Sentencia N.º 0672
- Sentencia
- N.º 0672
- Fecha
- 30/05/2023
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 22-0749
- Ponente
- Michel Adriana Velásquez Grillet
- Procedimiento
- Acción de Amparo contra sentencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
Consta en autos que, el 29 de septiembre de 2022, el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, titular de la cédula de identidad N.° V-16.363.713, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.° 263.076, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano: JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, titular de la cédula de identidad N.° V-25.717.893, presentó ante esta Sala lo que intituló como "acción de amparo constitucional sobrevenido, en la modalidad de habeas corpus endo-proceso, contra sentencia interlocutoria", conjuntamente con solicitud de medida cautelar, intentada contra la decisión N.° 052, dictada el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), que declaró sin lugar el recurso de apelación de autos, interpuesto por el mismo abogado, contra la decisión dictada el 16 de enero de 2022 y publicada in extenso el 19 de enero de 2022, por el Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, dentro del proceso penal identificado con el alfanumérico JP01-P-2022-000008 (nomenclatura de ese Juzgado), que se le sigue al ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ya identificado, por la presunta comisión del delito de extorsión, participando como cómplice necesario, previsto y sancionado en el artículo 16, con relación al artículo 11, de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro.
El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Rios y la incorporación de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, esta Sala Constitucional, queda constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto, del 29 de septiembre de 2022, y se designó ponente del presente asunto a la Magistrada MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 16 de noviembre de 2022 y el 6 de diciembre de 2022, el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos ya identificados, interpuso escrito ante la Secretaría de la Sala, con el cual solicitó pronunciamiento en la presente causa y ratificó su interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El 29 de septiembre de 2022, ejerció acción de amparo constitucional, el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos supra identificados, sustentándolo de la siguiente forma:
Se desprende del escrito de la solicitud de amparo presentado, que la tutela constitucional invocada está dirigida contra una sentencia dictada, el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones).
Del análisis del caso, se evidencia que la parte accionante interpuso la acción de amparo constitucional y denunció que presuntamente se le ha vulnerado al solicitante los derechos consagrados en los artículos 26 (derecho a la tutela judicial efectiva) y 49 (derecho al debido proceso) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y fundamentó dicha acción en los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de ello argumenta lo siguiente:
Que, (...)actuando en éste acto con el carácter de defensor privado del ciudadano: JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № V-25.717.893, plenamente identificado en el ASUNTO PRINCIPAL № JP01-P-2022-000008, que cursa en los actuales momentos por ante el Tribunal Segundo (02°) en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de los Morros; y, quien actualmente se encuentra Privado de su Libertad bajo: Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a la orden del tribunal ut supra, por la presunta comisión del delito de: CÓMPLICE NECESARIO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16, con relación al artículo 11, ambos de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro (
). (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).
Refirió que, (...) a los fines de interponer ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL SOBREVENIDO, EN LA MODALIDAD DE HABÉAS CORPUS ENDO-PROCESO, CONTRA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, dictada por los abogados: AUGUSTO JOSÉ ZAPATA REYES, ROSA ELENA CORREA (Juez Ponente) y HERMELINDA ISABEL QUINTERO NARCISE, integrantes de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de! Estado Guárico, en fecha 01 de junio de 2022, según Decisión № 052, donde se declara: SIN LUGAR, el Recurso Ordinario de Apelación de Auto, identificado con la nomenclatura № JP01 -R-2022-000007, (el cual guarda relación con el Asunto Principal Penal № JP01-P-2022-000008), que fue ejercido en fecha 26 de enero de 2022, contra la decisión, emitida por la abogada Ángela Saldeño Loreto, en su condición de Jueza del Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en fecha 16 de enero de 2022, siendo fundamentada y publicada in extenso en fecha 19 de enero de 2022 (
). (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).
