Sentencia N.º RC.000210
- Sentencia
- N.º RC.000210
- Fecha
- 25/04/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-726
- Ponente
- Marisela Godoy Estaba
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2016-000726
Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.
En el juicio por nulidad de contrato, iniciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, representado judicialmente por los abogados Yossef Hassan Soto, Jairo Aníbal Montilla Duque y Rossana Milagros Páez Ochoa, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A. en la persona de su presidente DANIEL DI MATTIA MARIANI, representado judicialmente por los abogados Luis Alberto González Reyes, José Gabriel Hurtado Perdomo y Darío Andrés Moreno Navarro; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, por apelación del tercero interviniente, dictó sentencia definitiva en fecha 12 de abril de 2016, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar la apelación parte demandada; 2) parcialmente con lugar la demanda por nulidad de contrato, por vía de consecuencia, se declara nula la venta protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario para los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo, en fecha 29 de julio de 2005, bajo el N° 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios 1 al 3; en la cual el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, ( ) dió (sic) en venta pura y simple a la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., ( ) un lote de terreno identificado como Lote 3, ubicado en el Municipio San Joaquín, Estado (sic) Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, cuyos linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Del punto A13 con coordenadas N-1.134.604,12 y E631.912,70 al A14 con coordenadas N-1.134.622,86 y E-631.949,34 en 41,15 metros lineales con terrenos que son o fueron de la vendedora; del punto A 14 con coordenadas N1.134.622,86 Y E-631.949,34 al punto A15 con coordenadas N-l. 134.629,21 y E631.944,95 en 8,14 metros lineales; del punto A15 con coordenadas N-1.134.629,21 y E631.944,95 al punto A1 con coordenadas N-1.134.685,52 y E-631.916,42 en 62,81 metros lineales; del punto A1 con coordenadas N-1.134.685,52 y E-631.916,42 al punto A2 con coordenadas N-1.134.692,50 y E-631.932,75 en 17,76 metros lineales con Carretera Nacional Guacara; del punto A2 con coordenadas N-1.134.692,50 y E-631.932,75 al punto A3 con coordenadas N-1.134.658,25 y E-631.950,00 en 3,27 metros lineales del punto A3 con coordenadas N-1.134.658,25 y E-631.950,00 al punto A4 con coordenadas N-1.134.672,28 Y E-631.977,30 en 30,69 metros lineales con terrenos que hoy Lote 2; del punto A4 con coordenadas N-1.134.672,28 Y E-631. 977,30 al punto A5 con coordenadas "1:' N-1.134.704,55 Y E-632.042,02 en 72,76 metros lineales con comercio existente de Matías López. ESTE: Del punto A5 con coordenadas N-1.134.704,55 y E-632.042,02 al punto A6 con coordenadas N-1.134.656,24 y E-632.138,69 en 107,62 metros lineales con calle El Carmen; del punto A6 con coordenadas N-1.134.656,24 y E-632.138,69 al punto A7 con coordenadas N-1.134.495,71 y E-632.215,38 en 177,91 metros lineales con Liceo Alfredo Pietri. SUR: Del punto A7 con coordenadas N-1.134.495,71 y E-632.215,38 al punto A8 con coordenadas N-1.134.483,06 Y E-632.182,49 en 35,24 metros lineales; del punto A8 con coordenadas N-1.134.483,06 y E-632.182,49 al punto A9 con coordenadas N-1.134.464,29 y E-632.143,69 en 43,1 metros lineales; del punto A9 con coordenadas N-1.134.464,29 y E-632.143,69 al punto A10 con coordenadas N-1.134.416,58 y E-632.060,9 en 95,55 metros lineales todos con el barrio José Tomás Gallardo. OESTE: Del punto A 10 con coordenadas N-1.134.416,58 y E-632.060,9 al punto A11 con coordenadas N-1.134.540,97 y E-631.999,22 en 138,84 metros lineales; del punto A12 con coordenadas N-1.134.519,21 y E-631.954,89 al punto A13 con coordenadas N-1.134.604,12 y E-631.912,70 en 94,81 metros lineales con terrenos de Coats de Venezuela, S.A., cerrando así la poligonal.- TERCERO: SIN LUGAR la reconvención formulada por la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A. contra el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI. En razón de ello quedó confirmada la decisión apelada.
Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de la parte demandada, anunció recurso extraordinario de casación el 11 de julio de 2016, el cual fue admitido por auto de fecha 28 del mismo mes y año, siendo oportunamente formalizado por el abogado Darío Andrés Moreno Navarro. No hubo contestación a la formalización.
Luego de recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 14 de octubre de 2016, y mediante el método de insaculación se asignó la ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.
Concluida como fue en fecha 28 de noviembre de 2016 la sustanciación del recurso de casación conforme a las previsiones contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil.
Con ocasión de la elección de la nueva junta directiva de este Tribunal Supremo en data 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, por los Magistrados: Yván Darío Bastardo Flores, Presidente; Francisco Ramón Velázquez Estévez, Vicepresidente; Guillermo Blanco Vázquez; Vilma María Fernández González y Marisela Valentina Godoy Estaba; Secretario Temporal: Ricardo Antonio Infante y Alguacil: Roldan Velásquez Durán.
Cumplidas como fueron las formalidades legales, quien suscribe el presente fallo pasa a decidirlo previa las siguientes consideraciones:
RECURSO DE CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243, ordinal 5º eiusdem, por haber incurrido el juez de la alzada en el vicio de incongruencia por tergiversación de los términos en que quedó planteada la litis.
Alega el formalizante textualmente lo siguiente:
( ) Es reiterada la doctrina de esta sala, que el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, exige que el fallo guarde total y absoluta relación con la pretensión que el actor plantea en su libelo y los términos en que el demandado presenta su contestación, pues éstos son los límites en los cuales la controversia queda delimitada, estos es, el tema decidendum.
( Omissis )
La sentencia apelada se encuentra inficionada de NULIDAD al haber tergiversado total y groseramente los límites de la controversia sometida a su consideración, tal como lo explicamos a continuación:
La parte actora en su libelo alegó:
( Omissis )
De todo lo anterior se evidencia que el FUNDAMENTO FÁCTIVO Y JURÍDICO de la pretensión de nulidad del actor, es que fue supuestamente ENGAÑADO de manera DOLOSA por el representante legal de la demandada, ofreciéndole una atractiva negociación donde él ejecutaría la obra aún después de haber vendido el terreno; que vendió el terreno y el precio no le fue pagado (a pesar de que el documento público que contiene la negociación, expresamente afirma que el actor si (sic) recibió el precio y que todas estas presuntas MAQUINACIONES DOLOSAS VICIARON SU CONSENTIMIENTO, al extremo de que aun cuando hubiera recibido el precio, si no hubiese sido engañado, no habría firmado el documento de venta y por lo tanto, la venta es NULA, para lo cual incluso invoca como fundamento legal, la normativa que regula los vicios del consentimiento, concretamente, el DOLO.
La parte demandada, ADMITIÓ COMO CIERTOS los siguientes hechos:
( Omissis )
En cuanto a los hechos NEGADOS, la demandada RECHAZÓ Y NEGÓ TODOS LOS DEMÁS HECHOS ALEGADOS EN EL LIBELO, tal como consta del folio 127 vto. Al (sic) folio 130 de la 1era pieza.
Luego de rechazar punto por punto cada uno de los alegatos de DOLO y de VICIOS DEL CONSENTIMIENTO formulados por la parte demandante, y dado que la actora hizo una enrevesada y FALSA narración de las relaciones comerciales que existieron entre las partes ANTES de la venta cuya nulidad se demandó, a los fines de que el juzgado tuviera una real visión de cómo sucedieron los hechos que se precedieron a la venta, la demandada en su contestación procedió a relacionar como (sic) se desarrolló la relación comercial entre el demandante y la demandada, explicando como (sic) el demandante contrató los servicios personales de DANIEL DI MATTIA para que lo asesorara en la venta de las casas, y a GRUPO PROMOINVEST C.A. (propiedad del demandado) para el techado de las casas de [la[ Urbanización Los Castores; y explicó cómo llegó el demandante a ADEUDARLE a DANIEL DI MATTIA y a su empresa ( ) la suma de ( ) (BS. 786.556,00).
Alegó mi mandante, esto es, la demandada que habiéndole reclamado DANIEL DI MATTIA el pago de esa suma de dinero al demandante, este (sic) ofreció DARLE EN PAGO EL TERRENO OBJETO DE LA VENTA CUYA NULIDAD SE DEMANDA, y fue así como se produjo la negociación mediante la cual el demandante CEDIÓ LA PROPIEDAD del terreno al demandado, en DACIÓN DE PAGO de la deuda que el actor mantenía para con la demandada ( ) y su propietario ( )
DE LA TERGIVERSACION:
La recurrida, SIN HABER DETERMINADO LOS LIMITES DE LA CONTROVERSIA, y luego de transcribir, tediosamente los alegatos de ambas partes, los cuales ya había transcrito en la narrativa del fallo, expresa (folio 331 vto. pieza 8):
( Omissis )
Como se observa con meridiana claridad, el Juez (sic) comienza por señalar las normas que regulan la nulidad de los contratos por vicios del consentimiento, que fue lo realmente alegado por el actor como sustento de su demanda, pero de inmediato, sin solución de continuidad, pasa a analizar la normativa que contempla la obligatoriedad de los contratos, esto es, los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, así como que el incumplimiento de los mismos ocasiona su revocabilidad, es decir, el artículo 1.167 ejusdem, y luego establece que el accionante pretende la nulidad del contrato de compra venta (..) fundamentado en el hecho de que la demandada no pagó el precio estipulado en el contrato lo cual es FALSO.
En efecto ciudadanos Magistrados, como se evidencia palmariamente de la transcripción que la propia recurrida hace de los alegatos del actor, la demanda de NULIDAD DE VENTA DE INMUEBLE está fundamentada en la presunta ausencia o vicio del consentimiento derivada directamente de las supuestas maquinaciones dolosas que habría efectuado el ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI, ( ) siendo que lo relacionado con la presunta falta de pago del precio del inmueble, ciertamente fue mencionado por el demandante, para colorear su pretensión, como una más de las supuestas maquinaciones dolosas por él alegadas, pero NO COMO FUNDAMENTO DE LA DEMANDA, al extremo de que expresamente indica: "... si no hubiese sido por la maquinación anteriormente expuesta, difícilmente mi representado aunque hubiere recibido el pago, no hubiese vendido el mencionado lote de terreno".
Siendo pues que el FUNDAMENTO FACTICO Y JURÍDICO de la demanda de nulidad de venta de inmueble, fue el presunto vicio del consentimiento por DOLO, no podía el Juez (sic) de la recurrida, sino tergiversando groseramente los límites de la controversia, afirmar que el fundamento de la demanda fue la falta de pago del precio del inmueble, lo cual -por cierto- no es un vicio del consentimiento ni acarrea la nulidad de la venta, pero ello será objeto de una denuncia posterior.
Al haber establecido que el fundamento de la demanda fue la presunta falta de pago del precio, omitiendo toda mención al DOLO como vicio del consentimiento, el Juez (sic) tergiversó totalmente los límites de la controversia, incurriendo en el vicio de INCONGRUENCIA que delatamos, y que inficiona a la recurrida de nulidad.
( Omissis )
En el caso de autos es totalmente evidente y palmaria la tergiversación de la litis, por cuanto el demandante afinca su pretensión anulatoria de la venta, en las presuntas maquinaciones dolosas que habría ejecutado el representante legal de mi representada ( ) las cuales -en su decir- viciaron su consentimiento al extremo de hacer anulable la venta, y que habrían sido de tal entidad, que aun cuando hubiera recibido el pago del precio, no habría otorgado el documento de venta, de no haberse ejecutado tales maquinaciones dolosas; para lo cual además sustentó su demanda (folio 71 - lera pieza) en el artículo 1.154 del Código Civil, esto es, EL DOLO como causa de la presunta nulidad.
El juez, de manera flagrante, torció los alegatos del actor, estableciendo en su fallo que el fundamento de la demanda de nulidad era la FALTA DE PAGO, aplicando en su sentencia los artículos 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil, que consagran el principio de obligatoriedad y de intangibilidad de los contratos, lo cual fue determinante en el dispositivo del fallo, ya que termina, declarando CON LUGAR la nulidad de la venta, con sustento en la presunta falta de pago del precio. En efecto, en la recurrida, folio 334, único párrafo, se lee:
( Omissis )
Como se observa, el juez tergiversó los límites de la controversia, para poder declarar CON LUGAR la demanda, pues en los informes al Superior (sic), se había invocado expresamente el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pidiéndole al Juez (SIC) que declarara SIN LUGAR la demanda, pues la parte demandante no probó ninguno de sus alegatos de DOLO, que eran el sustento de la demanda.
