Venley

Sentencia N.º 829

Sentencia
N.º 829
Fecha
27/10/2017
Sala
Constitucional
Expediente
17-0701
Ponente
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Procedimiento
Amparo en apelación

Magistrada Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson

 

Mediante oficio n.° 392-17 del 22 de junio de 2017, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el recurso de apelación interpuesto por la abogada Luris M. Barrios R., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el n.° 66.549, en su condición de defensora privada del ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, titular de la cédula de identidad n.° 7.223.631, contra la decisión dictada por dicha corte de apelaciones el día 14 de junio de 2017, en la que declaró inadmisible la acción de amparo a la libertad personal interpuesta por la defensa del mencionado ciudadano.

El 27 de junio de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

Los hechos invocados en la acción de amparo constitucional, incoada el 8 de junio de 2017, son, en síntesis, los siguientes:

El día 3 de junio de 2015, el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la solicitud formulada por el Ministerio Público de mantenimiento de la medida privativa judicial preventiva de libertad que fuera dictada contra el accionante. En consecuencia, dicho juzgado decretó la prórroga de la referida medida por un lapso de dos años, contado a partir de la fecha de este pronunciamiento, por lo que la mencionada prórroga culminó el 3 de junio de 2017.

En virtud de lo anterior, el accionante sostuvo que el tribunal de la causa, que en la actualidad es el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debió haberle otorgado de oficio la libertad al haberse vencido el mencionado plazo fijado por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Aunado a lo anterior, el accionante indicó que se encuentra sometido a proceso penal por la presunta comisión de los delitos de violación y privación ilegítima de libertad, previstos en los artículos 375 y 175 del Código Penal, respectivamente. El delito más grave es el primero de los mencionados, que merece una pena de cinco a diez años, según lo previsto en la legislación penal vigente en el momento de la comisión del hecho punible. En este sentido, el accionante indicó que ha permanecido privado judicial y preventivamente de libertad por un período superior al de la pena mínima del delito más grave por el que fue acusado. Asimismo, que ha continuado privado de libertad por un tiempo superior al lapso de prescripción de la acción correspondiente al delito de privación ilegítima de libertad, todo lo cual demostraría lo desproporcionado de la medida de coerción personal que pesa en su contra.

En la fundamentación jurídica de la acción de amparo constitucional, el demandante aduce, en síntesis, que se ha vulnerado su derecho a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, desde el momento en que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas omitió librar la orden de excarcelación una vez vencida la prórroga de dos años de la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada en su contra. En este sentido, el accionante señaló que la medida cautelar que pesa en su contra se ha convertido en una “condena anticipada de cumplimiento de una pena”.

En el petitorio del escrito de acción de amparo constitucional, el accionante solicita que se acuerde su libertad inmediata. 

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 14 de junio de 2017, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, en la modalidad de habeas corpus, por no haberse agotado la vía judicial ordinaria, en los siguientes términos:

“Determinada la Competencia, pasa este Tribunal Colegiado, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, a pronunciarse con respecto a la Admisibilidad o no del AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, incoado por las ciudadanas ABGS. GRACIELA VARELA MORA y LURIS M. BARRIOS R., en su carácter de Defensoras [sic] Privadas [sic] del ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631; y, al respecto observa:
Establece el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

[…]
De la norma anterior, supra señalada, se desprende que el Constituyente reflejó la evolución jurisprudencial y doctrinaria, en la que el Amparo [sic] reconoce una Garantía [sic] de Derecho Constitucional, cuya finalidad es la Tutela Judicial, especialmente reforzada de los derechos humanos, aun aquellos inherentes a la persona humana que no están plasmados en nuestra Constitución o en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.
Igualmente observa esta Sala, que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:
[…]
En este contexto, observa este Superior Despacho [sic] que establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia [sic] No 1233, de fecha 13 de julio de 2001.

[…]
Asimismo, establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No 165, de fecha 13 de de febrero de 2001.

[…]
En este sentido, observa esta Sala, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

[…]
De igual forma, establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

[…]
Armónicamente, con este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece en Sentencia No 1233, de fecha 13 de julio de 2001, entre otros, lo siguiente:

[…]

En este contexto, revisadas, como han sido, las presentes actuaciones objeto del presente AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, incoada, se observa lo siguiente:

Que, de la lectura efectuada al presente AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, constató esta Sala 3 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, que la misma va dirigida en contra del ciudadano JUEZ, DR. JOEL DARÍO ALTUVE PATIÑO, JUEZ DEL TRIBUNAL TERCERO (03º) DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, por cuanto a su decir; el presunto agraviante debió de OFICIO otorgar la Libertad al ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631, ello en virtud del vencimiento del lapso de la prorroga [sic] acordada por el TRIBUNAL TRIGÉSIMO (30º) DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, decisión esta de fecha 03 de junio de 2015.

Así las cosas, en el presente caso se interpuso un AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, generada por cuanto el presunto agraviante debió de OFICIO otorgar la Libertad al ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631, ello en virtud del vencimiento del lapso de la prorroga [sic] acordada por el TRIBUNAL TRIGÉSIMO (30º) DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, decisión esta de fecha 03 de junio de 2015, actuación esta que las Accionantes [sic] pretenden enervar a través de esta Acción de Amparo Constitucional bajo la modalidad de Hábeas [sic] corpus, por considerar que han sido violados a su defendido el Derecho Constitucional de la Libertad y la Garantía Constitucional del Debido Proceso, por parte de la Juez a quo.

Que, en este orden de ideas, observa esta Sala, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que establece el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

[…]

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia No 233, de fecha 12 de septiembre de 2003, con Ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, ha establecido:

[…]

Que, igualmente, observa esta Sala que establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia No 848, de fecha 28 de julio de 2000.

[…]
De igual forma, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 28 de octubre de 2002, con Ponencia del MAGISTRADO DR. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, lo siguiente:
[…]

En este contexto, constata este Alzada, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que el presente AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, fue incoado, por las ciudadanas ABGS. GRACIELA VARELA MORA y LURIS M. BARRIOS R., en su carácter de Defensoras Privadas del ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631; dirigida en contra del ciudadano JUEZ, DR. JOEL DARÍO ALTUVE PATIÑO, JUEZ DEL TRIBUNAL TERCERO (03º) DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, por cuanto a su decir; el presunto agraviante debió de OFICIO otorgar la Libertad al ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631, ello en virtud del vencimiento del lapso de la prorroga [sic] acordada por el TRIBUNAL TRIGÉSIMO (30º) DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, decisión esta de fecha 03 de junio de 2015, todo lo cual, según los alegatos de las Accionantes, vulnera Derechos y Garantías Constitucionales, específicamente la Libertad Individual y el Debido Proceso de su defendido, ambos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo cual considera este Tribunal Colegiado, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que en relación a esta acción, se debía, impretermitiblemente, agotar la vía judicial ordinaria, en este caso debieron las accionantes, solicitar al Tribunal que conoce la causa signada bajo el N° 3J-1012-2015 nomenclatura del TRIBUNAL TERCERO (3.°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, seguida al ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631, por la presunta comisión de los delitos de VIOLACIÓN previsto y sancionada [sic] en el artículo 375 del Código Penal y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD previsto y sancionada [sic] en el artículo 175 eiusdem, el cese de las Medidas de Coerción Personal y en caso de no ser favorable la decisión, ejercer los Recursos preexistentes; todo lo cual no se verifica del legajo de actuaciones cursantes en el presente expediente, antes de incoar la presente AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS, tal como lo establece el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de múltiples Sentencias, inclusive, de Carácter Vinculante; entre otras, Sentencia de fecha 28 de octubre de 2002, con Ponencia del MAGISTRADO DR. ANTONIO GARCÍA GARCÍA; Sentencia No 848, de fecha 28 de julio de 2000. (Caso Luis Alberto Baca); Sentencia No 1233, de fecha 13 de julio de 2001, con Ponencia [sic] del MAGISTRADO DR: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO; Sentencia No 233, de fecha 12 de septiembre de 2003, con Ponencia [sic] del MAGISTRADO DR. IVÁN RINCÓN URDANETA; observándose en este caso en particular, que las Accionantes [sic] no hicieron uso de las vías judiciales ordinarias para enervar un Acto [sic] Judicial [sic], por el cual hoy acuden a la vía extraordinaria de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS [sic] CORPUS.

En consecuencia, esta Sala, actuando como TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, totalmente congruente con la revisión de las actuaciones, las normas citadas, la Jurisprudencia traídas a colación y por todas las argumentaciones esgrimidas, considera que lo procedente y ajustado a derecho es Declarar INADMISIBLE LA ACCIÓN AMPARO BAJO LA MODALIDAD DE HÁBEAS CORPUS, incoado en fecha 08 de junio de 2017, por las ABGS. GRACIELA VARELA MORA y LURIS M. BARRIOS R., inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº 21.693 y 66.549 (respectivamente), en su carácter de Defensoras Privadas del ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.223.631, por considerar esta Sala, actuando como TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que no se ha agotado la vía judicial ordinaria, ya que existen otros medios idóneos de conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de múltiples Sentencias, inclusive, de Carácter Vinculante, señaladas ut supra. Y ASÍ SE DECIDE”.

 

III

DE LA APELACIÓN INTERPUESTA

 

La parte accionante, mediante diligencia del 15 de junio de 2017, formuló recurso de apelación contra el fallo dictado el 14 de junio de 2017 por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, en la modalidad de habeas corpus, por no haberse agotado la vía judicial ordinaria.

En el escrito de fundamentación del mencionado recurso, interpuesto el 20 de junio de 2017, el accionante indicó que se encuentra privado de libertad desde el 30 de mayo de 2011.

Luego de cumplidos dos años de privación judicial de libertad sin que se hubiere celebrado el juicio, el presunto agraviante señaló que el día 23 de agosto de 2013 solicitó al tribunal de la causa el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad. Frente a esta solicitud, el Ministerio Público solicitó que se mantuviera la medida de coerción personal el día 30 de agosto de 2013. 

El día 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar el decaimiento de la medida de coerción personal solicitada y, asimismo, declaró extemporánea la solicitud de prórroga planteada por el Ministerio Público, ya que había sido interpuesta después de haberse cumplido dos años de privación preventiva de libertad.

Posteriormente, cuando transcurrieron cuatro años de aplicación de la medida judicial preventiva de libertad, el accionante solicitó que le fuera aplicada una media cautelar menos gravosa, que fue negada por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y también por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuando conoció del asunto en virtud del ejercicio del recurso de apelación.

Ahora bien, el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, abrió intempestivamente, según lo señalado por el accionante, un cuaderno de incidencias para tramitar la solicitud del 1 de junio de 2015 formulada por el Ministerio Público, mediante la cual pidió el mantenimiento de la medida judicial preventiva de libertad. Dicho tribunal declaró, el 3 de junio de 2015, con lugar la solicitud del Ministerio Público y procedió a establecer la prórroga de la medida de privación judicial preventiva de libertad, prevista en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por el lapso de dos años contados a partir del día 3 de junio de 2015, con lo cual “le dio [sic] vida a la prorroga [sic] instaurada en el artículo 230 de la Ley Adjetiva [sic], oportunidad que elementalmente se encontraba ya superada e inexistente, dada la decisión de fecha 04/09/2013 antes anotada”. De esta manera, según el presunto agraviado, se creó “una prórroga de la prorroga [sic]” que ya había sido decidida dos años atrás, en 2013 y que ya había sido considerada, en su momento, como extemporánea.

En relación con el fallo del Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y el vencimiento de la prórroga de dos años allí concedida para la medida de privación judicial preventiva de libertad, el accionante señaló que al haberse ya proveído la prórroga prevista en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha decisión es una sentencia definitiva con valor de cosa juzgada, por lo que la libertad del procesado sin haber sido juzgado no tendría la naturaleza jurídica de un decaimiento propiamente dicho.

El accionante señaló, además, que el día 23 de mayo de 2017, antes del vencimiento del plazo de prórroga de dos años antes señalado, consignó ante el tribunal de la causa, a saber, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, un escrito en el que solicitó que se decretara el decaimiento de la medida privativa de libertad y que continuara el juicio estando el acusado en libertad, dada la proximidad del mencionado plazo de dos años. Sin embargo, el juez de la causa no se pronunció al respecto el día 5 de junio de 2017, que fue el día hábil inmediato y siguiente al cese de la medida de coerción personal señalado en la decisión del 3 de junio de 2015 dictada por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Es bajo estas circunstancias, sostiene el accionante, que se interpuso el habeas corpus el día 8 de junio de 2017, que constituye, en su perspectiva, la vía idónea y expedita para el pronunciamiento sobre la libertad personal, que debió haber sido emanado de oficio por tratarse de una materia de orden público por parte del tribunal presuntamente agraviante. En el mismo día, el accionante adujo que se interesó por saber en secretaría cuándo se decidiría lo relacionado con el “cese de prórroga”, pero fue informado que el juez todavía no emitiría pronunciamiento. Asimismo, el día 14 de junio de 2017, el accionante consignó en el tribunal de la causa una diligencia en la que dejó constancia de que había acudido para conocer sobre el “CESE DE PRIVATIVA DE libertad que tuvo lugar desde el 03/06/2017 y a la fecha no consta pronunciamiento”. 

