Sentencia N.º RC.000866
- Sentencia
- N.º RC.000866
- Fecha
- 07/12/2016
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-333
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000333
Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores
En el juicio por daños y perjuicios derivados de contrato de arrendamiento, intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, por el ciudadano JOSÉ EMILIO ARIAS SERRANO, representado judicialmente por los profesionales del derecho Josefina Perfetti y Adriana Rodríguez Linárez, contra los ciudadanos ANGEL ARCADIO ACEVEDO, ELODIA DE ACEVEDO y OSMAN ACEVEDO, representados judicialmente por el profesional del derecho Balmore Rodríguez Noguera; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 3 de marzo de 2016, dictó sentencia mediante la cual declaró:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. BALMORE RODRIGUEZ, Inpreabogado Nº 34.902, en su condición de defensor judicial de los demandados, contra la sentencia definitiva que dictara el Juzgado Tercero de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 21 de enero de 2015, en el juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, seguido por el ciudadano JOSE EMILIO ARIAS SERRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.342.996 contra los ciudadanos ANGEL ARCADIO ACEVEDO, ELODIA DE ACEVEDO y OSMAN ACEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros 1.365.776, 2.715.135 y 12.078.643 respectivamente, en consecuencia;
SEGUNDO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, dictada en fecha 21 de enero de 2015.
TERCERO: SE MODIFICA la Sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 21 de enero de 2015, sólo en lo referente al daño moral, el cual es declarado sin lugar por esta alzada.
CUARTO: Quedan establecidos en los mismos términos los conceptos condenados por el Juzgado A Quo, así como lo decidido en cuanto a la defensa perentoria de Falta de Cualidad o interés de los co demandados Elodia de Acevedo y Osman Acevedo, y la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, queda modificada la sentencia apelada.
QUINTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por no haber vencimiento total en el mismo.
Contra la preindicada sentencia la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, alegando el vicio de incongruencia, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con el artículo 313, ordinal 1°, delato la violación de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5to. del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la sentencia impugnada en el vicio de omisión de pronunciamiento (incongruencia negativa), al no haber el Juez decidido de conformidad con lo alegado y probado en las actas, y por ende corresponderse esta delación con un vicio de forma, al no decidir conforme a las obligaciones que tenía como tribunal de alzada, estando por tanto la sentencia inficionada del vicio de citrapetita al no cumplir con el principio de exhaustividad que impone a los jueces el deber de resolver todas y cada una de las alegaciones realizadas por las partes.
El vicio que alego se produce por la omisión de la recurrida al no haberse pronunciado adecuadamente sobre las defensas producidas por nuestra representación, tanto en primera instancia como ante el autor de la sentencia recurrida, defensas y argumentaciones no atendidas por ninguno de los dos juzgadores, relativas a la impugnación formal realizada por mi representación en las audiencias orales y publicas celebradas en ambas instancia y en la oportunidad de evacuación de la testimonial más abajo aludida, sobre la extemporaneidad de la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 1ra. Pieza y 318 de la pieza 2, (la cual fue el fundamento esencial para que la alzada condenara a mis representados); Hecha esta ratificación por el Ciudadano: José Francisco Micucci Dispagna, en fecha: 28 de septiembre del 2.011, según informan las actas levantadas al efecto, cursantes a los folios 593 y 594 de la pieza 3 del legajo bajo conocimiento de ustedes, acto en el que, expresando mis reservas sobre la legalidad y extemporaneidad de la evacuación de las misma, manifesté al tribunal de primera instancia que según el cómputo que solicitaría en diligencia de la misma fecha, se desprendería que la probanza contenida en dicho acto había sido evacuada luego del vencimiento del lapso probatorio concedido por la ley al procedimiento breve con que se tramitó el juicio, por lo cual se violentó el artículo 886 del código de procedimiento civil. (sic) En efecto, seguidamente a dicho acto en la misma fecha: 28 de septiembre del 2.011, estampé diligencia en el expediente cursante al folio 598, solicitando cómputo de los días de despacho transcurridos en la causa entre el 10 de agosto de 2.011 (fecha de la contestación exclusive) y el 28 de septiembre del 2.011 (Fecha en que se evacuó la testimonial de ratificación de los documentos por mi impugnada con esta denuncia, también exclusive), computo que corre inserto al folio 599 pieza 3 y que señala que: Transcurrieron en este tribunal los diez (10) días de despacho de la forma siguiente: Agosto 11, 12; Septiembre 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27. Siendo así, el lapso probatorio señalado por el artículo 889 del CPC como lapso para promover y evacuar pruebas en la causa había fenecido para la fecha 27 de septiembre del 2.011, sin que la parte interesada (accionante) hubiese solicitado prorroga alguna ni el tribunal de la causa de oficio haberla acordado; Razón, por la cual, la probanza ha debido ser declarada irregularmente evacuada y fuera del lapso legalmente establecido y por ende no valorada por el tribunal ni de la causa ni de la alzada, hecho este totalmente silenciado por la sentencia recurrida, siendo que la alzada potenció la violación del derecho de defensa con que el juzgado inferior había silenciado también el hecho denunciado y en lugar de corregirlo, se limitó a valorar dicha prueba por razones diferentes que se expondrán como violaciones en este recurso más adelante; Y fundando su decisión en dicha prueba irregularmente evacuada, produjo la condenatoria a resarcir un supuesto daño a mis representados, pero sobre este alegato particular (extemporaneidad de la evacuación de la prueba) no hizo ningún pronunciamiento como lo sostenemos, actitud esta que causó indefensión y desequilibrio procesal evidente ente las partes contendientes, respecto de los intereses de mis representados en este juicio.
omissis
Como puede observarse, Ciudadanos Magistrados, el alegato de que esta prueba fue irregularmente evacuada, dada su extemporaneidad probada con los recaudos anteriormente señalados en el cuerpo de esta denuncia, no mereció por parte del juzgador de la causa ni por el de alzada la mas mínima mención al momento de analizar y valorar la prueba, no pronunciándose afirmativa o negativamente en dicho sentido sobre la procedencia o no del vicio alegado (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el vicio de incongruencia negativa, por considerar que el juzgador de alzada no emitió un pronunciamiento expreso con respecto al alegato de que la prueba ratificación de la documental inserta a los folios 165 Ira. Pieza y 318 de la pieza 2 fue irregularmente evacuada, dada su extemporaneidad...
Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de incongruencia negativa, y ha sostenido que el mismo (...) resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción (...). (Sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Wismer Febres Pérez contra Maldonio Valdivieso ratificada en sentencia N° 421 de fecha 15 de julio de 2015, caso: Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otro).
En ese sentido, lo que afirma el recurrente como alegato de obligatorio pronunciamiento por parte del juez, no lo es, por cuanto el mismo no contiene los fundamentos de procedencia de la acción interpuesta, es decir, no contiene ningún elemento de hecho que deba ser probado y que sirva para fundamentar la pretensión de la parte actora, ni la defensa de la parte demandada, sino mas bien la falta de pronunciamiento por parte de la recurrida en cuanto al establecimiento de una probanza traída a los autos, lo que daría lugar a otro tipo de denuncia, dirigida a la infracción de normas referidas al establecimientos de las pruebas así como la explicación a esta Sala de cómo tal omisión seria determinante del dispositivo de la recurrida.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala debe declarar improcedente la presente denuncia. Así se declara.
-II-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 15, 196, 202 y 889 del Código de Procedimiento Civil, por haberse incurrido en el proceso en la violación de una forma procesal que menoscabó el derecho de defensa y del debido proceso, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con el artículo 313, ordinal 1°, delato la violación de los artículos 15, 196, 202 y 889 del Código de Procedimiento Civil, por haberse incurrido en el proceso en la violación de una forma procesal que menoscabó el derecho de defensa y del debido proceso de mis representados, por darle valor en la sentencia que se recurre a una prueba que fue absolutamente definitoria para confeccionar el fallo de condena recaído sobre ellos, la cual sostenemos, que fue incorporada al proceso utilizando formas totalmente violatorias del debido proceso y violentando los lapsos procesales establecidos en la ley respectiva.
La presente denuncia se explica, Ciudadanos Magistrados, de la siguiente manera:
Consta en el expediente sometido a su juicio, que en el acto más adelante señalado y en las audiencias orales efectuadas en el juzgado a quo y en juzgado a quem (sic), que realicé e hice valer en todos los grados del proceso, la impugnación formal en la oportunidad de evacuación de la testimonial más abajo aludida, sobre la extemporaneidad de la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 1ra. Pieza y 318 de la pieza 2, (la cual fue el fundamento esencial para que la alzada condenara a mis representados); Hecha esta ratificación por el Ciudadano: José Francisco Micucci Dispagna, en fecha: 28 de septiembre del 2.011, según informan las actas levantadas al efecto, cursantes a los folios 593 y 594 de la pieza 3 del legajo bajo conocimiento de ustedes, acto en el que, expresando mis reservas sobre la legalidad y extemporaneidad de la evacuación de la misma, manifesté al tribunal de primera instancia que según el cómputo que solicitaría en diligencia de la misma fecha, se desprendería que la probanza contenida en dicho acto había sido evacuada luego del vencimiento de los diez (10) días de despacho del lapso probatorio concedido por la ley al procedimiento breve con que se tramitó el juicio, por lo cual se violentó el artículo 886 del código de procedimiento civil.
En efecto, seguidamente a dicho acto en la misma fecha: 28 de septiembre del 2.011, estampé diligencia en el expediente cursante al folio 598, solicitando cómputo de los días de despacho transcurridos en la causa entre el 10 de agosto de 2.011 (fecha de la contestación exclusive) y el 28 de septiembre del 2.011 (Fecha en que se evacuó la testimonial de ratificación de los documentos por mi impugnada con esta denuncia, también exclusive), computo que corre inserto al folio 599 pieza 3 y que señala que: Transcurrieron en este tribunal los diez (10) días de despacho de la forma siguiente: Agosto 11, 12; Septiembre 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27. Siendo así, el lapso probatorio señalado por el artículo 889 del CPC como lapso común para promover y evacuar pruebas en la causa había fenecido para la fecha 27 de septiembre del 2.011, sin que la parte interesada (accionante) hubiese solicitado prórroga alguna ni el tribunal de la causa de oficio, haberla acordado; Razón, por la cual, la probanza ha debido ser declarada irregularmente evacuada y fuera del lapso legalmente establecido y por ende no valorada por el tribunal ni de la causa ni de la alzada, hecho este totalmente silenciado por la sentencia recurrida, siendo que la alzada recurrida, ante el yerro de la sentencia de primera instancia en este sentido, nada dijo y por lo contrario, potenció la violación del derecho de defensa con que el juzgado interior había silenciado también el hecho denunciado y en lugar de corregirlo, se limitó a valorar dicha prueba por razones diferentes que se expondrán como violaciones en este recurso más adelante; Y fundando su decisión en dicha prueba irregularmente evacuada, produjo la condenatoria a resarcir un supuesto daño a mis representados, pero sobre este alegato particular (extemporaneidad de la evacuación de la prueba) no hizo ningún pronunciamiento como lo sostenemos, actitud esta que causó indefensión y desequilibrio procesal evidente ente las partes contendientes, respecto de los intereses de mis representados en este juicio, por cuanto haber valorado la prueba en las condiciones de irregularidad procesal en las que fue incorporada al proceso, violentó lo estatuido en los artículos 196 del CPC, que consagra que los lapsos procesales son aquellos expresamente fijados en la ley; Lo establecido en el artículo 202 ejusdem, que consagra la improrrogabilidad de los lapsos procesales fenecidos y el artículo 886 del mismo código que consagra el lapso de diez (10) días de despacho en el procedimiento breve para promover y evacuar pruebas.
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el menoscabo del derecho a la defensa de sus representados, al sostener que la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 Ira. Pieza y 318 de la pieza 2 fue irregularmente evacuada, dada su extemporaneidad
En ese sentido y atención al vicio delatado, esta Sala, en sentencia N° RC-420, de fecha 29 de julio de 2013, caso: Irais Dugarte de Yánez contra Norvis Alberto López Palencia, ratificada en sentencia N° RC-421, de fecha 15 de julio de 2015, caso Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otra señaló lo siguiente:
Sobre la manera adecuada en que deben formularse las denuncias de indefensión o violación del derecho a la defensa, esta Sala en sentencia N° RC-000067 de fecha 11 de marzo de 2010, caso: Nellys del Carmen Zerpa Salazar contra Francesco Melillo y otro, exp. N° 09-363, reiterando decisión de esta Sala, Nº RC- 001038 de fecha 8 de septiembre de 2004, caso: Luís Ramón Rada Arencibia contra Eleonora Ducharne, exp. N° 04-354, estableció lo siguiente:
En este orden de ideas, la Sala en uso de su facultad pedagógica, considera oportuno señalar la técnica adecuada para la correcta formalización de las denuncias que versen sobre una invocada indefensión o menoscabo del derecho de defensa, establecida por esta Máxima Jurisdicción mediante jurisprudencia, pacífica, reiterada e inveterada, entre otras, en decisión N° 687, de fecha 27 de julio de 2004, Exp. N° 2003-00897, en el caso de Elmano Isidro Ferreira contra Haydee Baptista Bonachera, y otros, estableció:
...En cuanto a la denuncia aislada del artículo 15 del Código Adjetivo Civil, la Sala ha señalado que ello es inadmisible; en tal sentido se permite transcribir decisión de fecha 13 de abril de 2000, Exp. 91-719, sentencia N° 107, en el caso de Antonio Reyes Andrade y otros contra Livia Escalona de Ayala, en la cual se dijo:
...Si bien es cierto que la nueva Constitución tiende a flexibilizar los rígidos y doctrinarios formalismos; sin embargo esa flexibilidad no puede implicar el abandono total de una correcta técnica en el planteamiento de las denuncias, mantenida en forma reiterada y pacífica por los cánones procesales que rigen el instituto de la casación, devenida de su propia naturaleza de revisión de derecho.
