Sentencia N.º RC.000050
- Sentencia
- N.º RC.000050
- Fecha
- 24/02/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-503
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000503
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En la querella interdictal de amparo por perturbación de la posesión, incoada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en Valle de la Pascua, por el ciudadano TELMO BRICEÑO ÁLVAREZ, representado judicialmente por los abogados Ana Briceño Arteaga, Pedro Juan Ramos y Pedro Ramos Rodríguez, contra el ciudadano DOUGLAS BRICEÑO ÁLVAREZ, representado judicialmente por los abogados Alicia Fernández Clavo y Celida Ramírez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, dictó decisión definitiva en fecha 9 de mayo de 2016, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte querellada contra la sentencia emanada del a quo que declaró con lugar la acción incoada; 2) Con lugar la acción intentada.
De esa manera confirmó la sentencia apelada. Hubo condena en costas a la parte querellada de acuerdo al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la referida decisión de alzada, la parte querellada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente, no hubo réplica.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
Del estudio realizado al escrito de formalización presentado, observa la Sala que el formalizante procedió a realizar tres denuncias en el siguiente orden, las dos primeras por infracción de ley y la tercera por defecto de actividad.
En relación a la técnica para formalizar los recursos extraordinarios de casación, esta Sala en sentencia N° RNyC-246, de fecha 23 de marzo de 2004, caso de Anita Bitton contra David Cohen, expediente N° 2002-879, señaló lo siguiente:
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción por falsa o falta de aplicación de la norma así como el error en la interpretación de la misma; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el legislador en el citado artículo 317, estableció con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias, para la estructuración del escrito de formalización. Además de imponer al recurrente la obligación de señalar las disposiciones de la ley que realmente deben resolver la controversia planteada.
La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 30 de julio de 2002, caso Rocco Minicucci D´Onofrio contra la sociedad mercantil Ferretería Industrial, C.A., expediente N° 2001-000261, sentencia N° 346, ( ), lo siguiente:
...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada....
...Omissis
En el sub iudice, la Sala observa, que en la formalización del recurso de casación, la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el recurrente señala la infracción por falsa aplicación y la desarrolla como un error de interpretación. Es decir, el recurrente no cumplió con el requisito referente a sí el error de juzgamiento denunciado en el fallo era la falsa aplicación de las normas o un error de interpretación de las mismas, lo que delata la deficiente técnica de formalización empleada, que impide volcar la flexibilidad abanderada por la Sala para determinarlo como un error material...
Así pues, la Sala en su constante labor pedagógica, advierte al formalizante que las denuncias en sede casacional deben realizarse de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización que establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias, por lo que, en primer término y de manera separada deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de dicha infracción.
Así pues, se evidenció que el recurrente en casación en su escrito de formalización violó el Principio de la unidad del recurso de casación, al invertir el orden de prelación de las denuncias efectuadas, tal como lo prevé el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, delatando primero las denuncias por infracción de ley y luego la denuncia por defecto de actividad.
Por ello, esta Sala extremando sus funciones, pasará a invertir el orden de las denuncias en la forma correcta, para así poder pronunciarse con respecto a lo solicitado por el recurrente en casación. Así se decide.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-ÚNICA-
Señala el formalizante lo que a continuación se transcribe:
Conforme a lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal 3° del artículo 243 eiusdem, por considerar que la recurrida incurrió en el vicio de indeterminación de la controversia, por cuanto se limitó a realizar una descripción cronológica de las actuaciones efectuadas por la (sic) partes, sin plantear como quedo (sic) la controversia y tampoco realizó una síntesis de los argumentos y defensas opuestas por la parte querellada.-
Por consiguiente la recurrida, hace una extensa e inútil narrativa sin relevancia significativa respecto del fondo del litigio, no existe una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos como quedó trabada la controversia, es decir, la recurrida no definió los términos del problema judicial que con su decisión supuestamente resolvió, no preciso (sic) su contenido y alcance distorsionándose la autosuficiencia del fallo, no existe coherencia ni premisas que permitan obtener claramente las conclusiones del silogismo que toda sentencia conlleva.-
Reiterada doctrina de la Casación (sic) Venezolana (sic) ha sostenido, que lo sustancial del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, aquí denunciado consiste en el deber del Sentenciador (sic), de establecer en forma previa a su decisión, cuales son los limites (sic) de la controversia planteada, que debe hacer una síntesis de lo demandado y de la contestación dada, configurándose el vicio cuando se limita a transcribir o en su caso a narra las actuaciones de la partes, sin determinar en que (sic) términos quedó trabada la controversia .
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido en el vicio de indeterminación de la controversia.
Señaló el recurrente, que la recurrida hizo una extensa e inútil narrativa sin relevancia significativa respecto del fondo del litigio, no existiendo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos como quedó trabada la controversia.
Alegó además que, la ad quem al no precisar el contenido y alcance del fallo, distorsionó la autosuficiencia del mismo al no existir coherencia ni premisas que permitan obtener claramente las conclusiones del silogismo que toda sentencia debe conllevar.
Ahora bien, es requisito intrínseco de la sentencia a que se contrae el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece el deber del juez de establecer en forma preliminar cuáles son los límites de la controversia planteada, donde deberá realizar una síntesis propia de lo demandado y de la contestación que a tal efecto haya hecho el demandado, pudiendo valerse, de considerarlo necesario, de la transcripción de algún alegato expuesto por las partes procesales.
Así pues, antes de hacer la motivación respectiva de su fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la aplicación del derecho, el juez expondrá en qué sentido y a su juicio cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición que a su vez deberá formular de forma clara, sucinta y diáfana.
Ahora bien, respecto al requisito previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se ha referido sobre la necesidad de reparar en la utilidad de la reposición para la procedencia de este vicio, y en sentencia N° RC-108, de fecha 9 de marzo de 2009, caso de Banco Caroní, C.A., Banco Universal contra Representaciones Mobren, C.A. y otro, expediente N° 2008-539, señaló lo siguiente:
...El requisito de la sentencia contenido en el numeral 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, impone a los jueces y juezas el deber de señalar, en el cuerpo de la decisión, la forma en que ha quedado planteada la controversia, de manera tal, que antes de proceder a realizar la motivación del fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la fundamentación del derecho, deberán exponer, en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición en la que deberá observarse una síntesis clara, precisa y lacónica del asunto sometido a su conocimiento.
Omissis
Teniendo presente el alcance del pronunciamiento de la sentencia recurrida antes transcrito, es preciso señalar, que tanto el vicio denunciado, como la consecuente nulidad, debe atenderse, teniendo siempre presente y, por norte, la utilidad de la casación en estos casos, ya que como bien indicó en un reciente fallo la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, se debe verificar que la nulidad de la sentencia cumpla una finalidad útil, aplicando el principio contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto procesal alcanzó el fin al cual está destinado. (Vid. Sentencia de fecha 30 de mayo de 2008, caso Inversiones Hernández Borges).
Bajo esta perspectiva, es preciso advertir, que la mencionada necesidad de verificar la finalidad útil de la reposición, en aquellas denuncias donde se plantea, el incumplimiento al requisito intrínseco de la sentencia previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cobra gran significación, ya que puede ocurrir, que no obstante a la falta de una síntesis de la controversia inicial, la motivación del fallo y su dispositivo, permitan a las partes que integran la relación subjetiva procesal y, a la comunidad en general, conocer cómo quedó establecida la controversia, cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su cognición y, finalmente, cómo fue adjudicado el derecho discutido, supuesto en el cual, la declaratoria de nulidad del fallo, no cumpliría ninguna finalidad útil.
La anterior conclusión, encuentra sustento, en la exposición de motivos del vigente Código de Procedimiento Civil, cuando se expuso, con respecto a la introducción de la exigencia de una síntesis de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, lo siguiente La expresa mención de que no se deben transcribir en el fallo los actos del proceso que constan de autos, libera a los jueces de aquella práctica y del temor de no ser suficientemente fieles en el cumplimiento de este requisito de forma de la sentencia, y les obliga a formular una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, que se considera suficiente para dictar el fallo, el cual debe hacer énfasis más bien, en la motivación de hecho y de derecho que son las premisas necesarias del dispositivo del fallo . (Leopoldo Márquez Añez, El Nuevo Código de Procedimiento Civil, Fondo de Publicaciones UCAB-Fundación Polar, Caracas 1988, página 164).
Es obvio, pues, luego de la lectura efectuada de la transcripción parcial de la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil que se ha hecho precedentemente, que el requisito intrínseco previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, está destinado fundamentalmente, a privilegiar y fortalecer el desarrollo de la motivación de la sentencia, pues es en ella donde se expresa el resultado del examen que el juzgador ha efectuado del asunto sometido a su consideración. Por tanto, no puede concebirse la declaratoria de nulidad de un fallo, por haberse infringido el citado ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, si la motivación del fallo permite a las partes conocer las razones que ha tenido el juez para adjudicar los intereses comprometidos.
En este orden de ideas, cabe señalar, que el procesalista italiano Salvatore Satta sostiene que sería interesante observar por qué vías secretas, en la reglamentación de un proceso, la forma legítima y necesaria, degenera en formalismo. Chiovenda, en páginas admirables, ha analizado este fenómeno bajo el aspecto del vaciarse, si así se puede decir, de las formas, que continúan sobreviviendo cuando la razón histórica que las ha determinado ha desaparecido, y quizá se podría observar, más profundamente, que toda forma apenas creada tiende a perder su razón, a vivir por sí misma de pura vida formal .
Esta es, precisamente, la finalidad del requisito intrínseco de la síntesis de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, que ha perdido el sentido original por el cual fue creado, para convertirse en una forma que se exige, sin tomar en cuenta su papel como facilitador de la motivación del fallo. En otras palabras, si se ignora la razón por la cual se creó el requisito intrínseco del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pierde su concepción legítima y se convierte en un formalismo vacío de propósito, que impide que se concrete el mandato del artículo 257 de la Constitución, que ordena, no sacrificar la búsqueda de la justicia, antes las formas (Resaltado, cursivas y subrayado del fallo).
De acuerdo al anterior criterio jurisprudencial, se tiene que para garantizar la aplicación efectiva del artículo 257 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, no se considera procedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el juzgador, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido, pues, aún cuando exista falta de síntesis, ésta no será declarada por carecer de finalidad útil la nulidad del fallo, cuando la motivación del fallo y su dispositivo, permitan a las partes que integran la relación subjetiva procesal y, a la comunidad en general, conocer cómo quedó establecida la controversia, cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su cognición y, finalmente, cómo fue adjudicado el derecho discutido.
Establecido lo anterior, esta Sala considera necesario transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, el cual señaló lo siguiente:
I
NARRATIVA
Comienza el presente procedimiento de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO, a través de escrito libelar y anexos presentado por la parte actora, a través de apoderada judicial, por ante el Juzgado ( ), en el cual expresó que su poderdante era dueño y poseedor legítimo de un inmueble constituido por una parcela de terreno de propiedad municipal y de un conjunto de bienhechurías que se encontraban en dicho terreno edificadas, con un área de construcción de ( ). Agregó que tanto el taller mecánico como las bienhechurías se encontraban ubicados en el mismo lote de terreno y en pleno funcionamiento.
Continuó el actor expresando a través de su apoderado, que dicho inmueble lo había estado poseyendo como suyo por más de 50 años, tiempo en el cual lo había viniendo ejerciendo y teniendo como suyo en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, a la vista de todo el mundo, sin haber sido molestado jamás en su posesión y tenencia, hasta el día 16 de octubre de 2013, fecha en la cual el querellado, con un grupo de personas desconocidas procedieron a quitar los candados de las puertas de entrada al inmueble o taller en forma violenta y a espaldas del actor sin su autorización penetrando al interior del mismo y causando destrozos en su parte interna; cambiando los candados de las puertas que daban acceso a la entrada de la oficina que se encontraba instalada en el mismo, causándole a su mandante acto de perturbación en su posesión e impidiéndole acceso o entrada al interior de la oficina del taller mecánico referido anteriormente, al extremo que a la fecha de la presentación de la demanda, el querellante no había podido entrar, ni hacer uso de su oficina. Sin embargo, al margen de lo expuesto, el querellante manifestó haber tratado de buscar una solución a la situación, pero todo había sido inútil porque nada había logrado, debido a ello se vio en la obligación de interponer por ante esa instancia judicial Acción (sic) Interdictal (sic) de Amparo (sic) contra el ciudadano DOUGLAS BRICEÑO, a los fines de que cesaran los actos perturbatorios de que había venido siendo víctima y se ordenara quitar los candados a las puertas de la oficina del taller puesto por el perturbador y se le permitiera el acceso al querellante y en consecuencia se le mantuviera su posesión.
Fundamentó la acción en el artículo 782 del Código Civil, en concordancia con los artículos 698 y 700 del Código de Procedimiento Civil. ( ). Anexó junto al libelo, la siguiente documentación: 1) Justificativo Judicial (sic) en forma original evacuada por ante el Juzgado ( ). 2) Original de Inspección (sic) Judicial (sic) realizada en fecha 22 de julio de 2014, al inmueble descrito.
Omissis
La querella fue admitida por auto de fecha 04 de agosto de 2014, ordenándose la citación ( ). Así mismo, decretó el amparo de la posesión solicitada sobre el inmueble ut supra identificado, y a tal efecto, comisionó al Juzgado ( ).
Una vez habiéndose ordenado la citación del querellado a través de carteles, este se dio por notificado, y en fecha 19 de enero de 2015 procedió a exponer los alegatos concernientes a la defensa en los siguientes términos: Que era falso que el querellante ( ). Negó, rechazó y contradijo que el querellante fuera dueño de la parcela de terreno y bienhechurías descrita en el libelo, debido a ( ). Afirmó que existían las bienhechurías señaladas por el querellante en el libelo, tal como se había descrito, y que las mismas se encontraran en el lote de terreno señalado, pero, que era falso que ( ), como también era incierto que ( ). Por lo tanto, no tenía cualidad, ni posesión por más de cincuenta (50) años del referido inmueble, tal como afirmaba. Negó, rechazó y contradijo que el querellado, en fecha 16 de octubre de 2013 con un grupo de personas desconocidas hubiese procedido a quitar los candados de las puertas de entrada al inmueble o taller en forma violenta, ( ). Negó, rechazó y contradijo que el querellado hubiera causado algún acto de perturbación en la supuesta posesión del querellante, debido a que ( ). Señaló además como incierto que el querellante hubiese tratado de buscar alguna solución con el querellado, debido a ( ).
Posteriormente, la parte querellada por medio de apoderada judicial promovió las pruebas siguientes en capítulos separados: Capitulo (sic) I.- Las pruebas documentales siguientes: ( ). Capitulo (sic) II.- Pruebas de informes: ( ). Dichas pruebas fueron admitidas por el A-Quo en fecha 21 d enero de 2015.
Por otra parte, el querellante en fecha 26 de enero de 2015, promovió las siguientes pruebas: ( ).
En fecha 26 de enero de 2015, la parte querellante expuso que se oponía a los alegatos formulados por la parte querellada, y por lo tanto rechazaba en todas y cada una de sus partes lo expuesto por esa defensa, en virtud de ( ).
Visto el escrito de pruebas aportado por la parte querellante, en el cual aportó varios medios probatorios, el Tribunal (sic) de la Causa (sic) a través de auto de fecha 27 de enero de 2015, las admitió, y señaló que ( ).
Por medio de diligencia, de fecha 28 de enero de 2015, la defensa de la parte querellada impugnó documentación promovida por el querellante, por considerar que ( ).
Posteriormente, esta misma defensa, promovió e hizo valer la Confesión (sic) Judicial (sic) de la parte querellante rendida en ( ).
Luego de haber sido diferida, el A-Quo (sic) dictó sentencia en fecha 28 de octubre de 2015, en la cual declaró lo siguiente: ( ). Dicha sentencia fue apelada por la parte querellada, y oída en AMBOS EFECTOS por el Tribunal (sic) de la Causa (sic), y remitido a esta Alzada (sic) el expediente a objeto de que conociera sobre misma.
En fecha 07 (sic) de diciembre de 2015, fue recibido el expediente proveniente del Juzgado ( ). Tanto la parte querellada, como la querellante, consignados informes.
Llegada la oportunidad procesal para que esta Alzada (sic) se pronuncie, la misma pasa a hacerlo y al respecto hace las siguientes observaciones: ( ) . (Mayúsculas del texto).
De la anterior transcripción de la recurrida, se verifica que la ad quem si bien hace una narración extensa de los hechos acecidos y los alegatos de defensa de ambas partes, describiendo también cuales fueron las pruebas consignadas en autos y la impugnación efectuada por el querellado sobre las documentales promovidas del querellante, considerándose en consecuencia, que los términos en los cuales quedó planteada la controversia si se encuentran delimitados al conocerse perfectamente el problema jurídico planteado, con lo cual la ad quem dio a conocer cómo quedó trabada la litis, dando cumplimiento al principio de exhaustividad que reza que toda sentencia debe bastarse a sí misma.
Y contrariamente a lo delatado por el recurrente en casación, no se evidencia que la ad quem haya incurrido en la falta síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia.
Por los razonamientos antes expuestos, se desestima la presente denuncia al no producirse el vicio delatado, previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Señala el formalizante lo que a continuación se transcribe:
Con apoyo en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 iusdem (sic), denuncio la infracción de los artículos 12 y 508 iusdem (sic), 772 y 782 del Código Civil, por falta de aplicación y errónea interpretación en su orden.
La recurrida en la parte motiva señala, que la actora logra plena prueba, con el cúmulo de medios testimoniales, vertidos a los autos, de donde se demuestra que estuvo en posesión legítima del bien, evidenciándose lo contrario en los autos, por cuanto la representación de la accionante no cumplió con la carga que le impone el artículo 782 del Código Civil, disposición que establece los requisitos de admisibilidad de la querella interdictal por perturbación, en concordancia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, y tomando en cuenta lo indicado en las declaraciones de los ciudadanos JOHAN PAEZ (sic) LUIS (sic) ELADIO DIAZ (sic), LINDA SAMANTHA RONDON (sic), MARLYN (sic) GICERT, ALECIO JOSE (sic) VALERI, MIRLAY JOSEFINA DIAZ (sic) y MILED JREIGE HERNANDEZ (sic), no emergen elementos que pudieran establecer en primer lugar que la parte querellante tiene la posesión legítima alegada por mas (sic) de cincuenta (50) años, pues en modo alguno ninguno de dichos testigos declararon sobre el inicio de su posesión, ni de los actos y hechos ejecutados durante el tiempo que pudieran calificar como legitima la posesión invocada por la querellante, existe además total ausencia en sus declaraciones acerca de las condiciones de modo, tiempo y lugar de los actos perturbatorios así como la individualización del autor o autores de tales hechos.-
La recurrida incurre en falso supuesto, al señalar que el actor promovió la ratificación del justificativo del testigo extra litem, adjunto al escrito libelar, conforme a la ley adjetiva para la evacuación de las testimoniales, es totalmente incierto como se puede evidenciar del escrito de pruebas, del auto de admisión, y de las actas fechadas 04 (sic) de Febrero (sic) de 2015 (folios [sic] al 287) y 06 (sic) de Febrero (sic) de 2015 (folios 290 al 292), lo que hizo el querellante fue promover ilegalmente dicho Justificativo (sic) como PRUEBA DOCUMENTAL en el CAPITULO I del escrito de pruebas (folios 102 al 104), por si solo no tiene valor, para su validez debían ser ratificados sus testimonios en el lapso probatorio, así lo ha señalado la Sala mediante doctrina reiterada.- Los testigos BLADIMIR CASTILLO y LUIS (sic) ELADIO DIAZ (sic) los promovieron por separado en el CAPITULO II referente a la PRUEBA TESTIMONIAL, y no como erróneamente argumenta la recurrida que comparecieron a deponer dos de los testigo (sic) del Justificativo (sic), nada de esto consta en las actas procesales, rindieron declaración de otras preguntas formuladas por la promovente, completamente distintas a las contenidas en el Justificativo (sic), pero jamás y nunca fueron promovidos a ratificar sus declaraciones de aquel Justificativo (sic).- La recurrida aprecia al testigo LUIS (sic) ELADIO DIAZ (sic) RENGIFO, quien fue tachado oportunamente y expresó que tiene amistad con el querellante, incurre nuevamente la juzgadora en falso supuesto al reseñar, que LUIS (sic) ELADIO DIAZ (sic) RENGIFO, manifestó que en fecha 16 de octubre de 2013 el ciudadano Douglas Briceño forzó y rompió los candados, él jamás dijo eso, se refirió únicamente en que oyó unos martillazos, conforme a lo respondido en la CUARTA PREGUNTA de la promovente, yo estaba frente en el palace (sic) y oí los martillazos y estaba discutiendo con José Leonardo Bolívar.-
La recurrida no hizo referencia al contenido de las preguntas y repreguntas, ni en que se fundamentó para apreciar las testificales, no expresó los elementos que le sirvieron de apoyo para otorgarles valor, ni señala cuales fueron los hechos que dio por probados, sin embargo en el último folio de la sentencia establece que las testimoniales promovidas y evacuadas por la actora, ciudadanos JOHAN PAEZ (sic) LUIS (sic) ELADIO DIAZ (sic), LINDA SAMANTHA RONDON (sic), MARILIYN (sic) GICERT, ALECIO JOSE (sic) VALERI, MIRLAY JOSEFINA DIAZ (sic) y MILED JREIGE HERNANDEZ (sic), logran demostrar la existencia de la posesión legitima (sic) del querellante y la perturbación por parte del querellado-, siendo el caso que con dichos testimonios no quedo probada la posesión legitima invocada por el querellante por mas (sic) de 50 años, ni mucho menos los actos perturbatorios, la recurrida es incongruente habiendo confirmado la sentencia del A QUO (sic) en su totalidad, sin embargo valora al (sic) testimonio (sic) JOHAN PAEZ (sic), quien fue desechado por el A QUO (sic), por ser un testigo referencial.- De igual manera la recurrida infringe el articulo (sic) 508 del Código de Procedimiento Civil, valorando los testimonios de LINDA SAMANTHA RONDON (sic) y MARLYN GISERTI SANCHEZ (sic), sin tomar en cuenta sus edades, consta en los autos que la primera tiene 39 años y la segunda 34 años, pero inexplicablemente aseguran que el querellante tiene mas (sic) de 50 años de posesión legitima (sic), lo cual evidencia que no dijeron la verdad, incurrieron en contradicciones, igualmente la recurrida otorga plena prueba a las testimoniales de los ciudadanos ALECIO JOSE (sic) VALERI, MIRLAY JOSEFINA DIAZ (sic) y MILED JREIGE HERNANDEZ (sic), debieron ser desechados no fueron examinados en cuanto a la forma lugar y tiempo en que ocurrieron los presuntos hechos, ni la ocurrencia de la perturbación alegada, y demostraron tener interés al manifestar que el querellante es el mecánico que les arregla sus respectivos carros hasta con facilidades de pago, siendo evidente que no merecen confianza, la recurrida no aplico lo contemplado en el articulo (sic) 478 del Código de Procedimiento Civil.- En relación a la valoración de testigos esa ilustre Sala a (sic) establecido:
Omissis
La recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos, violo los artículos 12 y 508, del Código de Procedimiento Civil, atribuyó al escrito de pruebas del querellante y a las actas de las declaraciones de testigos menciones que no contienen, del examen y valoración de las pruebas no quedó demostrado de madera (sic) alguna que el actor poseyera en forma continua, no interrumpida, pacifica, publica, no equivoca (sic) y con intención de tener la cosa como suya propia, vale decir, la posesión legitima (sic) no fue demostrada, lo cual es requisito primordial, para la procedencia de la querella, lo que conlleva a que la recurrida está incursa en los supuestos previstos en el art 320 del Código de Procedimiento Civil, yerra en el establecimiento de los hechos, en la valoración de las pruebas, y en falso supuesto, determinantes en el dispositivo del fallo, que condujo a la recurrida a declarar con lugar la querella interdictal de amparo . (Mayúsculas y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 508 eiusdem, y artículos 772 del Código Civil por falta de aplicación y 782 eiusdem por errónea interpretación.
Señaló el recurrente, que la representación judicial del querellante no cumplió con la carga que le impone el artículo 782 del Código Civil, la cual establece los requisitos de admisibilidad de la querella interdictal de amparo por perturbación, en concordancia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.
Alegó además, que la ad quem incurrió en falso supuesto al señalar que el querellante promovió la ratificación del justificativo del testigo extra litem, adjunto al escrito libelar, conforme a la ley adjetiva para la evacuación de las pruebas testimoniales.
Sostuvo el formalizante, que la recurrida no hizo referencia al contenido de las preguntas y repreguntas efectuadas, ni en que se fundamentó para apreciar las testificales, no expresando los elementos que le sirvieron de apoyo para otorgarles valor, ni señaló cuales fueron los hechos que dio por probados.
Indicó además, que la ad quem en referencia a la valoración de las testimoniales rendidas por los ciudadanos Alecio José Valeri, Mirlay Josefina Díaz y Miled Jreige Hernández, sostuvo, que las mismas fueron valoradas como plenas pruebas, siendo que las mismas debieron ser desechadas, estimando que por ello, la recurrida no aplicó lo establecido en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil.
Señalo además, que la recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos, violando los artículos 12 y 508 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente estableció el formalizante, que la ad quem está incursa en los supuestos previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, yerra en el establecimiento de los hechos, en la valoración de las pruebas, y en falso supuesto, determinantes en el dispositivo del fallo, que condujo a la recurrida a declarar con lugar la querella interdictal de amparo.
Ahora bien, la determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales; en ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los tribunales en demanda de ella, así pues, no hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones.
La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala de Casación Civil, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia.
Requiere, el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
En este sentido, ha sido pacífica, consolidada y reiterada la doctrina de esta Sala, así en sentencia Nº RC-274 de fecha 31 de mayo de 2005, caso de Aminta Saturno contra Fernando Fersaca, expediente Nº 2005-040, se señaló lo siguiente:
...Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 31 de octubre de 2000, caso Luis Eduardo León Parada contra Angel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, sentencia N° 346, con ponencia del Magistrado que suscribe la presente, y en la cual dejó establecido, lo siguiente:
En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada....
En el caso de estudio, la Sala consideró necesario transcribir de forma íntegra lo que la recurrente alegó en su escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, para que pueda quedar evidenciado que el mismo carece de técnica en su más mínima expresión en la fundamentación de las denuncias planteadas.
En este sentido, la Sala observa el yerro del formalizante plasmado en su escrito de formalización en el cual se repite- no expresa a lo largo de lo que debiese considerarse como la fundamentación del recurso extraordinario de casación, -más allá de un recuento de lo acontecido, así como una serie de alegatos para ser resueltos mediante denuncias propias por defecto de actividad, al señalar que no se sabe en que se fundamentó para apreciar las testificales, no expresando los elementos que le sirvieron de apoyo para otorgarles valor, ni señaló cuales fueron los hechos que dio por probados .
Por otro lado, no señaló en qué consistió la errónea interpretación del delatado artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco explicó cuál es la interpretación que a su punto de vista la ad quem debió realizar, no especificando algo que pudiera determinar o delimitar la existencia de un vicio real y fehaciente que permita a esta Suprema Jurisdicción Civil, establecer que habría incurrido en alguna infracción, ni expone, y menos aún señala de manera clara, precisa e inequívoca si habría alguna influencia determinante en el dispositivo del fallo.
Aunado a lo expuesto, en vista de la insistencia sobre las pruebas testimoniales rendidas por los testigos sobre la perturbación o no discutida en el juicio, en todo caso ha debido el recurrente plantear la respectiva denuncia por infracción de ley fundamentada en el primer caso de falso supuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, o una denuncia respecto al establecimiento o valoración de las pruebas.
Todo lo cual, deja a la denuncia sin la debida fundamentación, y en consecuencia, la Sala estima que el recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 578, de fecha 30 de marzo de 2007, expediente N° 2007-008, con ocasión del recurso de revisión intentado por la ciudadana María de Jiménez contra decisión dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente:
...Ahora bien, respecto de las diversas infracciones constitucionales denunciadas, estima preciso esta Sala examinar, en primer orden, la del principio de confianza legítima. En tal sentido, apunta la Sala, lo siguiente:
La confianza legítima o expectativa plausible se encuentra estrechamente vinculada con el principio de seguridad jurídica, el cual refiere al carácter del ordenamiento jurídico que involucra certeza de sus normas y, consiguientemente, la posibilidad de su aplicación, toda vez que lo que tiende es a la existencia de confianza por parte de la población del país, en el ordenamiento jurídico y en su aplicación. De allí que comprenda:
1.- El que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes.
2.- Que la interpretación de la ley se haga en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legitima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.
Así lo ha reconocido esta Sala en diversos fallos, entre los cuales cabe indicar el número 345 del 31 de marzo de 2005 (Caso: Funeraria Memorial, C.A.), en donde señaló:
(...Omissis...)
Como lo señaló esta Sala -en el fallo parcialmente transcrito ut supra- la uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, ya que ello es lo que hace la confianza entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mismas.
Ahora bien, tal como lo señaló el solicitante de la revisión, ha constatado esta Sala, por notoriedad judicial, que la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia pacífica y reiterada ha sostenido que el recurrente en casación debe, además de indicar la sentencia contra la cual se recurre, expresar el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, citar el artículo o los artículos que se pretenden infringidos; especificar y razonar los fundamentos de la denuncia, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y mencionar los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada; todo ello con la finalidad de demostrar a los jueces, la contradicción existente entre la voluntad abstracta de ley y la conducta concreta del juez expresada en la sentencia impugnada. Si por el contrario, el formalizante se aparta del criterio precedente, toda vez que no realiza la cita de los artículos que denuncia como quebrantados por la recurrida u omite indicar la parte pertinente del fallo en el cual se comete el pretendido vicio, de manera que no explica el cuándo, cómo y dónde se configuraron las violaciones delatadas, la Sala de Casación Social debe necesariamente desecharlo.
Ello se desprende del texto de las normas que en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo regulan la casación laboral, que a continuación se transcribe:
(...Omissis...)
Como se evidencia de la normativa antes transcrita, el proceso laboral está caracterizado por la oralidad e inmediación, pero en su tramitación se exigen que determinadas actuaciones sean escritas y que satisfaga los requisitos para su procedencia, así se desprende de lo establecido en el artículo 169 antes transcrito que el anuncio del recurso se hace por escrito, la formalización del mismo debe contener las razones en que se fundamenta dicho recurso (artículo 171), la contestación a los alegatos del formalizante deben formularse igualmente por escrito (artículo 172). Ello es así, por cuanto si bien la casación en materia laboral tiene una audiencia en la cual las partes formulan sus alegatos y defensas oralmente (artículo 173), y tiene por finalidad, entre otras, eliminar los innecesarios rigores del formalismo de suerte que pueda cumplirse una correcta administración de justicia; sin embargo, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aún cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad; salvo si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor -actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso- las cuales pudieran ser eventualmente subsanadas por la Sala de Casación Social, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, como la extemporaneidad del recurso o la falta de cualidad de las partes para ejercerlo.
(...Omissis...)
En el caso de autos, se observa en la decisión objeto de revisión, que la Sala de Casación Social, aun cuando los apoderados judiciales de las recurrentes denunciaron que en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el juzgador incurrió en una errónea interpretación del artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como del Plan de Jubilación de los trabajadores de PDVSA, sin mencionar cuáles fueron las disposiciones del referido Plan de Jubilación infringidas por error de interpretación, dedujo que eran las relativas al beneficio de jubilación y así lo examinó.
En consecuencia, la Sala de Casación Social exoneró a la parte recurrente del cumplimiento de uno de los requisitos que debía cumplir el escrito de formalización del recurso, cuya inobservancia indefectiblemente le impedía conocer de la contradicción existente entre la voluntad concreta expresada por el juez recurrido y la voluntad abstracta de la ley, circunstancia ésta que a juicio de esta Sala- no comportó un cambio o modificación de criterio jurisprudencial, sino su quebrantamiento, máxime cuando ni siquiera justificó las razones por las cuales llegó a la convicción de que las normas -cuya aplicación errónea se denunció- eran las relativas al beneficio de jubilación. Aprecia esta Sala, que la señalada actuación de la Sala de Casación Social, infringió no sólo el principio de seguridad jurídica sino además la garantía de la tutela judicial efectiva, la cual lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal. De allí, que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estas exigencias puedan ser tildadas de formalidades no esenciales.
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 constitucional es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan dichos medios, son preceptos que establecen los mecanismos de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse. La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.
Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.... (Resaltado del fallo de la Sala).
De acuerdo a la anterior jurisprudencia, se tiene que no le es dable a la Sala inferir la intención del recurrente, que de hacerlo estará supliendo una obligación propia de éste y asumiendo funciones que si bien no le son ajenas, no se corresponden con la inherencia como tribunal de derecho que es; ya que la precisión y claridad son cargas inexcusables del formalizante, que van dirigidos a demostrar a la Sala que de existir la infracción por la recurrida, el mismo fue determinante del dispositivo del fallo, ya que en caso contrario estaríamos ante una casación inútil.
Todo lo anteriormente expuesto, impide volcar la flexibilidad abanderada por esta Sala de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar el sentido propio de la denuncia.
En consecuencia, la Sala desestima la presente denuncia por carecer de manera absoluta de la necesaria técnica en su fundamentación. Así se decide.
-II-
Expone el formalizante, lo que a continuación se transcribe:
-2- De conformidad con los artículos 313, ordinal 2º y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 509 del mismo Código.
La recurrida quebranto el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento (sic), al no haber analizado debidamente las documentales promovidas por el querellado, documentos públicos que no fueron tachados ni impugnados por la contraparte, debió otorgarles plena prueba y especialmente la copia certificada del libelo de demanda de REIVINDICACIÓN que intentó el querellante TELMO BRICEÑO ALVAREZ (sic) por ante el Juez (sic) de la Causa (sic), en fecha 23 de Abril (sic) de 2012, en contra de los ciudadanos ORESTE BRICEÑO ALVAREZ (sic), ANA ISABAEL (sic) CARICO DE BRICEÑO y TELMO BRICEÑO CARICO, según expediente N° 18.736, demandó la reivindicación del mismo inmueble objeto de querella (folios 66 al 96 pieza 1) y según la Juzgadora (sic) dichas probanzas no demuestra nada a las (sic) autos con relación a la existencia o inexistencia de la posesión ni de los actos perturbatorios, es evidente que la recurrida no leyó exhaustivamente la contestación ni el escrito de pruebas ni la referida documental, si lo hubiera hecho otro seria (sic) el resultado. Con la acción reivindicatoria se demostró la inexistencia de la posesión legitima (sic) ininterrumpida por mas (sic) de 50 años alegada por el actor, sin duda alguna que no tenia (sic) posesión, reitero (sic) demandó hace dos (2) años (para la fecha de interposición de la querella) la reivindicación del mismo inmueble.
Es importante significar que el accionante, en fecha 23 de Abril (sic) de 2012, accionó en REIVINDICACIÒN el inmueble es discusión, contra los ciudadanos ORESTE BRICEÑO ALVAREZ (sic), ANA YSABEL (sic) CARICO DE BRICEÑO y TELMO BRICEÑO CARICO, en el Juzgado (sic) de la Causa (sic) según expediente Nº 18.736; el 30 de Julio (sic) de 2013, interpuso ACCION DE NULIDAD DE TITULO SUPLETORIO, NULIDAD DE INSCRIPCIÒN REGISTRAL y SUBSIGUIENTE VENTA, del mismo inmueble en el A QUO (sic) según expediente Nº 18.893; y el 01 (sic) de Agosto (sic) del año 2014 QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO contra DOUGLAS BRICEÑO ALVAREZ (sic), Ciudadanos Magistrados, tres (3) demandas por hechos distintos pero sobre el mismo inmueble, el ciudadano TELMO BRICEÑO ALVAREZ (sic) abusa del proceso y con ello de la administración de justicia, creando situaciones jurídicas inexistentes.
La recurrida no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, infringió los art 12 y 509 del Código de Procedimiento (sic), no analizo (sic) exhaustivamente las documentales publicas promovidas, el querellado dio fiel cumplimiento a todos los extremos para la apreciación de las referidas documentales, sin embargo la Juzgadora (sic) no expreso el criterio respecto de ellas, todo lo cual es determinante en el dispositivo del fallo que conllevo (sic) a la recurrida a declarar con lugar la querella Interdictal (sic) de amparo.- . (Mayúsculas y cursivas del texto).
Para decidir, la Sala observa:
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 509 eiusdem, por falta de aplicación al no haber analizado debidamente las documentales promovidas por el querellado, referentes a las copias certificadas del libelo de demanda de la acción de reivindicación del inmueble objeto de litigio incoada en fecha 23 de abril de 2012, y que cursaron en el expediente Nº 18.736, y de las copias certificadas del juicio interpuesto en fecha 30 de julio de 2013, por nulidad de titulo supletorio, nulidad de inscripción registral y la subsiguiente venta, que fue llevado en el expediente Nº 18.893.
Ahora bien, respecto a las características esenciales que configuran el vicio de silencio de pruebas, esta Sala en sentencia Nº RC-420, de fecha 13 de junio de 2012, caso de Benito Barone contra Inversiones Rosantian C.A., expediente Nº 2011-744, ratificó lo que a continuación se transcribe:
El silencio de prueba procede cuando el juez incurrió en la falta absoluta o parcial de valoración de una prueba que resulta trascendental para el dispositivo del fallo.
Al respecto, esta Sala mediante decisión Nº 62, de fecha 5 de abril de 2001, caso: Eudoxia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente Nº 99-889, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:
Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil.
Corresponderá a la Sala determinar en cada caso, la influencia del examen de la prueba en la decisión. A título de ejemplo, puede mencionarse los siguientes casos:
1.) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso, como ocurre si en el interdicto por despojo, el juez no examina la factura de compra de una nevera.
2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria.
3.) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria, como ocurre si en un juicio por reivindicación el juez hubiese silenciado un documento privado, y si hubiese valorado un documento público ambas referidas a la popiedad del inmueble, pues en ningún caso el primero podría enervar la fuerza probatoria del segundo; y,
4.) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal, pues la ley dispone que los hechos no pueden ser establecidos por un determinado medio de prueba; por ejemplo, el artículo 1387 del Código Civil, prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs.2.000,oo).(sic)
5.) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide al contrario cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.
En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil . (Resaltado de la Sala).
Conforme a la jurisprudencia de la Sala, el vicio de silencio de pruebas se configura, cuando el juzgador ignora por completo el medio probatorio o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, ya que el juez tiene el deber de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes en el proceso, y, si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronunció sobre esa prueba, lo que existe entonces es un error de juzgamiento por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba.
Ahora bien, respecto a las pruebas delatadas como silenciadas por la ad quem, la sentencia recurrida señaló lo siguiente:
NARRATIVA
Comienza el presente procedimiento de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO, a través de escrito libelar y anexos presentado por la parte actora, ( ).
Omissis
Posteriormente, la parte querellada por medio de apoderada judicial promovió las pruebas siguientes en capítulos separados: Capitulo I.- Las pruebas documentales siguientes: 1º) Marcadas 1 y 2, Copias certificadas de los libelos de demandas de la ACCION DE REIVINDICACIÓN y de la ACCIÓN DE NULIDAD DE TITULO SUPLETORIO, NULIDAD DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y SUBSIGUIENTE VENTA.
Omissis
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Recibe este Tribunal (sic) de Alzada (sic) apelación ejercida por la parte querellada, ( ).
Omissis
( ) y en fecha 23 de abril de 2012 el querellante demandó por ante ese Juzgado (sic), junto con los ciudadanos ANA TERESA BRICEÑO DE ZAMBRANO y MAURICIO BRICEÑO ALVAREZ (sic), Acción Reivindicatoria, contra los ciudadanos ORESTE BRICEÑO ALVAREZ (sic), ANA YSABEL CARICO DE BRICEÑO y TELMO BRICEÑO CARICO, según expediente Nº 18.736, de la nomenclatura ese Tribunal (sic), ( ).
Omissis
Estando en la oportunidad probatoria la parte querellada promovió documentales, contentivas de copias certificadas del libelo de demanda de la acción de reivindicación que intentó el querellante por ante el Juzgado (sic) de la causa en fecha 23 de abril de 2012 en contra de los ciudadanos ORESTE BRICEÑO ALVAREZ (sic), ANA ISABEL CARICO DE BRICEÑO, Y TELMO BRICEÓ CARICO, según expediente N° 18.736 y copias certificadas de juicio de nulidad de titulo supletorio, Nulidad (sic) de Inscripción (sic) Registral (sic) y subsiguiente venta en contra de los mismos ciudadanos. De las referidas documentales publicas esta Alzada (sic) las desecha por cuanto las mismas no demuestran nada a los autos con relación a la existencia o inexistencia de la posesión ni de los actos perturbatorios y así se decide .(Mayúsculas del texto, resaltado de la Sala).
De acuerdo a la anterior transcripción del fallo de alzada, se evidencia que el ad quem en el desarrollo de sus partes narrativa y motiva, relativa al fondo del asunto debatido, identificó, analizó y posteriormente valoró el acervo probatorio aportado por el querellado y delatados como silenciados por la juez de alzada, conformados por un cúmulo de copias certificadas referentes al libelo de demanda de la acción de reivindicación del inmueble objeto de litigio incoada en fecha 23 de abril de 2012, que cursaron en el expediente Nº 18.736, y de las copias certificadas del juicio interpuesto en fecha 30 de julio de 2013, por nulidad de titulo supletorio, nulidad de inscripción registral y la subsiguiente venta, que fue llevado en el expediente Nº 18.893.
Así pues, de acuerdo a lo anterior señalado, la ad quem si identificó, analizó y posteriormente les negó el correspondiente valor probatorio a los anteriores instrumentos que conforman el acervo probatorio consignado por el querellado mediante copias certificadas, no configurándose en consecuencia, el delatado vicio de silencio de pruebas.
En tal sentido, lo que se denota en la presente denuncia es la inconformidad del recurrente en la manera como el ad quem analizó el acervo probatorio, de manera que ante tal situación, el formalizante debió haber planteado una denuncia por infracción de ley con soporte en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, bien por violación de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, o alguno de los casos de suposición falsa, para de esa forma quede habilitada esta Sala para descender a las actas del expediente y corroborar la certeza o no de lo establecido por el sentenciador de la recurrida como fundamento de su fallo, y de esta manera combatir su inconformidad con el análisis de las pruebas hechas por la ad quem.
Por todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente esta denuncia, así como sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la querellada. Así se decide.-
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, en fecha 9 de mayo de 2016.
Se CONDENA a la querellada recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en Valle de la Pascua.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil diecisiete Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado-Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Secretaria Temporal,
_______________________
YARITZA BONILLA JAIMES
Exp. AA20-C-2016-000503
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretaria Temporal,
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