Sentencia N.º 0340
- Sentencia
- N.º 0340
- Fecha
- 08/11/2019
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 19-0001
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo contra sentencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 8 de enero de 2019, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio N° S1-0433-2018, del 21 de diciembre de 2018, mediante el cual la Presidenta de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo remite la demanda de amparo interpuesta, en esa misma fecha, por los abogados Noé Enoc Mujica, Moisés Obed Mujica Veliz y Luis Amado Alcántara Herrera, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 239.839, 151.322 y 89.160, respectivamente, en su condición de defensores privados del ciudadano YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, titular de la cédula de identidad N° 16-896.506, en contra de la decisión dictada, el 25 de junio de 2018, por la referida Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del quejoso, intentado en contra de la decisión dictada, el 21 de febrero de 2018, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta y acordó mantener la privación judicial preventiva de libertad del accionante, quien es procesado penalmente por la presunta comisión del delito de abuso sexual a niña con penetración vaginal agravado continuado, ejecutado en concurso real de delitos.
El 8 de enero de 2019, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 6 de marzo, el 15 de marzo, el 11 de abril y el 13 de mayo de 2019, la parte actora solicitó pronunciamiento en el presente caso.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD DE AMPARO
Los abogados Noé Enoc Mujica, Moisés Obed Mujica Veliz y Luis Amado Alcántara Herrera, en su condición de defensores privados del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel, fundamentaron la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes argumentos, que esta Sala resumen a continuación:
Que denunciamos que se violan Derechos (sic) Fundamentales (sic) inscritos en el Rango (sic) de Derechos (sic) Humanos (sic) reconocidos Universalmente (sic) y peor aún en nuestro caso tal como lo explanamos se causa indefensión absoluta y se impide con todo el poder del estado (sic) el ejercicio de los recursos Ordinarios (sic) previstos constitucionalmente como es el RECURSO DE CASACIÓN, por lo que encontrándonos en nuestra oportunidad procesal para ejercer el derecho de nuestro representado, interponemos la presente Acción (sic) de AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LA DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES FECHADA 25 DE JUNIO DE 2018(...)vale resaltar que dicha decisión muy al margen del tiempo transcurrido NO ha sido notificada a la fecha a la defensa técnica y menos aún se ha cumplido con el procedimiento.
Que en lo que respecta a nuestro representado se le HA NEGADO EL TRASLADO A LA SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL DECISIÓN ello en virtud de tener la condición de detenido O PRIVADO DE LIBERTAD DE NUESTRO REPRESENTADO; LO CUAL HEMOS DILIGENTEMENTE SOLICITADO DE MANERA OPORTUNA SIN OBTENER REPUESTA AL RESPECTO HASTA LA PRESENTE FECHA( ).Violando con tal actuación la Sala Uno (1) de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del ESTADO CARABOBO disposiciones de ESTRICTO ORDEN PÚBLICO LAS CUALES NO PUEDEN RELAJARSE NI AUN PONIENDONOS DE ACUERDO AMBAS PARTES LO CUAL SE HA CONSTITUIDO EN UN OBSTACULO (sic) FUNDAMENTAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR LA DEFENSA TÉCNICA OPORTUNAMENTE Y QUE CONSTA SUFICIENTEMENTE EN AUTOS DEBIENDO DESTACAR QUE HABIENDO ACUDIDO REITERADAMENTE A LA SUPRA INDICADA CORTE DE APELACIONES A BUSCAR UN PRONUNCIAMIENTO REFERENTE AL NECESARIO CUMPLIMIENTO DE LOS EXTREMOS ESTABLECIDOS EN EL PARAGRAFO ÚNICO DEL ARTICULO 454 DEL COPP (sic), NOS HAN MANIFESTADO VERBALMENTE EL SECRETARIO DE LA REFERIDA INSTANCIA QUE NO SE LE DARÁ CUMPLIMIENTO A DICHO REQUERIMIENTO POR TRATARSE DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, lo cual desde nuestra perspectiva se constituye una aberración y abuso de poder que anula o neutraliza nuestra capacidad de accionar, por lo que resaltan que interponen el amparo constitucional por violación al derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Que la representación del Ministerio Público, en uso de sus atribuciones que le confiere tanto la norma Constitucional (sic), así como la Norma (sic) Adjetiva (sic) Procesal (sic) Penal (sic), tal como ha sido demostrado en autos presento (sic) por acto conclusivo de la investigación Fiscal en fecha 22 de Enero (sic) de 2018, el cual fue a nuestro juicio maliciosamente fechado 17 de enero de 2018 con el fin de pretender sorprender a esta defensa privada; En (sic) cuyo contenido se presentó acusación contra nuestro representado, razón por la que en fecha 14 y 15 de Febrero del 2018, se llevó a cabo la audiencia preliminar de la causa № GP01-S-2017-008483 C1V, que cursaba por ante (sic) el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, lo cual consta en folios 154 al 162 de copia certificada del expediente consignado en bloque A, vale resaltar que en la referida diencia preliminar realizada a nuestro defendido YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, FUERON ADMITIDAS POR EL SUPRA INDICADO JUZGADO PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO (sic) Y DENUNCIADAS COMO INCONSTITUCIONALES DE MANERA OPORTUNA POR ESTA DEFENSA TECNICA (sic); LO CUAL COMO FUNDAMENTAREMOS MÁS ADELANTE VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO DEFENDIDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NEGÁNDOSE IGUALMENTE EL TRIBUNAL A ADMITIR PRUEBAS OFERTADAS POR ESTA DEFENSA TECNICA (sic); PRUEBAS OFERTADAS QUE FUERON ADMITIDAS POR EL JUEZ DE CONTROL LO CUAL CONSTA EN EL ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR PERO FUERON LUEGO EXCLUIDAS MALICIOSAMENTE DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO LO CUAL VIOLA ABIERTAMENTE EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO AL CAUSAR INDEFENSIÓN, acordando el Juzgado señalado supra mediante auto motivado por demás erróneamente el pase a Juicio (sic) de nuestro defendido violentando todo el procedimiento establecido en Código Orgánico Procesal Penal imputando en el contenido del AUTO DE APERTURA A JUICIO de fecha 16 de febrero del 2018 el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL AGRAVADO CONTINUADO EN CONCURSO AL DE DELITOS E INCURRIENDO EL MISMO TRIBUNAL EN GRAVES CONTRADICCIONES AL IMPUTAR EN AUTO MOTIVADO EN EXTENSO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018 EL DELITO DE ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO.
Que [e]sta defensa técnica considero (sic), que se habían vulnerado los derechos de nuestro representado, por lo cual en fecha 06 de marzo de 2018, acudimos a la Corte de Apelaciones e interpusimos RECURSO DE APELACIÓN en contra de la decisión contenida en la dispositiva del Auto (sic) Motivado (sic) por separado en extenso de fecha 21 de febrero de 2018, Así (sic) como del auto de Apertura (sic) a juicio de fecha 16 de Febrero (sic) de 2018 emitida (sic) por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO contra nuestro defendido YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL. Recurso que fue declarado SIN LUGAR. Según decisión de la CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, SALA NRO. 1, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, de fecha 25 de junio de 2018. Como podrá observarse ciudadanos Magistrados el Juzgado denunciado supra incurrió en el absurdo Jurídico (sic) de incurrir en la subversión procesal de emitir y suscribir primero EL AUTO DE APERTURA A JUICIO (16/02/2018) PARA POSTERIORMENTE EMITIR AUTO MOTIVADO EN EXTENSO EN FECHA 21 DE ENERO DE 2018, lo cual fue una de las tantas razones por la que recurrimos en Apelación (sic) por ante (sic) la Sala Uno (1) de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del ESTADO CARABOBO. Por lo que la instancia recurrida debió declarar con Lugar (sic) el recurso interpuesto a favor de nuestro defendido.
Que el Juez aquó (sic) realizó el procedimiento establecido al contrario es decir PRIMERO EL AUTO DE APERTURA A JUICIO Y LUEGO EL AUTO MOTIVADO POR SEPARADO EN EXTENSO además del absurdo por su contenido en referencia al delito que se le imputa a nuestro representado el cual difiere en cada uno de los AUTOS señalados supra Al (sic) respecto es preciso y necesario transcribir la absurda e incongruente E INMOTIVADA decisión de la recurrida CORTE DE APELACIONES en cuyo texto escuetamente se hace abstracción de pronunciarse con respecto al pedimento realizado.
Que desde el mismo momento que la Corte señalada supra hace abstracción de pronunciarse sobre el contenido de nuestra apelación incurrió en el vicio de incongruencia y consecuentemente en violación a derechos fundamentales como al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva ello a tenor de lo solicitado a la referida instancia la cual fue planteada en los siguientes términos: DE LA SOLICITUD DE MEDIDA DE DECAIMIENTO POR INACTIVIDAD FISCAL.
Que la primera denuncia que realizaron en el recurso de apelación intentado en el proceso penal primigenio la fundamentamos en numerales 1ro, 4to, y (sic) 5to. del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal CONTRA EL AUTO EN EXTENSO DECRETADO mediante decisión emitida en fecha 21 de febrero de 2018 folios 294-298, ello en virtud de que habiendo interpuesto esta defensa técnica solicitud de decaimiento de medida privativa de libertad mediante escritos de fecha 22 de enero de 2018 y ratificación de solicitud de decaimiento de medida privativa de libertad de fecha 07 de febrero de 2018 a favor de nuestro representado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL y a que el MINISTERIO PÚBLICO, NO PRESENTO (sic) ACTO CONCLUSIVO DE ACUSACIÓN FISCAL, NI SOLICITO (sic) OPORTUNAMENTE LA PRORROGA (sic) DEBIDAMENTE FUNDADADA CON AL MENOS CINCO DIAS (sic) DE ANTICIPACIÓN A SU VENCIMIENTO. El correspondiente acto conclusivo, debió ser PRESENTADO EN FECHA 17 DE ENERO DEL AÑO 2018, dado que la fecha de la audiencia de presentación tuvo lugar el día 18 de Diciembre (sic) del año 2017, corriendo el lapso de los 30 días para su presentación del respectivo acto conclusivo de la siguiente forma: 19 de diciembre, (día 01), 20 de diciembre (día 02), 21 de diciembre (día 03), 22 de diciembre día 04, 23 de diciembre (día 05), 24 de diciembre (dia (sic) 06), 25 de diciembre, (dia (sic) 07), 26 de diciembre (dia (sic) 08), 27 de diciembre (dia (sic) 09), 28 de diciembre, (día 10), 29 de diciembre (día 11), 30 de diciembre, (día 12), 31 de diciembre (día 13), 01 de enero, (día 14), 02 de enero, (día 15), 03 de enero (día 16), 04 de enero (día 17), 05 de enero (día 18), 06 de enero (día 19), 07 de enero (día 20), 08 de enero (día 21), 09 de enero (día 22), 10 de enero (día 23), 11 de enero (día 24), 12 de enero (día 25), 13 de enero (día 26), 14 de enero (día 27), 15 de enero (día 28), 16 de enero (día 29), 17 de enero (día 30).
Que alegaron en la apelación, además, lo siguiente: Esto es así por cuanto NO RIELA EN NINGUNA PARTE DEL EXPEDIENTE LA PREVIA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEBIDAMENTE FUNDADA CON AL MENOS CINCO DÍAS ANTES DE ANTICIPACIÓN A SU VENCIMIENTO Y COMO PUEDE OBSERVARSE EL MISMO TRIBUNAL EN INSPECCIÓN JUDICIAL REALIZADA SE DEJA CONSTANCIA QUE NO CONSTA EN EL EXPEDIENTE EL ACTO CONCLUSIVO DE ACUSACIÓN FISCAL EL DIA (sic) 18 DE ENERO DE 2018 NI TAMPOCO EL DIA (sic) 22 DE ENERO FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MENCIONADA INSPECCIÓN JUDICIAL FECHA EN QUE SE RECIBE Y AGREGA AL EXPEDIENTE, ahora bien ciudadanos Magistrados como pronunciamiento mediante auto fundado dictado en extenso fechado 21 de Febrero (sic) de 2018 según folio 295, línea 26, en el cual se lee textualmente: Con respecto a la solicitud decaimiento de medida es importante traer a colación extracto de la LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA subrayado y negrillas de la defensa y del mismo folio 295 de las líneas 46, 47 y 48 se desprende textualmente: siendo que el tribunal decreto (sic) privativa de libertad al ciudadano: en fecha 18-12-2017. El Ministerio Publico (sic) por su parte presento (sic) acto conclusivo en fecha 17-01-2017, es por lo que se cumple el lapso correspondiente ASI (sic) SE DECLARA. Subrayado y negrillas de la defensa y según el mismo folio 295 líneas: 53, 54 y 55 se desprende textualmente: no observando violación alguna a las (sic) vigencias (sic) de ley, ni a los derechos inherentes al acusado, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la solicitud DE DECAIMIENTO DE MEDIDA. ASI (sic) SE DECLARA.
Que continuaron alegando en la apelación interpuesta dentro del proceso penal que los supuestos en que motiva la recurrida son incongruentes con los hechos y el derecho con relación a la solicitud que le fue planteada y la cual dio origen a la decisión recurrida, pues nada tiene que ver con la variación de circunstancias y la posibilidad de interpretar y aplicar el derecho a su criterio la recurrida con la situación planteada, pues consideramos que la recurrida impulsa proceso en provecho del Ministerio Público encubriendo una conducta omisiva de este, en perjuicio de nuestro representado, violentando derechos y garantías constitucionales como lo son el Derecho (sic) a la Defensa (sic) y Debido (sic) Proceso (sic), pues ha sido reiterado el criterio del Máximo Tribunal al establecer que las decisiones inmotivadas violentan el derecho a la defensa y debido proceso, pues la recurrida pretende dar un tinte de solicitud de examen y revisión de medida a la solicitud que se planteó y la cual dio origen a la decisión que hoy apelamos, cuando realmente no es asi (sic), pues, la solicitud que le fue planteada se fundamentó en el control judicial y de la legalidad que la recurrida está obligada a ejercer por expresa disposición legal, pues la solicitud que le fue planteada obedeció al vencimiento de un lapso aunado a la inactividad del Ministerio Público que por disposición expresa de la misma obra en beneficio del detenido, y no obedeció en ningún momento a un examen y revisión de medida que puede ser peticionado en todo estado y grado de la causa.
Que señalaron igualmente en la apelación que la solicitud planteada al Tribunal primero (sic) de primera (sic) instancia (sic) de Control violencia (sic) por quienes aquí suscriben, puede adquirir carácter de cosa juzgada, pues obedece al vencimiento de un lapso preclusión que solo se transcurre en una sola oportunidad, pues se trata de la perdida (sic) de la vigencia de la Medida (sic) de coerción personal por el transcurrir del tiempo, así como lo ha establecido la Sentencia (sic) número 3036 emitida por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal con ponencia del Magistrado A.D.R. (sic), específicamente el vencimiento de un lapso, implica la libertad del detenido que incluso debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, sin embargo tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares en atención al contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe en Venezuela una diferencia en lo que es la revisión de medida y el decaimiento ordinario de medida, en cuanto a la revisión de medida esta puede ser solicitada por el imputado en todo estado y grado del proceso las veces que lo considere conveniente en aras de revisar la medida privativa de libertad a la cual se encuentre sujeto, en este caso el Juzgador debe analizar si se han modificado o no las causas o circunstancias de inculpación o exculpación que dieron origen a la misma (regla rebus sic stantibus) y una característica especial es que la negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tiene apelación; en cambio cuando la procedencia de la libertad o en su defecto el decreto de una medida distinta a la privación de libertad obedece por el vencimiento de un lapso preclusivo y ante la inactividad del Ministerio Público si tiene apelación por cuanto la negativa del Tribunal causa estado o cosa juzgada material.
Que la apelación dentro del proceso penal tuvo como fundamento igualmente que la manera en que la recurrida interpreto (sic) y aplico (sic) el Derecho es aberrante y escandalosa por pretender sacrificar las solemnidades del proceso y con ello derechos y garantías de orden constitucional de nuestro representado, al considerar erradamente en la motivación de la decisión que recurrimos que el vencimiento de un lapso de orden público es una formalidad no esencial, pues hablar de justicia sin respetar las solemnidades de la ley, así como los derechos y garantías del imputado es un irrespeto al Derecho y a la dignidad de nuestro representado, pues la recurrida no aplico (sic) el derecho conforme a lo establecido en el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal el cual está obligado a ejercer todo juez imparcial en su carácter de garantista y constitucionalista lo que causa gravamen irreparable así como lo prevé el ordinal 5to. (sic) Del (sic) artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que precisaron en la apelación que ante la violación del debido control judicial y legal que debió ser controlado por la recurrida, resultando nuestro representado en condiciones de desigualdad ante la ley en contraposición del ius puniendi del Estado ejercido a través del Ministerio Público deliberadamente, lo que indiscutiblemente transgredió marcadamente el Debido (sic) Proceso (sic), pues no tendría trascendencia alguna el establecimiento de derechos y garantías constitucionales enunciadas en nuestra carta (sic) magna (sic) si las mismas no son protegidas por el propio Estado, es por lo que en atención a todo lo antes expuesto ciudadanos MAGISTRADOS, y con suficiente razón en derecho, consideramos debe equilibrarse la balanza y reconocerse el debido respeto y cumplimiento de las formalidades legales y constitucionales que fueron violentadas en la causa que nos ocupa, con ocasión a la decisión recurrida la cual lesiona gravemente derechos y garantías de nuestro representado, y [esa] SALA, acuerde REVOCAR la decisión dictada por el Tribunal primero (sic) de Primera Instancia en Funciones de Control violencia (sic) que hoy recurrimos, y solicitamos se acuerde decretar a favor de nuestro representado la LIBERTAD SIN RESTRICCIÓN ALGUNA O EN SU DEFECTO una medida menos gravosa a la Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad (sic) que injustamente les (sic) fue Acordada (sic) mantener por la recurrida a espaldas de las formalidades legales y procesales, construida sobre bases contrarias a Derecho, con discriminación, atropellando el derecho a la defensa y consecuentemente el Debido (sic) Proceso (sic).
Señalaron además, que en el recurso de apelación alegaron que existía un cúmulo de pruebas que soportaban sus denuncias, las cuales eran las siguientes:
PRIMERO: Como puede evidenciarse de una simple revisión al expediente supra señalado: En el folio 75 corresponde al AUTO DE PRIVATIVA DE LIBERTAD, dictado en fecha 19 de diciembre de 2017, por lo que haciendo una revisión del expediente en estudio partiendo del folio 75 debió el tribunal de control llevar un ORDEN CRONOLÓGICO DE LA FOLIATURA DEL EXPEDIENTE en forma secuencial ello en resguardo a la garantía de los derechos fundamentales, derecho a la defensa y derecho al debido proceso de nuestro representado, respecto a ello es preciso indicar el orden de incorporación que debieron tener las comunicaciones y solicitudes que debieron haberse agregado al expediente por fecha de recibidos en la UNIDAD DE RECEPION (sic) DE DOCUMENTOS-URDD.
1-Comunicación del abogado Rosana Marcano de fecha 20 de diciembre de 2017, constante de un folio, El (sic) cual conformaría el folio 76.
2-. Auto del Juez MIJAIL PEREZ (sic) AMARO, recibiendo comunicación de abogado Rosana Marcano, de fecha 08 de enero de 2018, constante de 01 folio. El (sic) cual conformaría el folio 77.
3-. Escrito de los abogados Noé Enoc Mujica Veliz, Moisés Obed Mujica Veliz y Luis Amado Alcántara Herrera, solicitando ser juramentados como la nueva defensa técnica del imputado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, de fecha 08 de enero de 2018, constante de 01 folio. El (sic) cual conformaría el folio 78.
4-. Auto en el cual se (sic) avoca (sic) como Juez a la presente causa la Dra. Rosilis Sanabria de fecha 11 de enero de 2018, constante de un folio, el cual conformaría el folio 79 del expediente.
5_Acta de Juramentación (sic) de la nueva defensa técnica del imputado de fecha 11 de enero de 2018, constante de 01 folio: El (sic) cual conformaría el folio 80 del expediente.
6. Acta de diferimiento de Audiencia (sic) de Prueba (sic) Anticipada (sic) de fecha 11 de enero de 2018, constante de 01 folio: El (sic) cual conformaría el folio 81.
7_Boleta de traslado de imputado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL de fecha 11 de enero de 2018, para la realización de Audiencia (sic) de Prueba (sic) Anticipada (sic) de 31 de enero de 2018, constante de 01 folio. El (sic) cual conformaría el folio 82.
8_Escrito de Abogado Rosana Marcano renunciando a la defensa de fecha 11 de enero de 2018. Constante de 01 folio, El (sic) cual conformaría el folio 83.
9_Escrito de solicitud de copias por parte de ciudadana Isleidis Pérez, de fecha 12 de enero de 2018, constante de 01 folio, el cual conformaría el folio 84.
10_ Auto mediante el cual se (sic) avoca (sic) como Juez de la presente causa la Dra. ESTELA FE PEÑA, de fecha 18 de enero de 2018 y en el mismo se recibe escrito de la Abogado (sic) Rosana Marcano mediante el cual anuncia que renuncia a la defensa y recibe escrito de la ciudadana Isleidis Pérez solicitando copias del expediente. Constante de 01 folio, el cual conformaría el folio 85 del expediente.
11_Auto de fecha 22 de enero de 2018, mediante el cual se recibe de la Fiscalía 20 del Ministerio Publico (sic) escrito mediante el cual presenta Acusación (sic) Fiscal (sic) contra nuestro representado y se acuerda fijar Audiencia (sic) preliminar para el día 14 de febrero de 2018. Constante de 01 folio, el cual conformaría (sic) el folio 86 del expediente.
Que en la apelación interpuesta dentro del proceso penal indicaron de igual manera que, de una simple revisión del expediente puede comprobarse QUE ES A PARTIR DEL FOLIO 85 DEL EXPEDIENTE EL CUAL CORRESPONDÍA A LA FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2018 y debería estar en perfecto orden cronológico inserto el referido Auto (sic) correspondiente a la Dra, Estela Fe Peña, precisamente el Auto (sic) que riela en el Expediente (sic) y que da irrefutables pruebas de que en esa fecha no había sido consignado el escrito acusatorio contra nuestro representado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, por lo que de una simple revisión se puede apreciar que es justo donde debe reposar inserto el folio correspondiente a la señalada fecha 18 de enero de 2018 grave adulteración y mutilación del expediente que dejan en evidencia un REMARCADO y REFOLIADO del mismo que infiere un desmesurado afán por parte del tribunal para intentar encubrir la INACTIVIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO ACUSATORIO, correspondiendo la incorporación del escrito acusatorio a partir del folio 87, SIENDO TAL ADULTERACIÓN Y MUTILACIÓN DEL EXPEDIENTE UN DELITO QUE TIPIFICADO POR EL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO.
Que alegaron igualmente en la apelación lo siguiente: SEGUNDO: Ciudadanos Magistrados en inspección Judicial (sic) de fecha 22 de enero de 2018 realizada a solicitud de esta defensa técnica por el TRIBUNAL DECIMO (sic) DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Expediente № S-02026-2018 se deja constancia auto agregando acusación fiscal es decir que es en la fecha 22 de enero de 2018, que aparece POR COMO ARTE DE MAGIA un acto conclusivo de acusación fiscal supuestamente sellado y firmado como recibido en la UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS-URDD con fecha 17 de Enero (sic) de 2018 por una funcionaria que se identifica Mariana desconociéndose demás datos identificatorios agregándose al expediente. Fecha de presunta recepción la cual pretende dar por cierta el Tribunal Primero de Control en Materia de violencia (sic) de manera arbitraria sin ningún control y en abierta contradicción con el principio de publicidad, la Doctrina (sic) y la Jurisprudencia (sic). Por otro lado, debe valorar [ese] tribunal de alzada el contenido del folio 19 de la inspección Judicial (sic) señalada supra, el cual contiene auto de fecha 18 de enero de 2018 y se lee en el mismo Quien suscribe ABOGADA FE ESTELA PEÑA, se aboca al conocimiento de la presente causa, en virtud de que la Juez Provisorio MICHAEL MIJAIL PEREZ (sic) AMARO, se encuentra de reposo. Asimismo, se recibe de la ABOG. ROSANNA MARCANO ESCRITO MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE RENUNCIA A LA DEFENSA, Y DE LA CIUDADANA: ISLEIDIS PEREZ (sic) MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTE, constante de un folio. Cúmplase. En el mismo sentido debe valorar este tribunal de alzada auto de fecha 22 enero de 2018 en el cual se lee Se recibe de la Fiscalía 20° del Ministerio Publico (sic), escrito mediante el cual presenta de (sic) acusación fiscal relacionada con el ciudadano JHOAN PEÑALOZA, constante de 17 folios y 10 anexos. Ahora bien.(sic) En virtud de lo antes señalado, se acuerda fijar audiencia preliminar 14/02/2018 a las 2:00 horas de la tarde. Líbrense los actos de comunicación correspondientes. Cúmplase. La Juez primera de primera instancia Abg. Fe estela Peña.- Tal como puede apreciarse ciudadanos Magistrado (sic) la supra indicada inspección revela de manera irrefutable que al no constar en auto de fecha 18 de enero de 2018 suscrito por la Jueza Fe Estela Peña el acto conclusivo de acusación fiscal contra nuestro representado, se deja en evidencia la falta de presentación oportuna del acto conclusivo, además de haber quedado suficientemente probado en autos que la fecha que realmente se presentó el acto conclusivo de acusación fiscal fue el dia (sic) 22 de enero de 2018, Fecha (sic) que el mismo tribunal de la causa tomo (sic) y admitió como fecha cierta de presentación de acto conclusivo de acusación fiscal que TOMO (sic) COMO FECHA DE REFERENCIA O PUNTO DE PARTIDA PARA EL COMPUTO (sic) DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA FIJAR LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR LA CUAL FUE YA REALIZADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, ESTA (sic) CONVENCIDA ESTA REPRESENTACIÓN JURÍDICA QUE FUERON ESTAS RAZONES ENTRE OTRAS POR LAS CUALES EL TRIBUNAL DE LA CAUSA NEGÓ DE MANERA REITERADA EL ACCESO AL EXPEDIENTE A ESTA DEFENSA TÉCNICA LO CUAL QUEDO (sic) DEBIDAMENTE PROBADO EN EL VUELTO DEL FOLIO 05 lineas (sic) 03 quien manifiesta ser asistente, le explicamos el motivo de nuestra comparecencia y manifiesta que en la oportunidad en la cual los abogados solicitaron el expediente no se les presto (sic) porque se encontraba sin firma del Juez EN EL VUELTO DEL FOLIO 06 líneas 1.2 y 3 El (sic) Tribunal deja constancia que efectivamente a la fecha de hoy 22-01-2018, se les permitirá el acceso a las actuaciones, siendo entregadas personalmente por la ciudadana Jueza Temporal Dra. FE ESTELA PEÑA , por lo que consideramos importante señalar que a esta representación jurídica se le impidió el acceso al expediente de manera abusiva y arbitraria desde el día 11 de enero fecha en la cual nos juramentamos en la presente causa y haciendo uso de la inspección Judicial (sic) practicada que logramos imponernos de las actuaciones por lo que debe quedar claro ante este honorable tribunal de alzada el esfuerzo de la vindicta publica (sic) por tratar de incorporar al expediente de manera sobrevenida e ilegal el acto conclusivo de acusación fiscal con una dudosa procedencia, además de dudosa e incierta fecha de recepción por la UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS-URDD (sic), con la abierta colaboración del tribunal primero de primera instancia con competencia en materia de violencia.
Señalaron que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo incurrió, al resolver la primera denuncia esgrimida en la apelación, en una grave omisión, desconocimiento del derecho e incongruencia y consecuentemente la violación DERECHOS FUNDAMENTALES LOS CUALES INVOCAMOS COMO al (sic) derecho (sic) a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso contenidos en Nuestra (sic) Carta Magna 26 y 49 Constitucionales (sic) en que incurre la Corte de Apelaciones al dar como repuesta ante el Argumento (sic) fundamentado de esta defensa técnica cuando solicitamos el DECAIMIENTO DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL POR OMISIÓN FISCAL; AL NO PRESENTAR LA VINDICTA PÚBLICA; DE MANERA OPORTUNA EL ACTO CONCLUSIVO ACUSATORIO, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho (sic) de las mujeres (sic) a una vida (sic) libre (sic) de violencia (sic), establece el Artículo (sic) 82, parágrafo único, en su parte in fine: VENCIDO EL LAPSO SIN QUE ÉL O LA FISCAL PRESENTE EL CORRESPONDIENTE ACTO CONCLUSIVO, EL TRIBUNAL ACORDARA (sic), LA LIBERTAD DEL IMPUTADO O IMPUTADA, O IMPONDRÁ UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA O ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY ( ) TAL COMO FUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO Y DEMOSTRADO EN AUTOS. VALE RESALTAR QUE ES GRAVE LA MALICIOSA CONFUSIÓN EN QUE INCURRE LA CORTE DE APELACIONES Y QUE COMO CONOCEDORES DEL DERECHO QUE SON LOS MAGISTRADOS QUE LA CONFORMAN JAMÁS DEBIERON CONFUNDIR EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA SOLICITADO POR OMISIÓN FISCAL CON UNA SOLICITUD DE REVISION (sic) DE LA MEDIDA, constituyendo tal actuación de la corte (sic) en una incongruencia al decidir algo totalmente diferente a lo peticionado lo cual causa indefensión y es evidentemente violatorio de los derechos fundamentales de nuestro defendido al violar el Derecho (sic) a la defensa, el Derecho (sic) al debido proceso y el Derecho (sic) a la TUTELA (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic).
Señalaron que alegaron, en el recurso de apelación intentado en el proceso penal, otras denuncias, siendo que [l]a Segunda (sic) denuncia la fundamentamos en el articulo (sic) 427 y numerales 1ro, 5to y 7mo. Del (sic) artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal por lo que ejercemos formalmente el recurso de apelación de conformidad con la norma ut supra CONTRA EL AUTO EN EXTENSO DECRETADO mediante decisión con fecha 21 de febrero de 2018, ello en virtud de que habiendo interpuesto esta defensa técnica realizado solicitudes que indicamos más adelante; Pedimos (sic) con el respeto debido a esta honorable Corte de Apelaciones que debe valorar que en el contenido del auto de apertura a juicio fechado erróneamente 16 de enero de 2018 folios del 286 al 293, se detallan las pruebas que fueron ofertadas por el ministerio (sic) público (sic) y admitidas por el tribunal (sic) primero (sic) de primera instancia en materia de violencia¸ concretamente según folio 291, desde la línea hasta el encabezado del folio 292, Destacando (sic) esta defensa técnica, que tanto en el escrito de descargo a la acusación fiscal de fecha 05 de febrero de 2018, como en el acto de la audiencia preliminar de fechas 14 y 15 de febrero lo cual se puede apreciar en folio 132, esta defensa hizo formal oposición a la admisión tanto a los elementos de convicción como DE LAS PRUEBAS.
Luego de señalar, en la fundamentación del recurso de apelación, cuáles fueron los medios de prueba que objetaron, precisaron que no solo es obligación del juez de control en este caso la obligación de MOTIVAR LA RESOLUCION JUDICIAL QUE ESTABLECE LA PRUEBA ANTICIPADA, es también una obligación del Fiscal del Ministerio Publico (sic) MOTIVAR LA SOLICITUD DE PRACTICA (sic) DE LA PRUEBA ANTICIPADA de esta manera quedo (sic) establecido en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 30 de Julio (sic) de dos mil trece (2013) Expediente (sic) N° 11-0145.
Sostuvieron, además, que pidieron en el recurso de apelación que se declare la nulidad absoluta, por incongruencia, ilogicidad, inconstitucionalidad e inmotivación, del auto fundado dictado el 21 de enero de 2018, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por cuanto de manera errónea y maliciosa la recurrida el Tribunal Primero de Primera Instancia con competencia en materia de Violencia (sic) 1) acusa a nuestro representado por el presunto delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS, según folios 286 línea 24, folio 293 línea 10 y por otro lado se entra en abierta contradicción con lo dictado en el AUTO FUNDADO EN EXTENSO fechado 21 de Febrero (sic) de 2018 folios 294-298, donde se afirma de manera errónea e infundada que nuestro representado se le acusa del presunto delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO...Lo (sic) cual se constituye en una fase más de la ilogicidad, inmotivación e incongruencia denunciada violatoria de los derechos fundamentales de nuestro representado lo cual causa UNA GRAVE INDEFENSIÓN. 2)-. Porque el referido tribunal de Control admite pruebas las cuales estan (sic) afectadas de ilegalidad e inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 26, 49, Constitucionales (sic) y artículos 175, 181, 182,183, 264,1 y 12 del c.o.p.p.(sic) 3). A pesar de que en el acto de audiencia preliminar fueron admitidas en su totalidad las pruebas que la defensa ofreció para un eventual juicio oral y privado, según se desprende del folio: 160, línea: 38, las mismas no fueron admitidas en el auto de apertura a juicio en abierta contradicción con lo acordado en las dispositivas de la audiencia preliminar, tal como se evidencia del folio 292, en el punto segundo línea: 04, considerando que la defensa solicitó al tribunal de control primero de primera instancia como pruebas para un eventual juicio oral y privado la práctica de las proposiciones hechas oportunamente ante la fiscalía del ministerio (sic) público (sic), las cuales según oficio de opinión fiscal según folio: 116, por cierto lleno de ambigüedades, contradicciones e ilegalidad, concluye admitiendo parcialmente solo una solicitud de proposición, por lo que la defensa técnica, solicito (sic) al tribunal en el acto de audiencia preliminar, la práctica de las mismas y que una vez realizadas fueran tomadas como ofrecimientos de pruebas, para un eventual juicio oral y privado, de igual forma fueron ofertados 02 contra-expertos y ofertadas pruebas documentales que el tribunal admitió y consigno (sic) al expediente en el acto de audiencia preliminar según se desprende del expediente, las mismas fueron acordadas en su totalidad por la juez de control según folio: 160, línea 38 pero del auto de apertura a juicio se desprende que solo se admite una prueba (02 contra-expertos) según folio: 292, línea: 04.
Sostuvieron igualmente que pidieron con la apelación que SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL AUTO FUNDADO EN EXTENSO FECHADO ERRÓNEAMENTE 21 DE FEBRERO DE 2018, folios 294-298 ESPECÍFICAMENTE CON RESPECTO A LOS PUNTOS LOS (sic) PUNTOS (sic) YA EXPLANADOS A, B Y C, del Capítulo IV del contenido de este RECURSO DE APELACIÓN todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos: 427, 439.1, 439.5 y 437.7 en concordancia con los artículos 49 y 26 constitucionales y los artículos: 175, 181, 182, 183, 264, 1 y 12 del c.o.p.p (sic).
Que solicitaron con el recurso de apelación que se libren las respectivas boletas de excarcelación y cese de inmediato la medida Privativa (sic) de Libertad (sic) ello EN VIRTUD DE HABERSE CONFIGURADO UNA VARIACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y UN CAMBIO DE CALIFICACIÓN SOBREVENIDO EN EL EXPEDIENTE POR AUTO FUNDADO EN EXTENSO fechado 21 de Febrero (sic) de 2018 folios 294-298 AL FUNDAR LA ACUSACION (sic) DE NUESTRO REPRESENTADO DE MANERA FORMAL del presunto delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO...en perjuicio de su adolescente hija... un hecho totalmente ajeno, sobrevenido, incoherente, incongruente e inmotivado que sorprende a esta defensa presunto delito cometido el cual no riela en ninguna parte del expediente: GP01-S-2017-008483 C1V y del cual no existen elementos de prueba alguna contra nuestro representado, con fundamento a los artículos: 427,439.1, 439.5, 439.7 en concordancia con 49 y 26 constitucionales, en relación con los artículos: 175,181, 182, 183, 264, 1 y 12 del c.o.p.p (sic).
Que la Corte de Apelaciones, al resolver las anteriores denuncias, precisó que los recurrentes incurren en señalamientos imprecisos y repetitivos con respecto a las causales invocadas, por lo que no se cumplen con los principios mínimos de Interposición (sic) de recurso de apelación, requerido según lo pautado en la ley adjetiva penal, El recurso deberá ser interpuesto en escrito fundado, en el cual se expresara concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretenda, fuera de esta oportunidad no se podrá aducir otro recurso, verificándose que en el presente recurso, en relación a (sic) las nulidades planteadas en la audiencia preliminar sobre el escrito de solicitud de revisión de fecha 28-01-2018 en el cual se solicita la nulidad absoluta de prueba anticipada por inmotiva (sic); la solicitud de control judicial de fecha 29-01-2018 sobre que el Tribunal no tiene materia sobre que pronunciarse y la falsedad del contenido del examen de reconocimiento legal alegan fundamentos que no se corresponden con la casual invocada, repitiéndose los mismos argumentos en cada una de las denuncias lo cual hace devenir el mismo en un escrito infundado y en ciertas ocasiones hasta incoherente, lo cual conllevaría en principio, a la desestimación del recurso por manifiestamente infundado.
Que la Corte de Apelaciones continúa señalando que, [n]o obstante, teniendo esta Sala como premisa de Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic), advertido y precisado lo anterior, y descartando una serie de consideraciones subjetivas repetitivas que alegamos recurrentes de manera confusa no son competencia de esta Sala, por ser este un Tribunal conocedor de derecho y no de hecho dado el Principio (sic) de inmediación del cual es soberano el tribunal de instancia, y dado el marco de competencia perfectamente delimitado en la ley, esta Sala, haciendo un esfuerzo de interpretación a los fines de brindar, repetimos, tutela judicial efectiva, pese a lo ambiguo del recurso, procede a realizar repetidas lecturas de las pronunciadas denuncias insertas en el recurso de apelación, logrando luego un concienzudo y reflexivo esfuerzo, extraer que la insatisfacción del recurrente con el fallo recurrido, se concreta fundamentalmente en manifestar su inconformidad al resultarle contrario el fallo, toda vez que se advierten en la recurrida las consideraciones ponderadas y razonadas que tomo en cuenta la juzgadora A (sic) quo al emitir su pronunciamiento; por lo que, quienes aquí deciden consideran que la Juzgadora (sic) al tomar en cuenta los elementos aportados y considerar que lo procedente era Declarar (sic) Sin (sic) Lugar (sic) las nulidades presentadas por la defensa técnica del acusado por cuanto estimo que el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Pblico cumple con los requisitos exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir expreso (sic) en forma clara, precisa y circunstanciada el hecho punible que se le atribuyen al acusado, los fundamentos de imputación con expresión de los preceptos jurídicos aplicables, asi (sic) mismo aporto (sic) los medios de prueba, por lo que aquí deciden y considerar que lo procedente era declarar sin lugar las nulidades opuestas por la defensa técnica del acusado de autos por el delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO previstos y sancionados en el artículo 260 y 269 primer y segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes concatenado con el artículo 99 del Código Penal, con la debida conclusión a la cual arribo (sic), con la motivación y análisis de los extremos de ley, como la narración de los hechos establecidos por el Ministerio Público, lo cual es una actividad de la juzgadora cónsona en el ámbito de su competencia en atención a los principios de inmediación y concentración, aunado a que en esta etapa del procedimiento (audiencia preliminar) los jueces aprecian los elementos presentados, con la debida valoración de los mismos en la fase de juicio oral y público.
Sobre lo decidido por la Corte de Apelaciones, alegó la parte actora que los derechos FUNDAMENTALES de nuestro representado fueron vulnerados, al no existir una debida tutela jurídica que garantizara el debido proceso.
Que los ciudadanos tienen derecho a un proceso libre con todas las garantías, a la presunción de inocencia, al debido proceso a la tutela judicial efectiva, igualdad entre las partes, al juez neutral, al respeto de la dignidad humana, derecho a la supremacía constitucional, proceso público y oral, derecho a la contradicción, derechos a la inmediación, derecho a la concentración, derecho a la verdad, derecho a la imparcialidad, la idoneidad y la transparencia en la administración de justicia, derecho a la valoración racional de las pruebas.
Que el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión debido proceso legal. La noción del Debido Proceso como ha sido asumida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho Derecho (sic) como uno de los Derechos (sic) Humanos (sic), vinculado éste a todo proceso jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el reconocimiento judicial a un juicio justo. Este importante principio y derecho tiene su fundamento en el artículo 49 numeral 8 de la Carta Fundamental venezolana.
Que los jueces en cualquier contravención a una norma procesal se erige en violación al debido proceso, principio constitucional que como se dijo, debe ser cumplido con todos los sujetos procesales y de cuya observancia debe estar atento al juez rector del proceso. Sería igualmente, distorsionar el espíritu, propósito y razón de la norma, que como sabemos, es la de garantizar al justiciable que el juez sentenciador presencia el desarrollo del debate, examinara las pruebas y alegatos de las partes a través de sus sentidos, de viva voz y en audiencia oral y publica (sic), tiene pues el juez de la causa que velar por el cumplimiento tanto del debido proceso como también de los principios fundamentales que rigen al derecho penal.
Que [l]as pretensiones del Ministerio Público en la presente causa de retener al imputado, sin que existiera acusación, constituye un perjuicio al imputado, so pretexto configurándose violación al principio de inmediación, a la libertad y al debido proceso, por el fiscal del Ministerio Público, así como también por parte del Juez por ser este garante de todo el proceso penal, es además una contravención al principio de la legalidad, toda vez que, como ha quedado dicho, el principio del debido proceso está dirigido directamente al buen sentenciador.
Que la violación del principio de inmediación, a la libertad y al debido proceso, abriría espacio para la pérdida del control del proceso. Eso así como el juez del proceso le corresponde velar por la estabilidad procesal, velar por las garantías constitucionales, así como también por el respecto a la dignidad humana de aquellas personas que dejaron momentáneamente sus labores, para acudir al llamado del tribunal y participar en la impartición de justicia, tal como se vislumbra en la presente causa, vulnerándose así el derecho a la libertad consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo (sic) 44.
Que la medida preventiva de privación de libertad, que hasta hoy opera en contra de nuestro representado, deviene en ilegitima (sic) con ocasión a la inactividad del Ministerio Público, e incluso el Juez en su condición de garante debió actuar de oficio y actuar con imparcialidad pues la autonomía e independencia con la que gozan los jueces en el ejercicio de sus funciones para decidir las causas sometidas a su conocimiento, tiene sus límites pues toda decisión por razones de justicia y respeto a la constitución (sic) y a la ley obedece al derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia. En tal sentido el Juez debió haber procedido a concederle la libertad al imputado plenamente identificado en esta causa, en virtud de que la representación del Ministerio Publico (sic), no presento (sic) la acusación en el momento oportuno, y al no hacerlo operaba de manera inmediata la libertad de mi representado, vulnerando así el Derecho (sic) consagrado en el Artículo (sic) 44 de la Norma (sic) Constitucional (sic) en concordancia con la Ley Orgánica sobre el derecho (sic) de las mujeres (sic) a una vida (sic) libre (sic) de violencia (sic), establece el Artículo 82, parágrafo único, en su parte in fine: VENCIDO EL LAPSO SIN QUE ÉL O LA FISCAL PRESENTE EL CORRESPONDIENTE ACTO CONCLUSIVO, EL TRIBUNAL ACORDARA (sic), LA LIBERTAD DEL IMPUTADO O IMPUTADA, O IMPONDRÁ UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA O ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY.
Que en el presente caso, se evidencia la falta de motivación por parte del Juez en las pruebas y habiendo sido denunciadas oportunamente no hubo al respecto, que garantizara la efectiva aplicación del debido proceso.
Que no solo es obligación del Juez de control en este caso la obligación de motivar la resolución judicial que establece la prueba anticipada, es también una obligación del Fiscal del Ministerio Público motivar la solicitud de prueba anticipada, de esta manera quedo (sic) establecido, en sentencia de la Sala Constitucional en fecha 30 de Julio (sic) de2013 (sic), en ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan (sic), expediente Nro. 11-0145.
Que al introducir las antes mencionadas pruebas anticipadas se gestó un estado de indefensión por parte de nuestro representado, ya que se le impidió el ejercicio de un derecho de naturaleza proceso, anulando o restringiendo total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.
Que como podrá apreciarse una simple revisión del auto dictado en extenso por el tribunal (sic) primero (sic) de primera (sic) instancia (sic) en MATERIA DE VIOLENCIA folio 294 lineas (sic) 1 a la 8 se puede leer Celebrando (sic) como fue la audiencia preliminar en fecha 14.02.2018 y 15.02.2018 en presente (sic) causa seguida al ciudadano YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL titular de la cedula (sic) de identidad V- 16.896.506, acto en el cual otros aspectos, el Tribunal admitió acusación (sic) interpuesta por el Ministerio Publico (sic), por la presunta comisión de delito (sic) de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE (sic) CON PENETRACION (sic) ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO, Afirmación (sic) que esta defensa califica como incongruente, inmotivada, falsa, disparatada, incoherente y con ilogicidad manifiesta, ello en virtud que de manera arbitraria y violando todas las disposiciones legales y constitucionales denunciadas ya que el presunto delito por el cual fue acusado nuestro defendido fue ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACION (sic) VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITO, llegando al extremo aberrante este tribunal de cambiar maliciosamente la calificación con fines desproporcionadamente inconfesables, expresa: la defensa del ciudadano YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, en la audiencia preliminar planteo (sic) lo siguiente ratifica (sic) la solicitud de NULIDAD de: 1. Sobre escrito de solicitud de nulidades de fecha 29.01.2018 en el folio 126 en el cual expresa nulidad absoluta de prueba anticipada por inmotivada. 2. Solicitud de control judicial de fecha 29-01-2018 en el folio 129, que este tribunal no tiene materia de que pronunciarse puesto lo solicitado se encuentra en los folios 115-124 consignado en la fecha 23.01.2018. 3. Falsedad del examen de reconocimiento legal, el cual se encuentra en los folios 138 de fecha 07.02.2018.
Que la CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, SALA NRO. 1, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en su decisión considero (sic) las denuncias segunda y tercera de manera conjunta y no separadamente, este defensa técnica considera que ambas denuncias obedecen a violaciones de la norma que deben tratarse de manera separada, en virtud de que en la segunda denuncia se hace referencia a las pruebas anticipadas, en la cual nos opusimos en cada una de las partes, por considerarlas inmotivadas, y en la tercera denuncia el cambio de calificación con el fin de tratar de confundir, generando indefensión, afirmación que esta defensa califica como incongruente, inmotivada, falsa, disparatada, incoherente y con ilogicidad manifiesta, vemos pues ciudadanos Magistrados que este cambio de calificación genera para mi representado indefensión.
Que [a] su vez ciudadanos Magistrados a nuestro defendido se le asignó una calificación jurídica que por parte del Ministerio Publico (sic), calificación que posteriormente el Tribunal Aquó (sic) cambiaria desmejorando desmedidamente a nuestro defendido y es de resaltar que en los principios del derecho penal siempre buscara (sic) favorecer al imputado no dejarlo en estado de indefensión, principio que se ve violado y vulnerado en nuestro representado.
En virtud de los anteriores fundamentos, la parte actora solicitó que se admita la presente acción de amparo constitucional; sea declarada la nulidad absoluta del auto de apertura a juicio dictado, el 16 de febrero de 2018, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; se declare la nulidad absoluta de las actuaciones contenidas en el auto fundado en extenso emitido por ese TRIBUNAL AQUÓ (sic); sean declaradas como pruebas ilegales e inconstitucionales y en consecuencia NULAS DE NULIDAD ABSOLUTAS las pruebas señaladas en los puntos a, b, c, d, e y f del Capítulo III del contenido del RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO ANTE LA CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, SALA NRO. 1, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO; se libren las respectivas boletas de excarcelación y cese de inmediato la (sic) medida Privativa (sic) de Libertad (sic) ello EN VIRTUD DE HABERSE CONFIGURADO UNA VARIACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y UN CAMBIO DE CALIFICACION (sic) SOBREVENIDO EN EL EXPEDIENTE POR AUTO FUNDADO EN EXTENSO lo cual causa idenfensión a nuestro defendido emitido en fecha 21 de Febrero (sic) de 2018.
II
DE LA DECISIÓN ADVERSADA CON EL AMPARO
El 25 de junio de 2018, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declaró lo siguiente:
PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados NOE ENOC MUJICA VELIZ, MOISES (sic) OBED MUJICA VELIZ y LUIS AMADO ALCANTARA (sic) HERRERA Defensores Privados del imputado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL, en contra de la decisión dictada en fecha 21-02-2018 por el Tribunal Primero en Función de Control, Audiencias y Medidas en Materia de Violencia Contra la Mujer, donde declara SIN LUGAR las nulidades opuestas por la defensa técnica del imputado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL mediante escrito de fecha 17-01-2018, asimismo acordó MANTENER LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD al referido ciudadano en la causa que se le sigue signada bajo el Nro. GP01-S-2017-008483, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACION (sic) VAGINAL AGRAVADO CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS previsto y sancionado en el artículo 259 en su primer aparte y segundo aparte de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente concatenado con el articulo (sic) 99 y 88 del Código Penal, igualmente declaro SIN LUGAR la revisión de la medida que pesa sobre el prenombrado imputado.
SEGUNDO: Queda Confirmada (sic) la decisión del Tribunal a quo.
TERCERO: Remítase el presente asunto al Tribunal de origen.
Para llegar a la anterior decisión, el referido juzgado colegiado se fundamentó en lo siguiente:
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el presente asunto, el Tribunal de Instancia Con Competencia Especial De Delitos De Violencia Contra La Mujer en fecha 21-02-2018 declaro (sic) SIN LUGAR las nulidades opuestas por la defensa técnica del acusado JOHAN ALBERINO PEÑALOZA RANGEL mediante escrito consignado en fecha 17-01-2018 al momento de realizar oposición al escrito acusatorio y ratificada en la audiencia preliminar; asimismo acordó mantener la medida judicial privativa de libertad al referido ciudadano en el proceso seguido por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO previstos y sancionados en el (sic) articulo (sic) 260 y 259 primer y segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes concatenado con el (sic) articulo (sic) 99 y 88 del Código Penal en perjuicio de victima (sic) de 12 años de edad (Identidad (sic) omitida artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); igualmente DECLARO (sic) SIN LUGAR la revisión de la medida que pesa sobre el mismo.
Contra dicha decisión los profesionales del derecho NOE (sic) ENOC MUJICA VELIZ, MOISES (sic) OBED MUJICA VELIZ y LUIS AMADO ALCANTARA (sic) HERRERA, procediendo en su condición de defensores privados del ciudadano JOHAN ALBERINO PEÑALOZA RANGEL interponen recurso de apelación, de conformidad con los artículos 111 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los artículos 423, 424, 439.4 y 314 en su ultimo (sic) aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos que parcialmente se transcriben:
La Defensa presenta un extenso e impreciso, recurso de apelación estructurado en tres denuncias, que titula en los siguientes términos:
1.- La Primera (sic) Denuncia (sic) la fundamentamos en el numeral 4to. Del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal CONTRA EL AUTO EN EXTENSO DECRETADO mediante decisión emitida en fecha 21 de febrero de 2018, ello en virtud de que habiendo interpuesto esta defensa técnica solicitud de decaimiento de medida privativa de libertad mediante escritos de fecha 22 de enero de 2018 y ratificación de solicitud de decaimiento de medida privativa de libertad de fecha 07 de febrero de 2018 a favor de nuestro representado YOHAN ALBEIRO PEÑALOZA RANGEL y a que el MINISTERIO PÚBLICO, NO PRESENTO (sic) ACTO CONCLUSIVO DE ACUSACIÓN FISCAL, NI SOLICITO (sic) OPORTUNAMENTE LA PRORROGA (sic) DEBIDAMENTE FUNDADADA CON AL MENOS CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A SU VENCIMIENTO. El correspondiente acto conclusivo, debió ser PRESENTADO EN FECHA 17 DE ENERO DEL AÑO 2018.
Considera esta Sala una vez analizada esta primera denuncia, que la Jueza ad (sic) quo expuso suficientemente las razones de hecho y de derecho es los cuales basó negar la solicitud de decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado de autos, toda vez que consideró que se encontraban en presencia de la comisión de un hecho punible que establece pena privativa de libertad, como es el delito de Abuso (sic) Sexual (sic) a Adolescente (sic) y Niña (sic) con penetración vaginal agravado y continuado en concurso real de delitos, previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte y segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual merece pena de prisión y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, señalando la existencia de pluralidad de elementos de convicción para estimar que el acusado es autor o partícipe del delito que le imputa el representante del Ministerio Público, constituidos por la declaración de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic) Sub-Delegación Valencia (previa exhibición del informe policial de fecha 14-12-2017); de la Dra Celina Alfonso medico (sic) forense adscrita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Estado Carabobo (previa exhibición del reconocimiento medico (sic) legal); del Lic. MIGUEL AREVALO (Psicólogo) adscrito al equipo multidisciplinario del Tribunal de Violencia del Estado Carabobo previa exhibición de los informes psicológicos); de la Lic. Carmen Guerra (Psicólogo) adscrita a la Unidad de Atención a la victima (sic) del Ministerio Publico (sic) (previa exhibición de los informes psicológicos) y de la ciudadana ISLEYDI PEREZ (sic) representante legal de la victima (sic), considerando a su vez la existencia del peligro de fuga, en virtud de la pena que pudiera llegarse a imponer por el delito imputado que prevé una pena de prisión de quince a veinte años, así como la magnitud del daño causado, atendiendo el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, toda vez que las víctimas son una adolescente de 12 años de edad y una niña de tres (3) años, y en consideración al peligro de obstaculización para la búsqueda de la verdad, en virtud de que el imputado conoce a la víctima y testigos pudiendo influir en los mismos, motivo por el cual la Juzgadora (sic) a quo consideró procedente y ajustado a derecho mantener la medida privativa objeto de impugnación. Constatándose que la Juzgadora (sic) a quo cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a (sic) la medida de privación judicial preventiva de libertad, dictada de conformidad con los supuestos establecidos en el mismo; por lo que se declara SIN LUGAR lo peticionado.
En relación a (sic) la segunda y tercera denuncias delatadas por quien recurre, se observa que fueron expuestas en los siguientes términos:
2.- La Segunda denuncia Omisis (sic)
esta defensa hizo formal oposición a la admisión tanto a los elementos de convicción como DE LAS PRUEBAS SIGUIENTES QUE DETALLAREMOS A CONTINUACIÓN: POR SER PRUEBAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALES VIOLATORIAS DEL (sic) ARTICULO (sic) 26 Y 49 CONSTITUCIONALES Y 181, 182 Y 183 de la norma procesal adjetiva tales como: a)- Evaluación psicológica N° 08-FS-UAV-1964-2017 DE FECHA 18 -12-2017, SUSCRITA POR LA LICENCIADA CARMEN GUERRA, psicólogo II, adscrita a la unidad de atención a la víctima de la fiscalía superior del Estado Carabobo, b)- Evaluación psicológica N° 08-FS-UAV-1965-2017 DE FECHA 18 -12-2017, SUSCRITA POR LA LICENCIADA CARMEN GUERRA, psicólogo II, adscrita a la unidad de atención a la víctima de la fiscalía superior del Estado Carabobo omisis
asimismo solicito (sic) la nulidad absoluta de la decisión inmotivada de realización de la Audiencia (sic) de Prueba (sic) Anticipada (sic) al niño
ESTA DEFENSA TÉCNICA SE opuso y se OPONE A LAS PRUEBAS ANTICIPADAS POR SER NULAS DE NULIDAD ABSOLUTA TAL COMO EXPONEMOS A CONTINUACIÓN Omisis (sic)
por estar estas viciadas de nulidad absoluta, por cuanto la realización de la práctica de dichas pruebas se encuentra reñida con el artículo: 289 primer aparte POR INMOTIVACIÓN TANTO DE LA VINDICTA PUBLICA (sic) COMO DEL JUEZ DE CONTROL ya que puede evidenciarse de una simple revisión del encabezado del folio 74, en el contenido del auto motivado de fecha 19 de diciembre de 2017 que el juez no pronuncia en su decisión ningún argumento de hecho, menos de derecho para la realización de tal prueba, por cuanto no se explica cuál era el obstáculo difícil de superar que le hacía presumir tanto al fiscal del ministerio (sic) público (sic) como al juez de control que tales pruebas no se podían practicar en el juicio oral y privado, porque si bien es cierto que tales pruebas anticipadas se pueden practicar no es menos cierto que por tener carácter excepcionalísimo, también se deben llenar los extremos de ley que son la MOTIVACIÓN FISCAL de dicha solicitud y un AUTO FUNDADO DEL JUEZ donde se acuerda la práctica de dicha solicitud para no lesionar el derecho a la defensa del imputado y el debido proceso
Omisis (sic)
3.- La tercera denuncia DE LA NULIDAD ABSOLUTA POR INCONGRUECIA (sic). ILOGICIDAD, INCONSTITUCIONALIDAD E INMOTIVACION (sic) DEL AUTO FUNDADO DICTADO EN EXTENSO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2018 Ciudadanos Magistrados como podrá apreciarse una simple revisión del auto dictado en extenso por el tribunal (sic) primero (sic) de (sic) primera (sic) instancia (sic) en MATERIA DE VIOLENCIA folio 294 líneas 1 a la 8 se puede leer Celebrado como fue la audiencia preliminar en fecha 14.02.2018 y 15-02-2018 en la presente causa seguida al ciudadano YOHAN ALBERIRO PEÑALOZA RANGEL titular de la cédula de identidad V-16.896.506, acto en el cual entre otros aspectos, el Tribunal admitió acusación interpuesta por el Ministerio Publico (sic), por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO.... Afirmación la cual esta defensa califica como incongruente, inmotivada, falsa, disparatada, incoherente y con ilogicidad manifiesta ello en virtud que de manera arbitraria y violando todas las disposiciones legales y constitucionales denunciadas ya que el presunto delito por el cual fue acusado nuestro defendido fue ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS, llegando al extremo aberrante este tribunal de cambiar maliciosamente la calificación con fines desproporcionadamente inconfesables más adelante en las líneas 15 y siguientes expresa:
la defensa del ciudadano YOHAN ALBERIRO PEÑALOZA RANGEL en la audiencia preliminar planteo (sic) lo siguiente ratifica la solicitud de NULIDAD de (sic).
1. Sobre escrito de solicitud de revisión fecha 29 -01-2018 en el folio 126 en el cual solicita nulidad absoluta de prueba anticipada por inmotiva (sic), 2. Solicitud de control judicial de fecha 29-01-2018 en el folio 129, que este tribunal no tiene materia de que pronunciarse puesto que lo solicitado se encuentra en los folios 115-124 consignado en fecha 23-01-2018. 3. falsedad del contenido del examen de reconocimiento legal la cual se encuentra en los folios 138 de fecha 07-02-2018.
A) RESPUESTA AL ESCRITO DE FECHA 29.01.2018 Tal como podrá apreciarse en el encabezado del folio 295 contenidos del auto fundado en extenso, se hacen una serie de incongruentes invocaciones jurisprudenciales y legales que en nada responden a nuestra solicitud de nulidad de las pruebas anticipadas realizadas en 18.12.2018 por la falta de motivación lo que las afecta de nulidad absoluta. Razón por la que actuando en derecho esta honorable corte (sic) de Apelaciones deberá declarar NULO DE NULIDAD ABSOLUTO EL MISMO EN FUNDAMENTO AL DERECHO A LA DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y en consecuencia declare nulas de nulidad absoluta con fundamento al artículo con fundamento en los artículos 26, 49, Constitucionales y artículos 175,181, 182, 183, 264, 1 y 12 del c.o.p.p (sic) las pruebas anticipadas realizadas a los niños en fechas 14 de febrero de 2018 y 18 de Diciembre (sic) de 2018 respectivamente, por igualmente haberse transgredido las disposiciones establecidas en los Lineamientos (sic) sobre el testimonio de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos judiciales ante los tribunales de protección establecida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 13 de abril de 2013; en sus acuerda: (sic) Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.
B) RESPUESTA AL ESCRITO DE FECHA 29.01.2018 2 Solicitud de control judicial de fecha 29-01-2018 el tribunal considera suficiente repuesta y motivación a la solicitud de control judicial realizada a las incongruentes inmotivadas justificaciones que realiza la fiscal de manera extemporánea por no haber realizado las pruebas solicitadas por la defensa lo cual se desprende de una simple lectura a escrito consignado en fecha 15 de febrero del 2018, ya casi en la etapa culminante de la finalización de la audiencia preliminar ver folios 115 al 124 Razones (sic) de hecho y de derecho que hacen nulo de nulidad absoluta este inmotivado auto fundado en extenso de fecha 21.01.2017 con fundamento a los artículos 26,49, Constitucionales y artículos 175,181, 182, 183, 264,1 y 12 del c.o.p.p. (sic).
C) RESPUESTA AL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A ACUSACIÓN FISCAL DE FECHA 07-02-2018. (3. FALSEDAD DEL CONTENIDO DEL EXAMEN DE RECONOCIMIENTO LEGAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS 138).
Como podrá apreciarse de una simple lectura de (sic) del folio 296 líneas 25 y siguientes el referido tribunal de control en el auto fundado dictado en extenso omite pronunciarse sobre el fondo de la solicitud formulada en el folio 138 y por toda contestación de manera maliciosa, sobrevenida, incongruente, inmotivada y cargada de ilogicidad afirma Vista la solicitud de la defensa privada los Abogados RAFAELA DEL CARMEN ANDRADE Y JAIME PINTO SUIBE FEDERICO, sobre el escrito de solicitud de revisión de Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de libertad a favor del ciudadano YOHAN ALBERIRO PEÑALOZA RANGEL impuesta el 27/10/2017; Cabe (sic) señalar que esta juzgadora debe analizar cada uno de los supuestos que establecen los artículos 236 numerales 1, 2, y 3, 237 numerales 2 y 3 y 238 numerales 3 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que al encartado se le sigue un proceso en su contra por el delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) ORAL AGRAVADO Y CONTINUADO en perjuicio de su adolescente hija . Ahora bien ciudadanos magistrados (sic) de tal afirmación por parte de la recurrida de autos se puede comprobar claramente el desvarió (sic) en que incurre la juzgadora ya que no solo omite maliciosamente sobre lo solicitado, sino que además incurre en un sobrevenido y mal intencionado cambio de calificación para tratar de confundir, generando indefensión con esta práctica por ser totalmente incongruente e inmotivado su pronunciamiento pero además observándose que es tan desmesurado su accionar que hasta le cambia los nombres a los representante de esta defensa técnica para evitar referirse a ellos. Razones suficientes para que este honorable tribunal de alzada declare NULO DE NULIDAD ABSOLUTA el auto fundado en extenso de fecha 21 de Febrero (sic) de 2018 ello en virtud que la omisión de pronunciarse referente a la solicitud genera INMOTIVACION (sic), INCONGRUENCIA E INDEFENSIÓN y tales actuaciones violan derechos fundamentales de nuestro representado consagrados en los artículos 26 y 49 Constitucionales (sic).
Así planteadas las denuncias, observa esta Sala al leer el fondo de cada uno de los argumentos expuestos, que los recurrentes incurren en señalamientos imprecisos y repetitivos con respecto a las causales invocadas, por lo que no se cumple con los principios mínimos de interposición de recurso de apelación, requeridos según lo pautado en la ley adjetiva penal, El recurso deberá ser interpuesto en escrito fundado, en el cual se expresara concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretenda, fuera de esta oportunidad no se podrá aducir otro recurso, verificándose que en el presente recurso, en relación a (sic) las nulidades planteada en la audiencia preliminar sobre el escrito de solicitud de revisión de fecha 29-01-2018 en el cual solicita la nulidad absoluta de prueba anticipada por inmotiva (sic); la solicitud de control judicial de fecha 29-01-2018 sobre que el Tribunal no tiene materia sobre que pronunciarse y la falsedad del contenido del examen de reconocimiento legal, alegan fundamentos que no se corresponden con la causal invocada, repitiéndose los mismos argumentos en cada una de las denuncias lo cual hace devenir el mismo en un escrito infundado y en ciertas ocasiones hasta incoherente, lo cual conllevaría en principio, a la desestimación del recurso por manifiestamente infundado.
No obstante, teniendo esta Sala como premisa la Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic), advertido y precisado lo anterior, y descartando una serie de consideraciones subjetivas y repetitivas que alegan los recurrentes de manera confusa, las cuales no son competencia de esta Sala, por ser este un Tribunal conocedor de derecho y no de hechos dado el Principio (sic) de Inmediación (sic) del cual es soberano el tribunal de instancia, y dado el marco de competencia perfectamente delimitado en la ley, esta Sala, haciendo un esfuerzo de interpretación a los fines de brindar, repetimos, tutela judicial efectiva, pese a lo ambiguo del recurso, procede a realizar repetidas lecturas de las procuradas denuncias insertas en el recurso de apelación, logrando luego de un concienzudo y reflexivo esfuerzo, extraer que la insatisfacción del recurrente con el fallo recurrido, se concreta fundamentalmente en manifestar su inconformidad al resultarle contrario el fallo, toda vez que se advierten en la recurrida las consideraciones ponderadas y razonadas que tomó en cuenta la juzgadora A (sic) quo al emitir su pronunciamiento; por lo que, quienes aquí deciden consideran que la Juzgadora (sic) al tomar en cuenta los elementos aportados y considerar que lo procedente era Declarar (sic) Sin (sic) Lugar (sic) las nulidades presentadas por la defensa técnica del acusado por cuanto estimó que el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Publico (sic) cumple con los requisitos exigidos en el articulo (sic) 308 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir expresó en forma clara, precisa y circunstanciada el hecho punible que se le atribuye al acusado, los fundamentos de imputación con expresión de los preceptos jurídicos aplicables, asimismo aportó los medios de prueba, por lo que, quienes aquí deciden consideran ajustada a derecho la recurrida al tomar en cuenta dichos elementos aportados y considerar que lo procedente era declarar sin lugar las nulidades opuestas por la defensa técnica del acusado de autos por el delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACION (sic) VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO previstos y sancionados en el (sic) articulo (sic) 260 y 259 primer y segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes concatenado con el articulo (sic) 99 del Código Penal, con la debida conclusión a la cual arribó, con la motivación y análisis de los extremos de ley, como la narración de los hechos establecidos por el Ministerio Público, lo cual es una actividad de la Juzgadora (sic) cónsona con el ámbito de su competencia en atención a los principios de inmediación y concentración, aunado a que en esta etapa del procedimiento (audiencia preliminar), los jueces aprecian los elementos presentados, con la debida valoración de los mismos en la fase del juicio oral y público.
En el presente caso, la Juzgadora (sic) a quo, procedió a determinar la procedencia o no de la revisión de medida solicitada y las nulidades y en razón de ello apreció que se encontraban cumplidos los requisitos de los artículos 236, 237 y 238 del texto adjetivo penal, entre ellos: la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la participación del acusado en el hecho punible investigado; considerando igualmente la presunción de peligro de fuga y de obstaculización; cumpliendo con la exposición de los fundamentos que lo sustentan. Por lo que la decisión objeto de impugnación cumple con las condiciones que constituyen el fundamento de la potestad del Estado para aplicar alguna medida restrictiva a la libertad personal, como es que existan fundados elementos de convicción en contra del acusado respecto a la comisión del delito, los cuales fueron señalados en la decisión recurrida; así como también el temor fundado de que el acusado de autos no se someterá voluntariamente a la persecución penal, en virtud de la presunción del peligro de fuga, tomando en consideración el delito objeto del presente asunto penal, dando igualmente cumplimiento con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 181, de fecha 09 de marzo de 2009, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en donde se señala lo siguiente:
En consecuencia, habiéndose advertido que la decisión objeto del recurso de apelación cumplió con todos los requisitos legales a los fines de declarar sin lugar las solicitudes de nulidades invocadas por la defensa técnica del acusado YOHAN ALBERIRO PEÑALOZA RANGEL, estima esta alzada que no le asiste la razón al recurrente; y es por lo que esta Corte de Apelaciones Declara (sic) Sin (sic) Lugar (sic) el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión dictada por el Tribunal en Función de Control Audiencias y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, mediante en fecha 21-02-2018 en el asunto Nro. GP01-S-2017-008483 seguida por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACION (sic) VAGINAL AGRAVADO CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS previsto y sancionado en el artículo 259 en su primer aparte y segundo aparte de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y en consecuencia queda CONFIRMADA la decisión recurrida. Y así se decide.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de su competencia para el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece en el numeral 20 del artículo 25, que a esta Sala le corresponde conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo las incoadas contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Siendo así, visto que la acción de amparo constitucional interpuesta tiene por objeto una decisión dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer y decidir el presente amparo constitucional; todo ello en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece el amparo contra sentencia. Así se declara.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Previo a cualquier pronunciamiento de fondo esta Sala debe revisar los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto, observa que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al mismo tiempo que la solicitud ha cumplido con los requisitos contenidos en el artículo 18 ibidem.
Asimismo, se observa que la demanda de amparo no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; motivo suficiente para que esta Sala proceda a declarar admisible la acción de amparo interpuesta. Así se declara.
V
DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO
Esta Sala, en decisión N° 993, del 16 de julio de 2013 (caso: Daniel Guédez Hernández y otros), bajo una interpretación progresiva de normas constitucionales, y en procura de garantizar la tutela judicial efectiva y dar cumplimiento al mandato del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció, con carácter vinculante y con base en el artículo 335 del referido texto, que habían situaciones en las que el justiciable exponía ser víctima de agravios constitucionales que, al ser evidenciados por esta Sala, permitía lograr un inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida; es así, como en la referida sentencia se expresó lo siguiente:
De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
Ahora bien, la parte actora en el presente caso impugna, a través del amparo constitucional, la decisión dictada, el 25 de junio de 2018, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, alegando, como hecho sustancial, que ese Juzgado no realizó un pronunciamiento exhaustivo de todo lo señalado en el recurso de apelación que se intentó en el juicio principal primigenio.
Así las cosas, esta Sala observa que lo denunciado constituye una situación de mero derecho, lo que permite que la presente acción de amparo pueda ser resuelta con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio, razón por la cual, se pasará a decidir el fondo de las denuncias planteadas, sin necesidad de celebrar la audiencia pública constitucional, tal como se sostuvo en la citada sentencia número 993/13; máxime cuando consta en el expediente que fue consignada por la parte actora, copia certificada del fallo señalado como lesivo. Así se declara.
VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto, observa:
El presente procedimiento de amparo se origina por el hecho de que los abogados Noé Enoc Mujica, Moisés Obed Mujica Veliz y Luis Amado Alcántara Herrera, en su condición de defensores privados del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel, acudieron a la Secretaría de la Sala con el objeto de interponer la presente demanda de amparo constitucional en contra de la decisión dictada, el 25 de junio de 2018, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del quejoso, intentado en contra de la decisión dictada, el 21 de febrero de 2018, por el Juzgado Primero en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta y acordó mantener la privación judicial preventiva de libertad del accionante, quien es procesado penalmente por la presunta comisión del delito de abuso sexual a niña con penetración vaginal agravado continuado, ejecutado en concurso real de delitos.
Ahora bien, en primer lugar se precisa que la demanda de amparo de autos, a juicio de esta Máxima Instancia Constitucional, presenta, en algunas de sus partes, alegatos no claros, contentivos de argumentos aislados y confusos, con errores gramaticales en general; sin embargo, es de hacer notar que esta Sala, haciendo un esfuerzo en el análisis en la determinación del contenido de la demanda de amparo y tomando en cuenta el principio pro actione, pudo determinar, de forma cierta, qué es lo que pretende la parte actora, lo cual, se resume en los siguientes términos:
1.- Señala la parte actora, que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo omitió notificar al ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel del contenido de la decisión objetada con el presente amparo, lo cual, a su juicio, vulnera el orden público e imposibilita la interposición del recurso de casación; señalando, a tal efecto, que la Secretaria el mencionado juzgado colegiado le manifestó QUE NO SE LE DARÁ CUMPLIMIENTO A DICHO REQUERIMIENTO POR TRATARSE DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
2.- Alega la parte accionante que ocurrieron una serie de actos procesales en la fase intermedia del proceso penal primigenio que considera no ajustados a derecho y que, por tal motivo, interpusieron recurso de apelación para que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo los anulara, mediante la resolución del mérito de esa impugnación.
3.- En tal sentido, sostiene la parte actora que invocaron en el recurso de apelación el hecho de que solicitaron, en la primera instancia penal, el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada al quejoso, toda vez que la representación del Ministerio Público no presentó la acusación, ni solicitó oportunamente alguna prórroga para consignarla, todo ello de conformidad con lo señalado en el artículo 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
4.- Señalan los representantes del accionante que alegaron en el recurso de apelación interpuesto en el proceso penal que no consta en el expediente que la acusación fiscal se presentó el 18 de enero de 2018 ni el 22 de enero de 2018, siendo esta última oportunidad cuando se realizó una inspección judicial sobre el contenido del expediente penal, donde se deja constancia de esa afirmación de hecho.
5.- Por tal motivo, consideran, respecto a la oportunidad en la cual debe presentarse la acusación fiscal, que el presente caso obedece al vencimiento de un lapso preclusión (sic) que solo se transcurre en una sola oportunidad, pues se trata de la perdida (sic) de la vigencia de la Medida (sic) de coerción personal por el transcurrir del tiempo, así como lo ha establecido la Sentencia (sic) número 3036 emitida por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal con ponencia del Magistrado A.D.R. (sic), específicamente el vencimiento de un lapso, implica la libertad del detenido que incluso debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia, sin embargo tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares en atención al contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6.- Alegan, además, que en el expediente penal existe un cúmulo de pruebas que soportan sus denuncias realizadas en el recurso de apelación.
7.- Precisan que, en el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso penal, invocaron igualmente que la foliatura de las actas que conforman el expediente de la causa penal no tiene una relación con la cronología de los actos procesales por lo que de una simple revisión se puede apreciar que es justo donde debe reposar inserto el folio correspondiente a la señalada fecha 18 de enero de 2018 grave adulteración y mutilación del expediente que dejan en evidencia un REMARCADO y REFOLIADO del mismo que infiere un desmesurado afán por parte del tribunal para intentar encubrir la INACTIVIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO ACUSATORIO.
8.- Arguyen que, en el recurso de apelación impugnaron igualmente el EL AUTO EN EXTENSO DECRETADO mediante decisión con fecha 21 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en razón de que en el mismo se detallan las pruebas que fueron ofertadas por el ministerio (sic) público (sic) y admitidas por el tribunal (sic) primero (sic) de primera instancia en materia de violencia¸ concretamente según folio 291, desde la línea hasta el encabezado del folio 292, Destacando (sic) [esa] defensa técnica, que tanto en el escrito de descargo a la acusación fiscal de fecha 05 de febrero de 2018, como en el acto de la audiencia preliminar de fechas 14 y 15 de febrero lo cual se puede apreciar en folio 132, [esa] defensa hizo formal oposición a la admisión tanto a los elementos de convicción como DE LAS PRUEBAS.
9.- Además, que en el recurso de apelación impugnaron una prueba anticipada, toda vez que el Ministerio Público no motivó la solicitud de la práctica de ese medio probatorio, en contradicción, a su juicio, de lo asentado por esta Sala en decisión del 30 de Julio (sic) de dos mil trece (2013) Expediente (sic) N° 11-0145.
10.- Igualmente invocaron que, en el recurso de apelación se pidió la nulidad absoluta, por incongruencia, ilogicidad, inconstitucionalidad e inmotivación, del auto fundado dictado el 21 de enero de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por cuanto de manera errónea y maliciosa la recurrida el Tribunal Primero de Primera Instancia con competencia en materia de Violencia 1) acusa a nuestro representado por el presunto delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL AGRAVADO Y CONTINUADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS.
11.- Que en el recurso de apelación solicitaron igualmente LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL AUTO FUNDADO EN EXTENSO FECHADO ERRÓNEAMENTE 21 DE FEBRERO DE 2018, folios 294-298 ESPECÍFICAMENTE CON RESPECTO A LOS PUNTOS LOS (sic) PUNTOS (sic) YA EXPLANADOS A, B Y C, del Capítulo IV del contenido de [ese] RECURSO DE APELACIÓN todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos: 427, 439.1, 439.5 y 437.7 en concordancia con los artículos 49 y 26 constitucionales y los artículos: 175, 181, 182, 183, 264, 1 y 12 del c.o.p.p (sic).
12.- Además, que pidieron en el recurso de apelación que se libraran las respectivas boletas de excarcelación y cese de inmediato la medida Privativa (sic) de Libertad (sic) ello EN VIRTUD DE HABERSE CONFIGURADO UNA VARIACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y UN CAMBIO DE CALIFICACIÓN SOBREVENIDO EN EL EXPEDIENTE POR AUTO FUNDADO EN EXTENSO fechado 21 de Febrero (sic) de 2018 folios 294-298 AL FUNDAR LA ACUSACION (sic) DE NUESTRO REPRESENTADO DE MANERA FORMAL del presunto delito de ABUSO SEXUAL ADOLESCENTE CON PENETRACION ORAL (sic) AGRAVADO Y CONTINUADO...en perjuicio de su adolescente hija un hecho totalmente ajeno, sobrevenido, incoherente, incongruente e inmotivado que sorprende a esta defensa presunto delito cometido el cual no riela en ninguna parte del expediente.
13.- Alega la parte actora que, sin embargo, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, le vulneró a su patrocinado los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y al debido proceso, en razón de que no resolvió todo lo que se denunció en el recurso de apelación, por cuanto la decisión objetada con el amparo considero (sic) las denuncias segunda y tercera de manera conjunta y no separadamente, este defensa técnica considera que ambas denuncias obedecen a violaciones de la norma que deben tratarse de manera separada, en virtud de que en la segunda denuncia se hace referencia a las pruebas anticipadas, en la cual nos opusimos en cada una de las partes, por considerarlas inmotivadas, y en la tercera denuncia el cambio de calificación con el fin de tratar de confundir, generando indefensión, afirmación que esta defensa califica como incongruente, inmotivada, falsa, disparatada, incoherente y con ilogicidad manifiesta, vemos pues ciudadanos Magistrados que este cambio de calificación genera para mi representado indefensión.
14.- En virtud de todo lo anterior, la parte accionante pide que, en el presente procedimiento de amparo, sea declarada la nulidad absoluta del auto de apertura a juicio dictado el 16 de febrero de 2018, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; se declare la nulidad absoluta de las actuaciones contenidas en el auto fundado en extenso emitido por el TRIBUNAL AQUÓ (sic); sean declaradas como pruebas ilegales e inconstitucionales y en consecuencia NULAS DE NULIDAD ABSOLUTAS las pruebas señaladas en los puntos a, b, c, d, e y f del Capítulo III del contenido del RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO ANTE LA CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, SALA NRO. 1, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO; se libren las respectivas boletas de excarcelación y cese de inmediato la (sic) medida Privativa (sic) de Libertad (sic) ello EN VIRTUD DE HABERSE CONFIGURADO UNA VARIACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y UN CAMBIO DE CALIFICACION (sic) SOBREVENIDO EN EL EXPEDIENTE POR AUTO FUNDADO EN EXTENSO lo cual causa idenfensión a nuestro defendido emitido en fecha 21 de Febrero (sic) de 2018.
Ahora bien, determinado, en resumen, lo pretendido por la parte actora, esta Sala Constitucional observa que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, al resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso penal, no se pronunció, en forma exhaustiva, sobre todos los puntos que le fueron sometidos a su conocimiento por parte de la defensa privada del ciudadano Johan Albeiro Peñaloza Rangel, a pesar de que, como bien comparte esta Máxima Instancia Constitucional, La Defensa presenta un extenso e impreciso, recurso de apelación estructurado en tres denuncias, que conllevó al referido órgano jurisdiccional a realizar un esfuerzo para poder determinar lo peticionado en ese medio de impugnación penal, no siendo sencilla, por lo tanto, la resolución del mérito de la referida apelación.
A pesar de lo confuso del contenido del recurso de apelación intentado dentro del proceso penal, esta Sala puede constatar que la defensa privada del quejoso alega, en la primera denuncia realizada con en el mencionado recurso de apelación, denominada DE LA SOLICITUD DE MEDIDA DE DECAIMIENTO POR INACTIVIDAD FISCAL, que se impugna EL AUTO EN EXTENSO DECRETADO mediante decisión emitida en fecha 21 de febrero de 2018, por el hecho de que la representación del Ministerio Público no presentó el 18 de enero de 2017, un acto conclusivo de la investigación penal, ni solicitó oportunamente alguna prórroga para su presentación, a pesar de que en la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, se precisa, a consideración de la parte actora, que la acusación fiscal fue presentada el 17-01-2017. Como oposición al contenido de esa decisión dictada en la primera instancia en lo penal, la parte apelante dentro del proceso penal señala que se practicó una inspección judicial invocando, además, entre otros aspectos, que existen otros medios de prueba que sustentan su denuncia invocada en la apelación, siendo uno de ellos, una indebida foliatura de los actos ocurridos dentro del proceso penal.
Ahora bien, respecto a esta primera denuncia invocada en el recurso de apelación, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo se pronunció, en los siguientes términos:
Considera esta Sala una vez analizada esta primera denuncia, que la Jueza ad (sic) quo expuso suficientemente las razones de hecho y de derecho es los cuales basó negar la solicitud de decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado de autos, toda vez que consideró que se encontraban en presencia de la comisión de un hecho punible que establece pena privativa de libertad, como es el delito de Abuso (sic) Sexual (sic) a Adolescente (sic) y Niña (sic) con penetración vaginal agravado y continuado en concurso real de delitos, previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte y segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual merece pena de prisión y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, señalando la existencia de pluralidad de elementos de convicción para estimar que el acusado es autor o partícipe del delito que le imputa el representante del Ministerio Público, constituidos por la declaración de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic) Sub-Delegación Valencia (previa exhibición del informe policial de fecha 14-12-2017); de la Dra Celina Alfonso medico (sic) forense adscrita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Estado Carabobo (previa exhibición del reconocimiento medico (sic) legal); del Lic. MIGUEL AREVALO (sic) (Psicólogo) adscrito al equipo multidisciplinario del Tribunal de Violencia del Estado Carabobo previa exhibición de los informes psicológicos); de la Lic. Carmen Guerra (Psicólogo) adscrita a la Unidad de Atención a la victima (sic) del Ministerio Publico (sic) (previa exhibición de los informes psicológicos) y de la ciudadana ISLEYDI PEREZ (sic) representante legal de la victima (sic), considerando a su vez la existencia del peligro de fuga, en virtud de la pena que pudiera llegarse a imponer por el delito imputado que prevé una pena de prisión de quince a veinte años, así como la magnitud del daño causado, atendiendo el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, toda vez que las víctimas son una adolescente de 12 años de edad y una niña de tres (3) años, y en consideración al peligro de obstaculización para la búsqueda de la verdad, en virtud de que el imputado conoce a la víctima y testigos pudiendo influir en los mismos, motivo por el cual la Juzgadora (sic) a quo consideró procedente y ajustado a derecho mantener la medida privativa objeto de impugnación. Constatándose que la Juzgadora (sic) a quo cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a (sic) la medida de privación judicial preventiva de libertad, dictada de conformidad con los supuestos establecidos en el mismo; por lo que se declara SIN LUGAR lo peticionado.
De la anterior transcripción, esta Sala observa que referida Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones nada dijo sobre el punto neurálgico invocado en la primera denuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso penal, esto es, que analizara si procedía o no decretar en la primera instancia en lo penal la libertad del imputado (aunque sea condicional), por consecuencia, en el caso de que fuese cierto (lo que se debe verificar aún), del hecho de que presuntamente el Ministerio Público no presentó la acusación fiscal en forma oportuna o que tampoco hubiese pedido una prórroga para presentar ese acto conclusivo. A juicio de esta Sala Constitucional, no bastaba resolver esa denuncia con la afirmación de que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del mismo Circuito Judicial Penal decretó la medida de privación preventiva de libertad por estimar que estaban cumplidos los requisitos para su procedencia, toda vez que lo alegado en la apelación por la parte actora no se refería al cumplimiento de esos requisitos, sino que invocó en el recurso de apelación que, supuestamente, existía la pérdida de la vigencia de esa medida de coerción personal, por el hecho de que el Ministerio Público, a su estimación, no había presentado un acto conclusivo en forma oportuna.
De modo que, estima esta Sala, que la primera denuncia invocada en el recurso de apelación no fue debidamente resuelta en la sentencia objetada en el presente procedimiento de amparo, por lo que se colige que el pronunciamiento realizado por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo carece de exhaustividad, al no resolver todos los puntos que les fueron sometidos a su conocimiento en el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel, dentro del proceso penal primigenio.
Así pues, esta Sala Constitucional precisa que la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo tenía el deber de emitir un pronunciamiento sobre todo los alegado en el recurso de apelación; al no hacerlo, dicho juzgado colegiado incurrió en el vicio de incongruencia negativa, que comporta la nulidad de la decisión impugnada con el amparo.
Respecto al vicio de incongruencia omisiva, esta Sala, en varias decisiones, ha reiterado el deber de los jueces de que motiven adecuadamente sus dictámenes judiciales, ya que lo contrario -la inmotivación y la incongruencia - atenta contra el orden público y hace nulo el acto jurisdiccional que adolece del vicio.
Al respecto, esta Juzgadora señaló:
Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar una demanda. Solo así, puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así, puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo; y es más, todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.
Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público, y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo, considera la Sala, que debe examinar la sentencia para calificar si realmente hay falta de motivación (sentencia de esta Sala n.° 150/2000, caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja).
En el mismo sentido, la Sala concretó aspectos sobre la inmotivación e incongruencia de las decisiones judiciales en los términos que siguen:
Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.
Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido (Sent. del Tribunal Constitucional Español N.° 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.
Así las cosas, la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita (sentencia de esta Sala n.° 4.594/2005, caso: José Gregorio Díaz Valera).
Igualmente, con relación al vicio de inmotivación de la sentencia, esta Sala, sostuvo lo siguiente:
En Venezuela, la motivación del fallo nace con la Constitución de 1819, la cual señalaba que los juzgados debían fundar sus sentencias con expresión a la ley aplicable al caso. La motivación de la sentencia es un requisito primordial, cuya falta acarrea la defunción de ésta; asimismo tiene como propósito evitar la arbitrariedad en la administración de justicia. A través de la motivación se fundan, adminiculan y explican los elementos de hecho y derecho que dan sustento al dispositivo del fallo, por eso, tiempo atrás se decía que los jueces hablaban por sus sentencias, pues a diferencia de otras profesiones, los jueces explican su decisión en la motivación.
La motivación es, como a los carros, el motor del fallo, sin ésta cualquier decisión resulta superfluo pues no da bases a las afirmaciones que en ella se expone, haciendo que la sentencia pase a ser un simple mandato sin fuerza alguna, cuya vida será efímera puesto que no tardará en ser objeto de nulidad.
La motivación debe ser el resultado del estudio del juez expresado en el análisis y concatenación de los elementos de hecho y derecho los cuales ven luz en la trabazón de la litis. Una sentencia no puede fundamentarse únicamente en un análisis teórico que en nada ayude a destrabar la litis, sino que debe haber un sincretismo entre hecho y derecho que logre resolver el conflicto planteado de manera clara, precisa y concreta, de forma que personas ajenas a la abogacía comprendan los motivos que llevaron al juez a emitir el fallo (decisión N° 392/2018, caso: Eduardo Antonio Clavier Chacín).
De modo que, esta Sala, tomando en cuenta lo señalado en las anteriores jurisprudencias citadas parcialmente, considera que, en el caso bajo estudio, existe motivo suficiente para declarar la procedencia del amparo constitucional interpuesto por la defensa privada del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel, en contra de la decisión proferida, el 25 de junio de 2018, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en razón de que la misma presente el vicio de incongruencia negativa. En consecuencia, se anula el referido pronunciamiento y se ordena a una nueva Sala de la referida Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal que resuelva, en forma exhaustiva y dentro de su autonomía, el recurso de apelación que intentó la parte actora dentro del proceso penal primigenio. Así se declara.
Por otro lado, esta Sala Constitucional observa, respecto al alegato esgrimido por la defensa técnica del accionante referido a que, en la resolución del presente amparo, se declare: i) la nulidad absoluta del auto de apertura a juicio dictado el 16 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; ii) la nulidad absoluta de las actuaciones contenidas en el auto fundado en extenso emitido por ese Juzgado de primera instancia en lo Penal; iii) la nulidad de las pruebas señaladas en los puntos a, b, c, d, e y f del Capítulo III contenido en el recurso de apelación intentado dentro del proceso penal; iv) y que se libren las respectivas boletas de excarcelación y cese de inmediato la (sic) medida Privativa (sic) de Libertad (sic) ello EN VIRTUD DE HABERSE CONFIGURADO UNA VARIACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y UN CAMBIO DE CALIFICACION (sic) SOBREVENIDO EN EL EXPEDIENTE POR AUTO FUNDADO EN EXTENSO lo cual causa idenfensión a nuestro defendido emitido en fecha 21 de Febrero (sic) de 2018; que todas las peticiones anteriores, las cuales fueron invocadas en la fundamentación del recurso de apelación intentado dentro del proceso penal primigenio, deben ser analizadas igualmente por la nueva Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, dentro de su autonomía de decisión, todo ello en razón de que ese juzgado colegiado en el Juez Natural para pronunciarse sobre esas solicitudes.
Por último, respecto al alegato de la parte actora, referido a que no fue notificada de la decisión objetada con el presente amparo y que esa omisión, a su juicio, no le permitió intentar el recurso de casación dentro del proceso penal, esta Sala Constitucional le recuerda a la parte actora el contenido del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual describe cuáles son las sentencias susceptibles de ser recurribles mediante la interposición del recurso de casación. Al respecto, la referida norma tiene como punto en común, que las decisiones que pueden ser impugnadas en casación deben poner fin al proceso penal o que hagan imposible su continuación, por lo que se le advierte a los abogados del quejoso que la decisión objetada con el presente amparo no se corresponde con ese tipo de decisión, por lo que carece de verosimilitud lo alegado por la parte actora el alegato de que le fue impedido, por parte de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Estado Carabobo, recurrir en casación dentro del proceso penal, antes de la interposición de la presente demanda.
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Noé Enoc Mujica, Moisés Obed Mujica Veliz y Luis Amado Alcántara Herrera, en su condición de defensores privados del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel, en contra de la decisión dictada, el 25 de junio de 2018, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
SEGUNDO: Se ADMITE presente demanda de amparo constitucional ejercida.
TERCERO: DE MERO DERECHO la resolución del presente amparo.
CUARTO: PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción amparo constitucional interpuesta.
QUINTO: Se REVOCA la decisión dictada, el 25 de junio de 2018, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del quejoso, intentado en contra de la decisión dictada, el 21 de febrero de 2018, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta y acordó mantener la privación judicial preventiva de libertad del accionante.
SEXTO: Se ORDENA a una nueva Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo que resuelva, en forma exhaustiva y dentro de su autonomía de decisión, el recurso de apelación que intentó la defensa técnica del ciudadano Yohan Albeiro Peñaloza Rangel e informe a esta Sala el cumplimiento de esta orden.
SÉPTIMO: Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala notifique el contenido de la presente decisión, por vía telefónica, conforme con lo señalado en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 del mes de Noviembre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
El Presidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
(Ponente)
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES
19-0001
CZdM/
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