Sentencia N.º RC.000302
- Sentencia
- N.º RC.000302
- Fecha
- 18/05/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-780
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000780
Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores
En el juicio por cumplimiento contrato de opción a compra venta, intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, por la ciudadana YENNYS MARÍELA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ, representada judicialmente por los abogados Mario Rafael Marruffo y Richard José Cardozo, contra los ciudadanos ELIAS DAGLIMANJIAN AKOURI y JOSEPHINE SAYEGH DE DAGLIMANJIAN, patrocinados judicialmente por los abogados José Antonio Moreno Miquilena, Emilia Elena Scott Arvelo, José Miguel Ugueto Escobar y Juan Ramón Hernández Osuna; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 5 de agosto de 2016, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró:
PRIMERO: sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 02 (sic) de marzo de 2016 por el abogado en ejercicio José Antonio Moreno Miquilena (IPSA Nº 63.142), en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito, y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 26 de Febrero de 2016.
SEGUNDO: se confirma en todas y cada una de sus partes la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Seis (2016) en consecuencia se declara: PRIMERO: sin lugar la falta de cualidad activa alegada por los ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh De Daglimanjian venezolanos, mayores de edad, casado, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad nros: V-8.426.914 y V.-8.426.912, respectivamente con domicilio en la Avenida Perimetral, Edificio Manaure, Piso 06, Apartamento 6-B, Urb. Residencias Vista La Mar, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre. SEGUNDO: sin lugar la falta de cualidad pasiva alegada por los ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh De Daglimanjian, venezolanos, mayores de edad, casado, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad nros: V-8.426.914 y V.-8.426.912, respectivamente con domicilio en la Avenida Perimetral, Edificio Manaure, Piso 06, Apartamento 6-B, Urb. Residencias Vista La Mar, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre. TERCERO: sin lugar la inadmisibilidad de la pretensión, de los ciudadanos Elías Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh de Daglimanjian, venezolanos, mayores de edad, casado, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad nros: V-8.426.914 y V.-8.426.912, respectivamente con domicilio en la Avenida Perimetral, Edificio Manaure, Piso 06, Apartamento 6-B, Urb. Residencias Vista La Mar, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre. CUARTO: reconocida la instrumental recibo de pago anexado con la letra a-1, inserto al folio 143 del presente expediente objeto de cotejo. QUINTO: con lugar la pretensión de cumplimiento contrato de compra-venta del inmueble, autenticado en fecha veintitrés (23) de Mayo de dos mil trece (2013), inserto bajo el Nº 61, tomo 94 de los libros de Autenticaciones de la Oficina de Notaria Publica de la Ciudad de Cumaná, ubicado en el Conjunto residencial Gran Mariscal de Ayacucho (segunda etapa), en la ciudad de Cumaná, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre Del Estado Sucre, identificado con el Nº 402-01, planta baja del edificio Nº 402, Bloque 09 del Conjunto Residencial, interpuesta por la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, titular de la cédula de identidad Nº V-9.279.027, contra los ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh de Daglimanjian, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.426.914 y V-8.426.912, respectivamente. SEXTO: se ordena a la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-9.279.027, a cancelar a los ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh De Daglimanjian, quienes son venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.426.914 y V-8.426.912, respectivamente, la cantidad de trescientos mil bolívares (300.000,00 Bs.) por concepto de saldo restante de compra-venta del inmueble ubicado en el Conjunto residencial Gran Mariscal de Ayacucho (segunda etapa), en la ciudad de Cumaná, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre Del Estado Sucre, identificado con el Nº 402-01, planta baja del edificio Nº 402, Bloque 09 del Conjunto Residencial. SEPTIMO: se ordena a los ciudadanos Elias Daglimanjian y Josephine Sayegh Akouri De Daglimanjian, supra identificados, a dar cumplimiento al contrato de compra-venta del inmueble, autenticado en fecha veintitrés (23) de Mayo de dos mil trece (2013), inserto bajo el Nº 61, tomo 94 de los libros de Autenticaciones de la Oficina de Notaria Publica de la Ciudad de Cumaná, sobre el inmueble ubicado en el Conjunto residencial Gran Mariscal de Ayacucho (segunda etapa), en la ciudad de Cumaná, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre Del Estado Sucre, identificado con el Nº 402-01, planta baja del edificio Nº 402, Bloque 09 del Conjunto Residencial, en consecuencia se les ordena otorgar el respectivo documento de propiedad ante la Oficina de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Sucre, del inmueble identificado como un apartamento, Protocolizado por ante la Oficina de Registro Público Del Municipio Sucre Del Estado Sucre, en fecha quince (15) de octubre del año dos mil dos (2.002), registrado bajo el Nro. 46, Folios 289 al 293, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Cuarto Trimestre de dicho año en favor de la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, C.I. Nº V-9.279.027, en caso de no dar cumplimiento a la obligación contraída por ellos y ordenada por este Tribunal, se ordena oficiar al Registro Público del Municipio Sucre del Estado Sucre a los fines de que estampe en el libro respectivo la nota en la que conste que este Tribunal ha declarado como propietaria del inmueble supra descrito a la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, C.I. Nº V-9.279.027; OCTAVO: sin lugar las pretensiones de resolución de contrato y daños y perjuicios propuesta por los ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh de Daglimanjian, quienes son venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.426.914 y V-8.426.912, contra la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, titular de la cédula de identidad Nº V-9.279.027; NOVENO: Se Condena a la parte demandada ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh De Daglimanjian, supra identificados, al pago de las costas y costos del presente proceso por haber resultado totalmente vencida en esta causa, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Queda la parte demandada condenada en costas del presente recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil
Contra la preindicada sentencia la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado, no hubo impugnación.
Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 15, 206, 208, 212 y 341 ejusdem y de los artículos 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa de sus representados, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con lo previsto por el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa por violación de los artículos 15, 206, 208, 212 y 341 eiusdem y de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
...omissis
Pues bien, en el escrito de informe, la parte demandada hizo un alegato determinante para las resultas del presente proceso: la existencia de un litisconsorcio activo necesario, ya que de los medios probatorios aparece evidenciado que el ciudadano William de Jesús Villa Valera (el cual no demandó) es concubino de la parte demandante y que prestó su consentimiento en el negocio y en la garantía hipotecaria accesoria al negocio principal; por lo que, por ende, la demanda debió ser intentada conjuntamente con dicho ciudadano, ya que su persona forma parte de la relación sustancial discutida; y que por no haber intentado dicho concubino la demanda con la parte actora se produce una falta de cualidad activa en el presente procedimiento.
En efecto, en el escrito de informes la parte demandada expresa que de las actas de este expediente se evidencia la existencia de un litisconsorcio activo necesario, ya que aparece el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera (quien es venezolano, con cédula de identidad número 20.347.707 y concubino de la parte actora reconvenida, ciudadana Yennys Mariela Marquez Velazquez) vinculado en torno al hecho concreto que motiva la pretensión de la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, como se deduce de los medios probatorios siguientes:
omissis
Entonces, como quiera el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera está vinculado jurídicamente desde el punto de vista del derecho sustantivo en la negociación debe integrar obligatoriamente la relación procesal en esta causa.
Al no haberse incorporado a la misma conjuntamente con la demandante causa el efecto lógico de impedir la resolución debida del fondo de la controversia por no cumplirse con la satisfacción de uno de los presupuestos procesales o presupuestos favorables para dictar la sentencia de mérito, como lo es la cualidad activa; y, por tal motivo, la recurrida debió ordenar la integración de dicho litisconsorcio.
omissis
En consecuencia, en virtud de que la recurrida incurrió en un quebrantamiento de formas sustanciales de actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa, violando los artículos 15, 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicito que se case y anule la recurrida de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 320 eiusdem, ordenando al nuevo Juez de Reenvío que integre la relación litisconsorcial correspondiente. (Resaltado de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que la recurrente denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa de sus representados, por cuanto existe una falta de cualidad activa en el presente procedimiento por lo que debió ordenar la integración de dicho litisconsorcio.
En ese sentido y atención al vicio delatado, esta Sala, en sentencia N° RC-420, de fecha 29 de julio de 2013, caso: Irais Dugarte de Yánez contra Norvis Alberto López Palencia, ratificada en sentencia N° RC-421, de fecha 15 de julio de 2015, caso Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otra señaló lo siguiente:
Sobre la manera adecuada en que deben formularse las denuncias de indefensión o violación del derecho a la defensa, esta Sala en sentencia N° RC-000067 de fecha 11 de marzo de 2010, caso: Nellys del Carmen Zerpa Salazar contra Francesco Melillo y otro, exp. N° 09-363, reiterando decisión de esta Sala, Nº RC- 001038 de fecha 8 de septiembre de 2004, caso: Luís Ramón Rada Arencibia contra Eleonora Ducharne, exp. N° 04-354, estableció lo siguiente:
En este orden de ideas, la Sala en uso de su facultad pedagógica, considera oportuno señalar la técnica adecuada para la correcta formalización de las denuncias que versen sobre una invocada indefensión o menoscabo del derecho de defensa, establecida por esta Máxima Jurisdicción mediante jurisprudencia, pacífica, reiterada e inveterada, entre otras, en decisión N° 687, de fecha 27 de julio de 2004, Exp. N° 2003-00897, en el caso de Elmano Isidro Ferreira contra Haydee Baptista Bonachera, y otros, estableció:
...En cuanto a la denuncia aislada del artículo 15 del Código Adjetivo Civil, la Sala ha señalado que ello es inadmisible; en tal sentido se permite transcribir decisión de fecha 13 de abril de 2000, Exp. 91-719, sentencia N° 107, en el caso de Antonio Reyes Andrade y otros contra Livia Escalona de Ayala, en la cual se dijo:
...Si bien es cierto que la nueva Constitución tiende a flexibilizar los rígidos y doctrinarios formalismos; sin embargo esa flexibilidad no puede implicar el abandono total de una correcta técnica en el planteamiento de las denuncias, mantenida en forma reiterada y pacífica por los cánones procesales que rigen el instituto de la casación, devenida de su propia naturaleza de revisión de derecho.
Al respecto, en sentencia del 11 de noviembre de 1993, esta Sala expresó:
Una correcta técnica de denuncias de infracción basadas en indefensión o menoscabo del derecho de defensa y apoyadas en el respectivo supuesto del Ordinal (sic) 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, implica necesariamente lo siguiente:
a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada.
b) Indicar cómo, con tal quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos, se lesionó el derecho de la defensa o el orden público, según el caso, o ambos.
c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público, lo ha sido por el Juez de la causa, y si considera procedente la reposición de la misma, denunciar la infracción del artículo 208 de la Ley Procesal, la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o los que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretarse en ella la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las normas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesiona el Tribunal de la causa.
d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma contenida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, deben denunciarse como infringidas las disposiciones referentes al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de la recurrida.
e) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos . (Subrayado de la Sala).
Con base a la anterior doctrina, se observa que la recurrente, en su exposición de menoscabo del derecho a la defensa de sus representados, plantea que la recurrida no conformó debidamente el litisconsorcio activo conjuntamente con el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera, lo que de prosperar pudiera generar la declaratoria de sin lugar de la demanda, pero a su vez solicita a esta Sala que ordene al nuevo Juez de Reenvío que integre la relación litisconsorcial correspondiente, lo que evidencia su falta de enfoque en el vicio delatado al entremezclarlo con el planteamiento de una reposición no decretada, siendo que las consecuencia de la declaratoria con lugar del recurso de casación, son diferentes en uno y otro caso, sin embargo, la Sala por encontrase frente a una posible hipótesis que pudiera lesionar el orden público, dada la naturaleza de las normas denunciadas, pasa a verificar las actas que conforman el presente expediente y al efecto observa:
Corre inserto a los folios 477 al 497 de la única pieza del expediente, escrito contentivo de informes presentados ante la alzada el cual contiene:
DE LA EXCEPCIÓN DE INADMISIBILIDAD POR FALTA DE CUALIDAD POR LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO.
Ciudadana jueza, de las actas de este expediente se puede observar que existe en esta causa lo que la doctrina y jurisprudencia han denominado como litisconsorcio activo de carácter necesario, en el sentido de que se despliega claramente de los distintos documentos y recaudos promovidos por la parte actora como medios de pruebas, que aparece como persona de gran importancia, el ciudadano Wiliam de Jesus Villa Valera, venezolano, titular de la cedula de identidad N° 20.347.707, concubino de la parte actora reconvenida, ciudadana Yennys Mariela Marquez Velázquez, y la demanda que dio inicio a esta causa, solo fue suscrita por la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velázquez, cuando por tener una relación sustancial con el ciudadano Wiliam de Jesus Villa Valera, debió ser suscrita por ambos y no por uno solo de ellos, razón porque es meramente inadmisible por falta de cualidad activa de la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velázquez por configurarse un litis consorcio activo necesario, y así debe ser declarado por este tribunal en la definitiva. (Sic) (Resaltado de la Sala)
Con respecto al anterior alegato, la recurrida sostuvo:
( )Los demandados en la oportunidad procesal correspondiente alegaron en su escrito de informes, la falta de cualidad activa de la actora, argumentando que el ciudadano William Villa al ser cónyuge (sic) de Yennys Márquez tiene capacidad para ser parte en el juicio y que HATURON DAGLIMANJIAN, hijo de los demandados, al aparecer como beneficiario de un cheque por la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES (47.000,00 Bs), se le vulnera el derecho a la defensa y forma parte de la relación procesal.
omissis
En tal sentido, para que una persona pueda ser catalogada como parte demandante o actora en un proceso (legitimación activa), debe ser titular del derecho sustantivo que reclama ante el órgano jurisdiccional, en otras palabras, debe tener la cualidad de acreedor en la relación obligacional, de lo contrario, no puede exigir su cumplimiento y en consecuencia, mal podría ser llamado parte en el proceso; del mismo modo, para que una persona pueda ser parte demandada en un proceso (legitimación pasiva), debe ser aquella que reúna la cualidad de deudor en el plano obligacional, es decir, esa persona que en vista del incumplimiento de una determinada obligación se le exija ante un proceso el cumplimiento de la misma.
Así pues, evaluado el alegato de los demandados sobre la falta de cualidad activa y falta de cualidad pasiva, se observa del análisis del cúmulo de medios probatorios, que en el instrumento público de contrato de opción de compra y venta las partes intervinientes son Yennys Márquez como parte compradora y Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh de Daglimanjian como vendedores de un inmueble tipo apartamento ubicado en la parroquia Valentín Valiente, Urbanización Gran Mariscal, en el ciudad de Cumaná Municipio Sucre, Estado Sucre, por lo que del mismo surge obligaciones para cada una de las partes originada de una fuente contracutal, por una parte Yennys Márquez la obligación de cancelar el monto de quinientos cincuenta mil bolívares (550.000,00 Bs) y por la otra, los vendedores Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh De Daglimanjian con la obligación de firmar la protocolización del inmueble ante el Registro Inmobiliario y en consecuencia, la obligación de hacer que consiste en la tradición material del inmueble, es así que el ciudadano William Villa, al no aparecer como interviniente del contrato de opción de compra y venta, no se le puede entender como parte del proceso por el hecho de ser concubino de la actora, además que a la actora fue a quien se le concedió el crédito hipotecario del banco bicentenario para la adquisición de vivienda, por ende, quien tiene la titularidad de la acción en cuanto al derecho que se reclama es Yennys Márquez. Y así se decide.(Resaltado de la Sala)
Como puede apreciarse de la transcripción parcial de la sentencia recurrida, se desprende que la misma tomó en consideración y se pronunció sobre el alegato de falta de cualidad activa realizado, de forma confusa, por la parte demandada en sus informes ante la alzada y una vez analizados los elementos de prueba promovidos por ambas partes en juicio, sustentó su decisión en que el ciudadano William Villa, al no aparecer como interviniente del contrato del cual se demanda su cumplimiento, no se le puede tener como parte del proceso por el hecho de ser concubino de la actora, además que a la actora fue a quien se le concedió el crédito hipotecario del banco (sic) bicentenario (sic) para la adquisición de vivienda, por ende, quien tiene la titularidad de la acción en cuanto al derecho que se reclama es Yennys Márquez , de lo que se desprende que contrario por la recurrente en esta oportunidad, no existe la ocurrencia del vicio que se le endilga a la recurrida en ninguna de sus manifestaciones, por cuanto tal y como lo estableció, no se discute en juicio ninguna pretensión de la que sea titular el referido ciudadano y sobre la cual deba recaer una decisión de manera uniforme sobre este y la actora, ya que no se ventila en juicio ninguna pretensión de disposición ni enajenación de un bien propiedad de aquel ni de la supuesta comunidad concubinaria, aunado a que sobre la cual no consta en actas, ninguna prueba que declare esa unión. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia de los artículos 15, 206, 208, 212 y 341 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 15, 206, 208, 252 y del único aparte del artículo 402 todos del Código de Procedimiento Civil, alegando el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa de sus representados, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con lo previsto por el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la omisión de una forma sustancial de los actos procesales que lesiona orden público por infracción del artículo 252 y del único aparte del artículo 402, ambos del Código de Procedimiento Civil, concatenado con la violación de los artículos 15, 206 y 208 eiusdem.
omissis
Ciudadanos Magistrados, como antes se indicó, en el presente caso una contratante (Yennys Mariela Marquez), que prometió comprar en un contrato de opción de compraventa, pretende el cumplimiento del negocio demandando a los contratantes (Elias Daglimanjian Akori y Josephine Sayegh De Daglimanjian) que prometieron vender.
Pues bien, la parte actora promovió una serie de medios probatorios con los cuales pretendía demostrar que había pagado una parte del precio dentro del lapso contractual convenido; en efecto, la parte actora acompañó a su demanda una copia simple de un documento privado (recibo), el cual fue impugnado por los demandados en el escrito de contestación por tratarse de una copia simple de un documento privado; luego, el original de dicho documento privado fue presentado en el lapso de promoción de pruebas y la parte demandada se opuso a su admisión por tratarse de un documento fundamental de la pretensión sobre el cual no se indicó en la demanda el lugar donde se encontraba (artículo 434 del Código de Procedimiento Civil) y por no haberse promovido de conformidad con el trámite ordenado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil (documentos privados emanados de terceros).
Por esta razón, el auto de fecha 8 de abril de 2015, por el cual el Tribunal a quo admitió dichas pruebas de la actora fue apelado por la parte demandada en fecha 25 de octubre de 2013, ya que lo correcto debió haber sido la declaratoria de inadmisibilidad de dicho medio probatorio (Planilla de entrega de documentos y el recibo de pago especificados con la letra G, referido al supuesto pago de los Bs 50.000 por concepto de saldo del precio) por ser una prueba ilegal en razón de no haber sido promovidos de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, mientras se tramitaba la apelación interlocutoria, el Juzgado a quo indebidamente le aplicó el cotejo previsto para las copias de documentos públicos previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Posteriormente de acuerdo con el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil la alzada dictó la sentencia interlocutoria respectiva en fecha 22 de septiembre de 2015, declarando parcialmente con lugar dicho recurso de apelación de los demandados, modificando el auto de admisión de los medios probatorios, determinando la ¡nadmisibilidad de la Planilla de entrega de documentos y el recibo de pago especificados con la letra G (referido al supuesto pago de los Bs 50.000 por concepto de saldo del precio) por ser pruebas ilegales en razón de no haber sido promovidos de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de dicha apelación interlocutoria, son nulas todas las actuaciones judiciales que se realizaron respecto a los recibos de pago identificados con la letra G, puesto que estas pruebas no fueron admitidas por la Alzada por ser ilegales, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
Pero fue el caso concreto, ciudadanos Magistrados, que a pesar de la existencia de dicha sentencia firme de inadmisibilidad de esas pruebas dictada por la Alzada, la recurrida les dio valor probatorio a ese recibo de pago, de tal manera que consideró que la parte actora sí había cumplido con el pago de dicha cantidad de Bs 50.000.
omissis
Pues bien, ciudadanos Magistrados, este modo de proceder por parte de la recurrida no es correcto, ya que la propia Alzada está contradiciendo una sentencia interlocutoria firme que ese mismo Juzgado Superior dictó, con lo cual violó la prohibición legal dé no revocatoria ni reforma de las decisiones interlocutorias que un Juzgado dicte, prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, lo cual constituye un quebrantamiento de una forma procesal en la cual está interesado el orden público.
Igualmente, dicha incorrecta actuación procesal, a su vez, produjo otro vicio in procedendo, ya que, como previamente existía una sentencia interlocutoria firme de inadmisibilidad de dicha prueba, al haberla apreciado la recurrida, incurrió en la violación del único aparte del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil que ordena que dicha prueba no debe ser apreciada si llegara a ser evacuada.
En consecuencia, la actuación procesal correcta que la recurrida debió realizar era la de darle cumplimiento a los artículos 252 y 402 del Código de Procedimiento Civil, esto es: respetar su propia sentencia interlocutoria de fecha 22 de septiembre de 2015, que había declarado la inadmisibilidad de la Planilla de entrega de documentos y el recibo de pago especificados con la letra G (referido al supuesto pago de los Bs 50.000 por concepto de saldo del precio) por ser pruebas ilegales en razón de no haber sido promovidos de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil).
De no haber contradicho su propia sentencia interlocutoria, la recurrida no le hubiera dado valor probatorio a esas pruebas, lo que traería como consecuencia la verificación del incumplimiento por parte de la actora de pagar una parte del precio (Bs 50.000) dentro del lapso contractual, lo que hace que dicha demandante pierda su derecho al perfeccionamiento del contrato definitivo de compraventa.
Por ende, la recurrida violó los artículos 252 y 402 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que la recurrente denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa de sus representados, por cuanto a pesar de la existencia de una sentencia firme de inadmisibilidad de las pruebas identificadas como Planilla de entrega de documentos y el recibo de pago especificado con la letra G dictada por la misma Alzada, la recurrida le dio valor probatorio a ese recibo de pago, de tal manera que consideró que la parte actora sí había cumplido con el pago de dicha cantidad de Bs. 50.000, por concepto de saldo del precio.
En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de actividad.
Con base a la anterior, se observa que la recurrente, en su exposición de menoscabo del derecho a la defensa de sus representados, plantea que la recurrida en contravención a lo establecido en sentencia firme de inadmisibilidad de las pruebas promovidas por la parte actora, identificadas como Planilla de entrega de documentos y el recibo de pago especificados con la letra G dictada por la misma Alzada, le dio valor probatorio a ese recibo de pago, de tal manera que consideró que la parte actora sí había cumplido con el pago de dicha cantidad de Bs 50.000., por concepto de saldo del precio, en ese sentido y tomando en cuenta la naturaleza de las normas denunciadas, esta Sala pasa a verificar las actas que conforman el presente expediente y al efecto observa:
Corre inserta a los folios 457 al 464 y su vuelto de la única pieza del expediente, sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Protección del Niño, Niñas, Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, de fecha 22 de septiembre de 2015, la cual en su dispositiva sostuvo:
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño, Niñas, Adolescentes y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre; actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Moreno Miquilena, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nº 63.142, actuando en su carácter de apoderado judicial Ciudadanos Elias Daglimanjian Akouri y Josephine Sayegh de Daglimanjian, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, civilmente hábiles, titulares de la cédula de identidad Nº 8.426.914 y 8.426.912 respectivamente; contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha ocho (08) de abril de dos mil quince (2015) que declaró admitidos los medios probatorios por no ser ilegales ni impertinentes presentados los abogados Mario Rafael Marruffo Marquez y Richard José Cardozo, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 114.32 y 152.037, respectivamente, apoderados judiciales de la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez. SEGUNDO: Se modifica el auto de admisión de medios probatorios dictado en fecha ocho (08) de abril de dos mil quince (2015) dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, solo en cuanto a que no deben ser admitido los medios probatorios denominado del capítulo I, planilla de entrega de documentos y recibos de pago especificados G, por no haber sido promovidos de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. (sic) lo cual las hace ilegales, en lo que respecta a los demás medios probatorios se admiten por no ser ilegales ni impertinentes.- Así se decide
Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas (Sic) (Resaltado de la Sala)
Asimismo y con respecto a los medios probatorios promovidos en la presente causa, la recurrida sostuvo:
( ) DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Llegada la oportunidad procesal para la apertura del lapso probatorio, la parte actora en su escrito promovió los siguientes medios:
omissis
5.- Recibo de Pago. Marcado con la Letra A y contentivo del pago de la parte actora a la demandada por una cantidad de cincuenta mil bolívares (50.000,00 Bs), siendo un documento privado emanado de las partes, la representación judicial negaba las firmas contenidas en el mismo, por lo que la actora promovió la prueba de cotejo, consignando documentos indubitables para comparar las firmas de los demandados de conformidad con el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son: Documento Público de Venta de apartamento objeto de la venta del inmueble en controversia y el Documento Público de compra venta de inmueble ubicado en VII Soles; en vista de la prueba de cotejo promovida por la actora, se procedió al nombramiento de 3 expertos en grafotécnia, emitiendo sus respectivos informes donde señalaron que: las firmas contenidas en el recibo de pago marcado con la letra A y contentivo del pago de cincuenta mil bolívares (50.000,00 Bs) fueron realizadas por Elias Daglimanjian Akouri, Josephine Sayegh de Daglimanjian y Yennys Márquez Velásquez.
En vista del informe emitido por el experto en grafotécnia, se le da pleno valor probatorio Recibo de Pago. Marcado con la Letra A y contentivo del pago de la parte actora a la demandada por una cantidad de cincuenta mil bolívares (50.000,00 Bs) (Resaltado de la Sala)
Corre inserto a los folios 136 al 143 de la única pieza del expediente, escrito contentivo de contestación a la reconvención el cual contiene:
( ) Aclarado el tema de que el recibo que evidencia el pago de los cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00) no se trata de un documento fundamental, y que se puede consignar en original en las oportunidades procesales que prevé el Código de Procedimiento Civil, es por ello que lo consigno en este acto Signado A.1 (sic) (Resaltado de la Sala)
Como puede apreciarse de la transcripción parcial de la sentencia recurrida, se desprende que la misma tomó en consideración y se pronunció sobre el valor probatorio del recibo de pago marcado con la letra A contentivo del pago de la parte actora a la demandada por una cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00), el cual es distinto al recibo de pago marcado con la letra G, que se negó su admisión en juicio de conformidad con la interlocutoria supra transcrita.
Aunado a lo anterior se evidencia que el recibo de pago marcado con la letra A fue debidamente aportado a los autos de forma original en la oportunidad de la contestación la reconvención planteada tal y como se desprende del folio 143 de las actas que conforman el presente expediente y sobre el cual quedó comprobada su autoría mediante la prueba grafotécnica, motivos por los cuales, contrarios a lo sostenido por la recurrente, esta Sala no observa ningún quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales en la presente causa y así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 15, 206, 208, 252 y del único aparte del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 168 y del ordinal 1° del artículo 156 del Código Civil, artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando el vicio de falta de aplicación, y de los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, alegando el vicio de errónea interpretación, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con lo previsto por el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del encabezamiento del artículo 168, y del ordinal 1° del artículo 156, ambos del Código Civil, y del artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, además, se denuncia el error de interpretación en cuanto al alcance del los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil.
omissis
Pues bien, en el escrito de informes, la parte demandada hizo un alegato determinante para las resultas del presente proceso: la existencia de un litisconsorcio activo necesario, ya que de los medios probatorios aparece evidenciado que el ciudadano William de Jesús Villa Valera (el cual no demandó) es concubino de la parte demandante y que prestó su consentimiento en el negocio y en la garantía hipotecaria accesoria al negocio principal; por lo que, por ende, la demanda debió ser intentada conjuntamente con dicho ciudadano, ya que su persona forma parte de la relación sustancial discutida; y que por no haber intentado dicho concubino la demanda con la parte actora se produce una falta de cualidad activa en el presente procedimiento.
En efecto, en el escrito de informes la parte demandada expresa que de las actas de este expediente se evidencia la existencia de un litisconsorcio activo necesario, ya que aparece el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera (quien es venezolano, con cédula de identidad número 20.347.707 y concubino de la parte actora reconvenida, ciudadana Yennys Mariela Marquez Velazquez) vinculado en torno al hecho concreto que motiva la pretensión de la ciudadana Yennys Mariela Marquez Velasquez, como se deduce de los medios probatorios siguientes:
omissis
Entonces, como quiera el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera está vinculado jurídicamente desde el punto de vista del derecho sustantivo en la negociación debe integrar obligatoriamente la relación procesal en esta causa.
Al no haberse incorporado a la misma conjuntamente con la demandante causa el efecto lógico de impedir la resolución debida del fondo de la controversia por no cumplirse con la satisfacción de uno de los presupuestos procesales o presupuestos favorables para dictar la sentencia de mérito, como lo es la cualidad activa; y, por tal motivo, la recurrida debió ordenar la integración de dicho litisconsorcio.
omissis
Entonces, en el presente caso una contratante (Yennys Mariela Marquez), que promete comprar en un contrato de opción de compraventa, pretende el cumplimiento del negocio demandando a los contratantes (Elias Daglimanjian Akori y Josephine Sayegh de Daglimanjian) que prometieron vender, sin hacerse acompañar en la demanda de la persona de su concubino (William de Jesús Villa Valera), cuya existencia es evidente en el presente expediente, y donde consta que dio su consentimiento para el futuro negocio de compraventa y para la aceptación del crédito hipotecario relacionado con el negocio; y que, además, la misma actora alegó que dicho ciudadano hizo un supuesto pago de un saldo del precio de venta del negocio al ciudadano Haruton Cebrian Daglimangian Sayegh (el cual no tenía poder ni representación alguna de los demandados para recibir dicho pago en nombre de estos últimos); y por esta razón y por tratarse de un alegato determinante para la suerte del presente procedimiento, la parte demandada denunció en los informes la falta de cualidad activa, por tratarse de la existencia de un litisconsorcio necesario; pero la recurrida declaró sin lugar dicha defensa bajo el argumento de que los únicos titulares de los derechos contractuales en el presente caso son, por una parte la ciudadana Yennys Mariela Marquez, y por la otra parte los ciudadanos Elias Daglimanjian Akori y Josephine Sayegh de Daglimanjian).
Pues bien, este juzgamiento realizado por la recurrida constituyó una infracción de fondo por falta de aplicación del encabezamiento del artículo 168, y del ordinal 1° del artículo 156, ambos del Código Civil, del artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y por el error de interpretación en cuanto al alcance de los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil
omissis
En consecuencia, por la infracción de ley cometida por falta de aplicación del encabezamiento del artículo 168, del ordinal 1° del artículo 156, ambos del Código Civil, y del artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y por la infracción de ley por el error de interpretación en cuanto al alcance de los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, solicito se case y anule la recurrida, debiendo el Juez de reenvío acatar la doctrina de la Sala de Casación Civil de ordenar la debida integración del litisconsorcio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 320 y 322 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 168 y del ordinal 1° del artículo 156, del Código Civil, artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando el vicio de falta de aplicación, y de los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, alegando el vicio de errónea interpretación, por cuanto el ciudadano Wiliam De Jesús Villa Valera está vinculado jurídicamente desde el punto de vista del derecho sustantivo en la negociación y debe integrar obligatoriamente la relación procesal en esta causa.
De la anterior transcripción se evidencia que la recurrente nuevamente ataca la supuesta existencia del litisconsorcio activo entre la demandante y el ciudadano Wiliam de Jesús Villa Valera, sobre lo cual ya hubo pronunciamiento en la resolución de la primera denuncia de actividad, donde se sostuvo que no se discute en juicio ninguna pretensión de la que sea titular el referido ciudadano y sobre la cual deba recaer una decisión de manera uniforme sobre este y la actora, por cuanto, no se ventila en juicio ninguna pretensión de disposición ni enajenación de un bien propiedad de aquel ni de la supuesta comunidad concubinaria, aunado a que no consta en actas ninguna prueba que declare esa unión, por lo que dada la similitud de planteamiento, se da por reproducido en esta oportunidad y así se establece.
Asimismo, se observa que acumula en una misma denuncia la supuesta ocurrencia de dos vicios de fondo planteables ante esta máxima jurisdicción, como lo son la falta de aplicación y la errónea interpretación de diversas normas jurídicas.
Con base a lo anterior, mediante sentencia N° 991, de fecha 12 de diciembre de 2006, (caso: Jesús María Vásquez Ocanto, contra José Nicolás Méndez y otra), dictada en el expediente N° 06-303, citada en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros) y ratificada en sentencia N° 302 de fecha 3 de junio de 2015, (caso: Néstor Carrero contra Blanca Herrera Vargas), esta Sala dejó establecido, respecto a la necesidad de fundamentar cabalmente el escrito de formalización, lo siguiente:
...el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación. Así, esta Sala de Casación Civil ha dejado establecido en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999 (caso: Félix Romero y otros c/ Fundación para del Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas), lo siguiente: ...Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretende atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia.... Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer la denuncia planteada en el recurso de casación
omissis
no es carga de la Sala completar en qué sentido, o bajo cuál de los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, apoya el formalizante su denuncia, ni tampoco es carga de la Sala suponer cual es el objetivo que persigue el formalizante con la denuncia. Lo que evidencia en este caso, la omisión de las reglas que debe cumplir una correcta formalización y, la debida técnica que debe observarse al recurrir en casación, carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por esta Sala . (Subrayado de la Sala).
La anterior cita se reproduce con ocasión a la mixtura de vicios que acumula el formalizante en la presente denuncia y que por sí solo dejaría sin fundamentos la misma, aun cuando todos pertenecen a las denominadas infracciones de ley, no pueden ser planteados como una suerte de efecto cascada, donde al prosperar uno prosperarían todos los demás, siendo que se obviaría la correcta fundamentación por separado de cada uno de los vicios, como evidentemente ocurrió y, ello tiene sentido, ya que esta Sala de Casación Civil como tribunal de derecho que es, no puede conocer a su antojo los escritos de formalización que son sometidos a su conocimiento, para que a la suerte pudiera prosperar lo que no fue intención del formalizante.
Ahora bien, ha sido una constante en la doctrina de esta Sala de Casación Civil, la de exigir a los litigantes que en las denuncias de infracción de ley, tienen que demostrar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción. Esta exigencia pide de los litigantes una apropiada relación entre los razonamientos y la infracción que afirman ha ocurrido en el fallo. Así cuando el juez aplica una norma que no está en vigor o no aplica al caso concreto una norma vigente, se espera de la formalización que fundamente la razón y elementos de la derogatoria de la norma o las razones que explican su aplicación al caso concreto. De la misma manera, cuando el sentenciador yerra al interpretar el contenido y alcance de la norma y obtiene conclusiones diversas al sentido de una disposición expresa de la ley, es necesario que en la denuncia se ofrezca una explicación de cómo se ha producido la errónea interpretación y se indique el texto que evidencia el error cometido en el fallo. Por último, si el juez comete un error en la comparación entre el hecho abstractamente considerado en la norma y el caso concreto, de modo que aplica falsamente el precepto, el formalizante tiene la obligación de indicar cuáles son las diferencias que existen entre el supuesto de hecho de la norma y el caso particular, señalando la parte de la sentencia que demuestre cómo ha cometido el error el sentenciador.
Asimismo y visto que en la delación que se analiza, el demandante recurrente denunció la infracción de normas constitucionales de forma directa, esta Sala estima necesario hacer las siguientes consideraciones al respecto:
En decisión de reciente data, esta Sala consideró necesario, realizar una atemperación de su doctrina en torno al análisis de las denuncias por infracción de normas constitucionales de forma autónoma en sede casacional, y estableció, que procederá al análisis de las mismas independientemente de que la denuncia haya sido formulada sin la correspondiente argumentación que la lleva a establecer que la infracción constitucional es señalada como apoyo de la denuncia de normas de rango legal correspondientes al recurso extraordinario de casación . (Cfr. Sentencia Nº 952, del 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-282, caso de William José Baute Mendoza contra Constructora Aera, C.A. bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo).-
Sin embargo, a pesar de estar facultada esta Sala para entrar a conocer las infracciones de normas constitucionales, de conformidad con el anterior criterio antes transcrito, se observa que la recurrente en su escrito de formalización, no expone y menos aún señala de manera clara, precisa e inequívoca, las razones que demuestren la existencia de la infracción del artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la juez de la recurrida, dado que sólo expresa razonamientos generales, vagos e inocuos, sin una fundamentación acertada que deje entender sin lugar a dudas, a que violación constitucional se refiere, para ser confrontada con el iter procesal o el fallo recurrido, lo que hace imposible a esta Sala atender y menos comprender el planteamiento sobre la supuesta infracción de la referida norma y que hace que el mismo carezca de fundamento, lo que obliga a desechar dicho planteamiento. Así se establece.
Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales, revisó la sentencia recurrida de alzada y no evidenció de esta ningún vicio de orden público o constitucional que amerite el uso de la facultad discrecional de casar de oficio el fallo recurrido, en aplicación de lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-356, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-616. Caso: Joel De Sousa Méndez contra Irma María Mavárez de Rodríguez y otros, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 168 y del ordinal 1° del artículo 156 del Código Civil, artículo 177 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 506, 507 eiusdem y 1354 del Código Civil, alegando el vicio de errónea interpretación; la infracción de los artículos 402, 434, 431 todos del código adjetivo y 1387 del Código Civil, alegando el vicio de falta de aplicación y la infracción del artículo 429 procesal, alegando el vicio de falsa de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con lo previsto por el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncian las siguientes infracciones de fondo, que influyeron de modo determinante en el dispositivo del fallo:
- El error de interpretación en cuanto al contenido y alcance del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene una norma que regula la valoración de las pruebas;
- La falta de aplicación del único aparte del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil;
- La falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene normas que regulan el establecimiento de la prueba y normas que regulan la valoración de las pruebas;
- La falta de aplicación del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene una norma que regula el establecimiento de las pruebas;
- La falta de aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene una norma que regula el establecimiento de las pruebas;
- La falta de aplicación del artículo 1.387 del Código Civil, el cual contiene una norma que regula el establecimiento de los hechos;
- La falta de aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene una norma que regula el establecimiento de las pruebas;
- El error de interpretación en cuanto al contenido y alcance del artículo 1.354 del Código Civil y del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, los cuales contienen normas que regulan el establecimiento de los hechos; y
- La violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
omissis
A) Con relación al error de interpretación del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil
Ciudadanos Magistrados, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una representación legal mediante la cual los hijos mayores de edad, por el sólo hecho de ser hijos, puedan representar a sus padres automáticamente sin la existencia de un previo mandato (salvo el caso de los padres con relación a sus niños y adolescentes o el del abuelo con relación al nieto niño o adolescente en caso de tutela legal): por ende, la sana crítica no lleva a la conclusión de que en este caso concreto un hijo que no tiene poder o mandato de sus padres esté autorizado para recibir el saldo de un precio de un contrato preliminar o definitivo por el mero hecho de ser su hijo; por lo tanto, como antes se indicó, la argumentación de la recurrida en este aspecto constituye una motivación errónea, que produjo un error de interpretación del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
La recurrida debió haberle dado una interpretación correcta al artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, la cual es la siguiente: Si el ciudadano Haruton Cebrian Daglimangian Sayegh no tenía poder o representación de los ciudadanos Elias Daglimanjian Akori y Josephine Sayegh De Daglimanjian, no debía darse por probado que la parte actora haya cumplido con su obligación de pagar esa cantidad de dinero (Bs. 47.100) a los demandados.
B) Con relación a la falta de aplicación del único aparte del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil
La recurrida debió haber aplicado dicha norma del modo siguiente: No debió haberle dado valor probatorio al documento privado contentivo de un recibo de pago de Ba 50.000, ya que previamente existía una sentencia interlocutoria firme de inadmisibilidad de dicha prueba por parte de la Alzada; por lo tanto, no debe darse por probado que la parte actora haya cumplido con su obligación de pagar esa cantidad de dinero (Bs 50.000) a los demandados.
C) Con relación a la falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil
La recurrida no debió haberle aplicado el trámite de cotejo ni darle valor probatorio previstos en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil a la copia del documento privado contentivo de un recibo de pago de Bs 50.000, ya que dicho procedimiento de cotejo no es aplicable a los documentos privados; por lo tanto, no debe darse por probado que la parte actora haya cumplido con su obligación de pagar esa cantidad de dinero (Bs 50.000) a los demandados.
D) Con relación a la falta de aplicación del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil
La recurrida debió aplicar dicha norma de manera que se debió negar valor probatorio a dicho recibo porque los documentos privados que son fundamentales de la pretensión deben ser presentados con la demanda o indicarse en ella el lugar donde se encuentran, carga procesal no cumplida por la parte demandante; por lo tanto, no debe darse por probado que la parte actora haya cumplido con su obligación de pagar esa cantidad de dinero (Bs 50.000) a los demandados.
E) Con relación al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil
La recurrida debió aplicar dicha norma de manera que se debió negar valor probatorio a dicho recibo porque se trata de un documento privado emanado de terceros que no fue ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial: por lo tanto, no debe darse por probado que la parte actora haya cumplido con su obligación de pagar esa cantidad de dinero (Bs 50.000) a los demandados.
F) Con relación al artículo 1.387 del Código Civil
La recurrida debió aplicar dicha norma de manera que se debió negar valor probatorio a dichas testimoniales por ser inandmisibles al intentar evidenciar cumplimientos contractuales por parte de la actora en un contrato preliminar que excede de dos mil bolívares; por lo tanto, no debe darse por probado que la parte actora haya cumplido con toda sus obligaciones contractuales.
G) Con relación al artículo 1.354 del Código Civil y del encabezamiento del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
La recurrida debió haberle dado una interpretación correcta a estas normas jurídicas en este caso concreto, la cual es la siguiente: La parte que intenta la demanda con pretensión de ejecución o cumplimiento de contrato es la que debe demostrar que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, no debiéndose arrojarle dicha tarea probatoria a la parte demandada en este caso concreto. (Resaltado de la Sala)
Para decidir, la Sala observa:
De la anterior transcripción se evidencia nuevamente que la recurrente acumula en una misma denuncia la supuesta ocurrencia de tres vicios de fondo planteables ante esta máxima jurisdicción, como lo son la errónea interpretación, la falta de aplicación y la falsa aplicación de diversas normas jurídicas, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de fondo, referida a la necesidad de fundamentar cabalmente el escrito de formalización.
Asimismo, se repite en esta oportunidad que ha sido una constante en la doctrina de esta Sala de Casación Civil, la de exigir a los litigantes que en las denuncias de infracción de ley, tienen que demostrar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción. Esta exigencia pide de los litigantes una apropiada relación entre los razonamientos y la infracción que afirman ha ocurrido en el fallo. Así cuando el juez aplica una norma que no está en vigor o no aplica al caso concreto una norma vigente, se espera de la formalización que fundamente la razón y elementos de la derogatoria de la norma o las razones que explican su aplicación al caso concreto. De la misma manera, cuando el sentenciador yerra al interpretar el contenido y alcance de la norma y obtiene conclusiones diversas al sentido de una disposición expresa de la ley, es necesario que en la denuncia se ofrezca una explicación de cómo se ha producido la errónea interpretación y se indique el texto que evidencia el error cometido en el fallo. Por último, si el juez comete un error en la comparación entre el hecho abstractamente considerado en la norma y el caso concreto, de modo que aplica falsamente el precepto, el formalizante tiene la obligación de indicar cuáles son las diferencias que existen entre el supuesto de hecho de la norma y el caso particular, señalando la parte de la sentencia que demuestre cómo ha cometido el error el sentenciador. Así se establece.
En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12, 402, 429 434, 431, 506 y 507 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1354 y 1387 del Código Civil, por falta de fundamentación. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 5 de agosto de 2016.
Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
_______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
_________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
_______________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
______________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario,
___________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2016-000780
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
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