Venley

Sentencia N.º 1272

Sentencia
N.º 1272
Fecha
05/12/2024
Sala
Constitucional
Expediente
22-0797
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Solicitud de Avocamiento

 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

El 14 de octubre de 2022, el abogado Javier Armando Pérez Oliveros, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 303.491, actuando como apoderado judicial del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, titular de la cédula de identidad No. V-17.384.044, solicitó mediante escrito consignado ante la Secretaría de esta Sala, el avocamiento de esta instancia judicial de la causa signada bajo el N° 4883-21, que cursa en la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con  la decisión de fecha 6 de diciembre de 2021;  y de la causa signada bajo el N° 18038-19, que cursa en el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la decisión tomada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 29 de septiembre de 2022, que se le sigue al ciudadano solicitante.

 

En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

 

El 22 de noviembre de 2022, el abogado Javier Armando Pérez Oliveros, apoderado judicial del ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio, solicitó el avocamiento y consignó documentación relacionada con la presente causa.

 

El 17 de enero de 2024, se reunieron las Magistradas y los Magistrados Doctores Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta de la Sala Constitucional, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos, y Michel Adriana Velásquez Grillet, quienes fueron electos con tal carácter en reunión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de esta misma fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando constituida de la siguiente manera: Doctores Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta de la Sala Constitucional, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos, y Michel Adriana Velásquez Grillet.

 

El 2 de febrero de 2024,  el abogado Javier Armando Pérez Oliveros, apoderado judicial del ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio, solicitó el avocamiento y consignó documentación relacionada con la presente causa.

 

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la Magistrada  Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro. Se ratificó la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

La representación judicial del solicitante fundamentó su petición en los siguientes términos:

 

Que “(…) en fecha 06 de diciembre de 2021, tal y como consta en las actas del expediente signado con el N° 4883-21 nomenclatura interna de la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en Sala N° 4; la representación del Ministerio Público ante la causa, a tenor de lo previsto en el artículo 374 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, interpuso recurso de apelación (efecto suspensivo) contra la sentencia dictada por el Juzgado Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control de la misma Circunscripción Judicial (Circuito Judicial Penal), el cual, en fecha 29 de noviembre de 2021, luego de haber analizado los elementos cursantes en autos, emanados, entre otros aspectos de naturaleza jurisdiccional, del ‘Escrito de Acusación’ presentado por la Fiscalía 4 Nacional Contra la Corrupción (nótese, acá, la materia en cuya área de especialidad actúa el Ministerio Público en la identificada causa); decidió decretar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad en favor de los derechos fundamentales que asisten a quien pretende, a través de la postulación de la presente pretensión procesal de avocamiento constitucional, la efectiva tutela y protección de los mismos; sentencia esa que fuere revocada por el precitado juzgado superior de la República al declarar ‘Con Lugar’ el recurso respectivo y decretar ‘Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad’ con ‘fundamento’ en un ‘análisis’ estrictamente ‘procesal’ que no solo dispuso de una quaestio facti a todas luces fuera del ámbito competencial material de la llamada jurisdicción penal (los hechos, no revisten carácter penal), lo que consolida la gravedad máxima del asunto; sino que, además, técnicamente, absolvió de la instancia al omitir el tema central que motivó una ‘acusación fiscal’ en el contexto de Corrupción (y que por ende determina la extralimitación de las funciones y competencias constitucional y legalmente atribuidas incluso al Ministerio Público) que debió haber culminado en un pronunciamiento judicial desestimatorio de la ‘pretensión postulada’ (Imputación/Acusación) por no tratarse de asunto alguno que involucre a la Administración Pública Nacional (…)” (Énfasis del escrito citado).