 En relación con el recurso de apelación, el accionante sostuvo que cuatro días después de interpuesta la acción de amparo, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al conocer del amparo, solicitó información al tribunal de la causa sobre si cursaba alguna solicitud relativa a la libertad del acusado Iván Sosa Rivero, por vencimiento del lapso de la prórroga acordada por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que, en caso de su existencia, indicara si se dio respuesta a tal requerimiento. Frente a esta solicitud de información, el tribunal de la causa no dio la respuesta solicitada, según lo sostenido por el accionante, con lo cual habría ocultado a la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas una información relevante y le impidió conocer la constatación de la violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. 

En virtud de lo anterior, el accionante y apelante indicó que la acción de amparo sí era admisible y que el tribunal de la causa se abstuvo de pronunciarse, tanto de oficio como en virtud del escrito presentado por la representación judicial del acusado, sobre el llamado cese de la prórroga de la medida de privación judicial preventiva de libertad. De esta manera, el presunto agraviado sostuvo que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En relación con la naturaleza de amparo interpuesto por el accionante, adujo que se inclinó por la modalidad del habeas corpus porque la privación de libertad convertida en ilegítima provino de la “retención de libertad no legítima del [sic] cual no media orden jurisdiccional que impida el Derecho [sic] de Libertad [sic] del recurrente después del fenecimiento de la vigencia de la privación emanada de aquella detención judicial de fecha 07/12/2004”. 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa y, a tal efecto, advierte que el cardinal 19 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye a esta Sala la competencia para “conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomos que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, se observa que el recurso de apelación cursante en autos fue interpuesto contra la sentencia dictada el 14 de junio de 2017 por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional incoada por las defensoras del ciudadano Iván Sosa Rivero, motivo por el cual esta Sala estima que la misma resulta competente para conocer de la apelación interpuesta. Así se declara. 

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

La Sala observa que el accionante, a través de sus defensoras, interpuso el 8 de junio de 2017 un amparo de la libertad y seguridad personales, con la finalidad de obtener un mandamiento de habeas corpus. En este sentido, las defensoras del ciudadano Iván Sosa Rivero consideran que es objeto de privación o restricción de su libertad con violación de sus garantías constitucionales, ya que a pesar de que se encuentra sometido a una medida de privación judicial preventiva de libertad emanada de un órgano jurisdiccional competente, el plazo máximo que la legislación procesal penal venezolana establece para la vigencia de tal medida de coerción personal fue sobrepasado, sin que se le hubiere otorgado la libertad o modificado a una medida cautelar menos gravosa, a pesar de haberla solicitado; por lo tanto, solicitaron el cese de la medida judicial preventiva de libertad impuesta a su defendido. Frente a esta solicitud de amparo, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible dicha acción de amparo, por no haberse agotado previamente las vías judiciales ordinarias.

De forma preliminar, resulta necesario destacar que el amparo a la libertad y seguridad personales, que se encuentra regulado en el Título V de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es un mecanismo procesal de protección de tales derechos constitucionales cuando quien se encuentra privado de libertad creyendo que lo está ilegalmente, acude ante la autoridad judicial para que resuelva lo conducente. En este sentido, el mandamiento de habeas corpus procede cuando una persona se encuentra detenida o privada de libertad por cualquier causa o bajo cualquier pretexto, y obliga a la autoridad que la retenga que traslade a esa persona inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyendo a las partes, resuelva si tal privación de libertad es o no legal y si debe levantarse o mantenerse.

Así, la finalidad fundamental del mandamiento de habeas corpus es el otorgamiento de la libertad a quienes se encuentran privados de ella o detenidos sin causa legal suficiente. En este sentido, forma parte de la naturaleza jurídica del habeas corpus la evaluación o examen de la legalidad de la privación de libertad, de tal manera que constituye la garantía que otorga el ordenamiento jurídico para asegurar el derecho a la libertad personal (v. Bailey, W. F., A treatise on the law of habeas corpus and special remedies, vol. I, Chicago, 1913, p. 7; Edwards, Carlos Enrique, Garantías constitucionales en materia penal, Buenos Aires, 1996, p. 63).

Esta Sala ha señalado que no se puede confundir el amparo contra decisiones judiciales con el amparo a la libertad y seguridad personales. Por un lado, el amparo contra decisiones judiciales va dirigido a restituir la situación jurídica infringida por una sentencia, resolución o acto emanado de un tribunal, que actúa con abuso o extralimitación de poder y que lesiona con su actuación derechos y garantías constitucionales. Por otro lado, el amparo a la libertad y seguridad personales constituye una garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias realizadas por autoridades administrativas, pero que también se puede ejercer en aquellos casos en los que exista de por medio una detención de carácter judicial, cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o este no sea acorde con la protección constitucional que se pretende (v. sentencias de esta Sala n.° 113 del 17 de marzo de 2000 y n.° 165 del 13 de febrero de 2001). En efecto, esta Sala ha sostenido con anterioridad que el mandamiento de habeas corpus procede cuando la detención haya sido impuesta por una autoridad administrativa, policial o judicial que se exceda en el ejercicio de sus atribuciones legales o en los plazos en que se mantiene la detención, lo que, por su parte, constituyen situaciones que podrían considerarse como privaciones ilegítimas de libertad. De esta manera, el presunto agraviante en un proceso de amparo a la libertad y seguridad personales podría ser un tribunal de primera instancia o una corte de apelaciones en lo penal (v. sentencia n.° 165 de 13 de febrero de 2001).

En relación con el órgano jurisdiccional competente para conocer de los amparos a la libertad y seguridad personales, esta Sala observa que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, así como de lo señalado en las sentencias n.° 1 de 20 de enero de 2000 y 165 de 13 de febrero de 2001, son competentes los tribunales de primera instancia municipales y estadales en funciones de control, salvo cuando el presunto agraviante sea un tribunal de primera instancia penal, caso en el que el tribunal competente será la corte de apelaciones correspondiente; con lo cual, se subraya que es posible interponer un amparo a la libertad y seguridad personales cuando el presunto agraviante sea un órgano jurisdiccional.

La acción de amparo a la libertad y seguridad personales interpuesta por las defensoras del ciudadano Iván Sosa Rivero está dirigida a que este continúe el proceso penal que se ventila en su contra en libertad, porque se venció el lapso de prórroga de mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad fijado por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, alegó la parte accionante que la duración de dicha medida de coerción personal sobrepasó el lapso correspondiente a la pena mínima de prisión del delito más grave por el que se encuentra acusado el accionante. Es decir, el amparo a la libertad personal interpuesto por el accionante no se encuentra dirigido a que el accionante recupere su libertad ambulatoria, porque la duración de la medida de coerción personal que pesa sobre él se excedió del plazo previamente establecido y superó la pena mínima correspondiente al delito más grave, con lo cual se alegó la vulneración del derecho a la libertad personal. Por lo tanto, esta Sala estima que la vía jurídica apropiada para tramitar la denuncia formulada por el accionante es, en efecto, el amparo a la libertad personal.

En el caso de autos se observa que, el 30 de mayo de 2011, el accionante fue aprehendido luego de haber permanecido más de seis años en fuga. La audiencia preliminar se realizó durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2012, en la que se admitió la acusación por la presunta comisión de los delitos de violación, previsto en el artículo 375 del Código Penal de 2000, y privación ilegítima de libertad, previsto en el primer aparte del artículo 175 del mismo cuerpo legal y se dictó sobreseimiento por la comisión del delito de robo agravado de vehículo automotor, previsto en el artículo 5 en concordancia con los cardinales 1, 2, 3, 5 y 12 del artículo 6 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos Automotores.

El 28 de agosto de 2013, la defensa del accionante solicitó la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad al Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Por su parte, el Ministerio Público y las apoderadas judiciales de la víctima solicitaron la prórroga de la referida medida. El 3 de octubre de 2013, dicho tribunal declaró, por un lado, que mantenía la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra el ciudadano Iván Sosa Rivero y, por otro lado, sin lugar la solicitud de prórroga del mantenimiento de dicha medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, porque observó que tal solicitud era improcedente por extemporánea.

El 24 de noviembre de 2014, la defensa del presunto agraviado solicitó al Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad. Esta solicitud se fundamentó en que el accionante se encontraba privado de libertad durante más de tres años, por lo que invocó el contenido del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 1 de junio de 2015, el Ministerio Público solicitó que “se prorrogue el lapso de mantenimiento de la Medida [sic] de Coerción [sic] Personal [sic], que PESA [sic] en la actualidad en contra del referido ciudadano [Iván Sosa Rivero]”, porque, según lo señalado por el Ministerio Público: a) había necesidad de “asegurar las resultas del proceso penal”, b) existía una “presunción razonable basada en el peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso” y c) por la magnitud del daño causado a la República. 

El 3 de junio de 2015, el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y acordó una prórroga de dos años contados a partir de la fecha de la decisión, en virtud de lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta decisión, según el accionante, fue confirmada por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que conoció del caso mediante apelación incoada por la defensa.

El 23 de mayo de 2017, la defensa del presunto agraviado solicitó al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que se decretara el decaimiento de la medida judicial preventiva de libertad que sobre este recae, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 8 de junio de 2017, las defensoras del accionante interponen el presente amparo a la libertad y seguridad personales, en el que se señala como presunto agraviante al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, porque ha mantenido la vigencia de la medida privativa judicial preventiva de libertad contra el accionante, aun cuando el 5 de junio de 2017 se había vencido la prórroga de dicha medida que había sido establecida de conformidad con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 13 de junio de 2017, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió pronunciamiento sobre la solicitud formulada por el hoy accionante el día 23 de mayo de 2017, en el que negó el decaimiento de la medida de coerción personal, porque la prolongación del proceso penal se debía a que los hechos controvertidos eran complejos y que esta circunstancia no debía beneficiar al “posible culpable”.

El 14 de junio de 2017, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decidió el amparo a la libertad y seguridad personales que había sido interpuesto por la defensa del accionante y que da motivo al presente recurso de apelación, declarando inadmisible la acción de amparo porque no se había agotado la vía judicial ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 15 de junio de 2017, las representantes judiciales del accionante interpusieron el recurso de apelación contra decisión del 13 de junio de 2017 dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que había negado el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el ciudadano Iván Sosa Rivero.

Esta Sala observa que la privación de libertad preventiva y judicial es excepcional en el proceso penal venezolano, según se prevé en el artículo 9.° del Código Orgánico Procesal Penal, que es una disposición principista que desarrolla el derecho humano a la libertad personal previsto en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta condición de excepcionalidad que ostenta la medida de privación judicial preventiva de libertad también está relacionada con que las medidas cautelares no pueden consistir, en los hechos, en penas anticipadas, ya que los procesados deben ser tratados como inocentes, según se desprende de los artículos 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8.° del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, esta medida de coerción personal debe ser aplicada por los jueces siguiendo criterios restrictivos cuando evalúen las condiciones que la podrían justificar, como también lo ordena el contenido del artículo 9.° del mismo código.

En este mismo orden de ideas, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la proporcionalidad en el uso de las medidas de coerción personal, en el sentido de que estas medidas no deben aparecer como desproporcionadas con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Así, la mencionada disposición sostiene que la medida de coerción personal no debe sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito o la pena mínima para el delito más grave –cuando la pena mínima sea inferior a dos años−, ni exceder del plazo de dos años, si acaso la pena mínima de que se trate sea superior a dos años.

Aunque los plazos mencionados constituyen el régimen general aplicable a las medidas que implican restricción de la libertad ambulatoria para los procesados, excepcionalmente la misma disposición señala la posibilidad de que se extienda la duración de la medida de coerción personal más allá de la pena mínima del delito más grave imputado, si esta es de menos de dos años, o del plazo de dos años como límite máximo posible (en caso de que la pena mínima del delito imputado sea mayor de dos años). En efecto, cuando existan “causas graves” o “dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras” el fiscal del Ministerio Público o el querellante pueden solicitar, antes del vencimiento del plazo de los dos años, una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, en los términos del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Si el Ministerio Público o el querellante no solicitaren la prórroga de la medida de coerción personal antes del vencimiento del plazo de dos años, se presume que no subsisten los motivos que la justificaron, por lo que de oficio o a instancia de la defensa, decae la medida de coerción personal; pero si el Ministerio Público o el querellante solicitan la prórroga de la medida de coerción personal, el juez de la causa deberá valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado o interesada (imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores y defensoras), los efectos (materiales y morales) de la prisión preventiva en el detenido y la conducta de las autoridades judiciales y administrativas en cuanto a la conducción del proceso. En caso de que el juez de la causa acuerde el mantenimiento la prórroga de la medida de coerción personal, en ningún caso podrá exceder la duración de la pena mínima prevista para el delito más grave por el que se encuentre procesado el imputado o acusado. 

De esta manera, en la legislación penal adjetiva nacional, la prolongación de la privación de libertad por razones cautelares no debe sobrepasar, en ningún caso, la pena mínima del delito más grave por el que el procesado está siendo imputado o acusado. Esto es consecuencia de la aplicación del principio de la presunción de inocencia (artículo 49.2 de la Constitución de la República y 8.° del Código Orgánico Procesal Penal), el derecho a la libertad personal (artículo 44.1 de la Constitución de la República) y el principio de interpretación restrictiva de las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que autorizan excepcionalmente y preventivamente la restricción o privación de la libertad (artículo 9.° del Código Orgánico Procesal Penal).

Esta Sala observa que, en el caso de autos, el accionante en el presente amparo constitucional fue aprehendido el 30 de mayo de 2011. Asimismo, consta en los recaudos que acompañan la solicitud que el 30 de agosto de 2013, es decir, más de dos años después de ejecutada la aprehensión del accionante, el Ministerio Público solicitó el mantenimiento o la prórroga de la medida de privación judicial preventiva de libertad, en virtud de lo señalado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta solicitud fue declarada sin lugar el 3 de octubre de 2013 por el tribunal de la causa, porque observó que tal solicitud era improcedente por extemporánea al haber sido incoada fuera del lapso establecido en el mencionado artículo 230 eiusdem.

Posteriormente, el Ministerio Público volvió a solicitar el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Iván Sosa Rivero el 1 de junio de 2015, lo que fue acordado mediante decisión del 3 de junio de 2015 por el Juzgado Trigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, manteniendo así la medida señalada por el lapso de dos años contados a partir de la fecha del fallo. Si bien el tribunal de la causa fundamentó esta prórroga en el contenido del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala observa que la prórroga para el mantenimiento de la medida cautelar debe solicitarse antes de vencido el período de dos años (entendido como plazo máximo posible en caso de que la pena mínima del delito imputado sea superior a dos años) y por una sola vez. De lo contrario, se abriría la posibilidad de solicitar la prórroga para mantener la privación cautelar de libertad de un procesado cada dos años, lo que contradice una de las razones político-criminales más importantes para adoptar el vigente sistema predominantemente acusatorio, que era superar el anterior sistema inquisitivo, previsto en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en el que era común que los procesados fueran privados cautelarmente de libertad, sin sentencia definitiva, por períodos de tiempo que excedían la eventual condena. Por estos motivos, la prórroga prevista en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal es excepcional, única y no puede implicar una privación preventiva de libertad superior a la pena mínima prevista para el delito más grave.

En relación con la decisión del 14 de junio de 2017 dictada por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, objeto de la presente apelación, se observa que en la motivación del fallo se señaló que el accionante en amparo no había agotado la vía judicial ordinaria, por lo que debía declararse inadmisible la solicitud de amparo interpuesta.

Al respecto, se destaca que esta Sala, mediante sentencias n.° 3.060 del 4 de noviembre de 2002 y n.° 1.315 del 22 de junio de 2005, determinó que la pérdida de la vigencia de la medida de coerción personal se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser otorgada de oficio por el tribunal que esté conociendo de la causa. En caso de que la libertad no sea decretada de oficio, entonces el afectado, o su defensa, debe solicitar simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas sentencias señalaron que no debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción personal, según lo establecido en el artículo 250 eiusdem, por cuanto esta última disposición normativa solo se aplica cuando las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, lo que es distinto a la prolongación en el tiempo de la misma. En caso de que la libertad fuera negada por el tribunal que conoce de la causa, la parte afectada puede interponer el recurso de apelación establecido en el cardinal 5 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que esa negativa le produce un gravamen y, además, no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal. De esta manera, según la sentencia n.° 1.315 del 22 de junio de 2005, antes de intentar el amparo constitucional hay que agotar el mencionado medio judicial ordinario.

De las actas que conforman el expediente se desprende que en el día en que fue publicado el fallo recurrido por parte de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ya había decidido la solicitud de decaimiento de la medida de coerción personal que había interpuesto la representación judicial del accionante el día 23 de mayo de 2017. Esta circunstancia revela que la decisión del amparo a la libertad personal de primera instancia erró al señalar que no se había acudido a la vía judicial ordinaria, ya que esta había sido ejercida por la parte accionante, pero que se había revelado ineficaz pues al vencerse el plazo de la prórroga de la medida de coerción personal extendida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Trigésimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, es decir, el 5 de junio de 2017, el tribunal de la causa no se había pronunciado respecto de la solicitud de decaimiento en virtud de lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que le era dado a la parte interesada acudir a la vía de amparo a la libertad personal.

Aun cuando las defensoras del accionante alegaron inactividad por parte del Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, porque no concedió de oficio la libertad del encausado al vencerse el plazo de prórroga de la medida de coerción personal señalada, se observa que en el petitorio de la acción no solicita un pronunciamiento del tribunal de la causa, sino que pide al tribunal de amparo que cese la medida de privación judicial preventiva de libertad. Por lo tanto, no podría sostenerse que la decisión del tribunal de la causa del día 13 de junio de 2017, negando el decaimiento, constituye el cese sobrevenido de la violación al derecho a la libertad personal denunciado como vulnerado. Por el contrario, dicha decisión del Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas mantiene la situación de hecho y de derecho que motivó la introducción del presente amparo a la libertad personal. Por lo tanto, el presente recurso de apelación debe declararse con lugar. Así se declara.

No obstante lo anterior, esta Sala observa con preocupación que el procedimiento adelantado por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal en la tramitación de un amparo a la libertad y seguridad personales. De hecho, dicho tribunal superior procedió a sentenciar la presente acción de amparo sin poseer la información necesaria que debió haber obtenido del Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El procedimiento de amparo a la libertad personal, previsto en el artículo 38 y ss. de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé que el juez de amparo debe ordenar al funcionario, en el caso de marras al juez del Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que informe en un día sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad del presunto agraviado. Por su parte, el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que en estos procedimientos el detenido debe ser puesto bajo la custodia del tribunal que conozca del amparo de manera inmediata y sin dilación alguna. De tal manera que lo procedente para armonizar el precepto constitucional con lo previsto en la ley que regula el procedimiento, es que cuando un juez competente para conocer de un amparo a la libertad personal recibe la solicitud, debe inmediatamente oficiar lo conducente para que el detenido o detenida, en caso de que se conozca su paradero, sea trasladado a la sede del tribunal que conozca del amparo a la libertad. Al mismo tiempo, se debe ordenar al funcionario bajo cuya custodia se encuentre el detenido o detenida que informe los motivos de la privación de libertad, de tal manera que, junto con la persona detenida, presente el mencionado informe motivado con los fundamentos, la forma y las condiciones de la medida. Con esta información, el juez deberá decidir en el término señalado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En el caso de autos, el presunto agraviante solicitó información al tribunal de la causa donde se encuentra procesado el accionante, pero no actuó conforme lo señalado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, no requirió que el presunto agraviado sea dirigido a la sede de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que estaba actuando en sede constitucional. En todo caso, y dada la premura con que se deben decidir los amparos a la libertad personal, el presunto agraviante debió haber insistido en la información solicitada.  

Finalmente, y como consecuencia del anterior pronunciamiento que declaró con lugar el presente recurso de apelación, se ordena que una Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas distinta a la n.° 3, se pronuncie nuevamente sobre la acción de amparo a la libertad personal interpuesta por las abogadas Graciela Varela Mora y Luris M. Barrios R., en representación del ciudadano Iván Sosa Rivero, tomando en consideración lo asentado en el presente fallo.

 

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano IVÁN SOSA RIVERO contra la decisión judicial del 14 de junio de 2017, dictada por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente 3-Ac 6361-17.

SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia del 14 de junio de 2017, dictada por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente 3-Ac 6361-17.

TERCERO: Se ORDENA que una Sala distinta a la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se pronuncie sobre la acción de amparo a la libertad personal interpuesta por las defensoras del ciudadano IVÁN SOSA RIVERO, tomando en cuenta lo asentado en el presente fallo. En consecuencia, se ordena la remisión del presente expediente al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los fines de su distribución.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  27  días del mes de  Octubre de dos mil diecisiete y siete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

eEl Presidente,

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 El Vicepresidente,

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

 

  

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

CALIXTO ORTEGA RIOS

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

                                Ponente

 

La Secretaria,

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

Exp. 17-0701

LBSA/

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