Sentencia N.º 0870
- Sentencia
- N.º 0870
- Fecha
- 31/10/2022
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 17-0922
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Amparo en apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El 17 de agosto de 2017, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el Oficio núm. 109-17, de fecha 14 de agosto de 2017, proveniente de la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remitió el expediente alfanumérico 3915-17 (nomenclatura de dicha Alzada), contentivo de la acción de amparo constitucional, ejercida el 4 de julio 2017, por el abogado Diego Barboza Sirí, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 59.715, en su condición de apoderado judicial del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, titular de la cédula de identidad núm. V-5.652.282, contra la omisión de pronunciamiento y la dilación indebida en la que supuestamente incurrió el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolita de Caracas,
al no haber emitido la decisión correspondiente a la revocatoria de la medida cautelar acordada en fecha 16 de agosto de 2016 a solicitud de la Fiscalía Vigésima del Área Metropolitana de Caracas, contra los bienes de [su] representado, y cuyo cese fuera solicitado por el Ministerio Público en fecha 26 de abril de 2017, sin que hasta la presente fecha dicha medida haya sido revocada
, todo ello, con ocasión a la investigación penal seguida contra el ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Distribuidora de Alimentos El Fogón de la Abuela C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, en fecha 14-0-2013, bajo el tomo 2-A RM 445. Núm. 20 del año 20123, expediente núm. 445-12937, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida calificada en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, en relación con el artículo 99 ejusdem, contenido en el expediente núm. 4C-S-1052-16 (nomenclatura del A quo).
Tal remisión obedece al recurso de apelación, interpuesto en fecha 14 de julio de 2017, por el abogado Diego Barboza Sirí, ya supra identificado, contra la decisión dictada el 13 de julio de 2017 por Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró inadmisible la tutela constitucional solicitada por el mencionado abogado en los siguientes términos:
inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, en su carácter de defensor del justiciable LUIS HERNÁN HORTÚA, conforme a la previsión a que se contrae el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantirías constitucionales alegadas por el acciónate; habida cuenta que en fecha 12 del mes y año en curso, [12.7.2017] el juez (sic) de la instancia procedió emitir pronunciamiento en relación a la solitud requerida, declarando sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta
.
En la misma fecha [17/8/2017], se dio cuenta la Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor Arcadio Delgado Rosales.
En fecha 3 de octubre de 2017, los abogados en ejercicio Diego Barboza Sirí y José David Briceño Sanabria, presentaron fundamentación del recurso de apelación ejercicio.
En fecha 6 de diciembre de 2017, los abogados en ejercicio Diego Barboza Sirí y José David Briceño Sanabria, presentaron ampliación del recurso interpuesto.
En fecha 5 de junio de 2018, el abogado José David Briceño Sanabria, mediante diligencia solicitó emitir la respectiva sentencia.
En fecha 14 de junio de 2018, el abogado José David Briceño Sanabria, mediante diligencia ratificó el contenido de la diligencia de fecha 5/6/2018.
En fecha 10 de julio de 2018, el abogado José David Briceño Sanabria, mediante diligencia juró la urgencia del caso y solicitó pronunciamiento.
Los días 9 de agosto, 1º de noviembre y 12 de diciembre de 2018, respectivamente, el abogado José David Briceño Sanabria, solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 22 de mayo de 2019, la representación judicial de la parte apelante ratificó su petición de pronunciamiento en el asunto.
El 3 de marzo de 2020, el abogado José David Briceño Sanabria, solicitó se emitiera pronunciamiento en la presente causa.
Los días 18 y 19 de noviembre, la representación judicial de la parte apelante solicitó pronunciamiento en el asunto.
El 14 de octubre de 2021, la representación judicial de la parte apelante solicitó pronunciamiento en la causa.
En fecha 23 de noviembre de 2021, el abogado Diego Barboza Sirí, juró la urgencia del caso y pidió se emitiera pronunciamiento en el asunto.
El 5 de febrero de 2021, se reunieron en el Salón de Sesiones de esta Sala, los ciudadanos Magistrados doctores Lourdes Benicia Suárez Anderson, Arcadio Delgado Rosales, y los Magistrados doctores Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta de la Sala, Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados doctores Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza.
El 27 de abril de 2022, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 6.696 Extraordinario de fecha 27 de abril de 2022, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrados y Magistradas doctor Luis Fernando Damiani Bustillos, doctor Calixto Antonio Ortega Ríos y doctora Tania D' Amelio Cardiet.
El 2 de mayo de 2022, se reasignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 25 de mayo de 2022, la representación judicial de la parte apelante ratificó su petición de pronunciamiento en el asunto.
El 27 de septiembre de 2022, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala, los ciudadanos Magistrados Doctores Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Rios y Tania D Amelio Cardiet, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta, Doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, y los Magistrados, Luis Fernando Damiani Bustillos, Tania D Amelio Cardiet y Michel Adriana Velásquez Grillet.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El profesional del derecho Diego Barboza Sirí, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 59.715, en su condición de apoderado judicial del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, titular de la cédula de identidad núm. V-5.652.282, solicitó la tutela constitucional, contra la presunta omisión de pronunciamiento y la dilación indebida en la que supuestamente incurrió el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Área Metropolitana de Caracas, señalando lo siguiente:
Que, la acción de amparo constitucional, es ejercida de conformidad con lo previsto en el artículo 27, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra la omisión de pronunciamiento y la dilación indebida en que ha incurrido el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Área Metropolitana de Caracas
al no haber emitido la decisión correspondiente a la revocatoria de la medida cautelar acordada en fecha 16 de agosto de 2016 a solicitud de la Fiscalía Vigésima del Área Metropolitana de Caracas, contra los bienes de mi representado, y cuyo cese fuera solicitado por el Ministerio Público en fecha 26 de abril de 2017.
.
Que,
.En fecha 26 de enero de 2016, luego de interpuesta denuncia por parte del ciudadano Wilfredo Morales Vera, titular de la cédula de identidad № 9.225.300, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Vigésima del Área Metropolitana de Caracas, solicitó medida cautelar de congelación de cuentas y bienes de [su] patrocinado ciudadano LUIS (sic) HERNÁN HORTÚA, quien es comerciante residenciado en el Estado Lara, con ocasión de controversias surgidas en la ejecución de un contrato de cuentas en participación y cuyo litigio es estrictamente de naturaleza civil, siendo solicitadas dichas medidas con ocasión de la supuesta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida calificada, los cuales aún siguen en fase de investigación
.
Que,
el Ministerio Público (
) [solicitó] en fecha 26 de abril de 2017, el cese de la medida cautelar acordada el 16 de agosto de 2016 por el Tribunal Cuarto de Control del Área Metropolitana de Caracas, sin que hasta la presente fecha, luego de que [esa] defensa visite casi a diario el mencionado Juzgado para ratificar el pronunciamiento requerido y habiendo transcurrido más de sesenta días desde que fuera consignada dicha solicitud fiscal, el Tribunal de la causa haya acordado dicha revocatoria, lo cual [los] obliga a recurrir a esta vía extraordinaria del amparo constitucional para poder alcanzar una decisión ajustada a derecho
.
Que,
el Juzgado accionado ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso de [su] representado ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, al omitir el pronunciamiento solicitado por el Ministerio Público y ratificado por la defensa en diversas oportunidades
Que,
la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, 4 de julio de 2017, el Tribunal accionado no ha emitido pronunciamiento alguno, violándose así el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de [su] representado, más aún cuando por razón de la decisión requerida esta debió tomarse en un plazo de tres días de despacho
.
Denunció el apoderado judicial del acciónate que se [violaron] [el]
. derecho a la libertad económica y al trabajo de [su] representado, al mantener en vigencia una medida cautelar sumamente gravosa que le impide dedicarse a la actividad económica de su preferencia
Que,
[Están] en presencia de la vulneración del derecho a la libertad económica cuando el órgano del poder público (en este caso un órgano del Poder Judicial) impone restricciones sin ningún tipo de proporcionalidad ni razonabilidad, cercenando de esta manera la correspondiente actividad
(Paréntesis internos del texto).
Enfatizó el apoderado judicial de la parte accionante que
la presente causa sea tramitada como de mero derecho, siguiendo la doctrina vinculante fijada por la Sala Constitucional en sentencia № 993 del 16 de julio de 2013, caso: Daniel Guédez Hernández
.
Por último, solicitó se declare con lugar la presente acción de amparo constitucional, se decrete la omisión de pronunciamiento del Tribunal Cuarto (4°) Estadal de Primera Instancia Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que ordene al a quo, que decida en el plazo perentorio de tres (3) días a tenor de lo previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal.
II
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Observa esta Sala que mediante escrito de fecha 14 de julio de 2017, el abogado Diego Barboza Sirí, en su condición de defensor privado del ciudadano Luis Hernán Hortúa, apeló de la sentencia publicad en fecha 13 de junio de 2017, por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y el 3 de octubre de 2017, fundamentó el recurso de apelación ejercido señalando lo siguiente:
Que,
en fecha 12 de julio del 2017, el juez Emilio Camacho, titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, emitió sentencia interlocutoria en la que decreta Sin Lugar la solicitud de Levantamiento de Medida Precautelativa de Aseguramiento de Bloqueo e Inmovilización Preventiva de Cuentas de las cuales son titulares la Distribuidora de Alimentos el Fogón de la Abuela y el ciudadano Luis Hernán Hortúa -quien funge como representante de tal sociedad mercantil y como querellado en dicha causa-, posterior a la interposición de un recurso extraordinario de amparo constitucional
.
Que,
en dicha decisión, el juez ya recurrido afirma que, en su criterio, existe la presunción razonable acerca del hecho punible invocado por los solicitantes y de la necesidad de mantener la medida de coerción de tipo real, decretada por este Juzgado en fecha 16 de agosto de 2016, sustituyéndose en las exclusivas y excluyentes atribuciones del Ministerio Público y violando expresamente los artículos 285.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 264 del Código Orgánico Procesal Penal y lo que es más grave aún, los artículos 5 y 33.14 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
(Comillas internas del texto).
Que,
la Sala 9o de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional, pasó a conocer el caso, declarando inadmisible tal acción conforme a lo establecido en el artículo 6. 1 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales alegadas por el accionante... (Comillas internas del texto).
Que,
el juzgado de alzada solicitó al tribunal cuarto de control, mediante oficio № 078 - 17, de fecha 12 de julio, sirviera informar si el mismo emitió pronunciamiento respecto a la solicitud de Levantamiento de la Medida de Aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva, hecha meses atrás por el Fiscal del Ministerio Público
.
Que,
habiendo percibido respuesta positiva, considera el hoy recurrido que dicha actuación acreditó ... el cese de la lesión a los derechos constitucionales denunciados..., subsumiendo tal circunstancia en el numeral 1, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
. (Comillas internas del texto).
Que,
la Sala 9o de la Corte de Apelaciones declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
Por lo cual, considerando que las causales de inadmisibilidad constituyen materia de orden público, que pueden por tal razón ser declaradas en cualquier estado del proceso, con fundamento a ello, se procede a declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional (...) todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales alegadas por el accionante, habida cuenta que en fecha 12-07-2017, se dictó decisión mediante la cual se declaró sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta. ASÍ SE DECIDE
(Mayúsculas, subrayado y negrillas del texto).
Los apelantes insisten en que,
la Sala en cuestión, al declarar inadmisible el amparo interpuesto, a pesar de las evidentes normas legales y la claridad jurisprudencial que pacíficamente han seguido tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y a sabiendas que existe una imputación material y que el lapso para dictar el acto conclusivo se encuentra totalmente vencido -elementos trascendentales en el propio curso del proceso-, incurre en un grosero error al ratificar y favorecer el abuso de autoridad y extralimitación de atribuciones en que el juez (sic) de control incurrió, donde era fácil notar la clara violación al principio de imparcialidad contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y recogida en todas las leyes adjetivas de la república (sic)
.
Que
para precisar la raíz del problema, debemos recordar que la acción persecutoria del Estado -que se encuentra en manos del Ministerio Público y quien sí es parte en el proceso-, está delimitada por la presunción de inocencia y la libertad como cimiento, facultad esta que a propósito le fue suprimida al Juez a fin de evitar cualquier arbitrariedad en sus sentencias
.
Que,
luce, en primer lugar, inconcebible que un Juez de control, quien básicamente debe decidir si hay o no elementos convincentes para dar inicio al juicio, insista en mantener una medida cautelar sin basamento táctico contundente, a motu propio, cuando el órgano fiscal, quien, si maneja el total de las pruebas y es el titular de la acción penal, ha solicitado el levantamiento de dicha medida, esgrimiendo los argumentos necesarios y pertinentes. Y, en segundo lugar, luce descarriado que la Sala de Apelaciones haya ratificado dicha decisión, asistiendo al juzgado de control en la transgresión de derechos fundamentales de nuestro representado
.
Que,
el juez primeramente denunciado niega tal solicitud en los términos antes expuestos, sin haberse promovido ninguna prueba dentro del proceso salvo alegatos que sugerían el perfeccionamiento de los requisitos necesarios para la procedencia de una cautela, los cuales fueron totalmente desvirtuados posteriormente a raíz del resultado de una experticia contable ordenada por el Fiscal 16° del Ministerio Público y adminiculada en conjunto con nosotros, los defensores técnicos- Es por esto que la representación fiscal pide el levantamiento de la medida a fin de evitar causar más daños irreparables al imputado
.
Que,
la inusual conducta desplegada por ambos órganos jurisdiccionales, se denota una clara parcialidad hacia la contra parte, no solo por el juzgado de control, sino también por esta sala de apelaciones quien avala tan lamentable acción
Reclaman los apelantes que,
la Sala 9° de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por darle legitimación a tal sentencia consiente que el Juez Cuarto en funciones de Control lejos de actuar como tercero director del proceso, quien debe proveer y pronunciarse de acuerdo con lo alegado y probado en autos, siendo, además, uno de los vértices que conforma el triángulo del sistema acusatorio venezolano, pase a ser simultáneamente quien decide y quien acusa, imponiéndose por sobre la intención del fiscal, cuando debe, en este contexto, es responder al pedimento de este, ciertamente una vez la verdad sea expuesta
.
Que,
el juez (sic) de control actuó en beneficio de una de las partes y en detrimento de la otra que se demuestra inocente, inclusive en fase de investigación, ignorando su congruente y justificada pretensión, prosiguiendo con la medida, y que el tribunal colegiado de alzada legitimó su actuación, transformándose así en arcaicos inquisidores monopolizadores de la función jurisdiccional
(Subrayado del Texto).
Denunció la parte apelante la violación al derecho a la libertad económica,
al haber dejado en vigencia una medida cautelar que incluso el titular de la acción penal ha solicitado su revocatoria
.
Que,
se le está impidiendo también a [su] patrocinado el ejercicio de la actividad económica de su preferencia, violándose así el artículo 112 de la Constitución
.
Que,
al mantener en vigencia una medida cautelar absolutamente desproporcionada y alejada de la finalidad de las cautelas, se le están ocasionando graves perjuicios a [su] patrocinado, impidiéndole así disfrutar del derecho a la libertad económica.
Los apelantes reclaman,
el error lamentable y aparentemente involuntario, en el que la Sala 9o de la Corte de Apelaciones incurrió, toda vez que de buenas a primeras procedió a la inadmisión del recurso extraordinario de Amparo Constitucional primeramente ejercido, utilizando como único argumento la respuesta dada al Oficio № 078-17, de fecha 12 de julio de 2017, mediante el cual se le solicitó al Juzgado 4o de Primera Instancia en Funciones de Control, informara si se había este pronunciado respecto a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar innominada de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva, hecha por el órgano fiscal el 26 de abril de 2017. En efecto, la respuesta entregada mediante Oficio № 581-17, por parte del juzgado de control el 13 de julio de 2017 fue afirmativa, aduciendo que la sentencia fue emitida con fecha 12 de julio, vale decir, el mismo día que fue requerida la información
(Subrayado y negrilla del texto).
Que,
en este orden de ideas, y conteste con los principios antes comentados, era el deber de los jueces miembros del tribunal colegiado hoy recurrido, que estando presentes ante tales irregularidades, en sede constitucional, actuar de oficio reconociendo la vulneración de garantías fundamentales de naturaleza procesal ejercidas en contra de nuestro representado, demostradas suficientemente párrafos arriba, y anular el fallo recurrido, restablecer la situación jurídica lesionada de inmediato y subsiguientemente decretar el levantamiento de la medida cautelar aún vigente
.
Enfatizan el apelante que,
tal omisión conlleva al perdón de la falta cometida por el Juzgado 4o en funciones de control (sic), y, resulta entonces garante del abuso perpetrado en contra de [su] mandante y responsable por todos los daños ocurridos a este, desde las restricciones personales que tienen lugar como consecuencia del bloqueo de sus cuentas y su principal ingreso, hasta la perdida y devaluación de activos de su patrimonio
.
Denuncian que, el Tribunal Cuarto en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas incurrió en un grave error procesal, al confirmar una medida cautelar innominada sin verificar ni probar la existencia del periculum in damni, es decir, la presencia del peligro de daño que una parte pueda efectuarle a la otra, requisito de procedencia impretermitible a tenor de lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal. Al haber incurrido en esta grave omisión, el Juzgado de Control también violentó derechos constitucionales de nuestro patrocinado, en especial, el derecho a la propiedad, situación que rogamos a este alto Tribunal proceda a corregir
.
Por último, solicitan los apoderados judiciales del recurrente,
sea admitido el presente recurso extraordinario de Amparo Constitucional, y sea declarado PROCEDENTE, ordenando la revocatoria de la sentencia hoy recurrida, el levantamiento de la medida cautelar innominada de ASEGURAMIENTO DE BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA y la restitución de la situación jurídica infringida (
) la declatoria con lugar de la presente apelación y se ordene al Juzgado a-quo la admisión del presente recurso extraordinario
.. (Mayúscula del texto).
En fecha 6 de diciembre de 20017, los abogados Diego Barboza Sirí, y José David Briceño Sanabria, ya supra identificados, apoderados judicial del recurrente, presentaron por ante la Sala Constitucional escrito de ampliación del informe del amparo constitucional, relacionado con el recurso de apelación interpuesto.
III
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN AMPARO
El 13 de julio de 2017, Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó el extenso del fallo mediante el cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por las razones siguientes:
III
CONSIDERACIONES RESOLUTIVAS
Hechas las anteriores precisiones esta Sala actuando en sede Constitucional en lo que respecta a la acción de Amparo propuesta, observa:
De la secuencia judicial se extrae:
Como consta, la referida acción de Amparo Constitucional fue ejercida por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A., bajo la matricula N° 59.715, en su carácter de defensor del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, titular de la Cédula de Identidad N" V-5.5b2.282, dicha acción fundamentada de conformidad con los artículos 27, 44 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
Que el autor del acto lesivo, el accionante del Amparo señala al Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas. Así., en la búsqueda de ordenar los hechos Presuntamente vulneradores del derecho constitucional expuesto por el quejoso, relaciona esta Alzada actuando en sede Constitucional las siguientes aseveraciones alegadas en el escrito contentivo de la acción incoada por el denunciante en los siguientes términos:
Señala, que en fecha 26 de enero de 20l6, la representante de la Fiscalía vigésima del Área Metropolitana de Caracas, solicitó medida de congelación de cuentas y bienes correspondientes al ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, la cual fue acordada por el Tribunal Cuarto en Funciones de Control, en fecha l6 de agosto de 2016.
Informa el accionante que posteriormente en fecha 26 de abril del año en curso, el Ministerio Público procedió a presentar solicitud de cese de las medidas cautelares innominadas que habían sido decretadas por el Tribunal, referidas al bloqueo e inmovilización de las cuentas correspondientes al ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, sin que hasta la fecha de presentación de la presente acción y habiendo transcurrido más de sesenta días desde que fuera consignada la solicitud fiscal, el tribunal de la causa haya acordado dicha revocatoria, por lo cual les obliga a recurrir a esta vía extraordinaria del amparo constitucional.
Argumenta el Demandante en Amparo, que existe violación del derecho a la defensa por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, de este Circuito Judicial Penal, así como al debido proceso, en vista de la omisión de pronunciamiento, con ocasión a las solicitudes realizadas, tanto por el Ministerio Público, como por la defensa y que igualmente se vulnera por parte del referido Juzgado el derecho a la libertad económica y al trabajo de su defendido, al mantener vigente una medida cautelar sumamente gravosa, que le impide al mismo dedicarse a la actividad económica de su preferencia.
Siendo así, que el accionante de conformidad con los artículos 27, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamenta su acción de Amparo Constitucional, en contra de la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito .Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al vulnerar los Derechos y Garantías Constitucionales de su patrocinado, al no dictar una providencia judicial dentro del lapso determinado por la ley, en lo referente a la solicitud de cese de la medida cautelar innominada referido al desbloqueo de cuentas que fue decretado en su oportunidad legal.-
En este orden de ideas, en esta misma fecha, este Tribunal Superior Colegiado actuando en sede Constitucional, libró comunicación dirigida al tribunal (sic) Cuarto de Primera Instancia en Función de Control, de este Circuito Judicial Penal y sede, signado con el №078-17, tal y como se desprende del contenido del folio (68) de la presente pieza, solicitando información respecto a si se ha emitido pronunciamiento por parte del referido Juzgado, en relación a la solicitud de cese de medida cautelar innominada (desbloqueo de cuentas) que fue requerida por parte de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en las actuaciones seguidas en contra del ciudadano LUIS HERNÁN HÚRTÚA, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Por otra parte, en esta misma fecha, se recibió oficio emanado del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual participa a esta Alzada, lo siguiente:
...Me dirijo a Usted, muy respetuosamente en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación № 078-17 recibida en este Despacho en el día de hoy y en atención a los particulares contenidos en ella me permito informarle que en fecha 27 de abril del año 2017 se recibió escrito de solicitud de cese de la medida cautelar innominada solicitada por la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, igualmente cumplo con informarle que en fecha 12 de julio del presente año este juzgado declara sin lugar el levantamiento de la medida precautelaliva de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta, en la seguida contra el ciudadano LUIS (sic) HERNÁN HORTUA titular de la cédula de identidad № V-5.562.282...-
La Corte para decidir observa:
Los derechos y garantías constitucionales y aquellos inherentes a todo ser humano, se encuentran tutelados efectivamente en nuestra Carta Magna, y para ello se contempló un recurso con características excepcionales para la restitución expedita y eficaz de éstos, la cual es la acción de amparo constitucional, siendo un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen derechos fundamentales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza, operando sólo cuando se dan las condiciones establecidas como necesarias de esta institución, de conformidad con la ley que rige la materia.
En este sentido, la acción de amparo constitucional procede cuando se ha producido de alguna forma un menoscabo del goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo cual puede provenir del desconocimiento, de la errónea aplicación, o de la falsa interpretación de la ley, vulnerándose de manera directa estos derechos y garantías constitucionales recogidos en nuestra carta magna.
La acción de Amparo Constitucional, en primer lugar es un derecho establecido expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo así que el mismo artículo 27 de nuestra Caria Magna lo consagra al señalar que toda persona tiene derecho a ser amparada, y esto se refiere a que el mecanismo o acción ejercida a través del amparo constitucional radica en ese derecho o garantía que ha sido vulnerado en el proceso, no obstante a que muchos autores adopten que la acción -Amparo Constitucional- ejercida sea simplemente un mero procedimiento; el mismo es generalizado, ya que este tipo de mecanismo de impugnación extraordinario o excepcional a una garantía procesal de protección de derechos y garantías, la cual la misma Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo exprese bajo distintas modalidades.
Así mismo, el objeto del Amparo Constitucional radica esencialmente en restablecer situaciones jurídicas referidas a todos esos derechos y garantías constitucionales infringidas durante el proceso judicial, protección inherente a todo ser humano que si bien es cierto estén o no expresadas en nuestra texto fundamental como lo es la Carla Magna, su burbuja de resguardo los abraza; aun así cuando existan mecanismos procesales de diferentes índoles para su impugnación cuando se vean reflejados controversias en casos particulares, remedios judicial ordinarios previstos en la Ley; de esta manera podemos establecer en sentido amplio que el objetivo puro del amparo constitucional es su protección, su resguardo a esos derechos y garantías establecidos en la Constitución sea cual sea su índole.-
Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo consagra en el artículo 27 en los términos siguientes:
Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...
De igual forma se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales de la forma siguiente:
Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...
Pues es así, como este Tribunal Superior Colegiado actuando en sede Constitucional por lo argumentos anteriormente expuestos puede concluir, que el ejercicio de la acción de amparo constitucional es un derecho fundamental que se concreta a la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, gratuito, expedito a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que hayan sido vulnerado. -
En este sentido, visto los argumentos esgrimidos por el accionante, el mismo señala la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en lo atinente a la solicitud de cese de la medida cautelar innominada, referida al desbloqueo de cuentas correspondientes al ciudadano LUIS (sic) HERNÁN HORTÚA; alegando que el Tribunal de instancia no se pronunció en el lapso previsto en la ley, vulnerándole así las garantías constitucionales que le asisten a su patrocinado. De esta manera, este Tribunal Superior Colegiado una vez revisadas las actuaciones que componen la presente acción, y por la información suministrada por el Juez a-quo (presunto agraviante), mediante oficio signado con el № 581-17, cursante al folio (70) del presente cuaderno, ha constatado que la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales denunciados por el accionante cesaron al haberse pronunciado el Juez de instancia a las solicitudes planteadas, tanto por el Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, como por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, en su carácter de defensor del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA.
En este sentido, del contenido del oficio ut supra, el Juez de la Instancia se pronunció en cuanto a dicha solicitud en fecha 12 del mes y año en curso, declarando sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta; por tal razón, surge una causal de inadmisibilidad en el presente caso frente a los argumentos denunciados por la parle quejosa, es por lo que de tal manera se acredita el cese de la lesión a los derechos constitucionales denunciados como conculcados mediante el presente procedimiento de amparo constitucional.-
Pues bien, atendiendo al hecho que en el presente caso la acción de amparo tuvo como motivación principal la violación constitucional a tutela judicial efectiva, debido proceso y debida y oportuna respuesta (artículos 26, 51 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); y al lapso legal de pronunciamiento o plazos para decidir (establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal); en la cual el Juez Cuarto (4o) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal -presunto agraviante-incurrió en la omisión de pronunciamiento referente al pedimento del Ministerio Público y el denunciante, este Órgano Jurisdiccional, una vez examinado el asunto principal, pudo constatar que ya se dio cumplimiento al acto denunciado como prescindido, vale decir, que para la presente fecha no existe la violación de la omisión de pronunciamiento denunciada, en atención a lo cual, esta Sala advierte la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 1, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual refiere lo siguiente:
No se admitirá la acción de amparo:
1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla...
Así mismo es necesario traer a colación criterio que ha venido sosteniendo pacífica y reiteradamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así en decisión Nro 2302, de fecha 21 de agosto de 2003, que señala lo siguiente:
...a juicio de esta Sala, resulta acertado en Derecho, pues no puede admitirse un amparo constitucional cuando el objeto por el cual se ha incoado el proceso constitucional ya ha dejado de ser, tal y como lo prevé la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral l, el cual prevé la no admisión de la acción de amparo cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiese podido causarla, por lo que siendo ese el supuesto verificado en autos, resultaba ciertamente inadmisible la solicitud en cuestión, y así se declara.
Por lo cual, considerando que las causales de inadmisibilidad constituyen materia de orden público, que pueden por tal razón ser declaradas en cualquier estado del proceso, con fundamento a ello, se procede a declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el profesional del Derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, en su carácter de defensor del justiciable LUIS HERNÁN HORTÚA, conforme la previsión a que se contrae el articulo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales alegadas por el accionante; habida cuenta que en fecha 12-07-2017, se dictó decisión mediante la cual se declaró sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta. ASÍ SE DECIDE.
(
)ÚNICO: DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el profesional del Derecho DIEGO BARBOZA SIR1, en su carácter de defensor del justiciable LUIS HERNÁN HORTÚA, conforme la previsión a que se contrae el articulo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales alegadas por el accionante; habida cuenta que en fecha 12 del mes y año en curso, el juez de la instancia procedió a emitir pronunciamiento en relación a la solicitud requerida, declarando sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta
(Mayúsculas, negrillas, subrayado comillas internas del texto).
IV
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, para ello, se observa que el artículo 25, numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que es competencia de esta Máxima Instancia Judicial (
) Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional (
).
Por su parte, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra lo siguiente:
Artículo 35. Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días. (Subrayado de esta Sala).
En consecuencia, en el presente caso se evidencia que el tribunal que conoció de la acción de amparo constitucional en primera instancia y dictó la decisión apelada, es la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala de conformidad con las disposiciones señaladas con antelación, se declara competente para resolver el recurso de apelación propuesto por los abogados Diego Barboza Sirí, y José David Briceño Sanabria, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los números: 59.715 y 250.028, respectivamente, con el carácter de defensores privados del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, titular de la cédula de identidad núm. V-5.652.282. Así se declara.
Ahora bien, observa esta Sala que la decisión dictada por el a quo en sede constitucional, fue publicada el 13 de julio de 2017; que en fecha 14 de julio de 2017, el defensor privado Diego Barboza Sirí, apeló de la precitada decisión; el primer día hábil del lapso establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciones, tal como se evidencia del computo emitido por la Secretaria de la referida Corte de Apelaciones, en el que textualmente se dejó constancia de la siguiente manera:
.. De conformidad con las anotaciones del libro diario por esta Alzada, los días de Despacho transcurrido desde el 13 de julio de 2017, fecha en la que esta Sala dictó decisión mediante la cual declaró INADMISIBLE la Acción de amparo constitucional incoada por el abogado en libre ejercicio de la profesión DIEGO BARBOZA SIRI (sic), en su carácter de Defensor Privado del ciudadano LUÍS HERNÁN HORTÚA, hasta el día 14 de julio del año en curso, cuando se dio por notificado de la decisión dictada por esta Sala e interpone el Recurso de Apelación, transcurrieron un (1) día de despacho contados de la siguiente manera vienes 14 de julio de 2017
. (Mayúsculas y negrillas del texto).
Por lo que esta Sala declara que el presente recurso de apelación fue interpuesto de forma tempestiva.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Asumida la competencia, observa la Sala que el recurso de apelación que nos ocupa, le corresponde a esta Sala, preliminarmente efectuar pronunciamiento sobre la tempestividad del recurso de apelación ejercido el 14 de julio de 2017, y fundamentado en fecha 3 de octubre de 2017, con ampliación de dicho recurso en fecha 6 de diciembre de 2017, por los abogados Diego Barboza Sirí y José David Briceño Sanabria, apoderados judiciales del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA, al efecto se observa:
De las actuaciones realizadas por ante el Tribunal (4°) Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas:
En fecha 26 de enero de 2016, el ciudadano Wilfredo Morales Vera, titular de la cedula de identidad núm. V-.9.225.300, denunció al ciudadano Luis Hernán Hortúa, ante la Sub-Delegación El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida.
En fecha 26 de marzo de 2016, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Vigésima del Área Metropolitana de Caracas, solicitó medida cautelar de congelación de cuentas y bienes del hoy apelante Luis Hernán Hortúa, representante legal de la sociedad mercantil Distribuidora de Alimentos El fogón de la Abuela C.A., quien es comerciante residenciado en el Estado Lara, siendo solicitadas dichas medidas con ocasión de la supuesta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida calificada, investigación signada con el núm. MP-4284-2016 (nomenclatura de Ministerio Público).
En fecha 16 de agosto de 2016, el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Zulay Salar González, dictó decisión mediante la cual acordó medida cautelar innominada, consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias; Banesco Banco Universal., cuenta núm. 0134-0435-61-4353033335, Banco Mercantil, núm. 0105-5076471763013650 y Banco Mercantil núm. 0105-076-40-1763-01422-3, donde aparece como beneficiario el ciudadano Luis Hernán Hortúa, en la misma fecha mediante oficio 597-16, se dirigió a la Superintendencia del Sector Bancario a los fines de informar sobre lo decidido en el asunto penal 4C-S-1052-16, nomenclatura de ese despacho judicial.
En fecha 4 de octubre de 2016, los abogados Juan Torres, Carlos Peña Weffer y Diego Barbosa Sirí, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 125.489, 185.962 y 59.715, respectivamente, presentaron ante el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, escrito de impugnación contra el decreto de la medida cautelar innominada que pesa sobre las cuentas personales, cuentas conjuntas y cuentas de personas jurídicas relacionadas con el ciudadano Luis Hernán Hortúa.
En fecha 15 de octubre de 2016, el abogado Diego Barboza Sirí, ratificó el escrito de impugnación presentado por el defensor privado del ciudadano Luis Hernán Hortúa en fecha 4 de octubre de 2017, en contra de la medida cautelar decretada por el referido Tribunal, en fecha 16 de agosto de 2018.
En fecha 17 de octubre de 2016, los abogados Juan Torres, Carlos Peña Weffer y Diego Barbosa Sirí, ya supra identificados, fueron juramentados como defensores privados del ciudadano Luis Hernán Hortúa, por ante el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 22 de noviembre de 2016, el abogado Diego Barboza Sirí, solicitó pronunciamiento acerca de la impugnación que sobre la medida cautelar decretada a su defendido, por ante el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 23 de noviembre de 2016, el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Zulay Salazar González, dictó la siguiente decisión:
NIEGA la solicitud interpuesta por el Abg. DIEGO BARBOZA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA. titular de la cédula de identidad N° V- 5.652.282; en el sentido que se proceda a Anular la Medida Cautelar de Inmovilización de las cuentas en virtud de que hasta la presente fecha no han variado las circunstancias que motivaron la decisión dictada en fecha 16 de agosto de 2016, de igual forma no ha existido solicitud emanada de la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Carcas en relación a la investigación llevada por la misma de conformidad con el artículo 285 Constitución Bolivariana de Venezuela
En fecha 26 de abril de -2017, el Ministerio Público solicitó el cese de la medida cautelar acordada el 16 de agosto de 2016, por el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 28 de abril de 2017, se abocó la Jueza Edimar Pinto López, al conocimiento del asunto 4C-S-1052-16, de la nomenclatura interna del a quo constitucional.
En fecha 2 de mayo de -2017, el abogado Diego Barboza Sirí, solicitó pronunciamiento sobre la petición realizada por el del Ministerio Público referente al cese de las medidas cautelares innominadas decretadas.
En fecha 4 de julio de 2017, el abogado Diego Barboza Sirí, defensor privado del ciudadano Luis Hernán Hortúa, ejerció la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra la omisión de pronunciamiento y la dilación indebida en que supuestamente incurrió el Tribunal Cuarto (4°) de Control del Área Metropolitana de Caracas, al no haber emitido la decisión correspondiente a solicitud de la Fiscalía Vigésima del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 7 de julio de 2017, el asunto, es recibido por la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, quedando signado con la nomenclatura de esa Alzada 3915-17.
En fecha 12 de julio de 2017, el Juez Emilio Camacho, regentando el Tribunal Cuarto (4°) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en los siguientes términos:
(
) Es de acotar que el Ministerio Público en su escrito de solicitud indica que LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA, que recae sobre la cuenta N° 0134-0435-61-4353033335, de la entidad bancaria Banesco Banco Universal, donde aparece como beneficiario la persona jurídica distribuidora de Alimentos el Fogón de la Abuela. RIF J-401965261-1, cuenta N° 0105-5076-34-71763013650, de la entidad bancaria Banco Mercantil, donde aparece como beneficiario el ciudadano Luis Hernán Hortúa, titular de la cédula de identidad N° V-5.652.282 y cuenta N° 0105-076-40-1763-01422-3 de la entidad bancaria Banco Mercantil, donde aparece como beneficiario la persona jurídica Distribuidora de Alimentos el Fogón de la Abuela, RIF: 40196526-I, por considerar que no se han acreditado una responsabilidad directa al ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA (
) ello sin indicar más allá cuáles serían dichas razones que hicieron variar las circunstancias que lo obligan a solicitar a este Juzgado la imposición de tales medidas precautelativas y que este Juzgado decretó en fecha 16 de agosto de 2016, observando este Juzgador que en el presente asunto penal aún se encuentra en la misma fases de investigación, el mismo no explano en su solicitud las razones de hecho que llevaron a los solicitado no acreditando en su escrito los mismo a los fines de concatenarlos con el derecho.
En relación a lo anteriormente explanado, este Juzgado a los efectos de garantizar el resultado del proceso para el caso en el cual prospere la acción penal, declara SIN LUGAR la solicitud fiscal, y se mantiene LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA que recae sobre la cuenta N° 0134-0435-61-4353033335, de la entidad bancaria Banesco Banco Universal, donde aparece como beneficiario la persona jurídica Distribuidora de Alimentos el Fogón de la Abuela. RIF J-401965261-1, cuenta N° 0105-5076-34-71763013650, de la entidad bancaria Banco Mercantil, donde aparece como beneficiario el ciudadano Luis Hernán Hortúa titular de la cédula de identidad N° V-5.652.282 y cuenta N° 0105-076-40-1763-01422-3 de la entidad bancaria Banco Mercantil, donde aparece como beneficiario la persona jurídica Distribuidora de Alimentos el Fogón de la Abuela, RIF: 40196526-1. Y ASÍ SE DECLARA
(Mayúsculas, subrayo y negrillas del texto).
En fecha 12 de julio de 2017, la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones, solicitó mediante oficio 078-17, al Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, información correspondiente a la causa signada bajo el núm. 4C-S-1052-16 (nomenclatura de Tribunal a quo).