Indicó que (...) Ciudadanos Magistrados, es por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, que acudo en nombre y representación y en defensa de sus derechos e intereses del ciudadano: JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, a la vía judicial extraordinaria de Amparo Constitucional para impugnar la decisión dictada el 01 de junio de 2022 por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, en el Recurso de Apelación N° JP01-R-2022-000007, que declaró SIN LUGAR la Apelación interpuesta en fecha 19 de enero de 2022, respecto a las decisiones pronunciadas en la audiencia especial de presentación de imputado y calificación de flagrancia, por el Juzgado Primero (1o) de Primera Instancia Estadales y Municipales, en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, fundamentada en el Asunto Principal № JPO-2020-000008, seguido contra mi representada, quien está siendo acusada por la presunta comisión del delito de CÓMPLICE NECESARIO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en los artículos 16, en relación con el artículo 11 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, con el fin de que se le conceda la libertad personal e individual, se anulen las actas procesales y se restablezca la situación jurídica infringida, en la que incurrió la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y el Tribunal de Control (
). (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).
Señaló que, (...) Ciudadanos Magistrados, es por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, que acudo en nombre y representación y en defensa de sus derechos e intereses del ciudadano: JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, a la vía judicial extraordinaria de Amparo Constitucional para impugnar la decisión dictada el 01 de junio de 2022 por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, en el Recurso de Apelación N° JP01-R-2022-000007, que declaró SIN LUGAR la Apelación interpuesta en fecha 19 de enero de 2022, respecto a las decisiones pronunciadas en la audiencia especial de presentación de imputado y calificación de flagrancia, por el Juzgado Primero (1o) de Primera Instancia Estadales y Municipales, en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, fundamentada en el Asunto Principal № JPO-2020-000008, seguido contra mi representada, quien está siendo acusada por la presunta comisión del delito de CÓMPLICE NECESARIO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en los artículos 16, en relación con el artículo 11 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, con el fin de que se le conceda la libertad personal e individual, se anulen las actas procesales y se restablezca la situación jurídica infringida, en la que incurrió la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y el Tribunal de Control (
). (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).
Sostuvo que, (...) A través del sistema de la URDD tuvimos conocimiento que la Fiscalía Quincuagésima Octava del Ministerio Publico a Nivel Nacional, solicitó, el 14 de diciembre de 2015, el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos ANDRÉS SIMÓN AZPÚRUA RODRÍGUEZ, GERMÁN HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, ISAAC RAFAEL PÉREZ RECAO y BEATRIZ HELENA ROBLES, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, escrito que anexamos en copia certificada marcado "E". La solicitud la baso la Fiscalía en que los hechos no son típicos. Por lo tanto, han transcurrido más de ocho (8) meses sin que la juez INGRID MORENO haya dictado la decisión hasta la presente fecha, no obstante haberlo solicitado por escrito, según consta en copia que anexamos F, a pesar que el artículo 305 del Código Orgánico Procesal ordena hacerlo dentro del plazo de 45 días, en estos términos (
). (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).
Destacó que, (...) La Juez agraviante conculcó los artículos 26, 49, 257 y 115 de la CRBV, así como el 305 del COPP. El artículo 2, relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen las personas de obtener con prontitud la decisión correspondiente, en forma expedita, sin dilaciones indebidas, es decir, "a obtener con prontitud la decisión correspondiente". El articulo 49 porque ordena respetar el debido proceso y los plazos razonables. El 257 constitucional porque ordena eficacia en la tramitación del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. El 115 constitucional porque desde que se decretó la medida contra la mencionada aeronave se vulnero el derecho de propiedad de nuestro representado. La infracción del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal es obvia, toda vez que es imperativo en la orden de decidir dentro del lapso de 45 días (
). (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).
