Venley

Sentencia N.º 000377

Sentencia
N.º 000377
Fecha
30/06/2023
Sala
Casación Civil
Expediente
22-512
Ponente
Henry José Timaure Tapia
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

Exp. N° AA20-C-2022-000512

 

Magistrado Ponente: HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

En la demanda por cumplimiento de contrato intentada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, sede en la ciudad de los Teques, por la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-5.362.765, representada judicialmente por los ciudadanos abogados Julio César León Guillen y María Auxiliadora González Terán, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 16.576 y 16.838, respectivamente, contra el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-13.692.116, representado judicialmente por el ciudadano abogado Manuel Azancot Carvallo, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 123.542; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de los Teques, dictó sentencia definitiva en fecha 26 de septiembre de 2022, mediante la cual declaró textualmente:

“…PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado en ejercicio MANUEL AZANCOT CARVALLO, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques en fecha 28 de abril de 2022, la cual SE CONFIRMA CON DISTINTA MOTIVA.

SEGUNDO: CON LUGAR la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoada por la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA contra el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, ampliamente identificados en autos; en consecuencia, se ordena a la parte demandada, proceda a realizar la venta definitiva del inmueble sobre el cual recayó el contrato de objeto del presente proceso, constituido por un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el Nº 15C-5, ubicado en la planta cinco del edificio número quince (15) del Conjunto Residencial La Sabana, situado en el sector El Márquez de Guatire, Municipio Autónomo de Zamora del estado Bolivariano de Miranda, con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados (56,83 mts2), y comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: apartamento 15D-5; Sur: fachada Sur; Este: fachada interna Este y pasillo; y, Oeste: fachada Oeste; todo ello en el entendido de que la parte demandada deberá realizar todos los trámites administrativos pertinentes ante las autoridades respectivas con el objeto de garantizar la protocolización de la venta en cuestión, debiendo hacer entrega al actor de las solvencias y recaudos vigentes necesarios.

TERCERO: Se ORDENA la indexación judicial de la cantidad restante de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) equivalentes hoy en día a la suma de Bs. 0,00015, desde la fecha de admisión de la demanda (20 de febrero de 2018), hasta la fecha en que quede definitivamente firme la presente sentencia, mediante auto expreso que lo declare, dictado por el tribunal de la causa cuando reciba el expediente, tomando en cuenta los decretos leyes de reconversión monetarias y los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, hasta el mes de diciembre del año 2015, y a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.- Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de colaboración- determine dicha corrección monetaria, u 2.- Ordenar que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito (Cfr. Fallos de la Sala de Casación Civil Nº RC-644, de fecha 13 de diciembre de 2018, expediente N° 2018-147; N° RC-517, de fecha 8 de noviembre de 2018, expediente N° 2017-619; N° RC-538, de fecha 7 de agosto de 2017, expediente N° 2017-190 y N° RC-865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438).

CUARTO: A falta de cumplimiento voluntario de ello, la parte actora queda autorizada para gestionar los trámites correspondiente conforme lo previsto en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, dejándose expresa constancia que una vez vencido el lapso de ejecución voluntaria sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión, la parte actora deberá pagar el saldo restante que arroje la experticia complementaria del fallo, a favor del demandado; y una vez acreditado dicho monto y de no otorgar el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro.

QUINTO: SIN LUGAR la reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO intentaran el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, contra la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, todos plenamente identificados en autos. Queda REVOCADA la sentencia definitiva dictada el 4 de febrero de 2020, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 34…”. (Destacado de lo transcrito).

 

Contra el precitado fallo de alzada, en fecha 7 de octubre de 2022, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por auto de fecha 11 de octubre de 2022.

En fecha 24 de octubre de 2022, fue recibido el expediente en esta Sala.

En fecha 17 de noviembre de 2022, la demandante consignó la formalización del recurso extraordinario de casación. No hubo impugnación.

En fecha 25 de noviembre de 2022, se asignó la ponencia al Magistrado Presidente de esta Sala Dr. Henry José Timaure Tapia, quien con tal carácter la suscribe.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

-I-

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

PRIMERA DENUNCIA:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denunció en la recurrida la infracción de los artículos 11, 12, 15 y 243, ordinal 5° eiusdem, y los artículos 49 ordinal 7°, 253 y 257 de la República Bolivariana de Venezuela, al incurrir en incongruencia positiva.

Por vía de argumentación el formalizante señala:

“...Con fundamento en el Ordinal (sic) 1° del Artículo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil, delato por la recurrida de los artículos 11, 12, 15 y 243.5 del CPC artículos éstos (sic), aunque preconstitucionales, se presentan legislativamente como un adecuado desarrollo de los artículos 49 (especialmente el ordinal 7) 253 y 257 de la Constitución Nacional, al incurrir en incongruencia positiva.

(…Omissis…)

En el caso que nos ocupa, ninguna de las partes impugnó la decisión del a quo de desechar la prueba denominada como “SEGUNDO ABONO”, lo cual quedó establecido en el punto “III MOTIVACIONES PARA DECIDIR” (Pág. 36 del fallo de 1ra. Instancia) de su sentencia en primera instancia, en los siguientes términos:

“… En cuanto al alegato esbozado por la parte actora-reconvenida que en fecha 08 (sic) de marzo de 2017, abonó al vendedor, ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 12.750.000,00), con lo cual cancelaba a su decir el 92,50% del precio establecido; quedando por cancelar del precio total de la venta la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 2.250.000,00); esta Jurisdiscente (sic) deja constancia que la hoy accionante, ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, no logró demostrar tal alegato, toda vez que el recibo de pago denominado “DOCUMENTO DE SEGUNDO ABONO”, el cual cursa al folio 15 del expediente se desechó del proceso por haber sido impugnado por la parte demandada; en tal sentido se tiene como no demostrado tal argumento. Y ASÍ SE DEJA ESTABLECIDO.”

Situación ésta (sic) de la realidad procesal, declarada por el juez a quo, que se constituye en COSA JUZGADA (Ex art. 49.7 de la Carta Magna delatado) y que se identifica y homologa con la realidad fáctica de cómo fue que sucedieron los hechos de la relación jurídica entre las partes contendientes.

El negocio jurídico de ésta (sic) causa fue llevado por unos profesionales de la correduría inmobiliaria actuando en nombre de la empresa TU ENLACE INMOBILIARIO, la cual fue contratada por la parte demandante, así quedó expresa y claramente demostrado por las deposiciones de los testigos, quienes afirmaron claramente lo siguiente:

“El testigo LEIKER FERMIN BRICEÑO A LA SEXTA PREGUNTA: Diga el testigo, como le consta que en fecha 08/03/2017, el vendedor recibió dinero por la cantidad de doce millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 12.750.000,00) en las instalaciones de la empresa TU ENLACE INMOBILIARIO, toda vez que esa captación no le correspondía y ya dijo decir que no sabe sobre el manejo de esas negociaciones? (…) Contestó: “Me consta porque estaba presente estaba (sic) la señora Lucila porque es mi cliente y tengo que estar con ella”. (sic).

Antes había afirmado a la SEGUNDA: ¿Diga el testigo cual (sic) es su relación con la firma comercial TU ENLACE INMOBILIARIO? Contestó: “Soy promotor de ventas”.

En el mismo sentido la testigo PATRICIA CAROLINA MÉNDEZ RANGEL atestiguó: “A LA SEGUNDA: ¿Diga la testigo cual (sic) es su relación con la firma comercial TU ENLACE INMOBILIARIO? Contestó: “Soy Gerente”.

Siendo así, el manejo administrativo fue llevado por un tercero a la relación jurídica planteada -TU ENLACE INMOBILIARIO-, acaeciendo que este tercero siempre tuvo una relación de dependencia y por lo tanto lealtad -interés no imparcial- para con la demandante, más no así para con la contraparte, mi patrocinado.

Ahora bien, al no disponer esta defensa de los medios de pruebas pertinentes, no alegamos nada en contra de los hechos suscitados en relación a la forma como se realizaron los pagos. En este sentido, el supuesto primer pago no se materializó nunca en la realidad fáctica, no hay prueba en el expediente de ese hecho, por lo que ante la evidente exigencia del vendedor demandado en el sentido que le cumplieran el pago convenido, el cual la accionante denominó como inicial, procedió la parte actora, por intermedio de la empresa que llevaba la negociación, ofrecer honrar este pago que no se había logrado cumplir durante el acto de suscripción del contrato ante la Notaría (sic) Pública (sic), ofreciendo cumplir en consecuencia dicho primer pago en un acto estipulado para el día siguiente, acto éste (sic) que realmente SÍ SUCEDIÓ, y por lo tanto no fue desconocida, por la parte demandada, la firma del documento denominado SEGUNDO ABONO, más sí su contenido, desechada la documental y así lo estableció expresamente el a quo en la dispositiva del fallo, de lo cual hubo acuerdo entre las partes constituyéndose en cosa juzgada. (Formal y material).

Toda vez que la compradora, en convivencia con la empresa intermediaria frustró, después de la firma el pago descrito y contenido en esa documental, por lo que, al no disponerse de la prueba idónea, dicha frustración del pago no pudo formar parte de los alegatos y excepciones de esta defensa.

En cuanto a la documental bajo análisis, promovida por la parte actora, ante la negativa absoluta del reconocimiento del contenido de dicha documental por parte del vendedor demandado, quedó en cabeza de aquella, como una carga procesal, la necesidad de demostrar su contenido, situación ésta (sic) que no sucedió por lo que no quedó demostrado, ni el pago, ni lo descrito (contenido) en ese documento, y por lo tanto, el a quo la debió desechar del proceso al ser desconocido y no demostrado su contenido, como en efecto lo realizó, por lo tanto, siendo que no fue impugnada en apelación por ninguna de las partes esta decisión del a quo por la cual desecha dicha documental, consecuentemente, no formó parte del thema decidendum sometido a consideración del ad quem, en virtud de lo cual se materializó una aquiescencia o aceptación por las partes sobre ésta decisión y consiguientemente del hecho de no haber cumplimiento de pago.

Este incumplimiento fue causa o motivo fundamental (sustancial) para que el ad quem llegara a la resolución de la controversia recursiva planteada, siendo no obstante, que esta prueba no pudo haber sido motivación ni fundamento de la decisión de alzada por no constituir parte del thema decidendum sometido a su jurisdicción, como en efecto así sucedió, es la razón y justificación de esta denuncia en casación.

Por las razones que anteceden el ad quem incurre en el vicio delatado de incongruencia positiva, al considerar y decidir sobre asuntos no sometidos a su conocimiento, careciendo por lo tanto de jurisdicción sobre una cuestión que va más allá del thema decidendum, planteado en la apelación (extrapetita), donde no se le solicitó, dentro de los informes a la apelación , que juzgara sobre la DECISIÓN de desechar la documental denominada “SEGUNDO ABONO”, situación hartamente advertida en el escrito de informes donde se estableció, que, en función del principio dispositivo, el ad quem debió estar sujeto a los imperativos que emergen de los adagios. “Tantum devolutum quantum apellatum” (tanto deferido cuanto apelado) y por la “non reformatio in peius” (no reforma a peor), los cuales evidentemente violó la sentencia recurrida, al apelar más allá de lo devuelto o deferido a su jurisdicción, ocasionando esta reforma del fallo apelado, el vicio ahora aquí delatado, ocasionado una evidente indefensión y desmejora a la parte demandada sobre lo ya decidido por el juez a quo, decisión esta consistente en haber desechado del proceso dicho medio de prueba, el cual, las partes, en ejercicio de la potestad de administrar justicia conferida constitucionalmente, como lo establece el artículo 253 de la Constitución Nacional, nos allanamos a esa decisión, aceptándola como una verdad procesal (cosa jugada), que en este caso en concreto se homologa a la realidad fáctica.

(…Omissis…)

Toda la situación aquí denunciada ante esta honorable Sala, se patentiza al dejarlo establecido la recurrida, en el punto “VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR” (página 35 de la sentencia) en los siguientes términos:

“… Motivos por los cuales, quien aquí suscribe puede afirmar que los hechos referidos en el escrito libelar quedaron suficientemente probados en autos, específicamente en lo que respecta a que la demandante realizó todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente (a saber, pagó la mitad del precio en el acto de autenticación, un segundo abono al día siguiente, y tramitó (sic) compareció ante la oficina registral para presentar el documento definitivo de venta), y que a pesar de todo ello el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, en su condición de propietario y vendedor, no compareció ante la oficina de registro público respectiva el 10 de agosto de 2017, oportunidad fijada para tal fin.- Así se precisa.”

Decisión que se constituye en el principal o sustancial fundamento, por no decir el único, por el cual el ad quem sustenta su decisión, al establecer erróneamente, que “…quedaron suficientemente probados (…) pago (…) “un segundo abono al día siguiente”.

De la anterior y parcial transcripción de la recurrida, se aprecia con meridiana claridad que el ad quem valoró el medio de prueba denominada como SEGUNDO ABONO, no obstante haber sido desechado del proceso por el a quo, decisión que no fue apelada por ninguna de las partes, quedando en consecuencia fuera del proceso de alzada, dando así por demostrado la recurrida, a través de dicha documental, un hecho que en razón de lo anterior se encuentra fuera del thema decidendum de la apelación devuelta a su jurisdicción, por haber sido desechado por el a quo el medio de pruebas con que la parte actora intentó probar dicho hecho, originando de esa manera el vicio de incongruencia positiva,  constituyéndose en extrapetita, al decidir más allá de lo solicitado por el demandado apelante. La parte actora al no recurrir se debe entender, con fundamento en las razones materiales y le4galmente establecidas y descritas supra, que se allanó o convino a esa decisión por CONSIDERARLA JUSTA, de lo contrario debió ejercer su derecho a recurrir si estimaba lo contrario, que le causaba un daño por ser injusta.

Debo hacer notar que los vicios aquí delatados se patentizan, en este caso concreto, por el hecho que una sola de las partes recurrió del fallo, mientras que la otra asienta su aquiescencia sobre la totalidad del mismo.

Para inteligenciar este escrito debo transcribir parte del informe de la apelación de la decisión de la cual el juez, de primera instancia desechó el documental denominado SEGUNDO ABONO, el cual es del texto siguiente:

“… Debemos observar como una posible anticipación a esta apelación, que por haber sido un hecho alegado por la parte accionante que no logró probar (se refiere a la documental del segundo abono), siendo que efectivamente este hecho le pudo ocasionar un gravamen, al menos procesal (no probó el pago) le nació a la parte actora el derecho preclusivo de impugnar dicho agravio mediante la correspondiente apelación, derecho que no ejerció en tiempo hábil, razón por la cual no le es dable a la accionante pretender mediante “informe de adhesión” a esta apelación atacar la decisión de la recurrida, caso en el cual esta juzgadora de alzada debe desestimar. Como consecuencia de este allanamiento de no apelar a lo decidido por el juez a quo al declarar sin lugar el alegato de la parte actora referido al pago, debe entenderse como una aquiescencia o aceptación de dicho fallo y por consiguiente en admitir que el pago realmente no lo realizó. Las circunstancias antes descritas ocasionan que el alegato de la parte demandada al contrario al de la accionante si (sic) haya triunfado, lo cual origina que aquella no haya sido vencida totalmente, por lo que no debe ser condenada en costas como infructuosamente lo determinó en la parte dispositiva del fallo, y así debe ser declarado por esta alzada. En conclusión este denominado SEGUNDO ABONO no fue probado, por no haberse realizado y así debe ser re- declarado por esa juzgadora de alzada”.

En consecuencia, de conformidad con todo lo antes expuesto y en aplicación de las normas constitucionales y legales infringidas antes señaladas, la presente denuncia debe declararse procedente y en consecuencia dejar fuera del debate en la alzada la documental denominada SEGUNDO ABONO…”. (Destacado de lo transcrito).

 

Para decidir, la Sala observa:

En la denuncia antes transcrita, la parte recurrente señala que la recurrida incurre en el vicio de incongruencia positiva, porque extendió su decisión más allá de los límites del problema judicial que fue sometido a su consideración.

Precisó que su contraparte no apeló de la decisión, dejando valorada la prueba denominada “segundo abono”, que el juez de primera instancia desechó, pero que el juez superior le otorgó valor probatorio sin haber sido solicitado por las partes, lo cual configura el vicio delatado.

En primer lugar, se debe advertir, que el recurrente somete a consideración de esta Sala la valoración de unas pruebas por el juez superior; ello así, es criterio reiterado, que si lo pretendido por la parte demandada es atacar la valoración de una prueba en concreto, o el error en su valoración, o error en su juzgamiento, la delación debe ser planteada como una infracción de ley, bajo el amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 320 eiusdem, por vulneración de normas que regulan el establecimiento y valoración de las pruebas, sin embargo, esta Sala entiende la inquietud del recurrente y pasa a resolver lo planteado.

De manera reiterada, el vicio de incongruencia ha sido definido por este Supremo Tribunal, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrita a los términos de la demanda y de la contestación -y en algunos casos de los informes-, según el cual el juez solo puede resolver las cuestiones que hayan sido presentadas en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.

De allí que un fallo es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de los litigantes, independientemente de que sea acertada o errónea la decisión.

En relación con la incongruencia positiva, la Sala ha precisado que ésta puede resultar del pronunciamiento de razones de hecho no alegadas por las partes en la demanda y la contestación, ya sea por ultrapetita en el sentido de otorgar más de lo solicitado o extrapetita al dar una cosa diferente a lo solicitado. (Vid. sentencia N° 106, de fecha 21 de marzo de 2013, caso: Institución Civil Centro Familia Javier c/ Sociedad Civil Centro Familia Javier, S.C.).

Para determinar si el juez superior incurrió en la incongruencia delatada, se debe transcribir extractos del inmensamente e innecesario escrito de informes de la parte recurrente demandada, que en vez de ayudar a su autor, le otorga jurisdicción plena a la alzada para decidir conforme al thema decidendum planteado, que no es más que demostrar si hubo incumplimiento del contrato suscrito por las partes, referido a un contrato de opción de compraventa. En razón de lo expuesto pasamos -como se dijo- a transcribir extractos de los informes ante la apelación de la alzada, de la siguiente forma:

“…1.2.1 PUNTO PRIMERO:

(…Omissis…)

No obstante, como veremos cuando analicemos el punto TERCERO de la parte dispositiva y además las alegaciones y pruebas en el punto siguiente, esta afirmación de declaratoria "CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" es falsa, ya que el mismo a quo es quien directa y expresamente en esta misma sentencia, en el punto TERCERO, CONDENA a la parte actora a pagar una cantidad liquida de dinero que la parte demandada le había realizado oposición, tanto en su contenido como en su firma, a la documental aportada como prueba, dándole por consiguiente la razón al demandado cuando el a quo declaró con lugar la oposición que había realizado, esto en razón que la parte demandada había negado tempestivamente, dentro de su carga de alegación, el haber recibido pago alguno (un hecho negativo absoluto) y la parte actora, teniendo en consecuencia la carga de la prueba, no logró probar dicho pago alegado, en razón de lo cual la parte demandada no fue totalmente vencida, como lo establece el a quo, pues resultó vencedora en su alegato de no haber recibido ese pago que había sido invocado por la parte actora, a pesar que ésta había argüido que efectivamente si pagó, siendo por lo tanto que no hubo vencimiento completo de la demandante.

Lo anterior es totalmente cierto, sin considerar adicionalmente aun, como luego veremos, que tampoco probó la parte actora lo que ella misma denominó como pago inicial, ni que el demandado no cumplió con aportar la documentación exigida para la protocolización en el Registro (sic) Público (sic), materias estas últimas que serán objeto de análisis infra…”. (Resaltados de la Sala).

 

Como puede observarse, el recurrente en su escrito de informes, para tratar de desechar la condena de costas o su vencimiento total, somete la prueba (objeto de la denuncia) a la jurisdicción del juez superior, tratando de demostrar que el demandante comprador incumplió con su obligación de pagar el precio.

Continuando con los informes tenemos:

“…2.- ANÁLISIS DE LAS ACTAS PROCESALES DE LO ALEGADO Y PROBADO EN AUTOS:

2.1- INTRODUCCIÓN: De la revisión del texto contentivo de la sentencia recurrida, sin que esta revisión sea un profundo y profesional análisis semiótico, se infiere que el a quo no fundamentó por completo su sentencia en la realidad de los alegatos de las partes, ni con una adecuada valoración de las pruebas, al menos no fue exhaustivo con los alegatos y pruebas de la parte demandada, los cuales evidentemente no los consideró, en vista que se aprecia que las defensas y excepciones planteadas no fueron oídas, ni tan siquiera el derecho invocado que incluía a la sentencia de la Sala Constitucional en su doble condición: a) fuente del derecho argüido, y b) alegatos esgrimidos. Al menos no hay evidencia que de manera expresa indique que así haya ocurrido y además no fueron valoradas adecuada y exhaustivamente las pruebas, es más aún, muchas no fueron ni tan siquiera tomadas en cuenta, lo anterior sin que se encuentre justificación, ni la debida motivación según lo exige la ley para tal desproporcionada y desequilibrada omisión.

(…Omissis…)

Esta apelación no se constituye en un nuevo juicio, sino la revisión de la injusticia ilegalidad de la sentencia recurrida y señaladas en este informe, y en caso afirmativo, como ya lo hemos realizado y concluido en puntos anteriores de este informe, donde se dedujo que la misma debe ser declarada nula en virtud de los vicios que adolece, además, debido al efecto devolutivo el cual le trasmite al ad quem el conocimiento de la causa en a cuyo efecto natural es que éste recibe el poder de juzgamiento (jurisdicción) sin que se constituya esta causa en un nuevo juicio, sino una etapa continuadora del primigenio cuyo objeto debe ser, como ya se adelantó, la revisión de la sentencia y de resultar injusta o ilícita proclamar su nulidad y pronunciar una nueva sentencia libre de los yerros y vicios de la primera, nueva sentencia la cual debe ajustarse al principio de personalidad el cual establece que la misma solo beneficiará al apelante, y que cuyos límites estén determinado por apelación en aplicación del principio del "tantum devolutum quantum appellatum (tanto deferido cuanto apelado) y por la "non reformatio in peius" (no reformar a peor) de manera que la nueva decisión abarque solo lo denunciado por el apelante y no desmejore su situación, además de fundamentarse, debido al principio dispositivo, estrictamente al alegado y probado en autos y en esta impugnación para poder darle satisfacción a estrictamente solicitado en este escrito de Informe, sin ir más allá de él.

En razón de lo inmediato anterior es por lo que en este informe haremos un análisis que establezca una estricta correspondencia biunívoca entre lo alegado y probado en autos y nuestra argumentación recursiva, por lo que pedimos al jurisdiscente baje completamente a las actas del proceso, las cuales damos por reproducidas completamente en este escrito y solo nos referiremos a ellas para su desarrollo en cuanto sea necesario en nuestros alegatos recursivos.

(Folio 37 vto) En conclusión, de lo inmediatamente anterior, contrariamente a lo decidido por e a quo, y debido al real y cierto no cumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte actora mediante el contrato bilateral sinalagmático, al demandado le nació el derecho de no cumplir con la suya, consisten en dar su voluntad (obligación de hacer) para suscribir un nuevo contrato definitivo de compraventa en un momento posterior.

2.5.2.- Aplicación de la excepción de contrato no cumplido: En virtud, como ya hemos dicho, que el contrato promesa bilateral de compraventa es un contrato bilateral y sinalagmático perfecto por lo tanto de tracto sucesivo, y visto y demostrado incumplimiento de la parte actora, es por lo que se hace aplicable las consecuencia jurídicas que establece el artículo 1168 del CC, el cual es del texto siguiente:

(…Omissis…)

Es lo que la doctrina denomina la "exceptio non adimpleti contractus" (excepción contrato no cumplido), y le da la facultad a la parte inocente de negarse a cumplir obligaciones cuando su contraparte le EXIGE EL CUMPLIMIENTO sin haber cumplido…”. (Resaltado de la Sala).

 

De las transcripciones se deduce la intención del demandado de que se decida nuevamente la causa, por lo que es necesario ver que estableció la sentencia recurrida con respecto a los informes:

“…ALEGATOS EN LA ALZADA.

En fecha 8 de junio de 2022, compareció ante esta alzada el apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, a fin de consignar su respectivo escrito de informes, en el cual realizó extensas delaciones sobre las distintas naturalezas de un contrato, reiterando las mismas exposiciones de hecho y derecho realizadas en el escrito de contestación a la demanda y reconvención; acto seguido, realice nuevamente un análisis de la tipología del contrato, las obligaciones contraídas en el mismo, indicando que la demandante no logró probar haber efectuado el primer pago al que se obligó a realizar al momento de la autenticación del contrato ante el notario, ni el pago de un segundo abono, por lo que solicitó que se declara la nulidad de la sentencia recurrida, sin lugar la demanda, procedente la excepción de contrato no cumplido, se dicte una nueva sentencia sin vicio, y en consecuencia, se declare con lugar la reconvención…”. (Resaltado de la Sala).

 

De todo lo antes transcrito, se puede evidenciar que el demandado en todo momento denuncia el incumplimiento del pago del precio, somete por su propia voluntad al juez de alzada a que realice una nueva sentencia y que las pruebas sean consideradas para tal fin, lo cual cumplió a cabalidad el juez superior y lo dejó establecido en su capítulo de los alegatos en la alzada, antes transcrito, además debe acotarse que al haber solicitado el demandado la excepción del contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) sometió al juez a una revisión exhaustiva o jurisdicción plena, debiendo decidir si hubo el incumplimiento de las partes a través de lo probado en el proceso.

En conclusión, de las actas procesales transcritas se evidenció, que la parte demandada recurrente, sometió al juez a una revisión exhaustiva de la sentencia de primera instancia, es decir, le otorgó jurisdicción plena para decidir, por lo que el juez superior, cumpliendo con el thema decidendum, dictó nueva decisión tomando en cuenta todo lo alegado en la demanda, la contestación y en los informes, no incurriendo en el vicio delatado de incongruencia positiva, con respecto a la prueba denominada “segundo abono”, por ende, se declara improcedente la denuncia. Así se declara.

SEGUNDA DENUNCIA:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denunció en la recurrida la falta de aplicación del artículo 244 eiusdem, concatenado con el numeral 5° y 6° del artículo 243 ibídem.

Por vía de argumentación el formalizante señala:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil (CPC), denuncio, por falta de aplicación, la INFRACCIÓN a la norma que emerge del artículo 244 del CPC, concatenada al numeral 5 del artículo 243 eiusdem y al ordinal 6 del mismo artículo, yerro que no se materializaría si el ad quem hubiese aplicado correctamente las normas delatadas como infringidas por falta de aplicación.

La infracción se produce al establecerse en la dispositiva del fallo recurrido, una condena condicional, la cual está disuadida de aplicar por el marco legal indicado, imponiéndole con esta a la parte, que no obstante resultó completamente vencedora, adicionalmente una condena como un requisito previo, sine qua non, para que pueda solicitar la ejecución del fallo favorable no obstante haber logrado su triunfo total, es en consecuencia antinatural e incompatible con la causa petendi objeto de la pretensión deducida -CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- que le fuese concedido íntegramente su petitum y accesoriamente sea condenada a pagar, lo cual a más de inaudito es violatorio al orden público.

En el desarrollo de los Informes (sic) que presenté, contentivo de la apelación a la sentencia de primera instancia, no obstante la exhaustividad del mismo, el ad quem incurrió en idéntica infracción que fuese recurrida al a quo, al no aplicar correctamente las normas de orden público aquí delatadas y alertadas en dicho informe de apelación, desatendiendo el régimen legal que debió conocer (iuria novit curia) y en todo caso a los alegatos expuestos por esta defensa de manera que no se produjese de nuevo la infracción recurrida y ahora delatada.

En consecuencia, si bien el ad quem declaró sin lugar la apelación y ratifica la decisión de primera instancia por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, su sentencia no se constituyó en una "decisión expresa, positiva y precisa" como imperativamente lo dispone el numeral 5 del artículo 243 del CPC, sino que contraría la precisión exigida, pues quedó la sentencia condicionada a la circunstancia que la parte victoriosa, para que pudiese exigir el cumplimiento de la sentencia que le otorga completamente el derecho deducido, debía cumplir primero con la condena condicional de pagar el precio pendiente de la compra del bien objeto del contrato, todo lo cual es contrario al telos(sic) del artículo 243.5 y se constituye en el supuesto legal de la consecuencia jurídica del artículo 244 eiusdem, la nulidad, artículos no aplicados por el ad quem al caso de marras.

Únicamente así, previo cumplimiento de la condena accesoria impuesta a la parte victoriosa, es que esta solo podría exigir el cumplimiento coactivo de la sentencia de fondo a la parte perdidosa, lo cual no deja de ser un contrasentido por ser una imprecisión o indeterminación impropia a la naturaleza que debe caracterizar a una sentencia, pues de no ser de ese modo -pago previo-, en caso del no cumplimiento voluntario del vencido (demandado) en cumplir con su obligación de hacer, como es concluir la suscripción del contrato definitivo de compra venta, el acreedor de ese derecho deducido y establecido en la sentencia de fondo, no podría exigir dicho derecho sin cumplir antes con la condición impuesta (condena), lo que se constituiría en consecuencia en un derecho incierto por depender de una conducta futura y no solo de la fuerza coactiva que debe tener una sentencia, podría decirse que es un derecho potestativo, por tener la sentencia una condición no coactiva sobre ella, lo cual contraría el espíritu, propósito y razón teleológica de la norma que emana del numeral 5 del artículo 243 del CPC, y la exigencia del numeral 6 del mismo artículo del CPC (la determinación del objeto del fallo), todo lo cual tutela el artículo 244 eiusdem al imponer la nulidad absoluta a dicho yerro.

De lo anterior se puede evidenciar la clara infracción legal delatada por la falta de aplicación por parte del ad quem de las normas indicadas, al dictar una decisión condenatoria a la parte demandante aun habiendo declarado totalmente con lugar su pretensión deducida, sentencia esta que se encuentra condicionada al previo pago del precio restante por quien, no obstante, resultó victorioso completamente, lo cual declara el ad quem en los siguientes términos:

"...esta alzada declara que el monto CONDENADO a pagar por la prenombrada ciudadana [se refiere a la demandante] por concepto de saldo restante, corresponde a la referida suma de QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,00).- Así se decide." (enfatizado y nota añadidos).

Más adelante ratifica su condena en los siguientes términos:

"(...) debiendo la parte actora pagar a favor de la parte demandada el saldo restante, esto es, la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) equivalentes hoy en día a la suma de Bs. 0,00015, cantidad ésta que se ordena indexar, (...) Y así se decide." (enfatizado añadido)

Todo lo cual deja patente que esa condena condicional del ad quem produce una INDETERMINACIÓN OBJETIVA DEL FALLO, lo cual es contrario a lo que previenen y establecen las normas infringidas.

Es así porquel (sic) ad quem, al condicionar la decisión mediante una condena cuyo cumplimiento, por su naturaleza debe y tiene que ser voluntario, ya que la sentencia de fondo se constituye en un derecho del victorioso, por lo que si dicho cumplimiento condicionado no se produjese la sentencia perdería su naturaleza imperativa-coactiva, propia de su poder de imperium, y adquiría, consecuentemente, un carácter meramente contractual, o simplemente potestativo, al permitir impunemente el incumplimiento por el titular del derecho deducido y declarado a su favor en la sentencia de fondo, ya que la obligación de pago condenada puede arbitraria e impunemente ser incumplida, quedando INDETERMINADA LA SENTENCIA, tanto en su eficacia, como en el cómo de su ejecución forzosa (Indeterminación). Podría no darse el cumplimiento voluntario condicionado, como lo es el pago del precio, lo que significaría que el titular del derecho impuesto por la sentencia de fondo no cumpliría en el pago del precio total, tal y como fue convenido en el contrato de promesa bilateral de compra venta, objeto y causa petendi de esta demanda, por lo que sería inejecutable la sentencia de fondo proferida, generándose una gran inseguridad jurídica y confusión para ambas partes del contrato primigenio; sobre el vendedor penderá indeterminadamente en el tiempo una condena para vender, impidiéndole o agraviando el ejercicio de su derecho fundamental de propiedad hasta que en algún momento incierto la compradora cumpla la condena condicional de pago impuesta, mientras el bien jurídico propiedad del vendedor quedaría injusta e ilícitamente paralizado y fuera del tráfico jurídico, mientras que la compradora ostentará un derecho no ejercido, produciéndose el VICIO DE SENTENCIA CONDICIONAL y el de INDETERMINACIÓN OBJETIVA DEL FALLO, es decir, se producen la infracción del artículo 243 del CPC en sus ordinales 5 y 6, ya que no se estableció de manera expresa, positiva y precisa el fallo, y en este la forma de su ejecución para el caso de incumplimiento de la parte victoriosa también condenada, a la cual, sin embargo su triunfo, está sujeta a una condena que estableció una condición, futura e incierta, de la cual pende la eficacia de la sentencia para que se pueda ejecutar lo condenado en la sentencia de fondo, para el caso de que la demandante victoriosa no de cumplimiento voluntario al pago del saldo total del precio establecido en el contrato de promesa bilateral de compra-venta, lo cual sería requisito sine qua non para el cumplimiento de esa sentencia de fondo, lo cual constituye la indeterminación objetiva denunciada.

Estaríamos frente a un menoscabo al derecho de la defensa de la parte perdidosa que no recibiría el pago de lo vendido por no tener acción, ya que no se le declaró derecho alguno.

Todo lo anterior configuran dos vicios de orden público, como es el establecimiento de una condición, de cumplimiento previo, para que pueda ser exigido la ejecución de la sentencia de fondo, y la indeterminación objetiva, todo lo cual inexorablemente debe producir la nulidad del fallo impugnado, de conformidad con lo establecido por el artículo 244 del CPC, incluso la Casación (sic) de oficio como lo dejó sentado esta Sala de Casación Civil en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, expediente Nº 99-062: "La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido", criterio aplicado por la misma Sala en Sentencia (sic) RC.000742, Expediente (sic) 2013-000598 del 4 de diciembre de dos mil quince.

Discernimientos estos que la Sala Constitucional ratifica en el recurso de revisión constitucional No 889 de fecha 11 de mayo de 2007 en el sentido: "... que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público"

Para mayor abundamiento me remito a lo que ya había dejado sentado en el escrito de informes que presenté para la apelación en el punto "3)" página 14 y 15, y que doy por reproducido.

Por el hecho que la sentencia impone una CONDENA a la parte actora, no obstante resultar vencedora totalmente, como una CONDICIÓN previa para que pueda solicitar la ejecución del fallo favorable, es decir, se puede establecer que lo que le impone no es una condena sino una CARGA (término entendido dentro del ámbito procesal), por lo que no es una obligación jurídicamente impuesta de pagar; sino simplemente es la obligación contractualmente adquirida e incumplida, por tal razón el resultado, de no haber aplicado el ad quem correctamente las normas delatadas, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 6 del artículo 243, concatenado con la consecuencia del artículo 244, ambos del CPC, debería ser la nulidad de la sentencia y no la condición impuesta, por lo que solicito sea declarado procedente este recurso extraordinario de casación…”. (Resaltado de lo transcrito).

 

Para decidir la Sala observa:

Ahora bien, observa esta Sala que el formalizante en casación, en su denuncia realiza una entremezcla de vicios en los que supuestamente incurrió la alzada en su fallo, delatando: indeterminación objetiva (defecto de actividad), incongruencia negativa (defecto de actividad) y falta de aplicación (infracción de ley) todos contenidos en el artículo 313 en sus ordinales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil, y contenidos en una misma delación, en términos que esta Sala no logra concebir, lo que a todas luces sería suficiente para desechar la presente denuncia.

En tal sentido, esta Sala -reitera- que en diversas oportunidades ha señalado que se deben rechazar las formalizaciones que entremezclen denuncias o estas sean del todo exiguas o que no contengan la base legal requerida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso extraordinario de casación y que como es sabido, “…es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por este, (...) no puede ser asumida por la Sala…”. (Cfr. Fallo N° RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241).

Por otro lado, esta Sala a objeto de garantizarle el legítimo derecho de defensa y la tutela judicial eficaz que ostentan todos los justiciables, conocerá la presente delación de la manera siguiente:

Aduce el recurrente que la sentencia recurrida adolece del vicio de indeterminación objetiva, además de ser condicional, por cuanto en el dispositivo se condenó a la parte vencedora, compradora demandante, a pagar el precio de la venta como requisito condicional para el cumplimiento del contrato por parte del vendedor demandado; y con la indexación del precio restante por pagar, sustentando la denuncia en los artículos 243 ordinales 5° y 6° y 244 del Código de Procedimiento Civil.

En primer lugar, atacar esa condena de pago del precio, es inherente únicamente a la parte demandante compradora como legitimada activa, pues, es quien tiene que pagar el precio y es a quien perjudica dicha decisión; no así al demandado, ya que alegar una condena que no le fue impuesta, ni afecta al demandado, este no tiene legitimación para la denuncia y se subroga en el derecho de la contraparte.

Esta Sala ha venido sosteniendo que la indeterminación objetiva, se configura cuando el sentenciador no precisa en su decisión la cosa u objeto sobre el cual ha de recaer la decisión, o no señala los parámetros para la elaboración de la experticia complementara del fallo, a que se contrae el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (Sentencia N° 727 del 13 de noviembre de 2017, entre otras).

Hechas las anteriores consideraciones, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales de conformidad con los artículos 26 y 257 constitucionales, debido al carácter de orden público de la denuncia, revisar la decisión recurrida, con respecto a lo denunciado por el recurrente quien textualmente adujo:

“…La infracción se produce al establecerse en la dispositiva del fallo recurrido, una condena condicional, la cual está disuadida de aplicar por el marco legal indicado, imponiéndole con esta a la parte, que no obstante resultó completamente vencedora, adicionalmente una condena como un requisito previo, sine qua non, para que pueda solicitar la ejecución del fallo favorable…”. (Destacado de lo transcrito).

 

De acuerdo a lo denunciado, se pasa a transcribir el dispositivo de la sentencia recurrida textualmente:

“…PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado en ejercicio MANUEL AZANCOT CARVALLO, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques en fecha 28 de abril de 2022, la cual SE CONFIRMA CON DISTINTA MOTIVA.

SEGUNDO: CON LUGAR la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoada por la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA contra el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, ampliamente identificados en autos; en consecuencia, se ordena a la parte demandada, proceda a realizar la venta definitiva del inmueble sobre el cual recayó el contrato de objeto del presente proceso, constituido por un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el Nº 15C-5, ubicado en la planta cinco del edificio número quince (15) del Conjunto Residencial La Sabana, situado en el sector El Márquez de Guatire, Municipio Autónomo de Zamora del estado Bolivariano de Miranda, con una superficie de cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados (56,83 mts2), y comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: apartamento 15D-5; Sur:  fachada Sur; Este: fachada interna Este y pasillo; y, Oeste: fachada Oeste; todo ello en el entendido de que la parte demandada deberá realizar todos los trámites administrativos pertinentes ante las autoridades respectivas con el objeto de garantizar la protocolización de la venta en cuestión, debiendo hacer entrega al actor de las solvencias y recaudos vigentes necesarios.

TERCERO: Se ORDENA la indexación judicial de la cantidad restante de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) equivalentes hoy en día a la suma de Bs. 0,00015, desde la fecha de admisión de la demanda (20 de febrero de 2018), hasta la fecha en que quede definitivamente firme la presente sentencia, mediante auto expreso que lo declare, dictado por el tribunal de la causa cuando reciba el expediente, tomando en cuenta los decretos leyes de reconversión monetarias y los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, hasta el mes de diciembre del año 2015, y a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.- Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de colaboración- determine dicha corrección monetaria, u 2.- Ordenar que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito (Cfr. Fallos de la Sala de Casación Civil Nº RC-644, de fecha 13 de diciembre de 2018, expediente N° 2018-147; N° RC-517, de fecha 8 de noviembre de 2018, expediente N° 2017-619; N° RC-538, de fecha 7 de agosto de 2017, expediente N° 2017-190 y N° RC-865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438).

CUARTO: A falta de cumplimiento voluntario de ello, la parte actora queda autorizada para gestionar los trámites correspondiente conforme lo previsto en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, dejándose expresa constancia que una vez vencido el lapso de ejecución voluntaria sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión, la parte actora deberá pagar el saldo restante que arroje la experticia complementaria del fallo, a favor del demandado; y una vez acreditado dicho monto y de no otorgar el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro.

QUINTO: SIN LUGAR la reconvención que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO intentaran el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, contra la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, todos plenamente identificados en autos. Queda REVOCADA la sentencia definitiva dictada el 4 de febrero de 2020, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 34…”. (Resaltado de lo transcrito).

 

El denunciado artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:

“…Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita…”.

 

El artículo 243 eiusdem, dispone a su vez:

“…Toda sentencia debe contener:

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión…”. (Resaltado y subrayado de la Sala).

 

Como puede observarse en el dispositivo del fallo supra transcrito, en ninguna parte se condenó a la parte actora gananciosa, al pago, como requisito previo para darle cumplimiento a la sentencia, es decir, la sentencia nunca fue condicional, por el contrario, se sentenció con especificación del bien sobre el cual recaía la sentencia, la forma del pago del precio con indicación de la indexación que se debe hacer por la pérdida del valor de la moneda, y en caso de incumplimiento voluntario, se deberá pagar el saldo indexado del precio para terminar con el registro de la sentencia para que sirva como título de propiedad, por lo que se cumplió con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, en el caso sub iudice, la recurrida cumplió con su deber de dictar una decisión expresa, positiva y precisa cumpliendo con los estándares del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y por consecuencia, no encuadra dentro de los supuestos del artículo 244 eiusdem, no incurriendo en el vicio endilgado, por lo que se declara improcedente la denuncia. Así se declara.

TERCERA DENUNCIA:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denunció en la recurrida la violación del artículo 243 numeral 4 eiusdem, por inmotivación.

Por vía de argumentación el formalizante señala:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delato la infracción por la recurrida del artículo 243 en su ordinal 4 del CPC, al incurrir en falta de motivación de derecho.

La sentencia recurrida en el punto CUARTO DE LA DISPOSITIVA establece lo siguiente:

CUARTO: A falta de cumplimiento voluntario de ello, la parte actora queda autorizada para gestionar los trámites correspondiente conforme lo previsto en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, dejándose expresa constancia que una vez vencido el lapso de ejecución voluntaria sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión, la parte actora deberá pagar el saldo restante que arroje la experticia complementaria del fallo, a favor del demandado; y una vez acreditado dicho monto y de no otorgar el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro.

Por su parte la motivación para dictar el fallo la estableció el ad quem en las páginas 37 y 38 del mismo de la manera siguiente:

(...) vez vencido el lapso de ejecución voluntaria sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión, la parte actora deberá pagar el saldo restante, a favor de la parte demandada, y una vez acreditado dicho monto y de no otorgar el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, el documento de traslación de propiedad, la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro; tal y como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo.- Así se establece. (enfatizado añadido)

Como se puede observar, tanto en la dispositiva CUARTA de la recurrida, como en la motivación que establece el ad quem (Páginas 37 y 38 de la recurrida) para justificar su decisión, no se observa que éste cumpla con la obligación que le impone al numeral 4 del artículo 243 del CPC, consistente en señalar en la recurrida, expresamente, cuál es la motivación o fundamento de derecho en el cual establece su decisión, lo que se cumpliría indicando cuál es la norma que aplica para resolver el conflicto sometido a su jurisdicción.

Más aún, adentrándonos por completo en el contenido de todo del texto de la recurrida y realizando una minuciosa revisión no encontramos de manera expresa reminiscencia alguna a que norma se refiere el ad quem cuando asienta en la dispositiva del fallo: “la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro”.

Esta delación guarda íntima relación con la denuncia que realizaré en el siguiente PUNTO IV de este escrito de formalización y así solicito sea atendido por esta honorable Sala.

En razón de lo anterior es por lo que solicito a esta Sala de Casación Civil que decida lo conducente que permita establecer la legalidad de la recurrida tomando en consideración la denuncia que delato en el PUNTO IV siguiente…”. (Destacado de lo transcrito).

 

Señala el recurrente, que el juez no motivo en derecho el hecho de decidir que la sentencia haría las veces de título de propiedad en caso de incumplimiento, por lo cual incurre en el vicio delatado.

La Sala para decidir observa:

De acuerdo con el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión, requisito que, según sentencia emanada de esta Sala, de fecha 14 de junio de 2000, consiste en lo siguiente:

“...En cuanto a los motivos de hecho, “deben estar ajustados a las pruebas que lo demuestran” (...)

En consecuencia, la motivación de los hechos será aquella que cubra adecuadamente los dos términos de este concepto, el establecimiento y la apreciación de los hechos de la causa.

Esta Sala en sentencia de fecha 3 de mayo de 1995, acogiendo los conceptos del autor patrio citado, ha establecido:

“…La doctrina patria enseña que: “Establecer” los hechos creemos que significa constatar y declarar la existencia histórica de ellos; y por “apreciar” los hechos entendemos un acto de juicio que conduce a su estimación o valoración. Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso lógico-jurídico que justifique los múltiples dispositivos que ella contiene en la cuestión de hecho, y que obligue al juez a explicar el por qué del rechazo o de la admisión de un hecho (establecimiento); e igualmente, el por qué de su valoración una vez establecido (valoración) (...) Es jurisprudencia constante de esta Corte, que para que los fundamentos de una sentencia sean, como es debido, demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a simples afirmaciones sobre puntos de hechos sin que le preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas constantes en autos...

En cuanto a la cuestión de derecho esta se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes a los hechos de la causa, es decir, que el juez debe realizar una labor de subsunción de los hechos alegados y probados en el juicio, en las normas jurídicas que los prevén, en el enlace lógico de una situación específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética de la ley...”.

 

Se debe dejar en claro lo siguiente, sin transcribir el contenido de la sentencia recurrida, la Sala encuentra que el juez de alzada, después de analizar las pruebas aportadas a los autos, estableció los siguientes hechos: 1) Que el documento de venta de los inmuebles objeto de la demanda no fue otorgado porque no asistió el vendedor, hoy la parte demandada; 2) Que el actor comprador, sí cumplió con su obligación de consignar y pagar los aranceles de registro y presentarse el día acordado, en la correspondiente oficina de registro; 3) Que la actora estaba en posesión del inmueble y 4) Que la actora a través de las pruebas valoradas, cumplió su obligación de pago del precio, con anuencia del vendedor, que el último pago se debe hacer al momento de la protocolización del documento ante el registro, mientras que la demandada nada probó que le favoreciera.

En cuanto a los motivos de derecho, aprecia la Sala que el juez de la recurrida subsumió los hechos alegados y probados en juicio, en las normas jurídicas que los prevén, mediante el enlace lógico de la situación particular y concreta con la previsión abstracta, genérica e hipotética contemplada en la ley; de manera que se determinaron los motivos de hecho y de derecho en la sentencia.

En lo que respecta al punto específico de la denuncia, de que el vicio de inmotivación se debe únicamente a que no se subsumió el supuesto de hecho en el derecho, ya que “la sentencia, en caso de incumplimiento, sirva de título de propiedad”, aduce el formalizante que el juez no estableció el supuesto de derecho en que apoya su decisión.

Para resolver esta situación particular, el juez superior decidió, en el primer punto de la dispositiva, transcrito anteriormente, “confirmar” la sentencia de primera instancia, la cual en su punto cuarto estableció: “…CUARTO: A falta de cumplimiento voluntario por parte de la demandada, este fallo servirá de título de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil…”.

Por tal motivo, al confirmarse la sentencia de primera instancia que estableció la aplicación del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, al supuesto de hecho, no era necesario que el juez superior subsumiera el mismo supuesto de hecho en la norma.

Al respecto, la doctrina de esta Sala ha considerado que para garantizar la aplicación efectiva del artículo 257 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, se debe demostrar, si lo narrado por el juzgador, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido, pues, aún cuando exista falta de síntesis o adecuación en la norma, esta no será declarada por carecer de finalidad útil la nulidad del fallo, cuando “…la motivación del fallo y su dispositivo, permitan a las partes que integran la relación subjetiva procesal y, a la comunidad en general, conocer cómo quedó establecida la controversia, cómo entendió el jurisdiscente de alzada el asunto sometido a su cognición y, finalmente, cómo fue adjudicado el derecho discutido…”. (Cfr. fallo de esta Sala N° RC-050, de fecha 24 de febrero de 2017, expediente N° 2016-503, caso: Telmo Briceño Álvarez, contra Douglas Briceño Álvarez).

En conclusión, se pudo establecer claramente que aunque el juez superior en el dispositivo de la sentencia no colocó el supuesto de derecho establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, se puede deducir, que al confirmar la sentencia de primera instancia que establece el mismo supuesto de hecho, que el juez de instancia sí lo subsumió dentro de la norma, al confirmarla, se tiene sobreentendido que dicha normativa está implícita, y por ende, no incurre la sentencia recurrida en el vicio de falta de motivación endilgado y establecido en el artículo 243 ordinal 4 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se declara improcedente la denuncia. Así se declara.

-II-

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

PRIMERA DENUNCIA:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denunció en la recurrida la “errónea aplicación” del artículo 531 ibídem.

Por vía de argumentación el formalizante señala:

“...Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, delato la infracción por la recurrida del artículo 531 del CPC, al incurrir en errónea aplicación.

La sentencia recurrida el punto CUARTO DE LA DISPOSITIVA establece lo siguiente:

(…Omissis…)

Idénticamente a la dispositiva de la sentencia de primera instancia impugnada, el ad quem establece que: "la presente sentencia hará las veces de título de propiedad para lo cual se expedirá copia certificada a los fines de su registro" para la circunstancia "sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión", lo cual realiza el ad quem en esta oportunidad sin hacer mención clara, precisa y expresa de la norma en la cual fundamente legalmente su decisión, por lo que adicionalmente al vicio en este punto delatado, y al margen de la presente delación, la recurrida incurre en el vicio de falta de motivación legal, lo cual fue el objeto del PUNTO III anterior, vicio que se origina al no identificar el fundamento de ley que le permite imponer esta condena, lo cual es de estricto orden público por ser una exigencia legal del numeral 4 del artículo 243 del CPC, dejando a la imaginación de los magistrados y del recurrente que deban decidir y delatar esta infracción, cuál fue su real intención al incurrir de nuevo en este error. Sin embargo, se puede apreciar que la recurrida describe esta condena con la misma IDEA (motivación) del a quo, aunque con diferente texto, por lo que acoge la establecida en la sentencia de primera instancia, la cual fue debida y ampliamente impugnada y sometida a su conocimiento mediante los INFORMES A LA APELACIÓN. Por lo que esta infracción (in-motivación de derecho) ex artículo 243.4 del CPC, aunque dificulta indebidamente este ejercicio de control recursivo extraordinario al obligar a dilucidar cuál es la norma infringida fundamento de su decisión, no obstante es propicio traer a colación y aplicar la doctrina que dejó sentada esta Sala de Casación Civil en sentencia del 29-7-1998² de la manera siguiente:

(…Omissis…)

Ahora bien, sin necesidad de realizar un gran esfuerzo intelectivo se infiere de la IDEA plasmada por el ad quem, tal como antes se indicó (motivación de acogida), fuera de toda duda razonable, que el fundamento de esta condena la obtiene silentemente de la norma que emerge del artículo 531 del CPC, no puede ser otra por no existir en todo el sistema jurídico patrio ninguna otra norma que le otorgue tal competencia y que se ajuste a la idea de la motivación de acogida para aplicarla; además se infiere lejos de toda duda por la subsunción que realizó el ad quem de los hechos alegados dentro de la norma que prevé el artículo 531 del CPC para producir la síntesis plasmada en la sentencia recurrida, no pudo ser ninguna otra.

Sin embargo y no obstante la observación anterior, según criterio reiterado de esta augusta Sala de Casación Civil, la cual, en constantes y pacificas decisiones dictadas en casación ha dejado establecido lo siguiente: (Sentencia N° 10-458, Exp: N°. AA20-C-2010-000458 del 29 de febrero de 2012):

(…Omissis…)

Visto así las circunstancias y en virtud que en el sistema jurídico patrio no existe otra norma, que en función de las situaciones fácticas esgrimidas por el ad quem en la sentencia recurrida pueda establecer la consecuencia que aplicó, que no sea la establecida en el artículo 531 del CPC, es por lo que se debe establecer que es esta la norma que aplicó el ad quem la cual es del texto siguiente:

(…Omissis…)

Como meridianamente podemos observar, los supuestos de hecho para aplicar la norma antes transcrita deben ser: a) unos generales; y b) otro específico.

En cuanto a los Supuestos Generales están, para que sea viable su aplicación: 1) Que sea posible; y 2) Que no esté excluido por el contrato.

Por su parte, el Supuesto Especifico consiste en que: "la sentencia sólo producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos" el cual está establecido en garantía de derechos fundamentales, como el de la propiedad (Ex artículo 115 Constitucional) y otros derechos patrimoniales negociables (Ex artículo 112 Constitucional), por lo que se exige, como una condición sine qua non, por ser una exigencia impuesta por la norma (artículo 531 CPC), que el actor victorioso para que pueda ser recipiendario de la consecuencia jurídica de esta norma -que la sentencia sustituya la voluntad del demandado- el hecho que previamente haya: "... cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos", de manera que si el demando perdidoso no cumple voluntariamente con su obligación contraída en el contrato preliminar objeto de la demanda, en este caso concreto: Obligación de hacer -suscribir el contrato definitivo-, la sentencia, solo así (que exista constancia auténtica) podrá producir los efectos del contrato no cumplido.

Como podemos observar, la norma, debido a que puede afectar derechos fundamentales es limitativa en cuanto a su aplicación (condiciones generales y específicas), Y por lo tanto su interpretación debe ser restrictiva.

Para poder subsumir los hechos que han sido alegados y probados en este proceso, dentro de los supuestos fácticos que dispone la norma transcrita, de manera de poder establecer el silogismo lógico que permita llegar a la conclusión que determine el alcance que el ad quem trató de darle a la sentencia (la síntesis), debemos realizar primero un esfuerzo intelectivo que permita aislar esos hechos que el ad quem determinó como ciertos y probados, de manera especial el cumplimiento de la obligación de pago previo, la cual el mismo jurisdiscente declara de manera clara y contundentemente, con su sentencia condicional, que no lo cumplió la parte victoriosa, y por ser de orden público este supuesto para la aplicación de la norma que emerge del artículo 531 del CPC, su consecuencia no puede ser otra que la errónea aplicación de la norma delatada y por lo tanto la nulidad de la sentencia recurrida.

Para constatar la denuncia vemos que la sentencia recurrida establece lo siguiente:

(…Omissis…)

Será improcedente el artículo 531 del CPC por errónea aplicación al no corresponder lo establecido en la sentencia con el supuesto de hecho de la norma, toda vez que esta se aplica solo y únicamente al "contrato no concluido" pero ya perfeccionado. En tal sentido la sentencia de la Sala Constitucional N° 878 antes aducida por el ad quem, clara y categóricamente ha establecido para el caso de probada la manifestación de voluntad de las partes en el negocio jurídico:

(…Omissis…)

En el caso, por demás negado, para la necesaria construcción del silogismo lógico al que antes estructuramos, utilizando como premisas las obligaciones contenidas en el contrato de promesa bilateral de compraventa, no se podría establecer como premisa mayor del mismo silogismo las obligaciones establecidas: "una vez vencido el lapso de ejecución voluntaria sin que la parte demandada haya procedido a realizar la venta definitiva del inmueble en cuestión" (Parte in fine de la Página 37 de la recurrida), puesto que, en ejercicio de la autonomía de sus voluntades las partes contratantes, libérrimamente, decidieron excluir la aplicación de este artículo 531 del CPC, toda vez que ellas mismas establecieron expresamente para el caso del incumplimiento de cualquiera de las partes en alguna de sus obligaciones, como sanción ÚNICA Y OBJETIVA, la aplicación de las consecuencias de la cláusula penal que establecieron en la CLÁUSULA QUINTA del contrato de promesa bilateral de compraventa, cuyo texto es el siguiente:

(…Omissis…)

Por lo que, en interpretación y aplicación de las voluntades expresadas por las partes en esta Cláusula transcrita, en ejercicio de la autonomía de sus voluntades, decidieron rechazar, execrando por completo, la aplicación de la norma contenida en el artículo 531 del CPC, ya que, como claramente y sin ambigüedad, este artículo establece, para que sea posible su aplicación, se deben cumplir dos condiciones no concurrentes pero necesarias: 1- Siempre que sea posible y 2- No esté excluido por el contrato.

En cuanto a lo primero ya hicimos referencia en los informes imposibilidad jurídica que impone el sistema constitucional, al dejar claramente establecido: "El poder de emitir una sentencia que permita sustituir u obviar la manifestación de voluntad del obligado en el contrato preliminar debe ser concedido expresamente por la ley" (Sentencia de la Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Nº 878, Expediente N° 14-0662, Fecha: 20/07/2015, Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón) exigencia, como fundamento de ley expresa, imposible de ser invocada en la recurrida porque no existe norma en el sistema jurídico venezolano que permita al jurisdiscente sustituirse en la personalidad de la parte; y en cuanto a la segunda condición necesaria impuesta por la norma, para el caso de incumplimiento en suscribir el contrato futuro de compra venta, según quedó establecido por la libérrima voluntad de las partes, lo que procede es únicamente la aplicación de la cláusula penal y no las consecuencias que establece el artículo 531 del CPC, en virtud que éstas, las partes, establecieron la aplicación de la cláusula penal antes y en sustitución de las consecuencias del artículo 531 del CPC. Esta circunstancia de excepción a la aplicación del artículo 531 del CPC la expresa con meridiana claridad la sentencia de la Sala Constitucional, previamente identificada, en los siguientes términos:

(…Omissis…)

Este criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional merece un análisis que permita determinar el verdadero sentido y sobre todo el alcance en cuanto a la interpretación de cuál debe ser el verdadero espíritu, propósito y razón que tuvo el jurisdiscente constitucional al emitir este criterio "jurisprudencial normativo" (por su carácter vinculante) y entender la norma que emerge de su disposición para que podamos aplicarlo al caso concreto.

(…Omissis…)

Analizando ahora el criterio jurisprudencial y concatenándolo con las citas de autoridad que anteceden, no podemos interpretar otra cosa que la Sala Constitucional establecer que la cláusula penal puede impedir "el recurso a la ejecución especifica" (EX artículo 531) mediante una cláusula penal, aunque "no significa por si sola, que queda excluida esta opción", se está refiriendo en que esa excepción o impedimento solo se refiere a LAS CLÁUSULAS PENALES PURAS, ya que estas simplemente "tienen una función estrictamente conminatoria o compulsiva y están desvinculadas de toda idea de compensación de daños y perjuicios", es decir, no se refiere a la cláusulas penales compensatorias, como lo es la establecida en la Cláusula Penal del contrato de marras.

Para el caso que nos ocupa, de un estricto análisis de la cláusula penal (Cláusula Quinta) que las partes suscribieron en el contrato promesa bilateral de compraventa, y aplicándole las doctrinas antes descritas como un criterio de autoridad, cláusula ésta la cual fue el producto de la libérrima voluntad de las partes contratantes en uso de su derecho al ejercicio de la autonomía de sus correspectivas voluntades, mediante las cuales MANIFESTARON CLARA Y UNIVOCAMENTE, que para el caso de incumplimiento de cualquiera de las partes la consecuencia debería ser, única y exclusivamente, la aplicación de esta cláusula penal como resarcimiento o indemnización de daños y perjuicios (clausula penal compensatoria) y por lo tanto no son aplicables las consecuencias establecidas por el artículo 531 del CPC por errónea aplicación a la situación fáctica (proscripción del net bis in ídem), siendo la consecuencia del mismo artículo consistente no en el resarcimiento de daños, lo que ya fuese así decidido por las partes, sino por el contrario este artículo impone la condena a ejecutar lo prometido, ajeno a la realidad de la voluntad libremente manifestada por las partes, pues, la naturaleza de la cláusula penal es contractual, la cual es evidentemente del tipo compensatorio por tener una función de compensación a los daños y perjuicios, que como ha establecido la doctrina "no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal", a diferencias de las moratoria, las cuales no constituyen el caso de marras, su ejecución puede ser pedida junto con el cumplimiento de la obligación principal, en virtud de no ser una "cláusula penal pura", la cual efectivamente si estaría desvinculada de la idea de compensación de los daños causados por el incumplimiento, por lo tanto, como lo ha dejado establecida la doctrina de la Sala Constitucional, esta Cláusula Quinta excluye por completo la aplicación de las consecuencias del antes mentado artículo 531 del CPC, por lo cual no puede ser aplicable al caso de marras como erradamente lo estableció el ad quem en su dispositiva por errónea aplicación.

Además, como bien lo ha dejado sentado antes la sentencia de la Sala Constitucional: "siendo necesaria una manifestación univoca de voluntad en este sentido" [se refiere a la exclusión del artículo 531 del CPC] esta manifestación quedó plenamente satisfecha por la unívoca voluntad expresada por las partes en la cláusula penal compensatoria suscrita en el contrato de promesa bilateral de compraventa, entre otras razones mediante las cuales deciden reprobar la aplicación de las consecuencias del artículo 531 del CPC y que prevalezca la imposición de dicha cláusula penal, tal y como así quedó expresamente declarado en la Cláusula Quita (sic) antes transcrita.

Cláusula que, aunque mal redactada, es lapidaria en cuanto a la verdadera voluntad de las partes. Primeramente, se observa que las partes expresamente hacen notar que la misma representa unívocamente su verdadera voluntad, pues este aserto se manifiesta de manera por demás evidente en el hecho que es la única de las cláusulas del contrato en la cuales las partes remarcan, subrayando, el epígrafe de la misma, denotando la importancia que representa su real y cierta voluntad, lo cual, entre otras señales, cumple con la exigencia de la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional antes transcrita la cual establece: "siendo necesaria una manifestación univoca de voluntad en este sentido". Además, se puede determinar que es una cláusula penal compensatoria (cuantifica a priori y compensa los daños y perjuicios independiente de cuál fuese su cuantía verdadera), lo cual está acorde con la doctrina antes descrita como ya hemos analizado en líneas superiores, no se puede solicitar al unísono con el cumplimiento en especie. Del texto, expreso y claro de la Cláusula Quinta, se observa que, efectivamente, la voluntad expresada por las partes es que el supuesto de hecho para la aplicación de la cláusula penal, como exclusión de las consecuencias que establece el artículo 531 del CPC, es precisamente: "En caso que no se suscriba el documento definitivo", lo cual representa precisamente el supuesto de hecho de la norma aducida y la causa petendi de esta acción por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por lo que, siendo ésta la causa (que no se suscriba el documento definitivo), su consecuencia será lo que determina la cláusula penal compensatoria por el incumplimiento de la obligación contraída mediante el contrato solicitado en cumplimiento -LA INDEMNIZACIÓN- (causa y efecto) y no la que estable el artículo 531 del CPC. Además, es categórica y tajante la expresión de la cláusula penal: " ...como única indemnización por los daños y perjuicios que le fueren causados por el incumplimiento...", lo que quiere significar que esa es precisamente la voluntad unívocamente manifestada para el caso de incumplimiento, por lo que lo que debe proceder, como consecuencia del incumplimiento, es "únicamente" la indemnización que establecieron en la cláusula penal (compensatoria) y no la ejecución forzosa -en especie-de suscribir el contrato. Por lo que no es posible aplicar, por el incumplimiento de suscribir el contrato definitivo, las consecuencias del artículo 531 del CPC, por haber sido expresamente excluido, por la voluntad unívocamente manifestada de las partes, y así está establecido expresa e imperativamente por la ley que se pretende erradamente aplicar.

Aún es más CATEGÓRICO, en el supuesto por demás negado de haberse cumplido los condicionales necesarios para la aplicación de la norma aducida -antes reseñados- como son la posibilidad de su aplicación y la no exclusión por el contrato mismo (condiciones que evidentemente no existen); para los casos como el que nos compete, es decir, contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad, la misma norma es TAJANTE, CONCLUYENTE Y CATEGÓRICA, por lo que no admite discusión ni duda, al establecer y exigir que: la sentencia sólo producirá estos efectos si, "y solo si", la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos, significación que emerge clara del propio texto de la norma al imponer: "debe existir constancia auténtica en los autos" del cumplimiento de la obligación, lo que quiere denotar que dicha constatación debe ser previa y no en acto, ni mucho menos futura, no como en el caso que nos ocupa que ni tan siquiera existe aún dicha constancia por no haber sido satisfecho el pago, por lo que requirió la recurrida tener que imponer una condición en la condena del fallo, proscrita por el artículo 244 del CPC, siendo que es el mismo ad quem, con su condena condicional, quien prueba el incumplimiento de la condición que impone la norma para que pueda ser aplicada, cabe el adagio: "a confesión de parte relevo de pruebas"

En tal sentido, el texto de la norma es lapidario en sus exigencias, establece mediante el adverbio "solo" (con tilde) como única posibilidad para que la sentencia pueda producir el efecto del contrato no cumplido, por lo tanto, PREVIAMENTE A LA SENTENCIA debe haber "constancia auténtica" del cumplimiento de las prestaciones de la parte actora, como lo es el pago del precio de lo que pretende le sea vendido, por lo que esta condición de la norma lógicamente evitaría la necesidad de tener que imponer una condena condicional que la obligue a cumplir con ese pago "condicionado" para que así pueda ejecutar dicha sentencia, por lo que al haber sido condenada la parte actora, la cual, sin embargo haber sido totalmente victoriosa en el derecho deducido mediante la sentencia de fondo, al pago por el incumplimiento de su obligación contraída mediante el contrato suscrito -objeto de la causa petendi, no es aceptable que sea la sentencia la que remedie este yerro de no haber podido existir en autos previa constancia autentica de esa expresa exigencia legal, por no haber sido la demandante (victoriosa) diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual intenta soslayar la recurrida estableciendo una "CONDICIÓN" impropia, por ilícita, a la sentencia, de manera que subsane esta falla, y para que el cumplimiento de la sentencia pueda ser posible. Nos atrevemos a advertir, a todo evento, que la situación fuese diferente si la parte actora, al proponer la demanda, diligente y correctamente hubiese consignado el saldo insoluto, dejando constancia autentica en autos antes de la sentencia, solo de esta manera se cumpliría con el supuesto de hecho impuesto por la norma para que sea posible las consecuencias del artículo 531 del CPC. La sentencia de la Sala Constitucional a la que hemos hecho referencia en varias oportunidades, no sin razón, ha dejado clara y diáfanamente establecido también como criterio vinculante lo siguiente:

(…Omissis…)

Situación lógica, pues de no ser de este modo ocurrirían casos absurdos, contrarios a la legalidad, a la lógica y de imposible cumplimiento de la sentencia de fondo como el caso sub iudice, donde la única ilógica e ilícita solución que consideró el ad quem, como igual lo había realizado el a quo, fue la de establecer una CONDICIÓN a la sentencia, consistente en el pago previo al cumplimiento por parte del comprador, es decir, pago posterior a la sentencia, lo que no hace otra cosa de viciar de nulidad la sentencia de fondo, como en efecto delatamos en el punto anterior.

En síntesis, para el caso de autos y en el supuesto del incumplimiento probado de cualquiera de las partes, lo único que procede es la aplicación de la cláusula penal compensatoria (no permite el cumplimiento en especie), que en uso de la autonomía de sus voluntades establecieron clara y libérrimamente las partes en el contrato suscrito, proscribiéndose en consecuencia la aplicación del artículo 531 del CPC.

Además, es más CONTUNDENTE aun lo que establece, como una condición sine qua non, la norma contenida en el artículo 531 del CPC, para el caso de contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad, como es el que nos ocupa en esta delación, que bajo este supuesto impone y exige, indefectiblemente, que: "la sentencia sólo producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos", situación que ciertamente no ha ocurrido, no se ha dado el supuesto impuesto imperativamente por la norma, tanto así que esta insatisfacción a la exigencia legal ha sido el motivo por el cual el ad quem se vio compelido a establecer la sentencia condicional por medio de la cual impone a la parte que propuso la demanda que cumpla con su obligación no satisfecha, y consigne luego de la sentencia prueba autentica de ese cumplimiento. Esta es la lógica exigencia legal del artículo 531 del CPC para que se pueda establecer el silogismo que permita llegar a la condena que establece el fallo, para que este haga las veces del contrato no suscrito. Exigencia ésta (debe existir constancia auténtica en los autos) que es de obligatoria observancia, como ya se dijo, es impuesta por el legislador en garantía de derechos fundamentales y por lo tanto de orden público y de interpretación restrictiva, en consecuencia, su incumplimiento se constituye en el vicio delatado.

Por lo tanto, es justificada la delación realizada y en consecuencia nula, de toda nulidad, la condena de la sentencia recurrida que establece que el fallo haga las veces del contrato no suscrito, por errónea aplicación del artículo 531 del CPC, que de ser aplicado adecuadamente no permitiría establecer la condena propuesta, por lo que solicito sea declarada procedente esta delación…”. (Resaltado de lo transcrito).

 

Alega el recurrente que existe “errónea aplicación” del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en la sentencia se estableció que ella misma sirva de título de propiedad, cuando existe el incumplimiento de la parte actora del pago del precio, asimismo, alega que se aplica erróneamente esta disposición cuando existe dentro del contrato una clausula penal en caso de incumplimiento de las partes, lo cual hace improcedente la aplicación del mencionado artículo debiéndose cumplir con lo acordado por las partes en dicho contrato.

Para decidir, la Sala observa:

 

Ahora bien, observa esta Sala que nuevamente el formalizante en casación, se equivoca en el planteamiento de su denuncia al realizar una entremezcla de vicios en los que supuestamente incurrió la alzada en su fallo, delatando: “errónea aplicación” sustentando su delación conforme al artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil (infracción de ley) e inmotivación del fallo en la modalidad de motivación acogida (defecto de actividad) ambos contenidos en el artículo 313 en sus ordinales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil, y contenidos en una misma denuncia, en términos que esta Sala no logra concebir, lo que a todas luces sería suficiente para desechar la presente denuncia.

Así las cosas, esta Sala a objeto de garantizarle el legítimo derecho de defensa y la tutela judicial eficaz que ostentan todos los justiciables, conocerá la actual delación de la manera siguiente:

El artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, expresa:

“...Si la parte que resulte obligada según la sentencia a concluir un contrato no cumple su obligación, y siempre que sea posible y no esté excluido por el contrato, la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido. Si se trata de contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada, o la constitución o la transferencia de otro derecho, la sentencia sólo producirá estos efectos si la parte que ha propuesto la demanda ha cumplido su prestación, de lo cual debe existir constancia auténtica en los autos…”. (Subrayado de la Sala).

 

En tal sentido esta Sala en su sentencia N° RC-192, de fecha 18 de abril de 2017, expediente N° 2016-889, caso: Saúl Antonio Andrade Sánchez, contra Armando González Amare, señaló lo siguiente:

“…Por su parte, la doctrina explica que:

“...1. Esta regla sobre ejecución específica de la obligación de concluir o perfeccionar un contrato, está tomada del artículo 2.932 del Código Civil italiano:<<Si el que está obligado a concluir un contrato no cumple la obligación, la otra parte, cuando sea posible y no esté excluido por el título, puede obtener una sentencia que produzca los efectos del contrato no concluido. Si se trata de contratos que tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o la constitución o la transferencia de otro derecho, la demanda no puede ser acogida si la parte que la ha propuesto no cumple su prestación no hace el ofrecimiento de ello en los modos legales, a menos que la prestación no sea todavía exigible>>. (Subrayado de la Sala).

2. Particular importancia tiene el segundo precepto del artículo respecto a las sentencias reivindicatorias o mero declarativas de derechos reales, dada la laguna legal, antes existente, sobre el modo de satisfacer un derecho objetivo eventual o incierto (sin título). La sentencia servirá de título y se registrará en la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, si el acto del cual dimana el derecho está sujeto a registro según la ley. Pero según este artículo 531, queda a salvo la excepción de no cumplimiento que prevé el artículo 1.168 del Código Civil, y la cual es aplicación del adagio inadimplenti non est adimplendum; y consiste en la suspensión, motu propio, del cumplimiento en razón del incumplimiento de la contraparte. No obstante, esta norma del artículo 1.168 del Código civil (Sic) -carente de interés público- puede ser obviada si las partes suscriben la llamada cláusula solve et repete: <<La eficacia de la cláusula consiste en esto: que una de las partes no puede eximirse de la prestación, ni retardarla, con el hecho de oponer excepciones dependientes del comportamiento de la contraparte. La parte debe, de momento, cumplir, salvo hacer valer, en juicio separado, o en sede separada, sus derechos, nacidos de aquel comportamiento>> (Messineo, Francesco: Manual..., t.IV, 137, núm.23). Siendo así, no es óbice el último precepto de este artículo 531, que en todo caso debe respetar el poder negocial de las partes según las estipulaciones contractuales aceptadas y rubricadas por ellas.

3. Esta regla es consecuencia de la potestad jurisdiccional, capaz de constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, con efecto entre las partes, sus herederos o causahabientes. La norma señala, sin embargo, que la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido, siempre que sea posible que ese efecto se produzca y si no está excluido por el contrato mismo. ¿Qué significa tal mención? La norma pretende, con esta reserva, excluir aquellos efectos jurídicos que no dependen sólo del poder negocial de las partes (relaciones de familia, relaciones de derecho social protegido por normas de orden público) y aquellos efectos que exceden al título (cfr. Art. 2.932 CC italiano transcrito) que corresponde al demandado perdidoso. Pero tal aclaratoria de la norma nos parece fuera de lugar, toda vez que la sentencia misma debe dilucidar el alcance de dicho título, y no se puede abrir nueva discusión habiendo habido cosa juzgada. En forma que si el demandado en juicio de compraventa no es de verdad propietario, la sentencia no valdría como título para el comprador, según la regla; pero a ello se opone un prius lógico inexcusable, cual es que el comprador no podría ser triunfador en semejante situación no obtener la sentencia favorable. Igualmente nos parece que toda cláusula contractual que excluye expresamente el efecto que asigna este artículo 531 es nula y sin eficacia, pues equivaldría a reducir el poder jurisdiccional por obra de una convención, cercenando o limitando el derecho a la tutela jurídica del Estado. Es por ello (sic) que la locución << y no esté excluido por el contrato>> no pueda entenderse como sinónimo de estipulación contractual, sino más bien como una restricción de la naturaleza del contrato.

4. En el caso de omisión de actos de la administración pública que equivalgan en esencia a una obligación de hacer, la sentencia proferida por el tribunal de lo contencioso administrativo hace las veces, según la naturaleza sustantiva de la jurisdicción, del acto omitido por el ente gubernamental que debía ejecutarlo. Cabe aplica analógicamente (Art. 4° C.C.) esta norma del artículo 531, referida ciertamente a los contratos   -fuente de obligaciones distintas a la ley-, pero cuya analogía o semejanza se hace patente en la abstención u omisión de un acto (de dar o de hacer) debido y respecto al cual existe certeza judicial y ejecutoriedad (cfr abajo CSJ Sent. 15-4-97 y comentario al Art. 529)...”. (Ricardo Henríquez La Roche. Código de Procedimiento Civil. Tomo IV pág. 116 y siguientes)…”. (Resaltado de la Sala).

 

Con base en la transcripción que antecede, en aplicación de la doctrina casacionista precedentemente expuesta, el juez superior declaró en su sentencia:

“…En este orden, siendo que las partes al celebrar un compromiso de opción de compra venta deben regular el orden en el que cumplirán sus prestaciones recíprocas, por lo que el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, si bien reitera el artículo 1.354 del Código Civil, agrega que: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”, con lo cual consagra, de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor”, que equivale al principio según el cual corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde a la demandada la prueba de los hechos que invoca en su defensa. De esta manera, se observa de las probanzas consignadas a los autos que en el CONTRATO DE “Opción Compra-Venta” autenticado por ante la Notaria Publica del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda en fecha 7 de marzo de 2017, anotado bajo el Nº 1, Tomo 46 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría (inserto a los folios 11-14, I pieza), el cual constituye el documento fundamental de la demanda, las partes convinieron en las cláusulas segunda, tercera, cuarta y sexta, en lo siguiente:

“(…) SEGUNDA: Precio de Venta (sic) del Inmueble (sic) TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs 30.000.000,00), Los (sic) cuales se cancelaran de la siguiente manera: La cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs 15.000.000,00), al momento de la firma del presente Documento (sic) de Opción (sic) Compra (sic) Venta (sic) y el resto, es decir la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs 15.000.000,00), Ante (sic) la firma de Venta (sic) Definitiva (sic)con Liberación (sic) ante el Registro (sic) Correspondiente (sic). (Resaltado de la Sala)

(…Omissis…)

Así las cosas, de la transcripción de las cláusulas convenidas entre las partes integrantes del presente litigio, se observa que convinieron que la venta del inmueble sería por la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00), de los cuales la compradora canceló en este actor quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00), comprometiéndose a cancelar el resto al momento de la firma del contrato definitivo de venta, fijando una vigencia del contrato por un lapso de quince (15) días continuos más una prórroga igual, contados a partir de la fecha de autenticación del mismo, es decir, del 7 de marzo de 2017, los cuales vencieron el 6 de abril de 2017, lapso durante el cual el vendedor tenía la obligación de suministrar a la compradora todos los recaudos necesarios para presentar el documento definitivo de venta por ante la oficina de registro inmobiliario respectiva, acordándose que en caso de no ser ello posible en el lapso de vigencia del contrato, éste se prorrogará automáticamente en igual proporción al retraso en la entrega de los recaudos, no siendo ello imputable a la compradora; asimismo, el futuro comprador se comprometió a entregar las llaves del inmueble en un máximo de diez (10) día, posteriores a la autenticación del contrato.(Resaltado de la Sala)

Ahora bien, siendo que el juez debe atenerse a las probanzas consignadas por las partes, sin poder obtener fuera de ellas elementos de convicción alguno, y en vista que, de las pruebas consignadas por la actora detentan valor probatorio las siguientes instrumentales: (a)DOCUMENTO DE SEGUNDO ABONO suscrito en fecha 8 de marzo de 2017, a través del cual el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, dejó constancia de haber recibido de la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 12.750.000,00) como abono a la compra definitiva del inmueble objeto de este juicio (folio 78, I pieza); (b) CONSTANCIA DE RECEPCIÓN expedida por el Registro Público del Municipio Zamora del estado Miranda en fecha 7 de agosto de 2017, bajo el número de recepción: 36, y número de trámite: 237.2017.3.842, en el cual hace constar que se presentó la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, a fin de celebrar un acto jurídico denominado: venta con valor estimado, siendo fijada la fecha de otorgamiento para el día jueves, 10 de agosto de 2017 (folio 16, I pieza); (c)PRUEBA TESTIMONIAL rendida por los ciudadanos PATRICIA CAROLINA MÉNDEZ RANCEL y LEIKER FERMIN GAÑAN BRICEÑO, quienes afirmaron que estuvieron presentes en la negociación surgida entre los ciudadanos LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO y LUCILA ROJAS MONTILLA, procediendo a solicitarle en reiteradas oportunidades al primero de ellos, el documento de liberación de hipoteca necesario para materializar la venta definitiva del inmueble, lo cual no ocurrió (folios 181-186, I pieza); y, CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN expedido por el Registro Público del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda en fecha 13 de diciembre de 2018, de los últimos diez (10) años correspondiente al inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 15C-5, ubicado en la planta cinco del edificio No. 15, del Conjunto Residencial La Sabana, situado en el sector El Marques, Guatire, Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se hace constar: “(…) EXISTE HIPOTECA CONVENCIONAL DE PRIMER GRADO a favor del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL (…)”(folios 163-164, I pieza).

De los referidos medios probatorios, se puede determinar que la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, canceló al ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, un primer pago de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) en fecha 7 de marzo de 2017, y al día siguiente, la suma de doce millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 12.750.000,00),quedando un saldo restante de dos millones doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 2.250.000,00), que serían cancelados al momento de la protocolización del documento definitivo de venta. En esta determinación, no puede pasar por alto esta alzada que en la oportunidad para contestar la demanda, el apoderado judicial del demandado, señaló que el pago de la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) acordada en el contrato, no ocurrió por cuanto el notario público que autenticó el contrato objeto del litigio “no hizo referencia de ello” en la nota de autenticación respectiva. Al respecto, se debe indicar que corresponde al notario dar testimonio escrito de que las firmas que aparecen en un documento privado fueron puestas en su presencia, estableciendo la identidad de los firmantes, y dando fe de la fecha en que el hecho ocurrió, por lo que no es atribución de este funcionario hacer constar en la nota de autenticación respectiva, que efectivamente ocurrió un pago, como desacertadamente lo expone la parte demandada, por lo que dicha afirmación es insuficiente para desvirtuar o modificar los términos del contrato, debiendo en consecuencia sea desecha de este proceso.- Así se precisa.

En este mismo orden, se observa que si bien el contrato vencía en fecha 6 de abril de 2017, la parte demandante presentó ante el Registro Público del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda el documento definitivo de venta conjuntamente con sus anexos para su protocolización en fecha 7 de agosto de 2017, es decir, cuatro (4) meses después del vencimiento del contrato; sin embargo, ello no enerva el efectivo cumplimiento de esta obligación, pues según la cláusula sexta del contrato, se acordó que el mismo se prorrogará automáticamente en igual proporción al retraso en la entrega de los recaudos, por lo que en vista de que la demandante manifestó que fue informada de la existencia de todos los anexos necesarios para la presentación del documento definitivo de venta en fecha 7 de agosto de 2017, lo cual no fue contradicho ni desvirtuado por la parte contraria, debe indicarse que en la demora en esta actuación no fue causa imputable a la compradora.

En suma a lo anterior, se observa que la parte demandante afirmó que llegada la oportunidad del acto de protocolización del documento de traslación de la propiedad, el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, no compareció, colocando obstáculos para no realizar la venta definitiva; al respecto, el prenombrado en el escrito de contestación a la demanda sólo se limitó a sostener que la ciudadana LUCILA ROJAS MONTILLA, no pagó el precio de la venta acordado en el contrato, omitiendo exponer el motivo por el cual no asistió al acto de protocolización, ya que fue en esta oportunidad en que las partes acordaron cancelar el resto de la cantidad adeudada por el precio de la venta del inmueble conforme a la cláusula segunda del contrato, por lo que mal puede la parte demandada pretender que la actora cancelara la cantidad pendiente en una oportunidad no convenida para ello. Motivos por los cuales, quien aquí suscribe puede afirmar que los hechos referidos en el escrito libelar quedaron suficientemente probados en autos, específicamente en lo que respecta a que la demandante realizó todas las gestiones tendientes para verificar la firma del documento definitivo de venta ante la oficina registral correspondiente (a saber, pagó la mitad del precio en el acto de autenticación, un segundo abono al día siguiente, y tramitó compareció ante la oficina registral para presentar el documento definitivo de venta), y que a pesar de todo ello el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, en su condición de propietario y vendedor, no compareció ante la oficina de registro público respectiva el 10 de agosto de 2017, oportunidad fijada para tal fin.- Así se precisa…”. (Resaltado de la Sala).

 

De la transcripción se deduce, que el juez superior asintió en que la parte actora demostró su interés en culminar con la compra venta del inmueble, para lo cual, de las pruebas se demostró que hubo un pago parcial y que la parte actora llevó al registro respectivo los documentos para lograr la tradición del inmueble, pero que la protocolización no ocurrió, porque el demandado vendedor no acudió al registro en la fecha de protocolización, fecha ésta que dentro del contrato opción compra venta (cláusula segunda) estaba ya establecido que el pago definitivo se debía hacer en el momento de la tradición legal con la protocolización del documento definitivo; para esta Sala es forzoso concluir que el juez de alzada no incurrió en el vicio delatado, puesto que plasmó los fundamentos y sentenció acorde al derecho, no incurriendo en el vicio de errónea interpretación del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el mismo es una consecuencia del incumplimiento del contrato por parte del demandado y es una imposición del Juez ordenar su aplicación cuando está demostrado dicho incumplimiento, motivo por el cual la presente delación debe ser desechada. Así se declara.

SEGUNDA DENUNCIA:

De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denunció en la recurrida la “tercera hipótesis de suposición falsa positiva” contrariando lo establecido en el artículo 12 ibídem.

Por vía de argumentación el formalizante señala:

“...Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 12 del CPC, incurriendo en el vicio de la tercera hipótesis de suposición falsa positiva, al establecer falsamente como demostrado el hecho del incumplimiento en las obligaciones de la parte demandada por no haber aportado ningún instrumento probatorio y por el incumplimiento de sus obligaciones, cuya inexactitud o impropiedad resulta de pruebas que cursan en el expediente, yerro el cual no se originaría de haberse atenido a lo alegado y probado en los medios de pruebas cursantes en autos, en correcta aplicación de lo que establece el artículo 12 CPC, para el caso de haber sido aplicado a las pruebas que existen en autos del mismo expediente.

La recurrida en el punto Quinto de la dispositiva del fallo, decidió lo siguiente:

(…Omissis…)

Decisión por la cual el ad quem desarrolla su motivación correspondiente en el epígrafe "DE LA RECONVENCIÓN", ubicado dentro del punto "VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR", lo cual presenta en la recurrida en los siguientes términos: (Páginas 41 y 42 del fallo recurrido)

Como meridianamente podemos observar, la recurrida deja establecido que: "... y en vista que, la parte reconviniente no aportó ningún instrumento probatorio que respaldara tales afirmaciones de hecho, (...) sino que por el contrario, (...) incumplió con su obligación de vender el inmueble objeto del proceso, pues no compareció sin justificación alguna, para el acto de la protocolización de la venta definitiva del inmueble objeto del litigio", situaciones de hecho éstas establecidas por el ad quem, que da por demostrado con pruebas que no aparecen en autos o por cuya inexactitud resultan de actas e instrumentos del expediente mismos.(Resaltado de la Sala)

Estos hechos básicamente imputados al demandante son los siguientes (en el orden lógico):

1.- No compareció sin justificación al acto de protocolización.

2.- No aportar pruebas que respalden las afirmaciones.

Inexactitud, de lo primero: "No comparecer sin justificación al acto de protocolización" hecho que no se puede dar por demostrado por no aparecer pruebas en autos., lo segundo: "No aportar pruebas" se desvirtúa con medios de pruebas que resultan de actas e instrumentos del expediente mismo.

Para realizar un adecuado análisis, en virtud que la decisión del ad quem se fundamenta en el incumplimiento de obligaciones contractuales, es imprescindible establecer cuales fueron esas obligaciones contraídas por las partes mediante el contrato PRELIMINAR de promesa bilateral de compraventa (calificación dada por al a quo, aceptada por las partes), de manera de poder determinar si realmente existen o no las pruebas idóneas en autos del expediente que prueben los hechos establecidos en la recurrida, bien porque dio por probado el hecho sin haber pruebas en el expediente o por el contrario si las inexactitudes de los hechos deducidos resultan desvirtuadas por las pruebas realmente aportadas para demostrar el cumplimiento de esas obligaciones.

Debemos tener muy presente que este negocio jurídico se materializó mediante un contrato preliminar, el cual es de tracto sucesivo y genera solo obligaciones personales, cuyo fin fue establecer las condiciones para que una vez cumplidas las obligaciones establecidas en este contrato preliminar, se pudiera suscribir, en un momento posterior, el contrato definitivo, en cuyo acto debían las partes manifestar su correspectivas voluntades para perfeccionar el negocio jurídico definitivo y realmente deseado, estableciendo nuevas obligaciones, contrato definitivo el cual es la compraventa del inmueble objeto del negocio jurídico. En razón de lo anterior se producen obligaciones a ser cumplidas en dos momentos, de los cuales las preliminares ejercen una prelación sobre las que tienen que ser cumplidas posteriormente en el contrato definitivo. De tal manera no tiene sentido ni justificación lógica exigir el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato definitivo (compra venta) sin haberse cumplido el marco obligacional preliminar de la promesa bilateral de compraventa (primero se nace y luego se muere), en tal absurdo lógico incurre la recurrida al establecer que el demandado incumplió una obligación no exigible aun, como lo era la de suscribir el futuro contrato de compra venta definitiva no exigible todavía sin que se hubiesen cumplido las obligaciones del contrato preliminar. (Resaltado de la Sala).

1.- En razón de lo anterior el aqd quem estableció en la recurrida que, el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, quien (...) incumplió con su obligación de vender el inmueble (...), pues no compareció sin justificación alguna, para el acto de la protocolización de la venta definitiva del inmueble..." siendo que de una minuciosa revisión y examen del expediente no aparecen pruebas que demuestre que efectivamente ese "el acto de la protocolización de la venta definitiva del inmueble" se haya producido, aunque aún no podía ser exigible esa obligación, lo único que aparece en autos es el decir de la demandada y el aporte de una documental, lo que afirma en su libelo de demanda de la manera siguiente:

(…Omissis…)

Como se observa del decir y pruebas de la propia demandante, solo se demuestra que con las documentales que aportó oportunamente el demandado, en cumplimiento de su obligación, la cual reconoce la parte actora, se logró realizar la presentación e introducción de dichos documentos ante el Registro correspondiente, emitiendo en consecuencia el Registro la Planilla CONSTANCIA DE RECEPCION (Art. 49) Número de Trámite: 237.2017.3.842, elaborada por esa Oficina de Registro Público del Municipio Zamora del Estado Miranda, "estableciéndose el día Jueves, 10 de Agosto de 2017, para que se realizara la protocolización del documento de la venta". El solo establecimiento de esta fecha: "10 de Agosto de 2017" no prueba que su real y cierta ocurrencia haya sucedido, nada más alejado de la realidad de los hechos. Realizando una exhaustiva revisión del expediente no se logra adquirir de él ninguna prueba que demuestre el hecho de que ese acto establecido para el día que fijó el Registro se produjese, no existió en la realidad fáctica.

En razón de lo anterior no es posible, como lo establece la recurrida que "…el ciudadano LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO, (...) incumplió con su obligación de vender el inmueble (...), pues no compareció sin justificación alguna, para el acto de la protocolización de la venta definitiva del inmueble..."

Ahora bien, en virtud que ese acto de la protocolización nunca se produjo, por lo tanto, no pudo haber incumplimiento de la obligación del demandado de suscribir la protocolización que nunca sucedió y que además no era exigible aún. En razón de lo cual este alegato de incumplimiento de la demandante no sirvió para nada más que para poner en mora al demandado y justificar la presente demanda.

En conclusión, el ad quem dio por demostrado el incumplimiento del demandado en su obligación de no comparecer “sin justificación alguna, para el acto de la protocolización de la venta definitiva del inmueble objeto del litigio" con pruebas que no aparecen en autos.

2.- Lo que dejó claramente establecido la demandante, como fundamento de su carga alegativa en su libelo de demanda, y que esta defensa lo considera una confesión por afirmar hechos que le perjudican teniendo el animus de realizarlo, fue el reconocimiento del cumplimiento de la obligación del vendedor, a su decir: "entregar a LA COMPRADORA, todos los recaudos necesarios para lograr la protocolización definitiva del documento final de Venta".

La prueba documental: Planilla CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Nº 36, Número de Trámite 237.2017.3.842, del lunes 07 de agosto de 2017, elaborada por la Oficina de Registro Público del Municipio Zamora del Estado Miranda, contiene como anexos, entre otros, los documentos que aportó la parte demandada para que fuese posible el trámite para su admisión ante dicho Registro, los cuales son los siguientes documentos:

1.           Registro de Vivienda Principal.

2.           Comprobante Bancario.

3. Certificado de Solvencia Municipal.

4. Planilla de Pagos Municipales.

5. Copia de cheque.

6. Ficha Catastral.

7. Documento de Compra-Venta.

Entre las documentales destaca la COPIA DE CHEQUE, la cual por ser copia de un documento emanado de la demandante, en el acto de oposición a la medida cautelar dejamos establecido lo siguiente:

“Documentales, antes relacionadas (Constancia y anexos), las cuales fueron producidas por la parte actora y presentadas al ciudadano Registrador, como ella misma confesó en su escrito libelar (documental identificada con la letra "E") y por lo tanto le opongo dichas documentales, especialmente el cheque que presentó.”

Cuya consecuencia jurídica de la formal oposición a quien produjo la documental (cheque) no puede ser otra que la establecida en el artículo 429 del CPC, de tenerse como fidedigna esta prueba.

Adicionalmente en el escrito de promoción de pruebas, al promover el cheque antes descrito como prueba para demostrar el incumplimiento del pago de la demandante, dejé sentado lo siguiente:

“TERCERO: Promuevo el INSTRUMENTO PRIVADO RECONOCIDO, emanado de la demandante, contenido en el documento del cheque N° 591 06004357 del Banco de Venezuela, de fecha 05-06-2017, por la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00), correspondiente a la cuenta 0102-0126-89-0000145758, cuyo beneficiario era el ciudadano "LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MORENO", el cual fue consignado y opuesta a la demandante, con el escrito de oposición a la medida cautelar, la cual cursa en cuaderno separado a principal de esta causa, y que no fue desconocido.”

También se promovió la prueba de informa (sic) al Banco de Venezuela en los siguientes términos:

(…Omissis…)

Como se evidencia del acervo probatorio antes descrito, promovido para demostrar el incumplimiento de la obligación de pago de la demandante, contrariamente a lo que dejo establecido la recurrida en el sentido que "la parte reconviniente “no aportó ningún instrumento probatorio que respaldara tales afirmaciones de hecho", afirmaciones estas referentes a "considerar que existe incumplimiento por parte de ésta última (se refiere a la demandante) en cuanto a la falta de pago del precio convenido en el contrato preliminar de compra venta celebrado el 7 de marzo de 2017", se demuestra fehacientemente que el hecho endilgado al demandante consistente en que "no aportó ningún instrumento probatorio" que respaldara específicamente la afirmación de incumplimiento de la demandante, queda totalmente desvirtuado, toda vez que, como se puede apreciar, si se aportaron instrumentos probatorios que trataran de "respaldara tales afirmaciones de hecho" (referidas al incumplimiento de pago de la demandante).

Adicionalmente debemos observar que los medios de pruebas aportados por la demandante fueron promovidos también como tales medios de prueba por el demandado en su escrito de promoción de pruebas el cual fue admitido oportunamente.

Pero es el caso, no obstante lo anterior, que la recurrida dejo establecido en su sentencia que el demandado "no aportó ningún instrumento probatorio que respaldara tales afirmaciones de hecho", por lo que se constituye en un hecho FALSO, que como hemos visto del desarrollo que antecede, se puede declarar la inexactitud de este hecho, erróneamente probado, si el ad quem hubiese tomado en consideración el acervo probatorio antes descrito lo cual demuestra esa inexactitud de lo establecido erróneamente por el ad quem en la recurrida, como lo fue la no aportación de pruebas.

En razón de todo lo anterior, lo declarado como cierto en el punto QUINTO de la dispositiva de la recurrida, a su decir: "y en vista que, la parte reconviniente no aportó ningún instrumento probatorio que respaldara tales afirmaciones de hecho", su inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo, como lo es acervo probatorio antes reseñado…”. (Resaltado de lo transcrito).

 

Para decidir la Sala observa:

El formalizante, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, delató que el ad quem infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido en el tercer caso de suposición falsa por dar por probado un hecho que resulta inexacto de actas o instrumentos mismos del expediente, al considerar que “… se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 12 del CPC, incurriendo en el vicio de la tercera hipótesis de suposición falsa positiva, al establecer falsamente como demostrado el hecho del incumplimiento en las obligaciones de la parte demandada por no haber aportado ningún instrumento probatorio y por el incumplimiento de sus obligaciones, cuya inexactitud o impropiedad resulta de pruebas que cursan en el expediente, yerro el cual no se originaría de haberse atenido a lo alegado y probado en los medios de pruebas cursantes en autos, en correcta aplicación de lo que establece el artículo 12 CPC, para el caso de haber sido aplicado a las pruebas que existen en autos del mismo expediente…”

Ahora bien, esta Sala ha establecido que a tenor de lo ordenado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el tercer caso de suposición falsa ocurre cuando el juez da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos del expediente mismo.

De acuerdo con la doctrina de esta Sala, el señalado vicio debe referirse exclusivamente al establecimiento de un hecho positivo y concreto, quedando fuera de tal especie las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que no configura el vicio de suposición falsa, aun en el caso que dicha apreciación fuera errónea.

Así esta Sala en fallo Nº RC-892, de fecha 19 de agosto de 2004, expediente Nº 04-127, caso: Librería y Papelería Monoy, S.R.L., contra Alberto Velasco Godoy y otros, estableció:

“…La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene” o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo” (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil)…”.

 

De igual manera, esta Sala en sentencia N° RC-173, de fecha 13 de abril de 2011, expediente N° 10-627, caso: Venequip, S.A. contra Cianfaglione, C.A. (CIANCA), señaló lo siguiente:

“…Este criterio ha sido reiterado por esta Sala, al señalar en ese mismo sentido que la suposición falsa constituye una excepción a la prohibición establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento, que impide a la Sala controlar el juzgamiento de los hechos, y por ende, deben ser objeto de interpretación restrictiva, en el sentido de que comprende tres modalidades, que consisten en: a) atribuir a actas o instrumentos del expediente menciones que no contienen, o b) establecer hechos con pruebas que no existen, o c) fijar hechos cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente. (Sentencia del 21 de mayo de 2004, caso: Carmen Reyna de Salazar, y otros contra Centro Turístico Recreacional Doral C.A.).

El tercer caso de suposición falsa, implica un error de percepción a través del cual el sentenciador afirma un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos del expediente o incluso cuando la afirmación falsa se refiere a una parte del documento en relación con otra parte del mismo…”. (Destacados de la Sala).

 

De acuerdo al criterio jurisprudencial de esta Sala, antes citado, se tiene que la suposición falsa consiste en el establecimiento de un hecho positivo y concreto, preciso, que resulta ser falso al no tener soporte en las pruebas, bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque la prueba de la que se valió para establecer el hecho no aparece incorporada en los autos, o porque su inexactitud resulta de otras actas procesales, conforme a lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, como el mencionado vicio sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la ley y la doctrina entienden por suposición falsa.

En tal sentido, esta Sala en su fallo N° RC-583, de fecha 27 de junio de 2007, expediente N° 2005-615, caso: Silvia Durán, contra Alberto Monasterio, dispuso lo siguiente:

“…En este orden de ideas se advierte, que el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia del falso supuesto o suposición falsa.

Para la formalización de la denuncia del vicio de suposición falsa, la Sala, en fecha 20-1-99, Exp. Nº 97-177, Sentencia Nº 13, ha elaborado la siguiente doctrina:

‘…esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia…’

(…Omissis…)

Para que exista el vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto. Así ha dicho la Sala. ‘El falso supuesto se caracteriza por el error material. Pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba’ (Sentencia de 17-5-60, G.F. Nº 28, seg. Etapa pág. 139); ‘no es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía…”. (Sentencia de fecha 1 de febrero de 1962. G.F. Nº 35, seg. Etapa. Pág. 32).

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, para que exista el delatado vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto, ya que el falso supuesto se caracteriza por el error material, pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba, pues, no es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía.

Establecido lo anterior y a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles se da por reproducido la parte motiva del fallo recurrido, el cual se encuentra transcrito en el in extenso de la presente decisión; todo ello de conformidad con los principios de economía y celeridad procesal que deben caracterizar en todo proceso judicial, contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Bajo esta perspectiva, esta Sala observa de la recurrida que la parte actora demostró su interés en la adquisición del bien inmueble, con la presentación del documento respectivo ante el Registro inmobiliario, tal y como lo señala en la denuncia que antecede el demandado, indicio éste que deriva a todas luces la intención de la compradora (demandante) de que tenía fecha cierta para la protocolización con el recibo de pago del arancel.

Por su parte el demandado demostró que entregó la documentación necesaria para introducir el documento definitivo de compra venta, y que opuso la falta de pago en su primera oportunidad, ya que del primer contrato de opción de compra venta, no se pago el precio, pero posteriormente se realizó un abono quedando de las pruebas demostrado este hecho.

De acuerdo a la anterior, se tiene que la alzada luego del estudio de las pruebas instrumentales traídas al juicio por las partes, la Sala constató que el juzgado superior al verificar que el demandado no compareció al acto de la protocolización del documento respectivo sobre el bien inmueble objeto de discusión en el presente caso, ante la oficina de registro, constituyó un hecho positivo y concreto, verificándose que no puede ser considerado como falso; por cuanto la fundamentación y/o motivos explanados por el formalizante como hecho positivo que la alzada dio por cierto valiéndose de una falsa suposición, constituye una conclusión de orden intelectual a la que arribó el juez superior luego de examinar los alegatos y las pruebas aportadas por las partes al proceso.

Así las cosas, aprecia la Sala en el análisis y estudio de la presente denuncia, que el hecho positivo que el juez haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición debe referirse a un error de percepción y no a una conclusión de orden intelectual luego del respectivo análisis probatorio.

De modo que, de acuerdo a todo lo anteriormente señalado, esta Sala estima que la alzada no incurrió en el vicio delatado, y por ello, declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se declara.

En consecuencia, y en virtud de todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala de Casación Civil declara sin lugar el recurso extraordinario de casación ejercido por el demandado recurrente. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por el demandado recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, en fecha 26 de septiembre de 2022.

Se CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación al demandado recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los  treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintitrés. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

____________________________

HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

Vicepresidente,

 

 

____________________________

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA

 

Magistrada,

 

 

______________________________

CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS

 

 

Secretario,

 

 

________________________________

PEDRO RAFAEL VENERO DABOÍN

 

 

Exp. Nº AA20-C-2022-000512

Nota: Publicado en su fecha a las

 

 

Secretario,

 

Quien suscribe, Dr Pedro Rafael Venero Daboin, Secretario de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, deja constancia que la Magistrada Carmen Eneida Alves Navas no firma la presente decisión, por motivos justificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

 

 

 

Secretario,

 

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