Al respecto, en sentencia del 11 de noviembre de 1993, esta Sala expresó:
Una correcta técnica de denuncias de infracción basadas en indefensión o menoscabo del derecho de defensa y apoyadas en el respectivo supuesto del Ordinal (sic) 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, implica necesariamente lo siguiente:
a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada.
b) Indicar cómo, con tal quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos, se lesionó el derecho de la defensa o el orden público, según el caso, o ambos.
c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público, lo ha sido por el Juez de la causa, y si considera procedente la reposición de la misma, denunciar la infracción del artículo 208 de la Ley Procesal, la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o los que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretarse en ella la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las normas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesiona el Tribunal de la causa.
d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma contenida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, deben denunciarse como infringidas las disposiciones referentes al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de la recurrida.
e) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos . (Subrayado de la Sala).
Ahora bien, para resolver la denuncia, pasa la Sala a verificar las actas del expediente, a los fines de comprobar la existencia o no del quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que hayan podido causar el menoscabo del derecho de defensa del recurrente, por ello se constatan los siguientes eventos procesales:
Corre inserto al folio 185 de la primera pieza del expediente, auto de fecha 22 de diciembre de 2010, mediante el cual se admite la demanda y se ordena la comparecencia de los demandados para que tenga lugar el acto de la contestación a la demanda al segundo (2°) día de despacho siguiente a que conste en autos la última citación practicada.
Corre inserto al folio 300 al 301 y su vuelto, de la segunda pieza del expediente, escrito de fecha 10 de agosto de 2011, contentivo de la contestación a la demanda, suscrito por el defensor ad-litem designado por el a quo.
Corre inserto al folio 311 al 317, de la segunda pieza del expediente, escrito de fecha 19 de septiembre de 2011, contentivo de la promoción de pruebas, suscrito por el defensor judicial de la parte actora, en el cual se produjo:
CUARTO: Reproduzco a favor de mi mandante contrato N° 454 suscrito el 20 julio del año 2010, entre el demandante y el ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, titular de la cédula de identidad N° 4.817.464, en su carácter de director de la entidad mercantil Complejo Agro turístico Lomas de Nirgua C.A. inscrita en el Registro Mercantil de esta Circunscripción Judicial en fecha 21 de diciembre del 2007, bajo el Nro. 30, Tomo 355-A a mediante el cual mi representado se comprometió a prestar servicios recreativos de inflables durante el periodo vacacional del 2010, (15 de agosto de 2010 hasta el 30 de septiembre 2.010) (sic) dentro de las instalaciones del Complejo Agro turístico Lomas de Nirgua, C.A; con tres (3) inflables de su propiedad los cuales se encuentran entre los bienes muebles que le fueron despojados por el señor Ángel Acevedo, su cónyuge Elodia de Acevedo y su hijo Osman Acevedo, descritos dichos bienes en el inventario anexo al expediente N° 7.318 por la parte agraviante, y a consecuencia del acto doloso realizado por dichos ciudadanos al retener sus bienes, mi mandante incumplió dicho contrato dejando de percibir un ingreso de cincuenta y siete mil seiscientos bolívares (Bs.57.600) por concepto del servicios recreativos de inflables. Igualmente manifiesto que por ser el contrato antes señalado un instrumento privado proveniente de tercero promuevo al ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, titular de la cédula de identidad N° 4.817.464, para que lo reconozca en su contenido y firma.
QUINTO: Promuevo en un folio útil oficio de fecha 30 de agosto de 2010, emitido por el Director General del Complejo Agroturistico Lomas de Nirgua C.A. José Micucci, a través del cual le informa a mi representado las sanciones aplicadas de conformidad con lo establecido en el contrato de servicios de inflables suscrito entre ellos. Igualmente manifiesto que por ser el documento antes señalado un instrumento privado proveniente de tercero promuevo al ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, titular de la cédula de identidad N° 4.817.464, para que lo reconozca en su contenido y firma.
Corre inserto al folio 567 de la tercera pieza del expediente, auto de fecha 20 de septiembre de 2011, mediante el cual se admiten las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora, y se ordena la comparecencia del ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, para que rinda su testimonio a las nueve de la mañana del tercer (3°) día siguiente a la referida fecha.
Corre inserto al folio 593 al 594, de la tercera pieza del expediente, acta de fecha 28 de septiembre de 2011, contentiva de evacuación de la testimonial rendida por el ciudadano Francisco Micucci Dispagna.
Corre inserto al folio 599, de la tercera pieza del expediente, auto contentivo de cómputo expedido por el a quo que reza:
Quien suscribe, Abg. INES M. MARTINEZ, Secretaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, por medio de la presente certifica: que los días de despacho transcurridos desde el 10 de agosto de 2011 exclusive hasta el 28 de septiembre de 2011 exclusive, suman DIEZ DIAS DE DESPACHO, desglosados de la siguiente manera: AGOSTO: 11 Y 12; SEPTIEMBRE: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 DE 2011.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
En el presente caso, la parte actora trajo a los autos dos documentos privados, uno con el libelo de la demanda cursante al folio 165 y el otro con el escrito de pruebas cursante al folio 318, de ambas documentales solicitó en la etapa probatoria su ratificación por el ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y en el acto de testimonial fijado para la ratificación de los mismos, el cual se llevó a cabo en fecha 28 de septiembre de 2011 cursante a los folios 593 y 594, la parte demandada se abstuvo de repreguntar al testigo, impugnando la declaración por cuanto el declarante no consignó documental alguna que acreditara su condición como representante de Complejo Agroturístico Lomas de Nirgua C.A.
Congruente con todo lo expresado, estima este Tribunal que la prueba testimonial para ratificación de los documentos privados traídos a los autos y que rielan a los folios 165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza, fue promovida válidamente por la parte actora y la cual se valora conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, teniendo la parte demandada la facultad y oportunidad de repreguntar el testigo y desvirtuar en el acto de evacuación de la testimonial el contenido de las documentales privadas, lo cual de manera rebelde como bien el mismo lo señala al folio 594 de la tercera pieza, se abstuvo de ejercer su derecho del control de la prueba, motivo por el cual resulta forzoso concluir que es improcedente lo solicitado por el recurrente, lo que de suyo hace que no pueda prosperar en derecho la apelación ejercida por la parte demandada con relación a lo decidido por el Juzgado A Quo en los ordinales CUARTO Y QUINTO de la sentencia definitiva, correspondiente al lucro cesante y daño emergente declarado con lugar, quedando ambos suficientemente probados con la testimonial debidamente valorada del ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y que corre a los folios 593 y 594 de la tercera pieza, correspondiente a los instrumentos privados cursantes al folio 165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza, concatenada a las testimoniales promovidas, evacuadas y valoradas de los ciudadanos ALEXANDRA RAFAELA ORTEGA GIRON y CHRISTIAN EDWARD COBY LABRO. Es evidente entonces que debe confirmarse en los referidos aspectos la sentencia recurrida, y así se dispondrá en forma expresa, positiva y precisa en la sección dispositiva de este fallo judicial y así expresamente se decide.
En atención a la doctrina citada, a la transcripción parcial de los eventos procesales ocurridos en la presente causa y de la parte pertinente de la recurrida, se desprende que la misma se sustanció por los canales del procedimiento breve, por versar sobre unos daños y perjuicios derivados de un contrato de arrendamiento, siendo que una vez contestada la demanda, la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas contentivas, entre otras, de dos instrumentos privados emanados de un tercero identificado como José Francisco Micucci Dispagna, del cual solicitó su ratificación en juicio, las cuales fueron admitidas, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, siéndole fijada la oportunidad por el a quo para su evacuación, la cual se produjo.
Asimismo se desprende de una sencilla operación aritmética que tal y como lo sostuvo el recurrente, que la probanza contenida en dicho acto había sido evacuada luego del vencimiento de los diez (10) días de despacho del lapso probatorio concedido por la ley al procedimiento breve con que se tramitó el juicio .
Ahora bien, respecto a los lapsos para la evacuación de algunas pruebas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 175 de fecha 8 de marzo de 2005, caso: Banco Industrial acogida y ratificada por esta Sala en sentencia N° 327 de fecha 13 de junio de 2016, caso: Venezolana de Filtros, C.A. contra Industrias Filtros Laboratorios Infil, C.A. estableció lo siguiente:
Hasta el Código de Procedimiento Civil de 1897, el término probatorio no se encontraba segmentado como en el actual, para que, dentro de cada segmento, llevaran a cabo las partes y el tribunal actividades preclusivas, sino que dentro de él, conjuntamente, se promovían y evacuaban las pruebas.
Observa el tratadista Arminio Borjas (Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano, tomo III, p. 193, Edit. Bibloamericana. Argentina-Venezuela) Antes de la reforma de 1897, la ley declaraba que el lapso de pruebas era de treinta días, sin destinar especialmente a la promoción de éstas ninguna parte de él, por lo cual, durante todos dichos días se las podía indistintamente promover y evacuar, omissis y tanto para el Juez como para las partes se hacía embarazoso, y aún quedaba expuesto para éstas a peligrosas alevosías, el derecho de promover nuevas probanzas hasta en el último de los treinta días del término.
Para esta Sala, conforme a los comentarios de Borjas, era claro que en los términos diseñados para que conjuntamente se promovieran y evacuen pruebas, hasta los últimos días del lapso eran hábiles para ofrecer medios de pruebas, ya que ese era un derecho de las partes. Reminiscencias en el vigente Código de Procedimiento Civil de este tipo de término único para promover y recibir pruebas es la articulación probatoria del artículo 607, norma que establece una articulación por ocho días sin término de distancia, lo que significa -ya que el Código de Procedimiento Civil no distingue- que dentro de la articulación se promoverán y evacuarán pruebas, ya que necesariamente el lapso probatorio es para ello.
Al no limitar el artículo 607 en comento los medios a promoverse, entiende la Sala que en un sistema de libertad de medios, los ofrecibles son tanto medios nominados como innominados.
En consecuencia, testigos, experticias, inspecciones judiciales, documentos y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente para las incidencias, pueden proponerse en estas articulaciones; y no señala el Código de Procedimiento Civil, que las pruebas deban evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación, y que si allí no se reciben, las que se insertaren luego resultaren extemporáneas. Si no existe tal distinción en la ley, el intérprete tampoco debe distinguir.
Por lo tanto, a juicio de esta Sala, es posible que pruebas ofrecidas por las partes dentro de la articulación sean recibidas fuera de ella, como incluso ocurre con probanzas no evacuadas en el término de evacuación del juicio ordinario.
Para la Sala, sería contrario al derecho de defensa de las partes, cercenarles tal derecho, concretado en el ofrecimiento de pruebas, creándoles la carga de promoverlas en los primeros días de la articulación de ocho días (de despacho), cuando la ley no distingue oportunidad dentro del término para promoverlas, ni ordena tal proceder. Luego, todos los días, hasta el último de la articulación, son oportunos y temporáneos para ofrecer pruebas. Lo que sucede es que hay pruebas que pueden evacuarse sin lapso probatorio alguno para ello, ya que se reciben en un día prefijado, independientemente del lapso, mientras hay otras que requieren de un término destinado a la recepción de pruebas para que puedan ser incorporadas al proceso. Ello, debido a que con algunos medios pueden surgir diversas actividades concatenadas a su práctica, y por aplicación del principio de concentración de la prueba, el legislador ha querido que ellas se lleven adelante dentro de un lapso probatorio específico.
Ahora bien, a juicio de la Sala, para que las probanzas promovidas puedan evacuarse dentro o fuera de la articulación es necesario ponderar varias situaciones.
No prevé el artículo 607 que las partes puedan oponerse a las pruebas de su contraparte, pero siendo la oposición una emanación del derecho de defensa, ella es posible, y el juez tendría que decidirla, a fin de que la prueba pueda recibirse, si declara sin lugar la oposición y admite el medio.
Si el juez no decide la oposición, conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, la prueba no podrá evacuarse, y en articulaciones de tan corto lapso, la recepción del medio necesariamente tendría que ser fuera del término probatorio del artículo 607. No aceptar tal situación sería dejar indefensa a la parte, infringiéndose así el artículo 49 constitucional. Si una de las partes promoviere testigos con citación previa a la declaración, podría ocurrir que el alguacil citara a los testigos para que declararan al octavo día, y sería injusto que el promovente no pueda examinar a sus testigos, que comienzan a declarar ese día, porque se agota la audiencia, y aún no ha podido formular todas las preguntas, por lo que necesariamente la declaración de los testigos debería prorrogarse fuera del lapso.
Si se promoviere una experticia, en los primeros días del término, y las partes no se pusieran de acuerdo un solo experto, al segundo día de admitida la prueba, tendría lugar el acto de nombramiento de expertos, su juramentación será el tercer día siguiente al nombramiento (artículo 458 del Código de Procedimiento Civil), la notificación del nombrado por el juez, tendrá lugar tres días después de su notificación (artículo 459 del Código de Procedimiento Civil) y en este último supuesto, luego vendría la reunión para establecer el tiempo de la pericia, lo que necesariamente conduce a que el peritaje no pueda evacuarse dentro de las ocho audiencias ya que, por lo menos, cinco de ellas se han consumido en los trámites señalados. De allí que el propio Código de Procedimiento Civil en la incidencia nacida del desconocimiento de instrumentos privados (artículo 449) donde la prueba de experticia -cotejo- es la de mayor peso (artículo 445), y cuyo término probatorio es de ocho días, señaló que éste puede extenderse hasta quince días.
Estos ejemplos, a juicio de la Sala, demuestran que fuera de la articulación se pueden recibir pruebas, independientemente de la oportunidad de su promoción, pero que tal recepción obedece a situaciones especiales.
Es criterio de la Sala que con relación a la articulación probatoria del artículo 607, surge una situación casuística de acuerdo a la esencia de los medios de prueba que propongan las partes; correspondiendo al juez de oficio en algunos medios, señalar la evacuación de la prueba fuera de la articulación, dada la dificultad innata al medio de evacuarla dentro de los ocho días de despacho, y ese es, por ejemplo, el caso de la experticia.
También este es el caso de la inspección judicial, ya que el tribunal que la va a practicar, que es el de la causa, tiene que ejecutarla cuando sus ocupaciones lo permitan, lo cual puede ser fuera de la articulación probatoria, siempre que la provea dentro de ella.
Luego, en aras a garantizarle el derecho de defensa a las partes, a quienes el artículo 607 les ha otorgado un término probatorio de ocho días para promover y evacuar, no puede cargarse a las partes a que promuevan todas sus pruebas dentro de los primeros días, y tildárselas de negligentes o torpes, si no lo hacen, sobre todo cuando hay medios de alta dificultad, debido a su naturaleza, para ser recibidos en la articulación, por lo que la audiencia que se utilizare para ofrecerlos sería indiferente, siempre que sea dentro del lapso.
A juicio de la Sala, resultaría un contrasentido que a las partes se les diere un término de ocho días para promover pruebas, y que las promovidas, en ejercicio de su derecho, el último día no fueran proveídas por el juez aduciendo que no puedan evacuarse dentro del lapso porque éste finalizó, cuando ya se ha apuntado que hay medios que pueden evacuarse fuera del término probatorio.
Es de recordar que con respecto a las pruebas temporáneas del último día, el juez tiene tres días para proveerlas, y esos días caen fuera de la articulación probatoria.
El quid del asunto, en criterio de esta Sala, radica en si el término para proveer o evacuar las admitidas se prorroga de oficio, o si él sólo se prorroga a instancias de parte, aplicando el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. La Sala hace la salvedad de que los medios que por su esencia o naturaleza pueden recibirse fuera del lapso de evacuación, necesariamente, como garantía del derecho de defensa de quien lo propuso, se evacuarán fuera de la articulación en la oportunidad que fije el tribunal, como ocurre con la inspección judicial, o con el tiempo que el tribunal señale a los expertos.
Se trata de medios que por su esencia, y sin que exista prórroga del término probatorio, ya que éste, como tal dejó de correr, se pueden evacuar fuera de dicho término, como ocurre con la experticia o inspección judicial, u otras pruebas cuya naturaleza sea semejante, y que debido a esa característica pueden proponerse hasta el último día de la articulación. Pero con el resto de las probanzas, para las cuales la ley no previno, como lo hizo en la experticia (artículos 460 y 461 del Código de Procedimiento Civil) un término fijo que puede exceder del normal de evacuación, o que su práctica depende de cuando la actuación judicial puede llevarse a cabo; la prueba debe ser evacuada dentro de un término para ello, el cual no puede exceder del establecido en la ley, y con respecto a esos medios, de no poder recibirse dentro del lapso, funciona a plenitud la institución de la prórroga de los términos, señalado el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y que se funda en la existencia de una causa no imputable a la parte que lo solicita, que hace necesaria la prórroga del lapso.
Es criterio de la Sala, que desde este ángulo, hay medios que de ser promovidos en el último día de la articulación, el promovente debe pedir se prorrogue el término para que el tribunal los provea y se evacuen dentro del lapso de evacuación, que así se alarga. El juez examinará si acuerda o no acuerda la prórroga, juzgando si ella atiende realmente a una causa no imputable a quien la pide. Es en casos como éste, donde el juez puede examinar la negligencia en estos ofrecimientos tardíos de la prueba, y negar la prórroga, por lo que la articulación no se extenderá por ocho audiencias más para que se reciban las pruebas.
Resalta la Sala que se trata de una situación casuística, que depende de cada medio y de la necesidad, por su naturaleza, que se evacuen dentro del término de evacuación. Aquellos como la experticia, la inspección judicial, la exhibición de documentos o los informes (artículo 433 del Código de Procedimiento Civil), por ejemplo, que se reciben en una fecha, la cual puede señalarse fuera del término probatorio, podrán recibirse fuera de éste, al igual que lo que sucede con las comisiones o las rogatorias a evacuarse en cumplimiento de un término extraordinario de pruebas.
Con relación a los otros medios simples, nominados o innominados (documentos privados, testigos, etc), que deben recibirse dentro de un término de evacuación (así sea conjunto con el de promoción), la posibilidad de insertarse al proceso fuera del término sólo es viable si éste se prorrogó o reabrió, y para ello es necesario que exista petición de parte, ya que es ella quien debe alegar y justificar la causa no imputable que le impide actuar dentro del término probatorio natural.
En el caso de autos, el juez ordenó la prórroga para que se evacuara, fuera de la articulación probatoria, la experticia y la exhibición documental. Se trata de un medio, como la experticia, que por su esencia puede recibirse fuera del término probatorio, como ya lo señaló este fallo, y en igual situación se encuentra la exhibición documental.
El que el juez del fallo impugnado fundara la prórroga en la tutela del derecho de defensa del demandado, obviando la verdadera razón de fondo que justifica la evacuación fuera de lapso y decretando con respecto a esos medios una prórroga innecesaria, no significa que con ello lesionará derecho constitucional alguno al Banco Industrial de Venezuela, C.A., y así se declara.
Ambos medios, pericia y documental, no requerían de la prórroga para ser evacuadas fuera de lapso, pero el que el juez la acordara en nada perjudicaba a los accionantes en amparo, ni al debido proceso, ya que no surgió ninguna lesión al derecho de defensa de los hoy accionantes.
De tratarse de unas posiciones juradas, ellas resultan inadmisibles y la prórroga ordenada no consolida tal situación. Si se trataba de confesiones contenidas en documentos públicos, ella podría ser recibida fuera de la articulación, antes del fallo, por lo que la prórroga, aunque innecesaria, no perjudicaba a los hoy accionantes.
Por todos estos motivos, la Sala considera que el fallo impugnado no lesionaba a los accionantes, y así se declara . (Negrillas y subrayado de la Sala).
Conforme con el anterior criterio jurisprudencial supra transcrito, una vez promovida la prueba testimonial dentro de la articulación probatoria del juicio breve -como el que nos ocupa-, es posible que sean evacuada fuera de ella, pues sería contrario al derecho de defensa de las partes, cercenarles tal derecho, concretado en el ofrecimiento de pruebas.
