Venley

Sentencia N.º RC.000952

Sentencia
N.º RC.000952
Fecha
15/12/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-282
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. AA20-C-2016-000282

 

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores.

 

 

En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, incoado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano abogado WILLIAM JOSÉ BAUTE MENDOZA, actuando en su propio nombre y representación, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación CONSTRUCTORA AERA, C.A., patrocinada judicialmente por el abogado Dennis Enrique Flores Matos; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de noviembre de 2015, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró lo siguiente:

 

“…PRIMERO: Se declara sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la parte demandada;

 

SEGUNDO: Se declara con Lugar el derecho al cobro de Honorarios (sic) por actuaciones extrajudiciales, peticionado por WILLIAM JOSÉ BAUTE MENDOZA en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A., cuantificadas en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco Bolívares (sic) con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33);

 

TERCERO: Queda Modifica (sic) la decisión dictada el 26 de febrero de 2015 por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado el derecho a honorarios solo en lo que respecta a una sola actuación extrajudicial;

 

CUARTO: Se declara con lugar la apelación de la parte actora y sin lugar el recurso de la accionada, sin que se impongan costas, dada la especie del procedimiento, en el juicio de estimación e intimación de honorarios extrajudiciales, incoado por el abogado WILLIAM BAUTE MENDOZA contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A…” (Mayúsculas de lo transcrito).

 

Contra la precitada decisión, ambas partes anunciaron recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos por la alzada en fecha 10 de marzo del 2016, presentándose las respectivas formalizaciones ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil. Hubo impugnación contra la formalización de la demandada, no hubo réplica.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

PUNTO PREVIO

-I-

DE LAS FORMALIZACIONES PRESENTADAS

 

Se constata en el presente caso, que tanto la demandada como la demandante, presentaron de manera separada ante la Secretaría de esta Sala escritos de formalización al recurso de casación, verificándose en primer término, que la formalización de la demandada fue recibida en fecha 11 de abril de 2016, a la 11:44 a.m; de igual forma, el demandante presentó escrito de formalización, el cual fue debidamente recibido en fecha 20 de abril de 2016, a la 1:56 p.m., ambos escritos contentivos de una denuncia por defectos de actividad.

Ahora bien, en atención a la normativa procesal desarrollada y consolidada por la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala, los recursos de casación ejercidos deben ser atendidos y resueltos en el orden de su presentación.

En este sentido, el análisis de los mismos se debe hacer de acuerdo con el orden de consignación, es decir, en primer término, se conocerá de la denuncia por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por la demandada, por ser primera de acuerdo con la fecha y hora de presentación, en caso de no prosperar, se procederá al análisis de la denuncia por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por la demandante.

 

FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR LA DEMANDADA DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-Ú N I C A-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 15, 889 eiusdem, y artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en la siguiente fundamentación:

 

“…Con arreglo a lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de los artículos 15 y 889 todos del ya mencionado Código, 26 y 49 ambos de la Constitución Nacional dirigidos a la tutela judicial efectiva y al derecho al debido proceso, respectivamente, por cuanto fueron infringidas formas sustanciales de los actos del procedimiento que menoscabaron el derecho a la defensa de los que es titular mi representada y que lesionaron el orden público procesal.

Ciudadanos Magistrados, antes de entrar al planteamiento de la denuncia, esa Sala sobre la manera adecuada en que deben formularse las referentes al menoscabo al derecho a la defensa, en sentencia N° RC-367 de fecha 25 de junio de 2015, dictada en el juicio de Luis José Bernal Márquez contra María Esther Bernal Márquez, expediente. N° 15-139, estableció lo siguiente:

(…omissis…)

En adición al criterio anterior, tenemos que con respecto a la (sic) normas de carácter supra legal, las cuales son utilizadas por mi solo para apoyar e ilustrar mi denuncia, no pretendo la declaratoria de violación por parte de esa honorable Sala, pues el recurso extraordinario de casación es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad (Cfr. Sentencia de esa Sala N° RC-200, del 12 de mayo de 2011, Exp. 2010-469, caso Luis José Guerrero Carrero contra Claudia Patricia Reyes)

Asimismo, ha sido criterio reiterado de esa Sala que para que pueda configurarse la indefensión, es necesario, entre otras cosas, que quien la alegue haya sufrido un perjuicio cierto, siendo que la ilegalidad de la actuación del juez vicia el procedimiento, en una franca violación a la celeridad procesal, tal y como lo desarrollaré de seguidas.

Con base al andamiaje anterior tenemos, que la recurrida menoscaba el derecho a la defensa de mi representada al emitir pronunciamiento de fondo declarando la confesión ficta y en consecuencia, con lugar la demanda, lo que perjudica a mi representada al condenársele a pagar honorarios demandados y no tener como contestada la demanda.

Ahora bien ciudadanos Magistrados, a los fines de fundamentar mi denuncia, tenemos que en el presente caso ocurrieron los siguientes eventos procesales:

En fecha 03 (sic) de junio del año 2.014, se introdujo escrito de demanda.

En fecha 10 de junio del año 2.014, el juzgado de la cognición procedió a admitir la demanda de Intimación de Honorarios Profesionales.

En fecha 05 (sic) de agosto del año 2.014, compareció el ciudadano Hugo José Rivero Ávila, actuando en su carácter de Presidente de la demandada y otorgó poder apud acta a esta representación.

En fecha 06 (sic) de agosto del año 2.014, compareció el ciudadano Hugo José Rivero Ávila, actuando en su carácter de Presidente de la demandada, quien asistido por esta representación, presentó escrito mediante el cual, en su capítulo previo, solicitó la  nulidad de todas las actuaciones, en virtud de que era incorrecto el procedimiento aplicado, en su capítulo primero, contestó la demanda admitiendo un hecho y negando los demás, en su capítulo segundo, alego la prescripción extintiva de la acción y en su capítulo tercero se acogió al derecho de retasa.

En fecha 29 de septiembre del año 2.014, el juzgado de la cognición (sic) anuló las actuaciones que rielan a partir del folio setenta y cinco (75) y su vuelto, y repuso la causa al estado en que fuese admitida la presente demanda siguiendo los parámetros establecidos en las pretensiones de honorarios profesionales extrajudiciales siendo que en esa misma fecha y por auto separado “admitió” la demanda por los canales del juicio breve.

En fecha 30 de septiembre del año 2.014, esta representación solicitó sentencia que resuelva la oposición ejercida, igualmente en esa misma fecha la parte actora  se dio por notificado del auto de fecha 29 de septiembre de 2014.

Como se puede observar del recuento de las actuaciones procesales habidas en el expediente, las cuales se pueden constatar al descender a las actas dada la naturaleza de la denuncia, la recurrida no corrigió los errores cometidos por la primera instancia sino que declaró la confesión ficta y en consecuencia, con lugar la demanda, lo que menoscaba el derecho a  la defensa de mi representada al no tenerse como contestada la demanda, condenársele a pagar los honorarios demandados “sin derecho a retasa”.

En ese sentido, también se puede observar que es mi representada la que diligentemente se dio por citada, otorgó poder apud acta a esta representación y posteriormente presentó escrito contentivo de la contestación a la demanda incoada en su  contra, contentivo de la solicitud de reposición para sanear al proceso, el cual dio lugar a la sentencia de reposición y al nuevo auto de “admisión” de la demanda.

Ahora bien, el juzgado de la (sic) cognición en el mismo auto que “admite” de nuevo la demanda, ordena la citación de mi representada por los canales del juicio breve, y sostiene que la misma se encuentra a derecho por los escritos presentados en fecha 05 y 06 de agosto del año 2014, contentivos del poder apud acta conferido a esta representación y de la contestación a la demanda, respectivamente.

Es allí donde se encuentran los errores del juzgado de la (sic) y que no fueron reparados por la recurrida, por cuanto:

A)    Al reponerse la causa se hizo al estado procesal inexistente – se repuso al folio 75 del expediente-.

B)    Luego se ordena admitir nuevamente, como en efecto se hizo, siendo que la causa ya se encontraba admitida y lo que había era que modificar el procedimiento aplicable, error que fue convalidado por la recurrida, dado el desconocimiento de ambos jueces de la normativa procesal civil, por cuanto si bien ambos autos, tanto el de admisión de la demanda como el de comparecencia, se encuentran en uno solo, son dos actuaciones procesales distintas.

C)    Sostuvo que mi representada se encontraba a derecho por lo que no era necesario citar sino notificar de la nueva “admisión”.

Aunado a lo anterior, cuando esta representación de forma responsable por medio de diligencia presentada posterior al auto de “admisión” de la demanda, solicita el pronunciamiento sobre la reposición planteada en el escrito de contestación de la demanda, lo hace porque no le fue permitido el expediente en su forma original, siéndole informado por el funcionario del archivo general, que se encontraba para sentencia, de lo que se infiere que en autos no se encontraba ni la sentencia de reposición ni el nuevo auto de “admisión”, sin embargo, ambos jueces, con respecto a esa actuación de esta representación posterior al auto de “admisión”, de la demanda, le aplicó y estiró los efectos de la citación presunta a la notificación presunta, la cual no existe en nuestro sistema procesal adjetivo.

Tenemos entonces, que la violación del derecho a la defensa de mi representada así como el desequilibrio procesal, se pone en evidencia cuando en el mismo auto de “admisión” se sostiene que mi representada se encuentra a derecho por los escritos presentados en fecha 05 y 06 de agosto del año 2014 contentivos del poder apud acta conferidos a esta representación y contestación a la demanda respectivamente, de lo que se desprende que para la solicitud de reposición si  vale el escrito de contestación a la demanda pero para tomar en cuenta defensas de fondo vertidas en el (sic), no.

Con respecto a lo anterior, tenemos que la norma contenida en el artículo 889 adjetivo, reza:

(…omissis…)

En ese sentido, al haberse cumplido con la admisión de la demanda, la citación de mi representada y haberse contestado la misma, se debió abrir la articulación probatoria prevista para el procedimiento del juicio breve, de conformidad con mi solicitud contenida en la contestación, la cual es el aplicable a las causas en que se demanda la estimación e intimación de honorarios extrajudiciales de conformidad con el artículo 889 del (sic) nuestro código adjetivo, lo que no se hizo, sino más bien, una nueva admisión de la causa que ya estaba admitida.

Tales lesiones al inalterable derecho a la defensa de mí representada, trae consigo otras violaciones de orden constitucional cometidos ahora por la recurrida, dirigidos a:

A)    La falta de pronunciamiento sobre la ausencia del derecho en el merito del derecho controvertido, ya que al declararse con lugar la demanda por efectos de la confesión ficta supuestamente habida en autos, la recurrida dejó firme la totalidad de la pretensión del actor, negándole a mi representada su derecho a la retasa el cual fue solicitado en su contestación a la demanda, así como la posibilidad de ser solicitado después del fallo definitivo, de conformidad con la  doctrina de esa honorable Sala.

B)    Se dejó firme la pretensión del actor contenida en su libelo referido a que las cantidades ordenadas a pagar se le aplicara corrección monetaria, siendo esto vedado en acciones como la que se resuelve en esta oportunidad y de paso no especificó cómo, cuándo y en qué sentido se iba a aplicar ese método de corrección monetaria, en una  clara indeterminación del objeto de la pretensión.

C)    Asimismo, la decisión recurrida al negar pronunciamiento expreso sobre la defensa contenida en la contestación a la demanda referida a la prescripción extintiva de la acción, la cual está íntimamente ligada al fondo de lo controvertido y que es uno de los presupuestos de existencia o no de la misma, la cual no necesitaba medios de pruebas como lo establece la doctrina de esa honorable Sala sobre la prescripción presuntiva, ya que este es un aspecto sustantivo y no procesal sobre el poder otorgado en fecha 19 de  junio de 2012 y la doctrina de la Sala fue de fecha 1 de abril de 2014, caso Bonifacio Nieves Navarro.

Dado lo anterior se desprende que en la presente causa se quebrantó por parte del juez de la (sic) cognición el principio de legalidad de las formas procesales que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa de mi representada, configurándose así, la infracción de los artículos 15 y 889 ambos del Código de Procedimiento Civil, lo que por vía refleja contempla el quebrantamiento de formas procesales como lo es “el principio de estar a derecho las partes” y “ sentencia conforme a derecho” lo que produjo un desequilibrio procesal, lo cual no fue corregido por el juez de alzada, siendo que además cuando declaró con lugar la demanda, este incurrió en incongruencia negativa y en indeterminación objetiva, los cuales forman parte de los requisitos intrínsecos de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y que conforme lo ha sostenido esa honorable Sala, en fecha 11 de marzo de 2004, (Caso: Jesús Antonio Luna y otro c/ Ernestina Soledad Hidalgo Lavado de Silva y otro), reiteró “… que los errores in procedendo que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen –como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de naturaleza se traducen en violación de orden público…” los cuales encuadro en la presente denuncia por menoscabo al derecho a la defensa, porque al encontrarme frente a la supuesta confesión ficta de mi representada, la cual no se produjo, la recurrida estaría relevada de pronunciarse con respecto a la pretensión contenida en el libelo y defensas contenidas en la contestación, aunado a que el recurso de casación formalizado en esta oportunidad con  respecto a esos otros dos planteamientos, tiene un efecto distinto sobre la causa que se resuelve…”

 

Para decidir, la Sala observa:

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante denuncia que la sentencia recurrida “…menoscaba el derecho a la defensa de mi representada al emitir pronunciamiento de fondo declarando la confesión ficta y en consecuencia, con lugar la demanda, lo que perjudica a mi representada al condenársele a pagar honorarios demandados y no tener como contestada la demanda...”

En ese sentido y atención al vicio delatado, esta Sala, en sentencia N° RC-420, de fecha 29 de julio de 2013, caso: Irais Dugarte de Yánez contra Norvis Alberto López Palencia, citada en  sentencia N° RC-421, de fecha 15 de julio de 2015, caso Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otra, ratificada en sentencia N° RC-866, de fecha 7 de diciembre de 2016, caso José Emilio Arias Serrano contra Ángel Arcadio Acevedo Bañez y otros, señaló lo siguiente:

 

“Sobre la manera adecuada en que deben formularse las denuncias de indefensión o violación del derecho a la defensa, esta Sala en sentencia N° RC-000067 de fecha 11 de marzo de 2010, caso: Nellys del Carmen Zerpa Salazar contra Francesco Melillo y otro, exp. N° 09-363, reiterando decisión de esta Sala, Nº RC- 001038 de fecha 8 de septiembre de 2004, caso: Luís Ramón Rada Arencibia contra Eleonora Ducharne, exp. N° 04-354, estableció lo siguiente:

 

“…En este orden de ideas, la Sala en uso de su facultad pedagógica, considera oportuno señalar la técnica adecuada para la correcta formalización de las denuncias que versen sobre una invocada indefensión o menoscabo del derecho de defensa, establecida por esta Máxima Jurisdicción mediante jurisprudencia, pacífica, reiterada e inveterada, entre otras, en decisión N° 687, de fecha 27 de julio de 2004, Exp. N° 2003-00897, en el caso de Elmano Isidro Ferreira contra Haydee Baptista Bonachera, y otros, estableció:

 

“...En cuanto a la denuncia aislada del artículo 15 del Código Adjetivo Civil, la Sala ha señalado que ello es inadmisible; en tal sentido se permite transcribir decisión de fecha 13 de abril de 2000, Exp. 91-719, sentencia N° 107, en el caso de Antonio Reyes Andrade y otros contra Livia Escalona de Ayala, en la cual se dijo:

 

“...Si bien es cierto que la nueva Constitución tiende a flexibilizar los rígidos y doctrinarios formalismos; sin embargo esa flexibilidad no puede implicar el abandono total de una correcta técnica en el planteamiento de las denuncias, mantenida en forma reiterada y pacífica por los cánones procesales que rigen el instituto de la casación, devenida de su propia naturaleza de revisión de derecho.

 

Al respecto, en sentencia del 11 de noviembre de 1993, esta Sala expresó:

 

‘Una correcta técnica de denuncias de infracción basadas en indefensión o menoscabo del derecho de defensa y apoyadas en el respectivo supuesto del Ordinal (sic) 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, implica necesariamente lo siguiente:

 

a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada.

 

b) Indicar cómo, con tal quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos, se lesionó el derecho de la defensa o el orden público, según el caso, o ambos.

 

c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público, lo ha sido por el Juez de la causa, y si considera procedente la reposición de la misma, denunciar la infracción del artículo 208 de la Ley Procesal, la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o los que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretarse en ella la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las normas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesiona el Tribunal de la causa.

 

d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma contenida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, deben denunciarse como infringidas las disposiciones referentes al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de la recurrida.

 

e) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos…”. (Subrayado de la Sala).

Ahora bien, para resolver la denuncia, pasa la Sala a verificar las actas de la única pieza del expediente, a los fines de comprobar la existencia o no del quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que hayan podido causar el menoscabo del derecho de defensa del recurrente, por ello se constatan los siguientes eventos procesales:

En fecha 3 de junio del año 2014, se introdujo escrito de demanda. (Folios 3 al 9)

En fecha 10 de junio del año 2014, el juzgado de la cognición procedió a admitir la demanda de intimación de honorarios profesionales de abogado. (Folio 75 y su vuelto)

En fecha 5 de agosto del año 2014, compareció el ciudadano Hugo José Rivero Ávila, actuando en su carácter de presidente de la demandada y otorgó poder apud acta al abogado Dennis Enrique Flores Matos. (Folio 89 y su vuelto)

En fecha 6 de agosto del año 2014, compareció el ciudadano Hugo José Rivero Ávila, actuando en su carácter de presidente de la demandada, quien asistido de abogado, presentó escrito mediante el cual como punto previo solicitó la nulidad de todas las actuaciones y contestó la demanda. (Folios 92 al 94 y su vuelto)

En fecha 29 de septiembre del año 2014, el a-quo anuló las actuaciones que rielan a partir del folio setenta y cinco (75) y su vuelto, y repuso la causa al estado en que fuese admitida la presente demanda, siguiendo los parámetros establecidos en las pretensiones de honorarios profesionales extrajudiciales siendo que en esa misma fecha y por auto separado admitió la demanda por los canales del juicio breve. (Folios 97 al 107)

En fecha 30 de septiembre del año 2014, la representación judicial de la demandada, mediante diligencia presentada ante la secretaría del juzgado a-quo solicitó se dictara sentencia, siendo que la demandante, mediante diligencia de esa misma fecha, se dio por notificada del auto de fecha 29 de septiembre de 2014. (Folios 109 y 111)

Ahora bien, a los fines de determinar lo denunciado, tenemos que la recurrida sostuvo:

 

“…En efecto, el A-quo dictó decisión en fecha 29 de septiembre de de 2014 anulando las actuaciones que rielan a partir del folio setenta y cinco (75) y repuso la causa al estado de que fuese admitida por honorarios profesionales extrajudiciales, la cual ocurrió en la misma data, oportunidad en la que se produjo la admisión, por lo que el lapso de emplazamiento comenzaría a computarse una vez constara en autos la notificación de las partes.

 

De modo que, el Tribunal de la causa, al admitir nuevamente la demanda y ordenar el emplazamiento de la accionada, previo notificación de las partes, considerando que éstas se encontraban a derecho, ya que desde el 05 de agosto de 2014 la demandada había otorgado poder apud acta, garantizando el derecho de defensa de las partes al acordar que el auto (del 29/09/2014) que admitió nuevamente la demanda y ordenó que el emplazamiento fuese notificado.

 

Ahora bien con posterioridad al auto de nueva admisión de la demanda (del 29/09/2014), el abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS en representación de la parte demandada, diligenció en la causa el 30 de septiembre de 2014, pidiendo pronunciamiento “en este injusto proceso”. Con dicha actuación, la parte demandada quedó notificada del nuevo auto de admisión de la demanda y, a partir de ese mismo día, cuando también se dio por notificada la parte actora, comenzaba a computarse el término para la contestación de la demanda a que se refiere el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil.

 

Sin embargo, la representación de la parte demandada, abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS, no concurrió a dar contestación a la demanda en el referido término, en tanto que en la etapa probatoria no concurrió a promover u ofrecer los medios con que pretende sustentar su defensa. No obstante, posteriormente, después de dictarse sentencia definitiva (26/02/2015), fue que compareció la parte demandada, asistida por el abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS, apelando del mencionado fallo, y denunciando violación al debido proceso.

 

De manera que, en el caso de autos, la parte demandada al haber actuado con posterioridad a la resolución judicial de fecha 29 de septiembre de 2014, (folio 109), quedó notificada y emplazada para el acto de contestación de la demanda y demás actos procesales, dependiendo exclusivamente de ella su participación o no en la causa…” (Resaltado de la Sala)

 

En atención a todo lo antes expuesto se observa, que en el presente caso se produjo una reposición de la causa, al estado en que fuese admitida nuevamente la demanda, en fecha 29 de septiembre de 2014, y en fecha 30 de septiembre de 2014, ambas partes diligenciaron, una solicitando decisión y la otra dándose por notificada del auto dictado, por lo que no se desprende paralización alguna del proceso que hiciera necesaria la notificación de las partes en juicio, dado que las mismas se encontraban a derecho, tuvieron acceso a las actas que conforman el expediente y conocían del nuevo auto de admisión de la demanda, quedando la demandada expresamente citada en juicio con su diligencia de fecha 30 de septiembre de 2014, donde solicitó se dictara sentencia.

En consideración a todo lo antes expuesto, la Sala establece, que en el presente caso no hubo una subversión procedimental con infracción de lo estatuido en los artículos 15 y 889 del Código de Procedimiento Civil y artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que no se evidencia indefensión alguna de la demandada, ni el quebrantamiento de alguna forma sustancial del proceso, ni la violación del debido proceso o derecho a la defensa, que pudiera afectar a la demandada en esta causa, razones por las cuales se declara improcedente esta denuncia, al no verificarse la infracción de las normas legales y constitucionales señaladas como infringidas por el formalizante. Así se decide.-

FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR EL DEMANDANTE

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-U N I C A-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 eiusdem, por incurrir en el vicio incongruencia negativa con base en la siguiente fundamentación:

 

“…Con base en el motivo de casación, contenido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción del artículo 12 y 243, ordinal 5°, conjuntamente con el 244 eiusdem, por haber incurrido el Tribunal Superior, en el vicio de la “incongruencia negativa o citrapetita”.

Dice el fallo recurrido:

…”Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta la siguiente sentencia:

PRIMERO: Se declara sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la parte demandada;

SEGUNDO: Se declara con lugar el derecho al cobro de Honorarios por actuaciones extrajudiciales, peticionado por WILLIAM JOSÉ BAUTE MENDOZA en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A., cuantificadas en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco Bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33);

TERCERO: Queda Modificada la decisión dictada el 26 de febrero de 2015 por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado el derecho a honorarios solo en lo que respecta a una sola actuación extrajudicial;” (sic) (folio 239)

En mi petitorio de la demanda, dice:

PETTITORIO (sic.)

“Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas (…) respetuosamente acudo ante su competente autoridad (…) a los fines de demandar a la empresa CONSTRUCTORA AERA, C.A., para que una vez intimada proceda a cancelarme la siguiente cantidad:

PRIMERO La cantidad de SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON TREINTA Y TRES (Bs.770.475,33) cuyo monto equivale a SEIS MIL SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES UNIDADES TRIBUTARIAS (6.066,73 U.T.) por concepto de honorarios profesionales… (…omissis…)”

SEGUNDO la indexación judicial o corrección monetaria de la cantidad antes mencionada, la cual será determinada mediante experticia complementaria del fallo  (pág. 5 y 6 del libelo)

Ahora bien, del fallo impugnado ante esta Máxima Autoridad de la casación, cuya dispositiva se transcribió precedentemente, No aparece que el juez superior la haya acordado, conforme se pide en el libelo en su ordinal SEGUNDO, precedentemente transcrito, pues si el Superior señaló:

“SEGUNDO la indexación judicial o corrección monetaria de la cantidad antes mencionada, la cual será determinada mediante experticia complementaria del fallo (pág. 5 y 6 del libelo)

Si condenó a la demandada al pago de la expresada cantidad, conforme lo solicité en el libelo, ha debido acordar, en los mismos términos, mi segunda pretensión, o sea:

“SEGUNDO la indexación judicial o corrección monetaria de la cantidad antes mencionada, la cual será determinada mediante experticia complementaria del fallo (pág. 5 y 6 del libelo)

Dada la naturaleza jurídica de la infracción delatada en el escrito, esta Sala, se halla autorizada para auscultar las actas del expediente y descender para leer el libelo de la demanda, y cerciorarse, que la afirmación anterior, es autentica,  y que al confrontarla con el dispositivo de la sentencia,  se ponga de manifiesto el vicio de incongruencia denunciado.

Entonces, cuando el Juez Sentenciador del Segundo Grado, omite o silencia ese pedimento, incurre en el vicio de “incongruencia negativa”,  causándome una lesión o agravio, no solo económica, sino a mi derecho al cobro de los honorarios profesionales, que le he reclamado judicialmente a la firma accionada CONSTRUCTORA AERA, C.A. Este fallo quebranta ostensiblemente, los artículos 12, 243 ordinal 5 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por error de actividad o in procedendo conforme lo tiene establecido doctrinariamente esta Corporación cuando señala que: Si se ejerce el recurso de apelación, el juez de la Alzada recibe el punto debatido para su solución, vale decir, el contenido del punto apelado, lo que comporta es el cumplimiento del principio “Tantum Apellatum Quantum Devolutum”….”

 

 

Para decidir, la Sala observa:

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante en su denuncia expresa que la recurrida incurrió en el vicio denominado incongruencia negativa, debido a que omitió pronunciamiento en torno a la solicitud de indexación judicial o corrección monetaria, planteada en el libelo de la demanda.

Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de incongruencia negativa, y ha sostenido que el mismo “(...) resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción (...)”. (Sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Wismer Febres Pérez contra Maldonio Valdivieso ratificada en sentencia N° 421 de fecha 15 de julio de 2015, caso: Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otro).

Ahora bien, a los efectos de verificar lo denunciado por el recurrente en casación, la Sala pasa a transcribir el petitorio del libelo de la demanda del juicio de intimación de honorarios profesionales, que riela a los folios 3 al 9 de la primera pieza del expediente, que indicó lo siguiente:

 

“…Por razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas y en pleno ejercicio del derecho que me asiste, en vista de las actuaciones profesionales realizadas a favor de la empresa CONSTRUCTORA AERA, C,A., antes identificada es por lo que respetuosamente acudo ante su competente autoridad como en efecto lo hago mediante el presente escrito a los fines de demandar mediante el procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, a la empresa CONSTRUCTORA AERA, C.A., para que una vez intimada proceda a cancelarme la siguiente cantidad:

PRIMERO: La cantidad de  SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON TREINTA Y TRES (Bs.770.475,33) cuyo monto equivale a SEIS MIL SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES UNIDADES TRIBUTARIAS (6.066,73 U.T.) por concepto de honorarios profesionales generados por mis actuaciones judiciales cuyos conceptos y discriminaciones se encuentran suficientemente expuestas en los Capitulos I y II del presente escrito.

SEGUNDO: la indexación judicial o corrección monetaria de la cantidad antes mencionada, la cual será determinada mediante experticia complementaria del fallo … (Resaltado de la Sala)

 

De lo anterior se observa, que el demandante solicitó la indemnización judicial o corrección monetaria de la cantidad demandada, la cual se determinaría mediante experticia complementaria del fallo para el momento del pago de la sentencia condenatoria y definitiva.

Al respecto la recurrida, resolvió lo siguiente:

“…Para decidir esta Alzada observa:

Si bien es cierto que la citación del demandado es una formalidad esencial para la validez del juicio, como lo prescribe el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil y lo invoca la representación de la demandada; no es menos cierto que en el proceso de marras el acto citatorio de la parte demandada ya se había verificado (desde el 05/08/2014) (sic) con el otorgamiento de poder apud acta (folio 89).


En efecto, el A-quo dictó decisión en fecha 29 de septiembre de de 2014 anulando las actuaciones que rielan a partir del folio setenta y cinco (75) y repuso la causa al estado de que fuese admitida por honorarios profesionales extrajudiciales, la cual ocurrió en la misma data, oportunidad en la que se produjo la admisión, por lo que el lapso de emplazamiento comenzaría a computarse una vez constara en autos la notificación de las partes.

De modo que, el Tribunal de la causa, al admitir nuevamente la demanda y ordenar el emplazamiento de la accionada, previo notificación de las partes, considerando que éstas se encontraban a derecho, ya que desde el 05 (sic) de agosto de 2014 la demandada había otorgado poder apud acta, garantizando el derecho de defensa de las partes al acordar que el auto (del 29/09/2014) (sic) que admitió nuevamente la demanda y ordenó que el emplazamiento fuese notificado.

Ahora bien con posterioridad al auto de nueva admisión de la demanda (del 29/09/2014), (sic) el abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS en representación de la parte demandada, diligenció en la causa el 30 de septiembre de 2014, pidiendo pronunciamiento “en este injusto proceso”. Con dicha actuación, la parte demandada quedó notificada del nuevo auto de admisión de la demanda y, a partir de ese mismo día, cuando también se dio por notificada la parte actora, comenzaba a computarse el término para la contestación de la demanda a que se refiere el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, la representación de la parte demandada, abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS, no concurrió a dar contestación a la demanda en el referido término, en tanto que en la etapa probatoria no concurrió a promover u ofrecer los medios con que pretende sustentar su defensa. No obstante, posteriormente, después de dictarse sentencia definitiva (26/02/2015), (sic) fue que compareció la parte demandada, asistida por el abogado DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS, apelando del mencionado fallo, y denunciando violación al debido proceso.

De manera que, en el caso de autos, la parte demandada al haber actuado con posterioridad a la resolución judicial de fecha 29 de septiembre de 2014, (folio 109), quedó notificada y emplazada para el acto de contestación de la demanda y demás actos procesales, dependiendo exclusivamente de ella su participación o no en la causa.

De ahí, que distinto a lo alegado por la representación de la parte demandada, este organo jurisdiccional no observa que en el caso de autos se hubiese vulnerado el debido proceso y/o el derecho de defensa de la accionada, pues el juez de la causa actuó dentro del supuesto previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, manteniendo a las parte en igualdad de condiciones, no justificándose la reposición de la causa (y nulidad) peticionada ahora por la parte accionada.

Resuelto lo anterior, corresponde a este Tribunal ingresar a determinar si en el presente se configuró o no la confesión ficta de la demandada.

El Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, ni nada probare que le favorezca”.

El contenido de la norma establece los requisitos de procedencia para que en una controversia puedan aplicarse los efectos presuntivos de la confesión ficta como son que el demandado no haya dado contestación a la demanda, no haya probado nada que le favorezca y que la petición del demandante no sea contraria a derecho, requisitos que el Tribunal debe necesariamente verificar.

La figura de confesión ficta comporta en sí la existencia de una sanción legal para el demandado contumaz o rebelde en contestar la demanda, y a través de ella se admite como cierto todos los hechos constitutivos de la pretensión, estableciéndose únicamente como excepción que la petición del demandante sea contraria a derecho o que durante el lapso probatorio el demandado no hubiese aportado ningún elemento encaminado a desvirtuar las pretensiones del accionante. 

Ahora bien, por tratarse, pues, de una verdadera presunción de carácter “iuris tantum”, conviene analizar si en el presente caso se cumplen los extremos pertinentes para su plena procedencia. 

Revisados exhaustivamente las actas procesales, esta Alzada observa que la representación de la parte demandada en fecha 30 de septiembre de 2014 diligenció, quedando notificada del auto de admisión de la demanda de fecha 29/09/2014, (sic) sin que hubiese concurrido al acto de contestación de la demanda, verificándose que transcurrió el lapso sin que la representación legal de la parte accionada compareciera al mismo. 

En este orden de ideas, la doctrina establece que la oportunidad que concede la Ley al demandado de comparecer al juicio y dar contestación a la demanda, es única y no puede diferirse para otra oportunidad.

En tanto que, transcurrido el lapso probatorio, tampoco promovió los medios probatorios pertinentes que pudiesen eventualmente desvirtuar los alegatos esgrimidos por la parte actora en su demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 887 y 889 del Código de Procedimiento Civil.

De modo que, se constata que al haberse admitido nuevamente la demanda en fecha 29/09/2014, (sic) y quedando la accionada notificada en fecha 30/09/2014, (sic) la misma no dio contestación, ni promovió pruebas que desvirtuaran los hechos constitutivos de la pretensión para producir convencimiento en el Jurisdiscente sobre la falta de verosimilitud de los mismos, por lo que no aportando ningún elemento encaminado a desvirtuar las pretensiones del accionante, ni siquiera prueba que favorezca a los accionados, se cumple con el primer y segundo requisitos copulativos necesarios para que se configure la confesión ficta.

En cuanto al tercer requisito de Ley, esto es que la petición del demandante no sea contraria a derecho, observa este Órgano Jurisdiccional, que al momento de hacer una sucinta descripción de los términos en que quedó planteada la controversia, indicó el demandante que el objeto de la demanda es Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales extrajudicial, previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, por lo que la acción encuentra perfectamente permitida en la Ley.

De manera que, copulando los tres elementos para la configuración de la confesión ficta, se genera como efecto la aceptación de los hechos constitutivos de la pretensión por parte de la demandada, debiendo declararse con lugar el derecho de William José Baute Mendoza al cobro por honorarios profesionales extrajudiciales estimados en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33), los cuales quedaron firmes al no haberse acogido a la retasa la parte demandada.

En consecuencia, la decisión recurrida deberá modificarse y acordarse el derecho al cobro de todas las actuaciones (desde las fechas 19 de junio hasta 20 de agosto ambas del año 2012) extrajudiciales por el abogado WILLIAM JOSÉ BAUTE MENDOZA en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A, cuantificadas en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco con treinta y tres (Bs.770.475,33), los cuales quedaron firmes al no haber sido ejercido el derecho de retasa. Asimismo, la apelación de la actora ha de declararse con lugar, con tanto que la de la accionada debe desestimarse, sin que se impongan costas dada la especie del procedimiento.

 

IV 
DE LA DECISIÓN 

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta la siguiente sentencia:

PRIMERO: Se declara sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la parte demandada;

SEGUNDO: Se declara con Lugar el derecho al cobro de Honorarios por actuaciones extrajudiciales, peticionado por WILLIAM JOSÉ BAUTE MENDOZA en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A, cuantificadas en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco Bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33);

TERCERO: Queda Modifica (sic) la decisión dictada el 26 de febrero de 2015 por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado el derecho a honorarios solo en lo que respecta a una sola actuación extrajudicial;

CUARTO: Se declara con lugar la apelación de la parte actora y sin lugar el recurso de la accionada, sin que se impongan costas, dada la especie del procedimiento, en el juicio de estimación e intimación de honorarios extrajudiciales, incoado por el abogado WILLIAM BAUTE MENDOZA contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA AERA, C.A…”(Resaltado de la Sala)

 

De la sentencia recurrida antes transcrita, esta Sala evidencia, que el tribunal de alzada omitió pronunciamiento con relación a la indexación judicial solicitada por la demandante en el petitorio del escrito libelar, con ello es evidente que el juez de la recurrida con tal proceder incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al dejar de resolver lo pedido, razón suficiente para declarar la procedencia de la presente denuncia, por la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Sin embargo, respecto a lo referido por el recurrente en casación, la Sala observó que el ad quem en su fallo sostuvo “…De manera que, copulando los tres elementos para la configuración de la confesión ficta, se genera como efecto la aceptación de los hechos constitutivos de la pretensión por parte de la demandada, debiendo declararse con lugar el derecho de William José Baute Mendoza al cobro por honorarios profesionales extrajudiciales estimados en setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33)…”.

En ese sentido, se observa que en la presente causa operó la confesión ficta de la demandada, sin que ninguna de las partes haya objetado los elementos concurrentes de esta, los cuales fueron soberanamente establecidos por la recurrida, lo que lógicamente su declaratoria trae como consecuencia la admisión de todos los hechos expuestos por el demandante en su libelo.

En tal sentido, la doctrina de esta Sala reflejada entre otros, en su fallo N° RC-820, de fecha 21 de noviembre de 2016, expediente N° 2016-334, con respecto a la carga probatoria y los efectos de la confesión ficta, señaló lo siguiente:

 

“…De acuerdo con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, la confesión ficta es concebida por la doctrina como una sanción cuyo mecanismo se activa cuando el demandado no comparece o se abstiene de contestar la demanda, caso en el cual, siempre que la petición del demandante no sea contraria a derecho, para declarar su procedencia, se requiere que el demandado no probare nada que le favorezca.

 

La figura jurídica antes mencionada, es también entendida como una ficción, por medio de la cual el demandado contumaz, acepta los hechos alegados por el actor en el libelo.

 

Al respecto, esta Sala ha señalado, de manera reiterada, que la falta de contestación de la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos. (Vid. Sentencia N° 867, de fecha 14 de noviembre de 2006, reiterada, entre otras, en sentencia N° 534, de fecha 31 de julio de 2012, caso: Yarilis Maridee Florez Boggio contra Irian Coromoto Zarate Acosta y Otra). (Negrillas de la Sala).

 

Aún más, esta Sala en sentencia N° 83 de fecha 11 de marzo de 2011, reiterada entre otras, en sentencia N° 763, de fecha 5 de diciembre de 2012, caso: María Emeria Moreno de Barillas contra Ciro Enrique Barillas Moreno, ha señalado lo siguiente:

 

“...al haber una aceptación clara del demandado del derecho y la pretensión deducida por el demandante, dado que la confesión ficta, por su naturaleza, es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda, siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el demandado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante, que comporta la aplicación del viejo aforismo jurídico que señala: “A confesión de parte relevo de prueba” y del viejo adagio Latino que expresa: “Jura Vigilantibus, Non Dormientibus Prosunt”, El derecho viene en socorro de los que velan, no de los que duermen…”. (Negrillas de la sentencia).

 

(Cfr. Sentencias de esta Sala Nos. RC-083, del 11-3-2011. Exp. N° 2010-312; RC-763, del 5-12-2012. Exp. N° 2012-354; RC-478, del 29-7-2014. Exp. N° 2014-145; RC-416, del 9-7-2015. Exp. N° 2013-601; RC-225, del 7-4-2016. Exp. N° 2015-709; y RC-820, del 21-11-2016. Exp. N° 2016-334).-

 

No obstante, tal como fue delatado, en el fallo recurrido no se evidencia que se haya acordado la indexación judicial solicitada a la suma condenada a pagar.

Sin embargo, casar el fallo recurrido y reponer la causa al estado de que se dicte nueva decisión, generaría una reposición inútil y atentaría contra los postulados constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lograr una justicia expedita, sin formalismos inútiles e injustificados que entorpezcan o dilaten la tramitación del proceso, por lo que en atención a esos principios, esta Sala considera procedente acordar la indexación judicial a la suma condenada a pagar en la presente causa, como consecuencia lógica la ocurrencia de la confesión ficta de la demandada, la cual deberá realizarse mediante experticia complementaria del fallo, por un (1) sólo experto, (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-865, del 7-12-16. Exp N° 2015-438), tomando como base el índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas y deberán tener como parámetro inicial de referencia la fecha en la cual fue admitida la demanda y como parámetro final indispensable para dicho cálculo, la fecha del auto que declare que la sentencia se encuentra definitivamente firme, dictado por el tribunal de la causa, conforme a lo señalado en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que se deberá excluir de dicho cálculo, “…los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, tales como, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes…” (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional de este máximo Tribunal N° 714 de fecha 12 de junio de 2013, caso de Giuseppe Bazzanella, expediente N° 12-34).

CASACIÓN SIN REENVÍO

De conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la Sala puede casar sin reenvío el fallo recurrido cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al tribunal al cual corresponda la ejecución.

En el caso concreto, la Sala declaró procedente la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa, en virtud de que el juez de la recurrida no le otorgó la indexación judicial solicitada en el libelo de la demanda a la suma condenada a pagar, lo cual fue corregido por esta Sala, vista la confesión ficta en que incurrió la demandada, y la improcedencia de la única denuncia presentada por esta en este caso, por lo que, al presentarse inmodificable la situación fáctica en el caso concreto, no se hace necesario un nuevo pronunciamiento por parte de otro juez que conozca de la causa, y en consecuencia, se casa sin reenvío el fallo recurrido. Así se decide.-

CONSIDERACIONES AL MARGEN DE LO DECIDIDO.

         Visto que en la única delación por defecto de actividad la demandada recurrente denunció la infracción de normas constitucionales, en apoyo a la infracción de normas de rango legal ordinaria e inferior, esta Sala estima necesario hacer las siguientes consideraciones al respecto:

         La doctrina de esta Sala de vieja data, con respecto a la infracción de normas constitucional en sede casacional y su denuncia de forma aislada, tenía establecido que la revisión por violación de normas de rango constitucional no es competencia de esta Sala, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por lo que sólo pueden ser objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de manera directa en el caso concreto. (Cfr. Fallo Nº 219, de fecha 27 de marzo de 2006. Exp. Nº 2005-397; N° 13, de fecha 23 de enero de 2007, Exp. N° 2006-657; N° RC-384, de fecha 3 de julio de 2013. Exp.  N° 13-164; y N° RC-743, de fecha 8 de diciembre de 2015. Exp. N° 2015-264, entre muchas otras).-

         Posteriormente, en cuanto a la infracción de normas constitucionales, esta Sala también ha señalado, que en los casos en que la violación de la norma de rango legal sea de tal magnitud que implique la infracción del orden constitucional, esta suprema jurisdicción podrá actuar de oficio para restablecer el error cometido, más no para declarar la infracción de la norma constitucional de forma autónoma, que en todo caso sólo podría ser utilizada por el formalizante para colorear o apoyar su denuncia, sin pretender la declaratoria de violación por parte de la Sala, pues el recurso extraordinario de casación es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad. (Cfr. Sentencias N° RC-200, del 12 de mayo de 2011. Exp. 2010-469; y N° RC-384, del 3 de julio de 2013. Exp. N° 2013-164).-

        

Por su parte, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1704, de fecha 18 de diciembre de 2015, expediente N° 2013-606, caso: Amalia Clemencia Cordido Santana, en solicitud de revisión constitucional, en torno a la denuncia e infracción de normas constitucionales en casación, señaló lo siguiente:

 

“…La segunda de las sentencias cuya constitucionalidad se cuestiona, contiene adicionalmente la siguiente afirmación:

En otro orden, ha establecido reiteradamente esta Sala de Casación Civil que la violación o quebrantamiento de normativas de carácter constitucional, no es competencia material de la Sala de Casación Civil, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por consiguiente, es importante ratificar que, el recurso de casación es un medio de impugnación dirigido a controlar la legalidad del fallo, no su constitucionalidad, en ese sentido, ante esta Sala de Casación Civil no podría caber como denuncia, la infracción de una disposición constitucional como vicio delatado, ocurriendo en el presente caso que, el formalizante ha denunciado la infracción del artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por falta de aplicación. Y en este sentido, de antemano resulta improcedencia (sic) tal denuncia delatada por desprender en ella, el apoyo a un vicio del recurso de casación presentado. Así se establece.

De más está decir, que el referido criterio no se encuentra en sintonía con los nuevos postulados constitucionales, ni con las interpretaciones que de manera constante ha realizado esta Sala Constitucional, con base en lo contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

La propia Sala de Casación Civil, había señalado que:

En garantía del legitimo (sic) derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia número 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente número 99-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1353 de fecha 13 de agosto de 2008, expediente número 07-1354, caso CORPORACIÓN ACROS, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque “asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, por cuanto si bien el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente, el mismo tiene incidencia constitucional. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional, encontradas en el caso bajo estudio. (Sentencia N° 00462 del 13 de agosto de 2009, ratificada el 20 de junio de 2011 mediante sentencia N° 000258).

De tal manera que, no puede apartarse ningún tribunal de la República del estudio o análisis de algún tipo de denuncia sobre inconstitucionalidad, en virtud que existe un mandato constitucional a velar por la integridad de la carta magna y sus disposiciones, tal como lo ha señalado de manera reiterada esta Sala.

En este sentido, es pertinente citar lo expuesto en sentencia N° 1674 del 29 de noviembre de 2013 (Caso: Vale Canjeable Ticketven C.A.), en la que se estableció lo siguiente:

Ahora bien, se alega y así reconoce la representación de la tercera interviniente, que la Sala de Casación Civil se apartó de la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional al desestimar la denuncia de infracción de los artículos 98 y 115 de la Constitución por no ser materia propia del recurso extraordinario de casación, señalando que el mismo es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad, para lo cual existen otro tipo de medios que deben intentarse ante esta Sala Constitucional.

Al respeto esta Sala ha señalado que todos los jueces o juezas de la República son garantes de la Constitución y están en la obligación de asegurar su integridad, en el ámbito de sus competencias, tal como lo dispone el artículo 334 del Texto Fundamental. En tal sentido, la Sala de Casación Civil conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil tiene la potestad, aún de oficio, para casar un fallo que se recurra con base en infracciones de orden público o de orden constitucional y, en consecuencia, hacer pronunciamiento expreso en su sentencia (véase sentencia n.° 1353 del 13/08/2008, caso: Corporación Acros, C.A.).

En el presente caso se observa que la Sala de Casación Civil se apartó del criterio vinculante de esta Sala respecto a su obligación de tutelar el orden constitucional en relación a los vicios delatados respecto al error de interpretación de los artículos 98 y 115 de la Constitución. Por tanto, debe declararse ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional…

Así las cosas, es evidente que la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, identificada con el N° 000374/2011, se apartó de interpretaciones efectuadas por esta Sala sobre el contenido y alcance de las normas constitucionales, en detrimento de los derechos de la hoy solicitante, motivos por los que esta Sala Constitucional declara ha lugar la solicitud de revisión interpuesta y anula en consecuencia las decisiones N° 000095/2009 y 000374/2011, dictadas por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia…”

 

Ahora bien, tomando en consideración todos los precedentes jurisprudenciales antes expuestos, esta Sala observa, que el derecho a la tutela judicial eficaz previsto en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26, es el equivalente, en el derecho anglosajón, a la obligación de respetar el “due process of law” (debido proceso legal), que también aparece señalado en las enmiendas VI y XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América, y este derecho a la tutela judicial eficaz, también llamada tutela judicial efectiva, es un auténtico derecho fundamental de carácter autónomo y con contenido propio, aplicable a cualquier rama del derecho y por ende vinculante para todos los jueces de la República e inclusive para los Magistrados que integran las distintas Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, y este principio concatenado con el derecho a la defensa y el debido proceso, previstos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, vinculados con lo dispuesto en el artículo 257 eiusdem, que señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, esta Sala considera necesario, realizar una atemperación de su doctrina en torno al análisis de las denuncias por infracción de normas constitucionales de forma autónoma en sede casacional, y establece, que procederá al análisis de las mismas independientemente de que la denuncia haya sido formulada sin la correspondiente argumentación que la lleva a establecer que la infracción constitucional es señalada como apoyo de la denuncia de normas de rango legal correspondientes al recurso extraordinario de casación, todo ello en aplicación de los principios constitucionales antes citados, así como de las garantías constitucionales de prohibición de la indefensión, del derecho a ser oído y de petición, consagrados en los artículos 49 y 51 ibídem; de lo previsto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), y el artículo 14 numeral 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en resumen consagran el derecho personal al ejercicio de un recurso efectivo ante los órganos de administración de justicia, como garantía del derecho de petición, con un procedimiento acorde y efectivo conforme a la Constitución, con una justa tutela judicial efectiva y un debido proceso, que garantice el derecho a la defensa, con una pronta y oportuna resolución del caso, en igualdad ante la ley, sin discriminación de ningún tipo, ante un juez competente, independiente e imparcial; y como lo señala el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, y visto que el derecho de acceso a la jurisdicción, considerado como el que permite dirigirse mediante solicitud al órgano jurisdiccional, la admisión de cualquier solicitud, independientemente de su procedencia o no, y que el costo de la misma o de los procesos, no puede constituir un obstáculo, conforme a lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el “Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”, y conforme al antiguo adagio latino: (Fiat iustitia pereat mundus), que informa: (Hágase la justicia aunque perezca el mundo), hacen concluir a esta Sala, que es su obligación legal y constitucional el conocimiento de las denuncias de infracción de normas constitucionales en sede casacional, aún cuando se presenten de forma aislada sin apoyo a la infracción de una norma de rango legal ordinaria e inferior concerniente a la casación propiamente dicha. Así se declara.-

 

 

D E C I S I Ó N

En virtud de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado por la demandada; CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado por la demandante, y CASA SIN REENVÍO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de noviembre de 2015.

En consecuencia, se declara: 1°) Sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la demandada; 2°) Con lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales de abogado por actuaciones extrajudiciales, peticionado por el ciudadano abogado William José Baute Mendoza, en contra de la sociedad mercantil distinguida con la denominación Constructora Aera, C.A, cuantificadas en la suma de setecientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.770.475,33) y su indexación judicial, la cual deberá realizarse mediante experticia complementaria del fallo, por un (1) solo experto, tomando como base el índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas y deberán tener como parámetro inicial la fecha en la cual fue admitida la demanda y como parámetro final la fecha del auto que declare la sentencia definitivamente firme, 3°) Queda modificada la decisión dictada el 26 de febrero de 2015, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había declarado el derecho al cobro de honorarios sólo en lo que respecta a una sola actuación extrajudicial; 4°) Se declara con lugar la apelación de la demandante y sin lugar el recurso de apelación de la demandada.

NO HA LUGAR a la condenatoria al pago de LAS COSTAS procesales del recurso y del juicio, dada la naturaleza de la presente acción de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, que no permite dicha condenatoria. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-512, del 9 de agosto de 2016. Exp. N° 2015-770).

         Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_______________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000282.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

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