La tergiversación de los límites de la controversia, es palpable del propio texto de la recurrida, donde se recogen los alegatos de las partes, y acto seguido el Juzgador (sic) establece que el fundamento de la demanda de NULIDAD de contrato, es la FALTA DE PAGO DEL PRECIO, lo cual es además totalmente erróneo, pues tal como se denunciará más adelante, la falta de pago no constituye un vicio del consentimiento ni acarrea la nulidad del contrato, y además, al haber eliminado el dolo como vicio del consentimiento invocado como fundamento de la demanda, RELEVÓ al actor de la carga de la prueba de sus alegatos, todo lo cual -insistimos- será objeto de denuncia separada. ( ).
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia por tergiversación de los términos en que quedó planteada la controversia, pues la demanda se fundamento en la nulidad del contrato con base en que hubo dolo en el consentimiento y el juez de alzada declaró con lugar la demanda con fundamento en la falta de pago del precio pactado.
De la fundamentación de la denuncia bajo análisis se evidencia que quien alega la tergiversación en que pudo incurrir el juez de alzada, con respecto del alegato expuesto en el libelo de la demanda es la parte demandada, la cual no tiene interés en dicho alegato, pues el mismo fue expuesto en los autos por la parte actora, en razón de ello se evidencia que la parte demandada hoy recurrente no tiene legitimidad dicha omisión de pronunciamiento, pues ello no le causa un daño pues el alegato le corresponde al accionante.
Así lo ha indicado la Sala en reiterada jurisprudencia, entre otras, de fecha 2 de octubre de 2012, caso: CARMEN JOSEFINA VARGAS PÉREZ, contra la sociedad mercantil INVERSIONES ZULAPRI, C.A., exp. 2012-281, sentencia N° 628:
El recurrente delata que el ad quem infringió los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, al haber incurrido en el vicio de incongruencia negativa.
Respecto al delatado vicio, esta Sala, en sentencia N° 103 de fecha 27 de abril de 2001, caso Hyundai de Venezuela, C.A. contra Hyundai Motors Company, expediente N° 00-405, señaló lo siguiente:
...En relación a la incongruencia negativa, esta Sala de Casación Civil, en su fallo de 13 de diciembre de 1995, caso Calogera Anna Ardizzone de Paladino, expediente N° 95-345, sentencia N° 653, estableció lo siguiente:
( Omisis )
Ahora bien, tal y como, se indicó precedentemente el recurrente delata la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, en razón, que el juzgador de alzada omitió en forma absoluta el correspondiente pronunciamiento respecto a la oposición efectuada por la demandada a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el a quo.
En tal sentido, la Sala considera pertinente hacer mención al criterio sentado en decisión N° 492 de fecha 28 de octubre de 2011, en el juicio seguido por Valerie Levy Pedrido de Rodan contra Proyectos Arkel, C.A. y Otros, en el cual se ratificó el sentado en sentencia N° 339 de fecha 10 de junio de 2008, el cual estableció:
...En relación a la legitimidad o interés del recurrente sobre la delación planteada, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, en sentencia Nº 117 del 13 de abril de 2000, caso Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Agropecuaria El Jobal C.A., y otro, expediente Nº 99-1030, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:
...El formalizante alega que la sentencia recurrida infringió el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento en torno a la oposición que a la medida de embargo ejecutivo realizó la sociedad mercantil Desarrollo Burita C.A.
Al respecto, la Sala ha sostenido en diversas oportunidades que para denunciar el vicio de incongruencia negativa es necesario que el recurrente en casación ostente legitimidad, entendiéndose por ella que el denunciante resulte afectado por la pretendida omisión de pronunciamiento. En efecto, en sentencia de (sic) 13 de agosto de 1992, reiterada en decisión de 9 de diciembre de 1998, y 21 de julio de 1999, (Belkis Astrid González Guerrero c/. Beltina María Zerpa de González), la Sala expresó:
De acuerdo a reiterada doctrina, la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto, pues la parte contraria carece de legitimidad para denunciar un vicio que sólo podría favorecerlo.
Por tanto, en el presente caso la recurrente no tiene de legitimidad para denunciar la omisión de pronunciamiento sobre la oposición formulada por la sociedad mercantil Desarrollo Burita C.A., razón por la cual se desecha la denuncia.
Tal como claramente se observa, debe el recurrente tener una legitimidad o interés sobre las delaciones que plantea, de lo contrario se declarará su improcedencia.... (Negrillas del texto).
Como corolario de lo expuesto y en atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, el cual se reitera, esta sede casacional concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento respecto a una pretensión planteada por su contraparte; lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece .
Por todo lo antes expuesto, en aplicación de la transcrita jurisprudencia y determinado que los alegatos cuya omisión de pronunciamiento expuestos en la delación fueron de una tercera interesada y no de quien recurre, la Sala concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento, lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinales 4°) y 5°) del Código de Procedimiento Civil. Así se decide . (Negrillas y cursivas del texto).
Ratificada en decisión N° 730 de fecha 1 de diciembre de 2015, caso: Farid Djowrrayed Kahouati, representado judicialmente por el abogado José Ramón Varela Varela, contra la sociedad mercantil Santa Bárbara Barra Y Fogón, C.A., y el ciudadano Rigoberto Dos Ramos Texeira, en la cual se expresó:
esto último significa que el recurrente pretende atacar la decisión denunciando una supuesta omisión de pronunciamiento sobre un alegato no expuesto por ella, sino por su contraparte, ya que en el párrafo transcrito en la denuncia no se evidencia que el formalizante haya alegado la falta de cualidad del ciudadano Rigoberto Dos Ramos para la fecha en que se suscribió el contrato del 15 de enero de 2008, que dio termino al contrato de arrendamiento suscrito entre Santa Bárbara Barra y Fogón, C.A., y Bar Restaurant El Que Bien, C.A., del 17 de agosto de 2007 , cuyo alegato -según el recurrente- habría esgrimido la codemandada en el escrito de oposición de cuestiones previas y que habría sido omitido por el juez de alzada, lo que en todo caso de existir tal omisión de pronunciamiento, lejos de causarle un gravamen al recurrente, le favorece.
Pues, esta Sala ha sostenido en diversas oportunidades que la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto.
En este sentido, esta Sala en sentencia N° 793 del 29 de noviembre de 2005, caso Agropecuaria Guanapa, C.A., contra Darío Coromoto Barazarte, expediente N° 2005-000513, señaló:
De la delación supra transcrita se evidencia que el formalizante endilga a la recurrida el vicio de incongruencia negativa, toda vez que aduce una supuesta omisión de pronunciamiento ...en el dispositivo del fallo..., respecto a la procedencia o no de la ...defensa de fondo... alegada por el accionado -su contraparte- en el escrito de contestación a la demanda, atinente a la prescripción adquisitiva del inmueble que se pretende reivindicar, aun cuando, de otro lado, el recurrente, expresamente reconoce que en la motiva si hubo señalamiento al respecto.
( Omissis )
Ahora bien, no obstante el predicho reconocimiento del formalizante, la Sala considera oportuno precisar que para plantear este tipo de denuncia se requiere la existencia de un interés legítimo, por tanto, es menester que la decisión dictada por el juez ocasione un perjuicio o agravio a una de las partes (o de ambas), lo cual, impulse el planteamiento de la denuncia para impugnar el pronunciamiento del juez.
Sobre el particular, la Sala en sentencia N°. 1120, de fecha 22 de septiembre de 2004, Exp. N° 2003-000502, en el caso de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:
...En relación a la legitimidad o interés del recurrente sobre la delación planteada, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, en sentencia Nº 117 del 13 de abril de 2000, caso Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Agropecuaria El Jobal C.A., y otro, expediente Nº 99-1030, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:
...El formalizante alega que la sentencia recurrida infringió el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento en torno a la oposición que a la medida de embargo ejecutivo realizó la sociedad mercantil Desarrollo Burita C.A.
Al respecto, la Sala ha sostenido en diversas oportunidades que para denunciar el vicio de incongruencia negativa es necesario que el recurrente en casación ostente legitimidad, entendiéndose por ella que el denunciante resulte afectado por la pretendida omisión de pronunciamiento. En efecto, en sentencia de 13 de agosto de 1992, reiterada en decisión de 9 de diciembre de 1998, y 21 de julio de 1999, (Belkis Astrid González Guerrero c/. Beltina María Zerpa de González), la Sala expresó:
De acuerdo a reiterada doctrina, la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto, pues la parte contraria carece de legitimidad para denunciar un vicio que sólo podría favorecerlo.
Por tanto, en el presente caso la recurrente no tiene legitimidad para denunciar la omisión de pronunciamiento sobre la oposición formulada por la sociedad mercantil Desarrollo Burita C.A., razón por la cual se desecha la denuncia.
Tal como claramente se observa, debe el recurrente tener una legitimidad o interés sobre las delaciones que plantea, de lo contrario se declarará su improcedencia.... (Negrillas del texto).
Como corolario de lo expuesto y en atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, el cual se reitera, esta sede casacional concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento respecto a una pretensión planteada por su contraparte; lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece .
Por todo lo antes expuesto, en aplicación de la transcrita jurisprudencia y determinado que los alegatos cuya omisión de pronunciamiento expuestos en la delación fueron de una tercera interesada y no de quien recurre, la Sala concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento, lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinales 4° y 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Negrillas y cursivas del texto).
De conformidad con los anteriores criterios jurisprudenciales y en aplicación de los mismos al sub iudice, esta Sala estima que el recurrente no tiene interés procesal para plantear la presente denuncia, pues el alegato que señala como silenciado, fue alegado por su contraparte, por lo que tal supuesto silencio del juez no le causa al demandante ningún agravio .
Acorde con el criterio jurisprudencial ut supra trascrito, se aprecia que el formalizante no tiene interés procesal para interponer la presente denuncia en relación al alegato, relativo al dolo, siendo que tal alegato fue realizado por su contraparte, por lo que, esa omisión de pronunciamiento por parte del juzgador no le causa a la demandante ningún agravio.
En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos se declara la improcedencia de la denuncia y así se decide.
II
Con fundamento en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° por incurrir en el vicio de incongruencia negativa.
Por vía de fundamentación el formalizante expresa textualmente lo siguiente:
denuncio que la sentencia recurrida está viciada de incongruencia negativa por haber infringido el artículo 243 ordinal 5o eiusdem, al haber omitido todo pronunciamiento sobre un alegato de existencia de litis consorcio pasivo necesario, formulado en Informes, el cual NO FUE POSIBLE alegar en la contestación, dado que la demanda fue presentada el 24 de noviembre de 2006, y en fecha 12 de marzo de 2007, fue presentada contestación a la demanda y reconvención (folios 125 al 144 pieza nro. 1), mientras que el documento de parcelamiento, con el cual se demuestra el alegato de litisconsorcio pasivo, fue protocolizado el 04 de agosto de 2008, es decir, 17 meses después de contestada la demanda.
Omissis
Ahora bien, en los informes presentados en Alzada, promovimos marcado "A", en veintiséis (26) folios útiles, copia certificada del documento de Parcelamiento de la urbanización LOS VENCEDORES II, debidamente registrado en la Oficina de Registro -de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo, en fecha 04 de agosto de 2008, bajo el nro. 10, tomo 38, protocolo 1o, y con el mismo demostramos con carácter de plena prueba que sobre el mismo inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demandó en esta causa, ya fue construida por la demandada, la URBANIZACIÓN LOS VENCEDORES II, de la cual, tal como consta de las notas marginales estampadas al final del documento, ya fueron VENDIDAS mediante documento debidamente protocolizado, CINCUENTA Y TRES (53) viviendas, dejando constancia que además de esas 53, existen muchas otras viviendas ya negociadas, mediante opciones de compra, las cuales serán protocolizadas tan pronto sea posible.
Es decir, existen más de CINCUENTA Y TRES (53) FAMILIAS VENEZOLANAS que son propietarias de las viviendas y las parcelas de terreno sobre las que se encuentran construidas dichas casas, siendo que todas esas parcelas de terreno conforman el terreno objeto de la venta cuya nulidad se demandó, por lo que esas 53 familias debieron ser traídas al proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa.
En tal sentido, tratándose de que con la demanda incoada, podrían vulnerarse el derecho constitucional a una VIVIENDA DIGNA de más de cincuenta y tres (53) familias venezolanas, quienes además no son parte en el juicio, ello se le advirtió debidamente al Juzgador, indicándole que, las 53 familias sub adquirentes de viviendas construidas en el terreno, no habían sido llamadas a la causa; es decir, que existía un litis consorcio pasivo necesario, y que en caso de que la demanda fuera declarada con lugar y se declarada NULO el documento de venta del terreno, quedaría anulado, por vía de consecuencia, el documento de Parcelamiento y por lo tanto, esas 53 familias venezolanas PODRÍAN PERDER SUS VIVIENDAS.
Sobre los derechos de los terceros sub adquirentes en los juicios donde se demande la nulidad de documentos de venta de terrenos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido:
Omissis
Ciudadanos Magistrados, Venezuela se ha erigido en un Estado SOCIAL de Derecho y de Justicia, tal como lo dispone el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual resultaría contrario a los más elementales principios de JUSTICIA SOCIAL, declarar NULOS los documentos de adquisición de viviendas de tan numeroso grupo de familias, como consecuencia de un juicio en el que no han sido parte, y de cuya negociación jurídica ni siquiera tuvieron conocimiento.
El juzgador de alzada, no hizo ni un solo pronunciamiento en torno a tan delicados hechos que le fueron alegados en informes, y sobre los cuales estaba obligado a pronunciarse, por haberse delatado la existencia de un litis consorcio pasivo necesario, el cual era determinante de la suerte de la controversia, ya que de haberse declarado procedente dicha defensa, la demanda debió indefectiblemente declararse SIN LUGAR, por defecto de litis consorcio.
Siendo palpable la omisión absoluta de pronunciamiento en que incurrió la recurrida, respecto a un alegato de litis consorcio pasivo necesario, formulado en informes y demostrado con documento público, la denuncia por violación de los artículos 12 y 243.5° del Código de Procedimiento Civil es procedente en derecho y así respetuosamente pido sea declarado .
Para decidir la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa al omitir pronunciamiento respecto de los alegatos expuestos en el escrito de informe referido a un litis consorcio pasivo necesario.
El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dispone Toda sentencia debe contener 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia .
La Sala ha señalado que el vicio de incongruencia ocurre cuando el juez no se pronuncia sobre todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extiende su decisión sobre excepciones o argumentos de hecho no formulados en el proceso o excederse en lo solicitado oportunamente por las partes (incongruencia positiva). (Sentencia N° 184, de fecha 10 de mayo de 2011, caso: Servi Comidas Express C.A. contra Imosa Tuboacero Fabricación C.A.).
En cuanto a la falta de pronunciamiento sobre los alegatos presentados en los informes, esta Sala mediante decisión N° 1000, de fecha 31 de agosto de 2004, expediente N° 2004-000285, caso: Condominios Chacao, C.A. contra José Manuel Iglesias Moreda, ratificada en decisión de fecha 8 de marzo de 2017, caso: SALVADOR ALEJANDRO DE ARMAS DÁVILA, solicitado por el ciudadano RICARDO DE ARMAS DÁVILA, señaló lo siguiente:
En tal sentido, la Sala en sentencia N° 348, de fecha 31 de octubre de 2000, expediente N° 99-987, en el caso de Luis Dieguez Urbina contra Linda Nassour Homsy, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:
Ahora bien, en relación con los informes de las partes, la Sala tiene establecida doctrina constante y pacífica, en la cual ha expresado que:
Sobre este particular, ha sido el criterio imperante en la Sala, el de que los alegatos esenciales y determinantes, esgrimidos en los informes, deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 del Código de Procedimiento Civil.
Esta doctrina de la Sala, se basa en la circunstancia de que si el legislador ordena oír los informes verbales y agregar las conclusiones escritas, así como leer los informes escritos y agregarlos a los autos, es con la finalidad de que sean tenidos en cuenta por los juzgadores, en acatamiento al precepto que los obliga a atenerse a lo alegado en los autos.
Aun cuando la Sala ha sostenido, posteriormente, que el sentenciador no está obligado a revisar cuestiones planteadas en los informes que presenten las partes para desecharlas o apoyarse en ellas, salvo que en los mismos se hayan formulado peticiones relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, no ha querido con ella la Sala descalificar tal acto procesal, sino simplemente dejar sentado que cuando en tales escritos sólo se sinteticen los hechos acaecidos en el proceso y se apoye la posición de la parte informante en doctrina y jurisprudencia que, a su juicio, sea aplicable al caso controvertido, tales alegatos no son vinculantes para el juez. En cambio, cuando en estos escritos, se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, en estos casos sí debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a los alegado y probado en autos, 15 ejusdem, porque la referida abstención de examinar los informes configura un menoscabo del derecho de defensa; y 243 y 244 de la Ley Procesal, contentivos del principio de la exhaustividad de la sentencia que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración, a riesgo de incurrir en omisión de pronunciamiento que se considera como incongruencia del fallo.
De las transcripciones efectuadas, se denota la obligatoriedad que tienen los jueces, so pena de incurrir en el denunciado vicio de incongruencia, de pronunciarse sobre los alegatos planteados en los informes cuando éstos pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso . (Sent. de fecha 14-2-90).
La doctrina antes transcrita señala que el sentenciador no está obligado a pronunciarse sobre todas las defensas alegadas en el escrito de informes, salvo de aquellas que sean determinantes para la suerte del proceso, pues de no hacerlo incurriría en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.
Al respecto, se evidencia de la transcripción de la denuncia bajo análisis, que el formalizante alegó la falta de litisconsorcio pasivo en el acto de informe, con base en que en el terreno cuya venta se esta solicitando la nulidad, se fabricaron una serie de vivienda familiares, y al respecto considera el hoy recurrente que las personas que ahí habitan debían hacerse partes en juicio, al respecto evidencia la Sala que las citadas viviendas no constan en el documento de venta objeto de la presente acción de nulidad, pues en el mismo se hace alusión a la venta de unos terrenos mas no de unas viviendas, aunado al hecho de que en el íter procesal no consta que haya habido interés de las personas que ahí habitan pues no interpusieron demanda en tercería.
En consecuencia, de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil por falsa aplicación, y de los artículos 1.142 y 1.146 ejusdem por falta de aplicación.
Alega el formalizante textualmente lo siguiente:
Es evidente pues que tratándose de una demanda por NULIDAD de contrato, el juez estaba obligado a analizar si los hechos alegatos y probados en el curso del proceso, se podían subsumir o no en la causal de nulidad invocada, que era -se repite- el DOLO como vicio del consentimiento, para lo cual debió aplicar -y no lo hizo- los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil.
Lejos de ello, en una suerte de malabarismo jurídico, el juez estableció que los contratos deben cumplirse tal como han sido convenidos (artículo 1.159 y 1.160 del Código Civil) y que los mismos solo pueden ser revocados por mutuo consentimiento o por las causas establecidas en la Ley (artículo 1.167 del Código Civil); para terminar concluyendo que al haberse probado en autos el incumplimiento del contrato por la presunta falta de pago, ello acarrea la "nulidad" del mismo, lo que evidencia de manera palpable y sin que amerite mayores consideraciones, que el juez aplicó FALSAMENTE la normativa de resolución de los contratos, para declarar NULO un contrato de venta. A los fines de patentizar lo denunciado, nos permitimos transcribir los siguientes párrafos de la recurrida: (Folio 332, párrafo segundo y siguientes)
Omissis
Como se observa, el juez analiza el contenido de los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, concluyendo que el contrato es ley entre las partes, que el mismo debe cumplirse en los términos en que ha sido convenido y que "...una vez suscrito y firmado por las partes, es ley entre éstas, no pudiendo revocarse sino por mutuo consentimiento o por Las causas autorizadas por la Ley, entre las cuales se encuentra el incumplimiento de una de las partes de su obligación, tal como lo establece el artículo 1.167 ejusdem..." para luego concluir estableciendo que, dado que en el caso de autos, se comprobó la falta de pago del precio, la nulidad demandada era procedente, ya que, según expresa: "...no habiendo el demandante en su condición de vendedor recibido el pago del precio del inmueble, dicho contrato está viciado nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO incoada..(...) debe prosperar...".
Esa honorable Sala de Casación Civil, mediante diuturna y pacífica doctrina, ha establecido que la falsa aplicación se produce cuando el juez hace una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, vale decir, yerra en la escogencia de aquella en razón de que el hecho controvertido no es subsumible en el supuesto de la disposición elegida, lo cual se traduce en la falta de aplicación de la norma que debió ser aplicada. En el caso de autos, el juez erró en la escogencia de las normas relativas al incumplimiento contractual (artículos 1.159; 1.160 y 1.167 del Código Civil), al aplicarlas a un caso de NULIDAD CONTRACTUAL por vicios del consentimiento, ya que el legislador Civil dispone en los artículos 1.142 y 1.146 -normas cuya falta de aplicación delatamos- que las únicas causas por los cuales se puede declarar la NULIDAD de un contrato, son: La incapacidad legal de las partes o de una de ellas y los vicios del consentimiento, y que aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato.
FALSA APLICACIÓN
La falsa aplicación que delatamos, queda evidenciada del propio texto de la recurrida, de la cual se desprende que lo demandado es la NULIDAD de un contrato, sustentada la pretensión en las supuestas maquinaciones dolosas en las que habría incurrido el representante legal de la demandada, y que según la actora, fueron determinantes en su consentimiento, ya que de no haberse producido dichas maquinaciones, aun habiendo recibido el precio, el demandante no habría celebrado la venta, según expresamente lo alega, de modo pues que el FUNDAMENTO FACTICO de la demanda son las maquinaciones dolosas que viciaron el consentimiento del actor en la celebración del contrato, y el FUNDAMENTO JURÍDICO son los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil.
Siendo así, el juez debió resolver la controversia, verificando si los hechos alegados y probados, se subsumen en la adecuada normativa jurídica, esto es, en los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil, que son las normas que regulan la NULIDAD del contrato, pero lejos de escoger dichas normas para aplicarlas al caso concreto, YERRA EN LA ESCOGENCIA y opta por aplicar al caso, los artículos 1.159, 1.160 y 1.167 que determinan la obligatoriedad y la intangibilidad de los contratos, y las consecuencias de su incumplimiento, para concluir que al haberse incumplido el contrato (por la presunta falta de pago) ello acarrea la nulidad del mismo, con lo cual es evidente el yerro incurrido.
DE LAS NORMAS QUE EL JUZGADOR DEBIÓ APLICAR Y NO APLICÓ:
Habiéndose demandado la nulidad de un contrato de compra-venta de inmueble, fundamentada la demanda en las maquinaciones dolosas que habrían sido cometidas, supuestamente, por el representante legal de la demandada, y las cuales, en decir, del actor, fueron de tal entidad que, aunque hubiera recibido el precio, no habría vendido el inmueble, por lo que su consentimiento en dicho contrato fue VICIADO, y habiendo invocado expresamente los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil, normas que, efectivamente regulan los casos excepcionales en los cuales es procedente la declaratoria de nulidad de un contrato, es evidente que son dichas normas las que debieron ser aplicadas por el Juzgador para resolver la controversia.
Omissis
De haber escogido adecuadamente las normas cuya falta de aplicación delato, para resolver la controversia sometida a su consideración, habría podido establecer si efectivamente el actor había logrado demostrar (que no lo hizo) las maquinaciones dolosas que constituyen el sustento factico de la demanda, y si tales maquinaciones, en caso de haber sido demostradas, era realmente de tal entidad como para viciar el consentimiento otorgado, con lo cual habría podido resolver la controversia, pero ateniéndose a las adecuadas reglas de derecho, y no -como lo hizo- aplicando unas normas que claramente no se subsumen en los hechos controvertidos, pues -se reitera-la controversia de NULIDAD DE CONTRATO fue resuelta aplicando la normativa que regula la obligatoriedad de los contratos y su resolución en caso de incumplimiento (artículos 1.159; 1.160 y 1.167 del Código Civil).
LA FALSA Y FALTA DE APLICACIÓN FUERON
DETERMINANTES EN EL DISPOSITIVO DEL FALLO
A los fines de dar cumplimiento a la adecuada técnica Casacionista, señalo a los honorables Magistrados, que el yerro en la escogencia de la normativa aplicada para resolver la controversia, y la falta de aplicación de la norma jurídica adecuada a los hechos controvertidos, fueron determinantes en las resultas del proceso, esto es, en el dispositivo del fallo, ya que el Juez declaró CON LUGAR la demanda de nulidad, por haberse demostrado -supuestamente- el incumplimiento de la demandada respecto del pago del precio.
Si hubiese aplicado la adecuada regla de derecho, esto es, los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil, forzosamente la demanda debía ser declarada SIN LUGAR, por cuanto del propio fallo recurrido, en el análisis probatorio efectuado por la alzada, se evidencia que LA PARTE ACTORA NO PROMOVIÓ Y MENOS EVACUÓ ningún medio de prueba que permitiera considerar demostrado ni uno solo de los alegatos de dolo que constituyen el fundamento fáctico de su pretensión.
