Civil que otorga al propietario del suelo sobre el cual algún tercero haya construido, de mala fe y con materiales propios, como en el caso de autos, el derecho a “…pedir la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus condiciones primitivas…”

No obstante, al parecer el ad quem no dio lectura, ni al respectivo libelo ni al contenido de los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Esta afirmación se hace, toda vez que de haber realizado tales lecturas se hubiese percatado, por una parte, que lo pretendido era lo señalado en el párrafo anterior, vale decir, la demolición de las construcciones realizadas por el demandado, y de la otra, se hubiese percatado que el procedimiento regulado por dichos dispositivos legales, no aplicaba al presente caso, ya que mediante el mismo solo es posible lograr "..la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento... ", que funcionen en inmuebles destinados presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o que sean objeto de construcciones ilegales, pretensión ésta que en ningún momento fue deducida en el presente caso.

Tan cierta es esta afirmación, que se evidencia claramente del desarrollo o desenvolvimiento del proceso, que durante su tramitación, no se llevó a cabo ninguna actuación destinada a acreditar la existencia de hechos que pudieran ser subsumidos en supuestos contemplados en los referidos artículos 102 y 103, de la citada Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que hicieran procedente la aplicación del procedimiento en ellos regulado. No obstante, justo es reconocer, que ciertamente en el respectivo libelo se hizo el siguiente señalamiento:

"...Jean Carlos Yánez Ojeda [demandado]...

aprovechándose de la nula visibilidad que se tenía desde el exterior, debido a las paredes de bloque que cercaban el descrito inmueble, así como a la facilidad que le brinda el regentar una sociedad mercantil cuya sede está ubicada en un inmueble construido justo en el lindero oeste de dicho terreno (propiedad de mí representado), procedió a la ejecución de obras de construcción, específicamente de locales comerciales, las cuales actualmente ocupan una considerable porción de la superficie de la preidentifícada parcela de terreno, con lo cual, estamos indudablemente ante un supuesto de posesión ilegítima por parte de dicho ciudadano.

Con relación a este punto debemos acotar, que tales hechos (construcción ilegal) fueron denunciados por ante la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del municipio Iribarren del estado Lara, misma que ordenó la realización de una inspección a la parcela de terreno aquí descrita, mediante la cual se logró constatar que efectivamente en la misma, se estaba construyendo de manera ilegal, razón por la cual se hizo entrega de una acta de paralización de dicha construcción, todo lo cual se evidencia de las actas que cursan en el expediente administrativo signado con el № 2959-2016...Es de advertir igualmente que la expresada denuncia constituye un acto de oposición a las actuaciones ilegales, y en consecuencia, de mala fe, realizadas por dicho ciudadano, en los términos señalados, pues el mismo tiene perfecto conocimiento que dicho inmueble no le pertenece en propiedad, y que por lo tanto carece de todo derecho de poseerlo", (subrayado y negrillas del presente escrito).

Ahora bien, se aprecia claramente que el alegato hecho en el sentido de que el demandando había realizado la construcción de unos locales comerciales sobre el terreno que se pretendía reivindicar, fue esgrimido con la finalidad de evidenciar la ilegítima posesión que el mismo ostentaba [como uno de los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria]; en tanto que el alegato relativo a que dicha construcción ilegal había sido denunciada a la autoridad competente [Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía del municipio Iribarren del estado Lara] fue hecho con la finalidad de evidenciar que mi representado había realizado actos de oposición a las “...actuaciones ilegales... ", llevadas a cabo por dicho demandado en el inmueble objeto de reivindicación, en otras palabras, que no había consentido o mantenido una conducta pasiva frente a la desposesión de la cual había sido víctima.

Expuestas las razones de los alegatos esgrimidos en los términos precedentes, resulta incuestionable que la expresión "...construcción ilegal", utilizada en el respectivo libelo, bajo ninguna circunstancia daría lugar a considerar que la sola utilización de la misma, sujetaría la pretensión de demolición de tales construcciones al procedimiento regulado por los artículos 102 y 103 de la plurimencionada Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, como erróneamente lo consideró la recurrida, la cual sumó a su descuidada atención al proceso, la falta de lectura y análisis del artículo 557 del Código Civil, invocado como fundamento legal del petitorio de demolición, mismo que, sin distinguir o atender al carácter de legal o ilegal de la construcción que se realice en suelo ajeno, con materiales propios y de mala fe, como en el caso de autos, da al propietario de ese suelo el derecho de pedir "...la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus condiciones primitivas... ".

Por otras parte, además de no hacer distinción entre el carácter de las construcciones [legales o ilegales], tampoco estatuye dicho dispositivo legal, que en caso de que la construcción sea ilegal, deba el propietario del suelo sobre el cual la misma fue realizada, acudir a algún procedimiento especial para logar su destrucción o demolición..…”.

 

Para decidir la Sala Observa:

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 12, 15, 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil, al declarar inadmisible la demanda por inepta acumulación de pretensiones, al demandar la acción reivindicatoria y la demolición de construcción ilegal acciones que se excluyen mutuamente por ser contrarias entre sí y por el tipo de procedimiento que debe aplicarse.

El artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, consagra de forma expresa el derecho de defensa, el cual constituye una garantía constitucional inviolable en todo estado y grado del proceso, tal como se encuentra preceptuado en el ordinal 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se traduce en la posibilidad de ejercer los recursos o medios procesales establecidos en la ley, así como, la posibilidad de cuestionar, contradecir, impugnar y probar los alegatos realizados o efectuados por la contraparte; teniendo los jueces, en consecuencia la obligación de garantizar el correcto desenvolvimiento del proceso en conformidad con la ley y en igualdad de condiciones, así como el deber de otorgarle a ambas partes los mismos términos, lapsos y recursos procesales, siempre que por disposición de la ley o la naturaleza del acto no resultare contrario a la misma, conforme lo prevé el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil. (Vid. Sentencias números RC-000812, del 11 de diciembre de 2015, expediente N° 15-120, caso: Galería Publicitaria Plaza Las Américas, C.A. contra Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas y otros, C.A.; y RC-000112, de fecha 24 de marzo de 2011, expediente N° 10-353, caso: C.O.G. Construcciones, C.A., contra Constructora Consabarca).

 

El artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, expresa lo siguiente:

 

“…No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí...”.

 

De conformidad con lo establecido en la norma transcrita, no es posible acumular en un mismo libelo pretensiones excluyentes o contrarias entre sí.

 

Respecto al artículo antes transcrito, esta Sala en sentencia N° 122 de fecha 22 de mayo de 2001, caso: Ramón Mortimer contra Héctor José Florville Torrealba, dejó asentado

 

 “…que la acumulación debe obedecer a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contrarios o contradictorios en casos que, o bien son conexos, o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia y ha sostenido que ella tiene como objetivo influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos, sin embargo en el presente caso nos encontramos que para la acción reivindindicatoria y la demolición de una construcción ilegal, los procedimientos para ambas son incompatibles debido a su naturaleza…”

 

Al respecto, observa la Sala del contenido de la denuncia bajo análisis, que el formalizante pretende alegar exactamente lo mismo que en la anterior, referida a que el juez incurrió en un error al declarar la inepta acumulación de pretensiones relativas a la reivindicación y la demolición de construcción ilegal, pero ahora bajo el quebrantamiento de una forma procesal y menoscabo al derecho a la defensa.

Sobre el particular, es oportuno precisar que en la denuncia anterior, se transcribió y analizó lo expuesto en la recurrida por el ad quem, lo cual se reitera en la presente, y en virtud de que se concluyó que en el caso de autos no se tergiversó lo expuesto en la demanda sobre  las acciones promovidas por la parte actora, referidas a la acción de reivindicación y demolición de construcción ilegal, acciones que no pueden ser interpuestas en una sola pretensión, ya que sus procedimientos son diferentes e incompatibles, pues una se conoce por el procedimiento ordinario y la otra por lo establecido en la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, por tanto, el juez de alzada, decidió con base en lo alegado en el libelo, sin incurrir en el quebrantamiento de forma procesal alguna.

 

En tal sentido, la Sala da por reproducidos los argumentos y razonamientos que fueron expuestos en la denuncia anterior y establece que no hubo violación alguna, ni quebrantamiento o violación del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, al no poderse conocer dos acciones que por su procedimiento se excluyen entre sí, por ser incompatible debido a su naturaleza tal como lo estableció el ad quem.

 

En consecuencia, y en virtud de lo antes expuesto se declara improcedente la denuncia bajo análisis, y así se decide

 

 

 

D E C I S I O N

 

Con fuerza en las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la representación judicial del ciudadano MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, dictada en fecha 12 de marzo de 2020.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero  de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto,. Notifíquese al Juzgado Superior de origen.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia,    en    Sala    de    Casación    Civil   en    Caracas,    a  los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

______________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

Vicepresidente,

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

Magistrado,

 

 

______________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrada,

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrada Ponente,

 

 

____________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Secretaria Temporal,

 

 

_____________________________

LIESKA DANIELA FORNES DÍAZ

 

 

Exp. AA20-C-2021-000005

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretaria Temporal,

 

 

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