 

Que “(…) en fecha 01 de septiembre de 2019, tal y como consta en el expediente signado con el número 18038-19, es celebrada la audiencia para oír al imputación (Anexo N° 4), nomenclatura del Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la representación del Ministerio Publico, precalifica los delitos a los ciudadanos KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO de estafa continuada, porte ilícito de armas, usurpación de identidad y asociación para delinquir y para ORLANDO JÚNIOR MORENO SERRANO estafa continuada en concurso real y asociación para delinquir, considerando la instancia jurisdiccional la desestimación de los delitos de porte ilícito de arma, usurpación de identidad y asociación para delinquir, acogiendo únicamente el delito de estafa continuada para ambos imputados, seguidamente en fecha 16 de octubre de 2019, se recibe por ante el juzgado de la causa acusación fiscal anexo N° 5) mediante la cual se imputan solamente al ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, nuevamente los cuatro (4) delitos anteriormente mencionados, sin considerar el criterio establecido por la instancia jurisdiccional de control, en fecha 29 de septiembre de 2022 se celebra la Audiencia Preliminar (anexo N° 2), en donde se decide por parte del Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia en Funciones de Control admitir en su totalidad la Acusación Fiscal en todos sus elementos de convicción y pruebas sugerido por la representación del Ministerio Publico, decisión que ratificó la solicitud de privativa de la libertad impuesta por el tribunal (…)” (Énfasis del escrito citado).

 

Que “(…) la ilegitimidad de la privación de libertad impuesta por la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (Sala N°4), y del Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas ahí ya identificado ciudadano, agraviado y amenazado, Karl Alexander Díaz Aparicio; deviene porque, con ocasión de conocer, en el marco de sus competencias de segunda instancia, de un recurso de apelación, en la ‘modalidad de efecto suspensivo’ conforme a lo preceptuado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, ejercido por el Ministerio Público en contra de la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2021 por el Tribunal Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó a favor del mismo ‘Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad’ basándose para hacerlo en el notorio y cuan (sic) extremadamente evidente hecho de que ‘...no se evidencia de las actuaciones que el imputado haya realizado artificios para engañar la buena fe de otro, induciéndole en error, procurando para sí un provecho injusto en detrimento de la administración pública, ya que como se dijo anteriormente, presuntamente pudo haber realizado lo anterior, pero en perjuicio de un particular como es la víctima ciudadano Miguel, dueño de la oficina de apuestas hípicas, pero no en contra de la administración pública...’, razón por la cual procedió a la modificación de la precalificación del delito de Estafa Agravada, en el marco del supuesto contenido en el artículo 462, numeral 1 del Código Penal Venezolano, por el de Estafa Simple, previsto y sancionado en el encabezado del propio artículo 462 ejusdem; inicia el desarrollo del fallo citando el argumento de la ‘Representación del Ministerio Público’ (Capítulo ‘III’ de la sentencia), en el cual, dicho funcionario, adujo el ejercicio del respectivo recurso afirmando que ‘...esta[n] en presencia honorable juez en hechos donde evidentemente ha resultado agredido el estado venezolano aparte por supuesto de la oficina gimnasio, en virtud de ello que nos encontramos ante un hecho punible donde el estado venezolano es el agraviado lo cual está establecido en el artículo 374 es que se ejerce el presente recurso, remita las actuaciones a una Sala Corte de apelaciones, es todo...’ (sic), es decir, plasmando la base preceptiva de naturaleza jurídico - normativa que, en el contexto de la legislación penal en materia de Corrupción, al parecer, le sirvió ‘sustantivamente’ al Ministerio Público para imputar los tipos penales relativos a la configuración de los delitos de Obtención Ilegal de Lucro (artículo 74 de la Ley contra la Corrupción) y Estafa Agravada (artículo 462.1 del Código Penal Venezolano), que resultan ser los destacables, en este punto del análisis, a efectos de poder reflejar la falaz premisa en la que descansó la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para poder ‘justificar’ la puesta en marcha de un procedimiento penal en contra del agraviado y, más allá, el sostenimiento y mantenimiento sobre éste de una medida de privación que, a la luz de la juridicidad de los hechos, tal y como lo señala[ran] en el capítulo ‘I’ de la presente Pretensión Procesal de Amparo Constitucional, ni siquiera revisten carácter penal, como le fue advertido al mencionado juzgado superior por la representación de la defensa privada en la oportunidad de dar contestación a la apelación interpuesta por la autoridad fiscal actuante (Capítulo IV de la sentencia de la Sala N° 4 de la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas del 06 de diciembre de 2021) (…)” (Énfasis del escrito citado).

 

Que “(…) en el marco de conocer mediante su competencia en primera instancia, el tribunal de la causa Primero (1o) en Funciones de Control, hace inobservancia de los criterios jurídicos esgrimidos en audiencia para oír al imputado resultado como efecto que la representación fiscal pueda violentar el debido proceso acusando tipos de delitos que fueron desestimados por la primera instancia ejercida por el tribunal de la causa (…)”.

 

Que “(…) el ‘caso’ del ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio, de alguna manera y en algún grado o nivel de esa realidad, cuyo motivo se desconoce, configura o entraña una identidad con ese tipo de situaciones, dado que no logra comprenderse cómo es que la Sala 4 de la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo un órgano colegiado, conformado por ende por varios jueces profesionales, razonadores y pensantes cada uno de ellos, con relación a los cuales además priva y pesa la presunción Iura Novit Curia: no logre discernir, tal como lo señaló el Tribunal Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en su sentencia del 29 de noviembre de 2021; que la administración del Estado, o Administración Pública no cumple ningún rol en la temática sometida a la jurisdicción, ni figura en el contexto de los hechos y circunstancias que relacionaron al ciudadano Karl Díaz a un asunto de naturaleza estrictamente civil que, a lo sumo, en el orden de las complicaciones que pudieron desprenderse de las mismas, habrían generado un conflicto, por ejemplo, por cobro de bolívares ante los juzgados de la competencia civil y/o mercantil, asimismo, no logra comprender, cómo el Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia admite una acusación presentada por el Ministerio Publico, en la que previamente se ventila y verifica mediante actas, la desestimación de los delitos precalificados y que no revisten carácter penal (…)” (Énfasis del escrito citado).

 

Que “(…) como lo analizó en su oportunidad el Tribunal Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, aunque muy tímidamente (porque lo que correspondía era decretar la Libertad Plena del hoy acusado -agraviado, dado que la pre-calificación del delito de Estafa Simple analizado por dicho juzgado, tampoco fue objeto, por parte de éste, de un análisis propio o in extenso, sino que se circunscribió a ser mencionado como una mera posibilidad configurativa frente a la muy evidente ausencia del delito de Estafa Agravada, que lo único que permitía era que, en todo caso, se profundizara más en la investigación fiscal, y no, como ocurrió, que se adoptara como presupuesto procesal para decretar, con ocasión de la apelación ejercida, una ‘Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad’; que incluso la propia representación del Ministerio Público en su ‘Escrito de Acusación’ (‘Capítulo II’, ‘Relación de los Hechos Imputados’, página 5) señala expresamente ‘...hasta la fecha de la interposición de la denuncia, el deudor no había dado señales de forma voluntaria para realizar los referidos pagos, causando así un (sic) afectación directa a la Oficina Gimnasio e indirecta al Estado Venezolano a través de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, quien dejó de percibir la tasa correspondiente por dichas jugadas (…)” (Énfasis del escrito citado)

 

Que “(…) la Sala N° 4 de la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se limitó a indicar lo que decidió o dispuso el Tribunal Quincuagésimo Primero (51°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas pero jamás entró a discernir el por qué lo decidió y lo dispuso, lo que constituía exactamente la materia a decidir en apelación, porque son esos motivos o razones, y no otros, los que informan a la concreción y/o realización o no, de la justicia a que refiere nuestro artículo 257 del Texto Fundamental. Y ello lo hizo así el identificado juzgado superior, aun señalando él mismo, en la parte motiva de la sentencia aludida, que el Ministerio Público fundamentaba el recurso de apelación en que ‘...está[n] en presencia honorable juez en hechos donde evidentemente ha resultado agredido el estado venezolano aparte por supuesto de la oficina gimnasio, en virtud de ello que [se encuentran] ante un hecho punible donde el estado venezolano es el agraviado (…)”  (Énfasis del escrito citado, corchete de esta Sala).

 

Que “(…) más allá del análisis hasta acá realizado acerca de la grave imprecisión técnico-argumental y de razonamiento judicial que ha signado la actuación de la totalidad de las autoridades intervinientes en las diferentes instancias y grados de jurisdicción, para velar y revelar la ausencia total y absoluta de elementos que trasladen y sostengan el asumo (sic) en la Competencia Material Penal de la Jurisdicción del Estado venezolano, [quieren] resaltar, como elemento coadyuvante para la determinación de la amenaza y consumada violación de los derechos fundamentales del agraviado, a los fines de garantizarle el amparo y debida protección de los mismos, de cara al restablecimiento inmediato de su situación jurídica infringida; el que no desea este requerimiento de justicia, representado por esta pretensión de avocamiento, y elevado a este Tribunal Supremo de Justicia para su resolución definitiva, limitarse a su postulación y formalización (interposición), con fundamento en la competencia que le asiste, en Sala Constitucional, para avocar constitucionalmente evidentes violaciones al orden publico constitucional, en todas las instancia de los juzgados de la República...’ (Artículo 25, numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) sino que, antes por el contrario, quiere efectivamente lograr, en la visión de control y protección de los preceptos principios de rango constitucional que le han sido otorgados por el constituyente a esta en la Carta Magna; dejar ver con claridad la condición objetiva que a título de estado abandono soporta y tolera, en los niveles esenciales, el agraviado - peticionante (en estos casos que lleva [en]  su conocimiento, porque, por generalidad, asum[en] que deben existir cualquier cantidad de situaciones personales e individuales de procesados y acusados penalmente, que guardan similitud o identidad plena con la aquí plasmada), de modo tal que le permita a este Supremo Tribunal de la República ejercer sus más amplias potestades, con auténtico y verdadero sentido de justicia constitucional, atendiendo a los elevados criterios de resguardo y tuición de los derechos humanos y fundamentales del peticionante, mucho más allá de la vinculación que formalmente le delinea el proceso y el derecho procesal en sí mismo, de cara a la adopción de un asunto que se revela como de mero derecho, especialmente tomando en consideración que no existe en la vía ordinaria, al momento de postular esta demanda, recurso judicial alguno que haga posible evitar un enjuiciamiento del solicitante en las condiciones fácticas y jurídicas más grotescamente reprochables que pudieren proyectarse, al no contar con autoridad alguna que declare formalmente el perverso uso del debido proceso y sus instituciones que se ha hecho con su ‘causa’. (…)”  (Énfasis del escrito citado, corchete de esta Sala).

 

Finalmente, solicitó “declare la procedencia [de] la solicitud de avocamiento constitucional y, en consecuencia, sea del conocimiento pleno por parte de esta honorable [S]ala de la decisión de fecha 06 de diciembre de 2021 adoptada por la Sala N° 4 de la Corte Penal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (expediente N° 4883-21), y la decisión por parte del Tribunal Primero (Io) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas (expediente N° 18038-19) que amenaza y conculca los derechos constitucionalmente consagrados en favor del ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio (agraviado) en los términos expuestos, para con ello restablecer inmediatamente y de forma definitiva la situación jurídica infringida a la persona humana por él representada, en resguardo, igualmente, de los preceptos y principios constitucionales que impregnan los mecanismos de protección constitucional establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Énfasis del escrito citado, corchete de esta Sala).

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse previamente sobre su competencia para conocer de la presente solicitud de avocamiento y a tal efecto, observa que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece, con relación a la figura del avocamiento, lo siguiente:

 

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

 

De las normas transcritas, se desprende la competencia de las Salas de este Alto Tribunal para avocarse al conocimiento de las causas que cursen ante tribunales de inferior jerarquía, aun de oficio, en las materias de su respectiva competencia. Por ello se impone que cada Sala, previamente, determine la naturaleza del asunto sobre el cual se fundamenta la petición de avocamiento, para concluir si lo pretendido corresponde a la materia afín que permita el conocimiento de lo solicitado.

 

En tal sentido, se advierte que conforme a su reiterada y pacífica jurisprudencia esta Sala podrá conocer de las solicitudes de avocamiento que refieran a juicios en los cuales se diriman asuntos concernientes a la justicia constitucional, esto es, aquellos casos que versen sobre las sentencias de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los demás tribunales de la República; el control concentrado de constitucionalidad de las leyes y demás actos dictados por los órganos del Poder Público en ejecución directa e inmediata de la Constitución; el control de la omisión del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, así como de cualquier órgano que ejerza el Poder Público Nacional, respecto de las obligaciones o deberes establecidos directamente por la Constitución; colisiones de leyes; las controversias constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público; el control previo del carácter orgánico de las leyes; el conocimiento de las infracciones a derechos y garantías constitucionales a través de la acción de amparo constitucional y de las acciones tendientes a la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, entre otros asuntos (Vid. Sentencias N° 25, del 22 de enero de 2003 y N° 1673, de 21 de febrero de 2009).

 

Al respecto, la Sala en su fallo N° 2147 del 14 de septiembre de 2004, justificó “el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen”.

 

Ello así, para el conocimiento del caso sub lite, debe hacerse un examen de la naturaleza propia de la pretensión y las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal. En este sentido, establece el numeral 16 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que esta Sala se podrá avocar al conocimiento de una causa determinada cuando “se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

 

En consonancia con lo expuesto, esta Sala ha sostenido que en determinados casos puede reservarse su conocimiento con carácter de exclusividad, siempre y cuando se verifiquen “ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir, la competencia de la Sala establecida (…) en virtud de la situación de relevancia nacional que afecte de una manera grave al colectivo, y a la Sala le conviene regular en virtud de uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del interés general” (Vid. sentencia N° 750/2006).

 

Ahora bien, en el presente caso el abogado Javier Armando Pérez Oliveros¸ actuando como apoderado judicial del ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio, solicitó el avocamiento de esta instancia judicial de la causa signada bajo el N° 4883-21, que cursa en la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con  la decisión de fecha 6 de diciembre de 2021;  y de la causa signada bajo el N° 18038-19, que cursa en el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la decisión tomada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 29 de septiembre de 2022.

 

Al respecto, la Sala observa que en el caso bajo estudio la solicitud de avocamiento se circunscribe a una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en el conocimiento de dos causas de naturaleza penal que se sigue contra el ciudadano Karl Alexander Díaz Aparicio, ante la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, de modo que el avocamiento solicitado se refiere a un proceso penal que no involucra competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, ni se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos.

 

Así las cosas, la Sala advierte que no están llenos los extremos exigidos para que esta Sala ejerza su facultad de avocarse al caso de autos, toda vez que, al tratarse de una causa penal de la que se pretende el avocamiento, tal potestad queda circunscrita al ámbito penal, por lo que se concluye, que corresponde a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, conocer sobre la procedencia o no de la presente solicitud de avocamiento.

 

En consecuencia, esta Sala se declara incompetente para conocer de la solicitud de avocamiento planteada, y en consecuencia, declina el conocimiento en la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, a la cual se ordena remitir las presentes actuaciones.  Así se decide.

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara que:

 

1.      Es INCOMPETENTE para conocer de la solicitud de avocamiento planteada por el abogado Javier Armando Pérez Oliveros¸ actuando como apoderado judicial del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, de la causa signada bajo el N° 4883-21, que cursa en la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con la decisión de fecha 6 de diciembre de 2021;  y de la causa signada bajo el N° 18038-19, que cursa en el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la decisión tomada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 29 de septiembre de 2022.

 

2.      Se DECLINA el conocimiento de la presente causa a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese. Remítase el expediente a la Sala de Casación Penal.  Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

TANIA D’AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

 

       LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                        Ponente

           

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

El Secretario,

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

22-0797

LFDB

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