Venley

Sentencia N.º 0302

Sentencia
N.º 0302
Fecha
12/03/2025
Sala
Constitucional
Expediente
24-0818
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

            El 26 de agosto de 2024, se recibió en la Secretaría de esta Sala el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, ejercida por la abogada Gina Paola Pardo Cantillo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 314.588, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano AL ATTAR TAISSIR ALI AHMMAD, titular de la cédula de identidad N° V-17.385.527, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024, que declaró: i) sin lugar la apelación ejercida el 8 de febrero de 2024, por el apoderado judicial de la parte demandada Al Attar Taissir Ali Ahmmad, ya identificado, del fallo proferido por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 6 de febrero de 2024; ii) con lugar la demanda de desalojo incoada por la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.” contra el referido ciudadano; iii) ordenó el desalojo del inmueble objeto de la demanda identificado con el N° 4, del “Edificio Jesús María”, situado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11, en la parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera del Estado Trujillo y hacer entrega material del inmueble a la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, del referido inmueble; iv) confirmó el fallo apelado.

 

            El 26 de agosto de 2024, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

           

            El 9 de octubre de 2024, el abogado Héctor Rafael Villarroel Meza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 61.305, actuando en representación del ciudadano Al Attar Taissir Al Ahmmad, consignó copias certificadas.

 

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la Magistrada Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro, ratificándose como ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Los días 24 de enero y 14 de febrero de 2025, el abogado Héctor Rafael Villarroel Meza, en representación del ciudadano Al Attar Taissir Al Ahmmad, ya identificados, solicitó pronunciamiento.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

                                                                        I

                        DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            El apoderado judicial del accionante en amparo fundamentó su acción con base en los siguientes argumentos:

 

            Comenzó señalando que, “[e]l propósito de esta acción consiste en lograr, gracias a la competente intervención de esta sala, el que se le ampare a [su] poderdante en el ejercicio de sus derechos a la defensa y al debido proceso, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito del Estado Trujillo, de fecha 10 de julio de 2024, recaída en el expediente N° 6756, que declaró con lugar la acción judicial de desalojo del local comercial que ocupa la firma personal de [su] mandante, sin haber declarado la falta de capacidad de postulación de la persona natural que aparece como representante de la sociedad mercantil accionante, a pesar de haberse invocado tal falta de capacidad de postulación en la etapa de informes ante el juzgado superior, obviando el juez de la recurrida que tal falta de postulación vicia de nulidad absoluta todo el procedimiento judicial entablado, además de que tal vicio es insubsanable tal y como lo ha expresado esta sala en innumerables decisiones reiteradas por más de treinta años”. (Corchetes de la Sala).

Que “(…) [a] través del ejercicio de esta acción, [su] representada (sic) se propone lograr que esta sala declare la nulidad de todo el procedimiento con motivo del vicio que aquí se delata, nulidad que, según criterio de esta sala, así como de la sala civil (sic) de este Tribunal Supremo de Justicia, se retrotrae hasta el auto de admisión de la demanda, ya que tal decisión, por ser ésta absolutamente irregular y por ende nula, es ineficaz para producir los efectos jurídicos pretendidos” (Corchetes de la Sala).

 

Seguidamente, señaló que “(…) ante el juzgado (sic)  Segundo (sic) Ordinario y Ejecutor de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque del estado (sic) Trujillo, según expediente N° 7780, la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., empresa domiciliada en la ciudad de Valera, estado (sic) Trujillo, e inscrita ante el Registro Mercantil Primero en fecha 18 de enero de 1.991 (sic), bajo el N° 52, Tomo 132, folios 205 al vuelto del 218 de los libros respectivos, interpone un proceso judicial por desalojo del local comercial que forma parte del Edificio Jesús María, ubicado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11 de la ciudad de Valera, estado Trujillo, local distinguido con el N° (4), en la planta baja del referido edificio, local ocupado por [su] representado quien tiene constituida la firma mercantil ‘Productos Naturales El Mayssun de AI Attar’, firma ésta inscrita ante la oficina de Registro Mercantil Primero del estado Trujillo, de fecha 7 de junio de 1.996 (sic), bajo el N° 218, del libro correspondiente al segundo trimestre de 1.996 (sic)” (Corchetes de la Sala).

 

Asimismo indicó, que “(…) la ciudadana Carmen Victoria Araujo de Rojas, venezolana, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de identidad 227.850, domiciliada en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en su carácter de Director Gerente de la identificada sociedad mercantil, es la persona que representa legalmente a la sociedad de conformidad con los estatutos sociales, según acta de asamblea extraordinaria de accionistas, de fecha 28 de octubre de 2.005 (sic), inserta en el Registro Mercantil Primero del estado Trujillo, [el] 20 de enero de 2.006 (sic), bajo el N° 52°, Tomo A, en concordancia con la cláusula Décima Primera, Literal H de los estatutos sociales” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) [p]osteriormente, la ciudadana Carmen Victoria Araujo de Rojas, ya identificada, actuando en nombre y representación de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., otorga poder general de administración y disposición sobre los bienes de la sociedad al ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.493.095, de profesión Ingeniero, domiciliado en la ciudad de Valera, estado Trujillo, tal y como se desprende del instrumento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Valera, estado Trujillo, de fecha 16 de julio 2.019 (sic), inserto bajo el N° 7o (sic), Tomo 29° (sic), folios 20 al 22 de los libros respectivos, así como también acompañó en copia simple otro instrumento autenticado ante la misma Notaría Pública Primera, de fecha 22 de agosto de 2.019 (sic), bajo el N° 58° (sic), Tomo 32° (sic), folios 186 al 188 de los libros respectivos” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[d]e la lectura de ambos instrumentos se advierte que se trata de mandatos de administración y disposición de los bienes de la sociedad, es decir, para realización de actos propios de negociaciones de carácter civil, los cuales se encuentran descritos allí. Sin embargo, no le otorga facultad para constituir apoderados judiciales que pudiesen representar a la sociedad en juicio. Para ello, basta una lectura de los instrumentos, los cuales se acompañan en fotocopia certificada y simple, a cuya lectura muy cortésmente remit[e] para corroborar la afirmación que se hace al respecto (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) consider[a] prudente señalar que el prenombrado Luis Gregorio Rojas Araujo tampoco es profesional del derecho, vale decir, no es Abogado (sic) y por ende, no cuenta con la capacidad de postulación necesaria para poder representar enjuicio (sic) a otra persona, sea natural o jurídica, ni ser asistido a nombre de otra persona, así como tampoco puede otorgar poderes judiciales en nombre de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., pues el no representa legalmente a esa sociedad para intervenir en juicio, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados” (Corchetes de la Sala).

 

Denunció que “(…) se observa de la copia certificada del escrito libelar que se acompaña, que tal escrito lo encabeza el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, representando a la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., aduciendo un poder autenticado ante la Notaría Pública Primera de la ciudad de Valera, estado Trujillo, de fecha 16 de julio de 2.019 (sic), inserto bajo el N° 7, Tomo 29, folios 20 al 22, asistido en ese escrito por la ciudadana Mary Trini Godoy Hernández, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.091.316, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 117.532, domiciliada en la ciudad de Valera, estado Trujillo”.

 

Que “[p]osteriormente, el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, obrando en representación de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., confiere poder apud acta a la abogada Mary Trini Godoy Hernández” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) está claro de los instrumentos poderes que se acompañan, que el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo es un apoderado constituido por la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., para que la represente en negociaciones de carácter civil e inclusive administrativas, relacionadas con los bienes de la sociedad. Al propio tiempo, la representación judicial solo puede corresponderle a la representante legal de la sociedad, esto es, a la ciudadana Carmen Victoria Araujo de Rojas, en su condición de Director Gerente, o aquel a quien finalmente la asamblea designe para tal cargo, pero nunca podría hacerlo el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo pues al no ser abogado, no tiene la capacidad de postulación para representar a otra persona, sea natural o jurídica en un proceso judicial, por lo que tal representación es nula de nulidad absoluta por establecerlo así el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados”.

 

Que “[l]a falta de capacidad de postulación ha sido considerada, según criterio reiterado y de vieja data, como un vicio de orden público que no puede ser subsanado de modo alguno, lo cual acarrea en consecuencia la nulidad de todo lo actuado” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[l]as soluciones que aporta el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, aluden en el primer supuesto, a la comparecencia del representante legítimo del actor, como lo sería el representante legal designado por la asamblea y no uno cuya vigencia en la junta directiva haya concluido; o del apoderado debidamente constituido, vale decir, la comparecencia del abogado con poder debidamente otorgado, o la ratificación en autos del poder y de los actos realizados con poder defectuoso, que alude esencialmente a la existencia de un poder insuficiente o sin cumplir con los requisitos previstos en la ley, como sucede con los poderes otorgados por personas jurídicas de conformidad con el artículo 155 de la ley adjetiva, pero en ningún caso, se trata la falta de capacidad de postulación, pues tal y como lo afirma la decisión de esta sala que se comenta, la falta de capacidad de postulación no se encuentra prevista en los ordinales 2o y 3o del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil” (Corchetes de la Sala).

 

Considera que “(…) tal y como se puede observar de las decisiones [contenidos en el fallo de esta Sala Nro. 1.170/2004], (…omissis…) la falta de capacidad de postulación es un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso, siendo a todo evento un acto insubsanable” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) invocada ante el juez de alzada la falta de capacidad de postulación del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo por no ser abogado, y por ende, no poder gestionar poderes en juicio a nombre de otra persona, sea ésta natural o jurídica, así como tampoco podía hacerse asistir en nombre de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., ni sustituir poder judicial en nombre de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A. la parte accionante procedió en sus informes ante el juzgado (sic) superior (sic) en lo civil (sic), mercantil (sic) y del tránsito (sic) del estado (sic) Trujillo, a hacer comparecer a la nueva representante legal de la sociedad, ciudadana María Verónica Morillo Valero, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.798.328, domiciliada en la ciudad de Valera, estado (sic) Trujillo, quien procedió a ratificar las actuaciones realizadas por el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, tal y como se desprende del escrito de informes que se acompaña en copia certificada. Sin embargo, (…omissis…) como ha quedado sentando en las decisiones de esta sala, así como de la sala civil (sic) cuyos extractos se han trascrito, tal vicio es insubsanable pues para ello, haciendo nuestras las palabras de la sala (sic) constitucional (sic) en la decisión de (sic) 2.008 (sic), no hay manera de que el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella” (Destacado del escrito).

 

Que “[l]a decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito del Estado Trujillo, de fecha 10 de julio de 2024, al resolver este punto se limitó a decidir lo que de seguidas se trascribe: ‘A los fines de resolver esta impugnación hecha ante esta superioridad se debe atener a la doctrina de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia sobre el principio hermenéutico pro actione en el ámbito del derecho de acceso a la jurisdicción, quedando claro que en relación a la falta de postulación o acreditación se trata de un defecto subsanable, siempre que sea posible, de modo que en tales supuestos debe conferirse a las partes la posibilidad de subsanación antes de impedirles el acceso al proceso; lo contrario resulta contradictorio al derecho y a la tutela judicial efectiva. De lo que se tiene que debe tenerse como válida la subsanación hecha por la ciudadana María Verónica Morillo Valero, titular de la cédula de identidad N° 12.798.328, con el carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., asistida por la abogada Mary Trini Godoy Hernández, en el que ratifica las actuaciones del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien fungió como accionista de la  ya mencionada empresa, y desestima la impugnación realizada por la parte demandada’ (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[d]el extracto de la decisión hoy recurrida a través del presente recurso de amparo constitucional, [se evidencia] como (sic) el juez de alzada desestima la impugnación efectuada por la falta de capacidad de postulación del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien como se precisó antes, al no tener la condición de abogado, no puede ser asistido en nombre de otra persona, sea esta natural o jurídica, así como tampoco puede conferir poderes en representación de otra persona, sea esta natural o jurídica” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[o]bvia así el juez de la recurrida que tales actuaciones se encuentran viciadas de nulidad absoluta, y en este aspecto, la Sala Constitucional, en decisión de fecha 13 de agosto de 2008, recaída en el Exp. 07-1800, manifestó expresamente que tales actuaciones efectuadas por quien no ostenta la cualidad de abogado, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 (sic) del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) [denuncia] como garantías constitucionales trasgredidas por la decisión contra la cual hoy recurre [su] mandante, el derecho a la defensa y al debido proceso, en virtud de que una relación jurídico procesal solo puede plantearse entr[e] los sujetos legitimados por la ley para poder actuar dentro del procedimiento de que se trate, entendiendo que estos presupuestos procesales definen el marco legal de todos los juicios, independientemente de su naturaleza. De igual modo, se viola el derecho a la defensa, al desestimar la impugnación de falta de capacidad de postulación opuesta, pues en primer lugar, colca (sic) el principio ‘pro actione’ por delante de los argumentos legales y jurisprudenciales que sin lugar a dudas precisan que tal vicio es insubsanable, así como se aparta de lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, que le señala a los jueces el deber de acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) la sentencia recurrida, al analizar el argumento de falta de capacidad de postulación, permite el que se convalide una serie de actuaciones procesales, las cuales se encuentran viciadas de nulidad absoluta, lo que no puede ser convalidado a tenor de los criterios jurisprudenciales que se han trascrito y comentado antes, por lo que tal decisión no cumple con los atributos de la tutela judicial efectiva”.

 

Por ello, “(…) solicit[a] muy respetuosamente (…omissis…), [se acoja] la petición contenida en el presente recurso (sic) de amparo constitucional y en consecuencia, [se declare] la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de septiembre de 2.019 (sic), efectuado por el Juzgado Segundo (sic) Ordinario y Ejecutor (sic) de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la circunscripción (sic) judicial (sic) del estado Trujillo, en el expediente distinguido con el N° 7780, incluyendo por supuesto la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito del Estado Trujillo, de fecha 10 de julio de 2024, contra la cual se interpone el presente recurso de amparo, por haber tramitado la parte actora un proceso judicial a través de una persona, en este caso, el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, plenamente identificado en el cuerpo de este escrito, sin contar con la capacidad de postulación necesaria para representar en dicho procedimiento a la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., algo que no solo no es convalidable, al propio tiempo, y en base a los criterios jurisprudenciales que soportan este recurso (sic), tales actuaciones son insubsanables, pues tal y como concluyen los extractos de las decisiones acotadas, ‘no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella’ (…)” (Destacado del escrito, corchetes de la Sala).

 

Denuncia “[d]e igual modo, las violaciones de orden procesal de carácter constitucional que orientan una correcta administración de justicia, también constituyen fundamento de este recurso de amparo, dentro del contexto en el que han sido expuestas y su incidencia en el dispositivo del fallo” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) tal y como [ha] venido sosteniendo, las violaciones de carácter constitucional que afectan la decisión contra la cual se acciona por esta vía son de tal trascendencia, que no [dudan] de la declaratoria con lugar del recurso aquí interpuesto. Sin embargo, existe la posibilidad cierta de que la juez de la causa, en este caso la juez del Juzgado Segundo (sic) Ordinario y Ejecutor (sic) de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la circunscripción (sic) judicial (sic) del estado (sic) Trujillo, cumpliendo con la orden emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en decisión de fecha 10 de julio de 2.024 (sic), pueda ordenar el desalojo del local comercial situado en la planta baja del Edificio Jesús María, ubicado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11 de la ciudad de Valera, estado (sic) Trujillo, local distinguido con el N° (4), que ocupa la firma de comercio de [su] representado, ‘Productos Naturales El Mayssun de Al Attar’, propiedad del ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmmad, todo lo cual podría generar daños y perjuicios económicos graves y de muy difícil reparación” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[p]or tal motivo, y acogiendo la tesis de esta Sala, de que en materia de Amparo (sic) Constitucional (sic) no se requiere demostrar los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, solicit[a] se decrete, con la urgencia del caso y que este tipo de procedimientos requiere, Medida (sic) Innominada (sic) a través de la cual se ordene a la Juez Segundo (sic) Ordinario y Ejecutor (sic) de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la circunscripción (sic) judicial (sic) del estado (sic) Trujillo, la suspensión de la ejecución del fallo definitivo, en el expediente 7780, a través del cual se condena a [su] mandante hacer la entrega del local comercial cuya dirección se ha indicado antes, a la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo C.A., parte actora en la causa, hasta tanto se resuelva el presente recurso de amparo constitucional” (Corchetes de la Sala).

 

Finalmente, “solicit[a] muy respetuosamente que la presente acción de amparo constitucional sea admitida, tramitada y sustanciada de conformidad con lo previsto tanto legal como doctrinalmente, y declarada con lugar en todos sus pedimentos” (Corchetes de la Sala).

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE AMPARO

 

El acto jurisdiccional accionado en amparo, según se desprende de los alegatos del apoderado judicial del accionante, lo constituye la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024, que se pronunció en los siguientes términos:

 

“PUNTO PREVIO

En la oportunidad de presentar informes la parte demandada invoca la falta de capacidad de postulación del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo para conferir poder judicial, señalando que en el instrumento consignado en el expediente, poder notariado, las facultades que le delega la Directora de la empresa, es para que realice todos los actos propios de negociaciones de carácter civil y que en materia judicial no le atribuye tales facultades , así como tampoco le atribuye la facultad para constituir apoderados judiciales de representación en juicio.

En fecha 25 de marzo de 2024, la ciudadana María Verónica Morillo Valero, titular de la cédula de identidad N.° V-12.798.328, con el carácter de Directora Gerente de la Sociedad Mercantil Inversiones Rojas Araujo, C.A., asistida por la abogada Mary Trini Godoy Hernández, inscrita en el Inpreabogado bajo el N.° V- (sic) 117.532, presentó escrito de informes en el que ratificó las actuaciones del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien fungió como accionista-apoderado de la ya mencionada empresa, que tales actuaciones hechas por éste y la apoderada judicial facultada en dicho procedimiento, las reconoce y solicitó se tengan válidas y en tal sentido promovió copia simple de acta de asamblea extraordinaria de fecha 28 de junio de 2023, registrada por (sic) ante el Registro Mercantil Primero del estado (sic) Trujillo en fecha 22 de marzo de 2024, inscrita en el tomo 11, N.° 24, con la finalidad de evidenciar el carácter de su actuación.

Y en su escrito de observaciones ante esta Superioridad, la apoderada judicial de la parte actora, consignó escrito en el que hizo mención al punto previo opuesto, según infiere, de manera extemporánea, sobre la falta de capacidad de postulación, que esta capacidad de su representado, quien actuó en nombre de la empresa Inversiones Rojas Araujo, C.A., nunca fue contradicha en el juicio que (ilegible) de 5 años, por la parte demandada.

A los fines de resolver esta impugnación hecha ante esta Superioridad atener a la doctrina de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia sobre el principio hermenéutico pro actione en el ámbito del derecho de acceso a la jurisdicción, quedando claro que en relación a la falta de postulación o acreditación se trata de un defecto insubsanable, y siempre que sea posible, de modo que en tales supuestos debe conferirse a las partes la posibilidad de subsanación antes de impedirles el acceso al proceso; lo contrario resulta contradictorio al derecho y a la tutela judicial efectiva.

De lo que se tiene que debe tenerse (sic) como válida la subsanación hecha por la ciudadana María Verónica Morillo Valero, titular de la cédula de identidad N.° V-12.798.328, con el carácter de Directora Gerente de la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Inversiones Rojas Araujo, C.A., asistida por la abogada Mary Trini Godoy Hernández en el que ratificó las actuaciones del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien fungió como accionista-apoderado de la mencionada empresa y se desestima la impugnación realizada por la parte demandada. Así se decide.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

A la letra de lo establecido ut supra, se deduce que la presente acción corresponde al desalojo del bien inmueble objeto de la relación contractual suscrita por la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES ROJAS ARAUJO, C.A., parte actora y la Firma (sic) Personal (sic) ‘PRODUCTOS NATURALES EL MAYSSUN DEL (ilegible)’ bajo las responsabilidad de TAISSIR ALI AHMMAD ALL (sic) ATTAR, parte demandada según documento autenticado ante la Notaría Pública Primera del municipio (sic) Valera del estado (sic) Trujillo, quedando anotado bajo el [N°] 74, Tomo 43 del 17 de junio de 2003, en los días de autenticaciones de dicho despacho notarial.

Para decidir, este Juzgado observa:

El artículo 1.159 del Código Civil, establece lo siguiente: ‘Los contratos tiene (sic) fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.’

Como fundamentación de la presente acción de desalojo, la demandante afirma que es propietaria de un edificio denominado ‘Jesús María’, ubicado en la calle 09, avenidas 10 y 11 de la ciudad de Valera estado (sic) Trujillo, el cual tienen (sic) un local comercial signado con el número 04, ubicado en la planta baja de dicho edificio, que el referido local fue arrendado al ciudadano AL ATTAR TAISSIR ALI AHMMAD, en su condición de comerciante y bajo la firma personal ‘PRODUCTOS NATURALES EL MAYSSUN DE AL ATTAR’, como prueba de dicha relación contractual produjeron ab initio el documento que la contiene.

Señala la actora que [en] el año 2018, se acordó un canon de arrendamiento de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES (Bs. 3.828,00) el cual fue cancelado por el arrendatario hasta el mes de diciembre del año 2018; no obstante, el mes de enero de 2019, y con ocasión al proceso de hiperinflación y devaluación que sufre la economía y el (sic) especial la moneda nacional, la empresa INVERSIONES MORILLO, C.A. encargada de la administración de los inmuebles propiedad de su representada, acudió con el arrendatario a negociar un nuevo canon de arrendamiento, negociación que resulto (sic) frustrada ante la negativa del arrendatario, lo que significa que el arrendatario debía seguir cancelando el último canon de arrendamiento vigente, es decir, la cantidad de de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES (Bs. 3.828,00), hasta tanto se acordara un nuevo canon de arrendamiento conforme a lo previsto en la Ley; no obstante el arrendatario procedió a iniciar un procedimiento consignatario ante el Juzgado Tercero de Municipio, Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, Escuque y San Rafael de Carvajal de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Trujillo, signado con el número 034, con la fecha de entrada el 31 de enero de 2019; empero, no consigna el arrendatario con su solicitud ninguno de los documentos indicados en la misma, por lo que el Tribunal en auto de fecha 15 de febrero de 2019, por lo que (sic) le insta a consignar los documentos indicados en la solicitud en ese sentido, el arrendatario procede a cumplir con lo instado por el Tribunal en fecha, (sic) 11 de abril del año en cuestión, según diligencia en la que indica que consigna los recaudos, empero, no pone a disposición del Tribunal en ningún momento las cantidades de dinero a que se refiere la consignación inquilinaria, de tal manera que el Tribunal en auto de fecha 30 de abril de 2019, admite la solicitud presentada y ordena al Banco Bicentenario la apertura de la cuenta bancaria a favor del arrendatario, y libra oficio número 088-2019, asimismo alega que el inmueble objeto de pretensión requiere una serie de reparaciones mayores, el cual el arrendatario no ha notificado incumpliendo su obligación de notificar de tales reparaciones para que el inmueble no se deteriore.

(…omissis…)

Discuten las partes, la existencia del incumplimiento en razón de la falta de pago de los cánones de arrendamiento originados desde enero hasta junio de 2019, por parte de la demandada, así como que el inmueble objeto de arrendamiento requiere de unas reparaciones mayores, que no han sido notificadas por el arrendatario, incumpliendo la obligación de notificar y evitar que el inmueble se deteriore, ante lo cual, el representante judicial de la parte demandada dio contestación negando y rechazando tanto en los hechos como en el derecho los argumentos señalados por la parte accionante, indicando que en fecha 31 de enero de 2.019 (sic), su poderdante propone la consignación del canon de arrendamiento mediante solicitud planteada ante el Juzgado Tercero Ordinario y Ejecutor de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, expediente distinguido con el N.° 034, pero que la condición de salud de su poderdante, su grado de malestar, exámenes y tratamiento, impidió el que pudiera comparecer a dar cumplimiento con la consignación de los recaudos para la continuación del trámite consignatorio, por lo que su poderdante se encuentra desde antes de la interposición de esta acción judicial completamente solvente en el pago del canon de arrendarme (sic), asimismo alega que es falso que dentro del local comercial que ocupa su mandante en condición de arrendatario, existan daños estructurales que afecten la totalidad o parte del inmueble, y menos aún que los mismos sean de tal magnitud que sea necesario notificar al arrendador.

Así las cosas, dado que tal y como quedó probada la obligación, tocaba a la parte demandada demostrar la inexistencia del incumplimiento alegado por su contraparte o cualquier otro hecho a su favor en razón del mismo, quien debe demostrar la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, o que el mismo no se realizó por alguna causa que no le sea imputable, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.354 (sic) del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose (sic) igualmente a decisión de la Sala Constitucional 2017, N° 641, en la que se dejo (sic) sentado que:

 (…omissis…).

Las consignaciones inquilinarias, es (sic) una forma excepcional de pago judicial, en virtud que es establecida por el legislador en beneficio exclusivo del arrendatario y mediante un trámite especial solo realizable mediante la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual trae como consecuencia, que si la consignación está legítimamente efectuada se considerara (sic) al arrendatario, en estado de solvencia. Dicha Ley, establece obligaciones en el procedimiento consignatorio únicamente a cargo del consignante, llegando a sancionarlo procesalmente al considerar la consignación como ilegítimamente efectuada si falta el cumplimiento de cualesquiera de los requisitos esenciales, los cuales están consagrados en la Ley de la materia, donde se establecen los requisitos esenciales que debe cumplir el consignante del canon de arrendamiento, cuando el arrendador rehusare expresamente o tácitamente a recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo a lo convencionalmente pactado.

Expuesto lo anterior se observa que el artículo 27 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario par el Uso Comercial, Inmobiliarios (sic) dispone:

(…omissis…)

En atención al dispositivo precedentemente transcrito, este sentenciador debe delimitar que es necesario para la validez de la consignación del canon de arrendamiento que la (sic) misma (sic) se efectúe en conformidad a la citada norma legal, y en tal sentido se desprende que de acuerdo al contrato suscrito por las partes, los cánones de arrendamiento debían pagarse por mensualidades adelantadas, los primeros cinco días de cada mes, -de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera  del contrato-, y visto que el arrendatario   acude a la jurisdicción especial a realizar el trámite de consignaciones arrendaticias, ante la supuesta negativa del arrendador de recibir los cánones de arrendamiento, siendo que lo hace en fecha 31 de enero de 2019, es decir pasados los cinco días que disponía para cumplir con esta carga procesal, tomando a la letra lo que dispone el contrato celebrado, aunado a ello, no es sino hasta el 11 de abril de 2019 que consigna los recaudos señalados en la solicitud para la admisión de la misma, sin haber puesto a la orden del Tribunal cantidad de dinero, y en julio de 2019 acude a la entidad bancaria a formalizar la apertura de la cuenta bancaria que ordenó el juzgado en cuestión aperturar, alegando que dicha tardanza obedeció a quebrantos de salud que le impedían acudir a la sede judicial, así como que los meses de abril, mayo, junio y julio de 2019, las reiteradas fallas eléctricas, provocaron caídas en el sistema que impidieron la oportuna apertura de la cuenta bancaria ordenada por el Tribunal, situación que no fue probada por la parte demandada como eximente de su responsabilidad, tampoco probó la parte demandada que la arrendadora se haya reusado (sic) a recibir los cánones de arrendamiento exigidos, de lo que se colige que las consignaciones correspondientes a los meses de enero a julio de 2019 fueron extemporáneas, ya que se realizaron después de transcurridos los  cinco días posteriores al vencimiento de la mensualidad; así, tomando en consideración que las mensualidades de arrendamiento debían pagarse los cinco primeros días de cada mes conforme lo pactado por las partes, se determina que tales consignaciones fueron efectuadas extemporáneamente; y así se establece.

En fuerza de todo lo explicado, es forzoso para esta Alzada concluir que la parte demandada inobservó el control de la prueba y en virtud de que la carga de la prueba como hemos visto, que se impone por la Ley y por la doctrina y además la ampara el interés de las partes, pues si quien está obligado a probar no lo hace, su alegato será desestimado por el juez, razón por la cual considera que la presente demanda de desalojo debe prosperar, evidenciada como ha sido la falta de pago de las cuotas de arrendamiento correspondientes al período de enero a julio de 2019, oportunidad de la interposición de la presente acción, al no haber demostrado la demandada el pago oportuno de las mismas o cualquier otro hecho liberatorio, en cumplimiento de las obligaciones, por dicha parte asumidas en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento suscrito con la parte accionante, por lo cual solicita el desalojo del inmueble identificado como local N° 4 del ‘Edificio Jesús María’ situado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11, parroquia Mercedes Díaz municipio (sic) Valera del estado (sic) Trujillo, encontrándose la demandada incursa en la causal de desalojo dispuesta en el literal ‘a’ del artículo 40 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, por adeudar más de dos (02) cuotas de mensualidades consecutivas de arrendamiento; por lo que la presente acción de desalojo debe prosperar en derecho. Así de decide.

La parte actora invoca como causal de desalojo que el inmueble objeto de la pretensión requiere una serie de reparaciones mayores, el (sic) cual (sic) el arrendatario no ha notificado, incumpliendo su obligación de notificar de tales reparaciones para que el inmueble no se deteriore, en fundamentó (sic) a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, literales c y d; circunstancia que fue desvirtuada por la parte accionada, tal como quedó probado con las inspecciones judiciales que fueron evacuadas por el Tribunal de la causa por lo que se desestima (sic) tales causales invocadas. Así se decide.

DISPOSITIVA

En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, este Juzgado Superior Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Luis Guillermo Fernández Vera, inscrito en el Inpreabogado bajo el N.° 20.184, en fecha 08 de febrero de 2024, apoderado judicial de la parte demandada ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmad, comerciante bajo la Firma (sic) Personal (sic) productos (sic) Naturales El Mayssun de Al Attar, contra sentencia de fecha 06 de febrero de 2024, proferida por el tribunal de la causa.

SE DECLARA CON LUGAR la demanda de desalojo incoada por la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo, C.A., contra el ciudadano Al Attar Taissin Ali Ahmad (sic), comerciante bajo la Firma (sic) Personal (sic) productos (sic) Naturales El Mayssun de Al Attar.

SE ORDENA EL DESALOJO del inmueble objeto de la litis, local N° 4 del ‘Edificio Jesús María’, situado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11 parroquia Mercedes Díaz municipio (sic) Valera del estado (sic) Trujillo, que ocupa la arrendataria y HACER ENTREGA a la demandante, la sociedad mercantil Inversiones Rojas Araujo, C.A.

QUEDA CONFIRMADA la decisión apelada.

Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese y Publíquese (sic) la presente sentencia. Remítase al tribunal de la causa el presente expediente, en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en la ciudad de Trujillo, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024) 214° y 165°” (Mayúsculas y destacado del fallo, corchetes de la Sala).   

 

             III

DE LA COMPETENCIA

 

De manera preliminar, debe esta Sala pronunciarse respecto a la competencia para conocer del presente asunto y, a tal efecto, observa:

 

De conformidad con el criterio de competencia establecido en esta materia en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, a esta Sala le corresponde “la competencia para conocer de las acciones de amparo [constitucional] que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”.

 

Por su parte, el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que esta Sala es competente para “[c]onocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

 

Ahora bien, visto que en el presente caso se ejerció una acción de amparo contra una  sentencia definitivamente firme proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024, esta Sala asume su competencia para conocer de la acción de amparo propuesta, y así se decide.

 

IV

DEL CARÁCTER DE MERO DERECHO DE LA PRETENSIÓN

 

            Sobre la procedencia in limine litis de la acción de amparo, esta Sala mediante sentencia número 993 del 16 de julio de 2013, (caso: “Daniel Guédez Hernández y otros”), declaró que:

 

 “(…) la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’.

(…)

De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.

Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

(…)

La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento  de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’ (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.

De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.

(…)

[S]e establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (…)” (Destacado del fallo original y corchetes de la Sala).

 

Ahora bien, la Sala, tomando en cuenta la anterior doctrina procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por la parte accionante se refiere a la resolución de un asunto de mero derecho y, a tal efecto, observa:

 

El punto medular de la presente acción de amparo se centra en “la falta de capacidad de postulación de la persona natural que aparece como representante de la sociedad mercantil accionante” y la vulneración del “derecho a la defensa, al desestimar la impugnación de falta de capacidad de postulación opuesta (…omissis…)” teniendo en consideración, que según lo ha señalado esta Sala “tal vicio es insubsanable”.

 

De modo pues que, el caso de autos versa exclusivamente sobre un asunto de mero derecho, esto es, la verificación de la referida falta de capacidad de postulación y si se ha contrariado la jurisprudencia vinculante de esta Sala respecto de la misma. Así se declara.

                                                        

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y, al efecto, observa del análisis de la demanda de amparo que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

De igual modo, en cuanto a la admisibilidad de la acción sub examine, a la luz de las causales de inadmisibilidad que establecen los artículos 6 eiusdem y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la misma es admisible. Así se declara.

 

Ello así, se observa que el acto decisorio accionado en amparo lo constituye la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024, que declaró: i) sin lugar la apelación ejercida el 8 de febrero de 2024, por el apoderado judicial de la parte demandada Al Attar Taissir Ali Ahmmad, ya identificado, del fallo proferido por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 6 de febrero de 2024; ii) con lugar la demanda de desalojo incoada por la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.” contra el ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmmad, ya identificado; iii) ordenó el desalojo del inmueble objeto de la demanda identificado con el N° 4, del “Edificio Jesús María”, situado en la calle 9, entre avenidas 10 y 11, en la parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera del Estado Trujillo y hacer entrega material del inmueble a la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, del referido inmueble; iv) confirmó el fallo apelado.

 

Del mismo modo, la Sala observa que el solicitante fundamentó su acción de amparo, principalmente en la denuncia referida a “la falta de capacidad de postulación de la persona natural que aparece como representante de la sociedad mercantil accionante, a pesar de haberse invocado tal falta de capacidad de postulación en la etapa de informes ante el juzgado superior, obviando el juez de la recurrida que tal falta de postulación vicia de nulidad absoluta todo el procedimiento judicial entablado, además de que tal vicio es insubsanable tal y como lo ha expresado esta sala en innumerables decisiones reiteradas por más de treinta años”, con lo cual considera vulnerados los derechos de su mandante “a la defensa y al debido proceso, en virtud de que una relación jurídico procesal solo puede plantearse entr[e] los sujetos legitimados por la ley para poder actuar dentro del procedimiento de que se trate, entendiendo que estos presupuestos procesales definen el marco legal de todos los juicios, independientemente de su naturaleza. De igual modo, se viola el derecho a la defensa, al desestimar la impugnación de falta de capacidad de postulación opuesta” (Corchetes de la Sala).

 

Ahora bien, respecto de la denuncia esgrimida por la parte en amparo,  esta Sala estima oportuno citar el contenido del fallo de esta Sala N° 1.133/2013, el cual estableció:

 

“Así, se observa que en su requerimiento la representación de la solicitante realizó un planteamiento enfocado al señalamiento relativo al desconocimiento de la doctrina vinculante de esta Sala por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, centrada en argumentos de defensa cuyo propósito último es que se llegue al convencimiento de que se vulneró el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la Ley y el principio de confianza legítima, toda vez que permitió que una asociación ‘(…) sin ser abogado y sin ser un Sindicato, ejerciera poderes en juicio (…).

Sobre el punto esta Sala debe puntualizar que, en materia jurisdiccional, una parte puede tener capacidad procesal (Vid. Artículo 136 del Código de Procedimiento Civil) y no obstante carecer de la facultad profesional y técnica de gestionar por sí misma los actos en un proceso concreto y en un tribunal determinado (Vid. Artículo 166 eiusdem), ya que no tiene la denominada capacidad de postulación procesal, la cual es meramente formal y exigida por razones técnicas, a fin de asegurar al proceso su correcto desarrollo, por lo que, por regla general, es obligatorio el patrocinio letrado de abogados para las personas que hayan de comparecer a un proceso judicial, bien por la figura de la representación o bien mediante la asistencia, como lo prevé el artículo 3 de la Ley de Abogados:

Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.

Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia  de abogados en ejercicio.’

Entonces, según la regla general, quien comparece a un juicio sin poseer la cualidad de abogado, sólo puede suplir esa falta de cualidad con la asistencia de un profesional del derecho, siempre que quien comparece al juicio actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses; de allí que se ha determinado que ‘(…) para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados (…)’ (Vid. Sentencia N° 1.170/2004 del 15 de junio)” (Negrillas y destacado añadidos).

 

Del criterio anteriormente citado, en relación con lo denunciado por la parte accionante en amparo en su escrito, la Sala advierte que al folio 56 y vto., de las actas del expediente cursa copia fotostática del poder general de administración y disposición otorgado por la ciudadana Carmen Rojas Araujo, titular de la cédula de identidad N° V-227.850, al ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, titular de la cédula de identidad N° V-5.593.095, del que se desprenden las facultades otorgadas en el referido instrumento. En tal sentido, las facultades conferidas al referido ciudadano, se le otorgaron “(…) para que represente a la poderdante en toda clase de operaciones, negocios y contratos relacionados con el giro, (sic) y objeto de la empresa, así como para que la represente ante cualesquieras (sic) funcionarios, oficinas o autoridades administrativas de cualquier orden y jurisdicción ya sean las mismas nacionales, estadales o municipales. En ejercicio de este poder podrá el mandatario aquí constituido representar a la compañía en todos sus actos, negocios y contratos, firmar por ella, protestar y pagar letras de cambio, pagarés, cheques y toda especie de efectos mercantiles; comprar y vender bienes muebles e inmuebles con facultad de fijar el precio y demás condiciones de la respectiva negociación; ejercer la representación jurídica de la compañía, celebrar contratos de arrendamiento con plazo (sic) aún mayores de seis (6) años pudiendo fijar en canon de arrendamiento y demás condiciones; nombrar y remover el personal de la compañía, fijando sus remuneraciones y demás condiciones, (sic) y en general realizar toda clase actos tendientes al beneficio o mejoramiento de la compañía con las más amplias facultades de administración y disposición (…)”, es decir, que el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, instauró un juicio de desalojo de un local comercial contra el ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmmad, en nombre de la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, todos previamente identificados, sin poseer la cualidad de abogado, ni ostentar la debida representación, toda vez que el referido poder le concede “las más amplias facultades de administración y disposición”, no para ejercer la representación judicial y mucho menos para sustituir ese poder en abogado de confianza que pudiera actuar en juicio en nombre de la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.” (Destacado de la Sala).

 

Asimismo, la Sala advierte que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en su fallo del 10 de julio de 2024, se limitó a señalar, ante la denuncia de falta de capacidad de postulación o representación en virtud de que el poder esgrimido por el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo era un poder de administración y disposición; y que dicho apoderado no era abogado, que “[a] los fines de resolver esta impugnación hecha ante esta Superioridad atener a la doctrina de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia sobre el principio hermenéutico pro actione en el ámbito del derecho de acceso a la jurisdicción, quedando claro que en relación a la falta de postulación o acreditación se trata de un defecto insubsanable, y siempre que sea posible, de modo que en tales supuestos debe conferirse a las partes la posibilidad de subsanación antes de impedirles el acceso al proceso; lo contrario resulta contradictorio al derecho y a la tutela judicial efectiva. De lo que se tiene que debe tenerse (sic) como válida la subsanación hecha por la ciudadana María Verónica Morillo Valero, titular de la cédula de identidad N.° V-12.798.328, con el carácter de Directora Gerente de la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Inversiones Rojas Araujo, C.A., asistida por la abogada Mary Trini Godoy Hernández en el que ratificó las actuaciones del ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, quien fungió como accionista-apoderado de la mencionada empresa y se desestima la impugnación realizada por la parte demandada”, desconociendo el criterio de esta Sala contenido en el fallo N° 1133/2013, parcialmente citado arriba.

 

En tal sentido, se reitera el criterio sobre la materia expuesto en el fallo N° 1133/2013, entre otros, respecto de que sólo puede suplir la falta de cualidad a la que se hace referencia en el caso que ocupa el interés de esta Sala, es decir, de aquella que actúa en juicio en nombre de otro sin ser abogado, con la asistencia de un profesional del derecho, siempre que quien comparece al juicio actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que -se repite-  el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, actúa en nombre y representación de la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, sin poseer facultades expresas para ello.

 

Por ello, esta Sala teniendo en consideración lo establecido en los artículos 150, 154 y 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, estima que el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, ya identificado, al intentar una demanda de desalojo en nombre de otra persona (natural o jurídica) sin ser abogado, sin poseer facultades expresas de representación judicial y posteriormente pretender subsanar dichos vicios en un abogado para que éste continuara ejerciendo dicha acción, sin poseer -se repite- facultades expresas de sustitución del poder, incurrió en una manifiesta falta de representación, por no ostentar tal capacidad procesal de postulación atribuida a todo abogado que no esté inhabilitado para el libre ejercicio de su profesión, cuya consecuencia era la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de desalojo de un local comercial incoada contra el ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmmad, ya identificado, por lo esta Sala juzga que la acción de amparo planteada contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024, debe declararse procedente in limine litis. Así se decide.

 

Como consecuencia de lo anterior, se revoca el fallo proferido el 10 de julio de 2024, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, dictado en desconocimiento de los criterios jurisprudenciales que al respecto ha asentado esta Sala en la materia y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara con lugar la apelación ejercida el 8 de febrero de 2024, por el apoderado judicial de la parte demandada Al Attar Taissir Ali Ahmmad, ya identificado, del fallo proferido por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 6 de febrero de 2024, como consecuencia de lo anterior se anula el fallo apelado e inadmisible la demanda de desalojo de local comercial incoada por el ciudadano Luis Gregorio Rojas Araujo, pretendiendo actuar en nombre y representación de la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, contra el ciudadano Al Attar Taissir Ali Ahmmad. Así se decide.

 

Esta Sala estima inoficioso emitir un pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada dada la naturaleza del presente fallo.

 

Finalmente, esta Sala hace un llamado de atención a los jueces de los Juzgados Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, para que en el futuro sean más acuciosos en el análisis y la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, teniendo en consideración los criterios jurisprudenciales de esta Sala. 

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara:

 

1.- Que es COMPETENTE para conocer y decidir la presente acción de amparo constitucional.

 

2.- ADMITE la acción de amparo constitucional.

 

3.- DE MERO DERECHO la resolución del presente amparo.

 

4.- PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Gina Paola Pardo Cantillo, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano AL ATTAR TAISSIR ALI AHMMAD, ya identificados, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 10 de julio de 2024.

 

5.- Se REVOCA el fallo proferido el 10 de julio de 2024, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

 

6.- CON LUGAR la apelación ejercida el 8 de febrero de 2024, por el apoderado judicial de la parte demandada ciudadano AL ATTAR TAISSIR ALI AHMMAD, ya identificado, del fallo proferido por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 6 de febrero de 2024.

 

7.- Se ANULA el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 6 de febrero de 2024.

 

8.- INADMISIBLE la demanda de desalojo de local comercial incoada por el ciudadano LUIS GREGORIO ROJAS ARAUJO, pretendiendo actuar en nombre y representación de la sociedad mercantil “Inversiones Rojas Araujo, C.A.”, contra el ciudadano AL ATTAR TAISSIR ALI AHMMAD, ya identificados.

 

9.- INOFICIOSO emitir un pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada dada la naturaleza del presente fallo

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y al Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  12  días del mes de marzo  de dos mil veinticinco (2025). Años: 214° de la Independencia y 166° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

TANIA D’AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

Ponente

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

 El Secretario

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

24-0818

LFDB

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias