Venley

Sentencia N.º 606

Sentencia
N.º 606
Fecha
11/08/2017
Sala
Constitucional
Expediente
17-0558
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Solicitud de Revisión

 

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

Expediente N° 2017-0558

 

El 18 de mayo de 2017 se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el oficio N° 0170-2016 del 27 de marzo de 2017, anexo al cual el Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió el expediente contentivo de la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Luis Enrique Ríos Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 46.585, actuando en representación de los ciudadanos ALBERTO JOSÉ VILLASMIL LÉANOS y TANIA PATRICIA LACERA HERRERA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.429.724 y 10.417.861 respectivamente, de la sentencia “de fecha 22 de junio de 2016, marcada con el alfanumerico RC.000381, emanada de la Sala de Casación Civil, la cual, resolvió el Recurso de Casación (sic), en la demanda que por indemnización de Daño Moral (sic) y Lucro Cesante (sic), interpusi[eran] en contra de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA y de la sociedad mercantil SEGUROS LA SEGURIDAD COMPAÑÍA ANÓNIMA, como consecuencia del accidente de tránsito (Arrollamiento) en donde falleciera la hija de [sus] representados”  (Énfasis del texto original).

 

Tal remisión se efectuó en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 23 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 28 de junio de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la licencia concedida por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia a la Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, para que se separe del ejercicio de su cargo, por lo que se incorpora a esta Sala al Magistrado Suplente René Alberto Degraves Almarza, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente de la Sala; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente de la Sala; los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y René Alberto Degraves Almarza, Mónica Andrea Rodríguez Flores, Secretaria Temporal y Edgar Nicolás Pineda González, Alguacil.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

La parte solicitante fundamentó la solicitud de revisión constitucional interpuesta en los siguientes términos:

 

Que “[e]l día 22 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, publicó la sentencia marcada con el alfanumérico RC.000381, en la que declaró con lugar el Recurso de Casación, anunciado y formalizado por [ellos], contra la sentencia proferida en fecha 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y parcialmente con lugar la demanda por daño moral y lucro cesante proveniente del accidente de tránsito, que provocó el fallecimiento de la niña (…), para lo cual, modificó la sentencia del citado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha 30 de mayo de 2014, y así finalmente, condenar a todas las mencionadas empresas codemandadas TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA y SEGUROS LA SEGURIDAD COMPAÑÍA ANÓNIMA, a pagar la indemnización por daño moral” (Énfasis del texto original).

 

Que “[s]i bien ciudadanos Magistrados, está[n] conformes con la declaratoria de la Sala de Casación Civil, en cuanto a la responsabilidad solidaria de las empresas condenadas en el hecho reclamado, y al pago de la indemnización por daño moral, reprochamos únicamente la cantidad de dinero condenada a pagar en la entredicha sentencia de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.500.000.00), suma que, fuera acordada también por el Tribunal de la alzada en la sentencia recurrida en casación” (Énfasis del texto original).

 

Que “[c]on el debido respeto, a las soberanas decisiones de los distintos Tribunales del país, y en especial a la impugnada decisión de la Sala de Casación Civil, para [ellos], la reparación estimada en dinero contenida en la mencionada sentencia, debió tener una función correctiva en dos vertientes. Por un lado, indemnizar el daño ocasionado en la esfera moral de la familia, y por el otro sancionar a los agentes del daño, representados por las empresas TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA y SEGUROS LA SEGURIDAD COMPAÑÍA ANÓNIMA (…) Una suerte de pena pecuniaria impuesta a estos infractores, tomando en cuenta su capacidad económica” (Énfasis del texto original).

 

Que “[n]ada significó, la evidente falta de cuidado en la elección y vigilancia del chofer, que provocó la pérdida de una vida inocente. Ni la vida misma perdida. Tampoco, toda la revelada estructura artificiosa fabricada premeditadamente por la empresa CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA junto a la empresa TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, para evadir responsabilidades (…) Es más, estamos seguros, que esta trama afanosamente descubierta por [ellos], persiste en un gran número de empresas relacionadas con la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, y otras dependencias del mismo grupo empresarial, y que le sirven de instrumentos de descargo de sus responsabilidades (…) De cualquier manera, el inefable sufrimiento de los padres de la niña [cuya identificación se omite de conformidad con lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes] equivale para la justicia venezolana a una indemnización de tan solo QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.500.000,00)” (Énfasis del texto original).

 

Que consideran lo descrito como “una grave falla judicial, puesto que la Sala de Casación Civil, si bien es la encargada de vigilar y corregir la aplicación del derecho, puede excepcionalmente descender a las actas procesales y realizar sobre ellas una revisión exhaustiva” y que “justamente fue [su] denuncia cuando intenta[ron] el Recurso de Casación (sic) sobre los hechos, para que la Sala revisara el expediente completo y volviera a emitir un fallo definitivo. Y así finalmente ocurrió en este caso. Sin embargo, se mantuvo el mismo el monto de la indemnización por daño moral que acordó el Tribunal Superior”.

 

Agregaron que “[n]o existen dudas, de que se ha podido aumentar significativamente la cantidad de la indemnización por daño moral, tomando en cuenta la capacidad económica de las empresas involucradas. Si bien, podrían oponernos la tesis de que no existe en el expediente prueba alguna de la capacidad económica de las mismas, sin embargo, resulta un hecho harto notorio que en el caso de las empresas CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA y SEGUROS LA SEGURIDAD COMPAÑÍA ANÓNIMA, gozan de un inocultable bienestar patrimonial. Son empresas económicamente muy sólidas” (Énfasis del texto original).

 

Que “[l]a insignificancia del monto de la indemnización por daño moral, y por ende de la sanción, les envía un mensaje claro a estas compañías y a cualquier otra en Venezuela; pueden mantener sin ningún problema a esas empresas satélites que giran en torno a ellas, e incluso seguirlas creando, para tercerizar sus actividades y evadir responsabilidades civiles frente a terceros, pues, si provocan daño a alguna persona y se les logra probar la vinculación con estas compañías que le sirven de fachadas, lo que les toca pagar no las va a afectar patrimonialmente”.

 

Estiman “más humano y realista, que en el momento de ponderar estos daños, los Jueces hagan un sencillo ejercicio de empatía, para salir del yo al tú. Imaginando que son esas personas y viéndose a si mismo desde sus ojos, entrar en su piel e imaginar sus sentimientos acerca de la situación que vivieron. Para así, comprender los eventos internos de estos seres humanos, su punto de vista, su estado emocional y anímico, sus circunstancias personales y sus historias de vida”.

 

Reiteraron que “el monto condenado a pagar por la muerte de la niña (…) en consonancia con la incuestionable disposición económica de las compañías involucradas, es insignificante. Hasta [se] atreve[n] a decir, que fue un triunfo para ellas”.

 

Continuaron argumentando que:

 

“Al hilo de las consideraciones antes expuestas, y de acuerdo con el criterio que rige en Venezuela en cuanto a la naturaleza de la indemnización por daño moral, si la función del dinero en estos casos no es hacer desaparecer el daño, sino procurar a la víctima otros goces, [se] pregunta[n]:

¿La suma de dinero fijada en la sentencia, en concepto de indemnización por daño moral, realmente puede satisfacer tanto las necesidades materiales como espirituales de [sus] representados?

¿La suma de dinero fijada en la sentencia, puede cumplir a cabalidad una función de compensación o de satisfacción en estos momentos económicos tan difíciles que atraviesa nuestro país?

¿Es este el tipo de retribución satisfactoria que merecen [sus] representados para ocupar una situación similar anterior a la muerte de su hija?

¿Esta retribución les permitirá disfrutar de algunas actividades para ellos placenteras, o de servicios que les permitan sobrellevar la carga moral que significa la muerte de su hija?

¿La cantidad de dinero que como sanción deben pagar solidariamente las empresas condenadas, realmente las va a persuadir de cambiar sus políticas defraudadoras?

¿La sentencia de condena producida por la Sala de Casación Civil, tendrá un efecto verdaderamente ejemplarizante para estas (sic) u otras empresas en Venezuela?

¿Estamos en presencia de una apropiada indemnización satisfactoria-compensatoria o de una indemnización simbólica?

Preguntas estas, que con la debida consideración, dejamos para el análisis y la reflexión de los Magistrados de la Sala Constitucional, puesto que, el Derecho a la Indemnización del daño moral se debe centrar en la figura del perjudicado y no en la del causante del daño, entender lo contrario sería una regresión en el Derecho, además de, una contravención a los valores que rigen el Estado Social de Derecho y de Justicia, cuyos fines son: la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación y que a través de una debida tutela judicial efectiva el Estado proporcione Justicia, como valor supremo de todos los hombres en sociedad y fin último que justifica la existencia del Estado como modelo social democrático que garantiza la convivencia pacífica y armónica de los pueblos”.

 

Finalmente, como petitorio solicitaron a esta Sala “se pronuncie sobre lo insustancial e insuficiente del monto de la condenatoria por daño moral estimado en la cantidad de QUNIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.500.000,00), contenido en la sentencia de fecha 22 de junio de 2016, marcada con el alfanumérico RC.000381, emanada de la Sala de Casación Civil; declare con lugar el presente Recurso de Revisión, y en consecuencia, anule el fallo recurrido únicamente en cuanto al antedicho monto, y emita un pronunciamiento, en donde ordene a la Sala de Casación Civil, ante la manifiesta capacidad económica de las empresas solidariamente condenadas a pagar, a que eleve considerablemente la cuantificación del daño moral, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la jurisprudencia, pero principalmente la capacidad económica de las compañías demandadas, a fin de que tal reparación brinde a nuestros representados realmente y con justicia, un beneficio que satisfaga o de alguna manera alivie el dolor sufrido, o puedan obtener efectivamente otras ventajas que les permitan disiparlo o hacerlo más soportable; y que además, siente un edificante precedente que envíe un mensaje contundente, aleccionador y ejemplarizante a las grandes empresas y grupos económicos en Venezuela, de que el infractor que provoque con sus actividades un daño injustificado y antijurídico a un tercero debe asumir con creces las graves consecuencias del mismo, tal y como, lo hacen otras legislaciones y sistemas de justicia en el mundo” (Énfasis del texto original).

 

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

El 22 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal declaró, mediante decisión N° 381, lo siguiente:

 

“1) CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante contra la sentencia proferida en fecha 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. 2) SE CASA SIN REENVÍO la sentencia recurrida, en consecuencia: 1) Se declara parcialmente con lugar la demanda por daño moral y lucro cesante; se modifica en los términos expuestos la imposición de la condena en cabeza de la codemandada Cervecería Modelo, Compañía Anónima; y se ratifica la condena impuesta a las sociedades de comercio Transporte Rincón Valero y Seguros La Seguridad, C.A.; 2) en consecuencia, se condena al pago por concepto de daño moral a las mencionadas sociedades mercantiles por la cantidad de QUNIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00); 3) No hay condenatoria en las costas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil.

Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVÍO la sentencia impugnada.

No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión”.

 

A los fines de fundamentar la anterior decisión, la Sala de Casación Civil esgrimió la siguiente argumentación:

 

“RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

De conformidad con lo preceptuado en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 del referido código, ‘…denunciamos la infracción de ley sobre la valoración de los hechos, específicamente por la falta de aplicación de los artículos 509 eiusdem y 1.399 del Código Civil...’.

El formalizante enuncia su delación como se muestra de seguidas:

‘…Responsabilidad civil de la sociedad mercantil Cervecería Modelo compañía anónima (Polar) en el hecho ilícito.

Para el momento del arrollamiento el conductor de la gandola involucrada en el accidente ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, prestaba servicios, como chofer o trabajador subordinado para la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, y transportaba una carga considerable de cervezas marca POLAR con destino a una de las distribuidoras de la nombrada empresa cervecera ubicada en los Filuos, sector Nueva Lucha del Municipio Mara, y la unidad de carga (gandola), placas: 140-TAN donde se transportaba la carga de cervezas, se encontraba pintada de los colores alusivos a las empresas POLAR, es decir azul y blanco, con el logotipo de la empresa en cuestión, asimismo, su remolque con la lona protectora tenía los mismos colores azul y blanco, y el mismo logotipo.

Otro elemento importante a considerar, es que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, tiene celebrado un contrato de transporte con la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, a quien le presta el servicio de manera exclusiva, ya que todas sus unidades de carga, tienen los mismos colores, signos y logotipos alusivos a la mencionada empresa, siendo el transporte de cervezas de la CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, la única y principal fuente de lucro de la misma.

En materia laboral, existe la solidaridad entre los intermediarios o contratistas y los beneficiarios del servicio prestado por éstas (sic). Esto quiere decir, que la responsabilidad que pueda dimanar en cuanto a la aplicación de la normativa laboral por los trabajadores contratados o al servicio de cualquier contratista o intermediario, es solidariamente compartida por las empresas que se benefician de las mismas.

El trabajador puede, si así lo desea, reclamar los diferentes beneficios laborales indistintamente al intermediario o contratista para el que presta el servicio, o reclamárselos a la empresa beneficiaria del servicio que presta ese intermediario o contratista, lo que nos lleva a la conclusión lógica de que estos trabajadores están subordinados por la solidaridad existente, a ambos patronos, valga decir, al intermediario o contratista y a la empresa beneficiaria del servicio.

Además, la relación que existe y que se produce con ocasión del servicio de transporte que presta la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA a la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, está íntimamente relacionado con el objeto o giro comercial de la misma, puesto que luego de elaborar y envasar las cervezas y demás productos fabricados por ésta, se le hace indispensable y necesario surtir y proveer a las distintas distribuidoras suyas ubicadas en el ámbito geográfico regional. Es allí donde entra en escena la empresa contratista de transporte que surge con ocasión de la producción de la empresa cervecera, estableciéndose plenamente la conexidad entre ambas empresas.

Sumado a lo anterior, la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, tiene como única y principal fuente de ingresos los provenientes del servicio de transporte que le presta a la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, es más, esta compañía se creó o nació a la vida comercial con ocasión de ese servicio, hasta el punto que la cervecera le prestó el dinero para la adquisición de un lote de gandolas y remolques, incluida en este lote la gandola causante del accidente, para comenzar a prestar sus servicios de transporte, todo lo cual evidencia indudablemente la conexidad existente entre ambas empresas, y por ende la responsabilidad solidaria con los trabajadores que presten servicios para la contratista, y la responsabilidad de ambas empresas frente a terceros por los hechos ilícitos que cometan los mismos (trabajadores) en ejercicio de sus funciones.

Todos estos elementos arriba mencionados y descritos con suficiencia inciden de manera incuestionable en la consideración de la vinculación efectiva de la relación de trabajo del ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, chofer de la gandola causante del arrollamiento, dentro de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, con la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Así como el señalado chofer de la gandola, hubiera podido reclamar cualquier beneficio laboral a ambas empresas, tanto a la de transporte como a la empresa cervecera, estas (sic) también responden de todo daño material o moral causado por el trabajador en el ejercicio de sus funciones.

Todo lo anterior nos permite concluir, que la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA en su carácter de principal o patrono del dependiente ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO es responsable del hecho ilícito cometido en ejercicio de sus funciones o labores por el identificado ciudadano, por haber incurrido esta en lo que la doctrina ha denominado la culpa ‘in eligendo’ o en la mala elección del dependiente autor directo del hecho ilícito, lo que la hace responsable por no haber previsto lo que pudo prever, con cuya conducta la empresa cervecera incurrió en la falta de previsión que es la característica sustantiva de la culpa, al confiar la unidad de carga pesada ya identificada a un conductor que manejó en forma imprudente, negligente y con inobservancia de ordenes (sic) e instrucciones internas de la empresa de transporte, para la cual prestaba servicios como chofer, y de la que se sirve la empresa cervecera, así como de las leyes y reglamentos de la materia, lo que hace procedente la reclamación por daño moral y por tanto, la responsabilidad civil de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA conforme a lo establecido en el artículo 1.191 del Código Civil.

Del acervo probatorio

Así las cosas, en las pruebas promovidas y evacuadas, y muy especialmente, en las pruebas testimoniales de las personas que presenciaron el accidente y del personal de la empresa transportista, rendidas ante la Fiscalía Trigésima Tercera Especializada del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Zulia, en la fase Preparatoria (sic) del Proceso (sic) Penal (sic) que se le siguiera al ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, encontramos:

Declaración de fecha 08 de agosto del año 2000, del Presidente de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, ciudadano FERNANDO JOSÉ RINCÓN BOSCAN, la cual constituye una prueba de confesión extrajudicial de la co-demandada en cabeza de su máximo representante:

(…Omissis…)

Declaración ante la Fiscalía del Ministerio Público, en fecha 04 de septiembre del año 2000, del ciudadano HENRY RAMON (sic) FLORES, quien ocupaba para ese momento el cargo de jefe de talleres en la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA:

(…Omissis…)

Copia certificada del Contrato (sic) de Arrendamiento (sic) Financiero (sic) otorgado ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo de fecha 11 de abril de 1995, anotado bajo el N° 62, tomo 38 de los libros de autenticaciones, donde la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA funge como la Empresa (sic) de Transporte (sic) Subarrendataria (sic), y, la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA como la Arrendataria (sic):

(…Omissis…)

Copia certificada expedida por la Notaría Pública Primera de Maracaibo del documento de propiedad del vehículo de carga: Placas: 140-TAN; causante del arrollamiento de la niña …, de fecha 04 de enero de 1994, anotado bajo el N° 43, tomo 1°, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría (sic), y en donde la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, representada por el Defensor (sic) Ad-litem (sic) nombrado en este caso, Dr. ENRIQUE J. GONZALEZ (sic) RUBIO funge como acreedora prendaria o pignoraticia de la antedicha empresa:

(…Omissis…)

Contestación de la demanda del defensor ad-litem de la cervecera Dr. ENRIQUE J. GONZALEZ (sic) RUBIO:

(…Omissis…)

Estos hechos concurrentes, cuyo valor indiciario fue ignorado por el tribunal de alzada cuando examinó el material probatorio, cumplen con los requisitos de gravedad, precisión y concordancia necesarios, para considerarlos indicios suficientes que demuestran lo alegado.

Indicios y elementos de convicción

La doctrina en general, considera que ni las presunciones ni los indicios constituyen medios de pruebas autónomos (sic) o especiales, por ser estos derivación de otras pruebas u obtenerse a partir de los hechos integradores del debate procesal; por lo mismo, técnicamente no son susceptibles de rendirse ni ofrecerse como prueba.

Procesalmente hablando, lo que se hace es la aportación de los hechos o datos que han de servir como base para establecer las presunciones que permiten resolver la controversia; en otras palabras, la prueba, entendida aquí como medio para trasladar al proceso los hechos alegados por las partes, proviene de un hecho exterior y por tanto puede ser promovida en forma independiente; en cambio, la presunción, se produce en el fuero interno de juez (sic) como parte del proceso racional de formación de su convicción sobre el asunto que debe juzgar.

(…Omissis…)

Toda la argumentación fáctica y jurídica vertida en el cuerpo del libelo de la demanda continente de la pretensión indemnizatoria, en consonancia, con el acervo probatorio aportado durante el iter procesal, conducen obligatoriamente a las incontestables conclusiones que siguen, y que vienen a conformar el cúmulo de indicios y elementos de convicción que permiten realizar un razonamiento deductivo (semiótica judicial) y formarse un criterio sobre la verdad de los hechos al momento de la sentencia condenatoria correspondiente:

- El día 04 de abril del año 2000, ocurrió un accidente de tránsito donde falleciera la niña…, como consecuencia de un arrollamiento causado por un vehículo pesado: Placas: 140-TAN, conducido al momento del accidente por el ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, y que como consecuencia de éste hecho fue declarado culpable, por la comisión del delito de Homicidio (sic) Culposo (sic) por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Zulia, y condenado a un (1) año y diez (10) meses de prisión.

- Que el vehículo conducido por el ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO es propiedad de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA.

- Que el ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO para el momento del accidente era trabajador de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA y se encontraba en el ejercicio de sus funciones como chofer de la prenombrada empresa, puesto que transportaba por orden expresa de la compañía una carga considerable de cervezas marca ‘POLAR’, con destino a una distribuidora de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, ubicada en los Filuos, sector Nueva Lucha del Municipio Mara del Estado (sic) Zulia.

- Que de conformidad con el artículo 1.191 del Código Civil, la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA como propietaria del vehículo causante del accidente y Principal (sic) o (sic) Patrono del Dependiente (sic) o conductor del referido vehículo pesado ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, es responsable del Hecho (sic) Ilícito (sic) cometido por su trabajador en el ejercicio de sus funciones y culpable por la mala elección o vigilancia de su Dependiente (sic), y por lo tanto, fue condenada a pagar la respectiva indemnización a nuestros mandantes.

- Que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA es contratista de la sociedad mercantil CERVECERIA (sic) MODELO COMPAÑIA (sic) ANONIMA (sic) a quien le ‘presta servicios de transporte de manera exclusiva, siendo el transporte de cervezas su Única (sic) y Principal (sic) fuente de lucro, por lo que, su actividad es inherente o conexa con la actividad de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA.

- Que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA fue creada o fundada con el apoyo directo y con el financiamiento de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, con el único interés o propósito de tercerizar o externalizar una actividad que es propia de su giro comercial, como es, el abastecimiento de mercancías que produce marca ‘POLAR’ a sus distintas distribuidoras ubicadas en el ámbito regional.

- Que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA tiene una evidente relación de dependencia directa con la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, puesto que ésta (sic) última ejerce una dirección económica única y las dos sociedades actúan en el mercado con la lógica de una sola empresa.

- Que la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA ejerce un control o dominación total sobre la dirección, funciones, trabajos y operatividad en general de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, al imponerle entre otras obligaciones: La (sic) dedicación en forma exclusiva al transporte de productos marca “POLAR”; el programa de rutas y secuencia de entrega de mercancías; la entrega anual de sus estados financieros auditados; a entregar mensualmente la nómina de su personal con indicación de todos los pagos hechos a sus trabajadores y la causa de los mismos; a entregar el finiquito de pago en los casos terminación de algún contrato de trabajo; a atender obligatoriamente las observaciones que le haga la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA respecto a la administración del personal a su servicio; a permitir que la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA realice en cualquier tiempo auditorias laborales cuando lo juzgue aconsejable, todo lo cual está recogido en los contratos celebrados entrambas empresas.

- Que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, si bien jurídicamente no es una agencia o sucursal, puesto que tiene aparentemente una personalidad jurídica propia y aparte de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, en el fondo obra como ‘agencia’ o ‘sucursal’, es decir, que ésta (sic) última como un ente controlante, impone a la primera con apariencia de sociedad independiente, un control absoluto para lograr sus fines y proteger sus intereses, por lo que resulta palmario que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA es un instrumento de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA.

- Que la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA utiliza públicamente con la anuencia de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, símbolos, signos, lemas, colores y expresiones que son propiedad exclusiva del grupo Polar.

Todo el catálogo de hechos antes detallados, permite deducir o inferir la existencia de otros no percibidos o conocidos, y que son jurídicamente relevantes para la resolución de la presente controversia, obsequiando una extraordinaria oportunidad de aplicar el mecanismo teórico que trataremos a continuación:

Del levantamiento del velo de las personas jurídicas a la co-demandada

Cervecería Modelo compañía anónima

El Levantamiento (sic) del velo resulta un instrumento eficaz en manos de los Jueces (sic), solo si se hace uso del mismo adoptando en el proceso civil una posición activa. En innumerables ocasiones el abuso de la personificación supone no solo un ataque a los derechos e intereses de terceros, sino también un ataque a la mismísima institución jurisdiccional, de forma que el perjuicio patrimonial se pretende consumar produciendo en el Juez (sic) una errónea representación mental de los supuestos de hecho que debe subsumir en las normas jurídicas, o bien directamente un error de Derecho (sic), y haciendo efectivo el daño a través de una sentencia injusta.

(…Omissis…)

En el caso que nos ocupa, quedó demostrado que existen dos sociedades mercantiles, TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA y CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANONIMA (sic), que actúan como una unidad o grupo, aunque en sus relaciones frente a terceros se presenten como sociedades independientes, debido a la personalidad jurídica que les es inherente a cada una, diluyendo así la unidad en una de ellas y la responsabilidad que como un todo les corresponde; en consecuencia, la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA absorbe las obligaciones ante terceros, sin comprometer la unidad patrimonial y por ende a la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA llegado el evento de que las obligaciones fuesen incumplidas por la primera de las nombradas.

Si se le exigiere en éste (sic) caso, responsabilidad y se condenare de forma simultánea a las dos sociedades y no únicamente a la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, como persona jurídica formalmente obligada, queda claro que la libertad de asociación consagrada en el artículo 52 constitucional, concretada en la existencia de las diversas personas jurídicas, no sufriría menoscabo alguno, porque la evasión de la responsabilidad civil por parte de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, en el resultado dañoso que surgió como consecuencia del arrollamiento de la niña…, provino de un fraude a la ley orquestado por ambas sociedades, y tal fin societario es ilícito; por lo que, surge una obligación indivisible de indemnizar el daño causado en la esfera moral patrimonial de los accionantes, ...sin importar cuál sector del grupo (cuál compañía) las asume, por lo que la personalidad jurídica de las sociedades responsables en concreto se desestima, y se hace extensible a otras, cuya individualidad como personas jurídicas no las protege. (ibídem)

Así las cosas, y siguiendo las orientaciones recogidas en la sentencia recién citada y de la que nos hemos auxiliado a lo largo del desarrollo de éste (sic) tema, la Sala Constitucional aisló las características que permiten calificar a los grupos económicos como tales, del modo que a renglón seguido se transcribe:

(…Omissis…)

Aplicando los criterios antes transcritos o realizando una suerte de examen de indicios sobre lo alegado y probado durante decurso procesal en el caso sub litis, se obtuvo la certidumbre de que las sociedades mercantiles TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA y CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, obraban concertadamente y reiterativamente en sentido vertical, proyectando de esa forma sus actividades hacia los terceros; que existía un controlante o director, la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, que efectivamente ejercía el control sobre la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA imponiéndole directrices.

Asimismo, quedó demostrado fehacientemente que la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA ejercía un control o dirección directo sobre la citada empresa de transporte, y que la misma, constituía un instrumento que recibía del controlante la dirección y las órdenes necesarias para el cumplimiento del fin para el cual fue constituida; además, pudo demostrarse que ésta unidad conformada por las prenombradas sociedades mercantiles actuaban comercialmente no de manera ocasional para el negocio que les era común, sino de forma permanente y a la vez con una intención evasiva y con subrepción.

Es menester indicarle a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que en el inventario de pruebas que aportáramos y consignáramos en su oportunidad ante el Juzgado (sic) de la causa, existen un conjunto de documentos administrativos y públicos que fueron coordinadamente analizados en los informes que presentáramos ante el mismo, que evidencian los actos jurídicos y consecuencialmente los nexos entre ambas sociedades mercantiles, con los cuales hemos dado fiel cumplimiento a las exigencias que jurisprudencialmente ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y en éste (sic) sentido, nos permitimos citar otra extracción de la sentencia No. 903 de fecha 14 de mayo de 2.004, caso TRANSPORTE SAET, S.A., que a la letra dice:

(…Omissis…)

Así mismo (sic), dentro de las pruebas documentales trasladadas y obtenidas de la Fiscalía Trigésima Tercera Especializada del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Zulia en la fase preparatoria del Proceso (sic) Penal (sic), y que fueran debidamente consignadas por nosotros en la oportunidad procesal correspondiente, se encuentran las declaraciones del Presidente (sic) y del Jefe (sic) de talleres de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, que constituyen confesiones extrajudiciales sobre los nexos que unían a ambas empresas, y en consecuencia, la existencia del grupo, las cuales no fueron desvirtuadas por las co-demandadas. Al respecto la recién citada sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece que:

 (…Omissis…)

Otro elemento devastador, y que compromete decididamente la responsabilidad de las y empresas en cuestión, es la utilización pública en todas las unidades de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, de signos, logotipos, colores, lemas o distintivos alusivos a la mercancía que transportan y que pertenecen a la principal sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, lo cual, se constituye en un elemento inequívoco del grado de subordinación y dominio que ejerce la empresa dominante sobre la empresa dominada; y en este sentido nos permitimos transcribir un extracto de la sentencia No. 558, de fecha 18 de abril de 2001, emanada de la Sala Constitucional, caso: Administración y Fomento Eléctrico, que a la letra dice:

(…Omissis…)

De los hechos por nosotros alegados en el escrito libelar, y de la aportación de los elementos de convicción trasladados al proceso provenientes de hechos exteriores y de los promovidos y evacuados en forma independiente, surgen decididamente, datos que sirven como base para establecer los indicios y las presunciones que permiten resolver adecuadamente la presente controversia; en otras palabras, existen un conjunto de hechos y un cohesionado cúmulo probatorio que conducen racionalmente a producir en el fuero interno del juzgador, la formación de su convicción sobre el asunto que debe sentenciar; esto significa, con el debido respeto, que la Sala de Casación Civil puede obtener por inducción una conclusión lógica sobre el hecho desconocido cuyo esclarecimiento se intenta y una vez escudriñada la realidad sobre las formas, penetrar el substrato de las imbricadas relaciones societarias de las personas jurídicas involucradas TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA y CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, y así, levantar el velo societario para descubrir la verdadera relación jurídica entre ambas empresas oculta tras esa máscara de aparente legalidad que las disfraza, cual es, que constituyen una unidad o grupo.

Por tanto encontramos, que si la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCON (sic) VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA fue condenada al resarcimiento del daño moral por el hecho ilícito cometido por su dependiente ciudadano CARLOS ALBERTO RINCÓN SOTO, quien conducía el vehículo pesado propiedad de la antedicha empresa: Placas: 140-TAN, para el momento de la ocurrencia del accidente que dio nacimiento a ésta (sic) reclamación, tal y como fuera procesalmente demostrado con suficiencia, forzosamente, la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA debe ser condenada al resarcimiento del daño moral por el hecho ilícito del referido dependiente.

En consecuencia, la personalidad jurídica de las sociedades responsables en concreto, debe desestimarse, y como su individualidad como personas jurídicas no las protege en el caso que nos ocupa, la responsabilidad civil debe hacerse extensible a las dos; es decir, ambas empresas son culpables por la mala elección o falta de vigilancia del prenombrado trabajador e indivisiblemente co-responsables de la obligación de indemnizar el daño causado en el patrimonio moral y emocional de nuestros representados, y así solicitamos expresamente sea declarado…’. (Destacado de la transcripción).

Para decidir, la Sala observa:

El recurrente delata la infracción de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil y 1.399 del Código Civil por falta de aplicación, lo cual -a su juicio- son normas de valoración de los hechos.

En un extenso relato, el formalizante expone con detalle los hechos alegados por su representada en el libelo de demanda y las pruebas promovidas, haciendo énfasis en demostrar la cualidad que -en su criterio- tiene la codemandada Cervecería Modelo, Compañía Anónima para sostener el juicio, por cuanto tanto esa empresa como Transporte Rincón Valero, Compañía Anónima ‘…actúan como una unidad o grupo, aunque en sus relaciones con los terceros se presenten como sociedades independientes…’, y por tanto ambas son corresponsables frente a la obligación de la  indemnización reclamada.

Así concluye que ‘…De los hechos por [ellos] alegados en el escrito libelar, y de la aportación de los elementos de convicción trasladados al proceso provenientes de hechos exteriores y de los promovidos y evacuados en forma independiente, surgen decididamente, datos que sirven como base para establecer los indicios y las presunciones que permiten resolver adecuadamente la controversia; en otras palabras, existe un conjunto de hechos y un cohesionado cúmulo probatorio que conducen racionalmente a producir en el fuero interno del juzgador, la formación de su convicción sobre el asunto que debe sentenciar…’.

Por ello considera que esta Sala ‘…puede obtener por inducción una conclusión lógica sobre el hecho desconocido cuyo esclarecimiento se intenta una vez escudriñada la realidad sobre las formas, penetrar el substrato de las imbricadas relaciones societarias de las personas jurídicas involucradas TRANSPORTE RINCÓN VALERO, COMPAÑÍA ANÓNIMA y CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA, y así, levantar el velo societario para descubrir la verdadera relación jurídica entrambas (sic) empresas oculta tras esa máscara de aparente legalidad que las disfraza, cual es, que constituyen una unidad o grupo…’.

Así conviene la Sala en señalar que, de las normas delatadas, específicamente la del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la obligación que tienen los jueces de analizar y juzgar todas las pruebas promovidas por las partes, incluso aquellas que no fuesen idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, cuya violación devendría en el vicio de silencio de pruebas.

Por lo que la Sala ha establecido, que el vicio de silencio de pruebas se verifica cuando el sentenciador ignora por completo un medio probatorio, o cuando haciendo mención del mismo, no expresa su mérito probatorio, quebrantando con ello su obligación de valorar todas las pruebas debidamente promovidas y evacuadas por las partes en las oportunidades procesales para ello.

En este orden de ideas, no evidencia la Sala que el formalizante acuse que el sentenciador de alzada hubiere silenciado total o parcialmente alguna prueba en concreto.

De igual forma se acusa la infracción del artículo 1.399 del Código Civil por falta de aplicación, observando la Sala que la plantea sin cumplir la técnica que para este tipo de delaciones se ha exigido; no obstante ello, la Sala en uso de su criterio flexibilizante y en aplicación de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257, comprende que lo que trata de denunciarse es que sobre la base de las presunciones que emanan de los elementos que constan en autos, específicamente los referidos a la relación contractual existente entre las sociedades mercantiles Cervecería Modelo, C.A. y Transporte Rincón Valero, se pueda -en palabras del formalizante- ‘…levantar así el velo societario…’ a fin de establecer que ambas son corresponsables ‘…de la obligación de indemnizar el daño causado en el patrimonio moral y emocional de [sus] representados…’, teniendo, en consecuencia, la empresa Cervecería Modelo cualidad pasiva, y en este sentido pasará a examinarla. Así se decide.

Ahora bien, la Sala autorizada como está por la denuncia del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se permite descender a las actas procesales, para lo cual ha observado:

Consta en las actas que conforman el presente expediente -folios 151 al 154 de la primera pieza- copia certificada del acta constitutiva de la empresa codemandada Transporte Rincón Valero, C.A. de donde se evidencia que tal constitución data de fecha 2 de noviembre de 1993, y de la cual puede evidenciarse, específicamente en el denominado capítulo I, que la misma tiene como objeto ‘…toda actividad de lícito de comercio relacionado con el transporte de todo tipo de mercancía a nivel nacional, así como la explotación de otras operaciones mercantiles similares o conexas con el objeto principal…’.

A los folios 264 al 267 de la primera pieza, riela copia simple de documento de compra venta de cuatro camiones marca Mack tipo chuto, de distintos años, y cuatro remolques, dos tipo estaca, uno tipo jaula y otro tipo cisterna, compra venta esta (sic) celebrada entre las sociedades de comercio Transporte Neros Compañía Anónima y Transporte Rincón Valero Compañía Anónima, habiendo sido pactado el precio en la cantidad de Diecinueve Millones de Bolívares (Bs. 19.000.000,00).

En ese mismo contrato de compra venta el ciudadano Fernando José Rincón Boscan, actuando en su carácter de presidente de la aludida empresa codemandada, declaró que su representada ‘…ha recibido en dinero efectivo y por cuanto debe y pagará a Cervecería Modelo Compañía Anónima… la cantidad de Dieciocho Millones Ochocientos Bolívares (Bs. 18.800.000,oo), suma ésta que [su] representada ha invertido en operaciones de legítimo carácter mercantil como es el pago del precio de los bienes que [su] representada adquiere conforme a este documento…’.

Así las cosas, las sociedades mercantiles Transporte Rincón Valero y Cervecería Modelo, convinieron en que tal préstamo debía ser cancelado en treinta y siete cuotas mensuales y consecutivas a razón de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,oo) cada una, devengándose intereses a la rata del doce (12%) anual sobre los saldos deudores los cuales debían liquidarse y pagarse mensualmente junto con cuotas de amortización al capital; pactándose de igual manera que la falta de pago oportuna de dos cuotas de amortización o de los intereses haría perder a la deudora el beneficio del término pudiendo exigirse el cumplimiento de la totalidad de lo debido.

Asimismo consta a los folios 269 al 272 de la primera pieza copia fotostática de un contrato denominado como ‘contrato de subarrendamiento’ por las partes, a saber, Cervecería Modelo, C.A.[,] y Transporte Rincón Valero. En tal contrato hacen referencia en su cláusula primera a un contrato de arrendamiento financiero celebrado entre la empresa Cervecería Modelo, C.A.[,] y la sociedad de comercio Arrendadora Mercantil, C.A.[,] en donde acordaron el arrendamiento financiero de unos ‘…vehículos automotores de carga (camiones)…’, dejando constancia que la empresa sub arrendataria (Transporte Rincón Valero, C.A.) declaró conocer, incluso con sus anexos, que se consideraron parte integrante de tal convención.

De otro lado dejaron establecido en la cláusula segunda que el objeto de ese contrato de sub arrendamiento, nació en virtud de la solicitud que formulara la empresa Transporte Rincón Valero, C.A.[,] de sub arrendar un camión identificado en el anexo ‘A’ N° 2, solicitud esta aprobada por la empresa arrendataria (denominada así en el propio contrato bajo comentario), por lo que la sub arrendadora cedía a la empresa de transporte en sub arrendamiento el camión ‘…conforme a los términos y condiciones generales previstos en el contrato de arrendamiento, en el anexo ‘A’ y los particulares establecidos en el presente contrato…’.

Es de destacar que en la cláusula quinta denominada ‘Obligaciones y Garantías Específicas de la Empresa de Transporte Subarrendataria’ se acordó que la empresa de transporte sub arrendataria ‘…se dedicará en forma exclusiva al transporte de productos marca ‘POLAR’ o a aquellos otros que LA ARRENDATARIA le indique periódicamente…’ debiendo cumplir ‘…con el programa de rutas y secuencia de entrega en los diferentes puntos geográficos que periódicamente le indique LA ARRENDATARIA…’.

De igual forma se ha observado que en la cláusula décima primera se estableció la obligación irrevocable para la empresa de transporte sub arrendataria de comprar el camión ‘…mediante la compra de la opción exclusiva de comprarlo (sic) que tiene la arrendataria de acuerdo al ‘CONTRATO DE ARRENDAMIENTO’ dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de terminación o resolución de este contrato…’.

Por otra parte, consta a los folios 286 al 287 de la primera pieza, ‘Anexo III’, suscrito entre las empresas Cervecería Modelo, C.A.[,] y Transporte Rincón Valero, C.A.[,] denominado contrato de transporte, en el cual, según su cláusula primera la empresa transportista ‘…se obliga a acarrear los productos de ‘LA COMPAÑÍA’ entre el establecimiento industrial y esta última situada en… en un todo conforme con las guías que al efecto le serán entregadas por ‘LA COMPAÑÍA’, con la carga respectiva. El acarreo de la mercancía será llevado a cabo por ‘El Transportista’, de acuerdo con las especificaciones estipuladas en este convenio y con las disposiciones del Código de Comercio que regulan el contrato de transporte…’.

‘De otro lado, dispone la citada convención la obligación que tiene la empresa de transporte de responder por las reclamaciones que le formulen sus empleados, obreros y terceros ‘…por causa de la ejecución de este contrato…’ debiendo reembolsar y compensar a la compañía por cualquier daño que pueda sufrir y por cualquier acto u omisión del porteador, de sus representantes, empleados y obreros, incluyendo las demoras inexcusables por la realización y cumplimiento del transporte de los productos o por la pérdida de la mercancía objeto del acarreo ‘…que hubiere impedido la entrega de la misma a la destinataria, conforme a los términos y condiciones del transporte objeto de este contrato…’.

Asimismo contemplaron expresamente la obligación que tiene la empresa transportista de cumplir ‘…respecto a sus propios trabajadores, todas las disposiciones legales que le sean aplicables…’ como la inscripción en el seguro social obligatorio, el pago de contribuciones al Instituto Nacional de Cooperación Educativa ‘…y, en general, dar efectivo y fiel cumplimiento a todas las obligaciones que deriven de los contratos de trabajo que haya celebrado ‘EL TRANSPORTISTA’ y de las normas legales que les conciernen…’, debiendo igualmente responder de todos los créditos laborales.

Convinieron también que la compañía puede realizar con su propio personal, a la empresa de transporte, las auditorías laborales que considere convenientes en cualquier época y con la periodicidad que juzgue conveniente, obligándose por tanto la empresa de transporte a proveerle el material y todas las informaciones que requieran para efectuar su cometido.

Se obligó la empresa transportista a entregar mensualmente a la compañía Cervecería Modelo, C.A.[,] ‘…la nómina de su personal, con indicación de todos los pagos hechos a los trabajadores de ‘EL TRANSPORTISTA’ y la causa de los mismos, así como copia debidamente firmada por el interesado del finiquito del pago, en los casos de terminación del contrato de trabajo…’; aunado a ello la transportista se obliga a atender las observaciones que le haga la compañía en relación a la administración del personal a su servicio.

En su cláusula décima primera, la transportista se obliga a cumplir con el transporte de la mercancía el cual será hecho sin demora ‘…dentro del tiempo que empleen normalmente los vehículos similares en recorridos análogos y las entregas deberán ser hechas tan pronto como los productos lleguen al lugar de su destino, sin retardo indebido…’.

Por su lado, en la cláusula décima tercera se dispone que la compañía tendrá derecho a inspeccionar en cualquier momento ‘…las modalidades del transporte relativas a las condiciones en que el mismo se presta, tales como las etapas de sus recorridos, las horas y maneras de entregar la mercancía, la custodia y manejo de la misma y otras semejantes…’, debiendo el portador ‘…atender con toda prontitud las exigencias que ‘LA COMPAÑÍA’ le haga para mejorar el servicio dentro de las normas de seguridad requerida (sic) en cada caso…’.

Ahora bien, conforme a lo antes narrado, la Sala observa que existe entre las empresas codemandadas, Cervecería Modelo, C.A.[,] y Transporte Rincón Valero, C.A. una relación derivada de unos contratos donde pactan la prestación del servicio de transporte, de los cuales se desprende de forma inequívoca el control que tiene la primera de las nombradas sobre todas y cada una de las operaciones que efectúa la compañía de transporte para el acarreo y distribución de los productos por ella elaborados.

Igualmente observa la Sala que la empresa de transporte recibió de la empresa cervecera un crédito a plazos para la adquisición de unos camiones, así como de unas unidades de remolque, préstamo por la cantidad de dieciocho millones ochocientos mil bolívares (Bs. 18.800,00), constituyéndose a favor de la empresa acreedora prenda mercantil sobre los mencionados bienes, camiones estos utilizados para desempeñar la actividad de transporte prevista en los contratos aludidos.

Es patente además que a través de esta serie de contratos la empresa Cervecería Modelo, C.A. [,] busca primordialmente que sus productos sean distribuidos de manera ‘eficiente’ desde su planta hasta los sitios de consumo masivo, tal y como reza textualmente del contrato de subarrendamiento -folio 269-, lo cual constituye sin duda la finalidad de la empresa productora de cerveza.

Lo anterior se evidencia de las cláusulas acordadas en los aludidos contratos pues, Cervecería Modelo se asegura que la distribución se realice conforme a los parámetros por ella establecidos, incluso en cuanto a tiempo, y unidades de producto a ser colocados.

Todos estos elementos conllevan a concluir como la empresa Cervecería Modelo, C.A.[,] es la empresa controlante de toda la operación de acarreo y distribución de los productos de consumo masivo, hasta el consumidor final. De hecho, un elemento determinante que sustenta tal afirmación deviene de lo establecido por las partes en el denominado contrato de subarrendamiento, en el cual en su cláusula quinta –De las obligaciones y garantías específicas de la empresa de transporte subarrendataria (folios 269 vto al 270)-  expresamente señala que ‘…LA EMPRESA SUBARRENDATARIA’ se dedicará en forma exclusiva al transporte de productos marca ‘POLAR’ o a aquellos otros que ‘LA ARRENDATARIA’ le indique periódicamente…’.

En virtud de lo anterior, resulta pertinente examinar, de qué manera el referido entramado contractual, diseñado con la finalidad de realizar la distribución de los productos de la empresa Cervecería Modelo, C.A., se sirvió de una pluralidad de relaciones contractuales enlazadas por la causa –debido a que sirven a un fin económico social común-, así como de la intermediación formal de una persona jurídica denominada Transporte Rincón Valero, C.A., para colocar en el mercado los productos de la primera, sin perder el control efectivo de la operación económica, y al mismo tiempo, obtener las ventajas del fraccionamiento de la operación mediante diversas relaciones contractuales y sujetos interpuestos, en aras de disminuir los riesgos patrimoniales de la misma.

Esto se evidencia con meridiana claridad en el caso de autos, ya que al materializarse el siniestro que dio lugar a la demanda, la empresa creadora del riesgo y receptora de los mayores beneficios económicos de la actividad, alega no ser imputable por los daños causados, dado que no ostenta la propiedad del vehículo, y porque el conductor no tenía una relación jurídica directamente con Cervecería Modelo, C.A., sino con la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A., que funcionaría aquí –según la lógica del argumento-, no ya como ejecutor material de la distribución dirigida y organizada por Cervecería Modelo, C.A., sino como un ente con personalidad jurídica propia y distinta, con patrimonio separado e independencia financiera, que recibe con exclusividad el impacto económico del daño causado a terceros.

Esto deja claro, que en el caso concreto, se pretende invocar la personalidad jurídica que el ordenamiento reconoce a las sociedades mercantiles (artículo 201 del Código de Comercio), y la intangibilidad patrimonial que resulta para los socios, en virtud de la separación de sus conjuntos patrimoniales y los de la sociedad -lo que privilegia la responsabilidad limitada frente a terceros-, con una finalidad distinta a la que el ordenamiento jurídico tutela a través de tales instituciones, ya que las mismas sirven de incentivo a la asunción de riesgos limitados en las actividades económicas, más no pueden servir -en perjuicio de las víctimas-, como impedimentos formales para imputar a los beneficiarios la responsabilidad por los daños derivados de tales iniciativas.

Esto nos lleva a considerar el carácter relativo de los derechos subjetivos, en el ámbito del Derecho privado patrimonial, ya que el ejercicio de los mismos está condicionado por el principio de buena fe enunciado en el artículo 1.160 del Código Civil, que implica un deber de corrección en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes, tomando en consideración los intereses no sólo del titular de los mismos, sino de su contraparte en la relación jurídica de que se trate, y cuyo incumplimiento, al igual que el desvío de los fines para los cuales se le hayan conferido tales derechos, daría lugar a un ejercicio abusivo de estos (sic). (artículo 1.185 del Código Civil).

En el caso de autos, puede juzgarse con un criterio objetivo -es decir, sin que prejuzgue sobre la intención de los sujetos intervinientes de causar daños-, que la intermediación de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A.[,] en la distribución de los productos de Cervecería Modelo, C.A., se invoca en el proceso como una limitación a la víctima para obtener la reparación de los daños, por parte de quien crea, organiza y dirige la actividad económica creadora de los riesgos materializados en el siniestro, lo que le imprime a la personalidad jurídica interpuesta un carácter abusivo en cuanto la finalidad pretendida, que excede los límites fijados por la buena fe en el ejercicio de las facultades concedidas por el ordenamiento jurídico a sus titulares. Asimismo, es constatable el efecto lesivo que tal ejercicio abusivo comporta para los intereses legítimos de terceros receptores del daño, ya que éstos, se verían impedidos de obtener una reparación por parte de la empresa controlante de la actividad que incorpora al tráfico jurídico el riesgo materializado en el siniestro.

De lo anterior se sigue que, constatado el ejercicio abusivo de un derecho -en este caso, el aprovechamiento de la personalidad jurídica de una sociedad mercantil, con fines de intermediación-, que tiene efectos lesivos de intereses jurídicos tutelados -en el asunto de autos, el derecho de obtener la reparación del daño por quien ha creado el riesgo-, el ordenamiento jurídico reacciona en aras de tutelar el interés prevalente de la víctima, tal como claramente se desprende del artículo 1.185 del Código Civil cuando establece que ‘debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho’.

En este sentido, debe observarse que el principio general contenido en la norma, es que el interés lesionado debe quedar indemne frente al ejercicio abusivo del derecho por parte de sus titulares, lo cual sólo se podría lograr en casos como el de autos, declarando la inoponibilidad (sic) de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil interpuesta, frente a las víctimas del daño, abriendo el camino para imputar los daños directamente a la sociedad controlante, lo que constituye una reparación in natura del interés lesionado mediante el ejercicio abusivo de la forma societaria, conocido en la doctrina y jurisprudencia patrias como ‘levantamiento del velo corporativo’.

Esta solución que fundamenta[n] de forma general en el artículo 1.185 del Código Civil, ha sido también adoptada por nuestra legislación en multiplicidad de normas. Como ejemplo de ello tenemos lo establecido en leyes especiales, específicamente lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.491 de fecha 19 de agosto de 2010, el artículo 23 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinario de fecha 29 de julio de 2010, y el artículo 114 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario en fecha 30 de diciembre de 2015. 

En consecuencia, en el caso de autos debe declararse inoponible a la parte accionante la personalidad jurídica de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A., la cual fungía como un mero intermediario formal, y por lo tanto, debe considerarse como dueño, principal o director respecto del conductor del vehículo (dependiente) a la empresa Cervecería Modelo, C.A., siendo improcedente la defensa de falta de cualidad esgrimida en el presente juicio.

Ahora bien, con respecto a la responsabilidad del dueño, principal o director por el hecho ilícito del dependiente, esta Sala estima pertinente referirse a lo contemplado en la norma del artículo 1.191 del Código Civil, la cual es del tenor siguiente:

(…omissis…)

La norma antes citada, establece de forma inequívoca la atribución de responsabilidad a los dueños, principales o directores del daño causado por el hecho ilícito en que hubieren incurrido sus dependientes o sirvientes en el ejercicio de las funciones que le hayan encomendado.

Este tipo de responsabilidad, constituye un caso de responsabilidad objetiva, pues el comitente no puede desvirtuar que no tuvo culpa, ni alegar que una causa extraña no imputable impidió que el dependiente o sirviente incurriera en el hecho ilícito, de manera que, basta con que se verifique la responsabilidad de este y la comprobación del daño para que surja la responsabilidad del principal.

Sobre la responsabilidad del principal respecto del daño causado por su dependiente, esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia N° 632 de fecha 15 de octubre de 2014, caso: Adolfredo Pulido Mora, contra C.A. Editora El Nacional y otras, en el expediente N° 13-369, en la cual disertó:

(…omissis…)

Según la jurisprudencia citada supra, la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, en particular la del dueño o principal, es una responsabilidad que no admite prueba en contrario siendo por tanto una presunción iure et de iure, responsabilidad que deviene de la autoridad que desempeña el principal respecto a su dependiente, entendiéndose a aquél como vigilante de los actos que este (sic) desempeña por encontrarse precisamente bajo su cargo, por lo que si se encuentra bajo la dirección del dueño en el cumplimiento de sus funciones e incurre en un ilícito civil nace la responsabilidad por imperio de la ley.

Refiere la jurisprudencia bajo comentario que para que opere tal responsabilidad especial, es menester la verificación previa de dos circunstancias a saber: 1) la condición de dependiente del agente del daño, y 2) que quede establecida la culpa de este (sic), en virtud que la presunción de culpa iure et de iure solo procede contra el principal o dueño, si es demostrada a su vez la culpa directa e inequívoca del dependiente o sirviente, caso en el cual operará tal presunción legal dejándose en consecuencia establecida la culpa del principal o dueño, la cual no exige prueba.

Por otra parte, aclara la decisión jurisprudencial bajo comentario que no es requisito sine qua non que la relación de dependencia sea entendida en el marco de una relación laboral en los términos de la Ley Orgánica del Trabajo (sic). Tampoco dicha relación debe necesariamente pactarse o tenerse una contraprestación o remuneración a cambio del encargo, pues basta que la función o encargo conferido por el principal de donde dimana para este su poder de ordenar o girar instrucciones al dependiente, la que además no necesita tener carácter permanente, pues basta tener una relación temporal y aun ocasional.

De forma tal que, la relación entre el dueño o principal y dependiente o sirviente no tiene que ser necesariamente laboral, por lo que no es menester demostrar las características de este tipo de relación, basta entonces solo con que se demuestre la relación de dependencia entre el dependiente y entre el que da las órdenes -principal- la culpa y el daño de aquél para que surja la presunción a la que se ha hecho referencia, en consecuencia la responsabilidad objetiva del dueño o principal.

En el caso que nos ocupa,  ha quedado establecido por el sentenciador de alzada, que el agente del daño en este caso fue el ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto quien arrolló a la niña -cuyo nombre se omite de conformidad con lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes-, con un vehículo pesado -gandola- propiedad de la codemandada Transporte Rincón Valero, C.A., en el ejercicio de las funciones -manejo y distribución- que le fueron encomendadas.

Al respecto la recurrida estableció:

‘…Por consiguiente, una vez determinados los requisitos de procedencia para la reparación del Daño Moral (sic) y sobre los requisitos necesarios para la existencia del Hecho Ilícito (sic) en el caso in comento, en aplicación del Artículo 1.185 del Código Civil, es de establecer si tales supuestos se encuentran enmarcados en el presente proceso y en tal sentido:

1. Acto ilícito, doloso o culposo: La ilicitud en un sentido amplio se puede definir como lo prohibido por la ley a causa de oponerse a justicia, equidad, razón o buenas costumbres; Lo (sic) ilícito puede violar la ley positiva, la moral o la religiosa, pero sólo en el primer caso surgen efectos de trascendencia para el Derecho (sic), que puede acoger asimismo normas morales y religiosas, tal como lo define el autor MANUEL OSORIO (sic), en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.

Del análisis del expediente y lo alegado por el actor, así como de los elementos probáticos aportados por las partes se desprende, que el empleado de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A., ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto, arrolló a la menor de edad –cuyo nombre se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes- con un vehículo pesado: Placas: 140-TAN; Serial de carrocería: R609SXV16537; Serial del Motor: ET673552529; Marca: Mack; Modelo: 1.976; Año: 76; Color original: Amarillo; Color actual: Azul y blanco, con el logotipo de Empresas Polar; Clase: Camión; Tipo: Chuto; Uso: Carga, propiedad de la antes mencionada sociedad mercantil, provocando la muerte de la misma.

En este sentido, se demostró la ilicitud de las actuaciones realizadas por el ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto, debido a que el ciudadano se desvió de la ruta asignada por el empleador, incumpliendo normas de carácter privado; aunado a esto, se evidencia de la sentencia emanada del circuito penal, inserta en los folios ciento ochenta (180) al ciento ochenta y dos (182), mediante la cual se declaró la privación de libertad del mencionado ciudadano, por lo que no hay lugar a dudas del hecho ilícito en el cual se incurrió. ASI (sic) SE DECIDE.-

2. Daño: El segundo elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual, está constituido por el daño. Es evidente que para que se pueda hablar de resarcimiento, ha de haberse producido un daño entendido este (sic) como toda pérdida, disminución o menoscabo económico o moral sufrido por un sujeto de derecho.

En el presente caso se pretendió demostrar la responsabilidad civil de la codemandas (sic), a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en fecha cuatro (4) de abril del dos mil (2000), en el cual se causó la muerte de la menor de edad –cuyo nombre se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes-, hecho este ocurrido y demostrado mediante las actas policiales traídas al expediente, y quedando precisado el hecho de que el ciudadano era empleado y se encontraba en ejercicio de sus funciones como empleado de la empresa Transporte Rincón Valero, C.A..

Por lo que, es evidente para esta Sentenciadora que la muerte de la misma fue causada con el vehículo propiedad de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A, y por lo que tal como se explano (sic) en la doctrina y jurisprudencia antes mencionada e igualmente como lo estipula nuestro Código Civil, los parientes de la victima (sic) tienen derecho a reclamar la indemnización por daños morales por la perdida (sic) de un ser querido, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.196 del Código Civil. Así se Decide (sic).-

3. Relación de causalidad: El otro elemento necesario para concretar la obligación de resarcimiento, es la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el resultado dañoso.

Respecto a este Tercer requisito es de señalar, que una vez determinado por esta Superioridad (sic) que producto de los actos generados por el empleado de la empresa codemandada Transporte Rincón Valero, C.A., murió la menor de edad –cuyo nombre se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes-, e igualmente se pudo constatar de las actas policiales la relación de causalidad entre el daño producido, como lo es muerte de la menor antes mencionada, a causa del arrollamiento con el vehículo propiedad de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A y conducido por un empleado de la misma empresa, es por lo que haciendo una concatenación de los medios probatorios evacuados y valorados en el presente proceso es que quedó demostrada la relación de causalidad entre el daño producido y el acto ilícito culposo generador del daño emanado por el empleado de la Sociedad Mercantil (sic) demandada. ASI (sic) SE DECIDE…’.. (Destacado de la transcripción).

De igual manera ha quedado demostrada la relación de dependencia existente entre el ciudadano Carlos Alberto  Rincón Soto y las sociedades mercantiles codemandadas -Cervecería Modelo, C.A.[,] y Transporte Rincón Valero, C.A., lo que consecuencialmente conlleva a establecer que tales compañías son a su vez corresponsables por el hecho dañoso del referido ciudadano quien en el ejercicio de las funciones que le fueran encomendadas por aquellas, ocasionó el accidente de tránsito que produjo el fallecimiento de la niña cuyo nombre se omite por prohibición del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Como consecuencia de ello, al quedar demostrada la culpa del ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto, el daño y la relación de causalidad, surge la presunción de responsabilidad a la que hemos hecho referencia y como corolario de ello, deben las empresas codemandadas Transporte Rincón Valero, C.A. y Cervecería Modelo, C.A.[,] como principales, así como Seguros La Seguridad, Compañía Anónima, como responsable solidaria, indemnizar por daño moral a los demandantes ciudadanos Alberto José Villasmil Leaños y Tania Patricia Lacera Herrera por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000.00) tal y como fue acordado por el tribunal de la alzada en la sentencia recurrida. Así se establece.

Como consecuencia de lo antes expresado se declara procedente la presente denuncia por infracción del artículo 1.399 del Código Civil, en virtud que esta Sala ha encontrado que del cúmulo de hechos indiciarios supra señalados es posible establecer mediante presunción judicial la verdadera naturaleza de la relación existente entre las empresas codemandadas Cervecería Modelo, C.A.[,] y Transporte Rincón Valero, C.A.[,] y su carácter de responsables en relación con el hecho ilícito cometido por su dependiente ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto. Así se decide.

Ahora bien, el constituyente de 1999 consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente; Aspectos que integran la definición de la tutela judicial efectiva según la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en ‘...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Sentencia SCC, de fecha 12 de abril de 2005, caso: Mario Castillejo Muelas, c/ Juan Morales Fuentealba).

En este orden de ideas, la Sala Constitucional estableció que todos los jueces de la República deben velar por la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, obligándolos siempre a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental (Sentencia SC Nro. 889, Exp. 07-1406 de fecha 30 de mayo de 2008).

En tal sentido,  los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, deben procurar la determinación de los derechos de las partes,  prevaleciendo la justicia por encima de cualquier tecnicismo o apariencia de derecho, buscando siempre aplicar una justicia lo más cercana a la realidad posible.

Por ello, cuando los juzgadores se encuentren en un caso en el que se alegue el uso abusivo de la forma societaria o en fraude a la ley, los jueces deben observar los siguientes lineamientos: Analizar el conjunto de relaciones que unen a las diferentes personas jurídicas y naturales actuantes; Verificar si de esas relaciones se evidencia que se utilizó la forma societaria para lesionar intereses de terceros o en fraude a disposiciones de orden público; Atender a ciertos hechos indiciarios que permitan establecer la procedencia del levantamiento del velo corporativo, como por ejemplo cuando se verifique una o más sociedades donde una de ellas tenga un solo socio, el control de una de las empresas sobre otra u otras, la insuficiencia del capital social, la no producción de dividendos, la ausencia de giro independiente, el control accionario entre dos o más empresas del grupo, el funcionamiento en establecimientos comunes y dependientes unos de otros, la confusión patrimonial, cuando existan contratos conexos o enlazados por el objeto o por la causa; En fin todos aquellos elementos que puedan conllevar a deducir la falta de independencia de una o varias de las sociedades frente a otra empresa o persona natural.

CASACIÓN SIN REENVÍO

En el presente caso, se ha declarado procedente la denuncia por infracción de ley planteada en el escrito de formalización, por lo que se casará el fallo recurrido. Así las cosas, y no obstante lo referido, esta Sala encuentra que en el asunto bajo examen están satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, lo que resultaría contrario al principio de utilidad de la casación, la celeridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

En este orden de ideas, la materia objeto de la casación declarada, versa sobre hechos soberanamente establecidos, pues, quedó determinado plenamente por el juez de la instancia superior la ocurrencia de un accidente de tránsito que generó daños morales, más, sin embargo, declaró procedente la falta de cualidad pasiva de la sociedad mercantil Cervecería Modelo, C.A., lo cual constituyó una infracción de ley, siendo que ha quedado demostrada y establecida la relación de la referida empresa con la codemandada Transporte Rincón Valero, C.A.[,] y el agente del daño ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto.

Por ello, existen razones suficientes para casar sin reenvío el fallo recurrido y corregir de forma inmediata la infracción delatada, dado que el ad quem estableció el daño moral, tal como quedó establecido en líneas superiores.

En razón de lo anterior, esta Sala, declara: 1) con lugar la demanda por daño moral proveniente de accidente de tránsito, que provocó el fallecimiento de la niña -cuyo nombre se omite de conformidad con lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes-; 2) se modifica en los términos expuestos en el presente fallo la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha 30 de mayo de 2014; 3) Se condena a las codemandadas a la indemnización por daño moral, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.196 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.191 del Código Civil, y a Seguros la Seguridad, C.A. quien es solidariamente responsable por los daños causados conforme a la estatuido en el artículo 127 de la Ley de Tránsito Terrestre, vigente para la época de la ocurrencia del accidente de tránsito, quienes deberán pagar la cantidad de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00); 4) No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil” (Destacados del fallo citado).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

1.  Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la solicitud de revisión planteada, y al respecto observa que de conformidad con lo establecido en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

 

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, abarca tanto los fallos dictados por los Tribunales de la República como los dictados por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo prevé el artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el fallo N° 93, del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, en el cual esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisión constitucional.

 

Ahora bien, dado que en el caso de autos se pidió la revisión de la sentencia N° 381 dictada el 22 de junio de 2016 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:

 

La parte actora solicitó la revisión constitucional de la sentencia N° 381 dictada el 22 de junio de 2016 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró “1) CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante contra la sentencia proferida en fecha 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. 2) SE CASA SIN REENVÍO la sentencia recurrida, en consecuencia: 1) Se declara parcialmente con lugar la demanda por daño moral y lucro cesante; se modifica en los términos expuestos la imposición de la condena en cabeza de la codemandada Cervecería Modelo, Compañía Anónima; y se ratifica la condena impuesta a las sociedades de comercio Transporte Rincón Valero y Seguros La Seguridad, C.A.; 2) en consecuencia, se condena al pago por concepto de daño moral a las mencionadas sociedades mercantiles por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00); 3) No hay condenatoria en las costas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil.  Queda de esta manera CASADA Y SIN REENVÍO la sentencia impugnada.  No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión” (Énfasis del fallo citado).

 

Al respecto, esta Sala Constitucional debe advertir que en su pacífica y reiterada jurisprudencia ha establecido que la potestad de revisión, es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, en aquellos casos en que con ello se vaya a contribuir a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000).

 

Bajo tales parámetros, cabe destacar que la decisión objeto de estudio por esta Sala se dictó en el marco de un juicio entablado con ocasión a una demanda por daño moral y lucro cesante intentada por los accionantes contra las empresas Transporte Rincón Valero Compañía Anónima, Cervecería Modelo Compañía Anónima y Seguros La Seguridad Compañía Anónima, con el objeto de obtener una indemnización por daño moral, debido a la muerte de su menor hija, la cual falleció como consecuencia de un arrollamiento.

 

Los solicitantes fundamentaron su pretensión en que “[s]i bien (…) esta[n] conformes con la declaratoria de la Sala de Casación Civil, en cuanto a la responsabilidad solidaria de las empresas condenadas en el hecho reclamado, y al pago de la indemnización por daño moral, reprocha[n] únicamente la cantidad de dinero condenada a pagar en la entredicha sentencia de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), suma que, fuera acordada también por el Tribunal de la alzada en la sentencia recurrida en casación” (Énfasis del texto original).

 

En relación con el anterior argumento esta Sala debe mencionar que, en materia de daño moral el artículo 1.196 del Código Civil dispone que la procedencia de la indemnización por daño moral no es meramente facultativa del juez ya que el propio texto de la ley señala que “(…) La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado (…)”.  Por lo que, si existe el daño el juez debe indemnizarlo y el carácter potestativo se limitaría a la facultad del juez de determinar el monto, alcance y los medios de la indemnización o compensación del daño.

 

Sobre este punto, cabe destacar que cuando el Código Civil hace referencia a indemnización no debe entenderse como un medio para hacer desaparecer el daño, sino como una compensación mediante el otorgamiento de un bien que sea capaz de proporcionar una satisfacción susceptible de reemplazar aproximadamente el menoscabo sufrido. Bajo tales planteamientos, la Sala reitera que en materia de daño moral la legislación nacional establece como fin último que se repare -se compense- el daño causado, sin que esté preestablecida ninguna forma particular de indemnización -vgr. En especie o equivalente-.

 

Por ello, la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil y de esta Sala ha señalado que la indemnización o quantum en materia de daño moral, es del criterio exclusivo y soberano del juez, quien en definitiva es el que la determina de acuerdo con su prudente arbitrio, con lo cual los sentenciadores ostentan la facultad para apreciar si el hecho ilícito generador de daños materiales puede ocasionar, además repercusiones psíquicas, o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral de la víctima, y por lo tanto la estimación que al respecto hagan los jueces de mérito así como la indemnización que acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el artículo 1.196 del Código Civil, son de su criterio exclusivo (Cfr. sentencia de esta Sala N° 1.542/2008).

 

Desde esa perspectiva, el argumento de los solicitantes vinculado exclusivamente a su inconformidad con “la cantidad de dinero a pagar”, debe ser desestimado por esta Sala por no ser objeto de revisión constitucional, en la medida que implicaría un cuestionamiento como una tercera instancia del monto indeminizatorio acordado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2014, y ratificado por la Sala de Casación Civil en la decisión sujeta a revisión.  Así se declara.

 

2.- Ahora bien, esta Sala de oficio en el marco de sus competencias considera necesario, para la resolución del presente caso, reiterar que en la consecución del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, cada uno de los órganos que ejercen el Poder Público, deben tutelar los principios y valores amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero para que tal postulado pueda constituirse en una verdadera garantía que permita la resolución de los conflictos de derechos que subyacen y emergen por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar efectivamente un desarrollo fluido de los intereses antagónicos en juego.

 

Así, la Constitución propende a una concordancia en el ejercicio de las diversas competencias atribuidas entre los órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, tendente a evitar un declive o degeneración terminal del sistema de  derechos y garantías que ella consagra y, por lo tanto, del Estado.

 

Así, los medios para la resolución pacífica, continua y proporcional de los conflictos generados como consecuencia de las relaciones entre partes o sectores de la sociedad, tienen límites intrínsecos al sistema constitucional, aplicables a los órganos que ejercen el Poder Público, y en particular a los que integran el Poder Judicial.

 

En la consecución de tales postulados, la técnica jurídica no puede constituirse en un fin en sí mismo, en virtud de que su cometido no es meramente técnico sino finalista en la medida en que al juez le corresponde alcanzar un objetivo que le impone ser proactivo en aras de la resolución del caso planteado, constituye un instrumento en la aplicación de la norma jurídica, como una tarea que está integrada en el proceso de solución de controversias, por lo que le corresponde al juez interpretar la norma jurídica según su texto y su contexto, no sólo aplicándola o subsumiéndola al caso, contribuyendo a su concreción (Ferreyra, R. Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías. Buenos Aires: Edar, p. 54) o integrar el ordenamiento jurídico, y por ello se hizo la distinción entre “aplicación” y “solución de controversias” (vid. Sentencia de esta Sala número 1.806/2008).

 

Así, resolver un caso supone la concreción de una norma jurídica por lo que Fuller L. (Anatomía del Derecho. Caracas, Monte Ávila Editores, 1968, p. 107) afirma que “la interpretación normativa legal, no es, pues, una simple traducción de los elementos formales que el legislador emplea”; sería, en cambio, “un proceso que busca ajustar la ley a las necesidades y valores implícitos de la sociedad que ha de regir”; en tal sentido, “ninguna norma jurídica promulgada resulta totalmente ‘creada’…”.

 

En todo caso, esta operación de interpretación de la norma jurídica responde a metas, fines y propósitos que están signados por una visión que se fija conforme a distintos criterios de valoración, preferencia o pertinencia (vid. Sentencia de esta Sala número 1.806/2008), que sirven para arbitrar de algún modo los conflictos con base en unos sistemas normativos, dentro de los cuales encontramos el moral y el jurídico. Al respecto, tal como lo sostuvo Hart, ni siquiera Bentham o Austin “negaron nunca la coincidencia frecuente entre los dos órdenes normativos”; por el contrario, siempre “señalaron cómo las prescripciones jurídicas a menudo expresan principios morales; y cómo los propios tribunales pueden hallarse jurídicamente obligados a decidir de acuerdo a lo que consideran mejor y más justo desde el punto de vista moral” (Salmerón F. “Sobre moral y derecho. Apuntes para la historia de la controversia Hart-Dworkin”. En R. Vázquez, comp., Derecho y Moral, p. 82).

 

Esa convivencia y hasta correspondencia entre el orden moral y el jurídico, debe ser imperativa en la labor judicial enmarcada en el objetivo de la justicia (previsto en los artículos 1, 2, 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) haciendo uso de diversos recursos y medios para contribuir al logro de este objetivo; y, a tal efecto, debe el juez en primer lugar, utilizar los instrumentos asociados naturalmente a ello, como lo serían las propias normas jurídicas puestas por los órganos legislativos en busca de una norma análoga, o hacer uso de su capacidad lógica para formular una regla general o un principio general del Derecho.  Así, en el examen y aplicación de tales normas, el juez debe hacer uso de los instrumentos de los que dispone la técnica jurídica en la búsqueda de medios adecuados a la satisfacción de la necesidad de hacer justicia.

 

Si bien el hombre ha encontrado como medio adecuado a la normalización de su entorno, la solución de conflictos y a la consecución de sus objetivos, fijar y normalizar su conducta, a través de la imposición a sí mismo de normas, en los cuales “establecemos prioridades entre metas, y esto significa aceptar principios o normas duraderas” (Midgley, M. “El origen de la Ética”, en P. Singer (ed.), Compendio de Ética, p. 37.),  estas normas surgen en el marco de unos sistemas, como el moral y el jurídico, los cuales deben responder al objetivo de desarrollo y progreso del ser humano, y siendo que los mismos nacen y se despliegan a la par de su hacer cotidiano, es decir, no se construyen ni surgen de una vez y para siempre ni de modo aislado, sino más bien en estrecha vinculación con los problemas a superar y las metas a alcanzar, es natural que existan lazos evidentes entre tales sistemas (vid. Sentencia N° 1.806 del 20 de noviembre de 2008).

 

En este sentido, debe siempre tenerse en cuenta que “una ley además de la estructura con que se constituye y además de las determinaciones que contiene, representa una valoración jurídica” (Cossio C. La Valoración Jurídica y la Ciencia del Derecho, p. 81), y, por tanto, la “corrección” del Derecho “sólo puede pensarse en términos de valor” (Delgado Ocando J.M. Una Introducción a la Ética Social Descriptiva, p. 16).

 

Pero la referida corrección por parte de los órganos que integran el Poder Judicial, no puede formularse al margen de la técnica jurídica, su validez en el contexto del marco constitucional, no puede darse fuera de un discurso jurídico -condicionado a elementos externos (políticos, sociales o económicos)- que si bien en muchos casos es ajeno e incluso ininteligible para el lego, es necesario para lograr la necesaria certeza en cómo y de qué forma se deben resolver las controversias en la sociedad (Cfr. Cárcova, Carlos María. La Opacidad del Derecho. Trotta, Madrid, 1998, pp. 151-164).

 

Así, la aplicación del derecho por parte del juez es de carácter bifronte, por una parte tiende normalmente a reproducir las condiciones de preexistentes en un sistema social, pero además debe en el ejercicio de dicha corrección, coadyuvar en su transformación progresiva para el logro de los valores y principios constitucionales, en casos en que las soluciones formales se aparten de éstos.

 

En ese contexto, en el caso bajo examen se debe tener presente que el telos de las normas relativas al daño moral, es la necesidad de reparar los perjuicios sufridos, lo cual no constituye una actividad arbitraria del órgano jurisdiccional, sino por el contrario, al decidirse una cuestión de daños morales, la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil ha señalado que el juez necesariamente ha de “sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable” (Cfr. Sentencias de la Sala de Casación Civil Nros. 297/2007, 52/2014 y 632/2014), lo cual coincide con los criterios vinculantes de esta Sala, en relación con la idea perfectamente consolidada de que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen del Derecho o aislado de vinculaciones jurídicas, en tanto que la regulación de la competencia del órgano, los principios constitucionales sobre los fines del Estado, sobre los derechos fundamentales, lo que esta Sala ha denominado elementos jurídicos, forman un entramado vinculante para una decisión que, aun siendo discrecional, no se desarrolla en este sentido al margen del derecho (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.117/2006).

 

Además, la Sala ha señalado que el contenido del artículo 1.196 del Código Civil que establece que el juez “puede conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”, es coherente con lo previsto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza al juez para obrar según su prudente arbitrio consultando lo más equitativo, justo o racional, y, por lo tanto, lo autoriza para conceder la indemnización o forma de reparación que considere conveniente sin que tal indemnización tenga que ser necesariamente de contenido patrimonial y ello, desde luego, porque el daño no es material sino moral (Cfr. Melich Orsini, José. La Responsabilidad Civil por Hechos Ilícitos. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios 45-46, Caracas, 2006, pp. 210-211).

 

No obstante, esta Sala ha precisado que bajo la dogmática de los derechos fundamentales y particularmente del derecho a la dignidad, el cual es “(…) tan vago como el concepto de dignidad de la persona. El concepto de la dignidad de la persona puede ser explicitado -a más de a través de fórmulas generales como la que dice que la persona no puede ser convertida en mero objeto- por un haz de condiciones más concretas que tienen que darse o no darse si ha de garantizarse la dignidad de la persona (…). Muchos divergen en algunos puntos y coinciden en otros y, a menudo, existen diferencias sólo en el peso que se otorga a las diferentes condiciones del haz (…)” -Cfr. Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. Ernesto Garzón, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 344-; el juez dentro de su prudente arbitrio tiene que tomar en consideración para determinar los medios de reparación del daño moral, el contenido del medio de compensación presentado por el demandante, ya que el mismo tiene un valor fundamental -mas no vinculante-, en la medida que es el justiciable y su condición, el centro último de la reparación y continente exclusivo del perjuicio y sus secuelas, por lo que el juez debe tener en consideración si el contenido de una compensación de carácter no pecuniario, podría incurrir en un nuevo agravio del demandante (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.542/2008).

 

En congruencia con lo expuesto, se observa de la transcripción efectuada por la Sala de Casación Civil en el fallo sujeto a revisión, que la parte ahora solicitante argumentó ante la referida Sala, la responsabilidad civil solidaria de la sociedad mercantil Cervecería Modelo, C.A., en el hecho ilícito en donde falleció su hija, cuestión que había sido descartada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ante la defensa de falta de cualidad esgrimida en el juicio primigenio.

 

De cara a tal argumento, la Sala de Casación Civil en la decisión objeto de revisión determinó lo siguiente:

 

“(…) ha quedado demostrada la relación de dependencia existente entre el ciudadano Carlos Alberto  Rincón Soto y las sociedades mercantiles codemandadas -Cervecería Modelo, C.A. y Transporte Rincón Valero, C.A., lo que consecuencialmente conlleva a establecer que tales compañías son a su vez corresponsables por el hecho dañoso del referido ciudadano quien en el ejercicio de las funciones que le fueran encomendadas por aquellas, ocasionó el accidente de tránsito que produjo el fallecimiento de la niña cuyo nombre se omite por prohibición del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Como consecuencia de ello, al quedar demostrada la culpa del ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto, el daño y la relación de causalidad, surge la presunción de responsabilidad a la que hemos hecho referencia y como corolario de ello, deben las empresas codemandadas Transporte Rincón Valero, C.A. y Cervecería Modelo, C.A. como principales, así como Seguros La Seguridad, Compañía Anónima, como responsable solidaria, indemnizar por daño moral a los demandantes ciudadanos Alberto José Villasmil Leaños y Tania Patricia Lacera Herrera por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000.00) tal y como fue acordado por el tribunal de la alzada en la sentencia recurrida. Así se establece.

Como consecuencia de lo antes expresado se declara procedente la presente denuncia por infracción del artículo 1.399 del Código Civil, en virtud que esta Sala ha encontrado que del cúmulo de hechos indiciarios supra señalados es posible establecer mediante presunción judicial la verdadera naturaleza de la relación existente entre las empresas codemandadas Cervecería Modelo, C.A. y Transporte Rincón Valero, C.A. y su carácter de responsables en relación con el hecho ilícito cometido por su dependiente ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto. Así se decide.

(…omissis…)

En este orden de ideas, la materia objeto de la casación declarada, versa sobre hechos soberanamente establecidos, pues, quedó determinado plenamente por el juez de la instancia superior la ocurrencia de un accidente de tránsito que generó daños morales, más, sin embargo, declaró procedente la falta de cualidad pasiva de la sociedad mercantil Cervecería Modelo, C.A., lo cual constituyó una infracción de ley, siendo que ha quedado demostrada y establecida la relación de la referida empresa con la codemandada Transporte Rincón Valero, C.A. y el agente del daño ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto.

Por ello, existen razones suficientes para casar sin reenvío el fallo recurrido y corregir de forma inmediata la infracción delatada, dado que el ad quem estableció el daño moral, tal como quedó establecido en líneas superiores”.

 

Como puede observarse de la lectura de la decisión cuya revisión ha sido solicitada, la Sala de Casación Civil acertadamente falló a favor de los hoy solicitantes, en torno a estimar procedente que, en efecto existe una responsabilidad solidaria entre todas las empresas codemandadas, modificando la decisión de instancia que había declarado procedente la falta de cualidad alegada por la empresa Cervecería Modelo, C.A., excluyéndola de la relación procesal propuesta inicialmente.

 

Sin embargo, luego de modificar tal circunstancia procesal, la Sala de Casación Civil no procedió al ineludible análisis referido al reajuste del monto de la indemnización a la cual tienen derecho los padres de la niña fallecida en el siniestro objeto del juicio, ya que para la determinación del monto a indemnizar el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, tomó en consideración la capacidad de los agentes productores del daño.  En efecto, en este punto es importante recordar que dicho Juzgado Superior, mediante sentencia del 30 de mayo de 2014, decidió imponer una indemnización por daño moral por un monto de quinientos mil bolívares (de Bs. 500.000,00).  Dicho monto quedó intacto a pesar de que la mencionada Sala incorporó a la relación procesal un demandado que, junto al resto de los codemandados, debe soportar la carga de indemnizar a los demandantes por el daño moral causado.

 

Siendo esto así, esta Sala considera que al incorporarse un responsable por el daño sufrido, la Sala de Casación Civil de igual modo debía proceder nuevamente a la necesaria motivación de los “pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral”, a tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia de esa propia Sala.

 

A propósito de aquellas decisiones que comprendan indemnización de daños morales, la misma Sala de Casación Civil estableció en sentencia N° 632 de fecha 15 de octubre de 2014, reiterada en sentencia N° RC.00735 del 1° de febrero de 2015, lo siguiente:

 

“…en sentencia N° 848 de fecha 10 de diciembre de 2008, caso: Antonio Arenas y otros contra Serviquim C.A., y otras estableció lo siguiente: ‘… es doctrina reiterada de esta Sala… que la sentencia que condene al pago de una indemnización por daño moral, debe contener los siguientes supuestos de hecho, para que no sea considerada inmotivada en cuanto a la determinación del monto del mismo, los cuales son: 1.- La importancia del daño. 2.- El grado de culpabilidad del autor. 3.- La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño. 4.- La llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. 5.- El alcance de la indemnización, y 6.- Los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral’.

Asimismo, la Sala en sentencias Nros. 297 de fecha 8 de mayo de 2007 y 52 de fecha 4 de febrero de 2014, entre otras, reiteró el criterio jurisprudencial seguido en esta materia y ratificó que al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable” (Negrillas añadidas).

 

De la doctrina judicial desarrollada por la Sala de Casación Civil antes citada (criterio ratificado además en decisión N° RC.000161 del 11 de marzo de 2016) se desprende que, en la sentencia que condene al pago de una indemnización por daño moral, es necesario que el juez valore y justifique los siguientes supuestos de hecho:

 

1.- La importancia del daño.

2.- El grado de culpabilidad del autor.

3.- La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño.

4.- La llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable.

5.- El alcance de la indemnización, y

6.- Los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral.

 

Precisado lo anterior, en el específico aparte de la “importancia del daño” es primordial mencionar que tratándose el caso de autos de la muerte de la hija de los solicitantes, es obvio considerar que en ellos se produjo una afección de tipo psíquico, moral, espiritual y emocional de grandísima envergadura, lo cual causó una lesión en su patrimonio moral.

 

En este punto es importante recalcar lo constatado por la Sala de Casación Civil, en torno al ejercicio abusivo del derecho, pretendido por la empresa Cervecería Modelo, C.A., “en este caso, el aprovechamiento de la personalidad jurídica de una sociedad mercantil, con fines de intermediación”, lo cual ocasionó efectos lesivos de intereses jurídicos tutelados, que en este caso se trataban del derecho de los padres de la víctima a obtener la reparación del daño por quien produjo el riesgo.  Por ello resaltó la mencionada Sala que en casos como el planteado, “el ordenamiento jurídico reacciona en aras de tutelar el interés prevalente de la víctima, tal como claramente se desprende del artículo 1.185 del Código Civil cuando establece que ‘debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho’…”.  De este modo, ciertamente es verificable el resultado lesivo que ese ejercicio abusivo supone para los legítimos intereses de terceros recipientes del daño, debido a que se les impediría alcanzar una reparación por parte de la empresa que lleva el control de la actividad que incorpora al tráfico jurídico el riesgo materializado en el evento fatídico.

 

En el caso sub examine, se evidenció que ante la ocurrencia del evento en el cual falleció la hija de los peticionantes, “la empresa creadora del riesgo y receptora de los mayores beneficios económicos de la actividad, alega no ser imputable por los daños causados, dado que no ostenta la propiedad del vehículo, y porque el conductor no tenía una relación jurídica directamente con Cervecería Modelo, C.A., sino con la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A., que funcionaría aquí –según la lógica del argumento-, no ya como ejecutor material de la distribución dirigida y organizada por Cervecería Modelo, C.A., sino como un ente con personalidad jurídica propia y distinta, con patrimonio separado e independencia financiera, que recibe con exclusividad el impacto económico del daño causado a terceros”, de lo cual se constató que la mencionada empresa pretendió la limitación de su responsabilidad frente a terceros, alejándose con tal actuación de los fines que el ordenamiento jurídico tutela, motivo que condujo a la Sala de Casación Civil a levantar el velo societario en el presente caso, a los fines del establecimiento de la efectiva cualidad pasiva que ostenta Cervecería Modelo, C.A. en la producción de daño.

 

Para ello, esta Sala observa que la Sala de Casación Civil señaló acertadamente, previo a su conclusión que, “en el caso de autos debe declararse inoponible a la parte accionante la personalidad jurídica de la sociedad mercantil Transporte Rincón Valero, C.A., la cual fungía como un mero intermediario formal, y por lo tanto, debe considerarse como dueño, principal o director respecto del conductor del vehículo (dependiente) a la empresa Cervecería Modelo, C.A., siendo improcedente la defensa de falta de cualidad esgrimida en el presente juicio”, para luego concluir que “[c]omo consecuencia de lo antes expresado se declara procedente la presente denuncia por infracción del artículo 1.399 del Código Civil, en virtud que es[a] Sala ha encontrado que del cúmulo de hechos indiciarios supra señalados es posible establecer mediante presunción judicial la verdadera naturaleza de la relación existente entre las empresas codemandadas Cervecería Modelo, C.A. y Transporte Rincón Valero, C.A. y su carácter de responsables en relación con el hecho ilícito cometido por su dependiente ciudadano Carlos Alberto Rincón Soto” (Negrillas añadidas).

 

Siendo así que -ante el alegato del uso abusivo de la forma societaria en fraude a la ley, para sustraerse de la responsabilidad derivada del daño causado- la Sala de Casación Civil, se insiste, levantó el velo societario existente en el caso bajo examen, y habiendo casado sin reenvío el asunto, era absolutamente necesario en este caso que dicha Sala procediera a analizar nuevamente el parámetro antes referido en su propia jurisprudencia, relativo a los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral, como consecuencia de haber incorporado a otra de las codemandadas en la relación procesal, como corresponsable del daño.

 

Ello ocasiona que, al no haber efectuado tal estudio, se evidencie que claramente contradijo lo desarrollado por esa misma Sala en la doctrina judicial desarrollada en sentencias N° 632 de fecha 15 de octubre de 2014, reiterada en sentencia N° RC.00735 del 1° de febrero de 2015 y RC.000161 del 11 de marzo de 2016, cuando, refiriéndose a aquellas decisiones que comprendan indemnización de daños morales, la propia Sala de Casación Civil estableció que es necesario que el juez valore y justifique “[l]os pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral”.  En tal sentido, la Sala de Casación Civil no advirtió que el resultado de la determinación del monto a indemnizar efectuado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la decisión de fecha 30 de mayo de 2014, se encontraba suficientemente justificada en el número de sujetos pasivos (responsables) y su capacidad, con lo cual la ausencia -en sede de casación- de razonamiento alguno sobre la base de los propios criterios de la Sala de Casación Civil para la justificación del pago por indemnización de daño moral, determina que la casación sin reenvío efectuada, se realizó fuera del contexto del caso particular, que exige su propia jurisprudencia.

 

Ante tal circunstancia, la Sala debe señalar que deviene en una verdadera obligación del Poder Judicial, la búsqueda de medios para propender a armonizar en el marco de un debido proceso y una tutela judicial efectiva, los distintos componentes que conforman la sociedad y los medios para resolver sus conflictos, debiendo a tal efecto lograr un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en un caso, siendo que el medio para lograr esa necesaria armonización de la sociedad, debe ser el resultado necesario de una interpretación de la Constitución que responda a las necesidades de la sociedad en un momento determinado, tomando en cuenta el impacto y alcance de las decisiones que se asuman.

 

Sobre la base de tales asertos, en casos como el presente debe asumirse una línea de interpretación dogmática que compele a los órganos jurisdiccionales a tutelar los principios y garantías constitucionales, lo cual no se verificó en el fallo objeto de revisión por la ausencia de justificación alguna en relación con la aplicación de los criterios reiterados por la misma Sala de Casación Civil en las decisiones antes mencionadas (sentencia N° 632 de fecha 15 de octubre de 2014, reiterada en sentencia N° RC.00735 del 1° de febrero de 2015 y RC.000161 del 11 de marzo de 2016).

 

Además, en relación a este aspecto de la cuantificación de los daños morales esta Sala estima conveniente llamar la atención a la Sala de Casación Civil en el sentido que, de acuerdo a su propia jurisprudencia, dictada en casos de daños morales a causa de un accidente de tránsito -como el caso de autos- “el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimiento, debe colocarse en la situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podría reparar por equivalente dicho daño. Los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana”, tomando en consideración además que “el juez debe apreciar las repercusiones psíquicas o de índole afectiva, sin que existan patrones definidos en la ley, pues esta estimación queda a cargo de su esencia humana, su conciencia y su sensibilidad. No existen directrices técnicas o periciales que permitan medir los estados del alma” (Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 6 del 12 de noviembre de 2002, reiterada en sentencia N° RC.00735 del 1° de febrero de 2015 de la misma Sala).

 

Sobre este punto, cabe recordar que esta Sala ha expresado que cuando el Código Civil hace referencia a indemnización no debe entenderse como un medio para hacer desaparecer el daño, sino como una compensación mediante el otorgamiento de un bien que sea capaz de proporcionar una satisfacción susceptible de reemplazar aproximadamente el menoscabo sufrido (Vid. sentencia de esta Sala N° 1542 del 17 de octubre de 2008).

 

Como consecuencia de todo lo analizado en líneas precedentes, esta Sala Constitucional aprecia -cónsona con los antecedentes judiciales procurados por la Sala de Casación Civil- que dicha Sala debió aplicar sus propios criterios jurisprudenciales de forma tal de asegurar un reestudio del monto indemnizatorio, en virtud del cambio de los parámetros de la responsabilidad observados, motivo por el cual esta Sala Constitucional considera que el fallo sujeto de estudio se encuentra ciertamente inmotivado, al adolecer del aludido análisis, con lo cual se produjo una vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los hoy solicitantes.

 

En este sentido, cabe reiterar criterio contenido en la sentencia de esta Sala N° 1.893 del 12 de agosto de 2002, que estableció que el derecho a la tutela judicial eficaz comprende el derecho a la obtención de una sentencia motivada, razonable y congruente. Al efecto, dispuso:

 

“(…) Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario de Osorio) (…)”.

 

Este mismo criterio, fue ratificado, entre otras, en sentencia Nº 3.711 del 6 de diciembre de 2005, en la cual se expresó:

 

“(…) El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que éstos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, aun cuando la resolución no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolución razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados (…)”.

 

En atención a los referidos criterios jurisprudenciales, se advierte que, ante la falta de motivación tantas veces anotada, esta Sala considera procedente la solicitud de revisión constitucional de oficio en el presente caso, habida cuenta que la Sala de Casación Civil se apartó de sus propios criterios en cuanto al reestudio de los parámetros a tener en cuenta a los fines de la determinación motivada de la indemnización en casos de daños morales, lo cual se constituye en una vulneración a los derechos y garantías constitucionales de los solicitantes, tutelable mediante la presente solicitud, conforme el criterio expuesto en sentencias de esta Sala antes citados.

 

En consecuencia, se anula la sentencia Nº 381/2016 dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y, ordena remitir copia de la presente decisión a la mencionada Sala, a los fines de que dicte un nuevo pronunciamiento, en acatamiento a la doctrina establecida en este fallo (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 93/01 y 325/05).  Así se decide.

 

3.- Tomando en consideración que el caso sub examine se trata del fallecimiento de una niña como consecuencia del arrollamiento ocasionado por el conductor del camión (evento hartamente descrito durante el juicio), ello conlleva a formular un exhorto a la Sala de Casación Civil, para que en el marco de sus competencias y conforme a la discrecionalidad en la fijación del monto para la reparación del daño moral, efectúe un nuevo razonamiento lógico, arribando a través de éste a una indemnización justa y razonable, valorando la inconmesurable intensidad del sufrimiento psíquico de los progenitores de la niña fallecida, cuya impronta psíquica, emocional y moral obviamente ha de quedar de manera permanente en sus padres y cuya indemnización debe estar acorde, se insiste, con tal entidad.  Así se declara.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la revisión constitucional de oficio con ocasión a la solicitud del apoderado judicial de los ciudadanos ALBERTO JOSE VILLASMIL LÉANOS y TANIA PATRICIA LACERA HERRERA, ya identificados, de la sentencia “de fecha 22 de junio de 2016, marcada con el alfanumerico RC.000381, emanada de la Sala de Casación Civil, la cual, resolvió el Recurso de Casación (sic), en la demanda que por indemnización de Daño Moral (sic) y Lucro Cesante (sic), interpusi[eran] en contra de la sociedad mercantil TRANSPORTE RINCÓN VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, de la sociedad mercantil CERVECERÍA MODELO COMPAÑÍA ANÓNIMA y de la sociedad mercantil SEGUROS LA SEGURIDAD COMPAÑÍA ANÓNIMA, como consecuencia del accidente de tránsito (Arrollamiento) en donde falleciera la hija de [sus] representados” (Énfasis del texto original).  En consecuencia, ANULA la sentencia Nº 381/2016 dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y, ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la mencionada Sala, a los fines de que dicte un nuevo pronunciamiento, en acatamiento a la doctrina establecida en este fallo.

 

Publíquese y regístrese.  Cúmplase lo ordenado.  Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).  Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

El Vicepresidente,

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                        Ponente

 

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

 

RENÉ ALBERTO DEGRAVES ALMARZA

 

 

 

La Secretaria (Temporal),

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

 

Exp. Nº 2017-0558

LFDB /

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