Asimismo, la Sala Constitucional hace la salvedad que los medios de prueba que por su esencia o naturaleza pueden recibirse fuera del lapso de evacuación, necesariamente, como garantía del derecho de defensa de quien lo propuso, se evacuarán fuera de la articulación en la oportunidad que fije el tribunal.
Por todo lo antes expuesto y en aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, la Sala establece que en el presente asunto no hubo una subversión procedimental con infracción de los artículos 15, 196, 202 y 889 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual la presente denuncia debe declararse improcedente.
-III-
Con fundamento en el numeral 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 15, 138 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haberse incurrido en el proceso en la violación de una forma procesal que menoscabó el derecho de defensa y del debido proceso, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con el artículo 313, ordinal 1°, delato la violación de los artículos 12, 15, 138 y 243 ord. 5° del Código de Procedimiento Civil, por haberse incurrido en el proceso en la violación de una forma procesal que menoscabó el derecho de defensa y del debido proceso de mis representados, por haberse valorado en la sentencia que se recurre una prueba que fue absolutamente definitoria para confeccionar el fallo de condena recaído sobre ellos, la cual sostenemos, que fue incorporada al proceso utilizando formas totalmente violatorias del debido proceso establecidas en la ley respectiva.
SINTESIS EXPLICATIVA DE LA INFRACCIÓN:
Consta en el expediente sometido a su juicio, que en el acto más adelante señalado y en las audiencias orales efectuadas en el juzgado a quo y en juzgado a quem (sic), que realicé e hice valer en todos los grados del proceso, la impugnación formal en la oportunidad de evacuación de la testimonial más abajo aludida, sobre la ilegitimidad de la persona que se presentó como representante de la empresa emitente del documento en la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 1ra. Pieza y 318 de la pieza 2, (la cual fue el fundamento esencial para que la alzada condenara a mis representados); Debido a que si la misma era emitida por una persona jurídica, lo legal y correcto es y era que la misma fuera ratificada por el representante legal de la misma. Luego, fue hecha esta ratificación por el Ciudadano: José Francisco Micucci Dispagna, en fecha: 28 de septiembre del 2.011, según informan las actas levantadas al efecto, cursantes a los folios 593 y 594 de la pieza 3 del legajo bajo conocimiento de ustedes, acto en el que, expresando mis reservas sobre la legalidad, en el acta respectiva le manifesté al tribunal de primera instancia Que no iba a repreguntar a la persona que se presentó como ratificante de la documental por que no había exhibido los documentos que lo acreditaran para ello, solicitando se dejara constancia en el acta respectiva de tal anormalidad, a lo que la juez manifestó que si era cierto pero que la prueba fue promovida en esas condiciones. Por tal razón, la probanza así hecha ha debido ser declarada irregularmente evacuada y fuera del lapso legalmente establecido y por ende no valorada por el tribunal ni de la causa ni de la alzada. Sobre esta violación de forma procesal, la juez de la alzada guardó silencio totalmente y valoró dicha probanza aplicando consideraciones ajenas totalmente a lo planteado por lo cual infringió los artículos 12, 15, 138 y 243 ordinal 5°. Del código de procedimiento civil (sic) como está denunciado y fundando su decisión en dicha prueba irregularmente evacuada, produjo la condenatoria a resarcir un supuesto daño a mis representados, pero sobre este alegato particular (la falta de representación de la persona que compareció a ratificar el documento) no hizo ningún pronunciamiento como lo sostenemos, actitud esta que causó indefensión y desequilibrio procesal evidente ente las partes contendientes, respecto de los intereses de mis representados en este juicio, por cuanto haber valorado la prueba en las condiciones de irregularidad procesal en las que fue incorporada al proceso, violentó lo estatuido en los artículos mencionados que son del tenor siguiente:
omissis
En razón de lo antes expuesto, solicitamos se case la sentencia definitiva .
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el menoscabo del derecho a la defensa de sus representados, dada la ilegitimidad de la persona que se presentó como representante de la empresa emitente del documento en la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 1ra. Pieza y 318 de la pieza 2 Y que por tal razón, la probanza así hecha ha debido ser declarada irregularmente evacuada y fuera del lapso legalmente establecido y por ende no valorada por el tribunal ni de la causa ni de la alzada finalizando su exposición con que la recurrida sobre este alegato no hizo ningún pronunciamiento.
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de menoscabo al derecho a la defensa, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la denuncia anterior.
Ahora bien, antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala de Casación Civil ha establecido mediante reiteradas decisiones, cuál es la técnica que debe cumplir el recurrente, con el fin de que se pueda entender y resolver a cabalidad los planteamientos que sustentan las denuncias contenidas en el escrito de formalización.
Así, mediante sentencia N° 991, de fecha 12 de diciembre de 2006, (caso: Jesús María Vásquez Ocanto, contra José Nicolás Méndez y otra), dictada en el expediente N° 06-303, la cual ratificada en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros) esta Sala dejó establecido, respecto a la necesidad de fundamentar cabalmente el escrito de formalización, lo siguiente:
...el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación. Así, esta Sala de Casación Civil ha dejado establecido en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999 (caso: Félix Romero y otros c/ Fundación para del Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas), lo siguiente: ...Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretende atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia.... Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer la denuncia planteada en el recurso de casación; mucho más cuando además de haberse dejado de señalar correctamente y de forma separada la infracción de los artículos supuestamente infringidos, tampoco se haya indicado su influencia en la suerte de la controversia
omissis
no es carga de la Sala completar en qué sentido, o bajo cuál de los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, apoya el formalizante su denuncia, ni tampoco es carga de la Sala suponer cual es el objetivo que persigue el formalizante con la denuncia. Lo que evidencia en este caso, la omisión de las reglas que debe cumplir una correcta formalización y, la debida técnica que debe observarse al recurrir en casación, carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por esta Sala . (Subrayado de la Sala).
La anterior cita se reproduce con ocasión a la mixtura de vicios -menoscabo al derecho a la defensa e incongruencia negativa-que acumula el formalizante en la presente denuncia y que por sí solo dejaría sin fundamentos la misma, aun cuando todos pertenecen a las denominadas infracciones de forma, tienen efectos distintos sobre el proceso, por lo que no pueden ser planteados como una suerte de efecto cascada, donde al prosperar uno prosperarían todos los demás, siendo que se obviaría la correcta fundamentación por separado de cada uno de los vicios, como evidentemente ocurrió y, ello tiene sentido, ya que esta Sala de Casación Civil como tribunal de derecho que es, no puede conocer a su antojo los escritos de formalización que son sometidos a su conocimiento, para que a la suerte pudiera prosperar lo que no fue intención del formalizante. Así se establece.
Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala percibe como el recurrente plantea en su denuncia que no está de acuerdo con la forma de como la recurrida valoró la testimonial rendida por el ciudadano José Francisco Micucci Dispagna dada la ilegitimidad de la persona que se presentó como representante de la empresa emitente del documento en la prueba de ratificación de la documental inserta a los folios 165 1ra. Pieza y 318 de la pieza 2 siendo este un fundamento propio de una denuncia por infracción de ley en que se combata el merito probatorio de la prueba testimonial.
En ese sentido tenemos que con respecto al valor probatorio que merecía la prueba testimonial del referido ciudadano y su control en casación, otra debió ser la denuncia del formalizante, conforme a la doctrina de esta Sala, que informa:
Por otra parte no menos importante, también cabe señalar, que si la formalizante lo que intenta combatir con esta delación, es el análisis hecho por la juez de alzada en cuanto a las deposiciones judiciales, cuando las desecho, esta debió dirigir su denuncia conforme a la doctrina de esta Sala, en cuanto a la manera correcta de impugnar en casación el análisis de los testigos por parte de los jueces de instancia, la cual se ve reflejada entre otras en su sentencia N° RC-707, de fecha 28 de octubre de 2005, expediente N° 2004-021, caso: CENTRO DE AUTO-EDICIÓN COLORS PRINT C.A., contra SEGUROS LA FEDERACIÓN C.A., reiterada en fallo N° RC-641, de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2012-241, caso: MARITZA JOSEFINA RINCÓN RIVERA, contra PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., que dispuso lo siguiente:
Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:
Recientemente, en sentencia N° RC 00259, de fecha 19 de mayo de 2005, caso: Jesús Enrique Gutiérrez Flores contra Carmen Noelia Contreras, exp. N° 03-721, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:
Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que ...en vez de frenar pisó el acelerador..., mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.
En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.).
En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:
...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.
2. El Juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
3. En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias.... (Subrayado por la Sala).
De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.
...omissis
Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre.... (Negritas de la Sala) (Subrayado de la sentencia).
No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibidem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.
Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.
omissis
De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.
Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.
La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva. (Subrayado del texto).
En consideración a todo lo antes expuesto, esta denuncia por supuesta violación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, es improcedente y en consecuencia es desechada. Así se decide .-
(Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-556, de fecha 24 de septiembre de 2013, expediente N° 2013-259, caso: Asesoramiento Integral JV C.A., contra Maquinas 2000 C.A.).-
Conforme a lo anteriormente transcrito, si lo pretendido por el formalizante era atacar la ilegitimidad de la persona que rindió su declaración, debió realizar su correspondiente denuncia por infracción de ley, conforme a la doctrina de esta Sala, y así se decide.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala debe declarar improcedente la presente denuncia. Así se declara.
RECURSO POR INFRACCION DE LEY
-U N I C A-
Con fundamento en el numeral 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, alegando el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
1. Falta de aplicación de norma jurídica vigente. De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delato la falta de aplicación de norma jurídica vigente, específicamente la que regula el contenido y alcance del artículo 138 del código de procedimiento civil (sic), en que se incurrió en el fallo confutado, y que condujo a un error de juzgamiento.
Contenido de la infracción en la sentencia impugnada.
En la oportunidad de dictar su fallo, como consecuencia de la apelación que propusiera nuestro mandante contra el fallo del a quo, fechado 21 de enero del año 2015, en el cual éste había declarado parcialmente con lugar la pretensión actoral, el juzgador de grado indicó:
De acuerdo al contenido del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la parte que pretende hacer valer en un juicio un documento emanado de tercero, debe obligatoriamente promover a su otorgante como testigo para que lo ratifique, razón por la cual dicha prueba debe ser valorada como una mera prueba testimonial; y a las instrumentales que le sirven de base a dicha prueba, únicamente le es atribuible el valor que pueda resultar de su ratificación por el tercero.
En el presente caso, la parte actora trajo a los autos dos documentos privados, uno con el libelo de la demanda cursante al folio 165 y el otro con el escrito de pruebas cursante al folio 318, de ambos documentales solicitó en la etapa probatoria su ratificación por el ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y en el acto de testimonial fijado para la ratificación de los mismos, el cual se llevó a cabo en fecha 28 de septiembre de 2011 cursante a los folios 593 y 594, la parte demandada se abstuvo de repreguntar al testigo, impugnando la declaración por cuanto el declarante no consignó documental alguna que acreditara su condición como representante de Complejo Agroturístico Lomas de Nirgua C.A.
Congruente con todo lo expresado, estima este Tribunal que la prueba testimonial para ratificación de los documentos privados traídos a los autos y que rielan a los folios 165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza, fue promovida válidamente por la parte actora y la cual se valora conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, teniendo la parte demandada la facultad y oportunidad de repreguntar el testigo y desvirtuar en el acto de evacuación de la testimonial el contenido de las documentales privadas, lo cual de manera rebelde como bien el mismo lo señala al folio 594 de la tercera pieza, se abstuvo de ejercer su derecho del control de la prueba, motivo por el cual resulta forzoso concluir que es improcedente lo solicitado por el recurrente, lo que de suyo hace que no pueda prosperar en derecho la apelación ejercida por la parte demandada con relación a lo decidido por el Juzgado A Quo en los ordinales CUARTO Y QUINTO de la sentencia definitiva, correspondiente al lucro cesante y daño emergente declarado con lugar, quedando ambos suficientemente probados con la testimonial debidamente valorada del ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y que corre a los folios 593 y 594 de la tercera pieza, correspondiente a los instrumentos privados cursantes al folio 165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza, concatenada a las testimoniales promovidas, evacuadas y valoradas de los ciudadanos ALEXANDRA RAFAELA ORTEGA GIRON Y CHRISTIAN EDWARD COBY LABRO. Es evidente entonces que debe confirmarse en los referidos aspectos la sentencia recurrida, y así se dispondrá en forma expresa, positiva y precisa en la sección dispositiva de este fallo judicial y así expresamente se decide.
Explicación sobre el vicio de falta de aplicación imputado por nosotros a la recurrida.
¿Qué interpretó la recurrida? Que la prueba cuya ilegitimidad se asomó por no haber sido ratificada por quien probara ser representante legal de la empresa Complejo Agroturistico Lomas de Nirgua C.A, era válida por ser considerada por la doctrina y la jurisprudencia de esta sala, como una prueba testimonial. Pero, eso no era sobre lo que se le estaba pidiendo pronunciamiento, si no sobre el hecho de que la persona que se presentó como ratificante NO EHXIBIÓ en el acto, los documentos que lo acreditaran como tal, razón por la cual el Juez del a quo y el juez de alzada han debido, en aplicación de lo previsto en el artículo 138 del código de procedimiento civil cuya falta de aplicación se denuncia, ordenar al Ciudadano: José Francisco Micucci Dispagna, que exhibiera en el acto dichos instrumentos o por lo menos darle un plazo posterior para ello y así hubiese quedado satisfecho el requisito de la representación plena de la empresa emananate (sic) del documento.
Carácter determinante del error de juzgamiento en lo dispositivo del fallo.
De modo que el fundamento principal y definitoria de la declaratoria de parcialmente con lugar del recurso ordinario estriba en la prueba a la cual no le fue aplicada por la Juez de la alzada la disposición denunciada como inaplicada, la que, de haberle sido correctamente imputada la norma denunciada, habría dado como resultado que la prueba se hubiese declarado irregular e ilegalmente evacuada por la alzada y en consecuencia, no se habría condenado a mis representados a lo siguiente:
CUARTO: Quedan establecidos en los mismos términos los conceptos condenados por el Juzgado A Quo, así como lo decidido en cuanto a la defensa perentoria de Falta de Cualidad o interés de los co demandados Elodia de Acevedo y Osman Acevedo, y la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, queda modificada la sentencia, apelada. QUINTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por no haber vencimiento total en el mismo; Siendo que, los conceptos establecidos en su particular CUARTO por la sentencia del juzgado de la causa, se contraen a lo siguiente:
CON LUGAR LA PRETENSIÓN DE LUCRO CESANTE DERIVADO del contrato suscrito entre el demandante ciudadano JOSE EMILIO ARIAS SERRANO y la empresa Complejo Turístico Lomas de Nirgua C.A., en consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs.57.600,00) que dejó de percibir el actor, por no haber podido cumplir con la obligación contraída en el referido contrato. QUINTO: CON LUGAR LA PRETENSIÓN DE DAÑO EMERGENTE DERIVADO del contrato suscrito entre el demandante ciudadano JOSE EMILIO ARIAS SERRANO y la empresa Complejo Turístico Lomas de Nirqua C.A., en consecuencia, se condena a pagar a la parte demandada la cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs.17.280,00) por concepto del pago erogado por el actor por daños y perjuicios establecidos en el referido contrato.
Contenido de la norma jurídica inaplicada por el juzgado ad quem. EL artículo 138 del código de procedimiento civil (sic) que prevé:
omissis
Razones para la aplicabilidad de las normas señaladas al caso concreto.
La aplicabilidad de esta norma, estriba en diferenciar quien es la persona llamada según la ley a comparecer en la prueba de ratificación de instrumentos emanados de terceros que se quieran hacer valer en juicio, toda vez que por ser esta una modalidad de probanza muy delicada, la cual se pueda prestar inclusive a fraudes procesales, requieren que sea hecha por la persona a q uién (sic) corresponda y que en el caso de una persona jurídica como emanante, tal ratificación le corresponde no a otra persona que no sea la señalada por el estatuto social de la empresa de acuerdo a lo expresamente previsto por el artículo 138 denunciado como no aplicado por la alzada. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la falta aplicación del artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto de haber aplicado la Juez de la recurrida la referida norma, hubiere determinado que la persona que se presentó como ratificante de la prueba documental no exhibió en el acto, los documentos que lo acreditaran como representante de la empresa emanante de la referida probanza.
En este sentido, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falta de aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto. Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros ratificada en sentencia N° 290 de fecha 5 de junio de 2013, caso: Blanca Bibiana Gamez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras.)
Asimismo, tenemos que el artículo denunciado, es del tenor siguiente:
Artículo 138 del Código de Procedimiento Civil:
Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá hacer en la persona de cualquiera de ellas.
Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:
De acuerdo al contenido del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la parte que pretenda hacer valer en un juicio un documento emanado de tercero, debe obligatoriamente promover a su otorgante como testigo para que lo ratifique, razón por la cual dicha prueba debe ser valorada como una mera prueba testimonial; y a las instrumentales que le sirven de base a dicha prueba, únicamente le es atribuible el valor que pueda resultar de su ratificación por el tercero.
En el presente caso, la parte actora trajo a los autos dos documentos privados, uno con el libelo de la demanda cursante al folio 165 y el otro con el escrito de pruebas cursante al folio 318, de ambas documentales solicitó en la etapa probatoria su ratificación por el ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y en el acto de testimonial fijado para la ratificación de los mismos, el cual se llevó a cabo en fecha 28 de septiembre de 2011 cursante a los folios 593 y 594, la parte demandada se abstuvo de repreguntar al testigo, impugnando la declaración por cuanto el declarante no consignó documental alguna que acreditara su condición como representante de Complejo Agroturístico Lomas de Nirgua C.A.
Congruente con todo lo expresado, estima este Tribunal que la prueba testimonial para ratificación de los documentos privados traídos a los autos y que rielan a los folios 165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza, fue promovida válidamente por la parte actora y la cual se valora conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, teniendo la parte demandada la facultad y oportunidad de repreguntar el testigo y desvirtuar en el acto de evacuación de la testimonial el contenido de las documentales privadas, lo cual de manera rebelde como bien el mismo lo señala al folio 594 de la tercera pieza, se abstuvo de ejercer su derecho del control de la prueba, motivo por el cual resulta forzoso concluir que es improcedente lo solicitado por el recurrente, lo que de suyo hace que no pueda prosperar en derecho la apelación ejercida por la parte demandada con relación a lo decidido por el Juzgado A Quo en los ordinales CUARTO Y QUINTO de la sentencia definitiva, correspondiente al lucro cesante y daño emergente declarado con lugar, quedando ambos suficientemente probados con la testimonial debidamente valorada del ciudadano José Francisco Micucci Dispagna, y que corre a los folios 593 y 594 de la tercera pieza, correspondiente a los instrumentos privados cursantes al folio165 de la primera pieza y 318 de la segunda pieza
De la anterior transcripción hecha de la parte pertinente de la recurrida se observa, que la misma al pronunciarse sobre la ratificación de la prueba documental, en modo alguno incurrió en el vicio de falta de aplicación del artículo 138 adjetivo, ya que esta no era la norma llamada a resolver el fondo del asunto, en cuanto a la testimonial rendida, ya que la misma trata sobre un aspecto procesal dirigido a la representación de las personas jurídicas en juicio, bien como actora o como demandada, por lo que no se puede adecuar el hecho alegado por la parte demandada -hoy recurrente-, en la referida norma, asimismo, el recurrente tuvo la oportunidad de atacar la ilegitimidad del testigo tal y como los sostuvo la recurrida cuando sostuvo: teniendo la parte demandada la facultad y oportunidad de repreguntar el testigo y desvirtuar en el acto de evacuación de la testimonial el contenido de las documentales privadas, lo cual de manera rebelde como bien el mismo lo señala al folio 594 de la tercera pieza, se abstuvo de ejercer su derecho del control de la prueba.
Aunado a lo anteriormente transcrito, si lo pretendido por el formalizante era atacar la ilegitimidad de la persona que rindió su declaración, debió realizar su correspondiente denuncia por infracción de ley, conforme a la doctrina de esta Sala desarrollada en al resolución de la denuncia anterior. Así se decide.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala debe declarar improcedente la presente denuncia, así como sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto. Así se declara.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en fecha 3 de marzo de 2016.
Se CONDENA EN COSTAS del recurso a la demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.
Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de la Sala,
________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Secretaria Temporal,
_______________________
YARITZA BONILLA JAIMES
Exp. AA20-C-2016-000333
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretaria Temporal,
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