Sentencia N.º 239
- Sentencia
- N.º 239
- Fecha
- 07/11/2022
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 22-211
- Ponente
- Edgar Gavidia Rodríguez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado Dr. EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano MARIO VACONDIO, representado judicialmente por las abogadas Omaira Pérez Pérez y Jenny Patricia Sánchez García, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 112.108 y 123.635 respectivamente, contra la sociedad mercantil CENTRO CERÁMICO HOLA, C.A., sin representación judicial acreditada en autos y como terceros intervinientes los ciudadanos ANTONIO MARTIN PÉREZ y NICOLA BRENCA PEPE, representados judicialmente por los abogados José Gregorio España Gamboa, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, David Abrahan Burguillos Atencio y Milagros Josefina Andrade Hernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.906, 24.994, 247.848 y 308.838 respectivamente, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, mediante decisión proferida el 23 de mayo de 2022, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos ANTONIO MARTIN PÉREZ y NICOLA BRENCA PEPE en su carácter de accionistas de la demandada y terceros intervinientes; improcedente la intervención como terceros de los referidos ciudadanos (quienes fueron notificados como demandados); con lugar la apelación interpuesta por la parte actora; parcialmente con lugar la demanda; modificando el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, el 08 de marzo de 2022, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra la decisión de alzada, los terceros intervinientes anunciaron y formalizaron recurso de casación. Hubo contestación.
Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 21 de julio de 2022 y se designó como ponente al Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez.
Por auto del 12 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se fijó la audiencia pública y contradictoria para el jueves 29 de septiembre de 2022, a las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.).
El 20 de junio 2022, se acordó diferir la audiencia pública y contradictoria para el 13 de octubre de 2022, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), finalmente el 03 de octubre del presente año se acordó diferir la audiencia para el jueves 20 de octubre de 2022, a las diez de la mañana (10:00 a.m.).
Celebrada la audiencia en la fecha indicada, y dictada la decisión en forma oral e inmediata, esta Sala de Casación Social, procede a publicar la misma en atención a lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
-I-
Con fundamento en el numeral 1 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 15 y 313 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, denuncian los recurrentes el quebrantamiento por parte de la recurrida de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, toda vez que no valoró como es debido la prueba en la cual se justifica el motivo por el cual no asistieron a la audiencia preliminar realizada por el Tribunal a quo, el 25 de febrero de 2022.
Plantean los recurrentes la presente delación, fundamentándola en el hecho de que en la referida fecha sufrieron un accidente de tránsito terrestre en la carretera que conduce de Santa Teresa a Charallave de los Valles del Tuy, el cual fue levantado por las autoridades de tránsito terrestre, siendo presentada oportunamente copia certificada del expediente administrativo correspondiente ante el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave.
Que como consecuencia de dicho accidente se produjo un hecho de fuerza mayor no imputable a ellos, por lo cual el Sentenciador de Primera Instancia debió reponer la causa al estado de la celebración de la audiencia preliminar y no dictar sentencia con base a la admisión de los hechos, lo cual creó el vicio de indefensión a los recurrentes.
Se expone que el vicio de indefensión se produce cuando el Juez impide la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos, y eso fue lo que ocurrió, cuando la Jueza de la recurrida al resolver la apelación contra la decisión del a quo, declaró sin lugar y dictaminó que no se registraron los presupuestos eximentes de responsabilidad de obligación de comparecencia a la audiencia preliminar, contemplados en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Relatan los recurrentes que quedo claramente demostrado con la consignación oportuna del expediente administrativo emanado de las autoridades de tránsito terrestre, que sufrieron un accidente de tránsito no imputable a ellos, por lo que se está en presencia de la fuerza mayor o caso fortuito.
Que la Jueza de la Alzada no valoró el contenido del expediente administrativo público emanado de las autoridades de Tránsito Terrestre que en copia certificada fue oportunamente presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, siendo éste un documento administrativo y público, por lo cual debió tomar en cuenta su contenido y no desecharlo sin fundamentación alguna como efectivamente lo hizo. Que no fue examinado en forma expresa, detallada y pormenorizada el documento, lo cual debió hacerse conforme a la sana crítica prevista en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Para decidir la Sala observa:
De la lectura de la denuncia planteada, entiende esta Sala que lo pretendido por el recurrente es denunciar el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso y el derecho a la defensa, en virtud que a su decir la recurrida no valoró debidamente el medio probatorio a través del cual se justifica el motivo de incomparecencia a la audiencia preliminar realizada por el Tribunal a quo, el 25 de febrero de 2022.
En cuanto al vicio por quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que causen indefensión, este se configura cuando el juez con su conducta le impida a las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos e intereses. Asimismo, se ha señalado en innumerables criterios que la forma de presentarse este vicio, se hace patente cuando el juez, por menoscabo o por exceso, desmejora o limita, los derechos de una de las partes así como por conceder a otra mayores recursos o permitirle actuaciones excesivas que perjudique a la contraparte. Así pues, el quebrantamiento de forma, proviene pues de una actuación del tribunal no imputable a la impericia, negligencia o abandono de una de las partes que le impide al actor o al demandado, el derecho al ejercicio de determinada defensa. En síntesis, dicho motivo de casación se ciñe estrictamente a aspectos adjetivos y no sustantivos, cuya finalidad es la de evitar que se subvierta el orden procesal o se altere el equilibrio entre las partes.
A los fines de corroborar si el Juzgado Superior incurrió en el quebrantamiento denunciado, se transcribe de la recurrida lo siguiente:
( ) En el caso de autos fecha 08 de abril del 2022, la representación judicial de los terceros días después de haber ejercido el recurso de apelación de manera pura y simple sin indicar los motivos de su incomparecencia a la audiencia preliminar procedió a consignar escrito mediante el cual consigna documento público administrativo referente a copia certificada de expediente administrativo denominado Certificación de actuaciones expedido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Servicio de Transito de los Valles del Tuy que corresponde un Documento Publico Administrativo e indica que la incomparecencia a la audiencia preliminar de sus representados obedece a una situación sobrevenida de fuerza mayor como lo es un accidente de tránsito.
Esta alzada considerando criterio reiterado de la Sala de Casación Social respecto a la oportunidad en que debe anunciarse los motivos de la incomparecencia a la audiencia preliminar procede a valorar la documental consignada como documento público administrativo, y adminicularlo con las demás actas del proceso debido a las observaciones a dicha documental por parte de la representación judicial de la parte actora, y alegatos de los terceros intervinientes y en tal sentido: constata, que dicha causal de incomparecencia y los elementos probatorios por razones de fuerza mayor no fue alegada oportunamente, no obstante; la referida documental tratándose de un Documento Publico Administrativo debe ser analizada y dada las observaciones realizadas por la parte actora recurrente respecto a la referida documental, debe adminicularse con otras circunstancias del proceso, en este sentido revisadas las actas del expediente en especial las actuaciones en la fase preliminar Atendiendo lo alegado por la parte actora respecto a las observaciones a dicha documental y situaciones ocurridas en la fase preliminar, se constata de los autos que los terceros recurrentes, no fueron diligentes en asumir la representación de la demandada, aun habiendo sido debidamente notificados para comparecer en representación de la demandada, alegando para ello su imposibilidad de otorgar poder, pues tal facultad está dada al director principal quien es parte actora en la presente causa, no obstante; se demuestra de los autos que los accionistas ostentan entre ambos el 66% de las acciones es decir son mayoría en una compañía anónima por lo que debieron convocar a asamblea general de accionistas y tomar las medidas para la mejor defensa de sus intereses y hacerlo preliminar, no constando en autos que hayan actuado diligentemente en este sentido. Así se deja establecido.
Por otra parte es un hecho admitido en la audiencia oral y pública de apelación que el apoderado de los accionistas terceros interviniente, que hoy los representa en el presente recurso de apelación Abogado José Gregorio España el día de la audiencia preliminar luego de firmar el control de asistencia para la audiencia abandono la misma dejando desasistido a los terceros interesados, teniendo el juez a quo que diferir la audiencia y en ese mismo acto les advirtió a los ciudadanos ANTONIO MARTIN PEREZ y NICOLA BRENCA PEPE, que a la audiencia primitiva tenían que hacerse representar judicialmente so pena de desacato. lo cual no acataron, pues el día del presunto accidente aun no contaban con abogado, lo cual podía ser previsible, de manera que ante tales situaciones, y la falta de elemento probatorio suficiente que demuestre que el accionista Nicola Brenca Pepe el día de la audiencia luego del accidente acudió a un CDI lo cual no fue anunciado en su debida oportunidad ni acreditado mediante elemento probatorio en la audiencia oral y pública de apelación, hacen concluir a esta alzada que los terceros intervinientes no estaban del todo imposibilitados de manera absoluta para cumplir, con su obligación procesal y no actuaron con la debida diligencia a criterio de esta alzada, pues de haber sido diligentes y cumplir la advertencia del a quo al día del accidente hubiesen estado representados por abogados en la audiencia preliminar, ya que era la tercera audiencia que no se realiza por las diversas razones antes expuestas indicadas por la parte actora y constatado en autos por esta alzada, las cuales obstaculizaron el desarrollo de la fase preliminar, pasar por alto las eventualidades que obstaculizaron el proceso en la fase de la audiencia preliminar seria relajar el proceso laboral, en razón a las consideraciones previamente señaladas esta Juzgadora concluye que la circunstancia de hecho alegada no cumple con los presupuestos o condiciones necesarias para la procedencia de la fuerza mayor como efecto liberatorio a la consecuencia de la incomparecencia a la audiencia preliminar, por cuanto hacerse representar en la audiencia preliminar era una situación previsible al haber sido advertida por el juez a quo con suficiente anticipación pues se evidencia a los autos que la advertencia del juez a quo a los accionistas notificados de comparecer como demandados, fue el día 31 de Enero de 2022, y al día de la audiencia preliminar, es decir, al día 25 de febrero 2022 disponían de suficiente tiempo para otorgar poder y hacerse representar en la audiencia preliminar, por lo que resulta improcedente el pedimento de los terceros intervinientes de reposición de la causa al estado de celebración de la Audiencia Preliminar por ser en base a los razonamientos antes expuestos la incomparecencia a la audiencia preliminar injustificada. Así se decide. ( ) (Sic).
De la cita precedente del fallo impugnado se observa que la Juez de Alzada, al momento de resolver el punto atinente a la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, se pronunció respecto a la copia certificada del expediente administrativo denominado Certificación de Actuaciones expedido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Servicio de Tránsito de los Valles del Tuy, consignada por los terceros intervinientes, adminiculándola con las demás actas del proceso debido a las observaciones realizadas con respecto a la referida documental por parte de la representación judicial del ciudadano accionante y los alegatos de los terceros intervinientes.
Así las cosas, considera esta Sala que lo verdaderamente planteado por la parte recurrente es su inconformidad con la valoración efectuada por la Sentenciadora de Alzada a la documental, y la conclusión a la cual arribó (no el quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa), por lo tanto, se debe destacar que es potestad de los jueces de instancia establecer de una manera soberana los hechos y decidir el mérito del asunto, para determinar si son procedentes o no las pretensiones o defensas alegadas por las partes, salvaguardando así el derecho a la defensa y el debido proceso, no permitiéndose a esta Sala actuar como una tercera instancia.
Ahora bien, esta Sala de Casación Social, extremando funciones y a los fines netamente pedagógicos, en su labor de revisión integral del fallo cuestionado y de los argumentos expuestos por los formalizantes en su escrito, verifica un claro desacuerdo por parte de los terceros intervinientes con la valoración de las pruebas aportadas al proceso y a las conclusiones a las cuales arribó la Juez de Alzada, una vez efectuado por parte del juzgado correspondiente el análisis probatorio específicamente de la copia certificada del expediente administrativo denominado Certificación de Actuaciones expedido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Servicio de Tránsito de los Valles del Tuy, toda vez que la misma se apreció de manera distinta a la aspirada por los recurrentes, labor que le corresponde realizar a los jueces de instancia según su libre y soberana apreciación, bajo la aplicación de las reglas de la sana crítica como lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así, la Sala Constitucional en innumerables sentencias, ha establecido que la valoración de las pruebas forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (vid. ss. S.C. Nos. 325 del 30 de marzo de 2005, 1761 del 17 de diciembre de 2012, 36 del 14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, 15 del 18 de febrero de 2014, entre otras), por consiguiente, no puede fundamentarse el recurso de casación, en disconformidad con la valoración de la prueba, pues, eso forma parte de la labor cognoscitiva de los jueces de instancia, por lo que el recurso de casación vale insistir, no debe ser entendido como un medio ordinario de impugnación o como una nueva instancia.
Así las cosas, se concluye que la Juez Superior no incurrió en el vicio delatado, motivo por el cual, se declara sin lugar la denuncia. Así se declara.
-II-
Con fundamento en el numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncian los recurrentes la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir la sentencia impugnada en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.
Fundamenta la parte recurrente la presente delación, indicando que la Juzgadora de Alzada en ninguna parte de la decisión realizó valoración alguna sobre el expediente administrativo emanado de Tránsito Terrestre en copia certificada y del cual se evidencia que sufrieron un accidente de tránsito terrestre.
Que quedó demostrado con el documento público administrativo que su incomparecencia a la audiencia preliminar fue justificada, y en consecuencia, se debe fijar nueva oportunidad para que se realice la misma.
Fue expresado que en materia laboral, la valoración y apreciación de las pruebas corresponde al Juez considerando las reglas de la Sana Crítica, debiendo analizar todas las pruebas que hayan sido promovidas, admitidas y evacuadas en la oportunidad legal correspondiente, aun cuando aquellas que a su criterio, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, todo en atención a lo establecido en los artículos 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 509 del Código de Procedimiento Civil.
Se relata que del análisis de la sentencia impugnada se evidencia que el ad quem hizo mención sobre el informe de tránsito, sin embargo no valoró en ningún momento el contenido del expediente administrativo, emanado de las autoridades de tránsito terrestre competentes, lo cual era necesario para la justificación a la incomparecencia de la audiencia preliminar. Que la Jueza de Alzada en su razonamiento obvió que en materia laboral se puede apelar de una sentencia de manera pura y simple sin necesidad de formalizar la apelación y ese razonamiento lo aplicó para desestimar la apelación.
Que la Jueza de la recurrida no realizó el análisis de la prueba documental y la exhibición de documentos promovida, pero si hubiese valorado esta prueba como era su deber, el resultado de la sentencia hubiese consistido en la anulación de la sentencia de Primera Instancia, ordenando reponer la causa al estado en que se realice la audiencia preliminar, por ello se considera que se materializó el delatado vicio de inmotivación por silencio de pruebas.
Para decidir la Sala observa:
De lo expresado ut supra, esta Sala entiende que los recurrentes denuncian el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, por cuanto la alzada no emitió pronunciamiento en lo relativo a la prueba documental concerniente al expediente administrativo emanado de Tránsito Terrestre en copia certificada y del cual se evidencia que sufrieron un accidente de tránsito terrestre el día en que fue celebrada la audiencia preliminar, lo cual a su decir, justifica su incomparecencia.
Así, el vicio de inmotivación por silencio de pruebas se configura cuando el Juez omite total o parcialmente el análisis sobre una o todas las pruebas promovidas, incluso aquellas que a su juicio no son idóneas o no ofrezcan algún elemento de convicción, debiendo expresar siempre su criterio al respecto. A los fines de ser declarados los vicios que se denuncian, las pruebas promovidas y evacuadas en la oportunidad legal correspondiente, y que fueron silenciadas total o parcialmente en la sentencia, deben ser de relevancia para la resolución del caso. En este sentido, con base en disposiciones constitucionales, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta, no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada o no hace imposible su eventual ejecución. (Sentencia Nro. 1141 de fecha 10 de noviembre de 2016, caso: Antonio José Salas Sánchez contra Servicios San Antonio Internacional, C.A.).
En este contexto, resulta oportuno destacar que, a diferencia de la materia civil en la que rige el principio de la tarifa legal en la apreciación de las pruebas, en la laboral impera la sana crítica, analizando y juzgando todas las que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a juicio del sentenciador, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, en atención a lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (sentencia Nro. 311 de fecha 17 de marzo de 2009, caso: Antonio Albertino Pereira Gómez Da Silva contra Depósito La Ideal, C.A.). Al respecto, es de hacer notar que en materia probatoria los jueces laborales son soberanos en la apreciación de las pruebas y la Sala exclusivamente podrá pronunciarse con respecto a las mismas, cuando se denuncie o se evidencie la infracción de las normas relativas a su valoración.
Al efectuarse la lectura de la sentencia recurrida, y para verificar si se incurrió en el vicio denunciado, se aprecia que la Juzgadora de Alzada, estableció lo siguiente:
( ) En el caso de autos fecha 08 de abril del 2022, la representación judicial de los terceros días después de haber ejercido el recurso de apelación de manera pura y simple sin indicar los motivos de su incomparecencia a la audiencia preliminar procedió a consignar escrito mediante el cual consigna documento público administrativo referente a copia certificada de expediente administrativo denominado Certificación de actuaciones expedido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Servicio de Transito de los Valles del Tuy que corresponde un Documento Publico Administrativo e indica que la incomparecencia a la audiencia preliminar de sus representados obedece a una situación sobrevenida de fuerza mayor como lo es un accidente de tránsito.
Esta alzada considerando criterio reiterado de la Sala de Casación Social respecto a la oportunidad en que debe anunciarse los motivos de la incomparecencia a la audiencia preliminar procede a valorar la documental consignada como documento público administrativo, y adminicularlo con las demás actas del proceso debido a las observaciones a dicha documental por parte de la representación judicial de la parte actora, y alegatos de los terceros intervinientes y en tal sentido: constata, que dicha causal de incomparecencia y los elementos probatorios por razones de fuerza mayor no fue alegada oportunamente, no obstante; la referida documental tratándose de un Documento Publico Administrativo debe ser analizada y dada las observaciones realizadas por la parte actora recurrente respecto a la referida documental, debe adminicularse con otras circunstancias del proceso, en este sentido revisadas las actas del expediente en especial las actuaciones en la fase preliminar Atendiendo lo alegado por la parte actora respecto a las observaciones a dicha documental y situaciones ocurridas en la fase preliminar, se constata de los autos que los terceros recurrentes, no fueron diligentes en asumir la representación de la demandada, aun habiendo sido debidamente notificados para comparecer en representación de la demandada, alegando para ello su imposibilidad de otorgar poder, pues tal facultad está dada al director principal quien es parte actora en la presente causa, no obstante; se demuestra de los autos que los accionistas ostentan entre ambos el 66% de las acciones es decir son mayoría en una compañía anónima por lo que debieron convocar a asamblea general de accionistas y tomar las medidas para la mejor defensa de sus intereses y hacerlo preliminar, no constando en autos que hayan actuado diligentemente en este sentido. Así se deja establecido. ( ) (Sic).
De la cita parcial del fallo impugnado se observa que la Juez de Alzada, al momento de resolver el punto atinente a la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, revisó y analizó la copia certificada del expediente administrativo denominado Certificación de Actuaciones expedido por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Servicio de Tránsito de los Valles del Tuy, consignada por los terceros intervinientes, delatada como silenciada, adminiculándola además con el resto de las actas del proceso debido a las observaciones realizadas con respecto a la referida documental por parte de la representación judicial del ciudadano accionante y los alegatos de los terceros intervinientes, arribando a la conclusión que estos últimos no fueron diligentes en asumir la representación de la demandada, aun habiendo sido debidamente notificados para comparecer en representación de ésta, alegando para ello su imposibilidad de otorgar poder, pues tal facultad está dada al director principal quien es la parte actora en la presente causa, no obstante, se demuestra de los autos que los accionistas ostentan entre ambos el 66% de las acciones, es decir, son mayoría en una compañía anónima por lo que debieron convocar a asamblea general de accionistas y tomar las medidas para la mejor defensa de sus intereses y hacerlo preliminar, no constando en autos que hayan actuado diligentemente en este sentido.
De lo anterior se evidencia que el ad quem, cumplió su obligación de atribuirle a la prueba cuestionada el valor que merecía una vez adminiculada con el resto de las actas del proceso. Por lo tanto, se colige que lo establecido en la recurrida se encuentra ajustado a derecho, en virtud que no existió una errada valoración del medio probatorio, ni se transgredieron normas vinculadas con la apreciación de ésta, esto es, las que determinan la eficacia probatoria o autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica, siendo además evidente que en el análisis probatorio, el jurisdicente expuso los argumentos sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes pudiesen conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico arribado.
Sobre el particular, tal y como fue expresado ut supra, ratifica esta Sala de Casación Social que evidencia que lo planteado por los recurrentes es su inconformidad con la valoración efectuada por la Juez de Alzada a la prueba y la conclusión a la cual arribó, por lo tanto, se insiste, que es potestad de los jueces de instancia establecer de una manera soberana los hechos y decidir el mérito del asunto, para determinar si son procedentes o no las pretensiones o defensas alegadas por las partes, salvaguardando así el derecho a la defensa y el debido proceso, no permitiéndose a esta Sala actuar como una tercera instancia.
En virtud de los argumentos expuestos, determina esta Sala que la recurrida no incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas delatado, por lo que se declara sin lugar la presente denuncia y por consiguiente sin lugar el recurso de casación. Así se declara.
Desestimadas las infracciones propuestas en la formalización presentada por la representación judicial de los terceros intervinientes, se declara sin lugar el recurso de casación ejercido. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por los ciudadanos ANTONIO MARTIN PÉREZ y NICOLA BRENCA PEPE en su carácter de accionistas de la demandada y terceros intervinientes, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, el 23 de mayo de 2022; SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido.
Se condena en costas del recurso a los terceros intervinientes de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra mencionada, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes referido, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil veintidós. Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
El Presidente de la Sala Ponente,
_____________________________
EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ
El Vicepresidente de la Sala, El Magistrado,
_________________________________ ______________________________
CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO ELÍAS RUBÉN BITTAR ESCALONA
La Secretaria,
_____________________________________________
ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES
RC. N° AA60-S-2022-000211
Nota: Publicada en su fecha a
La Secretaria,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias