Venley

Sentencia N.º 000685

Sentencia
N.º 000685
Fecha
03/11/2023
Sala
Casación Civil
Expediente
23-428
Ponente
José Luis Gutiérrez Parra
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. AA20-C-2023-000428

Magistrado Ponente: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA

En el juicio por daño moral, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia, por el abogado ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cédula de identidad número V- 7.085.567, actuando en su propio nombre y representación, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el número 86.053, contra la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad número V-8.590.499, representada judicialmente por los abogados Sofía Fabiola Delgado, Gustavo Adolfo Bravo, Franco Avendaño y Odrina Avendaño Delgado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los números 57.555, 74.353, 27.130 y 149.906, en el mismo orden; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo de la citada circunscripción judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 4 de abril de 2023, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; revocó el fallo dictado por el a quo; sin lugar la demanda por daño moral; y sin lugar la defensa opuesta el relación al decaimiento de la acción por pérdida de interés. Hubo condenatoria en costas.

El 30 de mayo de 2023, la parte actora plenamente identificado en autos, anunció recurso de casación en contra de la sentencia previamente señalada.

El 5 de junio de 2023, el juez de segundo grado de jurisdicción admitió el recurso anunciado, ordenando la remisión del expediente a esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

         En fecha 4 de julio de 2023, la Sala recibió el expediente. Se dio cuenta en Sala el 2 de octubre de 2023, y se asignó la ponencia al Magistrado Dr. José Luis Gutiérrez.

         Cumplidas las formalidades legales, pasa la Sala a dictar su decisión bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter la suscribe, y lo hace bajo las siguientes consideraciones:

CAPITULO I

VICIOS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Conforme a las previsiones contenidas en el artículo 313, numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12, ordinales 3°, 4° y 5° del artículo 243 y el artículo 244 eiusdem, en concordancia con los artículo 509 y 510 del mismo código, por el vicio de incongruencia por tergiversación de la litis; vicio de inmotivación por no fundamentar su decisión sobre sustento legal; infracción de los artículos 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, y falta decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida.

El formalizante, expresamente señala lo siguiente:

“…NFRACCIONES DE FORMA:

A tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 12, “Articulo 12.-Los jueces tendrán por parte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, (negritas del Suscrito) concatenado al artículo 312, ordinales 1°, y 12 por cuanto la sentencia recurrida no dio cumplimiento a los requisitos exigidos del artículo 243 en lo referente a sus ordinales 3” (Una síntesis clara, precisa v lacónica en la que a quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos: ordinal 4° (Los motivos de hecho y de derecho de la decisión) ordinal 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absorberse la instancia, así como también, el contenido del artículo 244 Ejusdem: Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita. En concordancia con los artículos 509 y 510 Ibidem, articulo 509, (Los Jueces debe analiza juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas), (Negritas y subrayado del suscrito) Articulo 510: “Los jueces apreciaran los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia (sic) y convergencia entre sí y en relación con demás pruebas de autos”. (subrayado del  suscrito). Por cuanto adolece de vicios enumerados en los artículos ya señalados anteriormente 243 y 244, al faltar las determinaciones indicadas en los artículos anteriores, de acuerdo a lo pautado en nuestro Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de la Sentencia (sic) recurrida, por omisión o incumplimiento, de los requisitos contemplados en los ordinales 3, 4, 5 del artículo 243 en concordancia con el articulo 244 Ejusdem. Otro vicio del sentenciador en su contenido parágrafo infine de los artículos 508, 509 y 510 ibidem, se desprende otro vicio del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y denuncio la infracción del artículo 244 ejusdem. Por adolecer la Recurrida (sic) de las determinaciones indicadas en el artículo anterior, conforme a lo pautado en nuestro Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la sentencia recurrida, por omisión a incumplimiento de los requisitos contemplados en los ordinales 3, 4° 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 508, 509 y 510 Ejusdem, por adolecer la recurrida de las determinaciones indicadas en el artículo anterior. A-Incumplimiento (sic) de los Requisitos (sic) Contemplados en les Ordinales 3 y 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil- Las sentencias deben ser congruentes. A los efectos del precepto legal o requisito o determinación, por congruencia a de entenderse la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión que constituye el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto. La incongruencia negativa equivale a una omisión de pronunciamiento que se produce cuando El Jurisdicente (sic) no resuelve sobre todo lo alegado probado por las partes, infringiendo con ello, el Articulo (sic) 12 del Código de Procedimiento Civil, y por la falta de aplicación del requisito del ordinal 5° del artículo 243 Eiusdem. En el presente caso la causa de acción determinada en el libelo demanda es el daño moral, causado por la ciudadana abogada María Isabel Díaz Silva titular de la cedula (sic) de identidad V-8.590.499, venezolana, mayor de edad, parte demandada en la presente causa quien es de Profesión (sic), abogada, por lo tanto, es conocedora del derecho Como (sic) se explica que el Aquem (sic), la victimiza y presenta como inocente, justificando la intencionalidad de causar el daño. El jurisdicente lo define “Como el exceso de buena fe” los bienes adquiridos dentro del Matrimonio (sic) son de la Comunidad (sic) de gananciales de la comunidad conyugal, entre ellos, un vehículo perteneciente a la institución de bienes gananciales, que se encuentra en proceso de partición: El Aquem (sic) transcribe no decide sino que en la parte dispositiva expresa que es su análisis: así como también, no define su condición de Director (sic) del Proceso (sic) convirtiéndose en parte del proceso (abogado de la parte demandada), es evidente la intensión del juez en el contenido de la recurrida sin decisión formal, sin ningún fundamento valido, que le otorgue un soporte o base a la sentencia apelada en su análisis o decisión no se sabe que quiso determinar. El Aquem (sic) actuando como en resguardo de los intereses de la demandada; El juez actúa en defensa de los intereses de la accionada. Así mismo, no se cumplió con el requisito del ordinal 3 del artículo 243, por cuanto ha debido El Aquem (sic) hacer un síntesis clara, precisa, y lacónica de los términos que ha quedado planteada la controversia..... Sin incurrir en la incongruencia negativa, al omitir el pronunciamiento con respecto, a las pruebas presentadas, por la parte accionante, donde tal y como consta, no existe, o cursa ninguna denuncia ante el colegio de abogados en sus registros que estigmatice la conducta honorable de la parte actora y la documentación consignada como pruebas fehacientes demostrativas de su trayectoria profesional no fueron consideradas por El Jurisdicente (sic) fueron omitidas, ni valoradas por El (sic) ciudadano juez. Y del perjuicio intencional causado por la recurrida que si sabía lo que estaba haciendo, al denunciar un vehiculó por ante el C.IC.P.C. y quedando solicitado por el sistema SIPOL, dicho bien pertenece a la comunidad conyugal fue denunciado por delito común, como apropiación indebida, lanzando a quien suscribe, al desprestigio de mi buen nombre y reputación al escarnio público, sabiendo que quien detentaba, poseía el bien, era su ex esposo Ciudadano abogado Carlos Alejandro Padrino Malpica, solo con la intención de causar el daño a la parte actora, en los folios 3 al 28 cursa copia certificada del expediente GP01-P-2013-013647 que curso (sic) por ante el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo hay (sic) aparece como imputado Carlos Alejandro Padrino Malpica y como victima la ciudadana abogada Marie Isabel Díaz Silva, se encuentra denuncia en el CICPC subdelegación de las Acacias 22-04-02810 delito en contra de la propiedad, apropiación indebida, se encuentra en el folio 5 y 6 el oficio N 18F2-0093-2012 donde tal y como consta, la declaración de ese Fiscal, el aquem (sic) aplicando la incongruencia negativa o nugatoria se hace y es parte en proceso, ya que no fundamenta, no argumenta el razonamiento jurídico, ni valora las pruebas presentadas por la parte accionante y de una vez determina la inexistencia del hecho d das moral. El ciudadano juez no valoró ninguna de las pruebas consignadas y aportadas en el expediente, parece que no existen lo que demuestra es la intensión (sic) de justificar minimizar la conducta intencional de causar el daño de la ciudadana abogada María Isabel Díaz Silva dañar la reputación, el honor de la parte demandante e incurre en el dolo, su conducta (antijurídica, culpable punible) de realizar u omitir intencionalmente una acción con conocimiento y plena voluntad de realizarlo u omitirlo. Aunque sepa que al realizar ese hecho está infringiendo la ley penal._ Ella sabía que cometía hecho prohibido, eso está claro, existe la intención de dañar a la víctima, porque quien suscribe tiene hasta que se delimite la partición de bienes la cualidad de poseedor tutelado por cuanto al bien pertenece a los bienes gananciales que hubo en el transcurso del matrimonio, ella, la demandada estaba consciente del daño que podía ocasionar. El recurrente le parece conveniente insiste que, de acuerdo con la doctrina de la Sala Civil (sic), para declararse procedente de indemnización por daño moral debe analizarse el grado de culpabilidad del autor y la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiese producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, (véase sentencia del 8 de mayo de 2007). Específicamente en la sentencia que estamos citando, se recuerda la de igual Sala, N° 495, de fecha 20 de diciembre del año 2002, en la que se dejó asentado que: “el fallo que analice una demanda por indemnización de daños morales, debe cumplir con los siguientes aspectos en su motivación: al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador ha de sujetare al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la victima sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada de escala de sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. El conjunto de pruebas presentadas al tribunal aquo (sic), desechadas u omitidas por el aquem (sic), fue con el objeto de demostrar la trayectoria profesional de la víctima o parte demandante, desechadas por el tribunal de alzada u omitidas; Pruebas estas: tal y como constan, en el expediente; copia simple marcado con la letra B del título de abogada otorgado a la demandada de autos, por la Universidad de Carabobo. Esta prueba quedo materializada; marcado con la letra C Copia simple de Notificación de fecha 13-11-2005 que prueba que fue profesor en la UNEFA, donde impartió clases en la materia Ética y Valores D Constancia de trabajo expedida por PALMICHAL, S.C. Empresa filial de PEQUIVEN, E copia simple de la constancia emitida donde se designa a quien suscribe como Miembro (sic) Principal (sic) de la Junta (sic) Municipal (sic) Electoral (sic) del Municipio (sic) Valencia (sic), todas estas pruebas fueron desestimadas por la juez de alzada, donde se desecha la apropiación indebida?, el retardo judicial inexcusable en sentenciar, no dictadas por un juzgado, o la paralización de actividades Tribunalicias, no puede determinar el decaimiento de la acción, donde queda el principio de seguridad jurídica, del debido proceso en protección de la parte actora, donde quedaría el estado social de justicia, la tutela judicial efectiva de los derechos, jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela.....Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses incluso los colectivos o difusos...... marcada con la letra Copia (sic) simple de Notificación (sic) de fecha 13-11-2005 emanado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA) donde e accionante es designado como profesor de la cátedra Ética y Valores.