En fecha 13 de julio de 2017, mediante Oficio núm. 581-17, el Tribunal presunto agraviante, a cargo del Juez Emilio Camacho, informó a la Sala N° 9 de dicha Corte de Apelaciones lo siguiente:
en fecha 27 de abril de 2017, se recibió escrito de solicitud de cese de las medidas cautelares innominadas solicitadas por la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Carcas, igualmente cumplo con informarle que en fecha 12 de julio del presente año este juzgado declaró sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta, en la seguida contra el ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA titular de la cédula de identidad N° V- 5.562.282
.
En fecha 13 de julio de 2017, la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, declaró:
inadmisible la acción de amaro constitucional ejercida por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, en su carácter de defensor del justiciable LUIS HERNÁN HORTÚA, conforme a la previsión a que se contrae el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantirías constitucionales alegadas por el acciónate; habida cuenta que en fecha 12 del mes y año en curso, el juez (sic) de la instancia procedió emitir pronunciamiento en relación a la solitud requerida, declarando sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta
.
En fecha 14 de julio de 2017, el abogado Diego Barboza Sirí, apeló de la decisión dictada el 13 de julio de 2017, por esa Alzada, que declaró inadmisible la acción de ampro interpuesta.
Luego de un exhaustivo análisis, se desprende que el 12 de julio de 2017, el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión correspondiente a la causa signada bajo el núm 4C-S-1052-16, en la cual indicó que
27 de abril de 2017, se recibió escrito de solicitud de cese de las medidas cautelares innominadas solicitadas por la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Carcas, igualmente cumplo con informarle que en fecha 12 de julio del presente año este juzgado declaró sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta, en la seguida contra el ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA titular de la cédula de identidad N° V- 5.562.282
(Mayúsculas del texto).
Al respecto, esta Sala estima oportuno señalar que en reiteradas sentencias ha establecido que, ante la omisión de pronunciamiento, no existe medio de impugnación alguno distinto del amparo constitucional.
En este sentido, la sentencia núm. 1967, del 16 de octubre de 2001 (caso: Lubricantes Castillito, C.A.), señaló lo siguiente:
La Sala considera que aquellos casos en que el tribunal deje de efectuar pronunciamiento sobre una pretensión, y quede, por tanto, la cuestión planteada sin juzgar, se produce una situación de indefensión que vulnera el derecho de las partes a exponer los alegatos que estimen pertinentes para sostener la situación más conveniente a sus intereses. Sostiene esta Sala que presentar alegatos y esgrimir defensas en juicio tiene como finalidad el obtener por parte del órgano jurisdiccional que debe dirimir la controversia, una decisión justa y razonable. En este sentido, la omisión de pronunciamiento sobre lo alegado por una de ellas constituye una actuación indebida del órgano jurisdiccional, vulneradora del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de la parte cuyos alegatos fueron omitidos en el pronunciamiento del tribunal, lo que afectó el derecho a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, es propicio hacer referencia a la sentencia núm. 204 del 29 de febrero de 2012 (caso: Pedro José Moreno Guédez) en la cual, entre otras cosas, se estableció lo siguiente:
Así las cosas, es menester destacar que en el Código Orgánico Procesal Penal no está previsto ningún medio ordinario de impugnación contra las omisiones de pronunciamiento. En consecuencia, el accionante-apelante no contaba con la vía ordinaria para recurrir las decisiones accionadas en amparo; razón ésta por la cual no estaba dado al A quo constitucional declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo con fundamento en la causal contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se establece.
Analizadas las circunstancias del caso de autos, observa la Sala que previo al momento en que fue resuelto el amparo constitucional en primera instancia, el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitió el pronunciamiento que le dio origen, cesando la lesión constitucional delatada, y nació para el accionante la vía recursiva que establece el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el presente caso, bajo la existencia de un pronunciamiento sobrevenido el a quo constitucional declaró inadmisible la acción de amparo constitucional con fundamento en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que textualmente establece:
Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla. (
)
Así las cosas, se desprende que, en el caso que nos ocupa, la pretensión concreta del accionante es obtener respuesta acerca del
levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta, en la causa seguida contra el ciudadano LUIS HERNÁN HORTÚA titular de la cédula de identidad N° V- 5.562.282
(Mayúsculas del texto), razón por la cual observa esta Sala Constitucional que la lesión constitucional delatada cesó, estando en consecuencia, ajustada a derecho la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional declarada por el presunto agraviante. Así se establece.
En atención a los razonamientos expuestos, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de julio de 2017, por el abogado Diego Barboza Sirí, ya supra identificado actuando en representación del ciudadano Luis Hernán Hortúa, contra la decisión dictada el 13 de julio de 2017, por la Sala 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró inadmisible la tutela constitucional solicitada por el mencionado abogado en los siguientes términos:
inadmisible la acción de amaro constitucional ejercida por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA SIRÍ, en su carácter de defensor del justiciable LUIS HERNÁN HORTÚA, conforme a la previsión a que se contrae el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello en virtud de haber cesado las presuntas vulneraciones de derechos y garantirías constitucionales alegadas por el acciónate; habida cuenta que en fecha 12 del mes y año en curso, el juez de la instancia procedió emitir pronunciamiento en relación a la solitud requerida, declarando sin lugar el levantamiento de la medida precautelativa de aseguramiento de bloqueo e inmovilización preventiva de cuenta
. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de julio de 2017, por el abogado Diego Barboza Sirí, contra la decisión dictada el 13 de julio de 2017 por Sala 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión apelada.
Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 31 días del mes octubre de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
TANIA DAMELIO CARDIET
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
17-0922
GMGA/.
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