Sentencia N.º 00227
- Sentencia
- N.º 00227
- Fecha
- 19/03/2026
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2026-0132
- Ponente
- Emilio Ramos González
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Exp. Nro. 2026-0132
Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa en fecha 4 de febrero de 2026, el abogado JUAN BAUTISTA MIRABAL ASCANIO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 91.554, actuando en su propio nombre y representación, interpuso demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el oficio identificado con el alfanumérico TSJ/CJ/OFIC/2681-2025, de fecha 3 de diciembre de 2025, dictado por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, notificado al demandante el 26 de enero de 2026, mediante el cual se acordó “dejar sin efecto el ejercicio de sus funciones como Juez Provisorio del Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, cargo que venía desempeñando desde el 11 de octubre de 2024”. (Negrillas de la cita).
El 19 de febrero de 2026, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó ponente al Magistrado Suplente Emilio Ramos González, a los fines de decidir sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad y el amparo cautelar.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Máxima Instancia pasa a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:
I
DEL ACTO IMPUGNADO
El oficio emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 3 de diciembre de 2025, signado con el alfanumérico TSJ/CJ/OFIC/2681-2025, y dirigido al ciudadano Juan Bautista Mirabal Ascanio, indicó lo siguiente:
“(…)
TSJ/CJ/OFIC/2681-2025
Caracas, 3 de diciembre de 2025
215° y 166°
Ciudadano
JUAN BAUTISTA MIRABAL ASCANIO
C.I. V-5.406.987
Presente.-
Me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de notificarle que la Comisión Judicial de este máximo tribunal de la República, en reunión de fecha 3 de diciembre de 2025, acordó dejar sin efecto el ejercicio de sus funciones como Juez Provisorio del Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, cargo que venía desempeñando desde el 11 de octubre de 2024.
En ese sentido, se le indic[ó] que [esa] decisión agot[ó] la vía administrativa, conforme a los previsto en la Normativa Sobre el Ingreso, Permanencia y Egreso de las Juezas y los Jueces no Titulares en el Ejercicio de la Función Judicial; en consecuencia, contra la misma sólo podrá acudir a la sede jurisdiccional mediante la correspondiente demanda de nulidad, en el término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Participación que se hace a los fines legales consiguientes; sin más a que hacer referencia quedo de usted (…)”. (Mayúsculas y negrillas de la cita). (Corchetes de la Sala).
II
DE LA DEMANDA INTERPUESTA CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR
Mediante escrito presentado ante esta Sala el 4 de febrero de 2026, el accionante expuso los siguientes argumentos:
Manifestó, que su “(…) carrera profesional se ha cimentado en el servicio abnegado a las instituciones de justicia y seguridad de la República. Fu[e] formado en las filas de organismos de Seguridad Ciudadana, así como también ejerci[ó] con probidad las funciones de Fiscal del Ministerio Público. [Su] reciente desempeño como Juez Penal de Juicio en el estado Monagas y [su] labor docente en la UNES, son el testimonio de una vida dedicada al Derecho. Esta hoja de servicio intachable genera una presunción de idoneidad que la Administración no puede ignorar”. (Sic). (Corchetes de la Sala).
Señaló, que el “(…) 11 de octubre de 2024 fu[e] designado Juez del Tribunal 5º de Juicio de Monagas. El 26 de enero de 2026, fu[e] notificado de [su] remoción mediante el oficio impugnado”. (Sic). (Corchetes de la Sala).
Advirtió, que “(…) el mencionado oficio [TSJ/CJ/OFIC/2681-2025, de fecha 3 de diciembre de 2025, dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia] presenta discrepancias gráficas en su suscripción (genérica), lo cual, tras consulta técnica, genera dudas sobre la inmediación de la autoridad firmante, sugiriendo una emisión mecánica y masiva que vicia la voluntad del acto”. (Corchetes de la Sala).
Por otra parte, denunció “(…) Ausencia Absoluta de Motivación Articulo. 9 Ley Organica de Procedimientos Administrativos: El acto no expresa las razones de hecho ni de derecho para el cese de [sus] funciones”. (Sic). (Corchete de la Sala).
Agregó, que “(…) Contra la Tesis de la Libre Remoción: Siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela y la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, la condición de ‘Provisorio’ no otorga una carta blanca para la arbitrariedad. La discrecionalidad administrativa exige que la remoción esté justificada por causas técnicas o disciplinarias, las cuales son inexistentes en [su] caso”. (Sic). (Corchete de la Sala).
Finalmente, solicitó que “Se admita el recurso y se declare la NULIDAD ABSOLUTA del Oficio Nº 2681-2025. Se ordene [su] REINCORPORACIÓN inmediata y el pago de SALARIOS CAÍDOS indexados. Se decrete el AMPARO CAUTELAR de suspensión de efectos del acto para evitar daños irreparables a [su] carrera y a la administración de justicia”. (Sic). (Mayúsculas y negrillas de la cita). (Corchetes de la Sala).
III
COMPETENCIA DE LA SALA
A fin de pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente asunto, esta Sala observa que se ha ejercido una demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano Juan Bautista Mirabal Ascanio, ya identificado, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el oficio identificado con el alfanumérico TSJ/CJ/OFIC/2681-2025, de fecha 3 de diciembre de 2025, dictado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, notificado al demandante el 26 de enero de 2026, mediante el cual se acordó “dejar sin efecto el ejercicio de sus funciones como Juez Provisorio del Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, cargo que venía desempeñando desde el 11 de octubre de 2024”. (Negrillas de la cita).
Establecido lo anterior se advierte que, con la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), mediante la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por este Alto Tribunal y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000, cesó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en las funciones que correspondían al extinto Consejo de la Judicatura en sus Salas Plena y Administrativa, y se creó la Comisión Judicial, según lo dispuesto en su artículo 2, como órgano del Tribunal Supremo de Justicia, para ejercer por delegación las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y las demás competencias previstas en esa normativa.
En virtud de ello, este Máximo Tribunal le ha asignado a la Comisión Judicial la función de designar y remover jueces, pero siempre sujeta a la determinación de la Sala Plena. En efecto, esta Sala estableció que la Comisión Judicial es “(…) la representación abreviada de la totalidad de los miembros que componen el Tribunal Supremo de Justicia, al punto que se encuentra integrada por un Magistrado de cada una de las Salas (…)”; además, está legitimada “(…) para actuar por delegación en las tareas que le sean asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del amplio espectro que conlleva la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial (…)”, lo cual implica el ingreso y permanencia de los jueces. (Vid., sentencia de esta Sala número 01798 de fecha 19 de octubre de 2004, ratificada entre otras en decisiones números 0548 del 30 de abril de 2008 y 930 del 2 de agosto de 2018).
Conforme a lo expuesto, la Comisión Judicial es una dependencia administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por lo que debe atenderse a lo previsto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2022), cuyo contenido se transcribe a continuación:
“Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
(…omissis…)
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por la Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, las ministras o ministros del Poder Popular, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia”.
En los mismos términos el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone:
“Artículo 23.- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
(…)
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal (…)”. (Resaltado de la Sala).
Las normas parcialmente citadas atribuyen a esta Sala la competencia para conocer de las demandas de nulidad incoadas contra los actos administrativos emanados de la Presidenta o Presidente de la República, de la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, de las Ministras o Ministros, y de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional.
En este caso, en las líneas que anteceden se reseñó que se interpuso una demanda de nulidad contra una decisión de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que con fundamento en la norma parcialmente transcrita, corresponde a esta Sala la competencia para conocer de esta demanda, y por ende, la pretensión de amparo constitucional. Así se decide.
IV
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA EL TRÁMITE DEL AMPARO CAUTELAR
Como punto previo al pronunciamiento sobre la procedencia del amparo cautelar ejercido por el ciudadano Juan Bautista Mirabal Ascanio, se impone reiterar en esta oportunidad algunas consideraciones en torno al procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de amparo formuladas conjuntamente con la demanda de nulidad, y en tal sentido es de destacar que mediante sentencias números 1.050 y 1.060 del 3 de agosto de 2011 (ratificadas, entre otras, en decisiones números 1.454, 327 y 411 de fechas 3 de noviembre de 2011, 18 de abril de 2012 y 24 de abril de 2013, respectivamente), esta Sala Político-Administrativa estimó que el trámite de las solicitudes cautelares en los procedimientos de naturaleza contencioso-administrativa (con excepción de aquellas dictadas dentro del procedimiento breve) previsto en los artículos 103 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, “no resulta el más idóneo para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva (…) tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad, contempladas en el artículo 26 [de la Constitución] para el restablecimiento, de forma inmediata, de la situación jurídica infringida”. (Agregado de la Sala).
De esa forma, se advirtió que al estar vinculado dicho amparo a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, debe examinarse y decidirse de manera expedita (sin dilaciones indebidas), con el objeto de restablecer la situación jurídica que hubiere sido lesionada, conforme al principio de tutela judicial efectiva.
Por tal motivo, esta Sala consideró necesario aplicar nuevamente el criterio por ella sostenido en la sentencia número 402 del 20 de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, respecto al procedimiento que debía seguirse en los casos en que se solicitara un amparo constitucional conjuntamente con la interposición de un recurso contencioso administrativo de nulidad.
Así, se reiteró en los aludidos fallos números 1.050 y 1.060, con base en la indicada sentencia número 402, que: “(i) cuando se interpusiere un recurso de nulidad” conjuntamente con una acción de amparo, este órgano jurisdiccional deberá pronunciarse provisionalmente sobre la admisibilidad de la acción principal con prescindencia del análisis de la causal atinente a la caducidad del recurso ejercido, debiendo resolver de forma inmediata la pretensión de amparo cautelar formulada; y, (ii) en el supuesto de declararse improcedente el amparo cautelar solicitado, se remitirá el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin que emita el pronunciamiento correspondiente a la caducidad como causal de inadmisibilidad del recurso principal. (Vid. sentencia de esta Sala número 2 del 16 de enero de 2013).
V
ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda incoada. A tal efecto deberán examinarse las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con excepción de la caducidad de la acción que será analizada al momento de la admisión definitiva que realice el Juzgado de Sustanciación.
Aprecia la Sala que en el presente caso no se verifica alguna de las restantes causales de inadmisibilidad establecidas en el mencionado artículo, cuáles son: 1) no se han acumulado acciones excluyentes; 2) se ha acompañado la documentación necesaria a los fines de la admisión de la acción; 3) no existe evidencia de infracción a la cosa juzgada; 4) no se aprecian en el escrito recursivo conceptos irrespetuosos, ni contradicción con el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.
En consecuencia, al no incurrir la solicitud bajo análisis en alguna de las referidas causales de inadmisibilidad, se admite provisionalmente la presente demanda de nulidad cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
VI
DE LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la medida cautelar de amparo constitucional requerida por la parte demandante, y a tal efecto debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante.
En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Ver sentencia de esta Sala número 062 de fecha 2 de febrero de 2012).
Establecido lo anterior, pasa esta Sala a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse un acto administrativo que eventualmente resulte anulado, pudiendo constituir un atentado al derecho a la tutela judicial efectiva.
En tal sentido, se observa que en el presente caso, la parte accionante no invocó y, menos aún, desarrolló los elementos esenciales para el análisis del amparo cautelar, únicamente se limitó a solicitar la medida cautelar de amparo, alegando un simple perjuicio a fin de “(…) evitar daños irreparables a [su] carrera y a la administración de justicia”, es decir, no argumentó ni acreditó hechos concretos de los cuales nazca la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales, sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho.
Lo expuesto conlleva inexorablemente a declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado, por cuanto la parte actora no fundamentó el mismo y la Sala no puede suplirse en dicha actividad argumentativa y probatoria. Así se decide.
Finalmente, resulta menester para esta Máxima Instancia precisar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció la preponderancia de la ciencia, la tecnología, y los servicios de información como elementos de interés público, destacando el deber del Poder Público y concretamente de los órganos jurisdiccionales de valerse de los avances tecnológicos para su optimización, procediendo en consecuencia a dictar la Resolución número 2021-0011 de fecha 9 de junio de 2021, contentiva de las normas generales que regularán la suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica relacionadas con los procesos seguidos ante esta Sala Político-Administrativa.
En consecuencia, visto que los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 3 de la Resolución en comento, consagran la posibilidad de practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, este Máximo Tribunal con miras a procurar la mejora continua del servicio de administración de justicia, ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos; en el entendido de que la falta de indicación en autos de algunos de los elementos digitales previamente señalados, dará lugar a que se practique la notificación conforme a lo establecido en el artículo 5 de la aludida Resolución y en las leyes. Así se decide.
VII
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesta por el abogado JUAN BAUTISTA MIRABAL ASCANIO, ya identificado, actuando en su propio nombre y representación, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el oficio identificado con el alfanumérico TSJ/CJ/OFIC/2681-2025, de fecha 3 de diciembre de 2025, dictado por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, notificado al demandante el 26 de enero de 2026, mediante el cual se acordó “dejar sin efecto el ejercicio de sus funciones como Juez Provisorio del Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, cargo que venía desempeñando desde el 11 de octubre de 2024”. (Negrillas de la cita).
2.- ADMITE provisionalmente la demanda de nulidad incoada.
3.- IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar propuesta.
Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a los fines de que verifique la caducidad de la acción.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026). Años 215º de la Independencia y 167º de la Federación.
El Presidente, MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ |
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| El Vicepresidente, JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES |
El Magistrado Suplente – Ponente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ |
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| La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA |
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| En fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00227, la cual no está firmada por el Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, por motivos justificados. |
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| La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA |
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