Admitida la demanda se procede a la citación y fueron citados, produciéndose una contestación a la demanda, incongruente, en la cual, no se estableció cual fue la intención al denunciar, una vez trabada la litis se abrió el periodo de pruebas, sin que la parte demandada hiciera uso de recursos que le confiere la ley, los testigos aportados por quien suscribe quedaron contestes, parte demandada, pudo bien repreguntar a los testigos en su oportunidad procesal, no lo hicieron, en consecuencia, quedo materializada la prueba testifical hubo una infracción del 508 del código procedimiento civil, de parte del aquem (sic) esgrime en su sentencia sobre falsos supuestos. En el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil infringidos por la recurrida cuya omisión sanciona de nulidad absoluta el articulo 244 Esjudem, en cumplimiento del ordinal 4° del artículo 243 ibidem, en concordancia con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal (sic) de alzada infringe dichas disposiciones por cuanto el ordinal 4° del artículo 243 Ejusdem, señala que toda sentencia debe contener” los motivos de hecho y de derecho” de la decisión los fundamentos en los que se apoyó el tribunal para decidir, el articulo 509 obliga a los jueces a analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, esta norma es expresa, La obligación que tiene todo juez, de dar los motivos o razones de hecho y de derecho de la decisión, los cuales son inexistentes en la sentencia del demás. Tribunal de Alzada, violando así el ordinal 4° del artículo 243 antes denunciado. …” (Negrilla, subrayado y mayúsculas del texto).

De los alegatos supra transcritos, se evidencia que el formalizante ha incurrido en una serie de imprecisiones, pues denuncia el vicio de indeterminación objetiva, inmotivación e incongruencia en concordancia con los artículos 508, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, se evidencia que lo pretendido por el formalizante es la nulidad del fallo dictado en segundo grado de jurisdicción, pues, considera que el juez ad quem incurrió en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, debido a que no valoró el conjunto de pruebas presentadas con el fin de demostrar la trayectoria profesional de las partes.

No obstante la inadecuada fundamentación expresada, esta Sala en atención de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva que se traduce en el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, al juzgamiento con las garantías debidas y a la obtención de una sentencia o respuesta a las peticiones realizadas, así como con el objeto de asegurar una justa resolución del caso sometido a estudio, esta Sala extrema sus facultades y considera oportuno revisar y pronunciarse acerca de un asunto que se extrae del escrito aunque resulte mal planteado, el cual está relacionado con en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios.

         Para decidir, se observa:

Pues bien, la comisión del vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios ocurre cuando el juez simula el análisis de los mismos, señalando que le concede valor probatorio, pero no expresa nada al respecto del contenido de las mismas, analizando las pruebas de forma genérica, global, en bloque o en conjunto, confundiendo varias pruebas como si fueran una sola, en un análisis confuso, insuficiente y por ende inmotivado (Vid. Sentencia número 152, del 24 de septiembre del año 2020, caso: sociedad mercantil Universal Parts, C.A. y otro contra Banco Caribe Banco Universal (Bancaribe).

Asimismo se establece, que  los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión número 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:

“...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria.” (Destacados del texto).

Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva, subjetiva y de la controversia; incongruencia negativa, positiva, por tergiversación y extrapetita; inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada o contradictoria y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa, derecho a ser oído, de petición y una tutela judicial eficaz, conforme a lo previsto en los artículos 2, 29, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concatenación con lo estatuido en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), y el artículo 14 numeral 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en resumen consagran el derecho personal al ejercicio de un recurso efectivo ante los órganos de administración de justicia, como garantía del derecho de petición, con un procedimiento acorde y efectivo conforme a la Constitución, con una justa tutela judicial efectiva y un debido proceso, que garantice el derecho a la defensa, con una pronta y oportuna resolución del caso, en igualdad ante la ley, sin discriminación de ningún tipo, ante un juez competente, independiente e imparcial. (Cfr. Fallos de esta Sala números 193, del 17 de marzo de 2016, caso: Rafael Harley Ramírez Zambrano contra Víctor José Chacón Guerrero y Otros, y 510, del 9 de agosto de 2016, caso: Amalia Clemencia Cordido Santana contra Andrés Von Fedak y Otra).

A su vez cabe señalar, en torno a que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia número 1068, de fecha 19 de mayo de 2006, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoado por el ciudadano José Gregorio Tineo Nottaro, que dispuso lo siguiente:

..Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:

...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil...” (Destacados de esta Sala).

Por su parte el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:

“…Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita…”.

El artículo 243 eiusdem, dispone:

Toda sentencia debe contener:

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión…”.

El artículo 12 ibídem preceptúa:

“…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

Por su parte el artículo 15 del señalado código adjetivo civil, expresa:

“Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”

De un análisis concatenado de las normas antes transcritas, se desprende por ser materia de orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad de la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido. (Cfr. Fallo número 103, de fecha 25 de febrero de 2004, caso: Mercedes Isabel Reyes Bastidas contra Ricardo Fadus Yaujuana y otro).

Ahora bien, expone el formalizante de autos que, el juez de la recurrida no fijó los motivos o razones de hecho y de derecho de la decisión, pues –a su decir-, no valoró las pruebas aportadas en dicho proceso con lo cual pretende justificar la conducta intencional de la ciudadana María Isabel Díaz Silva, de causar daño a la reputación y honor del demandante.

Esta Sala, a fin de verificar el yerro denunciado se permite bajar a los autos y, examinar el acervo probatorio y su respectiva valoración y apreciación en su parte pertinente. Así, el sentenciador de alzada sostuvo lo siguiente:

“…En este punto se hace necesario indicar las pruebas promovidas por las partes en el transcurso del iter procesal:

• Corre inserto del folio tres (03) al folio veintiocho (28) Copia Certificada del Asunto GP01-P-2013-013647, llevado por ante el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo del cual se desprende Opinión Fiscal suscrita por la Fiscal Auxiliar Segunda del Ministerio Público de la circunscripción Judicial del estado Carabobo con Competencia Plena en Delitos Comunes, tales documentales de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende en razón de que no fue válidamente impugnada por la parte contraria en la oportunidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio, de la cual se desprende la solicitud realizada por la fiscal al Tribunal de Control a los fines que decrete el Sobreseimiento de la causa, de igual manera se evidencia Denuncia Común realizada por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sud Delegación las Acacias por la ciudadana Díaz de PADRINO María Isabel, en fecha veintidós (22) de abril de 2010 así como Sentencia dictada en fecha quince (15) de enero de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo mediante la cual se decreta el SOBRESEIMINETO DE LA CAUSA, es decir, de una revisión exhaustiva de tales copias se observa que no hubo delito.

• Corre inserto al folio veintinueve (29) Copia Simple del Título de Abogado de la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ SILVA, tal documental de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo dicha instrumental nada aporta al hecho controvertido, por lo tanto se desecha.

• Corre inserto al folio treinta (30) Copia Simple de una Notificación de fecha trece (13) de noviembre de 2005 suscrita por el Decano de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional no evidenciándose a quien está dirigida la referida notificación, dicha documental es valorada como un documento administrativo sin embargo nada aporta al hecho controvertido y en consecuencia se desecha.

• Corre inserto a los folios treinta y uno (31), Copia Simple de Constancia expedida por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional por medio de la cual se hace constar que el ciudadano CARLOS PADRINO presta servicio en ese núcleo como Docente contrato a tiempo Convencional y al folio treinta y dos (32) Copia Simple de un Carnet a nombre del referido ciudadano dichas documentales son valorada como documentos administrativos.

• Corre inserto al folio treinta y tres (33) Copia Simple de una Constancia suscrita por una ciudadana llamada Kattyuska Muskus por Gerencia Gestión Humana Palmichal dicha documental se desecha por no constar su autenticidad, ya que se trata de un documento privado emanado de un tercero que no fue ratificados mediante la prueba testimonial de conformidad con el artículo 431del Código de Procedimiento Civil.

• Corre inserto al folio treinta y cuatro (34) Copia Simple de constancia demanda del Consejo Nacional Electoral de fecha cinco (05) de agosto de 2008 de la cual se desprende que el ciudadano PADRINO MALPICA CARLOS ALEJANDRO, titular de la cédula de identidad Nro V- 7.085.587 fue seleccionado como MIEMBRO PRINCIPAL de la Junta Electoral del Municipio Valencia dicha documental es valorada como un documento administrativo sin embargo nada aporta al hecho controvertido y en consecuencia se desecha.

• Corre inserto a los folio sesenta y cuatro (64) sesenta y cinco (65) y sesenta y seis (66) del presente expediente Copia Simple de la Consulta de Vehículo por Serial de Carrocería realizada presuntamente a través de la página web dichas documentales no fueron ratificada a través de la prueba de informe por lo tanto se desecha por no constar su autenticidad.

• Corre inserto al folio sesenta y siete (67) reproducción fotográfica del parachoques de un carro evidenciándose una placa de dicha documentales la parte pomovente no hizo señalamiento alguno de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, así como la identificación de las personas y equipos con las que se realizaron por lo tanto se desecha.

• Corre inserto del folio sesenta y ocho (68) al folio setenta y cinco (75) copias simples de unas series de actuaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sud Delegación las Acacias con referencia a la Denuncia Común realizada por la ciudadana Díaz de PADRINO María Isabel, en fecha veintidós (22) de abril de 2010, tales documentales de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende en razón de que no fue válidamente impugnada por la parte contraria en la oportunidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio, de la cual se desprende que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano Carlos PADRINO y el vehículo mencionado se encuentra solicitado.

• Corre inserto al folio setenta y seis (76) consignada en copia simple de un acta de nacimiento tal documental de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1360 del Código Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio. De dicha documental se desprende que el demandante y la demandada son los padres del ciudadano RAMÓN JOSE nacido el 26 de julio de 1983, sin embargo dicha instrumental nada aporta al hecho controvertido, por lo tanto se desecha.

• Corre inserto del folio setenta y ocho (78) al folio setenta y nueve (78) Copia Simple de Partida de Nacimiento, siendo consignada en copia certificada que corre inserta al folio ciento cuarenta y tres (143) y ciento cuarenta y cuatro (144) tal documental de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1360 del Código Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio. De dicha documental se desprende que el demandante y es el padre de una niña nacida el 30 de enero de 2006 sin embargo dicha instrumental nada aporta al hecho controvertido, por lo tanto se desecha.

• Corre inserto del folio ciento doce (112) al folio ciento veintiocho (128) Copia Certificada de las actas procesales del Expediente Nro GH0A-X-2012-000045 llevada por ante el Tribunal de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Carabobo en el cual son partes los ciudadanos CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587y la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499 tales documentales de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende en razón de que no fue válidamente impugnada por la parte contraria en la oportunidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio, de la cual se desprende que el referido Tribunal decreta una Medida Cautelar autónoma de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 191 del Código Civil.

• Corre inserto del folio ciento veintinueve (129) al folio ciento treinta y ocho Copia Certificada de las actas procesales del Expediente Nro GP02-V-2010-09 llevada por el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Carabobo en el cual son partes los ciudadanos CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587 y la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499 tales documentales de carácter público prestan para esta instancia todo el valor probatorio que de su contenido se desprende en razón de que no fue válidamente impugnada por la parte contraria en la oportunidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se le confiere pleno valor probatorio, de la cual se desprende la remisión realizada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescente del Municipio Bolivariano del estado Carabobo referente al caso de la hija de ambos ciudadanos.

• Corre inserto del folio ciento cuarenta y uno (141) al folio ciento cuarenta y dos (142) Copia Certificada de un informe Psicológico realizado a la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499, por la Psicólogo Yelena Morales dicha documental se desecha por no constar su autenticidad, ya que se trata de un documento privado emanado de un tercero que no fue ratificados mediante la prueba testimonial de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aunado a que nada tiene ver con el hecho controvertido.

• Corre inserto al folio ciento ochenta y nueve (189) Prueba de Informe promovida por la parte demandante a fin que Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, diera cuenta de los particulares que se especificaron en el escrito de promoción. Dicho informe fue recibido por el Tribunal de la causa en fecha nueve (09) de enero de 2017 del cual se desprende que el Tribunal Disciplinario tuvo conocimiento de la denuncia indicando que dicho procedimiento concluyo por desistimiento de la denunciante homologado por auto por auto de fecha 12 de marzo de 2009, no concordando dicha fecha con la denuncia interpuesta por al ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499 en fecha veintidós (22) de abril de 2010, dicha instrumental nada aporta al hecho controvertido, por lo tanto se desecha

 • Corre inserto al folio ciento noventa y uno (191) Prueba de Informe promovida por la parte demandante a fin que el Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, diera cuenta de los particulares que se especificaron en el escrito de promoción. Dicho informe fue recibido por el Tribunal de la causa en fecha veintiséis (26) de enero de 2017 del cual se desprende que luego de la revisión exhaustiva del Sistema Juris 2000, se obtuvo que el ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587, no presenta ningún registro penal.

• Corre inserta al folio ciento cincuenta y siete (157) Declaraciones del testigo ciudadano MARIO RAMÓN MEJIAS ALVARADO, titular de la cédula de identidad Nro V- 16.634.508, promovido por la parte demandante de dicha declaración se desprende que conoce de vista trato y comunicación al ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587, desde hace aproximadamente un tiempo no menor de diez (10) años confirmando que el referido ciudadano tiene una notable trayectoria declarando que tenía conocimiento del procedimiento que se le seguía al referido ciudadano por apropiación indebida y según sus dichos mucha gente en el gremio sabían del referido hecho.

• Corre inserto al folio ciento cincuenta y nueve (159) testimonial del ciudadano GERSON MIGUEL VILLAMIZAR GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nro V- 8.096.481, promovido por la parte demandante de dicha declaración se desprende que conoce de vista trato y comunicación al ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587, confirmando que el referido ciudadano tiene una notable trayectoria declarando que tenía conocimiento del procedimiento que se le seguía al referido ciudadano por apropiación indebida, por cuanto era el Fiscal Superior del Ministerio Público del estado Sucre para el momento de la detención por parte de unos funcionarios policiales del ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, ya que el vehículo era requerido a través de SIPOL, indicando que según se comentaba el gremio de abogados que hacen vida en el palacio de justicia sabían del hecho comentarios.

• Corre inserto al folio ciento sesenta y siete (167) Declaraciones de la testigo ciudadana IGNIVIA CANTELMI DE AULENTI, titular de la cédula de identidad Nro V- 13.666.742, promovida por la parte demandante de dicha declaración se desprende que conoce de vista trato y comunicación al ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587, confirmando que el referido ciudadano tiene una notable trayectoria así como confirmando que tuvo conocimiento del procedimiento que se le seguía al referido ciudadano por apropiación indebida, declarando que escucho comentarios sobre los hechos que se le imputaba al ciudadano y tuvo conocimiento que era la esposa quien había realizado la denuncia.

En cuanto a las declaraciones aportadas por los ciudadanos supra identificados esta Alzada observa, que los hechos descritos son genéricos e incongruentes y no resultan suficientes por sí solos para declarar con certeza la existencia de un daño moral por la denuncia interpuesta por la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499 contra el ciudadano CARLOS ALEJANDRO PADRINO MALPICA, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.085.587, evidenciándose que dos de los testigos se trata de testigos referenciales, cuyos dichos no devienen de hechos que en la mayoría no presencio, evidenciándose de igual manera que las mayorías de las preguntas fueron realizadas de manera subjetivas es decir llevaban en si las respuestas incitando a la afirmación del declarante siendo en algunos casos preguntas impertinentes las cuales carecen de nexo con la causa por lo tanto No se le confiere valor probatorio. Por tal razón, en atención a las reglas de la libre convicción razonada, al no generar convencimiento en quien juzga, resulta imperativo desestimar los referidos testimonios. Así se analiza.

(…Omissis…)

De la sentencia parcialmente transcrita se desglosa que presentar una denuncia de carácter penal ante las autoridades respectivas no puede entenderse como la configuración per se de un ilícito civil que genere responsabilidad a cargo del denunciante.

Ahora bien, realizadas estas consideraciones observa esta Alzada que en el presente caso la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499 interpone denuncia común por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sud Delegación las Acacias en fecha veintidós (22) de abril de 2010 cual es del siguiente tenor:

(…Omissis…)

 Ahora bien, de la anterior denuncia común se desprende que la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, plenamente identificada en autos, manifiesta que desde hace un año no ha visto su carro y tiene entendido que para ese momento estaba en manos de un tercero por cuanto hay una solicitud de un duplicado de título de propiedad, y realiza la denuncia para resguardar los daños que pudiesen causar con el vehículo, porque es la propietaria del mismo en consecuencia coloca la referida denuncia contra el ciudadano CARLOS PADRINO, titular de la cedula de identidad V-7.085.587, por cuanto el mismo tenía, con su consentimiento, el referido vehículo, así las cosas, no considera esta alzada que la denuncia interpuesta haya sido hecha con represalia ni con mala fe, o con ánimo de causar daño o perjuicio, ni se evidencia que haya utilizado expresiones ofensivas, difamatorias o maliciosas al efecto ni que dicha actuación constituya un acto dirigido a perjudicar al actor, pues, de acuerdo a lo ut supra señalado, la parte demandada estaba en su legítimo derecho de denunciar al demandante, si consideraba que el mismo había incurrido en algún hecho presuntamente punible.

De tal modo, que es incorrecto y además sería exagerado sostener que por haberse intentado la denuncia a los fines de verificar si el automóvil estaba o no en manos de un tercero, ello constituya un acto contrario a la buena fe y, por ende, un ejercicio abusivo del derecho de denuncia hecho valer por la demandada.

Por lo tanto, el hecho que la demandada haya interpuesto su denuncia, no puede ser el fundamento para una declaratoria con lugar de la demanda, pues, resulta peligroso permitir que la denuncia realizada para determinar la comisión o no de un delito, exponga al denunciante a una condena por daño moral, por tal razón, tomando en cuenta los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra y con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al juez a interpretar las instituciones jurídicas tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el sistema social de derecho y que persiguen hacer efectiva la justicia, inevitablemente se debe declarar CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN ejercida por la abogada ODRIANA AVENDAÑO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 149.906 actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA ISABEL DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.590.499, SIN LUGAR la demanda por Daños Morales incoada por la parte demandante, y la consecuencia legal de dicha situación es REVOCAR la sentencia Definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha treinta y uno (31) de enero de 2019, conforme las determinaciones señaladas ut retro; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en la parte dispositiva de la presente sentencia, así finalmente lo determina éste operador superior del sistema de justicia. Así se decide…” (Negrilla de la Sala).

De la precedente transcripción, se evidencia claramente que el juez de alzada, muy contrario a lo denunciado por el recurrente, examinó y valoró las pruebas promovidas, las cuales analizó para concederles valor probatorio y otras para desecharlas. De esa manera se demuestra que el juez de la recurrida, una vez analizadas las pruebas determinó que es exagerado sostener que haber intentado una denuncia con el fin de verificar si el automóvil se encontraba o no en manos de un tercero, constituya un acto contrario a la buena fe, es decir, que se haya configurado un hecho ilícito que genere alguna responsabilidad al denunciante.

Precisado lo anterior, al evidenciarse que el juez fue exhaustivo al analizar el medio de convicción referido y plasmó los motivos que le permitieron desecharla permitiendo controlar la legalidad de fallo, es forzoso para esta Sala desestimar la presente denuncia. Así se decide.

CAPÍTULO II

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

Con fundamento el ordinal 2°, del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil.

Aduce el formalizante, que:

“…INFRACCIONES DE FONDO:

A tenor de lo dispuesto en el artículo 313, ordinal 2°, en lo que respecta al supuesto o se niegue la valora aplicación y vigencia de una disposición expresa de la ley, denuncio la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, que establece: los jueces están obligados analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido en el proceso, aun aquellas que a su juicio no fueran idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea criterio del juez respecto de ellas, y el articulo 508esjudem (sic) que expresa: para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinara si las deposiciones de estos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, estimara cuidadosamente los motivos de las declaraciones... denuncio la infracción del 509 del código de procedimiento civil (sic), si la incongruencia señala que El Aquem (sic) no analiza, cayendo en el vicio de inmotivación por falta de un pronunciamiento coherente ajustado al proceso. toda la decisión debe ser congruente tanto con los planteamientos de la acción, como con los de la contestación que la demandada hubiere dado, los instrumentos consignados como pruebas marcados con las letras A, B, D, E, todas las evidencias consignadas que se acompañó con el libelo de demanda conservan su valor probatorio: infracción del artículo 508 como se denunció en la infracción de forma, la sentenciadora sobre las declaraciones insertas en los folios 157,159 y 167 de los ciudadanos MARIO MON MEJIAS ALVARADO, del ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público GERSON GUEL VILLAMIZAR, la ciudadana IGNIVIA CANTELMI DE AULENTI pronunciándose que los hechos descritos son genéricos e incongruentes. No resultan para El Aquem (sic) la motivación suficiente que satisfaga la prueba de legalidad, los deponentes no trajeron nada que favoreciera a su promovente según El (sic) sentenciador, según su apreciación suficientes por si solo para declarar con certeza existencia del daño moral por la denuncia interpuesta por la ciudadana abogada Marie Isabel Díaz; A tenor del artículo 320 del código de procedimiento civil (sic) denuncio la infracción del artículo 508, como regla que valoriza el mérito de la prueba testifical expresa el articulo 508 Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y La (sic) confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás. Pero el Jurisdicente, la infringe y por ello no se ciñe a dicha regla, denuncio la infracción del artículo 1.185 del Código Civil, que señala: “El que, con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”, como regla general expresa que valora el mérito del petitorio. En cuanto la dispositiva del fallo El aquem (sic) no distinguió no valoro (sic) se convirtió en juez y parte del proceso. ¿Dónde quedó el principio de justicia? donde quedan mis derechos humanos. Infracción de parte del sentenciador del artículo 19 del Código de Procedimiento Civil El Juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio. Cual sea contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asimismo, el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia, será penado como culpable de denegación de justicia, en concordancia con el contenido del Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse à las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad…”

De la transcripción ut supra, se evidencia que el formalizante denuncia la infracción de los artículos 508 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la apreciación de la prueba de testigos, y el artículo 509 eiusdem, en cuanto a que el juez debe analizar todas cuantas pruebas se hayan producido en el juicio, pues, el mismo asevera que el juez de alzada no analizó los instrumentos consignados incurriendo en el vicio e inmotivación e incongruencia por falta de pronunciamiento coherente ajustado a derecho. 

En tal sentido, de la cita de los argumentos sostenidos por el formalizante se aprecia que el recurrente muestra la denuncia carente de la técnica adecuada para presentarla ante esta Sala de Casación Civil, pues, solo proyecta la existencia del vicio inmotivación e incongruencia, así como la valoración de las pruebas testimoniales de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues, -a decir del sentenciador de alzada-, tal pronunciamiento son genéricos e incongruentes y no satisface la prueba de legalidad.

Para decidir, se observa:

Lo antes dicho, pone de manifiesto que lo planteado en la denuncia por el formalizante, encuadra en la típica delación de suposición falsa, por el establecimiento de un hecho como indica el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que el testigo sea inhábil.

Así lo ha establecido de manera pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, al precisar los requisitos necesarios con los cuales debe cumplir el formalizante para una denuncia de este tipo, a saber: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, invocando al artículo 320 eiusdem; b) indicar cuál es el hecho positivo, particular y concreto falsamente establecido por el juez; c) especificar de cuál de las tres sub-hipótesis previstas en el artículo 320 ibídem se trata; d) señalar el acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) denunciar los preceptos o normas jurídicas que se utilizaron o dejaron de utilizar en la recurrida, como resultado del hecho falsamente supuesto; y f) explicar las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante en el dispositivo de la sentencia.

En el presente caso, el formalizante ha debido realizar su denuncia bajo suposición falsa o falso supuesto de hecho.

En el caso in comento, el formalizante no expresa con claridad en qué consiste su denuncia, sin embargo, se deduce, que lo que pretende denunciar es la suposición falsa del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por haber determinado que lo dicho por los testigos son hechos genéricos e incongruentes.      

Ahora bien, se hace necesario establecer el contenido del artículo 507 del Código Procedimiento Civil, que “…A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica…”.

Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que cuando se trata del análisis de la prueba libre, el juez debe ser meticuloso y debe procurar observar con libertad no sólo los señalamientos realizados por las partes, sino también cualquier otro que a bien tenga observar el juzgador conforme el principio de la sana critica contenido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso planteado, la alzada no le confirió valor probatorio a las deposiciones de los testigos en atención a las reglas de libre convicción y al no generarle convencimiento al juzgador, le resultó imperativo desestimar los referidos testimonios, todo ello, analizando y valorando las pruebas traídas al proceso, lo cual le da libertad de decidir según su libre arbitrio.

Por los razonamientos expuestos de declara improcedente la presente denuncia.

D E C I S I Ó N

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 4 de abril de 2023, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Se condena en costas del recurso de casación al demandante recurrente.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia. Particípese de dicha remisión al juzgado de origen ya mencionado, como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

 

______________________________

HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

 

Vice-presidente-Ponente,

 

 

_______________________________

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA

 

Magistrada,

 

 

________________________________

CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS

 

El Secretario,

 

 

___________________________________

PEDRO RAFAEL VENERO DABOIN

 

Exp. AA20-C-2023-000428

Nota: publicada en su fecha a las

El Secretario,

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