En efecto, de la lectura del fallo confutado, especialmente en la parte relativa al análisis del material probatorio promovido por la parte actora, se evidencia que ésta ni siquiera promovió una prueba tendiente a demostrar el DOLO por ella alegado, es decir, las supuestas maquinaciones dolosas imputadas a Daniel Di Mattia Mariani, de las cuales -repetimos- no logró demostrar ni una sola.
Por lo tanto, de haber aplicado los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil para resolver la controversia, el juez no habría tenido otro camino que declarar SIN LUGAR la demanda por falta de pruebas, tal como se lo ordena el artículo 254 del Código Civil, tal como lo peticionamos expresamente en informes en la Alzada .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil por falsa aplicación, y de los artículos 1.142 y 1.146 eiusdem por falta de aplicación.
Con base en que el juez analiza el contenido de los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, concluyendo que el contrato es ley entre las partes, que el mismo debe cumplirse en los términos en que ha sido convenido y que "...una vez suscrito y firmado por las partes, es ley entre éstas, no pudiendo revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley, entre las cuales se encuentra el incumplimiento de una de las partes de su obligación, tal como lo establece el artículo 1167 ejusdem..." para luego concluir estableciendo que, dado que en el caso de autos, se comprobó la falta de pago del precio, la nulidad demandada era procedente, ya que, según expresa: "... no habiendo el demandante en su condición de vendedor recibido el pago del precio del inmueble, dicho contrato está viciado nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO incoada..(...) debe prosperar...".
En ese mismo sentido alega Habiéndose demandado la nulidad de un contrato de compra-venta de inmueble, fundamentada la demanda en las maquinaciones dolosas que habrían sido cometidas, supuestamente, por el representante legal de la demandada, y las cuales, en decir, del actor, fueron de tal entidad que, aunque hubiera recibido el precio, no habría vendido el inmueble, por lo que su consentimiento en dicho contrato fue VICIADO, y habiendo invocado expresamente los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil, normas que, efectivamente regulan los casos excepcionales en los cuales es procedente la declaratoria de nulidad de un contrato, es evidente que son dichas normas las que debieron ser aplicadas por el Juzgador para resolver la controversia .
Así, respecto del vicio de falta de aplicación, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aun cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aun cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez no aplicó. (Ver Sentencia N° 169 del 2 de abril de 2009, caso: Alex Bernardo Navarro Zeneco contra Leonardo Bracho Bozo).
En cuanto a la falsa aplicación de un norma jurídica, la jurisprudencia pacífica de esta Sala de Casación Civil, ha establecido que el supuesto tiene lugar cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en los autos y los previstos como supuesto de la norma jurídica que se aplica, es decir, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. (Sentencia de fecha el 30 de noviembre de 2007, caso: Central Azucarero del Táchira C.A. contra Corporación Afianzadora de Venezuela C.A.).
Para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante la Sala pasa a transcribir lo pertinente de la sentencia recurrida:
( ) TERCERA.-
( Omissis )
Trabada la litis, se hace necesario acotar que, la acción por nulidad, se encuentra consagrada en los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil Venezolano, los cuales establecen que "El contrato puede ser anulado: 1: Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y 2o Por vicios del consentimiento"; "Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato".
En este sentido queda claramente establecido que nuestro Código Civil consagra la nulidad del contrato por vicios del consentimiento de una manera expresa en el primer artículo anteriormente citado, y el segundo artículo mencionado señala como causas expresas de nulidad del contrato efectuado por los (sic) partes el error, el dolo y la violencia.
En este sentido, este Sentenciador (sic) considera necesario traer a colación el contenido del artículo 1.160 del Código Civil, el cual señala que: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley"
De cuya norma se desprende, la obligación de las partes de ejecutar de buena fe un contrato e incluye la de cumplir lo que se expresa en él. Nuestro derecho positivo consagra el sistema de voluntad real.
( Omissis )
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.159 del Código Civil, que dispone: "Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley", se infiere que, el contrato una vez suscrito y firmado por las partes, es ley entre éstas, no pudiendo revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de una de las partes de su obligación, tal como lo establece el artículo 1.167 ejusdem.
En el caso de autos, el accionante pretende la nulidad del contrato de compra venta suscrito por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, con el carácter de vendedor, y la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el carácter de comprador, sobre el inmueble constituido por un terreno ubicado en el Municipio San Joaquín del Estado (sic) Carabobo, cuyos linderos y especificaciones se encuentran descritos en dicho instrumento, fundamentado en el hecho de que la demandada no pagó el precio estipulado en el contrato, siendo que a su vez, la parte demandada al excepcionarse negó, rechazó y contradijo que su representada no hubiese pagado el precio de venta del inmueble, señalando por una parte, que el accionante sí recibió la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00), y por otra, que realmente lo que había ocurrido era una dación de pago puesto que el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, pagaba con el lote de terreno de su propiedad las obligaciones que su representada, entidad CHALET INVERSIONES C.A., tenía a favor de la entidad GRUPO PROMOINVEST C.A., y del ciudadano DANIEL DI MATTIA, lo que hace necesario traer a colación, las reglas sobre distribución de la prueba según los hechos expuestos, conforme a la clasificación que al respecto, exponen los profesores HUGO ALSINA y COUTURE. (Subrayados y resaltados propios de esta Sala).
( Omissis )
Constituyendo carga probatoria del accionado el demostrar que efectivamente, tal como afirmase, había cancelado el precio estipulado para la venta; se evidencia de las pruebas aportadas a los autos, específicamente de la evacuación de las posiciones juradas, absueltas por la parte demandada, sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., ( ) que efectivamente el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo que el accionado de autos al excepcionarse alegó que tal omisión, vale señalar, el que no había realizado el pago del precio, se correspondía con el hecho de que lo que efectivamente se suscribió fue una dación de pago, afirmación ésta, que materializa una inversión de la carga probatoria u omnus probando, al alegar la existencia de una relación contractual distinta a la de la compra-venta.
( Omissis )
Con base a lo anteriormente establecido, vale señalar, que el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; que no probó que el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demanda lo fue en dación de pago, o que la falta de pago se debió a la compensación de recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor, es forzoso concluir que, no habiendo el accionante en su condición de vendedor, recibido el pago del precio del inmueble, tal como se desprende de la posición jurada que le fuese estampada al representante de la sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., en su condición de comprador, ( ) dicho contrato está viciado de nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO, incoada por el ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, CA., debe prosperar. En consecuencia, SE DECLARA NULA la venta protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario para los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 29 de julio de 2005, bajo el № 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios l al 3; en el cual el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, ( ) dio en venta pura y simple a la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 40, tomo 65-A; un lote de terreno identificado como Lote 3, ubicado el Municipio San Joaquín, Estado (sic) Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, ( ). Y ASI SE DECIDE. ( ). (Destacados propios del texto).
De la transcripción precedentemente expuesta se evidencia que el juez de alzada entra en el análisis del fondo de la controversia partiendo justamente del contenido de los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil con lugar la demanda con base haciendo alusión a la obligación de las partes en el cumplimiento recíproco de sus obligaciones uno de pagar el precio y el otro de otorgar el documento para su efectiva protocolización, y del análisis de las pruebas llevadas a los autos evidencia que no hubo pago del precio de la venta mas si hubo la protocolización del documento cuando expresa: Con base a lo anteriormente establecido, vale señalar, que el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; que no probó que el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demanda lo fue en dación de pago, o que la falta de pago se debió a la compensación de recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor, es forzoso concluir que, no habiendo el accionante en su condición de vendedor, recibido el pago del precio del inmueble, tal como se desprende de la posición jurada que le fuese estampada al representante de la sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., en su condición de comprador, ( ) dicho contrato está viciado de nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO, incoada por el ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, CA., debe prosperar .
De la precedente transcripción se evidencia que el juez de alzada en el análisis de la controversia, parte de los presupuestos establecidos en los artículos 1.142 y 1.146 del Código Civil con el objeto de verificar uno de los requisitos necesarios referido al vicio en el consentimiento para declarar la nulidad del contrato de compra venta, en ese mismo sentido, se evidencia que siendo que tal requisito se fundamentó en la falta de pago por parte del demandado concatenándolo con los artículos 1.159; 1.160 y 1.167 eiusdem, siendo que el pago a su vez es un requisito para el perfeccionamiento de la venta supuestamente protocolizada.
En ese sentido, es que el juez de alzada precisó que se verificó el vicio del consentimiento siendo que la parte demandada no logró demostrar el efectivo pago de su obligación, razón por la cual declaró con lugar la demanda por nulidad de contrato.
En consecuencia, de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, se evidencia que el juez de alzada no incurrió en la infracción de los artículos 1.142; 1.146; 1.159; 1.160 y 1.167 del Código Civil, por lo que se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación y la falta de aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Alega textualmente el formalizante lo siguiente:
Con fundamento en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, denuncio la violación, por error de interpretación, de los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, lo que produjo, como consecuencia, la falta de aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Las normas cuya errónea interpretación denuncio, disponen:
Omissis
De modo pues que, en materia Civil, cada una de las partes, tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, es lo que se conoce como carga de la prueba y está consagrada en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, normas estas que aún cuando solo se refieren expresamente a la prueba de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias del Derecho.
La carga de la prueba no es una obligación que el Juzgador puede imponer caprichosamente a una cualquiera de las partes. Esa obligación se tiene según la posición y la actitud que asuma el litigante en la litis. Así al demandante toca la prueba de los hechos que alega, según el aforismo "incumbí probatio qui dicit, no qui negat", por lo que incumbe probar a quien afirma la existencia de un hecho, no a quien lo niega; más al demandado toca la prueba de los hechos en que basa su excepción, en virtud de otro aforismo "retís in excipiendo fit actor" al tornarse el demandado en actor en la excepción.
Omissis
En el caso que nos ocupa, el actor expresamente basa su pretensión anulatoria en las presuntas maquinaciones dolosas que habría cometido el representante legal de la demandada, por lo que INCUMBÍA AL DEMANDANTE probar sus afirmaciones, ya que la demandada NEGÓ la existencia de esos presuntos hechos dolosos, pues recuérdese que las presuntas maquinaciones dolosas, habrían sido de tal entidad, que habrían viciado el consentimiento del demandante, y que lo relativo a la falta de pago del precio, no fue sino uno más de los hechos constitutivos del alegado DOLO, es decir, entre las varias maquinaciones dolosas que -presuntamente- habría cometido el representante legal de la demandada, se alegó la falta de pago.
Por su parte la demandada alegó con respecto al pago del precio, que el mismo SI SE PRODUJO, que ASÍ CONSTA EN EL DOCUMENTO PUBLICO y que ese pago se produjo en virtud de la dación en pago que habría efectuado la hoy demandante a la demandada, por la deuda que mantenía con ésta y con su representante legal.
De modo que en principio, a la demandante le tocaba demostrar las MAQUINACIONES DOLOSAS en las que sustenta su pretensión de nulidad, y a la demandada le correspondía probar que efectivamente mantenía una relación comercial el demandante, que cumplió las labores de gestión de venta de las casas ante el CONAVI y que en consecuencia, el demandante le adeudaba una alta suma de dinero, por lo que quedaba así demostrada la dación en pago.
Así pues, cuando la recurrida tergiversa los límites de la controversia, y excluye de los hechos controvertidos, todos las maquinaciones dolosas alegados como fundamento de la pretensión, violenta flagrantemente las normas de distribución de la carga de la prueba, pues RELEVA AL ACTOR de toda la pesada carga probatoria que le incumbía, dejando sobre los hombros de mi mandante, la carga de probar un pago QUE YA CONSTABA EN DOCUMENTO PÚBLICO y que por tanto tema CARÁCTER DE PLENA PRUEBA.
En los juicios de NULIDAD POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO la parte actora tiene La carga de PROBAR los hechos que en su decir, constituyen los vicios que invoca, y la negativa del demandado en su contestación, no libra a la actora de la carga probatoria que le compete.
Omissis
Es decir, aún cuando la demandada no hubiese logrado demostrar su alegato sobre la existencia de la DACIÓN EN PAGO, ello no relevaba a la demandante de PROBAR sus afirmaciones de maquinaciones constitutivas del DOLO, y al no existir PLENA PRUEBA de esos hechos dolosos presuntamente cometidos, la demanda debe declararse SIN LUGAR en estricta aplicación de lo dispuesto en el copiado artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma que el Juzgado superior debió aplicar, y no aplicó para resolver la controversia .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en error de interpretación de los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, al invertir la carga de la prueba incurriendo por vía de consecuencia, en la falta de aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Así para plantear denuncias por infracción de ley, es necesario que el formalizante deba a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el mentado ordinal 2º del artículo 313, es la que se pretende denunciar, ya sea por errónea interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, falsa aplicación de una norma jurídica, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem y; d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas . (Sentencia N° 308, del 23 de mayo de 2006, caso: Gerardo Enrique Leal Rivero contra Tamara Daraena Pérez, expediente N° 05-602).
La doctrina de la Sala enseña que el error de interpretación de una norma se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, específicamente por la falta que puede cometer el juez al determinar el contenido y alcance de una regla que fue correctamente elegida para solucionar la disputa planteada, bien sea en la hipótesis abstractamente prevista en la norma o en la determinación de sus consecuencias jurídicas, en otras palabras, cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias incompatibles con su contenido (Cfr. sentencia Nº 856 de 9 de diciembre de 2014, juicio: José Galantón y otros contra Canteras de Oriente C.A.).
Ahora bien, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, denunciada como infringida por errónea interpretación, dispone lo siguiente:
Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba....
El artículo 506 eiusdem supra transcrito, rige la dinámica de la carga de la prueba en el proceso, es decir, regula la actividad de las partes en cuanto a quién le corresponde asumir las consecuencias negativas de la falta de prueba en juicio. (SCC Sentencia N° 306 de fecha 3 de junio de 2015).
Al respecto, el artículo 1.354 del Código Civil, denunciado igualmente por error de interpretación, establece:
Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación .
El artículo 1.354 eiusdem, al igual que la normativa contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece a quién corresponde proporcionar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, por lo que, corresponde al demandante probar los hechos constitutivos, y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos. (SCC Sentencia N° 814 de fecha 21 de noviembre de 2016).
Ahora bien, en cuanto a la falta de aplicación, esta Sala ha indicado reiteradamente, que el referido vicio ocurre cuando el juez no aplica una norma jurídica vigente, que resulta idónea para resolver el asunto sometido a su consideración y que de haberla empleado, el dispositivo del fallo sería otro; ya sea porque la ignora, porque se niega a reconocer su existencia, o porque considera aplicable una norma derogada o que nunca ha estado en vigor.
De tal manera que, esta Sala ha sostenido que dejar de aplicar una norma jurídica al caso concreto, conduce a la violación directa de la norma, lo que puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad. (Ver sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, reiterada, entre otras, en sentencia N° 188, de fecha 16 de abril de 2015, caso: Gladys Evelia Pérez Herrera contra Bernardino Berbesi, Exp. 14-066).
El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido por falta de aplicación, dispone:
Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma .
El artículo up supra transcrito, le establece al Juez la prohibición de declarar con lugar la demanda, sino cuando exista plena prueba de los hechos alegados en ella; y le impone además que en caso de dudas sentencie a favor del demandado.
Establecido lo anterior, resulta pertinente pasar a transcribir parcialmente la decisión recurrida, a fin de verificar lo aseverado por el formalizante:
En el caso de autos, el accionante pretende la nulidad del contrato de compra venta suscrito por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, con el carácter de vendedor, y la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el carácter de comprador, sobre el inmueble constituido por un terreno ubicado en el Municipio San Joaquín del Estado (sic) Carabobo, cuyos linderos y especificaciones se encuentran descritos en dicho instrumento, fundamentado en el hecho de que la demandada no pagó el precio estipulado en el contrato, siendo que a su vez, la parte demandada al excepcionarse negó, rechazó y contradijo que su representada no hubiese pagado el precio de venta del inmueble, señalando por una parte, que el accionante sí recibió la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00), y por otra, que realmente lo que había ocurrido era una dación de pago puesto que el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, pagaba con el lote de terreno de su propiedad las obligaciones que su representada, entidad CHALET INVERSIONES C.A., tenía a favor de la entidad GRUPO PROMOINVEST C.A., y del ciudadano DANIEL DI MATTIA, lo que hace necesario traer a colación, las reglas sobre distribución de la prueba según los hechos expuestos, conforme a la clasificación que al respecto, exponen los profesores HUGO ALSINA y COUTURE. (Subrayados y resaltados propios de esta Sala).
En este sentido, el artículo 133 del proyecto Couture, establece: Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión . Inspirándose en dicho proyecto el código modelo procesal civil para Iberoamérica, adopta en el artículo 129 la siguiente regla: Corresponde probar, a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión , de allí, que la carga de la prueba, como toda carga procesal, es un deber fina y no un deber en sentido jurídico.
( Omissis )
Constituyendo carga probatoria del accionado el demostrar que efectivamente, tal como afirmase, había cancelado el precio estipulado para la venta; se evidencia de las pruebas aportadas a los autos, específicamente de la evacuación de las posiciones juradas, absueltas por la parte demandada, sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., al habérsele efectuado la Décima Octava Posición Jurada ¿Diga cómo es cierto que su representada no pagó los seiscientos millones de bolívares en el Registro Inmobiliario, el día 29 de julio de 2005 fecha en la cual se protocolizó el documento de venta del inmueble objeto de este juicio? Contestó: Mi representada es verdad que no emitió pago a favor del vendedor, porque hasta esa fecha, era el vendedor según el contrato suscrito que le debía a mi representado sumas mayores que el valor del inmueble y lo que estaba haciendo realmente era una dación en pago con el inmueble objeto del litigio para amortizar la deuda que el actor con mi representada , de lo que se desprende, por una parte, que efectivamente el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo que el accionado de autos al excepcionarse alegó que tal omisión, vale señalar, el que no había realizado el pago del precio, se correspondía con el hecho de que lo que efectivamente se suscribió fue una dación de pago, afirmación ésta, que materializa una inversión de la carga probatoria u omnus probando, al alegar la existencia de una relación contractual distinta a la de la compra-venta.
En efecto, siguiendo los tratadistas BELLO LOZANO y BELLO MÁRQUEZ (La prueba y su Técnica y Tratamiento de Medios de Prueba en el Nuevo CPC), es la naturaleza de los hechos afirmados o negados lo que determina la carga probatoria. Debiendo el Juez acudir a la carga objetiva de la prueba, en el caso de autos, la existencia del contrato de dación en pago. Por ello, en el caso bajo estudio, en principio, cuando el demandado alega la existencia de un contrato diferente es a el que le corresponde la carga de la prueba y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo evidente que bajo la modificación, planteada por el accionado al excepcionarse, al señalar la existencia de una relación jurídica distinta a la pretendida; es a éste a quien le corresponde la carga de probar bajo el principio "Reus in excipiendo, fit actor", que expresa que "el reo cuando se excepciona, asume la carga de la prueba del hecho afirmado", bien sea por ser modificativo, como en el caso de autos, extintivo, constitutivo o impeditivo, tal como señalase la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 16 de marzo de 1967, al asentar: ' ...el artículo 1.354 del Código Civil no es más que la aplicación de la regla: "omnus probando incumbit actoris, sed reus in exceptione fit actor", con lo cual se quiere decir que el actor debe, en principio, probar la certeza de los hechos afirmados por él, siempre que el demandado no alegue algo que lo favorezca, pues en ese último caso la prueba debe ser hecha por éste; y no sólo cuando se trata de la extinción de la obligación, que es lo expresado en la parte in fine del artículo supra citado, sino también, cuando se alegue un hecho modificativo y aún impeditivo de la misma, pues en éstos últimos cobra vigencia el principio doctrinario que contempla: "onus probandi ei qui dicit"...".
En el caso de autos, el actor invoca a su vez la existencia de una dación de pago, siendo que, del análisis del material probatorio aportado a los autos, no se desprende ningún elemento capaz de probar que lo que se pretendía al suscribir el contrato de copra venta cuya nulidad se demanda lo fue recibir en pago el inmueble objeto de la operación de compra-venta cuya nulidad se demanda, "datio in solutum", que es cuando el acreedor accede a recibir a título de pago una prestación distinta a la que constituía el contenido de la obligación debida (aliud pro alio) con acuerdo para tener por extinguida la obligación (dación solutoria). Calificándose por la jurisprudencia como "contrato oneroso de enajenación", que tiene por finalidad la sustitución del pago por esa transmisión; dado que, con la entrega de tales bienes y la voluntaria aceptación por parte del acreedor, ha de subsumirse, no en tal compensación, sino en una especie de pago parcial integrador de la figura liberatoria que la doctrina ha constituido bajo la denominación de DACIÓN EN PAGO -"DATIO IN SOLUTUM". Siendo una forma especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la identidad de la prestación o lo que se conoce por la doctrina actual con el nombre de "subrogado del cumplimiento", cuyo efecto, no siendo un pago "stricto sensu", produce los efectos de este; que no es otro que el cumplimiento de la obligación y la extinción de esta; y constituyendo carga probatoria del accionado el probar el nuevo hecho alegado, al no haberse aportado a los autos ningún elemento probatorio que trajese al ánimo de este Sentenciador de que efectivamente, el inmueble dado en venta lo fue en dación de pago, incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, la defensa de que el inmueble fue entregado en dación de pago no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, observa este Sentenciador que, el accionado de autos al excepcionarse alega igualmente que el inmueble objeto le la venta cuya nulidad se demanda, fue producido como compensación entre las partes; constituyendo carga probatoria del accionado el probar la existencia y los montos de las obligaciones a compensarse. Y siendo que el accionado de autos no aportó ningún elemente probatorio que demostrase que las personas, entre las cuales supuestamente se produjo la compensación alegada, son recíprocamente acreedoras o deudoras una de otra; ya que las prestaciones realizadas por la sociedad GRUPO PROMOINVEST, C.A. a favor de la sociedad mercantil CHALET INVERSIONES, C.A., durante la ejecución de una obra en la urbanización Los Castores, en nada se relacionan con la deuda adquirida por la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI quien según se desprende del contrato cuya nulidad se pretende, dio en venta a título personal un inmueble de su propiedad, incumplió igualmente con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la defensa de que operó la compensación en el pago de inmueble objeto del contrato de venta cuya nulidad se demanda no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Con base a lo anteriormente establecido, vale señalar, que el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; que no probó que el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demanda lo fue en dación de pago, o que la falta de pago se debió a la compensación de recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor, es forzoso concluir que, no habiendo el accionante en su condición de vendedor, recibido el pago del precio del inmueble, tal como se desprende de la posición jurada que le fuese estampada al representante de la sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., en su condición de comprador, ( ) dicho contrato está viciado de nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO, incoada por el ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, CA., debe prosperar. En consecuencia, SE DECLARA NULA la venta protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario para los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 29 de julio de 2005, bajo el № 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios l al 3; en el cual el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, ( ) dio en venta pura y simple a la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 40, tomo 65-A; un lote de terreno identificado como Lote 3, ubicado el Municipio San Joaquín, Estado (sic) Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, ( ). Y ASI SE DECIDE. ( ). (Destacados propios del texto).
De la precedente transcripción se evidencia, que el juez de alzada al momento de establecer la carga de la prueba consideró que el demandado al asumir que efectivamente no había hecho el pago, sino que había hecho una dación en pago con el inmueble objeto del litigio y con ello había extinguido la obligación con el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, en virtud de ello concluyó que era la parte demandada que le correspondía probar la existencia de dicho contrato, en aplicación a los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil, y 1.354 del Código Civil.
De acuerdo a lo precedentemente expuesto, evidencia la Sala que al no haber sido demostrado el hecho extintivo de la obligación con el contrato de dación en pago, el juez concluyó acertadamente en dar por demostrado que el demandado no pagó, razón por la cual mal podía haber aplicado el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pues el supuesto allí previsto y supra analizado no encuadra en los hechos establecidos en el caso de autos.
En consecuencia, en virtud de los razonamientos antes expuestos, se declara improcedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.
III
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 1.404 del Código Civil, por incurrir en el vicio de falta de aplicación.
Alega textualmente el formalizante lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a la Sala a extenderse al fondo de la controversia y al establecimiento y apreciación de los hechos por el Tribunal de la instancia, se denuncia la infracción, por falta de aplicación del artículo 1404 del Código Civil, norma jurídica expresa relacionada con la apreciación y valoración de la prueba de confesión.
El artículo cuya violación, por falta de aplicación, delatamos, expresa:
Omissis
Dentro de los requisitos exigidos para la existencia de esta prueba es que debe versar sobre hechos personales del confesante o sobre su conocimiento de hechos ajenos, debiendo tener siempre dicha declaración una significación probatoria, además puede ser voluntaria o provocada y exige el ánimus confitendi del confesante, entendido como la intención de reconocer un hecho favorable a la contraparte o que resulte perjudicial al confesante.
Uno de los principios fundamentales aplicables a la confesión, es el establecido en el artículo 1404 del Código Civil, que dispone que la confesión judicial o extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del confesante, pues no se puede aceptar lo favorable contenido en la declaración y rechazar lo desfavorable contenido en ella, principio éste que resultó quebrantado en la sentencia recurrida, tal como lo demostraremos a continuación.
En virtud de la tergiversación de los límites de la controversia, ya denunciada supra, el juez consideró que la falta de pago del precio del inmueble, fue determinante para declarar la nulidad del contrato, (lo cual fue objeto de denuncia separada por falsa aplicación de norma jurídica); y dicha falta de pago del precio, la consideró el juez ad-quem demostrada, única y exclusivamente, con la posición jurada DÉCIMO OCTAVA.
En efecto en la parte motiva del fallo, se evidencia como el juez resuelve la controversia basado UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la respuesta dada por el apoderado del GRUPO PROMOINVEST C.A., a la posición jurada numero 18 estampada a la demandada, en los siguientes términos (folio 334, pieza nro. 8)
Omissis
DACIÓN EN PAGO para amortizar la deuda que el demandante mantenía con la accionada.
Cuando el sentenciador de la alzada dio por demostrado el hecho de que la demandada no habría efectuado el pago del precio del inmueble, el día de la protocolización del documento, tomando en cuenta sólo la frase "es cierto que ese día no emitió pago.." y sin tomar en consideración el resto de la contestación a dicha posición jurada, la cual silencia completamente, evidentemente está DIVIDIENDO LA CONFESIÓN EN PERJUICIO DEL CONFESANTE, pues el confesante declara que ESE DÍA no se emitió pago porque se estaba materializando una DACIÓN EN PAGO en virtud de que el vendedor adeudaba a la demandada sumas de dinero mayores al precio del inmueble.
La dación en pago, fue el hecho positivo y concreto con el cual la demandada se excepcionó de la alegada falta de pago del precio, invocada por la parte actora como un hecho negativo absoluto, ante lo cual, a mi mandante no le estaba permitido negar pura y simplemente, sino que tratándose de un hecho negativo absoluto, debía afirmar y probar el hecho positivo que lo contradecía.
En el caso de autos, el juez superior valoró la confesión sólo en lo que respecta a la frase "ese día no emitió pago" omitiendo toda valoración respecto la DACIÓN EN PAGO manifestada en dicha respuesta, que textualmente expresa que "era el vendedor según el contrato suscrito quien le debía a mi representada sumas mayores al del valor del inmueble, y lo que estaba haciendo realmente era una dación en pago con el inmueble objeto del litigio para amortizar la deuda que el actor tenía con mi representada"
LA NORMA QUE EL JUEZ DEBIÓ APLICAR Y NO APLICÓ: Si el juez hubiera aplicado la norma cuya violación delato, esto es, el artículo 1.404 del Código Civil, habría valorado la respuesta dada a la posición jurada nro. 18, íntegramente, sin dividirla en perjuicio del confesante, en el sentido de que el pago del precio del inmueble no se emitió ESE DÍA porque el vendedor adeudaba sumas de dinero a la parte demandada, y lo que se materializó ese día en el registro inmobiliario, fue una DACIÓN EN PAGO.
LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA FUE DETERMINANTE DEL DISPOSITIVO DEL FALLO: De haber valorado la prueba íntegramente, sin dividirla en perjuicio del confesante, la recurrida habría considerado que la alegada falta de pago no logró demostrarse, pues la decima octava posición jurada estampada a la demandada, debe ser valorada íntegramente, es decir, dando por demostrado que el pago no se emitió ese día, porque se materializó una dación en pago, y en consecuencia, no habría declarado con lugar la demanda de nulidad .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en error de interpretación de los artículos 1.404 del Código Civil, por falta de aplicación, con base en que el juzgador de alzada declaró con lugar la demanda basándose en que la Décima Octava posición jurada, evacuada en la persona del apoderado del Grupo PROMOINVEST C.A.
Ahora bien, en cuanto a la falta de aplicación, esta Sala ha indicado reiteradamente, que el referido vicio ocurre cuando el juez no aplica una norma jurídica vigente, que resulta idónea para resolver el asunto sometido a su consideración y que de haberla empleado, el dispositivo del fallo sería otro; ya sea porque la ignora, porque se niega a reconocer su existencia, o porque considera aplicable una norma derogada o que nunca ha estado en vigor.
De tal manera que, esta Sala ha sostenido que dejar de aplicar una norma jurídica al caso concreto, conduce a la violación directa de la norma, lo que puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad. (Ver sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, reiterada, entre otras, en sentencia N° 188, de fecha 16 de abril de 2015, caso: Gladys Evelia Pérez Herrera contra Bernardino Berbesi, Exp. 14-066).
El artículo 1.404 del Código Civil, denunciado como infringido por falta de aplicación, dispone:
La confesión judicial o extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del confesante. Este no puede revocarla si no prueba que ella ha sido el resultado de un error de hecho. No puede revocarse so pretexto de un error de derecho .
De conformidad con el artículo transcrito, la confesión judicial o extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del confesante, por tanto esta regla quiere decir que el que quiera valerse de las declaraciones rendidas del adversario no puede aceptar lo que le favorezca y rechazar lo que le sea adverso, debe tomarse integralmente.
Establecido lo anterior, resulta pertinente pasar a transcribir parcialmente la decisión recurrida, a fin de verificar lo aseverado por el formalizante:
En el caso de autos, el accionante pretende la nulidad del contrato de compra venta suscrito por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, con el carácter de vendedor, y la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el carácter de comprador, sobre el inmueble constituido por un terreno ubicado en el Municipio San Joaquín del Estado (sic) Carabobo, cuyos linderos y especificaciones se encuentran descritos en dicho instrumento, fundamentado en el hecho de que la demandada no pagó el precio estipulado en el contrato, siendo que a su vez, la parte demandada al excepcionarse negó, rechazó y contradijo que su representada no hubiese pagado el precio de venta del inmueble, señalando por una parte, que el accionante sí recibió la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00), y por otra, que realmente lo que había ocurrido era una dación de pago puesto que el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, pagaba con el lote de terreno de su propiedad las obligaciones que su representada, entidad CHALET INVERSIONES C.A., tenía a favor de la entidad GRUPO PROMOINVEST C.A., y del ciudadano DANIEL DI MATTIA, lo que hace necesario traer a colación, las reglas sobre distribución de la prueba según los hechos expuestos, conforme a la clasificación que al respecto, exponen los profesores HUGO ALSINA y COUTURE. (Subrayados y resaltados propios de esta Sala).
En este sentido, el artículo 133 del proyecto Couture, establece: Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión . Inspirándose en dicho proyecto el código modelo procesal civil para Iberoamérica, adopta en el artículo 129 la siguiente regla: Corresponde probar, a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión , de allí, que la carga de la prueba, como toda carga procesal, es un deber fina y no un deber en sentido jurídico.
( Omissis )
Constituyendo carga probatoria del accionado el demostrar que efectivamente, tal como afirmase, había cancelado el precio estipulado para la venta; se evidencia de las pruebas aportadas a los autos, específicamente de la evacuación de las posiciones juradas, absueltas por la parte demandada, sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., al habérsele efectuado la Décima Octava Posición Jurada ¿Diga cómo es cierto que su representada no pagó los seiscientos millones de bolívares en el Registro Inmobiliario, el día 29 de julio de 2005 fecha en la cual se protocolizó el documento de venta del inmueble objeto de este juicio? Contestó: Mi representada es verdad que no emitió pago a favor del vendedor, porque hasta esa fecha, era el vendedor según el contrato suscrito que le debía a mi representado sumas mayores que el valor del inmueble y lo que estaba haciendo realmente era una dación en pago con el inmueble objeto del litigio para amortizar la deuda que el actor con mi representada , de lo que se desprende, por una parte, que efectivamente el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo que el accionado de autos al excepcionarse alegó que tal omisión, vale señalar, el que no había realizado el pago del precio, se correspondía con el hecho de que lo que efectivamente se suscribió fue una dación de pago, afirmación ésta, que materializa una inversión de la carga probatoria u omnus probando, al alegar la existencia de una relación contractual distinta a la de la compra-venta.
En efecto, siguiendo los tratadistas BELLO LOZANO y BELLO MÁRQUEZ (La prueba y su Técnica y Tratamiento de Medios de Prueba en el Nuevo CPC), es la naturaleza de los hechos afirmados o negados lo que determina la carga probatoria. Debiendo el Juez acudir a la carga objetiva de la prueba, en el caso de autos, la existencia del contrato de dación en pago. Por ello, en el caso bajo estudio, en principio, cuando el demandado alega la existencia de un contrato diferente es a el que le corresponde la carga de la prueba y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo evidente que bajo la modificación, planteada por el accionado al excepcionarse, al señalar la existencia de una relación jurídica distinta a la pretendida; es a éste a quien le corresponde la carga de probar bajo el principio "Reus in excipiendo, fit actor", que expresa que "el reo cuando se excepciona, asume la carga de la prueba del hecho afirmado", bien sea por ser modificativo, como en el caso de autos, extintivo, constitutivo o impeditivo, tal como señalase la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 16 de marzo de 1967, al asentar: ' ...el artículo 1.354 del Código Civil no es más que la aplicación de la regla: "omnus probando incumbit actoris, sed reus in exceptione fit actor", con lo cual se quiere decir que el actor debe, en principio, probar la certeza de los hechos afirmados por él, siempre que el demandado no alegue algo que lo favorezca, pues en ese último caso la prueba debe ser hecha por éste; y no sólo cuando se trata de la extinción de la obligación, que es lo expresado en la parte in fine del artículo supra citado, sino también, cuando :e alegue un hecho modificativo y aún impeditivo de la misma, pues en éstos últimos cobra vigencia el principio doctrinario que contempla: "onus probandi ei qui dicit"...".
En el caso de autos, el actor invoca a su vez la existencia de una dación de pago, siendo que, del análisis del material probatorio aportado a los autos, no se desprende ningún elemento capaz de probar que lo que se pretendía al suscribir el contrato de copra venta cuya nulidad se demanda lo fue recibir en pago el inmueble objeto de la operación de compra-venta cuya nulidad se demanda, "datio in solutum", que es cuando el acreedor accede a recibir a título de pago una prestación distinta a la que constituía el contenido de la obligación debida (aliud pro alio) con acuerdo para tener por extinguida la obligación (dación solutoria). calificándose por la jurisprudencia como "contrato oneroso de enajenación", que tiene por finalidad la sustitución del pago por esa transmisión; dado que, con la entrega de tales bienes y la voluntaria aceptación por parte del acreedor, ha de subsumirse, no en tal compensación, sino en una especie de pago parcial integrador de la figura liberatoria que la doctrina ha constituido bajo la denominación de DACIÓN EN PAGO -"DATIO IN SOLUTUM". Siendo una forma especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la identidad de la prestación o lo que se conoce por la doctrina actual con el nombre de "subrogado del cumplimiento", cuyo efecto, no siendo un pago "stricto sensu", produce los efectos de este; que no es otro que el cumplimiento de la obligación y la extinción de esta; y constituyendo carga probatoria del accionado el probar el nuevo hecho alegado, al no haberse aportado a los autos ningún elemento probatorio que trajese al ánimo de este Sentenciador de que efectivamente, el inmueble dado en venta lo fue en dación de pago, incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, la defensa de que el inmueble fue entregado en dación de pago no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, observa este Sentenciador que, el accionado de autos al excepcionarse alega igualmente que el inmueble objeto le la venta cuya nulidad se demanda, fue producido como compensación entre las partes; constituyendo carga probatoria del accionado el probar la existencia y los montos de las obligaciones a compensarse. Y siendo que el accionado de autos no aportó ningún elemente probatorio que demostrase que las personas, entre las cuales apuestamente se produjo la compensación alegada, son recíprocamente acreedoras o deudoras una de otra; ya que las prestaciones realizadas por la sociedad GRUPO PROMOINVEST, C.A. a favor de la sociedad mercantil CHALET INVERSIONES, C.A., durante la ejecución de una obra en la urbanización Los Castores, en nada se relacionan con la deuda adquirida por la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI quien según se desprende del contrato cuya nulidad se pretende, dio en venta a título personal un inmueble de su propiedad, incumplió igualmente con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la defensa de que operó la compensación en el pago de inmueble objeto del contrato de venta cuya nulidad se demanda no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Con base a lo anteriormente establecido, vale señalar, que el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; que no probó que el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demanda lo fue en dación de pago, o que la falta de pago se debió a la compensación de recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor, es forzoso concluir que, no habiendo el accionante en su condición de vendedor, recibido el pago del precio del inmueble, tal como se desprende de la posición jurada que le fuese estampada al representante de la sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., en su condición de comprador, ( ) dicho contrato está viciado de nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO, incoada por el ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., debe prosperar. En consecuencia, SE DECLARA NULA la venta protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario para los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 29 de julio de 2005, bajo el № 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios l al 3; en el cual el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, ( ) dio en venta pura y simple a la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 40, tomo 65-A; un lote de terreno identificado como Lote 3, ubicado el Municipio San Joaquín, Estado (sic) Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, ( ). Y ASI SE DECIDE. ( ). (Destacados propios del texto).
De la anterior transcripción de la sentencia recurrida, se evidencia que el juzgador de alzada estableció que el accionado de autos se excepcionó tanto en la contestación de la demanda como en la posición jurada, con base en que: 1) No había pagado el precio 2) porque habían suscrito un documento en dación en pago el cual tenía por objeto el mismo inmueble que es objeto del contrato cuya nulidad se solicita.
En este sentido, concluyó que del análisis del material probatorio traído a los autos, la parte demandada no demostró la compensación alegada en la contestación de la demanda como hecho extintivo de la obligación de pagar.
De manera tal, que evidenciándose que el juez superior no se fundamentó en la prueba de la posición jurada para declarar con lugar la demanda se constata que el juez de la recurrida no incurrió en la infracción del artículo 1.404 del Código Civil.
En consecuencia, en virtud de los razonamientos antes expuestos, se declara improcedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.
IV
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 1.360 del Código Civil, por incurrir en el vicio de falta de aplicación.
Alega textualmente el formalizante lo siguiente:
En el caso de autos, la propia parte actora promovió con el libelo, el instrumento fundamental de la demanda, esto es, el documento contentivo de la venta cuya nulidad demanda, protocolizado en fecha 29 de julio del año 2005 ante la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo, anotado bajo el No. 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios 1 al 3.
Omissis
Pero en lo sucesivo y en el resto de la sentencia, la recurrida no vuelve a mencionar el documento de venta, sino únicamente en el dispositivo del fallo PARA DECLARAR SU NULIDAD, es decir, la recurrida ciertamente menciona el documento contentivo de la venta cuya nulidad se demanda, señala los datos de su registro, pero no efectúa ninguna valoración probatoria del mismo.
Siendo que la parte demandante alegó que el precio de la venta no había sido pagado por mi representada, al momento de dar contestación a la demanda, mi mandante a través de su apoderado judicial alegó el precio de la venta SE HABÍA PAGADO mediante dación en pago, y que A TODO EVENTO (es decir, aunque no se hubiera alegado o probado la dación en pago) EL VENDEDOR DEMANDANTE DECLARÓ EXPRESAMENTE EN EL DOCUMENTO REGISTRADO Y ANTE EL FUNCIONARIO PÚBLICO COMPETENTE QUE HABÍA RECIBIDO EL PRECIO DE LA COSA VENDIDA (tal como se evidencia del folio 136 de la primera pieza, en el cual la empresa demandada en su contestación alegó:
Omissis
En el caso de autos, el demandante, al otorgar el documento de venta ante el funcionario público competente, declaró recibir conforme el precio de venta, por lo que ese hecho, es decir, que el vendedor demandante RECIBIÓ CONFORME EL PRECIO de venta del inmueble, queda probado con carácter de plena prueba con el propio documento contentivo de la venta, ya que la plena eficacia probatoria del mismo, tiene una única excepción, y es en los casos en los cuales se demuestre la simulación.
En el caso de autos, obviamente no se demostró, y ni siquiera se alegó simulación del contrato de venta, sino nulidad del mismo por vicios del consentimiento, por lo que el valor probatorio pleno de dicho documento, comprendía la plena prueba del pago del precio del inmueble, el cual declaró haber recibido el comprador, a conformidad.
De modo pues que el Juzgador sólo menciona el documento contentivo de la venta cuya nulidad se demanda, para dar por probada la existencia del negocio jurídico, señalando que "...se pronunciará sobre su valoración en la parte motiva del presente fallo..." lo cual nunca hace, tal como se evidencia de la lectura minuciosa del fallo.
Al efectuar un análisis absolutamente escueto de la prueba, concretamente del instrumento publico fundamental de la demanda, omitiendo toda valoración respecto a que el pago del precio de la venta quedaba probado con carácter de plena prueba, precisamente con dicho instrumento, es evidente que infringe por falta de aplicación el artículo 1.360 del Código Civil, que le confiere pleno valor probatorio a los documentos registrados, sobre "...la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae...".
Si el demandante declaró, en documento público cuya simulación no fue peticionada, que recibió conforme el precio de venta del inmueble, tal declaración tiene el valor de PLENA PRUEBA, conforme a lo dispuesto por el artículo 1.360 cuya desaplicación delato.
La falta de valoración del documento contentivo de la venta, impidió que la recurrida considerara demostrado el pago del precio de venta del inmueble, y siendo que la demanda fue declarada CON LUGAR precisamente por la presunta demostración de la falta de pago del precio, es por lo que la falta de valoración delatada, es determinante del dispositivo del fallo, ya que de haberse valorado apropiadamente dicho documento, la recurrida habría considerado probado el pago del precio, a conformidad del demandante vendedor .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante la falta de aplicación por el juzgador de la recurrida del artículo 1.360 del Código Civil, con base en que incurrió en el análisis parcial del contrato de venta promovido como documento fundamental de la demanda.
Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas se configura cuando el juez desatiende la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que le impone el deber de examinar todas las pruebas aportadas al proceso para poder fijar los hechos demostrados en el caso concreto, por tanto, tal norma debe ser denunciado por el formalizante en el vicio silencio de prueba como infringido por el juzgador de la recurrida por falta de aplicación, sin embargo y siendo que de la fundamentación de la misma se evidencia lo que quiso denunciar el recurrente, en virtud de ello la Sala en cumplimiento de los postulados previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a evitar formalismos inútiles pasa a examinar la presente denuncia en lo siguientes términos:
Ahora bien, respecto del vicio de silencio de prueba, se ha establecido que se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió . (Sentencia de la sala Civil Nº 235 de fecha 4 de mayo de 2009, caso: Julio Germán Betancourt, contra Virginia Portilla y otra).
Esta Sala ha señalado que para que el recurrente denuncie con éxito la referida infracción debe indicar además cómo la falta de examen de la prueba o su valoración parcial influye decisivamente en el dispositivo del fallo, recayendo sobre éste la carga de demostrar cómo la valoración de la prueba es capaz de cambiar la suerte de la controversia. (Cfr. Sentencia Nº RC-000214, de fecha 5 de abril de 2016, Expediente N° AA20-C-2016-638, caso: Lorena Bianey López Valera contra Alessandro Antoni Stagno.)
El formalizante alega que el juez de alzada incurrió en el silencio parcial de prueba y en consecuente infracción del artículo 1.360 del Código Civil, del documento público referido a la compraventa objeto del la acción de nulidad que se ventila en el caso de autos, al dejar de establecer el hecho de que el vendedor demandante RECIBIÓ CONFORME EL PRECIO de venta del inmueble .
Ahora bien, el artículo 1.360 del Código Civil, dispone lo siguiente:
El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación .
Establecido lo anterior, resulta pertinente pasar a transcribir parcialmente la decisión recurrida, a fin de verificar lo aseverado por el formalizante:
Decidido lo anterior, observa este Sentenciador, que fue sometida al conocimiento de esta Alzada, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha 06 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C A.
El ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, asistido por el abogado GUSTAVO RAFAEL CORDOVA OROPEZA, en el escrito libelar, alega que su mandante el día 16 de septiembre de 2004, adquirió un lote de terreno, identificado como Lote 3 Municipio San Joaquín, Estado Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, según documento protocolizado por ante la Oficina Inmobiliaria de Registro Público de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, bajo el Numero 50, folios del 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 36; el cual inicialmente fue adquirido por su mandante para la construcción de doscientas diecinueve (219) viviendas en la Urbanización Los Castores, ya que es socio mayoritario y Presidente de la empresa constructora CHALET INVERSIONES, C.A.; que su mandante, conoció al ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI, quien es el Director y Representante Legal de la Sociedad Mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., a quien contrató para el suministro y colocación de techos de las mencionadas viviendas; que inicialmente la propiedad de ese urbanismo le perteneció a la Asociación Civil Los Castores, luego la misma se desprende de la propiedad mediante Dación en Pago a la empresa ( HALET INVERSIONES, C.A., según documento registrado ante la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo, de fecha 15 de marzo de 2005; que cuando la empresa de su representado, CHAL IT INVERSIONES, C.A., adquiere la propiedad, se encuentra con una situación de inexperiencia comercial de venta, es decir, a pesar que proyectaba la construcción y la venta de las viviendas, a las cuales previamente se le había tramitado el permiso de construcción ante la Alcaldía del Municipio San Joaquín, y el permiso de factibilidad de los servicios ante Hidrocentro y Eleoccidente, respectivamente, e incluso había hecho el movimiento de tierra y se había construido una casa modelo, además de una campaña publicitaria en los medios de comunicación desde el 14 de noviembre de 2004 (Revista Paréntesis), y la instalación de una de pre-venta; que cuando la empresa de su mandante recibe dicha propiedad se vio en la imperiosa necesidad de solicitar asesoría para la venta de dichas viviendas, tanto para la venta de contado, como para la venta a organismos públicos como: el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI); que en el mes de mayo de 2005, el ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI formula a su mandante propuestas de negociaciones, consistentes en la venta de las viviendas de la Urbanización Los Castores ante el CONAVI, conjuntamente con una propuesta del terreno identificado como lote 3, comenzando así los hechos concretos que generan la presente demanda; que la propuesta consistía en la venta de las mencionadas viviendas que para ese momento su mandante construía en la Urbanización Los Castores, formulándole a su patrocinado, que el terreno donde se construirían esas viviendas, iba a ser comprado por la Sociedad de Comercio que él representa por la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00), a través de un pago en efectivo en la protocolización del documento de venta, dinero éste que según lo dicho por el mencionado ciudadano, lo pagaría un tercero, en este caso, el Coronel EUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO .. SEQUERA; que para empezar la obra, el Gobierno Nacional sólo exigía como requisito presentar el documento de propiedad y una descripción del proyecto del desarrollo urbanístico ante el CONAVI; que luego en forma inmediata el CONAVI, pagaría por adelantado el treinta por ciento (30%), de ciento sesenta y ocho (168) viviendas que era el mismo proyecto urbanístico que su mandante anteriormente tenía; que ciertamente el ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI, le gestionó el pago a la empresa CHALET INVERSIONES, C.A., ante el CONAVI por la venta de sesenta (60) viviendas, expedido el día 26 de mayo de 2005, a través de cheque de gerencia del Banco Banesco número 09990722, por la suma de UN MILLARDO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.292.280.000,00), la cual fue depositada personalmente por el ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI al día siguiente, o sea, el día 27 de mayo de 2005, a la cuenta a nombre je la empresa CHALET INVERSIONES, C.A., Cuenta Corriente No. 3-0099762120210001 del Banco Banesco ( ); que el hecho que su mandante haya confiado en depositarle al mencionado ciudadano DANIEL DIMETIA MARIANI tan alta suma de dinero, este hecho sin duda alguna, conjuntamente con el enmarañamiento que le hizo a su mandante, confiando en que le iba a ser efectivo el pago en plazo de ocho (8) días, tal como fue convenido, en el momento de la protocolización del documento de venta del terreno, protocolización que tuvo lugar ante la Oficina de Registro Inmobiliaria de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 29 de julio de 2005, inserto bajo el № 26, Tomo 32, Protocolo Primero, folios 1 al 3 y fue ese día que cambió la versión es decir, no le dio oportunidad de valorar dicha propuesta, argumentando que por cuanto no se había hecho efectivo un cheque de un tercero; que esa actitud le sirvió para confundir y sorprender aun mas a su representado, para que no quedara lugar a dudas, de que si le cumplía depositándole la suma de UN MILLARDO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs 1.292.280.000,00), más rápido le cumpliría el pago de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00); que el comprador debe pagar en el día y en el lugar determinado por el contrato, que dicha formalidad la establece el Artículo 1.527 del Código Civil; que la omisión de la formalidad de determinar el lugar y tiempo de pago en el contrato de venta, lo subsana el Legislador en el artículo 1528 ejusdem, que establece cuando nada se ha establecido respecto a esto, el Comprador debe pagar en el lugar y en la época en que debe hacerse la tradición; que la situación en la cual se encuentra inmerso su representado, siendo engañado en la forma anteriormente expuesta, le ha generado daños y perjuicios, por cuanto su mandante previamente a la propuesta nefasta y dolosa del ciudadano DANIEL Di MATTIA MARIANI, tenía su propio proyecto urbanístico de construcción de viviendas, de tal manera que, dicha propuesta engañosa no solamente ha desmejorado la situación personal de su cliente al verse disminuido y lesionado su patrimonio, sino que adicionalmente ha dejado de percibir ingresos en la ejecución de ese conjunto residencial, lo que indica que el daño no se circunscribe únicamente al desprendimiento de una propiedad vendida, sino que incluye al lucro cesante, el cual comienza desde el momento en que el representante legal de la demandada le formula propuestas de negocios sobre la venta de las viviendas que se construirían en la Urbanización Chalet Central, lo que trajo como consecuencia que dicha propuesta de negocios, hizo que su mandante desistiera a través de su empresa, del desarrollo de la Urbanización Chalet Central, pese haber tenido los permisos pertinentes previamente aprobados; que igualmente demanda como daños y perjuicios las innumerables gestiones extrajudiciales para que el ciudadano DANIEL DI MATTIA MARIANI le reintegre la propiedad del terreno anteriormente mencionado; que la Sociedad Mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., no tiene ni nunca ha tenido la solvencia económica para celebrar una transacción de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00) por la compra del terreno objeto de esta demanda; que de sus declaraciones de impuestos sobre la renta, se evidencia que desde el momento de su constitución en el periodo del año 2000, no tuvo actividad; que en la declaración de impuesto sobre la renta, desde el 01 de enero del año 2003, hasta el 31 de diciembre de 2003, la empresa tuvo una ganancia neta de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MI. DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMO! (Bs. 6.578.256,50), y según la declaración de impuesto sobre la renta ( desde el 01 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, le arrojó a dicha empresa b cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 3.669.295,94), que los contratos de suministro e instalación de techos anteriormente mencionados, no fueron cumplidos en su totalidad por falta de solvencia económica de la empresa GRUPO PROMOINVEST, C.A.; Omissis
En el caso de autos, el accionante pretende la nulidad del contrato de compra venta suscrito por el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, con el carácter de vendedor, y la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el carácter de comprador, sobre el inmueble constituido por un terreno ubicado en el Municipio San Joaquín del Estado (sic) Carabobo, cuyos linderos y especificaciones se encuentran descritos en dicho instrumento, fundamentado en el hecho de que la demandada no pagó el precio estipulado en el contrato, siendo que a su vez, la parte demandada al excepcionarse negó, rechazó y contradijo que su representada no hubiese pagado el precio de venta del inmueble, señalando por una parte, que el accionante sí recibió la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 600.000.000,00), y por otra, que realmente lo que había ocurrido era una dación de pago puesto que el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, pagaba con el lote de terreno de su propiedad las obligaciones que su representada, entidad CHALET INVERSIONES C.A., tenía a favor de la entidad GRUPO PROMOINVEST C.A., y del ciudadano DANIEL DI MATTIA, lo que hace necesario traer a colación, las reglas sobre distribución de la prueba según los hechos expuestos, conforme a la clasificación que al respecto, exponen los profesores HUGO ALSINA y COUTURE. (Subrayados y resaltados propios de esta Sala).
En este sentido, el artículo 133 del proyecto Couture, establece: Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión . Inspirándose en dicho proyecto el código modelo procesal civil para Iberoamérica, adopta en el artículo 129 la siguiente regla: Corresponde probar, a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión , de allí, que la carga de la prueba, como toda carga procesal, es un deber fina y no un deber en sentido jurídico.
( Omissis )
Constituyendo carga probatoria del accionado el demostrar que efectivamente, tal como afirmase, había cancelado el precio estipulado para la venta; se evidencia de las pruebas aportadas a los autos, específicamente de la evacuación de las posiciones juradas, absueltas por la parte demandada, sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., al habérsele efectuado la Décima Octava Posición Jurada ¿Diga cómo es cierto que su representada no pagó los seiscientos millones de bolívares en el Registro Inmobiliario, el día 29 de julio de 2005 fecha en la cual se protocolizó el documento de venta del inmueble objeto de este juicio? Contestó: Mi representada es verdad que no emitió pago a favor del vendedor, porque hasta esa fecha, era el vendedor según el contrato suscrito que le debía a mi representado sumas mayores que el valor del inmueble y lo que estaba haciendo realmente era una dación en pago con el inmueble objeto del litigio para amortizar la deuda que el actor con mi representada , de lo que se desprende, por una parte, que efectivamente el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo que el accionado de autos al excepcionarse alegó que tal omisión, vale señalar, el que no había realizado el pago del precio, se correspondía con el hecho de que lo que efectivamente se suscribió fue una dación de pago, afirmación ésta, que materializa una inversión de la carga probatoria u omnus probando, al alegar la existencia de una relación contractual distinta a la de la compra-venta.
En efecto, siguiendo los tratadistas BELLO LOZANO y BELLO MÁRQUEZ (La prueba y su Técnica y Tratamiento de Medios de Prueba en el Nuevo CPC), es la naturaleza de los hechos afirmados o negados lo que determina la carga probatoria. Debiendo el Juez acudir a la carga objetiva de la prueba, en el caso de autos, la existencia del contrato de dación en pago. Por ello, en el caso bajo estudio, en principio, cuando el demandado alega la existencia de un contrato diferente es a el que le corresponde la carga de la prueba y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, siendo evidente que bajo la modificación, planteada por el accionado al excepcionarse, al señalar la existencia de una relación jurídica distinta a la pretendida; es a éste a quien le corresponde la carga de probar bajo el principio "Reus in excipiendo, fit actor", que expresa que "el reo cuando se excepciona, asume la carga de la prueba del hecho afirmado", bien sea por ser modificativo, como en el caso de autos, extintivo, constitutivo o impeditivo, tal como señalase la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 16 de marzo de 1967, al asentar: ' ...el artículo 1.354 del Código Civil no es más que la aplicación de la regla: "omnus probando incumbit actoris, sed reus in exceptione fit actor", con lo cual se quiere decir que el actor debe, en principio, probar la certeza de los hechos afirmados por él, siempre que el demandado no alegue algo que lo favorezca, pues en ese último caso la prueba debe ser hecha por éste; y no sólo cuando se trata de la extinción de la obligación, que es lo expresado en la parte in fine del artículo supra citado, sino también, cuando :e alegue un hecho modificativo y aún impeditivo de la misma, pues en éstos últimos cobra vigencia el principio doctrinario que contempla: "onus probandi ei qui dicit"...".
En el caso de autos, el actor invoca a su vez la existencia de una dación de pago, siendo que, del análisis del material probatorio aportado a los autos, no se desprende ningún elemento capaz de probar que lo que se pretendía al suscribir el contrato de copra venta cuya nulidad se demanda lo fue recibir en pago el inmueble objeto de la operación de compra-venta cuya nulidad se demanda, "datio in solutum", que es cuando el acreedor accede a recibir a título de pago una prestación distinta a la que constituía el contenido de la obligación debida (aliud pro alio) con acuerdo para tener por extinguida la obligación (dación solutoria). calificándose por la jurisprudencia como "contrato oneroso de enajenación", que tiene por finalidad la sustitución del pago por esa transmisión; dado que, con la entrega de tales bienes y la voluntaria aceptación por parte del acreedor, ha de subsumirse, no en tal compensación, sino en una especie de pago parcial integrador de la figura liberatoria que la doctrina ha constituido bajo la denominación de DACIÓN EN PAGO -"DATIO IN SOLUTUM". Siendo una forma especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la identidad de la prestación o lo que se conoce por la doctrina actual con el nombre de "subrogado del cumplimiento", cuyo efecto, no siendo un pago "stricto sensu", produce los efectos de este; que no es otro que el cumplimiento de la obligación y la extinción de esta; y constituyendo carga probatoria del accionado el probar el nuevo hecho alegado, al no haberse aportado a los autos ningún elemento probatorio que trajese al ánimo de este Sentenciador de que efectivamente, el inmueble dado en venta lo fue en dación de pago, incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, la defensa de que el inmueble fue entregado en dación de pago no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, observa este Sentenciador que, el accionado de autos al excepcionarse alega igualmente que el inmueble objeto le la venta cuya nulidad se demanda, fue producido como compensación entre las partes; constituyendo carga probatoria del accionado el probar la existencia y los montos de las obligaciones a compensarse. Y siendo que el accionado de autos no aportó ningún elemente probatorio que demostrase que las personas, entre las cuales apuestamente se produjo la compensación alegada, son recíprocamente acreedoras o deudoras una de otra; ya que las prestaciones realizadas por la sociedad GRUPO PROMOINVEST, C.A. a favor de la sociedad mercantil CHALET INVERSIONES, C.A., durante la ejecución de una obra en la urbanización Los Castores, en nada se relacionan con la deuda adquirida por la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., con el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI quien según se desprende del contrato cuya nulidad se pretende, dio en venta a título personal un inmueble de su propiedad, incumplió igualmente con la carga probatoria que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la defensa de que operó la compensación en el pago de inmueble objeto del contrato de venta cuya nulidad se demanda no puede prosperar; Y ASI SE ESTABLECE.
Con base a lo anteriormente establecido, vale señalar, que el accionado de autos no pagó el precio estipulado en el contrato de compra-venta; que no probó que el inmueble objeto de la venta cuya nulidad se demanda lo fue en dación de pago, o que la falta de pago se debió a la compensación de recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor, es forzoso concluir que, no habiendo el accionante en su condición de vendedor, recibido el pago del precio del inmueble, tal como se desprende de la posición jurada que le fuese estampada al representante de la sociedad mercantil PROMOINVEST C.A., en su condición de comprador, ( ) dicho contrato está viciado de nulidad; por lo que, la presente acción de NULIDAD DE CONTRATO, incoada por el ciudadano NASSIB RICHANI ANWAR HASSAN, contra la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., debe prosperar. En consecuencia, SE DECLARA NULA la venta protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario para los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, en fecha 29 de julio de 2005, bajo el № 26, Tomo 32, Protocolo Primero, Folios l al 3; en el cual el ciudadano ANWAR HASSAN NASSIB RICHANI, ( ) dio en venta pura y simple a la sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Miranda, en fecha 12 de septiembre de 2002, bajo el No. 40, tomo 65-A; un lote de terreno identificado como Lote 3, ubicado el Municipio San Joaquín, Estado (sic) Carabobo, específicamente en la antigua Hacienda El Carmen y que formaba parte de una mayor extensión de 26 hectáreas, ( ). Y ASI SE DECIDE. ( ). (Destacados propios del texto).
De la transcripción anterior de la sentencia recurrida, se evidencia en primer término que el juicio se fundamenta en el hecho de solicitar la nulidad del contrato de venta suscrito entre las partes, con base en que hubo dolo en el consentimiento al suscribir el contrato por parte del vendedor bajo la creencia de que el comprador pagaría el precio de la venta en ocho (8) días contados a partir de la protocolización del mismo.
Al respecto, se evidencia que en el análisis de la sentencia recurrida, que el ad quem precisó que el hecho controvertido es que no hubo pago, como consecuencia del vicio en el consentimiento del documento suscrito, de ello se precisó que el demandado dio por cumplida su obligación con base en que ese inmueble había sido objeto de una dación en pago lo cual a decir del juzgador, no fue demostrado en autos pues no consta el documento en el que se verifique dicha dación.
Siendo ello así se evidencia que el juez de alzada mal podrá aplicar la citada norma si justamente lo controvertido es la veracidad de lo declarado en el citado documento.
Al respecto, es preciso aclarar en relación a la interpretación del contenido del artículo 1.360 del Código Civil. Lo siguiente:
en cuanto a la denuncia del Art. 1.360, considera esta Sala que dicho texto no se infringe sino cuando el sentenciador desconoce la fe y los efectos probatorios que la ley asigna al instrumento público, pero no cuando no encuentra en él la prueba del hecho que le atribuye la parte promovente, toda vez que esto último cae bajo la soberanía de que están investidos los jueces para la apreciación de las pruebas . (Nerio Perera Planas. Obra: Código Civil Venezolano. Tercera Edición. Caracas-Venezuela. Pag 801).
En consecuencia, y en aplicación de los razonamientos precedentemente expuestos al caso de autos, se evidencia que no hubo infracción del artículo 1.360 del Código Civil, por lo que se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandada sociedad mercantil GRUPO PROMOINVEST, C.A. en la persona de su presidente DANIEL DI MATTIA MARIANI, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, de fecha 12 de abril de 2016.
Se condena en costas del recurso extraordinario de casación a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil diecisiete Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
___________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
__________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
RC N° AA20-C-2016-000726
NOTA: Publicada en su fecha, a las
Secretario Temporal,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias