Venley

Sentencia N.º RC.000644

Sentencia
N.º RC.000644
Fecha
13/12/2018
Sala
Casación Civil
Expediente
18-147
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIDENTAL

 

Exp. AA20-C-2018-000147

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores.

 

 

En el juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta, intentara ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la ciudadana DULCE MARÍA SOSA PIMENTEL, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 3.812.831, quien cedió los derechos litigiosos a favor de los ciudadanos DAVID RAFAEL VIVAS SOSA y AURA MERCEDES VIVAS SOSA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.178.919 y 17.423.224, respectivamente, representado judicialmente por los abogados Antonio Bello Lozano Márquez y Henry Sanabria Nieto, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 16.957 y 58.596 respectivamente, contra la ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.993.812, quien actúa como única y universal heredera del de cujus ciudadano GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHÁN (†), quien era venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 2.992.281, representada judicialmente por la abogada Mabel Cermeño, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 27.128, y en el cual actúa como TERCERO INTERVINIENTE la ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, en representación de sus propios derechos e intereses e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 76.360; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 15 de enero de 2015, mediante la cual declaró:

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, ciudadana María López Semerene, contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Municipio ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia de fecha 10 de junio de 2013, inconsecuencia (sic) se confirma el mencionado fallo.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMPRA VENTA intentada por los ciudadanos DAVID RAFAEL VIVAS SOSA y AURA MERCEDES VIVAS SOSA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.178.919 y V-17.423.224, respectivamente, contra la ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-13.993.812, actuando en su carácter de única y universal heredera del de cujus GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHÁN, quien era venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 2.992.281.

TERCERO: Sin lugar la reconvención que por resolución de contrato de compraventa, fuera intentada por la ciudadana, Mariana López Semerene, contra los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, plenamente identificados en autos.

CUARTO: Se condena a la parte demandada reconviniente ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, a la ejecución del contrato de compraventa autenticado, el 23 de junio de 2003, por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Sucre del Estado Miranda, el cual quedó anotado bajo el Nº 16, Tomo 21, otorgando la escritura ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente del inmueble constituido por “UN APARTAMENTO DISTINGUIDO CON EL Nº 62, UBICADO EN LA PLANTA SEXTA DEL EDIFICIO COTA MIL I UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL ÁVILA, SECTOR NORTE, CALLE Nº 5, MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA”, con una superficie de ciento treinta y cinco metros cuadrados (135 mts 2), el cual consta de hall de entrada, salón de estar, comedor baño para visitantes, cocina pantry, lavadero, baño de servicios, pasillo habitacional, dormitorio principal con baño privado y vestier, dos (02) dormitorios con closets y jardinería. Asimismo le corresponden dos (02) puestos de estacionamiento, marcados con los números cinco (05) y seis (06) ubicados en la planta sótano 2 y un maletero distinguido con el número uno (01) ubicado en la planta sótano 2. Dicho apartamento tiene los siguientes linderos particulares: NORTE: Con hall de los ascensores; SUR: Con fachada respectiva; ESTE: Con el apartamento No. 61 y OESTE: Con el apartamento No. 63. Al cual le corresponde un porcentaje de condominio de dos enteros con siete mil veintisiete diez milésimas por ciento (2,7.027%). Está sujeto al régimen de propiedad horizontal, tal y como consta de documento de condominio protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día 13 de diciembre de 1989; anotado bajo el N 27, Protocolo primero Tomo 29, previo el pago del saldo restante convenido en el contrato suscrito por la partes, el cual es por la cantidad de Bs. 15000,00.

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, la presente sentencia se considerará titulo suficiente de propiedad si definitivamente firme la misma, y previo el pago de la cantidad adeudada que conste a los autos, la demandada no otorgare el instrumento de propiedad.

SEXTO: Sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada.

SÉPTIMO: Improcedente la defensa de tercería invocada por la ciudadana Adriana Piedrahita.

OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada…”.

 

Contra la precitada decisión, la parte demandada  reconvenida en fecha 7 de abril de 2015; y quien intervino como tercera, en fecha 21 de abril de 2015, anunciaron recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido en fecha 11 de mayo de 2015, y oportunamente formalizado por la última de las señaladas. Hubo impugnación,

En fecha 10 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Civil, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación.

Posteriormente la Tercera interviniente ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, interpuso recurso de revisión ante la Sala Constitucional, la cual dictó sentencia en fecha 27 de octubre 2017, mediante la cual se declaró ha lugar la solicitud de revisión constitucional, con base en los siguientes argumentos:

“…CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° 748, que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de diciembre de 2015, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien intervino en la causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 267 eiusdem, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de enero de 2015, que declaró: (i) sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada, ciudadana Mariana López Semerene, contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia el 10 de junio de 2013 y en consecuencia, confirmó el fallo mencionado; (ii) con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta interpuesta por los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa contra la ciudadana Mariana López Semerene, actuando en su carácter de única y universal heredera del de cujus Gustavo Emilio López Merchán; (iii) sin lugar la reconvención que por resolución de contrato de compra venta intentó por la ciudadana Mariana López Semerene contra los ciudadanos David Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa; (iv) se condenó a la ciudadana Mariana López Semerene a la ejecución del contrato de compra venta; (v) que se considerará la sentencia título suficiente de propiedad si definitivamente firme la misma, y previo el pago de la cantidad adeudada que conste en autos, la demandada no otorgare el instrumento de propiedad; (vi) Sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada; (vii) improcedente la defensa de tercería invocada por la ciudadana Adriana Piedrahita; y viii) se condenó en costas a la parte demandada.

Delimitada la competencia de esta Sala, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales; o, (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.

Ahora, esta Sala aprecia, según se desprende de las actas, que la sentencia sometida a revisión tiene el carácter de definitivamente firme, y, en tal sentido, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que la solicitante, como antes se apuntó, denunció la violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa, la propiedad y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, por cuanto la demanda se intentó contra uno solo de los propietarios comuneros de un inmueble, quien no tenía cualidad procesal suficiente para sostener el juicio y sin que se haya citado al otro propietario comunero, no dando oportunidad para el ejercicio de su defensa en primera instancia, no tomando en consideración el alegato esgrimido en la apelación de la sentencia de primera instancia.

Asimismo, la solicitante alegó que se violó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al haberse dictado sentencia definitiva cuando la causa se encontraba paralizada por auto expreso desde el año 2011, por aplicación de las normas contenidas en el Decreto Ley Contra Desalojos Arbitrarios; y cuando se omitió el análisis de las pruebas válidamente producidas por ella como lo son el acta de matrimonio, el documento de propiedad del inmueble, la sentencia de divorcio, la constancia de residencia y las actuaciones del Ministerio Público, lo cual supone, en su criterio, el vicio de silencio de prueba, por cuanto si bien se mencionan no las analizan ni les atribuyen valor probatorio alguno, a pesar de ser documentos públicos.

Por otra parte, la solicitante denunció la violación de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, por considerar que la sentencia objeto de revisión desconoció jurisprudencia pacífica de la propia Sala de Casación Civil; y alegó además, que se violó su derecho de propiedad, debido a que se le estaría despojando del único bien inmueble que ocupa como vivienda, irrespetando las normas sobre prohibiciones de desalojos arbitrarios.

Por su parte, la Sala de Casación Civil en el fallo objeto de revisión expresó, que al analizar la denuncia relativa a la infracción de los artículos 12, 15, 146, 206 y 321 del Código de Procedimiento Civil, al haberse producido la indefensión de la formalizante, al no haber ordenado el juez de alzada la debida integración del litis consorcio pasivo necesario y la consecuente citación de su persona al estado de contestar la demanda, concluyó que, en el caso analizado no se verificó la indefensión denunciada, por cuanto la tercera interviniente pudo ejercer el recurso de apelación, sin estar limitada en el ejercicio libre y efectivo del derecho a la defensa y sus peticiones fueron declaradas sin lugar por el Juzgado Superior.

Por otra parte, en cuanto al alegato esgrimido por la formalizante del recurso de casación en relación a que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al no analizar sus alegatos esgrimidos en la apelación relativos a que ha debido ser llamada al juicio a través de la citación, por ser copropietaria del inmueble objeto del contrato de compraventa, por cuanto nunca se hizo la partición de la comunidad conyugal existente entre ella y su ex cónyuge; al respecto la Sala de Casación Civil concluyó que los derechos denunciados por la recurrente debían hacerse valer a través de un proceso que permita declarar los mismos.

En cuanto a la denuncia de la formalizante del recurso de casación en relación a que el tribunal de alzada silenció las pruebas promovidas en la apelación, la Sala concluyó que el Juzgado Superior hizo mención de las pruebas y determinó que lo pretendido por la tercera interviniente resultaba improcedente, sin que mediara un debido proceso que le permitiera a la parte actora ejercer, efectivamente, su derecho a la defensa.

Ahora bien, en el presente caso, la tercera interviniente en el juicio primigenio, aquí solicitante de la revisión, por cuanto no fue demandada en el juicio de cumplimiento de contrato de compra venta, al enterarse de la demanda interpuesta contra su ex cónyuge compareció en el juicio, ejerció apelación contra la sentencia dictada en primera instancia y alegó que en dicho caso al ser el objeto de la demanda un bien perteneciente a la comunidad conyugal que existió entre ella y su ex cónyuge, comunidad que nunca fue liquidada, dicho bien le correspondía en comunidad con el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, por cuanto fue adquirido durante la vigencia del matrimonio, de manera que consideró que en el presente caso se está en presencia de un litis consorcio pasivo necesario, y por tanto ella ha debido ser citada como codemandada, a los fines del ejercicio pleno de su derecho a la defensa.

En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, caso: José Pascual Medina Chacón, en donde precisó:

Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por “incongruencia omisiva” como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada (sic) fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una “incongruencia omisiva”.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.

Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia n.° 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:

(…) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.

Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002, caso: Plaza Suite I C.A., que:

(…) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 15

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...(omissis)...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

Ahora, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que la Sala de Casación Civil silenció defensas de la tercera interviniente y no entró a analizar las pruebas promovidas en la segunda instancia de conocimiento, bajo el argumento tergiversado de que tales defensas debían ser ventiladas en un juicio autónomo. De esta manera la Sala de Casación Civil no analizó si se estaba en presencia o no de un litis consorcio pasivo necesario, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y defensas de la tercera interviniente, se llegó a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria sin lugar del recurso de casación y, en consecuencia, se afectaron de forma sustancial los términos de la controversia principal.

De igual modo, la Sala observa que la ausencia de pronunciamiento en relación con la defensa de falta de cualidad infringió el derecho de la parte solicitante a una tutela judicial eficaz, ya que el análisis del argumento que fue omitido pudiera conducir a la modificación de la relación procesal. En ese sentido, la Sala estima oportuna la cita del criterio propio que fue expresado en el fallo n.º 1193 del 22 de julio de 2008, caso: Rubén Carrillo Romero y otros, donde se estableció lo siguiente:

La cualidad o legitimación a la causa ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de diversos estudios por parte de los más reconocidos estudiosos del Derecho Procesal, de donde surgió la brillante tesis del ilustre y reconocido jurista Luis Loreto “Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”, quien precisó la cualidad como la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hace valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), sin que sea necesaria, para la sola determinación de la existencia o no de la legitimación, la verificación de la efectiva titularidad del derecho subjetivo que se pretende hacer valer en juicio, por cuanto ello es una cuestión de fondo que debe resolverse, precisamente, luego de la determinación de la existencia de la cualidad, es decir, que la legitimación ad causam constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional que resuelva el fondo o mérito de lo debatido, sin que ello desdiga de la vinculación evidente con el derecho de acción, de acceso a los órganos de administración de justicia o jurisdicción y, por tanto, con una clara fundamentación constitucional.

Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aun de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela jurídica en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es evitar el caos social.

Con fundamento en el argumento anterior, la Sala concluye en la necesidad de efectuar ciertas precisiones en cuanto a la constitución de la relación procesal a que dio lugar al juicio de cumplimiento de contrato de compra venta.  Si bien en el presente caso fue demandado el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, por haber celebrado el contrato de compra venta de un apartamento con la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, que luego cedió sus derechos litigiosos a los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, el arrendatario, José Luis Guerra, al comparecer la tercera interesada con el alegato de ser copropietaria del inmueble y que por tanto ha debido ser llamada al proceso, no podía el Juzgado Superior, y mucho menos la Sala de Casación Civil, dejar de analizar si en el caso bajo análisis era necesario que se conformase la relación procesal con la tercera interesada. Así se decide.

Por ello, en virtud de que esta Sala Constitucional considera que el fallo objeto de revisión vulneró directamente la doctrina acerca del análisis de la existencia de falta de cualidad, materia que ha sido considerada como de orden público, por lo que se declara que ha lugar a la revisión y, en consecuencia, anula la decisión n.°: 748, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 10 de diciembre de 2015, y repone la causa al estado en que la referida Sala (Accidental) dicte nueva sentencia con acatamiento al criterio que se estableció en el presente fallo. Así se decide.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta Sala acuerda la medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme sobre el fondo del juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta interpuso la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.- HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso la abogada ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, actuando en defensa de sus propios derechos de la sentencia n. 748, del 10 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se ANULA dicha decisión y REPONE la causa al estado en que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Accidental), dicte nuevo fallo de acuerdo con el criterio que fue expuesto en la presente decisión.

2.- Se ACUERDA la medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme sobre el fondo del juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta interpuso la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado…”.

 

En virtud de la decisión de la Sala Constitucional, el expediente fue enviado a esta Sala de Casación Civil, el cual fue recibido en fecha 22 de marzo de 2018.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

Conforme a lo dispuesto en fallos números RC-254, expediente N° 2017-072. Caso: Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675. Caso: Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, señalando al respecto lo siguiente:

 

“Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, N° RC-510, del 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, del 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†) y Rosangela Arenas Rengifo (†), contra SERVIQUIM C.A., y otra).

En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.

Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se de por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.

Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.

Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: “En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio…”, o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuando: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.

Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara…”. (Destacados de lo transcrito).-

 

 

PUNTO PREVIO

ÚNICO

Se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que corren inserto a los autos dos anuncios del recurso de casación contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 15 de enero de 2015, y se observa que solamente el correspondiente a la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien intervino en la causa en defensa de sus derechos e intereses invocando el artículo 370 en su ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, fue oportunamente formalizado, tal como consta en el escrito consignado en fecha 15 de junio de 2015, por ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil.

De allí que, el recurso extraordinario de casación anunciado por la ciudadana abogada Mabel Cermeño en su carácter de apoderada judicial de la única y universal heredera del demandado fallecido, no fue formalizado en su oportunidad, en consecuencia debe declararse perecido. Así se decide.

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Por razones de metodológicas la Sala procede a alterar el orden de las denuncias contenidas en el escrito de formalización y en virtud de ello pasa a analizar la contenida en el capítulo III, en los siguientes términos:

III

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia.

Alega textualmente el formalizante lo siguiente:

 

“...la infracción en la recurrida de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no decidir el sentenciador conforme a lo alegado y probado en autos, articulo 15 eiusdem, porque la abstención de examinar el escrito de informes presentado en la alzada, configura un menoscabo claro al derecho a la defensa, y del ordinal quinto (5°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por estar viciada la recurrida de incongruencia negativa, al no pronunciarse expresamente sobre varios de los extremos o elementos de hecho que conformaban la presente litis o problema judicial, como son los contenidos en el escrito de informes presentado por mi ante la alzada...” y cuya solución por parte del sentenciador, no solo era su deber, sino que era de sumo interés para mi persona, sin embargo sobre estos asuntos, el sentenciador ad-quem guardó el más absoluto silencio, todo lo cual paso a explicar de la siguiente forma:

(…Omissis…)

De los informes presentados y antes transcritos, se hace ostensible la alegación de hechos y circunstancias que eran de obligatorio razonamiento y decisión por parte del juez de la recurrida, pues tenían influencia determinante sobre el dispositivo de la decisión, dado que dejan claramente determinada mi cualidad de apelante de la decisión de primera instancia, por tener el derecho de propiedad como comunera sobre el bien inmueble objeto de litigio, y que no fui citada a juicio, sino que tuve que intervenir como tercera interesada después de dictada la sentencia en primera instancia, lo que patentiza la violación del debido proceso y derecho de defensa de mi persona, así como la violación de la tutela judicial efectiva, al no haberme llamado a juicio a través de citación, materia de orden público, que obligaba a pronunciamiento al Juez (sic) de alza da conforme al principio de congruencia del fallo.

A tal efecto consigné en el acto de apelación, copia certificada del acta de matrimonio, documento de propiedad, sentencia de divorcio y constancia de residencia.

De igual forma alegue que la liquidación de la comunidad conyugal nunca se llevó a cabo, y por ende que existe entre nosotros una comunidad ordinaria de bienes, a tenor de lo previsto en el artículo 765 del Código Civil. Aunado a esto hay que destacar la conducta dolosa del demandado, así, el vendedor GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHÁN, quien tenía pleno conocimiento de que ese bien pertenecía a la comunidad de gananciales habida en nuestro matrimonio.

Materia que interesa al orden público y al orden constitucional, pues esta (sic) íntimamente ligada a la violación del derecho de propiedad, y por ende vinculaba al juez al momento de decidir, dada la primacía de aplicación de las normas constitucionales, y visto la evidente falta de consentimiento por parte de mi persona en la venta del inmueble.

(…Omissis…)

Del escrito de informes ante la alzada ya transcrito, se desprende que se hicieron varios alegatos por la violación del orden público, y de una actuación manifiestamente injusta por parte del juez de la recurrida en apelación.

 

Es clara la incongruencia negativa denunciada en este caso, dado que el juez de alzada, suprimió del thema decidendum, lo relativo a la violación del orden púbico.

(…Omissis…)

En consecuencia, el fallo recurrido en su dispositivo NO ES EXPRESO, pues no consta que materialmente en el texto del mismo, haya sido tratado aunque sea en forma tangencial los alegatos que conforman puntos esenciales de los informes en la alzada, referentes a la violación del orden público y el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida en apelación, y mucho menos en forma expresa; de igual manera y en consecuencia, su dispositivo NO ES POSITIVO, por cuanto, nunca llega a resolver sobre los alegatos expuestos en los informes; y asimismo, NO ES PRECISO, por cuanto, no se conoce la suerte de tales argumentos dentro del proceso, no se sabe si fueron apreciados o si fueron desechados por el sentenciador, si este los analizó o no, si los consideró legales, pertinentes o eficaces.

Todo ello, hace el fallo recurrido incongruente y por ende violatorio de las normas anteriormente denunciadas.

Conforme a la Doctrina de Casación, es deber del sentenciador, revisar todos los EXTREMOS DE HECHO que han conformado el PROBLEMA JUDICIAL debatido, iniciando esa revisión mediante SU CORRELACIÓN CON LOS MEDIOS DE PRUEBA producidos en autos, para así ESTABLECERLOS como probados o desecharlos como no probados...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega le formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa al omitir pronunciamiento respecto de los alegatos expuestos en el escrito de informes interpuesto por la parte tercera interviniente en el caso de autos, los cuales iban dirigido a alegar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, con base en que para el momento de la venta del inmueble la ciudadana Adriana Piedrita Ramos, y su ex cónyuge el ciudadano Gustavo Emilio López, no habían partido la comunidad de gananciales.

En este sentido, se debe indicar que el requisito de congruencia está previsto en el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, y el mismo, le impone un deber al juez de dictar sus decisiones de forma expresa, positiva y precisa, siempre con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas.

Asimismo, esta Sala ha venido reiterando que este requisito debe extenderse hacia todos los alegatos y defensas formuladas por las partes durante el juicio, inclusive, a los expuestos en los escritos de informes y los escritos de observaciones a los informes presentados en segunda instancia, siempre y cuando, se traten de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso, luego de trabada la litis, que resulten determinantes en la suerte del juicio o la incidencia. (Sentencia N° 348 del 31 de octubre de 2000, caso: Luis Juan Diegues Urbina, contra Linda Nassour Homsy, sentencia N° RC-190 del 1 de abril de 2014, expediente N° 2013-712, caso: Carmen Matilde Hernández Carmona, contra Eduardo Ernesto Sierra).

Es decir, que cuando se trate de alegatos de corte esencial y determinante; como por ejemplo, los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad, la prescripción, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso, el juez está en el deber de analizarlos y emitir pronunciamiento al respecto, con la finalidad de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia.

Ahora bien, para verificar los alegatos expuestos por el formalizante la Sala procede a transcribir lo pertinente del escrito de informe que consta a los folios del 308 al 311 de la pieza 1/3 del expediente, en la que textualmente se expresa lo siguiente:

“...Yo, ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, venezolana, divorciada, titular de la cédula de identidad № V-14.486.760, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado I.P.S.A. bajo el № 76.360 y con domicilio procesal en la urbanización Terrazas del Ávila, calle 5, Res. Cota Mil I, piso 6, Apto № 62, Municipio Sucre, Estado Miranda, telf. 0414-0121819. Actuando en este acto en mi propio nombre y representación, ante su competente autoridad, respetuosamente ocurro, con el fin de exponer:

De conformidad con lo establecido en el ordinal 6o del Artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Articulo 297 Eiusdem interpongo en este acto "RECURSO DE APELACIÓN" contra la Sentencia dictada en primera instancia por este Tribunal el 10 de junio del 2.013 en la cual Declara: Con LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMPRAVENTA fuera intentada por los ciudadanos DAVID RAFAEL VIVAS SOSA y AURA MERCEDES VIVAS SOSA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad № V-15.178.919 y V-17.423.224, respectivamente, contra la ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad № V-13.993.812, actuando en su carácter de única y universal heredera del de cujus GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHÁN, quien era venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad № V- 2.992.281.

En este sentido el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, establece:

…Omissis…

Ordinal 6° Para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el Art. 297”.

En lo que respecta a la legitimación para apelar el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil dispone:

…Omissis…

En lo que concierne a la apelación de terceros, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, pág. 473, 474 y 475, comenta: Los terceros pueden apelar, siempre que se den dos condiciones: a) que el fallo a impugnar sea una sentencia definitiva, según lo requiere este artículo en comento; b) que dicha sentencia le acarree un perjuicio, bien sea porque pueda ejecutarse el fallo sobre sus bienes, bien sea porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.

El presente recurso lo interpongo en los siguientes términos, fundamentada en los hechos y derechos conforme se desarrollan en el presente escrito:

Tuve conocimiento de esta Decisión Judicial de manera fortuita e inesperada el pasado día viernes 28 de junio del presente año 2.013 cuando navegaba por internet en la página del Tribunal Supremo de Justicia.

De la lectura que hice de esta sentencia me informo que se dio inicio a este juicio mediante libelo de demanda presentado el 29 de marzo de 2004, por los ciudadanos ANTONIO BELLO LOZANO MÁRQUEZ y HENRY SANABRIA NIETO, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana DULCE MARÍA SOSA PIMENTEL, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, contra el ciudadano GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHAN hoy fallecido y quien fuera mi esposo desde el 25 de abril de 1.992 y hasta el siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1.998), fecha en la cual tuvo lugar nuestro divorcio pero el falleció sin que llegáramos a liquidar nuestra comunidad conyugal por lo que el bien objeto de esta controversia nos pertenece a ambos de por mitad ya que el mismo fue adquirido en fecha diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1.993), es decir durante nuestro matrimonio.

Así pues esta demanda y su sentencia están sustentadas sobre la base de un contrato de opción de compra venta que firmara en fecha 23 de junio del año 2.003. Sin mi conocimiento (a mis espaldas) y menos aun mi consentimiento, autorización y voluntad (lo cual es un elemento esencial para la existencia del contrato según el Art. 1.141 del Código Civil) mi ex esposo GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHAN, quien era titular de la cédula de identidad № V- 2.992.281 sobre un bien inmueble ubicado en la urbanización Terrazas del Ávila, calle 5, Res. Cota Mil I, piso 6, Apto № 62, Municipio Sucre, Estado Miranda el cual pertenece nuestra comunidad conyugal. Queda evidente entonces que soy legitima CO-PROPIETARIA del mismo por haber sido adquirido y pagado durante nuestro matrimonio.

Consigno en este acto copias certificadas de los siguientes documentos:

1. Acta de matrimonio marcada con la letra "A". Donde se certifica que contraje matrimonio el día veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y dos (1.992) con el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, titular de CI. № V-2.992.281.

2. Documento de propiedad del inmueble marcado con la letra "B". El cual fue adquirido y Registrado en fecha diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1.993).

3. Sentencia de divorcio marcada con la letra "C". La cual fue dictada el siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1.998).

4. Constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre marcada con la letra "D". Expedida el día veintiocho (28) de junio de 2.013. Donde se hace constar que mi lugar de residencia es el inmueble objeto de esta controversia.

PETITORIO

Solicito respetuosamente de este honorable Tribunal que el presente RECURSO DE APELACIÓN sea oído en ambos efectos para ante la Superioridad respectiva e impugno la Sentencia aquí Apelada a los fines de que el Superior la revoque en virtud de que el contrato firmado por mi ex esposo no puede producir los efectos jurídicos deseados por la parte demandante pues el mismo está viciado de nulidad absoluta, visto que el inmueble objeto del contrato se encontraba para el momento de su enajenación bajo el régimen de comunidad conyugal entre el demandado y mi persona. Mi ex cónyuge, actuando separadamente no podía realizar este acto de disposición sobre la totalidad de este bien proindiviso, ya que el mismo nunca fue objeto de partición...”.

 

De la precedente transcripción se evidencia que la ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, actuando como tercera interviniente en el presente juicio, solicita “…que el presente RECURSO DE APELACIÓN sea oído en ambos efectos para ante la Superioridad respectiva e impugno la Sentencia aquí Apelada a los fines de que el Superior la revoque en virtud de que el contrato firmado por mi ex esposo no puede producir los efectos jurídicos deseados por la parte demandante pues el mismo está viciado de nulidad absoluta, visto que el inmueble objeto del contrato se encontraba para el momento de su enajenación bajo el régimen de comunidad conyugal entre el demandado y mi persona. Mi ex cónyuge, actuando separadamente no podía realizar este acto de disposición sobre la totalidad de este bien proindiviso, ya que el mismo nunca fue objeto de partición...”.

Al respecto la sentencia recurrida expresó:

“…INFORMES EN ESTA ALZADA

INFORMES DE LA TERCERA INTERESADA:

La ciudadana Adriana Piedrahita, en defensa de sus propios derechos e intereses, expuso lo siguiente:

Informa que se dio inicio al juicio mediante libelo de demanda presentado el día 29.032004, por los apoderados judiciales de la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, por cumplimiento de contrato, contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, hoy fallecido y quien fuera su esposo desde el día 25.04.1992, y hasta el día 07.10.1998, fecha en la cual tuvo lugar su divorcio, pero el falleció sin haberse llegado a liquidar la comunidad conyugal, por lo que a su decir, el bien objeto de la presente controversia le pertenece a ambos de por mitad ya que el mismo fue adquirido en fecha 10.03.1993, dentro del matrimonio.

Informa que la demanda y su sentencia están sustentadas sobre la base de un contrato de opción de compra venta, que firmara en fecha 23.06.2003, sin el conocimiento de su patrocinada, y menos aún sin su consentimiento, autorización y voluntad, aparte que en la actualidad esta comunidad ordinaria la mantiene como su única heredera la ciudadana Mariana López Semerene, quedando en evidencia que es la legitima co-propietaria por haberse adquirido y pagado dentro del matrimonio.

Consigna en ese acto copias certificadas del acta de matrimonio, documento de propiedad del bien inmueble, sentencia de divorcio y constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre, solicitando a esta alzada se sirva revocar la sentencia apelada en virtud de que el contrato firmado por su ex esposo no puede producir efectos jurídicos deseados por la parte demandante estando viciado el mismo de nulidad absoluta, visto que el bien inmueble objeto del contrato se encontraba para el momento de su enajenación bajo el régimen de comunidad ordinaria entre el demandada y su persona.

Informa que el documento que pretende hacer valer la parte actora no le es dable exigir su cumplimiento puesto que esa obligación nunca nació por no cumplir con uno de los elementos esenciales para su existencia.

Informa que la liquidación de la comunidad conyugal no fue efectuada, es decir no procedieron las partes a realizar el juicio de partición de bienes previsto en la ley adjetiva civil.

Informa que el Tribunal a quo no apreció ni valoró al momento de dictar sentencia la sentencia de divorcio, del documento autenticado contrato convenio de opción de compra-venta aportado por la parte actora y el oficio Nº AMC-F32-1565-02006, emanado de la Fiscalía Trigésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas donde solicitó información acerca de la controversia.

Por último, solicita se declare sin lugar la demanda interpuesta por la parte actora y revocatoria del fallo apelado…”

…Omissis…

MOTIVA

Consideraciones para decidir:

Consta en la primera pieza principal en el folio 265, de las actas que conforman el presente expediente, sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10.06.2013, mediante la cual, declaró con lugar la demanda que por cumplimiento de contrato que intentara la ciudadana David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Viva Sosa, en contra de la ciudadana Mariana López Semerene, bajo los siguientes términos:

….Omissis….

“En consecuencia, en base a todas las consideraciones up supra señaladas y, con fundamento en el contenido de los artículos 12, 14, 15, 254, 243 del Código de Procedimiento Civil y 2, 7, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta forzoso señalar, que en el caso que nos ocupa, ha quedado probado el incumplimiento en cabeza de la parte demandada reconviniente, por lo que esta juzgadora debe necesariamente declarar CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compraventa, que fuera incoada por la ciudadana DULCE MARÍA SOSA PIMENTEL, con todos sus pronunciamientos de Ley, conforme los lineamientos determinados Ut Supra; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el ordinal 5º del artículo 243 eiusdem y, así finalmente lo decide este Órgano Jurisdiccional.-

Ahora bien, vistos los términos en los cuales el Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la presente acción, pasa esta Alzada a realizar las siguientes consideraciones:

DE LA PERENCIÓN

Se observa que en fecha 24 de septiembre de 2007, la demandada procedió a solicitar al a quo declare la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267.3 del Código de Procedimiento Civil, ello por cuanto en su decir, la primera de las publicaciones ordenadas se efectuó en fecha 16 de marzo de 2007, lo que a su decir fue ocho meses después de haber sido librado dicho edicto.

Al respecto se observa que la norma citada establece en el ordinal tercero que la parte interesada dentro de los seis meses siguientes a la paralización de la causa, está en la obligación de gestionar la continuación de la causa, dando cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para proseguirla.

En este lapso de tiempo la parte actora en este caso, está en la obligación de publicar los edictos a fin de traer a juicio los herederos del demandado, de modo que debe analizarse si en efecto la parte actora en la presente causa incurrió en la causal de perención establecida supra, a saber:

En fecha 20 de junio de 2006, el apoderado actor consignó copia simple del certificado de defunción del demandado, ciudadano Gustavo Emilio López, de modo que a partir de esa fecha comienza la paralización de la causa conforme lo establece el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de julio de 2006, la representación judicial de la parte actora, solicitó al a quo librar los edictos a los fines de su publicación de Ley.

En fecha 14 de julio de 2006, el a quo ordenó librar los edictos correspondientes.

En fecha 7 de agosto de 2006, la representación judicial de la actora solicitó se librara nuevo edicto toda vez que el librado en fecha 14 de julio adolecía de errores materiales.

En fecha 10 de agosto de 2006, el a quo dejó sin efecto el edicto librado con errores materiales y ordenó librar nuevo edicto, en esa misma fecha el apoderado actor retiró los edictos para su publicación.

En fecha 2 de noviembre de 2006, el apoderado actor solicitó al tribunal a quo se pronuncie respecto a la forma de publicar los edictos.

En fecha 27 de junio de 2007, el apoderado actor procedió a consignar los edictos debidamente publicados.

De la relación anterior es factible inferir que la parte actora-reconvenida efectuó durante el lapso de tiempo que establece la ley, diversas diligencias tendentes a lograr la publicación de los edictos, con el fin de continuar el proceso, y siendo que la perención de la instancia es una sanción al litigante negligente que la Ley asume como abandono del proceso y destinado a evitar pendencias indefinidas, es forzoso concluir que la parte actora en todo momento actuó diligentemente en el cumplimento de sus obligaciones procesales, por lo que mal podría entenderse que existe perención de la instancia si está evidenciado que el actor diligenció constantemente para obtener pronunciamiento del a quo respecto a los edictos y más aún, visto que solicitó al tribunal pronunciamiento sobre la forma de publicación de los edictos y al no haber respuesta, procedió a publicar los mismos dentro del lapso que establece la Ley, así las cosas, considera quien aquí decide que no existe perención de la instancia en la presente causa, por lo que confirma la decisión del a quo a este respecto. Así se decide.

DE LA RECONVENCIÓN

En la oportunidad de contestar al fondo de la demanda, la demandada reconvino al actor por resolución de contrato por cuanto a su decir, la actora reconvenida incumplió su obligación de sufragar los gastos de notaría y registro inmobiliario, así como los honorarios de abogado.

La recurrida estableció al respecto lo siguiente:

“De la cláusula anteriormente descrita, se evidencia, que en la misma no se estableció que la compradora, debía realizar las gestiones tendientes a la redacción del documento definitivo de compra venta, para así finiquitar dicho contrato, como lo afirma la representación de la demandada reconviniente en su escrito de reconvención, por lo que mal puede la parte demandada reconviniente, basar su acción de resolución, por un incumplimiento que nunca fue establecido entre las partes”

Por su parte, la cláusula décima de los contratos suscritos establecen lo siguiente:

“DECIMA: Todos los gastos de Notaría (sic) y del Registro (sic) Subalterno(sic) que ocasionaré(sic) este convenio de opción de COMPRA-VENTA, incluyendo Derechos(sic) de Registro(sic) y Honorarios(sic) de abogados, serán por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR:”

Se observa que quedó demostrado con la prueba de informes (f.87) que la actora presentó el documento de compra venta del inmueble objeto de contrato que da origen a la presente demanda, ante la oficina de registro inmobiliaria, lo cual hizo en fecha 19 de agosto de 2003, además consta la presentación de la solvencia municipal vigente y la declaración de vivienda principal, con ello se puede concluir que la redacción de documento si se efectuó sólo que no se otorgó para la fecha pautada por lo que, coherente con lo expuesto por las partes, se otorgó de mutuo acuerdo una prórroga para su otorgamiento.

En este sentido debe destacarse que el argumento esgrimido por la demandada reconviniente debe ser desechado, toda vez que se demostró que la actora si dio cumplimiento a sus obligaciones contenidas en la cláusula décima del contrato de marras.

En consecuencia de lo anterior se declarará en la dispositiva del presente fallo sin lugar la reconvención. Así se decide.

DE LA TERCERA INTERVINIENTE

Corre inserto a los folios 9 al 12 de la segunda pieza del presente expediente, escrito presentado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien manifestó ejercer recurso de apelación en fecha 2 de julio de 2013 de conformidad con lo establecido en el artículo 370.6 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 297 eiusdem.

Manifiesta en su escrito ser la ex cónyuge del ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, que no obstante estar divorciados nunca se liquidó la comunidad conyugal y por tanto la misma tornó en comunidad ordinaria, que dentro de los bienes adquiridos durante el matrimonio se encuentra el inmueble objeto de contrato de opción de compra venta, sostiene que la obligación contraía por su ex esposo está viciada de nulidad absoluta, por cuanto el inmueble pertenece a la comunidad ordinaria y ella no dio su autorización para la venta.

Que en fecha 14 de julio de 2006, se consignó al expediente oficio emitido por la Fiscalía Trigésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas, solicitando información sobre el presente expediente y que el aquo no tomó en consideración dicha actuación al momento de decidir, así como tampoco consideró que en el contrato de opción de compra venta firmado en fecha 23 de junio de 2003, presentó cédula de identidad con estado civil divorciado y en fecha 16 de junio de 2003 aparece con estado civil casado.

Al respecto se observa que la tercera interviniente acude al proceso cuando ya se había dictado sentencia definitiva en primera instancia, de modo que al haberse publicado correctamente los edictos ordenados por el aquo, la misma se encontraba a derecho, por lo que la consecuencia es asumir el proceso en el estado que se encuentra al momento de su comparecencia en juicio.

Así las cosas se aprecia que la apelante pretende la nulidad del instrumento fundamental de la acción y consecuencialmente la revocatoria del fallo recurrido, así también solicita se le adjudique el 50% del valor del inmueble y se levante la medida cautelar decretada.

Fundamenta sus alegatos en el artículo 1.146 del Código Civil.

Por su parte, la representación del actor en su escrito de informes ante esta Alzada, manifiesta que no puede invocarse el artículo 1.146 del Código Civil en el presente caso, por cuanto la mencionada norma se refiere a la nulidad del contrato por vicios en el consentimiento, pero el alegato que sostiene la posición de la tercera interviniente se refiere a la falta o ausencia de consentimiento por ser en decir de la tercera interviniente copropietaria de inmueble, además alega que en caso de sentirse afectada lo que corresponde es demandar la nulidad del contrato por demanda autónoma y principal, ya que de resolverla en este grado del proceso atentaría contra el debido proceso y derecho a la defensa del actor que no ha tenido oportunidad de rebatir éstos hechos al no formar parte del debate procesal.

Ahora bien, se observa con claridad que la apelante pretende lo siguiente:

- La revocatoria de la sentencia apelada por considerar que el contrato suscrito está viciado de nulidad absoluta

- Se declare la adjudicación del 50% del valor del inmueble a su persona;

- Se levante la medida de prohibición de enajenar y gravar.

De lo anterior se puede colegir que en efecto, la tercera interviniente pretende que mediante la simple apelación de la sentencia dictada en primera instancia se produzcan efectos constitutivos de derechos reales en su persona negados por las partes del juicio principal, sin existir un proceso que permita declarar –en caso de ser cierto- tales derechos, pues no basta con la simple declaratoria de parte para hacerse acreedora de los mismos, pues requiere en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa de la actora en la presente causa, se le dé la oportunidad de rebatir dichos hechos lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo tanto mal puede pretender en este grado del proceso, la nulidad del contrato suscrito entre las partes del juicio principal y la adjudicación del 50% del valor del inmueble sin mediar para ello un proceso que de cómo resultado una sentencia favorable a ésta.

Finalmente, respecto al oficio del Ministerio Público a que alude la tercera, así como la incongruencia manifestada en la declaratoria del notario respecto al estado civil del demandado original, se aprecia que en el primer caso tal oficio no implica ni señala en absoluto relación alguna con el caso debatido; y en el segundo caso correspondería a todo evento una incidencia de tacha para desvirtuarlo.

En consecuencia de lo anterior, se declarará sin lugar la apelación ejercida por la tercera interviniente. Así se decide.

DEL ASUNTO PRINCIPAL

Resuelto lo anterior, procede este Tribunal Superior a resolver lo relativo al fondo de la sentencia recurrida.

Se inicia la presente causa por demanda intentada por la parte actora de cumplimiento de contrato de opción de compra venta, manifestando que la parte demandada no honró su obligación de otorgar el documento definitivo de compraventa en el plazo señalado en el contrato.

Conforme lo establece el artículo 1.167 del Código Civil, la actora está facultada para demandar el cumplimiento del contrato suscrito, así, conforme lo estableció la recurrida, se requiere la existencia de dos elementos básicos a los fines de considerar la precedencia de la acción de cumplimiento, es decir, la existencia de un contrato bilateral válidamente suscrito entre las partes; y la falta de cumplimiento de una de ellas a los compromisos u obligaciones adquiridas en el mismo.

Del desarrollo del presente proceso se evidencia que ambas partes están contestes en cuanto a la existencia del contrato de opción de compra venta, así como de su prórroga, existiendo diferencias en cuanto al cumplimiento del mismo, ello por cuanto la parte actora alega la falta de cumplimiento de la demandada dentro del plazo otorgado y a su vez la demandada alega que quien no cumplió fue la actora quien en su decir, no acudió al registro inmobiliario a presentar el documento final de venta ni pagó los honorarios de abogados y gastos de registro, pues en su criterio su cumplimiento en esa fase del contrato se limitaba a entregar las solvencias requeridas por la Ley para otorgar el instrumento.

A este respecto se puede observar que en su escrito de contestación a la demanda, ésta basa su excepción en el hecho de que la demandada entregó oportunamente la solvencia municipal requerida para el otorgamiento, con lo cual trasladó la carga de la prueba al demandado por cuanto este hecho nuevo es trascendental para determinar quien incumplió con el contrato.

Así, se aprecia que la prueba de informes rendida por el registro inmobiliario la cual corre inserta a los folios 86 al 87, demuestra fehacientemente que la actora cumplió debidamente con la presentación del documento definitivo de propiedad ante el registro inmobiliario, pues informa que el mismo fue presentado en fecha 19 de agosto de 2003, que con el mencionado documento fueron consignados el certificado de solvencia de impuestos municipales –válido hasta el 30 de septiembre de 2003; y el certificado de registro de vivienda principal expedido en fecha 8 de julio de 2003, fijándose el otorgamiento para el día 2 de septiembre de 2003. Señala dicho informe que el documento podía ser otorgado hasta el día 31 de diciembre de 2003 siempre y cuando se consignara solvencia vigente de los impuestos municipales.

Con lo anterior se puede colegir que el hecho alegado por el demandado, relativo al cumplimiento de sus obligaciones, es decir, la entrega de todos los recaudos necesarios para presentar el documento de venta ante el registro inmobiliario, debió ser demostrado, pero del análisis de las pruebas presentadas se aprecia que en efecto entregó la solvencia municipal, pero la misma expiraba en fecha 30 de septiembre de 2003, siendo que de mutuo acuerdo las partes en el presente proceso acordaron prorrogar la fecha de otorgamiento de la venta para el día 1º de diciembre de 2003, por lo tanto, era carga del demandado demostrar que había entregado nueva solvencia municipal ya que la entregada se encontraría vencida para la fecha pautada de otorgamiento, y siendo que alegó y no demostró haber cumplido con ésta obligación, debe concluir este Tribunal Superior que la falta de cumplimiento es imputable a la parte demandada en y consecuencia la presente acción es procedente en derecho, a tenor de lo establecido en los artículos 1.159, 1.160, 1.161, 1.163 y 1.167 todos del Código Civil. Así se decide.

Finalmente, se aprecia que la parte actora demostró haber pagado hasta la fecha de presentación de la demanda, la cantidad de Bs. 105.000,00, con lo cual resta por pagar a la demandada la cantidad de Bs. 15.000,00. de modo que en la dispositiva del presente fallo se ordenará otorgar la venta del inmueble descrito en el contrato de opción de compra venta previo el pago del resto de la cantidad adeudada. Así se decide. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

De la precedente transcripción de la sentencia recurrida se desprende que en relación a la tercera apelante, el juez de alzada la desestima con fundamento en que “…que mediante la simple apelación de la sentencia dictada en primera instancia se produzcan efectos constitutivos de derechos reales en su persona negados por las partes del juicio principal, sin existir un proceso que permita declarar –en caso de ser cierto- tales derechos, pues no basta con la simple declaratoria de parte para hacerse acreedora de los mismos, pues requiere en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa de la actora en la presente causa, se le dé la oportunidad de rebatir dichos hechos lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo tanto mal puede pretender en este grado del proceso, la nulidad del contrato suscrito entre las partes del juicio principal y la adjudicación del 50% del valor del inmueble sin mediar para ello un proceso que de cómo resultado una sentencia favorable a ésta…”.

Lo que evidencia que efectivamente el juez de alzada omitió pronunciamiento respecto de los alegatos esgrimidos por la tercera apelante en su escrito de informe referidos a su condición de copropietaria del bien inmueble objeto de la presenta causa, así como en relación de las pruebas consignadas con el escrito de informe, las cuales son de las admitidas ante la alzada de acuerdo a lo previsto en el  artículo 520 del Código de Procedimiento Civil.

De ello se evidencia lo pertinente de dicha congruencia en el dispositivo del fallo siendo que si la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, tiene efectivamente la cualidad que se adjudica, entonces estaríamos en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario.

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.-

En consideración de todo lo antes expuesto y ante la detección de un vicio de orden público que presenta el fallo analizado por esta Sala, se CASA TOTAL el fallo recurrido, se DECRETA SU NULIDAD y, se pasa a decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas, conforme al nuevo proceso de casación civil venezolano, ya citado en este fallo, en los siguientes términos:

 

SENTENCIA DE MÉRITO

ALEGATOS DE LAS PARTES:

         En el libelo de demanda interpuesto por la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, quien cedió los derechos litigiosos a favor de los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, en la cual expresa lo siguiente:

1.-Alega que el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, suscribió un convenio de opción de compra-venta, con la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel y mediante la cual se obligaba a venderle un inmueble de su propiedad constituido por un apartamento distinguido con el Nº 62, ubicado en la planta sexta del Edificio Cota Mil I, ubicado en la Urbanización Terrazas del Ávila, Sector Norte, Calle Nº 05, Municipio Sucre del Estado Miranda.

2.- Que en el convenio señalado quedó establecido el precio de la venta del inmueble era la cantidad de ciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000), habiendo cancelado la suma de cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000), al momento de suscribir el convenio establecido en la cláusula tercera y que pactaron que el saldo se cancelaría en dos pagos, el primero por la suma de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000), a efectuarse el día 15.07.2003 y el segundo por la cantidad de treinta y cinco millones de bolívares (Bs. 35.000), al momento de protocolizar el documento de compraventa.

3.- Que en el convenio quedó establecido en la cláusula quinta, que el tiempo de duración del convenio era de 60 días continuos a partir de la autenticación de la opción en cuestión y para proceder a la protocolización del documento definitivo por documento posterior.

4.- Que los ciudadanos Gustavo Emilio López Merchán y Dulce María Sosa Pimentel, suscribieron una prórroga del convenio original, habiendo ratificado el precio de venta por la cantidad deciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000), y dejaron constancia que la compradora había cancelado la cantidad de ochenta y cinco mil bolívares (Bs. 85.000) y fijaron como fecha para la protocolización del documento definitivo, el día 01.12.2003, además que con ocasión de la firma de dicho documento la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, canceló la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000).

5.- Adujeron que la operación prevista en la opción de compraventa, el ciudadano Gustavo Emilio López, permitió que la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, procediera a llevar al apartamento objeto de la demanda, un conjunto de bienes muebles de su propiedad, lo cual era un indicativo de que la operación se iba a llevar a cabo.

Manifestaron que no se ha procedido a otorgar el documento definitivo de venta y menos aún a realizar la entrega del inmueble a la compradora por parte del vendedor a pesar de estar más que vencido el término previsto para ello que era el 01.12.2003, todo por razones exclusivamente imputables al ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, quien pretende obtener un precio superior al pactado para la venta y sin que existan razones validas para ello. Fundamentando su pretensión conforme a lo pautado en los artículos 1.474, 1.159, 1.167 del Código Civil.

No esgrimió alegato, ni punto controvertido que sea determinante en los informes u observaciones.

La demandada en su contestación, sostuvo:

1.- Negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho la temeraria demanda interpuesta en su contra.

2.- Dice ser falso que por causas imputables al ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, no se haya otorgado el documento definitivo de compra venta del inmueble.

3.- Dice ser cierto que el 23.06.2003, el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, suscribió un contrato de opción de compra venta con la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel.

4.- En el referido contrato estableció que la venta sería por la cantidad de ciento veinte mil bolívares (Bs. 120.000), los cuales serían cancelados de la siguiente manera: la cantidad de cuarenta y cinco mil bolívares (Bs.45.000), que entregó al momento de suscribir el contrato en dinero en efectivo y a su entera y cabal satisfacción del vendedor, en calidad de garantía de cabal cumplimiento de dicho contrato que además sería imputado a cuenta del precio de venta definitivo del inmueble.

5.- Que la cantidad de setenta y cinco mil bolívares (Bs. 75.000) se cancelaría de la siguiente forma entregaría el día 15.07.2003, la cantidad de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000), y la cantidad de treinta y cinco mil bolívares (Bs. 35.000), al protocolizar el documento de venta definitivo.

6.- Convino que el tiempo de duración de dicha opción de compra venta era de 60 días continuos contados a partir de la autenticación de dicho contrato o será, el día 23-0-.2003, hasta el día 22-08-2003.

7.- Adujo que el comprador no tenía para cubrir el último pago de treinta y cinco mil bolívares (Bs. 35.000), por lo que celebró mediante un documento privado, un convenio de prórroga de dicha opción de compra venta por 60 días que finalizaban el día 01.12.2003, donde la compradora se comprometía a cancelar la suma de veinte mil bolívares (Bs 20.000) al momento de autenticar el convenio de prórroga, cuyos gastos según la cláusula décima del convenio, correría por cuenta del comprador, lo cual no hizo por lo que el documento quedó como un documento privado cancelando dicha cantidad de dinero en varios aportes en cheque y efectivo.

8.- Manifestó además que la compradora cancelaría los restantes quince mil bolívares al momento de protocolizar el documento definitivo de compraventa tal y como estaba establecido en la cláusula tercera del documento privado, de fecha 01.12.2003, y para esa fecha la opcionante tampoco cumplió con lo pactado.

9.- En lo que respecta a los bienes muebles supuestamente propiedad de la accionante y que se detallan en el inventario anexo a la demanda lo desconoce e impugna el mismo por no haber sido suscrito por ninguna de las partes.

Reconvino a la parte actora por resolución de contrato, y en consecuencia de ello, solicita la condenatoria de la parte actora reconvenida.

La demandada en su contestación a la reconvención, sostuvo:

1.- Rechazaron y contradijeron tanto en los hechos como en el derecho de la reconvención propuesta por cuanto carecen de toda justificación especialmente negaron lo alegado por el demandado reconviniente y según la cual éste hizo entrega a su poderdante de todos los documentos y solvencias necesarias para llevar a cabo la operación, afirmación por demás genérica y que no detalla en forma alguna cuales fueron los supuestos recaudos entregados, de igual forma negamos que su representada haya incurrido en algún tipo de incumplimiento para el día 22.08.2003, que haya incumplido con la cláusula décima del contrato o cualquier otra estipulación y que en forma alguna haya actuado de mala fe.

2.- En primer lugar, no es cierta la afirmación del reconviniente y en el sentido que la poderdante haya incumplido con las obligaciones que había asumido.

3.- En segundo lugar, la cláusula décima de los contratos a que hace referencia al parte reconviniente en ningún momento establece que el comprador asumía la obligación de redactar el documento definitivo ya que simplemente tal cláusula lo que dispone es que los gastos de notaria y de registro subalterno sería por cuenta de su representada.

4.- En tercer lugar señala que una de las principales obligaciones del vendedor es la tradición de la cosa vendida y que en materia de bienes inmuebles se cumple con el otorgamiento del instrumento de propiedad, es decir que no existe justificación alguna para delegar en el comprador lo relativo al cumplimiento de los deberes que implica la realización de la tradición y que son exclusivos del vendedor, debiendo recalcar que el único compromiso asumido por su representada fue el de cancelar los gastos correspondientes.

5.- Observa que lo alegado por el demandado es que el supuesto incumplimiento de su poderdante en la redacción del documento de venta produjo una situación que deja en un mal entendido a su representado como vendedor del inmueble, de allí pues que considera esta representación que un mal entendido no puede dar lugar a una acción resolutoria como la que pretende a través de la presente reconvención reiterando que lo relativo a la redacción del documento de venta y su otorgamiento constituye una obligación exclusiva del vendedor.

6.- Que del contenido del escrito de reconvención se desprende que el demandado basa su acción de resolución contractual en la falta de elaboración del documento definitivo o en la falta de pago de los honorarios de abogados y en el correspondiente saldo de la operación.

7.- Que no existe incumplimiento alguno por parte de su representada en el pago del precio en todo caso el saldo pendiente quedó establecido se cancelaría en el momento de la protocolización del documento compraventa.

8.- Dice que no cabe resolución de contrato de opción de compraventa basada en la supuesta falta de redacción del documento.

9.- En lo que concierne a los daños y perjuicios alega que es necesario especificar en que consisten los mismos y sus causas, especificación esta que no consta en el escrito de reconvención.

10.- En segundo lugar, se observa que el reconviniente pretende que se deduzca la referida cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000), señalando para ello que forma parte de una cantidad mayor que se entregó por concepto de arras.

11.- Observa que el reconviniente pretende descontar la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000), de la suma de ochenta y cinco mil bolívares (Bs. 85.000) que dice haber recibido en calidad de arras.

Informes presentados en alzada:

Escrito de Informes de la Tercera Interesada:

La ciudadana Adriana Piedrahita, en defensa de sus propios derechos e intereses, expuso lo siguiente:

1.- Informa que se dio inicio al juicio mediante libelo de demanda presentado el día 29.032004, por los apoderados judiciales de la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, por cumplimiento de contrato, contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, hoy fallecido y quien fuera su esposo desde el día 25.04.1992, y hasta el día 07.10.1998, fecha en la cual tuvo lugar su divorcio, pero el falleció sin haberse llegado a liquidar la comunidad conyugal, por lo que a su decir, el bien objeto de la presente controversia le pertenece a ambos de por mitad ya que el mismo fue adquirido en fecha 10.03.1993, dentro del matrimonio.

2.- Informa que la demanda y su sentencia están sustentadas sobre la base de un contrato de opción de compra venta, que firmara en fecha 23.06.2003, sin el conocimiento de su patrocinada, y menos aún sin su consentimiento, autorización y voluntad, aparte que en la actualidad esta comunidad ordinaria la mantiene como su única heredera la ciudadana Mariana López Semerene, quedando en evidencia que es la legitima co-propietaria por haberse adquirido y pagado dentro del matrimonio.

3.- Consigna en ese acto copias certificadas del acta de matrimonio, documento de propiedad del bien inmueble, sentencia de divorcio y constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre, solicitando se sirva revocar la sentencia apelada en virtud de que el contrato firmado por su ex esposo no puede producir efectos jurídicos deseados por la parte demandante estando viciado el mismo de nulidad absoluta, visto que el bien inmueble objeto del contrato se encontraba para el momento de su enajenación bajo el régimen de comunidad ordinaria entre el demandada y su persona.

4.- Informa que el documento que pretende hacer valer la parte actora no le es dable exigir su cumplimiento puesto que esa obligación nunca nació por no cumplir con uno de los elementos esenciales para su existencia.

5.- Informa que la liquidación de la comunidad conyugal no fue efectuada, es decir no procedieron las partes a realizar el juicio de partición de bienes previsto en la ley adjetiva civil.

6.- Informa que el Tribunal a quo no apreció ni valoró al momento de dictar sentencia la sentencia de divorcio, del documento autenticado contrato convenio de opción de compra-venta aportado por la parte actora y el oficio Nº AMC-F32-1565-02006, emanado de la Fiscalía Trigésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas donde solicitó información acerca de la controversia.

7.- Por último, solicita se declare sin lugar la demanda interpuesta por la parte actora y revocatoria del fallo apelado.

Escrito de Informes de la Parte Demandada:

La representación judicial de la parte demandada expuso lo siguiente:

1.- Informa que el fundamento de su apelación estriba en que la presente causa, el Tribunal que sentenció, omitió por completo y sin analizar, la sentencia de divorcio del causante con la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, de donde se evidencia que los mencionados ciudadanos contrajeron matrimonio el día 25.04.1992 y se divorciaron el día 07.10.1998, incurriendo de esta manera, el sentenciador de la Primera Instancia el vicio de incongruencia negativa, al omitir pronunciarse sobre el acta de divorcio consignada en autos, por la demandada.

2.- Que se evidencia que la recurrida no hizo un pronunciamiento con respecto al documento sin considerar que se trató de un documento público fundamental y determinante para la decisión del fallo recurrido, por lo que el juez de la recurrida no cumplió con su deber de congruencia en la medida en que no analizó ni valoró el documento en cuestión, acogiéndolo o desechándolo como era su deber.

3.- Se adhiere en su totalidad al recurso de apelación interpuesta por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos y solicita la revocatoria de la sentencia dictada por el a quo.

DE LAS PRUEBAS

Pruebas promovidas por la demandante - reconvenida, y su valoración:

Junto con el libelo de demanda presentó:

1.- Marcado “A”, original del instrumento poder otorgado, el cual acredita la representación judicial de los abogados Antonio Bello Lozano, Henry Sanabria Nieto, Dorimar Lucero y Oswaldo Duran, a la parte actora-reconvenida. Dicho instrumento fue presentado a la parte demandada-reconviniente, y por cuanto no la impugnó, ni tachó de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece.

2.- Marcado “B”, original del Contrato de Opción de Compra Venta, suscrito entre el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán (difunto) y la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, sobre el bien inmueble objeto de la presente controversia, autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Sucre del Distrito Metropolitano de Caracas, el día 23.06.2003, anotado bajo el Nº 16, Tomo 21. Dicho instrumento fue presentado a la parte demandada-reconviniente, y por cuanto no la impugnó, ni tachó de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece.

3.- Marcado “C”, original de documento privado constante de Convenio de Prórroga de la Opción de compraventa, suscrito entre los ciudadanos Gustavo López Merchán (difunto) y Dulce María Pimentel, autenticado debidamente por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Sucre del Distrito Metropolitano de Caracas el día 23.06.2003, anotado bajo el Nº 16, Tomo 21. Dicho instrumento fue presentado a la parte demandada-reconviniente, y por cuanto no la impugnó, ni tachó de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece.

4.-  Identificado como anexo I, promovió Inventario de Mobiliario y Equipos. Dicho medio de prueba fue impugnado por la parte demandada en el lapso correspondiente, razón por la cual se desecha del legajo probatorio y así se establece.

En el periodo probatorio:

Conforme al principio de la comunidad de la prueba, la parte actora promovió las siguientes documentales:

1.- Promovió prueba de Informes, dirigida al Registro Inmobiliario del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, el cual fue respondido en fecha 31 de marzo de 2005, mediante oficio número 095-B-05, en el cual se informa que fue presentado en fecha 19 de agosto de 2003, para su otorgamiento documento de venta del inmueble objeto del contrato de venta, pautándose la firma para el día 2 de septiembre de 2003, señalando en dicho oficio que el otorgamiento podía efectuarse hasta el día 31 de diciembre de 2003 siempre y cuando se presentara la solvencia municipal vigente para esa fecha. Se aprecia dicha prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia surte pleno valor probatorio. Así se establece.

2.- Promovió prueba de Informes, dirigida a la Dirección de Rentas Municipales del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda. Dicho medio de prueba no consta de modo alguno respuesta del organismo antes mencionado, razón por la cual se desecha del legajo probatorio y así se establece.

3.- Inspección judicial practicada por el Tribunal a quo en el apartamento distinguido con el Nº 62, ubicado en la planta Sexta del Edificio Cota Mil I ubicado en la Urbanización Terrazas del Ávila, Sector Norte, Calle Nº 5, Municipio Sucre del Estado Miranda, a los fines de verificar los hechos alegados por la parte actora-reconvenida, en el sentido de que si efectivamente se encuentran los bienes descritos en el inventario, así como de las condiciones en que se encuentran los mismos. Dicho medio de prueba se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 472 en concordancia con lo pautado en el artículo 1.428 del Código Civil. Y así se establece.

4.-  Promovió prueba de Posiciones Juradas. De la revisión a las actas procesales se evidencia que habiendo lugar para la evacuación de este medio probatorio, la parte actora-reconvenida no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, se tiene como desistida y así se establece.

Pruebas promovidas por la demandada-reconviniente y su valoración:

Junto con el escrito de contestación a la demanda presentó:

1.- Instrumento Poder otorgado al abogado Rafael Quintero Contreras, autenticado por ante la Notaría Pública Trigésima Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado bajo el Nº 68, Tomo 53 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría. Dicho instrumento fue presentado a la parte actora-reconvenida, y por cuanto no la impugnó, ni tachó de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se decide.

En el periodo probatorio:

1.-  Promovió prueba de Informes, a los fines de oficiar al Registrador Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda. Dicho medio de prueba es legal conforme a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, y respondió lo siguiente: al punto primero: respondió que de la revisión practicada en libros y presentaciones correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre del año 2003, no aparece presentado ningún documento relacionado al inmueble al cual hace referencia en su oficio; al segundo punto: respondió que al referido mes de diciembre de 2003 en especial el día primero no aparece fijada la firma para la protocolización del documento señalado; en tercer punto: informó que en el libro diario Nº 14, folio 56 vto, prestación Nº 4, correspondiente al día 19.08.2003, aparece anotación lo cual textualmente dice: hoy a las 9:45 a.m. la ciudadana Dulce Sosa C.I. 3.812.831, presentó documento por el cual Gustavo E. López Merchán da en venta a David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, sobre apartamento Nº 62, Edificio Cota Mil, Urb. La Urbina” y el numero de planilla utilizado para la presentación es 3038775 y no como está expresado en el oficio antes mencionado. Del contenido de dicho oficio se le otorga pleno valor probatorio y así se establece.

2.- Promovió prueba de Inspección Judicial, a los fines de que el Tribunal a quo se trasladara y constituyera en el inmueble objeto del presente juicio. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da reproducido en este acto.

Pruebas promovidas por la tercera interesada y su valoración:

La Tercera Interesada manifestó presentar medios probatorios en su escrito de apelación en fecha 2.7.2013, las cuales fueron ratificadas en el escrito de informes presentada en fecha 17.2.2014, siendo las siguientes pruebas a saber:

1.- Copia Certificada del Acta de Matrimonio, de fecha 25.4.1992, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia El Recreo del Municipio Libertador del Distrito Capital, Acta Nº 196, donde se evidencia que los ciudadanos Gustavo Emilio López Merchán (difunto) y Adriana Piedrahita Ramos (tercera interesada), contrajeron matrimonio civil. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se establece.

2.- Documento de propiedad del inmueble del Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda de fecha 10.03.1993, bajo el Nº 24, Tomo 27, Protocolo Primero. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se decide.

3.-  Copia Certificada de la Sentencia de divorcio 185-A, dictada en fecha 7.10.1998, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los ciudadanos Gustavo Emilio López Merchán (difunto) y Adriana Piedrahita Ramos (tercera interesada). Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se establece.

4.- Constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre del Estado Miranda, donde consta que la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, (tercera interesada), reside en la Urbanización Terrazas del Ávila, Calle 5, Residencia Cota Mil I, Piso Nº 6, Apartamento 62. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se establece.

MOTIVA

DE LA PERENCIÓN

Se observa que en fecha 24 de septiembre de 2007, la demandada procedió a solicitar al a quo declare la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267.3 del Código de Procedimiento Civil, ello por cuanto en su decir, la primera de las publicaciones ordenadas se efectuó en fecha 16 de marzo de 2007, lo que a su decir fue ocho meses después de haber sido librado dicho edicto.

Al respecto la Sala pasa a verificar si el actor cumplió con la publicación de los edictos una vez consignada el acta de defunción del demandado de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil:

En fecha 20 de junio de 2006, el apoderado actor consignó copia simple del certificado de defunción del demandado, ciudadano Gustavo Emilio López, de modo que a partir de esa fecha comienza la paralización de la causa conforme lo establece el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de julio de 2006, la representación judicial de la parte actora, solicitó al a quo librar los edictos a los fines de su publicación de Ley.

En fecha 14 de julio de 2006, el a quo ordenó librar los edictos correspondientes.

En fecha 7 de agosto de 2006, la representación judicial de la actora solicitó se librara nuevo edicto toda vez que el librado en fecha 14 de julio adolecía de errores materiales.

En fecha 10 de agosto de 2006, el a quo dejó sin efecto el edicto librado por errores materiales y ordenó librar nuevo edicto, en esa misma fecha el apoderado actor retiró los edictos para su publicación.

En fecha 2 de noviembre de 2006, el apoderado actor solicitó al tribunal a quo se pronuncie respecto a la forma de publicar los edictos.

En fecha 27 de junio de 2007, el apoderado actor procedió a consignar los edictos debidamente publicados.

De la relación anterior es factible inferir que la parte actora-reconvenida efectuó durante el lapso de tiempo que establece la ley, diversas diligencias tendentes a lograr la publicación de los edictos, con el fin de continuar el proceso, y siendo que la perención de la instancia es una sanción al litigante negligente que la Ley asume como abandono del proceso y destinado a evitar pendencias indefinidas, es forzoso concluir que la parte actora en todo momento actuó diligentemente en el cumplimento de sus obligaciones procesales, por lo que mal podría entenderse que existe perención de la instancia si está evidenciado que el actor diligenció constantemente para obtener pronunciamiento del a quo respecto a los edictos y más aún, visto que solicitó al tribunal pronunciamiento sobre la forma de publicación de los edictos y al no haber respuesta, procedió a publicar los mismos dentro del lapso que establece la Ley, así las cosas, se evidencia no operó la perención de la instancia en la presente causa, por lo que se declara la improcedencia de la mismas y, así se decide.

DE LA TERCERA INTERVINIENTE:

Corre inserto a los folios 9 al 12 de la segunda pieza del presente expediente, escrito presentado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien manifestó ejercer recurso de apelación en fecha 2 de julio de 2013 de conformidad con lo establecido en el artículo 370.6 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 297 eiusdem.

Manifiesta en su escrito ser la ex cónyuge del ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, que no obstante estar divorciados nunca se liquidó la comunidad conyugal y por tanto la misma se tornó en comunidad ordinaria, que dentro de los bienes adquiridos durante el matrimonio se encuentra el inmueble objeto de contrato de opción de compra venta, sostiene que la obligación contraída por su ex esposo está viciada de nulidad absoluta, por cuanto el inmueble pertenece a la comunidad ordinaria y ella no dio su autorización para la venta.

Que en fecha 14 de julio de 2006, se consignó al expediente oficio emitido por la Fiscalía Trigésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas, solicitando información sobre el presente expediente y que el a quo no tomó en consideración dicha actuación al momento de decidir, así como tampoco consideró que en el contrato de opción de compra venta firmado en fecha 23 de junio de 2003, presentó cédula de identidad con estado civil divorciado y en fecha 16 de junio de 2003 aparece con estado civil casado.

Al respecto se observa que la tercera interviniente acude al proceso cuando ya se había dictado sentencia definitiva en primera instancia, de modo que al haberse publicado correctamente los edictos ordenados por el a quo, la misma se encontraba a derecho, por lo que la consecuencia es asumir el proceso en el estado en que se encuentra al momento de su comparecencia en juicio. Así se declara.-

Así las cosas se aprecia que la apelante pretende la nulidad del instrumento fundamental de la acción y consecuencialmente la revocatoria del fallo recurrido, así también solicita se le adjudique el 50% del valor del inmueble y se levante la medida cautelar decretada.

Fundamenta sus alegatos en el artículo 1.146 del Código Civil.

Por su parte, la representación del actor en su escrito de informes ante la alzada, manifiesta que no puede invocarse el artículo 1.146 del Código Civil en el presente caso, por cuanto la mencionada norma se refiere a la nulidad del contrato por vicios en el consentimiento, pero el alegato que sostiene la posición de la tercera interviniente se refiere a la falta o ausencia de consentimiento por ser en decir de la tercera interviniente copropietaria de inmueble, además alega que en caso de sentirse afectada lo que corresponde es demandar la nulidad del contrato por demanda autónoma y principal, ya que de resolverla en este grado del proceso atentaría contra el debido proceso y derecho a la defensa del actor que no ha tenido oportunidad de rebatir éstos hechos al no formar parte del debate procesal.

Ahora bien, se observa con claridad que la apelante pretende lo siguiente:

De lo anterior se constata que en efecto, la tercera interviniente pretende que mediante la simple apelación de la sentencia dictada en primera instancia se produzcan efectos constitutivos de derechos reales en su persona negados por las partes del juicio principal, sin existir un proceso que permita declarar –en caso de ser cierto- tales derechos, pues no basta con la simple declaratoria de parte para hacerse acreedora de los mismos, pues requiere en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa de la actora en la presente causa, se le dé la oportunidad de rebatir dichos hechos lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo tanto mal puede pretender en este grado del proceso, la nulidad del contrato suscrito entre las partes del juicio principal y la adjudicación del 50% del valor del inmueble sin mediar para ello un proceso que de cómo resultado una sentencia favorable a ésta.

Sin embargo, y en virtud del derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala procede al análisis de la cualidad de la tercera apelante en virtud de lo cual pasa a examinar las pruebas traídas a los autos de conformidad con lo previsto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes términos:

Consta acta de matrimonio (folio 312 de la pieza 1 de 4 del expediente) se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, y del cual se desprende el hecho de que los ciudadanos Gustavo Emilio López y Adriana Piedrahita Ramos contrajeron matrimonio el día 25 de abril de 1992.

En ese mismo sentido, consta copia certificada de la sentencia de divorcio de los ciudadanos Gustavo Emilio López y Adriana Piedrahita Ramos declarado en fecha 7 de octubre de 1998, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folios 323 y 324 pieza 1 de 4 del expediente), a la misma se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se decide.

Ahora bien, al verificar la fecha en que el inmueble objeto del presente juicio por cumplimiento de contrato fue adquirido por el ciudadano Gustavo Emilio López según copia certificada del Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda, documento de propiedad que consta a los folios 313 al 321 de la pieza 2 de 4 del expediente, del cual se desprende el hecho de que el inmueble fue adquirido en fecha 10 de marzo de 1993, es decir, el mismo estaba casado con la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos.

 

En ese sentido se precisa, ambos cónyuges se divorciaron en fecha 7 de octubre de 1998, y la venta del inmueble objeto del presente juicio se pactó el 23 de junio de 2003, en el que el ciudadano Gustavo Emilio López, suscribe dicho contrato en su condición de divorciado, situación esta que había ocurrido cinco años después de haberse declarado la disolución del vínculo matrimonial.

 

En consecuencia, siendo que de acuerdo a las pruebas que se traen al proceso la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, demostró su condición de parte a esta se le reconoce el cincuenta por ciento (50%) de participación en la venta objeto del presente juicio junto con el cincuenta por ciento (50%) de la ciudadana Mariana López Semerene.

 

En ese mismo sentido se declara improcedente la solicitud de nulidad del contrato de compra venta, siendo que esta no es la oportunidad procesal para intentar dicha acción, pues de lo contrario se causaría un menoscabo al derecho de la parte actora, así como violación del debido proceso, siendo que esta acción sería posible sólo interponerla por vía autónoma principal. Así se decide.

 

 

DE LA RECONVENCIÓN:

En la oportunidad de contestar al fondo de la demanda, la demandada reconvino al actor por resolución de contrato por cuanto a su decir, la actora reconvenida incumplió su obligación de sufragar los gastos de notaría y registro inmobiliario, así como los honorarios de abogado.

 

Por su parte, la cláusula décima de los contratos suscritos establece lo siguiente:

 

“DECIMA: Todos los gastos de Notaría(sic) y del Registro(sic) Subalterno(sic) que ocasionaré (sic) este convenio de opción de COMPRA-VENTA, incluyendo Derechos(sic) de Registro(sic) y Honorarios(sic) de abogados, serán por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR:”

 

Se observa que quedó demostrado con la prueba de informes que la actora presentó el documento de compra venta del inmueble objeto de contrato que da origen a la presente demanda, ante la oficina de registro inmobiliaria, lo cual hizo en fecha 19 de agosto de 2003, además consta la presentación de la solvencia municipal vigente y la declaración de vivienda principal, con ello se puede concluir que la redacción de documento si se efectuó, sólo que no se otorgó para la fecha pautada, por lo que, coherente con lo expuesto por las partes, se acordó de mutuo acuerdo una prórroga para su otorgamiento.

 

En este sentido debe destacarse que el argumento esgrimido por la demandada reconviniente debe ser desechado, toda vez que se demostró que la actora si dio cumplimiento a sus obligaciones contenidas en la cláusula décima del contrato de marras, así como a los pagos correspondientes al precio de la venta, mientras que la parte demandada no dio cumplimiento a sus obligaciones a fin de hacer el otorgamiento de la protocolización de la venta del inmueble, razón por  la cual se declara la improcedencia de la reconvención. Y así se decide.

DEL MERITO DEL ASUNTO PRINCIPAL:

Resuelto lo anterior, se procede a resolver lo relativo al fondo de la sentencia recurrida. Se inicia la presente causa por demanda intentada por la parte actora por cumplimiento de contrato de opción de compra venta, manifestando que la parte demandada no honró su obligación de otorgar el documento definitivo de compraventa en el plazo señalado en el contrato.

 

Conforme lo establece el artículo 1.167 del Código Civil, la actora está facultada para demandar el cumplimiento del contrato suscrito, así, conforme lo estableció la recurrida, se requiere la existencia de dos elementos básicos a los fines de considerar la precedencia de la acción de cumplimiento, es decir, la existencia de un contrato bilateral válidamente suscrito entre las partes; y la falta de cumplimiento de una de ellas a los compromisos u obligaciones adquiridas en el mismo. 

 

Del desarrollo del presente proceso se evidencia que ambas partes están contestes en cuanto a la existencia del contrato de opción de compra venta, así como de su prórroga, existiendo diferencias en cuanto al cumplimiento del mismo, ello por cuanto la parte actora alega la falta de cumplimiento de la demandada dentro del plazo otorgado y a su vez la demandada alega que quien no cumplió fue la actora quien en su decir, no acudió al registro inmobiliario a presentar el documento final de venta ni pagó los honorarios de abogados y gastos de registro, pues en su criterio su cumplimiento en esa fase del contrato se limitaba a entregar las solvencias requeridas por la Ley para otorgar el instrumento.

 

A este respecto se puede observar que en su escrito de contestación a la demanda, ésta basa su excepción en el hecho de que la demandada entregó oportunamente la solvencia municipal requerida para el otorgamiento, con lo cual trasladó la carga de la prueba al demandado por cuanto este hecho nuevo es trascendental para determinar quien incumplió con el contrato.

 

Así, se aprecia que la prueba de informes rendida por el registro inmobiliario la cual corre inserta a los folios 86 al 87, demuestra fehacientemente que la actora cumplió debidamente con la presentación del documento definitivo de propiedad ante el registro inmobiliario, pues informa que el mismo fue presentado en fecha 19 de agosto de 2003, que con el mencionado documento fueron consignados el certificado de solvencia de impuestos municipales –válido hasta el 30 de septiembre de 2003; y el certificado de registro de vivienda principal expedido en fecha 8 de julio de 2003, fijándose el otorgamiento para el día 2 de septiembre de 2003. Señala dicho informe que el documento podía ser otorgado hasta el día 31 de diciembre de 2003 siempre y cuando se consignara solvencia vigente de los impuestos municipales.

 

Con lo anterior se puede colegir que el hecho alegado por el demandado, relativo al cumplimiento de sus obligaciones, es decir, la entrega de todos los recaudos necesarios para presentar el documento de venta ante el registro inmobiliario, debió ser demostrado, pero del análisis de las pruebas presentadas se aprecia que en efecto entregó la solvencia municipal, pero la misma expiraba en fecha 30 de septiembre de 2003, siendo que de mutuo acuerdo las partes en el presente proceso acordaron prorrogar la fecha de otorgamiento de la venta para el día 1º de diciembre de 2003, por lo tanto, era carga del demandado demostrar que había entregado nueva solvencia municipal ya que la entregada se encontraría vencida para la fecha pautada de otorgamiento, y siendo que alegó y no demostró haber cumplido con ésta obligación, se concluye que la falta de cumplimiento es imputable a la parte demandada y en consecuencia la presente acción es procedente en derecho, a tenor de lo establecido en los artículos 1.159, 1.160, 1.161, 1.163 y 1.167 del Código Civil. Así se decide.

 

Finalmente, se aprecia que la parte actora demostró haber pagado hasta la fecha de presentación de la demanda, la cantidad de Ciento Cinco Mil Bolívares (Bs. 105.000,00), con lo cual resta por pagar a la demandada la cantidad de Quince Mil Bolívares (Bs. 15.000,00), de modo que en la dispositiva del presente fallo se ordenará otorgar la venta del inmueble descrito en el contrato de opción de compra venta previo el pago del resto de la cantidad adeudada. Así se decide.

 

Todos estos hechos evidencian que la parte demandante compradora del bien inmueble, sí cumplió con su obligación de la parte del precio que le correspondía de manera oportuna tal como fue acordado en el documento de opción de compra venta, siendo que por retardo del vendedor en la entrega de los recaudos pertinentes para la protocolización del documento definitivo de venta.

 

En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, de conformidad con los artículos 320 y 322 del Código de Procedimiento Civil, se anula la decisión recurrida dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 15 de enero de 2015, y por vía de consecuencia, se declara con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de opción de compra venta y, se ordena al demandado a la entrega de los recaudos pertinentes, y al actor al pago total del precio adeudado, a fin de que se proceda a la protocolización del documento definitivo de venta. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

Por los motivos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil Accidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PERECIDO el recurso extraordinario de casación anunciado por la demandada MARIANA LÓPEZ SEMERENE. SEGUNDO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado por la tercera interviniente ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS. SE ANULA la sentencia recurrida de fecha 9 de Noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. TERCERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Municipio ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia de fecha 10 de junio de 2013, en consecuencia se confirma el mencionado fallo en los términos de esta Sala. CUARTO: CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMPRA VENTA intentada por los ciudadanos DAVID RAFAEL VIVAS SOSA y AURA MERCEDES VIVAS SOSA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.178.919 y V-17.423.224, respectivamente, contra la ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-13.993.812, actuando en su carácter de única y universal heredera del de cujus GUSTAVO EMILIO LÓPEZ MERCHAN, quien era venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº 2.992.281, donde se hizo parte como tercera interviniente la ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS. QUINTO: SIN LUGAR LA RECONVENCIÓN que por resolución de contrato de compraventa, fuera intentada por la ciudadana, MARIANA LÓPEZ SEMERENE, contra los ciudadanos DAVID RAFAEL VIVAS SOSA y AURA MERCEDES VIVAS SOSA, plenamente identificados en autos. SEXTO: SE CONDENA a la demandada reconviniente ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE, y a la tercera interviniente ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, a la ejecución del contrato de compraventa autenticado, el 23 de junio de 2003, por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Sucre del Estado Miranda, el cual quedó anotado bajo el Nº 16, Tomo 21, OTORGANDO LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE ante la Oficina de Registro Inmobiliario del inmueble constituido por “Un apartamento distinguido con el N° 62, ubicado en la planta sexta del edificio Cota Mil I, ubicado en la urbanización Terrazas del Ávila, sector norte, calle Nº 5, Municipio Sucre del estado Miranda”, con una superficie de Ciento Treinta y Cinco metros cuadrados (135 mts 2), ya plenamente identificado en este fallo. SÉPTIMO: Se ordena la indexación judicial del monto cancelado de ciento cinco mil bolívares (Bs.105.000,00), así como la indexación judicial de la cantidad restante, correspondiente a la suma de quince mil bolívares (Bs.15.000,00), para un total de ciento veinte mil bolívares (Bs.120.000,00), desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, mediante auto expreso que lo declare, dictado por el tribunal de primera instancia cuando reciba el expediente, tomando en cuenta los decretos leyes de reconversión monetarias y los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, hasta el mes de diciembre del año 2015, y a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.- Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de colaboración- determine dicha corrección monetaria, u 2.- Ordenar que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito. Así se decide. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-517, de fecha 8 de noviembre de 2018, expediente N° 2017-619; N° RC-538, de fecha 7 de agosto de 2017, expediente N° 2017-190 y N° RC-865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438). Y verificado el cálculo anterior, para concluir la experticia complementaria del fallo acordada, conforme a lo señalado en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el experto debe restar del total la cantidad de ciento cinco mil bolívares (Bs.105.000,00), que ya fueron pagados, y dividir en dos (2) partes iguales el total del monto resultante de la experticia, para que el tribunal de primera instancia proceda a cancelar en partes iguales, vale decir, un (50%) a la ciudadana MARIANA LÓPEZ SEMERENE y el otro (50%) a la ciudadana ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, quien fue reconocida en este fallo como co-propietaria del bien inmueble objeto de litigio. OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, la presente sentencia se considerará titulo suficiente de propiedad, si definitivamente firme la misma, y previo que conste en actas del expediente, por parte de la demandante, el pago de la cantidad condenada que arroje la experticia complementaria del fallo, a la demandada y a la tercera interviniente, no otorgaren el correspondiente título de propiedad ante el registro. NOVENO: Sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada. DÉCIMO: Parcialmente con lugar la intervención de la tercera ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, sólo en cuanto a lo que respecta a la titularidad del cincuenta por ciento (50 %) del derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de litigio, e improcedente la pretensión de nulidad de venta.

No se hace condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada, sin reenvío.

Publíquese, regístrese y remítase directamente el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, del tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil Accidental, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrado suplente,

 

 

 

__________________________

JUAN PABLO TORRES DELGADO

 

 

Magistrada suplente,

 

 

 

_________________________

ANA ENDRINA GÓMEZ DURÁN

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_______________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

 

Exp. AA20-C-2018-000147

Nota: Publicada en su fecha a las (    ).

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

 

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