Sentencia N.º 0041
- Sentencia
- N.º 0041
- Fecha
- 24/02/2023
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 22-0806
- Ponente
- Luis Fernando Damiani Bustillos
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
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MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
El 18 de octubre de 2022, la abogada Aura Boccheciampe, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 7.960, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles CONSORCIO DOBLE O, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 20 de junio de 1989 bajo el N° 39, Tomo 98-A-SGDO y LACICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 21 de julio de 1995, bajo el N° 9, Tomo 84-A, solicitó revisión constitucional de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la demanda de acción reivindicatoria intentada por sus representadas contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero.
En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Manifestó la solicitante
que la sentencia recurrida estableció, que en la demanda se acumularon dos pretensiones, las cuales, según consideró, se deben tramitar por procedimientos distintos, siendo dichas pretensiones, la de REIVINDICACIÓN que se tramita por el juicio ordinario, y -supuestamente- la de DESTRUCCIÓN DE BIENHECHURÍAS ILEGALES, conforme -según la recurrida- (sic) al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística
(Mayúsculas del texto citado).
Que
en el libelo se estableció CLARA Y EXPRESAMENTE que la pretensión de que se condenara a los demandados a destruir las bienhechurías ilegalmente construidas en el inmueble propiedad de [sus] mandantes, se hizo con expresa invocación de los artículos 557, 788 y 793 del Código Civil
(Corchetes de la Sala; mayúsculas del texto citado).
Que el legislador
establece claramente dos supuestos distintos, en los casos en que un poseedor construya o edifique en suelo ajeno: A. Si el poseedor-constructor es de BUENA FE, es decir, posee con justo título, el propietario debe reembolsarle en juicio el valor de las bienhechurías o el aumento de valor del fundo; y, B. Si el poseedor-constructor es de MALA FE, es decir, que NO tiene ningún TÍTULO que justifique su posesión, el propietario tiene derecho a pedir la destrucción de las bienhechurías ilegalmente edificadas, y hacer que el ejecutor de ella, deje el fundo en su condición primigenia
(Mayúsculas del texto citado).
Señaló que el
único poseedor que se considera de BUENA FE, es el que posee en fuerza de JUSTO TÍTULO, lo que por argumento en contrario, determina que quién posea un inmueble SIN JUSTO TÍTULO es poseedor de MALA FE, y por último el artículo 793 consagra el derecho de pedir la retención de bienes por mejoras efectuadas, solamente al poseedor de BUENA FE, y siempre y cuando haya reconvenido en el juicio de reivindicación, por el pago de dichas bienhechurías
(Mayúsculas del texto citado).
Que
el legislador Civil (sic) no solo permite, sino que regula con precisión, el derecho del propietario a pedir que el ocupante ilegal, DESTRUYA LAS BIENHECHURÍAS que ha construido en el inmueble de su propiedad, lo cual obviamente debe ser peticionado en el mismo juicio donde se ordene la restitución del inmueble a su legitimo propietario, el cual no es otro que el juicio de REIVINDICACIÓN
(Mayúsculas del texto citado).
Indicó que en
muy reciente sentencia de fecha 22 de junio de 2022, Exp.: № AA20-C-2019-000250, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó el derecho del propietario del inmueble, de pedir la DESTRUCCIÓN de las obras ejecutadas en el inmueble de su propiedad, cuando el demandado es un poseedor de mala fe, es decir, no posee en virtud de JUSTO TITULO (sic)
(Mayúsculas del texto citado).
Que
en sentencia de fecha 5 de agosto de 2014, Exp.: № AA20-C-2013-000668, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó la aplicabilidad del artículo 557 del Código Civil, en los juicios de Reivindicación
.
Expresó que de las normas y criterios jurisprudenciales citados
se desprende que en el juicio de REIVINDICACIÓN es perfectamente posible, y ello está consagrado expresamente por el legislador, como un DERECHO del propietario reivindicante, pedir la destrucción de las bienhechurías construidas por el demandado-constructor de MALA FÉ, es decir, por el que posee SIN JUSTO TÍTULO, que es el caso que nos ocupa, por lo que mi mandante procedió ajustado a derecho al acumular a su demanda de reivindicación, la pretensión de que se condenara a los demandados a destruir las bienhechurías ilegalmente construidas, conforme a lo dispuesto expresamente por el artículo 557 del Código Civil, tantas veces copiado, y por lo tanto, no existe la inepta acumulación declarada, pues ambas pretensiones se tramitan por el procedimiento ORDINARIO y ambos derechos, el de reivindicación y el de destrucción de obras ilegalmente ejecutadas, están consagrados en el Código Civil... (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto citado).
Que la juez de alzada
obvió, intencionalmente, la expresa invocación que [hizo] de los artículos 557, 788 y 793 del Código Civil, y decidió omitir mencionar dichas normas, porque de haberlo hecho, le habría resultado IMPOSIBLE declarar -como lo hizo- que la pretensión de destrucción de bienhechurías acumulada a la de reivindicación, se hizo con fundamento en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, lo cual evidencia que lo resuelto por la jueza (
) no fue consecuencia de un error o confusión; sino que obedeció a su voluntad expresa de tergiversar los elementos fácticos del libelo para declarar inadmisible la demanda
(Corchetes de la Sala).
Que de
la atenta lectura del libelo y las contestaciones de demanda presentadas tanto por el defensor de oficio, como por el codemandado representado por su abogado de confianza, se evidencia que ninguna de las partes invocó la DEFENSA DE ZONIFICACIÓN que es como se denomina el procedimiento consagrado en los artículo 102 y 103 de la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, empleadas por la recurrida para justificar la supuesta inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones
(Mayúsculas del texto citado).
Manifestó que
se trata de un procedimiento creado por el legislador especial, para la especifica defensa de la ORDENACIÓN URBANÍSTICA, y mediante el mismo se busca IMPEDIR QUE CONTINÚEN las construcciones que se estén edificando en un inmueble, y que carezcan de la permisología correspondiente, o cuyo uso sea contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación; se trata de un procedimiento de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA específico para los asuntos URBANÍSTICOS, en el cual, la única decisión que pueden tomar los jueces, es de PARALIZAR la construcción de la obra, ordenar el cierre del establecimiento o por el contrario, negar la paralización solicitada
(Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto citado).
Que
no es un procedimiento para pedir la DESTRUCCIÓN de bienhechurías, cuya ilegalidad esté basada en la falta de propiedad de quién construye, como falsamente lo estableció la recurrida, sino -se insiste- se refiere a los específicos casos de construcciones carentes de permisología emanada de los órganos municipales competentes, o contrarias a los usos establecidos en las ordenanzas de zonificación, razones por las cuales el legislador de forma expresa las denomina acciones para la DEFENSA DE LA ZONIFICACIÓN
(Mayúsculas del texto citado).
Indicó que mediante
sentencias № 1298 del 22 de mayo de 2003, caso: Claudia Sarmiento de Rotundo; y 19 de agosto de 2003, expediente Nro. Exp. 02-0296, caso: CLÍNICA LAS CIENCIAS, C.A., la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció la naturaleza jurídica de la acción y el procedimiento de DEFENSA DE ZONIFICACIÓN, establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, determinando con toda precisión que se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que NO ES NI DE CONDENA NI MERODECLARATIVO, sino de PROTECCIÓN INMEDIATA a los intereses de la comunidad en MATERIA URBANÍSTICA; donde la actividad del Juzgador se limita a ordenar la PARALIZACIÓN de la construcción o el cierre del establecimiento
(Mayúsculas del texto citado).
Que
al declarar la recurrida, que una pretensión de CONDENA que se interpone para que un poseedor de mala fe, destruya las obras que construyó en suelo ajeno, se debe tramitar por el procedimiento de defensa de zonificación, simplemente está DESCONOCIENDO FLAGRANTEMENTE el precedente de la Sala Constitucional sobre la naturaleza jurídica, requisitos y supuestos, del procedimiento de defensa de zonificación
(Mayúsculas del texto citado).
Que mas
recientemente, en sentencia de fecha 16 de abril de 2021, dictada en el expediente 16-0926, caso: INVERSIONES TANTRIX C.A. en Revisión Constitucional, la Sala RATIFICÓ el criterio contenido en las dos sentencias antes mencionadas
(Mayúsculas del texto citado).
Señaló que
en por lo menos TRES (3) sentencias, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya tiene fijado el CRITERIO o PRECEDENTE sobre cuál es la NATURALEZA JURÍDICA de la acción de Defensa de la Zonificación, consagrada en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, determinando con precisión lo siguiente:
A. No es un procedimiento de CONDENA ni MERODECLARATIVO.
B. Es una acción especialísima, establecida por el legislador ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con la finalidad teleológica de protección inmediata de los intereses de la colectividad en MATERIA URBANÍSTICA, es decir, no está destinada, ni fue creada, para lograr la destrucción de cualquier bienhechuría, cuando la ilegalidad invocada resulte de cualquier circunstancia DISTINTA a la violación de la permisología o zonificación urbanística.
C. Los supuestos de aplicabilidad son: i) que un inmueble se destine a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación; o ii) que en el inmueble se realicen construcciones ilegales conforme a dichos planes urbanísticos.
D. El mismo NO ES APLICABLE cuando no se llenen los extremos del artículo 102 de la Ley, es decir, cuando el solicitante no haya producido las evidencias suficientes que demuestren la existencia de la obra ilegal o uso contrario para el que está destinado el inmueble.
E. Las únicas decisiones que puede tomar el juez son: La paralización de actividades o el cierre o clausura del establecimiento
(Mayúsculas del texto citado).
Que
no era posible emplear el procedimiento de DEFENSA DE ZONIFICACIÓN, para demandar la destrucción de las obras construidas por el poseedor de mala fe, en el caso que nos ocupa, como erróneamente lo estableció la recurrida; en primer lugar porque no es una acción de condena, en segundo lugar, porque el caso que nos ocupa no se refiere a bienhechurías que se estuvieren construyendo en la actualidad y sin los correspondientes permisos de construcción o violentando el uso del inmueble según la zonificación urbanística; en tercer lugar, porque NADIE invocó dicha Acción de Defensa De Zonificación (sic), sino por el contrario, se invocaron expresamente las normas del Código Civil que permiten demandar la destrucción de construcciones hechas por el poseedor de mala fe, en un juicio de reivindicación
(Mayúsculas del texto citado).
Que la juez de alzada
DESAPLICÓ el precedente reiterado y pacífico dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al declarar inadmisible la demanda, afirmando, en su errado criterio, que la pretensión de destrucción de obras ejecutadas por el poseedor, se debía tramitar por dicho procedimiento, lo cual DESCONOCE ABIERTAMENTE los precedentes de la Sala Constitucional a que se ha hecho referencia supra
(Mayúsculas del texto citado).
Alegó que la decisión
tergiversó los hechos alegados en el libelo, pues estableció que la pretensión de que se destruyeran las obras ejecutadas por el poseedor demandado, se debía tramitar por el procedimiento de DEFENSA DE ZONIFICACIÓN, la cual NADIE DEMANDÓ, NI PETICIONÓ, NI ALEGÓ, y que según el PRECEDENTE de la Sala Constitucional, no era aplicable al caso de autos, por no ser una acción de condena y por no estar cumplido ninguno de los requisitos para su aplicabilidad
(Mayúsculas del texto citado).
Que
en el caso analizado por la Sala de Casación Civil y que sirvió de fundamento a la recurrida en Revisión Constitucional, para declarar inadmisible [su] demanda, SÍ SE INTENTÓ una acción de defensa de zonificación, que al ser declarada improcedente, el demandante la acumuló a su demanda por reivindicación, lo cual era -evidentemente- inadmisible, pero nada de esto fue observado por la Jueza Superior, en la sentencia recurrida (sic) en Revisión
(Corchetes de la Sala; mayúsculas del texto citado).
Arguyó que el
principio pro actione es requisito Constitucional del acceso a la justicia, que impide obstaculizar el ejercicio de la acción, por causas no establecidas legalmente o en la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, dado que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantiza el acceso a la justicia sin más limitaciones que las efectivamente establecidas por el ordenamiento jurídico, obligando a los jueces a interpretar los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad a favor del acceso de cada ciudadano al órgano jurisdiccional
.
Que
la causal de INADMISIBILIDAD invocada en la recurrida, esto es la presunta inepta acumulación, quedó DESCARTADA (
), por cuanto no es cierto que la pretensión de destrucción de las obras o bienhechurías construidas por el demandado (poseedor e mala fe) se deba tramitar por el procedimiento de defensa de zonificación establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, sino que dicha pretensión fundamentada en el artículo 577 del Código Civil, se tramita por el JUICIO ORDINARIO al no tener previsto un procedimiento especial
(Mayúsculas del texto citado).
Manifestó que, al haber
declarado erróneamente una inepta acumulación de pretensiones, basándose en supuestos de hecho no alegados ni invocados en el libelo ni en la contestación, tergiversando los hechos alegados por las partes, evidentemente la recurrida (sic) VIOLA FLAGRANTEMENTE el PRINCIPIO PRO ACTIONE
. (Mayúsculas del texto citado).
Que
la presunta indebida acumulación tampoco debió haber sido declarada por la jueza, por cuanto la pretensión de destrucción de las bienhechurías, fue declarada SIN LUGAR por la sentencia de primera instancia, y contra dicha declaratoria, la parte demandante, esto es, mis mandantes, SE CONFORMARON, al no ejercer recurso de apelación contra dicha sentencia
(Mayúsculas del texto citado).
Que
al haberse conformado la parte actora con la declaratoria SIN LUGAR de la pretensión de destrucción de bienhechurías, NINGÚN PERJUICIO SE LE OCASIONÓ a la parte demandada, con la acumulación dizque inepta, declarada por la recurrida, lo que implica que dicha declaratoria de inadmisibilidad fue INJUSTIFICADA, INNECESARIA y por tanto, totalmente INÚTIL; por lo que al haber declarado INJUSTIFICADAMENTE la inadmisibilidad de la demanda, por una pretensión que fue declarada SIN LUGAR y con la cual se conformó la parte actora, evidentemente la juzgadora violentó de manera flagrante el principio pro actione
(Mayúsculas del texto citado).
Expresó que
las causales de inadmisibilidad de la demanda, deben ser interpretadas en forma restrictiva, única y exclusivamente a los casos expresamente señalados por el legislador; sobre todo considerando que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es una norma legal y preconstitucional, la cual debe ceder frente al mandato Constitucional contentivo del derecho de acción, limitando su aplicación, solo a los casos realmente indispensables, cuya declaratoria conlleve la protección de alguna de las partes o del debido proceso
.
Que
la pretensión acumulada de destrucción de bienhechurías (
) reclamada, está sustentada en la normativa consagrada en el Código Civil y NO en la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, por lo que dicha inadmisibilidad fue declarada en base a un CRITERIO ERRADO de la Juzgadora a-quo; y aparte de eso, dicha pretensión de destrucción de las bienhechurías fue declarada sin lugar y la demandantes se conformaron con dicha declaratoria, la cual en consecuencia, quedó definitivamente firme, por lo que ningún beneficio aportaba a la parte demandada la declaratoria de inadmisibilidad en virtud de esa supuesta inepta acumulación, deviniendo por ello (
) en una declaratoria de inadmisibilidad INÚTIL
(Mayúsculas y negrillas del texto citado).
Por último, solicitó
se declare CON LUGAR el presente recurso (sic) extraordinario de Revisión Constitucional, declarándose la NULIDAD de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Primero (sic) en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial estado Carabobo, sede Valencia, en el expediente nro. 13.555 de la nomenclatura interna de dicho Juzgado, en fecha 14 de julio de 2022, en la cual se declaró INADMISIBLE la demanda de REIVINDICACIÓN de inmueble, que intentaron [sus] representadas, contra los ciudadanos: PINTO ROMERO JOSE (sic) GREGORIO, (
) y PINTO ROMERO FRANKLIN JOSÉ, (
), y se ordene a dicho Juzgado Superior, hoy a cargo de otro Juez, dicte sentencia sin incurrir en las violaciones Constitucionales denunciadas
(Corchetes de la Sala; mayúsculas y negrillas del texto citado).
II
DE LA SENTENCIA SOMETIDA A REVISIÓN
El 14 de julio de 2022, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró con lugar el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 2022, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la misma circunscripción judicial, revocó la mencionada sentencia y declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones por incompatibilidad de procedimientos, la demanda de acción reivindicatoria intentada por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A., contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero, todo ello en base a los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
DE LA INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
De la revisión de las actas procesales que integran el presente expediente, observa esta Alzada que, la presente apelación lo fue contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, en fecha 11 de marzo de 2022, en la cual declaró con lugar la demanda de REIVINDICACIÓN, incoada por las sociedades mercantiles CONSORCIO DOBLE O, C.A. y LACAICA, C.A., contra los ciudadanos JOSE (sic) GREGORIO PINTO ROMERO y FRANKLIN JOSE (sic) PINTO ROMERO, todos identificados en autos.
Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento de fondo esta alzada considera necesario revisar los presupuestos de admisibilidad de la presente demanda, ya que la función jurisdiccional empieza con la verificación previa de cumplimiento de los requisitos procesales que permiten la valida (sic) constitución de la litis, por ser estas normas de orden público que pueden ser revisadas en cualquier estado y grado de la causa, tal como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1618 del 18 de abril de 2004, caso: Industrias Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A., expediente número 03-2946:
(
omissis
)
Nótese que el fundamento de la sentencia anterior no es razonamiento aislado, sino que verdadera jurisprudencia puesto que dicho criterio ha sido ratificado y sostenido en el tiempo por la misma Sala del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 5 días del mes de diciembre de dos mil doce (2012), en el expediente número 12-0547, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales:
(
omissis
)
Criterio que ha sido adoptado por distintas salas del máximo tribunal del país, como es el caso de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en fecha 12 de Julio de 2016, según sentencia RC. 000456, con ponencia del magistrado Francisco Velázquez Estévez, estableció lo siguiente:
(
omissis
)
Dicho lo anterior resulta más que evidente que, el juez tiene el insoslayable deber de verificar y sancionar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales en caso que este se materialice, para lo cual está plenamente facultado, muestra de lo anterior es lo establecido por el legislador patrio en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil el cual prevé: ´Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá, si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa
´, de hecho una muestra más especifica aun, es que en el artículo previamente citado el legislador empleo (sic) la expresión ´el Tribunal la admitirá´ lo que representa la orden explicita dada a los jueces respecto a que las demandas sometidas a su conocimiento deberán, por regla general, se admitidas; por lo tanto, la declaratoria de inadmisibilidad representa la excepción de la regla, lo que debe interpretarse de forma restrictiva, siendo las únicas causales de inadmisibilidad el que, la demanda sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, fuera de los anteriores, el juez no puede negarse a admitir la demanda, tal como lo ha sentado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. RC-333, de fecha 11 de octubre de 2000, Expediente número 1999-191; al establecer:
(
omissis
)
Dentro de la normativa transcrita priva sin duda alguna, la regla general de que los Tribunales cuya jurisdicción sea utilizada por los ciudadanos para hacer valer judicialmente sus derechos deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley. Bajo estas premisas legales, los jueces estamos legalmente autorizados para declarar la inadmisibilidad de una pretensión cuando se contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, independientemente del estado y grado en que se encuentra la causa, siempre y cuando se materialicen las tantas veces mencionadas, causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.
En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta el caso de autos, es imperativo citar uno de los supuestos considerados como causales de inadmisibilidad, específicamente aquel relacionado con disposiciones expresas de la Ley, como es el caso de la contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, la cual es denominada por la doctrina como inepta acumulación ´No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles, para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí´. Es de resaltar que el legislador en el artículo previamente citado utilizo (sic) la expresión ´no podrán´, lo que representa una prohibición que debe ser observada ´strictu sensu´ por atender al orden público.
Así las cosas, la inepta acumulación comprende tres (3) supuestos; el primero se materializa cuando las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; el segundo supuesto cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y el tercer supuesto cuando sus procedimientos sean incompatibles entre sí, siendo este último, en el que a criterio de esta alzada incurrió el accionante, al haber acumulado en un mismo libelo la pretensión de REIVINDICACIÓN con la pretensión de DEMOLICIÓN O DESTRUCCIÓN DE BIENECHURÍAS ILEGALES, acumulación que se desprende del propio libelo, específicamente en el folio 16 de la primera pieza principal del presente expediente, en el petitorio de la demanda donde solicita lo siguiente:
´
PRIMERO: En RESTITUIR a mis representados CONSORCIO DOBLE O C,A, y LACICA, C.A., libre de personas y cosas, la porción de terreno que forma parte de mayor extensión del denominado LOTE ´B´ ubicado en Jurisdicción del Municipio San Diego, Distrito Valencia del Estado Carabobo, cuya área de terreno cuya REIVINDICACIÓN demandamos. Tiene una SUPERFICIE de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y DOS DECIMETROS (251,82 Mts2) está identificada como LOTE B-1 y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: (
).
SEGUNDO: En que destruyan las bienhechurías ilegalmente construidas en el terreno propiedad de mis mandantes y que entreguen la parcela de terreno ilegalmente ocupada y descrita en el petitorio PRIMERO, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la ilícita ocupación. En caso de incumplimiento voluntario, desde ya solicitamos que nuestra representada sea autorizada para destruir las mencionadas bienhechurías a costa de los demandados, tal como lo permite el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Que paguen las costas y costos del presente procedimiento
´ (Negrillas y cursivas de Alzada).
Como puede notarse de este petitorio, el accionante pretende la REIVINDICACIÓN de un inmueble, la cual está destinada a obtener la restitución de la posesión de una cosa, bien sea mueble o inmueble y que se tramita por regla general por el procedimiento ordinario, pudiendo inclusive tramitarse por procedimiento breve en caso de que la cuantía sea inferior a 15.000 unidades tributarias conforme las reglas actuales de la competencia por la cuantía como el caso que nos ocupa; y a su vez, acumula a dicha pretensión la DEMOLICIÓN DESTRUCCIÓN DE BIENECHURÍAS ILEGALES, la cual se tramita por procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, tanto ello es así, que este tipo de acumulación ha sido objeto de pronunciamiento de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de reciente data, específicamente la dictada en fecha dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), caso MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ contra JEAN CARLOS YÁNEZ OJEDA, con ponencia de la Magistrada ponente MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA en el expediente número 2021-000005, donde se dejó establecido lo siguiente:
(
omissis
)
De modo pues que, no cabe duda que conforme a las normas transcrita y los criterios jurisprudenciales citados, que existe una incompatibilidad de procedimiento entre las pretensiones acumuladas, lo cual no permite la unidad de procedimientos que resulta fundamental para que pretensiones distintas se ventilen dentro de un mismo proceso y ello encuentra su fundamento en que, sustanciar pretensiones con procedimientos distintos, ocasionaría un desorden procesal, revistiendo el proceso de inseguridad jurídica, toda vez que las partes no tendrían certeza de la etapa procesal en la que se encuentren las pretensiones acumuladas. De allí la importancia de la unidad de procedimientos, en caso de que acumulen pretensiones distintas en un mismo libelo de demanda, la cual no se encuentra presente en el caso de autos dada la diferencia entre el procedimiento breve y el correspondiente al de demolición o destrucción de bienhechurías ilegales, lo que es proporcional a una acumulación indebida de pretensiones, y que trae como consecuencia ineludible la inadmisibilidad de la demanda. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que en el libelo de la demanda se acumularon pretensiones con procedimientos incompatibles entre sí, resulta forzoso para esta alzada declarar INADMISIBLE la demanda de autos por el hecho de haberse verificado la INEPTA ACUMULACIÓN POR INCOMPATIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS, lo que no permite la válida constitución de la litis; en consecuencia resulta inoficioso emitir un pronunciamiento de fondo, todo atendiendo a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual otorga a las leyes procesales la simplificación y uniformidad necesaria para los trámites judiciales, y en virtud de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE
(Negrillas, mayúsculas y subrayado del texto citado).
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de [r]evisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25, cardinal 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como los que pronuncien los demás tribunales de la República (artículo 25, cardinal 10 eiusdem), pues la intención última es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se pidió la revisión de las sentencia definitivamente firme dicta el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme a las anteriores consideraciones. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En forma previa, es preciso destacar que la revisión a que hace referencia el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es facultativa de esta Sala Constitucional; de allí que la misma se puede desestimar sin motivación alguna cuando se considere que el examen del fallo en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales (véase sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo).
En este sentido, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha establecido que la potestad de revisión es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, si con ello se va a contribuir a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor).
Asimismo, debe destacarse que la solicitud de revisión no se configura como la posibilidad de una tercera instancia de la cual disponen las partes, para fundamentar la misma en los posibles errores de juzgamiento en que incurran los jueces de instancia, sino que ésta se constituye como un medio extraordinario y excepcional de control objetivo de la constitucionalidad por parte de la Sala, respecto de la interpretación de los principios y normas de ese rango, que atenten de tal modo contra los derechos de los justiciables que hagan factible su revisión y posterior nulidad de la sentencia de que se trate.
En este sentido, se observa que la situación planteada en el presente caso se circunscribe a la solicitud de revisión constitucional de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones, la demanda de acción reivindicatoria intentada por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A. (hoy solicitantes), contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero.
Así las cosas, en el caso de autos señaló la representación judicial de las solicitantes, que el tribunal de alzada erró al considerar que existía inepta acumulación de pretensiones, ya que en el libelo de demanda se estableció de manera clara y expresa que la pretensión de que se condenara a los demandados a destruir las bienhechurías ilegalmente construidas en el inmueble cuya reivindicación demandaron, se realizó con expresa invocación de los artículos 557, 788 y 793 del Código Civil, razón por la cual, indicó que dicha pretensión puede y debe ser tramitada por el procedimiento ordinario.
Adicionalmente, manifestó la representante judicial de las peticionantes que, la decisión del Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contradice la interpretación realizada por esta Sala, respecto al procedimiento de defensa de zonificación, y con ello vulneró los principios referentes a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, esta Sala observa que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante sentencia de fecha 14 de julio de 2022, al momento de decidir la apelación interpuesta por la parte demandada, ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero, contra la decisión de primera instancia dictada en el juicio intentado por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A., declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones por incompatibilidad de procedimientos la demanda de reivindicación interpuesta, en base a los siguientes razonamientos:
Como puede notarse de este petitorio, el accionante pretende la REIVINDICACIÓN de un inmueble, la cual está destinada a obtener la restitución de la posesión de una cosa, bien sea mueble o inmueble y que se tramita por regla general por el procedimiento ordinario, pudiendo inclusive tramitarse por procedimiento breve en caso de que la cuantía sea inferior a 15.000 unidades tributarias conforme las reglas actuales de la competencia por la cuantía como el caso que nos ocupa; y a su vez, acumula a dicha pretensión la DEMOLICIÓN DESTRUCCIÓN DE BIENECHURÍAS ILEGALES, la cual se tramita por procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, tanto ello es así, que este tipo de acumulación ha sido objeto de pronunciamiento de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de reciente data, específicamente la dictada en fecha dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), caso MARCIAL EDUARDO OJEDA COLMENÁREZ contra JEAN CARLOS YÁNEZ OJEDA, con ponencia de la Magistrada ponente MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA en el expediente número 2021-000005, donde se dejó establecido lo siguiente:
(
omissis
)
De modo pues que, no cabe duda que conforme a las normas transcrita y los criterios jurisprudenciales citados, que existe una incompatibilidad de procedimiento entre las pretensiones acumuladas, lo cual no permite la unidad de procedimientos que resulta fundamental para que pretensiones distintas se ventilen dentro de un mismo proceso y ello encuentra su fundamento en que, sustanciar pretensiones con procedimientos distintos, ocasionaría un desorden procesal, revistiendo el proceso de inseguridad jurídica, toda vez que las partes no tendrían certeza de la etapa procesal en la que se encuentren las pretensiones acumuladas. De allí la importancia de la unidad de procedimientos, en caso de que acumulen pretensiones distintas en un mismo libelo de demanda, la cual no se encuentra presente en el caso de autos dada la diferencia entre el procedimiento breve y el correspondiente al de demolición o destrucción de bienhechurías ilegales, lo que es proporcional a una acumulación indebida de pretensiones, y que trae como consecuencia ineludible la inadmisibilidad de la demanda. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que en el libelo de la demanda se acumularon pretensiones con procedimientos incompatibles entre sí, resulta forzoso para esta alzada declarar INADMISIBLE la demanda de autos por el hecho de haberse verificado la INEPTA ACUMULACIÓN POR INCOMPATIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS, lo que no permite la válida constitución de la litis; en consecuencia resulta inoficioso emitir un pronunciamiento de fondo, todo atendiendo a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual otorga a las leyes procesales la simplificación y uniformidad necesaria para los trámites judiciales, y en virtud de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE
(Negrillas, mayúsculas y subrayado del texto citado).
De lo anteriormente transcrito se evidencia que el referido juzgado superior fundamentó su decisión, en la incompatibilidad de procedimiento para tramitar la acción reivindicatoria y la solicitud de demolición o destrucción de bienhechurías ilegales, al considerar que la demanda de reivindicación en el referido caso era tramitado por el procedimiento breve (en razón de la cuantía), y la solicitud de demolición debía ser tramitada mediante el procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
En este sentido, sobre el procedimiento para la defensa de la zonificación establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, esta Sala Constitucional en sentencia N° 1298 del 22 de mayo de 2003, estableció que:
En este contexto, debe indicarse que para la tramitación del procedimiento contenido en los artículos supra transcritos, debe tenerse clara su naturaleza, la cual se resume en dos supuestos: i) que un inmueble se destine a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación; o ii) que en el inmueble se realicen construcciones ilegales. La finalidad teleológica de este tipo de acción es la de protección inmediata de los intereses de la colectividad en materia urbanística, por la amenaza de construcciones que estén realizándose de manera contraria a lo que disponen las ordenanzas de zonificación o al plan respectivo.
La acción, no es pues, ni de condena, ni mero declarativa, sino de protección inmediata, ante la amenaza de existencia de obras ilegales o contrarias a los planes u ordenanzas de zonificación respectivas, lo que viene a ser corroborado por el hecho que al resultar procedente la solicitud, el juez se limita a ordenar ´la paralización de actividades o el cierre o clausura del establecimiento´, y que esa decisión estará sujeta a posterior revocatoria en caso de que el demandado presente ´original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble´, sin perjuicio de los ´recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso´, por lo que la decisión definitiva no está sujeta a una de las características de la sentencia como lo es de producir cosa juzgada material, ya que como se indicó, la misma puede ser posteriormente revocada
.
De lo anteriormente transcrito, se evidencia palmariamente que la naturaleza del procedimiento para la defensa de la zonificación es la de protección inmediata de los intereses de la colectividad en materia urbanística, ante la amenaza de existencia de obras ilegales o contrarias a los planes u ordenanzas de zonificación respectivas, cuando se den los supuestos establecido en la norma legal, referidos a: i) que un inmueble se destine a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación; o ii) que en el inmueble se realicen construcciones ilegales. El mismo es desarrollado en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo cual, la decisión que se tome puede ser revocada o modificada, en el entendido que, las situaciones fácticas cambien o sea demostrado el cumplimiento de los requisitos de ordenación urbanística.
Ahora bien, en el caso bajo estudio, podemos evidenciar del libelo de demanda de reivindicación que en copia certificada cursa del folio 30 al 48 de la pieza de anexo uno (1) del presente expediente, que el petitorio estuvo referido a:
PRIMERO: En RESTITUIR a [sus] representadas CONSORCIO DOBLE O, C.A. y LACICA, C.A. libre de personas y cosas, la porción de terreno que forma parte de mayor extensión del denominado LOTE ´B´ ubicado en Jurisdicción del Municipio San Diego, Distrito Valencia del Estado Carabobo, cuya área de terreno cuya REIVINDICACIÓN demanda[an], tiene una SUPERFICIE de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS (251,82 Mts2) está identificada como LOTE B-1 y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos (
). SEGUNDO: En que destruyan las bienhechurías ilegalmente construidas en el terreno propiedad de mis mandantes y que entreguen la parcela de terreno ilegalmente ocupada y descrita en el petitorio PRIMERO, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la ilícita ocupación. En caso de incumplimiento voluntario, desde ya solicita[n] que [su] representada sea autorizada para destruir las mencionadas bienhechurías a costa de los demandados, tal como lo permite el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil
(Corchetes de la Sala, Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto citado).
La anterior solicitud, tuvo su fundamento, según se evidencia del propio libelo de demanda, en que
al no ser los demandados poseedores legítimos, ello legitima a [sus] representadas a pedir la destrucción de las obras ejecutadas en el inmueble, sin su consentimiento, y que el terreno sea dejado en el estado en que se encontraba antes de la ilegal ocupación, tal como lo dispone el artículo 557 en concordancia con los artículos 788 y 793, todos del Código Civil
(Corchetes de la Sala).
De conformidad con lo anteriormente transcrito, esta Sala pudo evidenciar que, efectivamente, la solicitud de demolición de las bienhechurías construidas en el inmueble objeto de reivindicación, estuvo fundamentada en el artículo 557 del Código Civil, como una facultad del propietario de que sus bienes se encuentren en las mimas condiciones en la que lo ha dejado, ante un ocupante o ejecutor de dichas bienhechurías que actúe de mala fe, ello como una facultad del derecho de accesión que contempla el código civil sustantivo.
Siendo así, evidencia esta Sala que la sentencia objeto de revisión incurrió en una errada interpretación de los criterios sostenidos por este órgano jurisdiccional, respecto a los procedimiento de defensa de la zonificación, en violación del principio de congruencia de la sentencia, al decidir algo distinto a lo pedido y con ello vulnerar el derecho de acción, tutelado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello así, cabe reiterar que el proceso civil se rige por el principio dispositivo (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil) de acuerdo con el cual el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, pero además en ese contexto normativo procesal, resulta igualmente aplicable el principio pro actione, conforme al cual las instituciones procesales deben ser interpretadas en el sentido más favorable -y no restrictiva- del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (vid. sentencia de esta Sala N° 357/2019).
Así, la aplicación del principio pro actione en materia de tutela judicial efectiva tiene, entre otros antecedentes, la sentencia de esta Sala N° 708 del 10 de mayo de 2001, en el cual se estableció que:
"El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura" (Resaltado añadido).
En atención a lo expuesto, el principio procesal pro actione impone una obligación constitucional para todos los jueces de interpretar las normas de la manera más progresiva posible para poder permitir el acceso a la justicia en todas sus instancias, en consecuencia, dicho principio interpretativo, el cual resulta cónsono con el principio de supremacía constitucional ex artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deben guiar la actividad de los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que si bien no es posible el relajamiento absoluto de los presupuestos procesales, no es menos cierto que éstos deben atender a la proporcionalidad y razonabilidad de ciertos presupuestos procesales, toda vez que algunos de ellos lucen como atentatorios al derecho a la tutela judicial efectiva.
Conforme al alcance del principio pro actione (a favor de la acción) la conclusión que se puede extraer del desarrollo jurisprudencial sobre el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia, toda vez que (
) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia (s.S.C. nº 1.064/00, 708/01, 2150/06, 2089/07, 133/14 y 805/14).
En este contexto, los presupuestos legales de acceso al proceso o a los recursos deben interpretarse de forma que resulten favorables a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial, lo cual se traduce en la búsqueda de la finalidad del presupuesto legal de acceso por encima del estricto acatamiento de la mera formalidad procesal, lo que comporta no sólo un análisis abstracto de la norma procesal, sino fundamentalmente de su aplicación concreta, vale decir en relación a las acciones o recursos interpuestos y de las pretensiones que estos contienen (cfr. sentencia de esta Sala N° 1444/14).
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que la decisión cuya revisión se solicitó contravino la jurisprudencia de esta Sala referente a la naturaleza de los procedimientos de defensa de zonificación, que trajo consigo una vulneración del principio dispositivo y pro actione, al considerar el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que las hoy solicitantes habían incurrido en una inepta acumulación de pretensiones, al demandar la reivindicación de un inmueble que alegan es de su propiedad, junto a la demolición de las bienhechurías construidas en dicho inmueble, solicitud esta última que se fundamentó en el artículo 557 del Código Civil Venezolano.
Por todo lo antes dicho, visto que en el presente caso se verifica uno de los supuestos que se enuncian en el artículo 25 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como lo es el desconocimiento a la jurisprudencia vinculante de esta Sala, dictada en violación a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, se declara ha lugar la presente solicitud de revisión, por lo que se anula la sentencia del 14 de julio de 2022, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia, se ordena que otro juez superior de la misma circunscripción judicial, decida la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 2022, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la demanda de acción reivindicatoria intentada por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A., contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer la solicitud de revisión presentada por la abogada Aura Boccheciampe, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles CONSORCIO DOBLE O, C.A., y LACICA, C.A., todas antes identificadas, de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
2.- HA LUGAR la referida solicitud de revisión, en consecuencia, se ANULA la sentencia del 14 de julio de 2022, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, se ORDENA que otro juez superior de la misma circunscripción judicial, decida la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada el 11 de marzo de 2022, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la demanda de acción reivindicatoria intentada por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A., contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023). Años: 212° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Ponente
TANIA DAMELIO CARDIET
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
22-0806
LFDB
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