Finalmente, solicitó que (...) Por todas las circunstancias de hecho y de derecho denunciadas mediante la presente Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido en la modalidad de Habeas Corpus, contra Sentencia, ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, y visto que la presente acción se estructura en un punto de mero derecho, y dada la evidente violación del Derecho a la Igualdad, Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva, en perjuicio del ciudadano: JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, es por lo que solicito:
PRIMERO: Que el presente Amparo Constitucional Sobrevenido en la modalidad de Habeas Corpus, contra Sentencia, sea ADMITIDO y sustanciado conforme a derecho y se DECLARE CON LUGAR, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA y sin necesidad de librar boletas de notificación al Tribunal de Alzada accionado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, ni al Ministerio Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, ambos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
SEGUNDO: Se decrete el caso de mero derecho por obvia violación Constitucional, y se declare la procedencia del IN LIMINE LITIS de la Acción del Amparo Constitucional Sobrevenido en la modalidad de Habeas Corpus, contra Sentencia y que sea ejercido el control externo de la medida de coerción personal, por esa Sala Constitucional.
TERCERO: En consecuencia pido que se ANULE LA DESICIÓN que dictó la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, donde se declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación identificado con el JP01-R-2022-000007 y la decisión del tribunal de control donde se ordenó la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad.
CUARTO: Por último, pido que se acuerde MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y se Ordene: 1.) La libertad plena o condicional del ciudadano. JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS en la que esa digna sala considere necesaria hasta que se resuelva el presente amparo hasta la definitiva o en su defecto ordene que se le revise la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad 2.) La suspensión del proceso en el Asunto Principal JP01-P-2022-000008, que cursa actualmente por ante el Tribunal Segundo (2o) de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de Los Morros. (
). (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).
II
DE LA DECISIÓN ACCIONADA
La decisión accionada en amparo fue la decisión N.° 052, dictada el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), siendo del siguiente tenor:
Por otra parte, es útil agregar que, el hecho que algún ciudadano se encuentre sub iudice en causa penal, ello, de suyo, menoscaba principios y garantías, empero, legitimado el ius imperi del Estado en el ejercicio del ius puniendi siempre y cuando exista judicialidad de las medidas de coerción personal pimentadas y, que tales medidas se encuentren rigurosamente enmarcadas en un proceso previamente establecido, no vulnerándose el debido proceso por estar enmarcado el presente procesamiento dentro del principio de legalidad del proceso. Sólo así, procedería el decreto de esas medidas restrictivas derechos.
Esta Alzada ha reiterado que no desvanece ninguna garantía, principio o derecho que informe el juicio penal como el estado de inocente del encartado, ni se le violenta la garantía de excepcionalidad de privación de libertad o principio del estado de libertad, ni ninguna otra, el hecho que se encuentro sometido a una medida de coerción personal privativa de libertad bajo los parámetros.
Mencionados supra, sino que tales garantías se encuentran limitadas. El hecho de ser señalado como autor de un tipo penal, justifica la represión del Estado como medida de último recurso para garantizar las finalidades del proceso penal o estar sub judice entraña, per se, la limitación del ejercicio de algunos derechos.
Ciertamente la libertad es la regla, no obstante excepción al mente podrá el juez o jueza restringir ese derecho y como se dijo anteriormente, esa restricción debe estar judicializada en un proceso y por las razones que la ley verifique, siendo que el ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS se le imputa delito de Cómplice Necesario de Extorsión, tipificado en el articulo 16 en relación con el artículo 11 de la ley Contra el Secuestro y la Extorsión; ello entonces conlleva a aplicar la norma descrita en el artículo 237, parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal. Esta disposición, como se dijo en acápite anterior sin auca soportada por los fundamentales elementos de la detinencia preventiva, así el fumus boni iurís y el periculum in mora.
En mérito de los anteriores razonamientos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, considera que lo procedente en derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, actuando en defensa del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de Enero del año 2022 y publicada en fecha 19 de Enero del año 2022, por el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede San Juan de los Morros, mediante la cual entre otros pronunciamiento decretó la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 235, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de! delito de CÓMPLICES NECESARIOS DE EХTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 en relación con el artículo 11 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro y ordenó la prosecución de la presente causa por vía del procedimiento ordinario. En consecuencia, se confirma la decisión recurrida referida ut supra. Así se decide
(
omissis
)
Con fuerza en las motivaciones precedentes esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercida por el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, actuando en defensa del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS en contra de la decisión dictada en fecha 16 de Enero del año 2022 y publicada fecha 19 de Enero del año 2022, por el Tribunal Primero de Primera !nstancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros mediante la cual entre otros pronunciamiento decretó la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de Cómplice Necesario de Extorsión previsto y sancionado en el articulo 16 en relación con; el artículo 11 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro y ordenó la prosecución de la presente causa por via del procedimiento ordinano SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión recurrida, refenda ut supra(
). (Resaltado, mayúsculas y subrayado propios del fallo).
III
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier decisión, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y a tal efecto advierte, del escrito de la solicitud de amparo presentado, que la acción constitucional está dirigida contra el fallo N.° 052, dictada el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de apelación de autos, interpuesto por el mismo abogado, contra la decisión dictada el 16 de enero de 2022 y publicada in extenso el 19 de enero de 2022, por el Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, dentro del proceso penal identificado con el alfanumérico JP01-P-2022-000008 (nomenclatura de ese Juzgado), que se le sigue al ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ya identificado.
A tal efecto, se observa del artículo 25, cardinal 20, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone el límite de la competencia de esta Sala Constitucional, en materia de amparo constitucional, por lo que se le atribuye la competencia para (
) conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo(
).
Ahora bien, la Sala al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, estableció a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la sentencia N.º 1 del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones u omisiones judiciales dictadas o incurridas por los Juzgados Superiores de la República, Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones u omisiones dictadas o incumplidas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal, lo cual hizo en los siguientes términos:
(...)Igualmente corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República (salvo los que tienen competencia contencioso administrativa) la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales (
).
En el presente caso se interpuso acción de amparo constitucional contra una decisión dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, razón por la cual, coherentes con lo anteriormente señalado, esta Sala asume la competencia para conocer de la presente acción de amparo, de conformidad con el artículo 25, cardinal 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y a lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN
Determinada la competencia, esta Sala para decidir acerca de la admisibilidad de la presente acción de amparo, observa que la misma fue interpuesta por el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos ya identificados, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la decisión N.° 052, dictada el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones).
En el presente caso, esta Sala observa luego de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente, que el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, identificado ut supra, no acompañó, ni consignó adjunto al escrito contentivo de la pretensión de amparo constitucional, copia simple o certificada del poder especial o de la designación ante algún tribunal, que demuestre tal condición de abogado defensor privado que aduce tener, tampoco señaló los datos concernientes al otorgamiento del poder especial, en caso de existir, es decir, la parte accionante omitió consignar uno de los documentos fundamentales de su demanda de amparo, siendo este, un requisito indispensable para que el órgano jurisdiccional competente, pueda formarse un criterio para proceder a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción.
Al respecto, esta Sala debe reiterar su criterio sobre la necesidad de que conste en el expediente que contiene el proceso de amparo, el acta de juramentación y aceptación del abogado o abogada designado como defensor privado o, en todo caso, de algún instrumento poder o documento que acredite la representación con la que dice actuar.
Asimismo, respecto a la omisión de consignación del poder, conforme al cual se dice actuar en las solicitudes de amparo, esta Sala Constitucional, ha dejado establecido en distintas ocasiones, entre ellas en la sentencia N.º 704 del 29 de abril de 2008, (caso: Administradora POMONA, C.A.), lo siguiente:
La presentación del poder conjuntamente con el escrito de interposición de la acción es fundamental para acreditar la representación judicial que en él se asume y para la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley. No obstante, si no se consignan las copias de este instrumento deben señalarse los datos del otorgamiento del mismo, a los efectos de ser consignado antes de la oportunidad de la admisión de la acción.
En este sentido, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable al procedimiento de amparo por disposición del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad, en los siguientes términos:
Artículo 19. Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada.
Cabe destacar, que lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (en cuanto a que en la solicitud de amparo deberá identificarse el poder conferido), así como lo que establece el artículo 19 de la misma ley (según el cual si no hubiese hecho tal señalamiento se permitirá su subsanación), debe entenderse referido estrictamente al contenido del escrito, es decir, no debe entenderse que con la mención del poder basta para probar la representación judicial que se afirma. Por el contrario, la mención del poder en el escrito de amparo y la prueba de la representación que se afirma son requisitos distintos.
Así, la falta de mención de los datos del poder otorgado es susceptible de subsanación; en cambio, la consignación del poder puede hacerse antes de la admisión de la solicitud, siempre y cuando en el escrito de amparo se hubiesen mencionado sus datos.
Por otra parte, esta Sala también ha señalado que no se tendrá por subsanada la omisión con la presentación de un poder otorgado con posterioridad a la incoación de dicho medio judicial.
Asimismo, la Sala deja asentado una vez más que los tribunales que conozcan de amparos constitucionales no deben aplicar el artículo 19 de la ley especial para suplir omisiones de las partes, y si no se acompaña el poder o no se ha presentado antes de la oportunidad en que debe pronunciarse sobre la admisión, lo correcto es declarar la inadmisibilidad de la pretensión con fundamento en lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por remisión del artículo 48 de la ley especial, según lo establecido en sentencia núm. 1364, del 27 de junio de 2005, caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt, en la que se afirmó lo siguiente:
Lo que se quiere destacar, es que ante la omisión de acompañar el respectivo poder con base en el cual se dice actuar como apoderado a la solicitud planteada, no podría dársele al querellante la oportunidad posterior de consignarlo con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que ello sería suplir omisiones de las partes más allá de la facultad establecida en el mencionado artículo 19, ya que tal disposición tiene por objeto hacer posible la corrección del escrito contentivo de la solicitud de amparo, caso en que ésta sea oscura o insuficiente; y ello entonces supone hacer una interpretación indebida del alcance de la disposición en referencia cuando se invoca para suplir por su intermedio, total o parcialmente, la carga probatoria inicial del accionante.
En consecuencia, y siendo lineal con el planteamiento que se viene desarrollando, lo correcto es aplicar lo dispuesto en el aparte quinto citado, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y declarar la inadmisibilidad de la acción.
Al respecto advierte esta Sala que, según consta en autos, el abogado Luis Beltrán Méndez no consignó el poder en que constara su representación; sin embargo, señaló mediante escrito del 4 de julio de 2007 que el mismo se encontraba en el expediente de la causa, del cual no pudo obtener copia certificada sino simple. También se observa que para la fecha en que fue admitida la solicitud de amparo, aún no se había subsanado la mencionada omisión
. (Resaltado del original).
Como corolario de lo anterior, esta Sala ha reiterado que la falta legitimación o representación que se invoca a favor de una determinada persona, no es subsanable en el procedimiento de amparo, así quedó sentado en sentencia N.° 102 del 6 de febrero de 2001 (Caso: Oficina González Laya, C.A.), ratificada mediante decisión N.° 146 del 18 de junio de 2019, (Caso: Francisco Pacheco Díaz.), en los siguientes términos:
(...) que en atención a la naturaleza jurídica del juicio de amparo y a su teleología, que la falta de legitimación debe ser considerada como una causal de inadmisibilidad que afecta el ejercicio de la acción, la cual debe ser declarada de oficio in limine litis por el sentenciador, con la finalidad de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, lo cual se encuentra en consonancia con el fin último de la institución del amparo y con los principios generales que orientan su concepción, como son la celeridad, la economía procesal y la urgencia, todo ello a fin de evitar dilaciones inútiles. (Resaltado y subrayado del original).
En tal sentido, la Sala ratifica que la falta de formalidades en el nombramiento del defensor en el ámbito penal a los fines de interponer una acción de amparo constitucional, no puede constituir una ausencia total de certeza respecto a la persona y la forma en que se otorga el nombramiento o designación, al respecto es pertinente citar un extracto de la sentencia N.° 1108, dictada por esta Sala Constitucional el 23 de mayo del 2006, (caso: Eliécer Suárez Vera), en la cual se estableció lo siguiente:
(
) si bien el Código Orgánico Procesal Penal establece que el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, y que la designación del mismo puede hacerse por cualquier medio, no es menos cierto que de ello se deduce la necesidad de que exista la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal defensor (
).
Al respecto, en el proceso penal, el instrumento poder o mandato no es el único mecanismo idóneo para demostrar la representación de la persona agraviada, toda vez que tal carácter puede ser acreditado mediante cualquier otro documento distinto a dicho instrumento, siempre y cuando en el mismo se constate la voluntad del imputado de ser asistido o representado por un abogado de confianza, ello debido a que el derecho a la asistencia y representación del imputado en el proceso penal, es distinta a la obligación de la asistencia o representación del demandante en los demás procesos de naturaleza no penal, pues dicho proceso penal se instaura contra la voluntad del imputado y por interés público, en tanto que los no penales se forman por voluntad de la parte actora en su exclusivo interés (Cfr. Sentencia N.° 3.654, del 6 de diciembre de 2005, caso: Enrique Medina Gómez).
Así, se ha permitido que los defensores intenten a favor de sus defendidos la acción de amparo constitucional, siempre y cuando exista un documento poder que atribuya dicha representación, o bien que realice un nombramiento directo del defensor y que conste en autos, por cualquier medio, dicho nombramiento, lo que, conforme lo establece el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, no está sujeto a ninguna formalidad.
Dicho criterio fue establecido en la sentencia N.° 491, del 16 de marzo de 2007, (caso: Johan Alexander Castillo), y ratificado en reiteradas oportunidades (Vid. sentencias números 1533 del 9 de noviembre de 2009, caso: Mario José Ocando Izquierdo, 1428, del 10 de agosto de 2011, caso: Carlos Andrés Carrasquero Camacho y 1555 del 20 de octubre de 2011, caso: Flor Orcely Peñaloza Plata), en los términos que siguen:
La Sala advierte, luego de una exhaustiva revisión de las actas que conforman el expediente, que no consta que el abogado (
) quien aduce tener el carácter de defensor privado del hoy quejoso (
), fuera debidamente juramentado conforme lo prescribe el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal (
).
Al respecto, cabe señalar que el Código Orgánico Procesal Penal establece como necesaria la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal.
En el caso sub judice, la Sala aprecia que el prenombrado abogado fue designado por la ciudadana (
) Sin embargo, del legajo de copias certificadas traídas al expediente por el referido abogado, no consta el acta mediante el cual el mismo aceptó el cargo de defensor privado del hoy solicitante y prestó el juramento a que hace referencia la norma penal adjetiva.
Dentro de esta perspectiva, esta Sala en SSC Nº 969 del 30 de abril de 2003, SSC Nº 1340 del 22 de junio de 2005 y SSC Nº 1108 del 23 de mayo de 2006 (entre otras), señaló la importancia y trascendencia, a los efectos de la asistencia técnica del imputado, el juramento que debe prestar el defensor, en los términos siguientes:
...A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 ejusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.
Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República.
Ahora bien, en materia de amparo constitucional, la Sala ha establecido que la legitimación activa corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice el supuesto agraviado no otorgó, conforme lo prescribe la normal penal adjetiva, un mandato que permitiera al profesional del derecho, el empleo de medios idóneos para su supuesta defensa.
Así las cosas, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable al procedimiento de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad
.
En este orden de ideas, esta Sala Constitucional en su sentencia N.° 777, del 12 de junio de 2009, estableció:
Por tanto, a pesar de que el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad, es esencial que el abogado nombrado como tal preste su juramento ante el Juez de Control para poder ejercer a plenitud la defensa material del imputado, documento esencial a los fines de demostrar la representación y la legitimación para el ejercicio del amparo constitucional; circunstancia que no está acreditada en autos al no haberse adjuntado al escrito libelar recaudo alguno que evidencie dicha representación.
Asimismo, aun cuando esta Sala ha sido amplia en aceptar que los defensores públicos o privados intenten a favor de sus defendidos la acción de amparo constitucional sin que medie poder o facultad expresa, ello ha sido así cuando se evidencia en las actas procesales del amparo algún otro documento demostrativo del carácter de defensor. En el caso bajo análisis, tal como se indicó supra, no existe en las actas del expediente documento alguno que demuestre, sin lugar a duda, que el abogado Francisco Sierra ejerce efectivamente la defensa técnica de los ciudadanos Williams José del Valle Saud, Pedro Pérez Pinto, María del Carmen Devia y Norma Márquez Carrera.
Colofón de lo dicho, en el caso sub lite el mencionado profesional del derecho carece de legitimación para incoar el presente amparo constitucional en nombre de los ciudadanos Williams José del Valle Saud, Pedro Pérez Pinto, María del Carmen Devia y Norma Márquez Carrera, circunstancia que se traduce en falta de representación manifiesta, motivo por el cual esta Sala, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Francisco Sierra, en su carácter de defensor privado según afirma- de los ciudadanos Williams José del Valle Saud, Pedro Pérez Pinto, María del Carmen Devia y Norma Márquez Carrera. Así se decide.
Conforme a los criterios transcritos y aplicándolos al caso de marras, queda evidenciado para esta Sala que en el presente asunto, el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos ya identificados, al momento de la interposición de la acción, no acreditó la representación que se atribuyó, independientemente de que dicha representación conste en la causa penal que se le sigue del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, es decir, no consignó el instrumento poder especial que lo legitima para actuar en representación del precitado ciudadano, circunstancia que jamás puede ser subsanada por el juez constitucional, por lo que la falta de consignación de los documentos que hicieran constar que efectivamente el mencionado abogado tenía la representación del accionante para ejercer la acción de amparo constitucional, conlleva a esta Sala a declarar la falta de legitimación para intentar la acción de amparo interpuesta. Así se establece.
En atención a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, la falta de legitimación debe ser considerada como una causal de inadmisibilidad que afecta el ejercicio de la acción de amparo interpuesta; la falta de legitimación debe ser declarada por el sentenciador, de oficio, con la finalidad de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, lo cual se encuentra en consonancia con el fin último del amparo y su principios rectores, como son la celeridad, la economía procesal y la urgencia del caso En consecuencia, esta Sala considera ajustado a derecho declarar en el presente caso, la falta de legitimación, para ejercer la acción de amparo constitucional interpuesta, ya que quien la intentó carecía de la misma, en consecuencia debe declararse la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, toda vez que la misma adolece del requisito previsto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que:
PRIMERO: Es COMPETENTE para conocer de la acción de amparo interpuesta por el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos identificados ut supra.
SEGUNDO: Es INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN, toda vez que la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado David Ricardo Carrizales Gualta, quien aduce actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano JESÚS OMAR QUINTANA RIBAS, ambos identificados ut supra, intentada contra la decisión N.° 052, dictada el 1 de junio de 2022, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el expediente identificado con el alfanumérico JP01-R-2022-000007 (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), adolece del requisito previsto y establecido en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
TERCERO: Es INOFICIOSO emitir pronunciamiento alguno respecto a la medida cautelar innominada solicitada conjuntamente con la misma, así como respecto a todas las demás solicitudes formuladas con el escrito de interposición de la acción de amparo.
CUARTO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación de la presente decisión, al accionante, de forma telefónica.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
TANIA D'AMELIO CARDIET
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
(Ponente)
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
22-0749
MAVG.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias