Sentencia N.º 0118
- Sentencia
- N.º 0118
- Fecha
- 09/02/2018
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 16-0852
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo Constitucional
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2016, en esta Sala Constitucional, el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.614, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, titular de la Cédula de Identidad N° 5.739.289, intentó acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar, contra la sentencia dictada el 13 de abril de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y con lugar la acción merodeclarativa de propiedad y cumplimiento de contrato interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, revocando así la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial, el 11 de abril de 2013, que había declarado parcialmente con lugar la demanda.
El 25 de agosto de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
El 26 de septiembre de 2016, el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, diligenció en el expediente para consignar recaudos y solicitar que se requiera del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el expediente identificado con el N° 6935 (nomenclatura del referido Tribunal).
El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Señala el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, como fundamento de la acción de amparo constitucional ejercida, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que, en fecha 28 de julio de 2010, el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira admitió la demanda Merodeclarativa presentada por la ciudadana xiomara contreras duran, venezolana, mayor de edad, divorciada, con Cédula de identidad № v-5.030.010, domiciliada en San Cristóbal, Estado Táchira, contra la ciudadana mary gonzález huérfano, ya antes identificada, con el objeto, según la demandante, se declare su derecho de propiedad y se obligue a través de la sentencia que así lo exprese a que la demandada le haga entrega del bien que adquirió (mi apartamento) a través de contrato de compra-venta.
Que, el Libelo de demanda en su parte in fine de LA PRETENCIÓN (sic) señala: Es por todas las razones antes expuestas que acudo a este órgano jurisdiccional para que en ejercicio de la acción Mero Declarativa, prevista en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, se declare mi derecho de propiedad y se obligue a través de la sentencia que así lo exprese a que la demandada MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO me haga entrega del bien que adquirí a través de contrato de compra-venta. Es decir, que la demandada pide al Tribunal en su demanda Merodeclarativa dos (2) cosas: 1) Que el Tribunal le declare su derecho de propiedad; y 2)Que el Tribunal obligue, a través de la Sentencia Merodeclarativa, a la demandada Mary González Huérfano a que le haga entrega del susodicho bien.
Que, es tal como consta en los folios 1 al 2 del Legajo de copias certificadas signado "D", el Expediente Original № 6935 se extravió y en fecha 16/11/2010 fue ordenado reconstruirlo; y al final del ACTA № 4 (vuelto folio 2), el Tribunal dijo: Una vez reconstruido el mismo se notificará a las partes. Esto nunca lo hizo el Tribunal, razón por la cual no hubo lapso probatorio, amén de que el Tribunal violó el artículo 14 del C.P.C., ya que no fijó el término de reanudación de la causa y tampoco notificó a las partes al respecto. Esto fue alegado por la demandada, mi representada en los Fundamentos de la Apelación y los INFORMES los cuales se los signo "G" y fue una de las razones por las cuales solicito la reposición de la causa. (Ver en Legajo "D" punto 9) de Fundamentación de la Apelación de la demandada ( f. 253/256 Exp. 6935). Según el Libro de Diario la última actuación en ese Expediente fue el 28/10/2010.
Que, en fecha 02/11/2010, la demandada MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO Contestó la demanda, tal como consta en el Expediente al folio 13, para ésta fecha ya se había extraviado el Expediente por lo cual no pudo la demandada tachar el documento de la venta del Apartamento si estaba en copia certificada u original y tampoco lo pudo impugnar si es que estaba en copia simple. Lo más probable es que la demandada no lo haya consignado porque en el Libro de Diario no aparece que la demanda haya traído recaudos, por lo cual es de suponer que no los tenía tampoco. Ciudadanos Magistrados, debo aclarar que el Juez de la causa le ordenó a la demandante y a su apoderado que consignaran al Tribunal copia del documento de compra-venta, cosa que nunca cumplieron (documento fundamental de la demanda) por lo cual los Tribunales de Primera Instancia y Superior debieron sentenciar "Sin Lugar" la demanda por falta de documento fundamental de la demanda a tenor de lo dispuesto en el Art. 434 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C)( ).
Que si existe una copia en el Expediente del documento de venta del inmueble objeto de la demanda fue porque yo, al intentar LA TERCERÍA de dominio la consigné, pero el Juez ad quem y la Juez A-quo no podían utilizar al respecto la comunidad de la prueba porque al quedar definitivamente firme la INADMISIBILIDAD DE LA TERCERÍA decretada por ambos jueces, esos documentos quedaron invalidados. Creo que en este aspecto tampoco actuaron imparcialmente tal como lo ordena nuestra Constitución en su Art. 26 (único aparte), (ver esta copia certificada del documento de venta del inmueble en Legajo "D" consignado, el cual corre a los folios 64/71 y Libelo de TERCERÍA DE DOMINIO el cual corre a los folios 38/45 en donde consta que yo consigné la copia de ese documento de venta de mi apartamento, cuyo poder general fue anulado por el Tribunal Primero de Primera instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Táchira ( ).
Que, en el Escrito de Contestación a la Demanda el cual corre en el Exp., de la causa al folio 13 y el cual se los consigno en el Legajo "D" la demandada dice: Primeramente opongo como defensa de fondo, de acuerdo con el Artículo 361 del CP.C, la cuestión previa del ordinal 11 del Articulo 346 Ibídem: La prohibición de la Lev de admitir la acción propuesta, porque la actora no tiene interés jurídico actual para proponer esta acción merodeclarativa. Y en su parte in fine dice: Solicito al Tribunal citar como tercero en esta causa al Licenciado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS AVILA, venezolano , por ser el legitimo dueño de ese apartamento ya descrito y deslindado en el Libelo de demanda objeto de este litigio ( ) a pesar de que tanto en el Libelo de la demanda como en el documento de venta constaba que supuestamente yo había otorgado un poder a la demandada para que lo vendiera, el Juez de la causa se negó a citarme, habiendo dicho él mismo por medio de Auto de admisión de la Tercería Adhesiva, que yo tenía interés, que estaba probado que yo tenía interés en este asunto para permitirme que actuara como Tercero Adhesivo. Este fue otro de los fundamentos de la apelación por parte de la demandada para solicitar al Tribunal Superior que ordenara la reposición de la causa, por causa de indefensión (por violación al debido proceso). Por ello también estoy solicitándoles la Nulidad de la Sentencia accionada.
Que, en fecha 24/05/2011 el Tribunal le envía Oficio № 5790 al Registrador Subalterno del 2do Circuito del Municipio San Cristóbal solicitándole de oficio, ya que las partes no se lo pidieron, solicitándole COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE VENTA DEL APARTAMENTO OBJETO DE LA DEMANDA (Folio 26 del Exp., y copia certificada en el Legajo "D") y el Registrador le envía la copia simple solicitada en Oficio № 1058 de fecha 01/11/2011. Ver dicha copia certificada en Legajo "D", folio 130 Exp.6035. Le consigno en copia simple el documento enviado por el Registrador y lo signo "E". Como pueden Ustedes apreciar se trata de la copia simple de mi documento de propiedad con la nota marginal de la susodicha venta. En fecha 11 de abril de 2012 en Tribunal Ad quem Sentencia la causa y declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR dicha demanda, y como consecuencia de ello DECLARA que la ciudadana XIOMARA CONTRERAS DURAN, es la única y legitima propietaria de mi apartamento, ubicado y deslindado conforme al documento de venta que yo consigné con el Libelo de Tercería de dominio, ya señalado; SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR el pedimento de la entrega del inmueble adquirido y declarado como propiedad de la demandante XIOMARA CONTRERAS DURAN; Y TERCERO: No hay imposición a costas procesales a la parte demandada por no haber vencimiento total. Consigno en Legajo "D" esta Sentencia, la cual corre a los folios 215/229 del Expediente № 6935. Es importante destacar que el Ad quem no me condena en costas en mi carácter de tercero adhesivo, lo que si hace la A quo.
De seguidas, denuncia que la sentencia está viciada de incongruencia, pues el tribunal admite la demanda y la tramita por el Juicio Breve, cuando lo debió hacer por el Juicio Ordinario, causándole con ello daño a la demandada ya que los lapsos probatorios son diferentes, y además en el juicio breve no hay otras incidencias que las allí señaladas, es decir, que tácitamente prohíbe por ejemplo la tacha de documentos o experticias que son procedimientos muy largos. La demandada solicita en su CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: opongo como defensa de fondo, de acuerdo con el Artículo 361 del C.P.C., la cuestión previa del ordinal 11 del Articulo 346 Ibídem: La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, porque la actora no tiene interés actual.
Que, sobre el interés actual el Ad quem en su Sentencia en el Análisis de las PRUEBAS DE LA DEMANDADA, folio 227 el Expediente 6935, traslada un párrafo de la obra de Ricardo Henríquez La Roche, quien dice: ( ). Este concepto sobre las Merodeclarativas de Henríquez La Roche citado por el Ad quem hubiese bastado para declarar inadmisible esa demanda, ya que la demandante no alegó ni probó que tuviese un fundado temor ante la amenaza seria de ser violado su derecho de propiedad, cuyo documento fue protocolizado por ante el Registro Subalterno Inmobiliario, el cual es erga omnes, contra todo el mundo, a menos que sea declarado nulo por un Tribunal competente. Creo que ella estaba buscando materializar una cosa juzgada para oponérmela cuando yo demandara la nulidad de ese contrato de compra-venta debido a que el poder general con el cual se efectúa la venta me fue falsificada mi firma y que en ello estuvo involucrada la demandante junto con una hija abogado. (Ver Sentencia de Anulación de ese Poder en Legajo "D" consignado).
Que, sobre la Cuestión Previa opuesta por la demandada: La Prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, el propio artículo 16 del C.P.C., prohíbe admitir la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. Sobre este tema hay innumerables sentencias de nuestros Tribunales ordinarios y de la propia Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia que coinciden con esta doctrina, por lo cual el Juez Ad quem debió por economía procesal No Admitir esa demanda, en base al Artículo 341 del C.P.C.- sin embargo el Juez de la causa en cuanto a la Resolución de la Cuestión Previa dice al folio 222 del Exp.: (a) cuando la ley prohíbe admitir la acción propuesta y (b) cuando la ley (no) permite admitir la acción propuesta solo por determinadas causales....Igualmente la Sala Constitucional en sentencia № 776 del 18 de mayo del 2001, ha señalado, que además de las dos causales del ordinal que nos ocupa, resulta inadmisible el derecho de acción ejercido: a) cuando no existe interés procesal ". Y está demostrado que la demandada no alegó ni probó ese interés actual, como ya fue explicado y consta en autos que la demanda solicitó en su Libelo que el Tribunal mediante sentencia ordenara a la demandada entregar el inmueble objeto de la demanda, cosa prohibida por el mismo artículo 16 del C.P.C.
Que, no fueron ni siquiera nombradas y menos aun valoradas las pruebas consignadas por el Tercero Adhesivo por el Ad quem en su Sentencia Definitiva, esta fue una de las razones por la cual la demandada apeló de dicha Sentencia. ( ).
Que, dice la Sentencia Definitiva del Ad quem: Al folio 64, riela copia simple de documento protocolizado Esta documental no fue objeto de impugnación en el recurrir de la Litis, en consecuencia se valora como documento Público demostrativo del negocio jurídico por el que la demandante adquiere el inmueble. Ese documento no lo consignó la demandante ni su defensor sino, como antes explique, lo consigné yo con el Libelo de Tercería de dominio, la cual fue declarada INADMISIBLE por lo cual ese documento debe considerarse inexistente. Pero suponiendo que fuera válido, no tendría ningún valor, de acuerdo con el aparte 1 del Artículo 429 del C.P.C., el cual dice: ( ) Esta es otra de las razones por la cual la Jueza A quo no debió declarar con lugar esa demanda.
Que el Juez Ad quem en el ANÁLISIS PROBATORIO- PRUEBAS DE LA DEMANDADA (sic) lo siguiente: No consta en autos pruebas de la parte demandada a enervar la pretensión de la accionante. Se le olvidó al Juez que la carga de la prueba en las acciones merodeclarativas la tiene el actor, no la parte demandada, diferente hubiese sido si hubiese utilizado otra acción diferente, como por ejemplo, la acción de cumplimiento de contrato, la entrega material contenciosa o la acción reivindicatoria ( ) Al folio 226 del Expediente(ver Legajo D) el ad quem dice: Observa igualmente quien juzga, que ese criterio ha sido diuturno en nuestra Casación Civil, tomando en cuenta que la Acción Mero Declarativa de Certeza se ha sustentado que la misma se intente para traer al proceso únicamente a la parte que ha producido el estado de incertidumbre del derecho, pues sería de esa manera como el fallo habría de producir la cosa juzgada que se busca( ). Esto reafirma mi criterio de que debió demandarme a mi ya que la demandada actuó supuestamente en representación mía, no por sus propios derechos, puesto que ella no era la dueña del inmueble que le vendió. Razón más para que el Ad quem declarara inadmisible esa demanda, por falta de interés actual de la demandante. Me pregunto ¿Cuál incertidumbre del derecho podría tener la accionante si el bien fue vendido a través del Registro Público y fue protocolizado? Es decir, lo dije antes, esa venta tenía efecto erga omnes, por lo cual la acción Mero declarativa era inoficiosa, razón por la cual el Juez Ad quem la debió declarar inadmisible en razón de la celeridad procesal. Esta fue la principal razón por la cual la demandada ejerció el recurso de apelación ( ).
Que, es importante resaltarle este Auto mediante el cual el Juez Ad quem certifica que mi apelación efectuada por mis propios derechos y como tercero adhesivo fué extemporánea, razón por la cual es inaudito que la Juez A quo y con abuso de poder me haya condenando en costas, la cual es una de las razones por las cuales estoy interponiendo esta acción de amparo constitucional contra su Sentencia ( ) .
Que, al no oírseme la apelación, como tercero adhesivo, mi trabajo ha terminado y decido defender a la demandada, la cual me otorga poder apud acta. Esta es la razón por la cual en su decisión, PARTE segundo: DECLARA SIN lugar las apelaciones interpuestas por la parte demandada.....y por el tercero adhesivo, y se me condena en costas en su Sentencia parte SEXTO: "De conformidad con el artículo 274 del Código....condena en costas a la parte demandante. Igualmente se condena en costas al litisconsorte adhesivo coadyuvante de la demandada a tenor de le dispuesto en les artículos 274,278 y 381 del Código de Procedimiento Civil" ( ).
Que, esta es otra de las razones por las cuales, en nombre propio y por mis propios derechos estoy interponiendo ésta acción de amparo constitucional, por abuso de derecho de la Jueza A-quo, ya que mi apelación fue extemporánea, razón por la cual el Ad quem no me la oyó. Al folio 3 de la Sentencia y 299 del Exped., (sic) la A-quo dice: De igual manera, instó a las partes relacionadas con el mismo, a que presentaran copias conducentes.... a los fines de solicitar la expedición de las mismas con carácter fidedigno. Una vez reconstruido el expediente, se notificaría a las partes. No consta en el Expediente que la parte actora o su apoderado judicial consignaran ninguna copia ni del Libelo ni del contrato de compra-venta del Inmueble objeto de la demanda (ver Auto del Tribunal del 26/04/2011, F.20 Exp., consignado Legajo "g").
Que, igualmente nunca el Tribunal notificó a las partes sobre haberse reconstruido el expediente, razones por las cuales también estoy recurriendo a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con esta demandada al no oír su apelación al respecto y dándole valor probatorio al documento de compraventa el cual no fue consignado por la parte actora ni por su defensor sino consignado por mí con la demanda de Tercería de dominio la cual es declarada INADMISIBLE, con lo cual todos los documentos que consigne con ella quedaron anulados y como tercero adhesivo señale que dichos documentos se encontraban ya en el expediente; pero debo recordar que cuando el ad quem me admitió la tercería adhesiva señaló que ya había transcurrido el termino probatorio por lo cual esas copias simples no podían ser valoradas como documentos públicos, ya que el tiempo para impugnarlas había transcurrido.
Que, tal como lo expresé y probé antes; yo, como tercero adhesivo no apelé de la sentencia definitiva, sin embargo por error judicial cometido por la A- quo, ella analiza mi intervención en la causa como tercero adhesivo y al folio 12 de la Sentencia, folio 302 del Exp.
Que, Si la A-quo hubiese valorado positivamente la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira que declaró NULO el poder general utilizado para vender mi apartamento, no me hubiese considerado litisconsorte en esta causa. Esa Sentencia está definitivamente firme, yo se las opuse a la demandante con el objeto de probar lo que la demandada alegó en su contestación a la demanda en el sentido de que yo era el legitimo dueño del apartamento, razón por la cual solicitó al Tribunal que me citaran como tercero, cosa que el Tribunal negó a pesar de las pruebas que existían en autos de que yo era parte interesada en ese litigio.
Que, sobre el PUNTO PREVIO ll- DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA POR LA PARTE DEMANDADA, La A-quo al folio 18 y ss, folios 314 y ss, dice: Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente reconstruido, se aprecia lo siguiente: La demanda que dio origen a la presente causa fue interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán en ejercicio de la acción merodeclarativa .... contra la ciudadana Mary González Huérfano, con el objeto de que se declarara el derecho de propiedad de la actora sobre el bien inmueble objeto de litigio y se obligara a la demandada a hacerle entrega a la demandante del mismo ...Cabe destacar... que la parte demandada al dar contestación a la demanda tuvo la oportunidad de tachar de falso el instrumento fundamental de la demanda en que la actora sustenta su pretensión omissis. Debo recordar al respecto que ese documento que señala la A- quo no se encontraba en el Expediente reconstruido para el momento de la Contestación a la Demanda, tal como lo expresé antes. La última actuación en el Expediente extraviado fue el 28 de octubre de 2010 y la Contestación de la demanda fue el 02 de noviembre de 2010; y el documento a que hace referencia la A-quo lo consigné yo con el Libelo de Tercería de Dominio en fecha 31 de octubre de 2011 tal como se evidencia en copia certificada del Libelo de Tercería de dominio, Legajo "D". Pero esa Sentencia de Nulidad está definitivamente firme y es un documento publico erga omnes porque la actora no pidió su invalidación por no haber sido citada en ese Litigio pues esa Sentencia tiene fecha del 26 de julio de 2011, o sea que cuando ella se enteró de esa sentencia aun tenía tiempo para interponer su invalidación, o solicitar una experticia al poder para tratar de probar si la presunta firma era autentica o falsificada, y no lo pidieron porque la actora sabía que mi firma fue falsificada, ya que ella estuvo junto con su hija que es abogada involucrada en ese fraude ( ) .
Que, no es verdad que la demandada no alegó que la nulidad del poder y que ello constituye un hecho nuevo, hay que recordar que la demandada contestó la demanda diciendo solamente que: "niego, rechazo v contradigo la presente demanda... y además señaló que yo era el legitimo dueño de ese apartamento.", con lo cual tenía todo el derecho a probar que el poder con el cual se realizó la venta fue anulado por un Tribunal (esta sentencia tiene efectos ex tune); y como la Sentencia, no había salido para esa fecha de la contestación que fue el 2/11/2010 y la Sentencia de anulación del poder fue el 26/11/2011, fue que yo presenté al momento de interponer el libelo de tercero adhesivo. La Juez, al desechar el alegado silencio de pruebas y tampoco valorar los otros documentos consignados por mí como tercero adhesivo violó el derecho a la defensa de mi representada, es decir violó el debido proceso, razón por la cual también estoy interponiendo esta acción de amparo constitucional, y así lo solicito( ).
Que, al analizar la A-quo en su PUNTO PREVIO III: DE LA PROHIBICIÓN DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA ALEGADA, al folio 22 de su sentencia (f: 318 y ss del Exp.) dice: La parte demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda opuso la cuestión previa relativa a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta alegando que la actora no tiene interés jurídico actual para proponer la acción merodeclarativa ( ) y continúa la Jueza A-quo, para justificar el hecho de no admitir la defensa alegada por mi representada: "La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, decide cambiar tal ficción de la actora, diciendo: De los hechos alegados por la parte actora, resulta claro que la pretensión deducida se corresponde con una acción de cumplimiento de contrato, lo cual fue erróneamente calificada por la parte demandante como una acción merodeclarativa, por lo que esta juzgadora considera procedente aplicar el principio iura novit curia. Es decir, que la Jueza accionada deroga con esta Sentencia, la última parte del Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil: "No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente", para que cuando alguien demande por una acción merodeclarativa el juez no pueda inadmitir la acción sino que la califica diferente y aplica en su lugar el principio iura novit curia. Esto, lo considero, con el debido respeto una aberración jurídica, es decir, nuevamente la Jueza A-quo al aplicar en este caso el principio iura novit curia violó nuevamente a mi representada, la demandada, el debido proceso, es decir, su derecho constitucional a la defensa, y así lo solicito. Y con esta decisión desechó el pedido de mi representada en su Contestación a la demanda cuando opuso la Cuestión Previa referida a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta ( ).
Que, seguidamente la A-quo pasa a resolver el fondo de la materia controvertida, para cuya solución pasa al examen de las pruebas existentes en autos bajo el principio de comunidad de la prueba: diciendo al folio 23 in fine (folio 19 y ss del Expediente) lo siguiente: A los folios 64 al 72 de la primera pieza corre en copia simple documento protocolizado... en el cual fundamenta la actora su pretensión. Dicho documento no fue impugnado ni tachado de falso, por lo que se valora como documento público.
Que, esa decisión de la A-quo constituye un abuso de poder. Este documento copia simple) como lo dije antes, lo consigné yo anexo al Libelo de Tercería de dominio, la cual fue declarada INADMISIBLE por el Tribunal correspondiente, tal como lo señala la propia A- quo en esta Sentencia; y por ende hay que deducir que los documentos que consigné, incluyendo éste quedaron anulados, por lo cual mal pudo la Jueza accionada utilizarlo bajo el principio de comunidad de la prueba para favorecer a la actora demandante. Es decir, la Jueza accionada violó el artículo 26 de la Constitución el cual garantiza la independencia de la justicia, es decir, la Tutela Judicial Efectiva; y viola igualmente el debido proceso. Articulo 49 ordinal 1 el cual estipula: 1° "Serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso".
Que, es importante resaltar y aclarar que la Jueza A-quo accionada analizó pero no decidió nada respecto a la primera decisión del Ad quem, es decir, sobre la solicitud de la demandante, la cual el Ad quem, cuando dijo que la ciudadana XIOMARA CONTRERAS DURAN, es la única y legitima propietaria del bien inmueble objeto de la demanda, declaró PARCIALMENTE CON LUGAR; y en su decisión la Jueza A quo REVOCA el fallo apelado lesionando a la actora, quien no había apelado de esa parte de la sentencia del ad quem. Debido a ello debió declarar su Decisión PARCIALMENTE CON LUGAR Y NO CONDENAR EN COSTAS NI A LA DEMANDADA, MI REPRESENTADA NI A MI COMO LITISCONSORTE, es decir, que aplicó el reformatio in peius. Esta es la principal razón por la cual les estoy solicitando un Amparo Constitucional contra esa Decisión, y así lo solicito; es decir, Al revocar la A-quo la decisión de la apelación revocó también la parte de la Sentencia del Ad quem que beneficiaba a la demandante, por lo cual, debió declarar la Sentencia parcialmente con lugar y no con lugar como lo hizo, desmejorando a la demandada y a mí como litisconsorte al ser condenados en costas procesales, violando con ello el artículo el artículo 274 del C.P.C., ya que la demandada no fue vencida totalmente.
Que, igualmente la Jueza A- quo viola el principio conocido como reformatio in peius, el principio tamtum devolutum quantum apellatum, es decir, la prohibición que tiene el Juez Superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado el recurso de su contrincante, viola la tutela judicial efectiva y el debido proceso (artículos 26 y 49 numeral 1 Constitucional). Al decidir sobre lo no apelado por mi representada, la demandada; es decir, al decidir sobre la segunda parte de lo solicitado por la actora y al cambiar la acción merodeclarativa aplicando el iuris novit curia, porque mi representada apeló de la parte de la sentencia del ad-quem que declaró que la actora Xiomara Contreras Durán es la única y legitima propietaria del inmueble objeto de la demanda; y la A quo declaró con lugar lo que no había sido originalmente demandado; y declarando sin lugar, es decir, revocando toda la decisión del ad quem.
Que, asimismo la Jueza A-quo, violó el susodicho principio reformatio in peius, al condenar en costas a la demandada y condenarme a costas en mi condición de tercero adhesivo ya que yo no apelé (apelación extemporánea) tal como lo expliqué en el cuerpo de este escrito de acción de amparo, por lo cual me violó el derecho a la defensa, es decir, violó el debido proceso. (Articulo 459 numeral 1 Constitucional).
Al mismo tiempo, el accionante en un capítulo de su escrito contentivo de la acción de amparo, denominado CONCLUSIONES, aduce textualmente lo siguiente:
CONCLUSIONES:
1.- La Jueza A-quo en su Decisión cambia la acción de la demandante (acción merodeclarativa), aplicando para ayudar a la demandante, el principio iura novit curia, por la acción de cumplimiento de contrato.
2.- Analiza, pero no decide nada, sobre la primera solicitud de la demandante: "que el Tribunal, por medio de la acción merodeclarativa, se declare su derecho de propiedad, el cual le fue concedido por el Ad quem.
3. En vez de declarar parcialmente con lugar la decisión pues la actora no apeló de toda la decisión del Ad quem, La A quo revoca toda la Decisión del Juez de la causa.
4. Declara CON LUGAR la demanda.
5. Condena en costas tanto a demandada como al tercero adhesivo.
6. Con esa decisión viola la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, tanto de la demandada como del tercero adhesivo, y además viola igualmente el artículo 2, de la Carta Magna.
7. La A-quo viola el principio reformatio in peius al eliminar la primera parte de la petición de la actora y primera parte de la Sentencia del Ad quem, al revocar toda la Decisión apelada, desmejorando con su Decisión a la demandada apelante y a la propia actora ya que decidió lo no apelado por ella; y también al condenar en costas procesales al tercero adhesivo, quien no era apelante, todo lo cual hace a esta Sentencia de la A-quo nula.
8. Por todo lo expuesto podría considerarse que la Sentencia accionada contiene ultrapetita o extrapetita, por lo cual debe considerarse Nula.
7.(sic) La A-quo, por las razones de hecho y derecho expuestas, debió declarar INADMISIBLE la demanda, de acuerdo con el Artículo 341 del Código Procesal Civil, por celeridad procesal, y condenar en costas procesales a la actora; y así lo solicito; y como mal menor, debió declarar la demanda sin lugar, debido a que no hubo plena prueba (La Jueza A-qüo utilizó para probar la demanda la copia simple de un documento privado valorándolo como documento público), aplicando los artículos 254 y 12 del Código de procedimiento Civil.
Finalmente, el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila en el capítulo denominado PETITORIO del mencionado escrito, indica textualmente lo siguiente:
CAPITULO V
PETITORIO
Se puede concluir por todo lo expuesto en cuanto a los hechos y al derecho, que la A-quo, violó con ésta SENTENCIA RECURRIDA no solo la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO, sino que además al actuar fuera de su competencia, violó principios y garantías de la Carta Magna que estatuye que Venezuela es un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que el debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales, que el Estado garantiza una justicia imparcial y trasparente y que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso y que el proceso constituye un instrumento la Jueza abuso de poder, me creo con el derecho de solicitar del Estado Venezolano el restablecimiento de la lesión jurídica lesionada a mi representada y a mí personalmente, por haber actuado la A-quo fuera de su competencia, anulando la Sentencia recurrida y ordenando sentenciar de nuevo de acuerdo con la doctrina que adopte al respecto esta honorable Sala Constitucional del T.S.J. Ciudadanos Magistrados, la conducta asumida por la Juez A-quo está inmersa en la violación de los derechos y garantías constituciones, en forma directa e inmediata de los prenombrados Artículos 2, 26, 27 y 49, de nuestra Constitución, dado que la exigencia que se hace, al apelar de la Sentencia definitiva de la A-quem, constituye un deber formal previsto en el procedimiento, que ella debió decidir conforme a derecho.
Con fundamento en los hechos y en el derecho expuesto y de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo 1, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y debido a que no disponemos de otro medio breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, comparezco en representación del ciudadana Mary González Huérfano y por mis propios derechos, ampliamente identificada up supra, para solicitar, como en efecto formalmente solicito, un mandamiento de amparo constitucional contra la Sentencia la cual se encuentra definitivamente firme, dicta por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 13 de abril del año dos mil dieciséis (2016) y publicada en esta misma fecha, la cual corre a los folios 297 al 325 del Expediente № 6935 (F:l al 29 del legajo "D" consignado), de Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por haber la A-qúo violado a mi representada y a mi como tercero adhesivo las garantías constitucionales, tanto al Debido Proceso, como a la Tutela Judicial Efectiva del cual gozamos mi representada y yo. A tal efecto solicito, declare CON LUGAR la presente acción de Amparo Constitucional, declarando de mero derecho, in limine Litis, la nulidad de la precitada Sentencia y ordene a otro Juzgado Superior, actuando en segundo grado, decrete nueva sentencia a los fines de pronunciarse sobre la apelación interpuesta, cumpliendo la doctrina que al efecto Ustedes señalen.
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR:
Solicito igualmente, con el debido respeto, una medida cautelar innominada, prohibiendo la ejecución de la causa y la demanda de honorarios profesionales, hasta tanto sea resuelta esta acción de amparo constitucional, por el daño que pudiera causarnos si fuere declarada con lugar esta acción.
II
FALLO ACCIONADO
El 13 de abril de 2016, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, declaró lo siguiente:
PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandante mediante diligencia de fecha 02 de abril de 2014.
SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por la parte demandada, mediante diligencia de fecha 02 de diciembre de 2013; y por el tercero adhesivo mediante escrito de fecha 3 de abril de 2014 y diligencia aclaratoria del mismo, consignada el día 04 del mismo mes y año.
TERCERO: DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA por cumplimiento de contrato de compra venta interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán contra la ciudadana Mary González Huérfano y en consecuencia, se condena a la demandada a que en ejecución del mandato que le fue conferido por el ciudadano Rafael Napoleón Villegas en ejercicio del cual vendió a la actora el inmueble consistente en un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el N° 27 de la planta tipo nivel 4 del Edificio N° 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, sector B, situado en la Aldea Sabana Larga en jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, mediante documento protocolizado por ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 23 de diciembre de 2008, inscrito bajo el N° 2008.949, asiento registral número 1 del inmueble matriculado con el número 440.18.8.3.827 y correspondiente al folio real del año 2008, efectúe la tradición legal del referido inmueble a la demandante poniéndola en posesión de éste. Asimismo, condena a su litisconsorte el mencionado abogado Rafael Napoleón Villegas, en su condición de tercero adhesivo coadyuvante de la demandada, quien es el mandante de la misma.
CUARTO: ORDENA tomar en cuenta a efectos de la ejecución del presente fallo, las normas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
QUINTO: Queda REVOCADA la decisión objeto de apelación, dictada por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 11 de abril de 2013.
SEXTO: De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, condena en costas a la parte demandada: Igualmente, se condena en costas al litisconsorte adhesivo coadyuvante de la demandada a tenor de lo dispuestos en los artículos 274, 278 y 381 del Código de Procedimiento Civil.
Dicha decisión tuvo como fundamento la siguiente argumentación:
II
MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN
Correspondió a este Juzgado Superior el conocimiento de las apelaciones interpuestas por las partes, así como por el tercero adhesivo de la parte demandada contra la decisión de fecha 11 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, hoy denominado Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la acción merodeclarativa de certeza intentada por la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, en consecuencia, de lo cual declaró que la demandante es la única y legítima propietaria de un inmueble consistente en un apartamento distinguido con el número 27 de la planta tipo nivel 4 del edificio número 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, sector B, situado en la Aldea Sabana Larga, jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, signado con el número catastral 20-23-04-U01-009-013-049-000-004-027; sin lugar el pedimento de la entrega del inmueble adquirido y declarado como propiedad de la actora y de conformidad con la indicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, no hubo imposición de costas procesales a la parte demandada, por no haber vencimiento total.
La ciudadana Xiomara Contreras Durán, asistida por el abogado Carlos Martín Galvis Hernández, demanda a la ciudadana Mary González Huérfano en los siguientes términos:
- Que en fecha 23 de diciembre de 2008, según documento registrado en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, bajo el N° 2008.949, Asiento Registral N° 1 del inmueble matriculado con el N° 440.18.8.3.827, correspondiente al Libro del Folio Real del año 2008, el ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, a través de quien fungió como su apoderada la ciudadana Mary González Huérfano, le vendió en forma pura, simple, perfecta e irrevocable, un apartamento distinguido con el N° 27 de la planta tipo nivel 4 del edificio N° 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, sector B, situado en la Aldea Sabana Larga, jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, signado con el número catastral 20-23-04-U01-009-013-049-000-004-027, alinderado así: Norte: Con apartamento N° 28; Sur: Con fachada sur del cuerpo C; Este: Con la junta que da con el cuerpo A del edificio N° 9, y Oeste: Con el área de circulación. Que el precio de la venta se pactó en Bs. 170.000,00, procediendo en el acto de otorgamiento a pagar como cuota inicial la cantidad de Bs. 100.000,00, y el saldo restante de Bs. 70.000,00 le fue pagado por intermedio de la entidad bancaria BANPRO, quien se constituyó en acreedora hipotecaria de primer grado por haber sido quien facilitó como operador financiero el dinero para la adquisición del apartamento con destino a vivienda principal.
- Que conforme al contrato bilateral celebrado con la apoderada vendedora, ella cumplió con su principal obligación como es pagar el precio de la venta pactada, habiendo recibido la apoderada vendedora la totalidad del dinero convenido. Que sin embargo, no le ha hecho entrega de la cosa (apartamento) vendida, sin justificación alguna para negarse a la entrega, pues no es por falta de pago del precio, tal como lo pauta el artículo 1.493 del Código Civil. Que en el contrato en referencia, como compradora acató fielmente sus obligaciones, pagando todos los gastos de escritura y demás accesorios de la venta, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 1.491 del Código Civil. Que además tuvo bajo su cargo patrimonial todos los gastos que involucran la solicitud, tramitación, aprobación y constitución de hipoteca para el crédito obtenido a fin de pagar la diferencia del precio con recursos provenientes del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda. Aduce que el artículo 1.264 del Código Civil dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas; norma esta que invoca para que se cumpla cabalmente con la obligación de que se le haga entrega del inmueble vendido sin objeción alguna, pues al haber pagado el precio en su totalidad tiene el derecho al disfrute del mismo, más aun cuando lo adquirió para tener una vivienda digna, tal como lo consagra el artículo 82 constitucional. Que por otra parte, el artículo 1.167 del Código Civil, que señala como fundamento de su pretensión, consagra que en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución de éste, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello; escogiendo en su caso la ejecución del contrato celebrado con la referida apoderada vendedora Mary González Huérfano, reservándose la reclamación judicial en otro procedimiento de los daños y perjuicios que se le han causado y los que se sigan causando por la inejecución del contrato en lo que está a su cargo.
Manifiesta que la pretensión ejercida no busca otra cosa que el cumplimiento de la parte demandada en entregar el apartamento que le fue vendido, pues ella lo ocupa aun con plena conciencia de su deber de hacer entrega, a lo cual se ha negado ante su requerimiento, expresando osadamente que no lo va a hacer y que ella haga lo que quiera por cuanto de allí no la va a sacar nadie; y que ella ya logró lo que quería, lo cual debe entender el órgano jurisdiccional suficientemente, pues siendo la apoderada vendedora quien recibió la totalidad del precio pagado por la venta, no tiene ahora ni nunca excusa alguna que soporte su negativa de entrega del bien vendido. Que es por todas las razones expuestas, que en ejercicio de la acción merodeclarativa, prevista en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, pide que se declare su derecho de propiedad y se obligue a través de la sentencia que así lo exprese a que la demandada Mary González Huérfano, le haga entrega del bien que adquirió a través del mencionado contrato de compraventa.
En los informes presentados ante esta alzada, el apoderado judicial de la parte actora, aduce como fundamento de la apelación, que cualquier limitación del ejercicio del derecho de acción no puede ser de interpretación extensiva, sino que debe estar contenido en disposiciones legales que en forma directa así lo establezcan, ya que de limitarse el acceso parcial a la jurisdicción sin sustento del derecho positivo, se estaría lesionando directa e inmediatamente el principio pro actione.
Que por otra parte, la limitación expresada en la sentencia apelada en el sentido de que la acción merodeclarativa no puede contener otra pretensión, no está contenida en el texto del artículo 78 procesal, que es el que regula la acumulación inicial de pretensiones, pues lo demandado en su petitorio permite y da cabida a un pronunciamiento tanto de la declaración del derecho como de la satisfacción plena del mismo con la orden de entrega del inmueble vendido. Que al no haber atendido el a quo la pretensión deducida, vulneró el artículo 26 constitucional en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, al habérsele impedido obtener un pronunciamiento pleno sobre lo solicitado.
La ciudadana Mary González Huérfano, asistida por el abogado Otto León Gallanti Carrero, dio contestación a la demanda en los siguientes términos: Primeramente opuso como defensa de fondo, de acuerdo con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la cuestión previa del ordinal 11 del artículo 346 euisdem, es decir, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, aduciendo al respecto que la actora no tiene el interés jurídico actual para proponer la acción merodeclarativa. Asimismo, negó, rechazó y contradijo la demanda incoada en su contra; y solicitó al tribunal citar como tercero en la presente causa, al licenciado Rafael Napoleón Villegas Ávila, con cédula de identidad No. V-2.680.036, por ser a su decir, el legítimo dueño del apartamento descrito y deslindado en el libelo de demanda, objeto del litigio, llamado esté que pide se haga con fundamento en la parte in fine del precitado artículo 361.
Igualmente, en la oportunidad de presentar informes ante esta alzada el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila actuando como apoderado judicial de la demandada Mary González Huérfano, indicó que la demanda contra su representada se interpuso mediante una acción merodeclarativa con la finalidad de que el Tribunal declarara que el bien objeto de la demanda (su apartamento) pertenece a la demandante, esto como si se tratara de un título supletorio o un documento privado y, además, que se le pusiera a la demandante en posesión del inmueble, desalojando para ello a su representada y a sus hijos; que por ello se aseguraron de solicitar un secuestro del apartamento y que le fuera entregado a la demandante.
Asimismo, pidió la reposición de la causa al estado en que el tribunal correspondiente la tramite por el juicio ordinario, ya que las acciones merodeclarativas no tienen pautado un procedimiento especial y en el presente caso la demanda fue admitida y tramitada por el procedimiento breve.
El abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, al intervenir como tercero adhesivo indicó que actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 370 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 16 eiusdem, debido a que tiene interés actual en ayudar a vencer a la parte demandada en este juicio, ciudadana Mary González Huérfano, ya que está en juego su propiedad sobre el apartamento objeto de la demanda.
Para demostrar su interés jurídico actual consignó: I.- Legajo contentivo de la causa N° 34015, que corre en la pieza 1 de este expediente, la cual se tramitó en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual contiene, entre otros: 1) El libelo de demanda sobre tacha del poder general utilizado en la venta del apartamento en cuestión; 2) la venta de su apartamento por parte de Mary González Huérfano, parte demandada en este juicio, a la demandante Xiomara Contreras Durán; 3) documento de propiedad de su apartamento; 4) poder general objeto de la tacha, con el cual se realizó la venta del apartamento objeto de esta causa; 5) sentencia firme de la referida causa, la cual fue declarada con lugar y por ende, declara la nulidad del poder general, con el cual se vendió su apartamento. II.- Copia del expediente N° 5356 y 6935 del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, que corre en la pieza 1 de este expediente, en el que cursa su oposición a la entrega material correspondiente.
Aduce que la acción merodeclarativa, de acuerdo con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, no es admisible cuando el demandante puede obtener la satisfacción de su interés mediante una acción diferente. Que si la demandante Xiomara Contreras Durán, pretende que el Tribunal ordene a la demandada que le entregue el apartamento que supuestamente le vendió ya que no lo pudo obtener con la solicitud de entrega material presentada ante el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, debió incoar no sólo contra la demandada Mary González Huérfano, sino contra él, una acción de incumplimiento de venta o de entrega material, y no ejercer una acción merodeclarativa.
En orden a lo antes expuesto, esta alzada estima necesario precisar en forma previa el alcance de la intervención del tercero adhesivo en el presente proceso.
PUNTO PREVIO
I
DE LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO ADHESIVO
En el caso de autos el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, presentó el 24 de octubre de 2012 escrito de tercería adhesiva con fundamento en el ordinal 3° del precitado artículo 370 procesal, con el objeto de ayudar a vencer a la parte actora en el proceso, la cual fue admitida por el tribunal de la causa mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2012.
Al respecto, se hace necesario puntualizar lo dispuesto en los artículos 380 y 381 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 380.-El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal. Resaltado propio.
Artículo 381.-Cuando según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147.
En las normas transcritas el legislador estableció los límites de la intervención del tercero adhesivo en el proceso, al señalar que éste no puede actuar en contradicción con la parte que coadyuva, lo que es consecuencia de que el mismo no introduce una pretensión propia para que le sea resuelta en el juicio. Igualmente, precisó como excepción el supuesto en que el interviniente adhesivo puede convertirse en litisconsorte de la parte principal, a saber en los casos en que la sentencia firme tenga eficacia directa en la relación jurídica del tercero adhesivo con la parte contraria.
Respecto a los límites de la participación del tercero adhesivo en el proceso la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 00299 de fecha 31 de mayo de 2005, expresó lo siguiente:
La Sala ha sostenido en torno a la tercería adhesiva, que ...ésta tiene lugar cuando el tercero concurre sosteniendo las razones de una de las partes en litigio; por esa razón, el tercero adhesivo es aquél que interviene por tener un interés personal y actual en la defensa de la pretensión de una de las partes, es decir, su interés procesal lo constituye la existencia de una relación de hecho o de derecho tutelada por el ordenamiento jurídico; sin embargo, dicha intervención es accesoria, y por ello debe adecuarse a la posición asumida por la parte principal, sin que puede actuar en contradicción con la coadyuvada... (Sentencia N° 357 de 10 de diciembre de 1997, caso: Corporación Degil, C.A., expediente N° 97-240). (Resaltado de la Sala).
Exp. AA20-C-2004-000883
Igualmente, la precitada Sala de Casación Civil, respecto de la excepción contenida en el artículo 381 procesal, señaló en decisión N° 00999 de fecha 31 de agosto de 2004, lo siguiente:
El artículo 380 de la Ley Adjetiva Civil, relativo a la intervención prevista en el ordinal 3º el artículo 370 eiusdem, señala:
...Omissis
Esta norma establece los límites de este tipo de intervención, pues como antes se adelantó, su participación se dirige a coadyuvar a la parte a vencer y no a ejercer su representación o, incluso, a contraponerse con la parte principal que pretende ayudar, lo cual lo excluye de la relación subjetiva procesal, pues cualquier resolución no recaerá sobre él. Sólo en casos excepcionales, según lo prevé el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, se podía estimar como litisconsorte activo o pasivo al tercero interviniente y, por consecuencia, capaz de ejercer los recursos procesales de impugnación, entre ellos el de casación. Efectivamente, señala la norma citada:
Omissis
Por tanto, será necesario para que se active dicha excepción que la decisión recurrida haya producido efectos en la relación jurídica del interviniente adherido con la parte contraria. (Resaltado propio). (Exp. AA20-C-2004-000316)
Conforme a lo expuesto los alegatos presentados por el tercero adhesivo abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, sólo serán examinados en cuanto se adecuen a la posición asumida por la parte demandada, ya que tal como antes se señaló su participación se limita a coadyuvar a la misma sin que pueda entrar en contradicción con ésta, ni introducir al proceso una pretensión que le sea propia a los fines de que le sea tutelada, tal como lo dispone el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, sólo en el caso de que lo resuelto en este fallo tenga eficacia directa en la relación jurídica del interviniente adherido con la parte contraria, se le tendrá como litisconsorte pasivo, a tenor de lo previsto en el artículo 381 eiusdem. Así se establece.
PUNTO PREVIO II
DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDADA
El abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila en su condición de apoderado judicial de la parte demandada fundamenta la solicitud de reposición de la causa, alegando que el a quo violó el debido proceso al admitir la demanda interpuesta contra su representada mediante una acción merodeclarativa, por el procedimiento breve, cuando lo debió hacer por el procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Que igualmente violó el debido proceso y por ende el derecho a la defensa, al no aplicar el artículo 14 eiusdem una vez terminada la reconstrucción del expediente, ya que durante ese lapso de tiempo la causa estuvo paralizada, trayendo como consecuencia que no hubo lapso probatorio en la misma. Aduce también que hubo silencio de pruebas, ya que el Tribunal al sentenciar la causa no nombró, ni menos aún valoró las pruebas aportadas por el tercero adhesivo con su escrito de tercería, lo cual era fundamental, pues el poder con que se hizo la venta de su apartamento fue anulado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial.
Al respecto, la representación judicial de la parte actora en su escrito de observaciones a los informes de su contraparte, señala que jamás se violó el debido proceso. Que la parte demandada tuvo acceso al expediente, hasta con intervención de terceros (frustrada por inconducencia); y que tampoco se está ante alguno de los supuestos de nulidad textual como los previstos en los artículos 132, 144 y 221 del Código de Procedimiento Civil, que haría factible la declaratoria en esta etapa del procedimiento y su posible reposición de la causa. Que al contrario, se está frente a la regulación del único aparte del artículo 206 procesal, que establece que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado, por cuanto la parte demandada ha tenido siempre acceso al expediente, oportunidades para alegar y probar, y no se dejó de cumplir como lo exige el precitado artículo 206, ninguna formalidad esencial a la validez de ningún acto procesal, tan es así, que la contraparte intervino sin éxito en todo el curso del procedimiento de la primera instancia. Que en todo caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha explicado que la sola existencia de un vicio procesal no es razón suficiente como para que la reposición sea procedente. Que tendría cabida una reposición en supuestos expresamente tutelados por el legislador, como sería algún caso de nulidad textual, la falta absoluta de citación o un vicio generado sin que la parte haya actuado en el proceso consintiendo con su silencio su existencia, más aun cuando ha podido, como lo hizo, contestar la demanda, controvertir y apelar; existiendo la solapada intervención como tercero.
Al respecto, se hace necesario considerar lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
La norma transcrita, aun cuando es preconstitucional, recogió la exigencia de la necesaria utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales, lo cual resulta en consonancia con los principios de economía y celeridad que deben impregnar el proceso conforme a la garantía jurisdiccional a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 257 eiusdem, los cuales son del tenor siguiente:
Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
En las normas transcritas, el constituyente consagró el derecho que tienen los justiciables a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos ni reposiciones inútiles, lo que comporta que los jueces interpreten las instituciones procesales teniendo como premisa que el proceso debe ser un instrumento para la realización de su fin último, que no es otro que la justicia; y en tal virtud, la misma no deberá sacrificarse por el quebrantamiento de formalidades no esenciales, por lo que la nulidad procesal sólo cobra importancia cuando la desviación de las formas afecta la validez del acto y éste no logra alcanzar el fin, imponiéndose así la tesis de la necesaria utilidad de la reposición.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 899 de fecha 30 de mayo de 2008, expresó:
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que Duránte los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo.
Así, esta Sala Constitucional aprecia que el acto decisorio objeto de revisión erró respecto del control de la constitucionalidad que debe hacerse en toda aplicación del Derecho (interpretación desde la Constitución), cuando omitió el análisis y encuadramiento del caso concreto en la regla de derecho aplicable, a la luz los principios jurídicos fundamentales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles de los juicios que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la base, también, del artículo 206 del Código de Procedimiento Civilpreconstitucional- que prohíbe la declaratoria de la nulidad por la nulidad misma, así como las reposiciones inútiles.
Además, se vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial eficaz de la pretensora de revisión, en virtud de que se declaró la nulidad del veredicto que la favorecía y la consiguiente reposición de la causa al estado de que se emita nuevo juzgamiento de alzada -sin el examen de las otras denuncias de infracción formuladas (ex artículo 320 del Código de Procedimiento Civil)- sin que se hiciera, para ello, el análisis a que se hizo referencia supra, en cuanto a la relevancia de la prueba de experticia en el dispositivo del acto jurisdiccional que se anuló (la influencia del examen de la prueba en la decisión, en palabras de la propia Sala de Casación Civil); con el riesgo, por tanto, de que el nuevo acto decisorio adolezca de vicios que no fueron analizados los mismos u otros distintos-, y con ello, de una casación múltiple, quizás, innecesaria. Así se decide. (Resaltado propio).
(Exp. 07-1406)
Igualmente, la Sala Constitucional en decisión N° 1176 de fecha 12 de agosto de 2009, al resolver un recurso de revisión planteado contra la decisión proferida en alzada en un juicio por terminación de contrato de comodato, el cual fue tramitado por el juicio breve cuando debía tramitarse por el procedimiento ordinario, se pronunció sobre la utilidad de la reposición decretada en dicha causa por el ad quem, señalando lo siguiente:
Debe señalar esta Sala que la nulidad de los actos procesales responde a que, en la tramitación o decisión de las causas, el órgano jurisdiccional se aparta del conjunto de formas necesarias que establece la ley para la realización de los actos en el proceso. Es decir, que la nulidad procesal responde a las formas y no al contenido mismo del derecho, por lo que es un error en los medios que otorga la ley para la obtención de los fines de bien y de justicia. (Cfr. COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 4ta. Ed., pp. 304 y 305). Por ello, tal como esta juzgadora ha sostenido de manera reiterada, la nulidad procesal sólo tiene relevancia cuando la desviación de las formas afecta la validez misma del acto y éste no logra el fin que en justicia corresponde.
En este sentido, en cuanto al derecho a la tutela judicial eficaz, esta Sala Constitucional en sentencia n.° 708, que emitió el 10 de mayo de 2001 (Caso: Adolfo Guevara y otros), estableció lo siguiente:
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (Subrayado añadido).
Con razón y maestría-, dijo COUTURE: La idea de proceso ( ) es necesariamente teleológica, pues sólo se explica por su fin. El proceso por el proceso no existe. / El fin del proceso ( ) es el de dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción. / Ese fin es privado y público, ( ). Satisface, al mismo tiempo, el interés individual comprometido en el litigio, y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. La jurisdicción se cumple mediante un adecuado proceso. El proceso es una relación jurídica continuativa, consistente en un método de debate con análogas posibilidades de defensa y de prueba para ambas partes, mediante la cual se asegura una justa decisión susceptible de cosa juzgada. La idea de jurisdicción, como la de proceso, es esencialmente teleológica. La jurisdicción por la jurisdicción no existe. Sólo existe como medio para lograr un fin. (op. cit., pp. 118, 34 y 35).
Como consecuencia de todo lo que fue expuesto, la Sala Constitucional considera que, en el presente caso, si bien, en efecto, la causa ha debido tramitarse por el procedimiento ordinario que preceptúa el Código de Procedimiento Civil, lo que constituye un vicio procesal, de la tramitación del asunto por el procedimiento breve no derivó un efectivo perjuicio para el demandado, quien fue juzgado por su juez natural, tuvo oportunidad para la exposición de sus alegaciones y defensas, en dos grados de jurisdicción, tanto en la contestación de la demanda (que se verificó el 7 de febrero de 2008 [f. 26]); así como para la promoción (f. 31) y evacuación de las pruebas que consideró pertinentes, a través de un trámite que estimó adecuado para la protección y ejercicio de sus derechos, ya que no lo objetó en ningún momento, lo cual revela que la finalidad del derecho al debido proceso fue alcanzada en el asunto bajo examen, según los parámetros del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, la actuación del Tribunal que conoció en alzada en el juicio originario (supuesto acto lesivo) devino en inconstitucional cuando ordenó la reposición inútil de la causa al estado de nueva admisión, en perjuicio del derecho de ambas partes, que ya había sido satisfecho aún por la vía equivocada-, a la obtención de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles.
(Exp. Nº 08-0885)
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente reconstruido, se aprecia lo siguiente:
La demanda que dio origen a la presente causa fue interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán en ejercicio de la acción merodeclarativa prevista en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, contra la ciudadana Mary González Huérfano, con el objeto de que se declarara el derecho de propiedad de la actora sobre el bien inmueble objeto de litigio y se obligara a la demandada a hacerle entrega a la demandante del mismo, el cual adquirió la primera mediante contrato de compraventa debidamente protocolizado. Dicha demanda fue estimada en la cantidad equivalente a 2.615, 38 unidades tributarias.
Así las cosas, conforme a la cuantía establecida en el escrito libelar tal como se indicó en el auto de fecha 19 de junio de 2014 dictado por este Juzgado Superior corriente al folio 270 de la segunda pieza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009, efectivamente, la presente causa debió tramitarse por el procedimiento ordinario, lo que constituye un vicio procesal. Sin embargo, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional en relación a la necesaria utilidad de la reposición, es preciso entrar a considerar si dicha subversión en la tramitación de la causa produjo un perjuicio para el demandado, es decir, si le causó indefensión, para lo cual se precisa lo siguiente:
La ciudadana Mary González Huérfano fue juzgada por su juez natural; tuvo la oportunidad, en ejercicio de su derecho a la defensa, de dar contestación a la demanda, como en efecto lo hizo mediante escrito presentado en fecha 02 de noviembre de 2010, cursante al folio 13 de la primera pieza, en el que se limitó a oponer como defensa de fondo la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, porque a su decir la actora no tiene interés jurídico actual para proponer la acción; a negar, rechazar y contradecir de manera genérica la demanda interpuesta en su contra, sin alegar ningún hecho nuevo en su defensa; y a pedir que se citara como tercero al ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila. Así las cosas, se evidencia de dicho escrito que la parte demandada en la primera oportunidad que intervino en el proceso no objetó el trámite que se le había dado a la causa, de lo que se infiere que lo estimó adecuado para la defensa de sus derechos.
Cabe destacar en este orden de ideas, que la parte demandada al dar contestación a la demanda tuvo la oportunidad de tachar de falso el instrumento fundamental de la demanda en que la actora sustenta su pretensión, es decir, el documento público protocolizado en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 23 de diciembre de 2008, inscrito bajo el N° 2008.949, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 440.18. 8.3.827 y correspondiente al libro del folio real del año 2008, que riela en copia a los folios 64 al 72 de la primera pieza, mediante el cual la demandante Xiomara Contreras Durán adquirió el apartamento distinguido con el número 27 de la planta tipo nivel 4 del Edificio 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, Sector B, situado en la Aldea Sabana Larga, jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
Igualmente, se evidencia que en virtud del extravío del expediente en el cual se tramitaba la causa, el a quo dictó auto en fecha 16 de noviembre de 2010 cursante al folio 4 de la primera pieza, en el que acordó notificar a las partes del presente juicio con el fin de que consignaran a los autos copias conducentes a la misma, de lo cual fue notificada personalmente la demandada, tal como se evidencia de la diligencia suscrita por el Alguacil y la Secretaria del tribunal de la causa inserto al folio 18 de la primera pieza, al igual que el apoderado judicial de la parte actora, lo que evidencia que se mantuvo a la partes en igualdad de condiciones y que a partir de la práctica de sus notificaciones, se encontraban a derecho, por lo que la parte demandada pudo promover las pruebas que considerara pertinentes para la defensa de sus derechos.
Respecto a la cita del tercero, ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, peticionada en la contestación de la demanda, se observa que el a quo en el fallo recurrido deja constancia que la parte actora no cumplió con la carga de acompañar la prueba documental requerida para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, del cuaderno de tercería se constata que el mencionado ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila intervino en el proceso al proponer la tercería de dominio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, por lo que tuvo la oportunidad de exponer sus alegatos y defensas en el escrito presentado el 31 de octubre de 2011 corriente a los folios 38 al 45 de la pieza 1 y 3 al 10 del cuaderno de tercería con las pruebas que consideró conducentes para sustentar su intervención; tercería esta que fue declarada inadmisible por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante decisión de fecha 08 de diciembre de 2011 inserta a los folios 162 al 165 de la pieza 2 y 125 al 128 del cuaderno de tercería. Contra dicho fallo interpuso recurso de apelación en ejercicio de su derecho a la defensa, mediante diligencia de fecha 12 de diciembre de 2011, corriente al folio 129 del cuaderno de tercería, el cual fue admitido y oído en ambos efectos mediante auto de fecha 29 de febrero de 2012 cursante al folio 179 de la pieza 2 y 142 de dicho cuaderno, lo que permitió que la admisibilidad de la tercería propuesta fuera considerada en segundo grado de jurisdicción por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, instancia en la cual tanto el apelante como las partes podían presentar informes; evidenciándose que sólo lo hizo el apelante proponente de la tercería y el apoderado judicial de la parte demandante, sin que la parte demandada hubiese hecho lo propio en defensa de sus derechos, a pesar de haber sido notificada personalmente por el alguacil del a quo de la declaratoria de inadmisibilidad de la tercería, tal como se constata de la boleta de notificación librada a tal efecto y firmada al pié de la misma por la demandada corriente al folio 139 del cuaderno de tercería, así como de la diligencia suscrita por el Alguacil y la Secretaria del tribunal de la causa en fecha 19 de enero de 2012 cursante al folio 140 del mencionado cuaderno, evidenciándose que tampoco presentó observaciones a los informes de la parte contraria.
El referido Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante sentencia de fecha 07 de agosto de 2012 corriente a los folios 199 al 208 de la pieza 2 y 180 al 189 del cuaderno de tercería, declaró inadmisible la aludida demanda de tercería confirmando así la decisión apelada.
En forma posterior a dicha decisión, el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, consignó en fecha 24 de octubre de 2012, escrito de tercería adhesiva con fundamento en el ordinal 3° del precitado artículo 370 procesal, con el objeto de ayudar a vencer a la parte demandada en el proceso (fs. 196 al 198); la cual fue admitida por el a quo por auto de fecha 15 de noviembre de 2012 (f. 212 de la pieza 2).
De las actuaciones anteriormente relacionadas puede evidenciarse que la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa mediante un trámite que consideró apropiado para la protección y ejercicio de sus derechos, pues tal como se indicó no lo objetó en la primera oportunidad en que intervino al dar contestación a la demanda, ni durante el decurso del procedimiento luego de haber sido personalmente notificada por el tribunal de la causa del extravío del expediente, sino que es el ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, quien actuando ahora como apoderado judicial de la demandada pide la reposición de la causa, en los informes presentados ante esta alzada, alegando que hubo silencio de pruebas ya que la recurrida no nombró ni menos aún valoró las pruebas aportadas por el tercero adhesivo con su escrito de tercería, lo cual era fundamental, pues el poder con que se hizo la venta de su apartamento fue anulado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial.
En tal sentido, observa esta alzada que el tercero adhesivo acompañó al escrito de tercería las siguientes pruebas: Legajo contentivo de la causa N° 34015, que corre en la pieza 1 de este expediente, la cual se tramitó en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual contiene: libelo de demanda sobre tacha del poder general utilizado en la venta del apartamento en cuestión; la venta de su apartamento por parte de Mary González Huérfano, parte demandada en este juicio, a la demandante Xiomara Contreras Durán; documento de propiedad de su apartamento; poder general objeto de la tacha, con el cual se realizó la venta del aludido apartamento; sentencia firme de la referida causa dictada en fecha 26 de julio de 2011, la cual fue declarada con lugar la referida demanda de tacha de falsedad y por ende, declara la nulidad del poder general, con el cual se vendió su apartamento; y copia del expediente N° 5356 y 6935 del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, que corre en la pieza 1 de este expediente, en el que cursa su oposición a la entrega material correspondiente.
Del examen de las referidas pruebas se aprecia que las mismas fueron producidas por el tercero adhesivo Rafael Napoleón Villegas Ávila, con el fin de demostrar que el poder mediante el cual la demandada dio en venta a la actora el bien inmueble objeto de litigio, fue declarado nulo mediante la sentencia definitivamente firme que declaró con lugar la demanda de tacha de falsedad interpuesta por éste contra la ciudadana Mary González Huérfano, de quien en este juicio es su apoderado, lo cual constituye un hecho nuevo que no fue alegado por la parte demandada a quien coadyuva el tercero en la presente causa en la oportunidad de dar contestación a la demanda, y estándole vedado al tercero adhesivo la posibilidad de formular una pretensión propia, mal puede ser opuesta a la compradora demandante la alegada nulidad del referido poder pretendiendo extender los efectos de la cosa juzgada producida por dicho fallo a quien no fue parte en el aludido juicio de nulidad, y en tal virtud, resulta forzoso para quien decide desechar el referido alegato de silencio de pruebas del tercero adhesivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
En consecuencia, considera esta sentenciadora que aun cuando el a quo tramitó la causa por un procedimiento equivocado, ello no derivó un efectivo perjuicio para la demandada, ya que no le generó indefensión, por lo que no debe acordarse la reposición solicitada, ya que la misma resultaría inútil y contraria a los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
PUNTO PREVIO III
DE LA PROHIBICIÓN DE LA LEY DE AMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA ALEGADA
La parte demandada, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, opuso de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la cuestión previa relativa a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta prevista en el ordinal 11 del artículo 346 eiusdem, alegando que la actora no tiene interés jurídico actual para proponer la acción merodeclarativa.
No obstante, mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2014, en el que expone los fundamentos de la apelación, señala que no es cierto como lo indica la recurrida, que ella y el tercero adhesivo hubiesen alegado en su defensa que la actora no tiene interés jurídico para proponer la acción merodeclarativa; que lo que alegó el tercero adhesivo es que la demandante podía obtener la satisfacción de su interés mediante una acción diferente.
En tal sentido, se hace necesario puntualizar los hechos alegados por la parte actora en el escrito libelar a objeto de precisar la calificación de la pretensión procesal deducida en el mismo y, a tal efecto, observa que la demandante expone lo siguiente:
TERCERO
LA PRETENSIÓN
La pretensión aquí ejercida no busca otra cosa que el cumplimiento de la parte demandada en entregar el apartamento que me fue vendido, pues ella lo ocupa aun con plena conciencia de su deber de hacer entrega, a lo cual se ha negado ante mi requerimiento, expresando osadamente que no lo va hacer y que haga lo que quiera por cuanto de allí no la va sacar nadie; y que ella ya logró lo que quería, lo cual debe entender el órgano jurisdiccional suficientemente, pues siendo la apoderada vendedora quien recibió la totalidad del precio pagado por la venta, no tiene ahora ni nunca excusa alguna que soporte su negativa de entrega del bien vendido. (folio 185 de la segunda pieza). (Resaltado propio)
De los hechos alegados por la parte actora, resulta claro que la pretensión deducida se corresponde con una acción de cumplimiento de contrato, la cual fue erróneamente calificada por la parte demandante como una acción merodeclarativa, por lo que esta juzgadora considera procedente aplicar el principio iura novit curia, definido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 836 de fecha 09 de diciembre de 2005, en los siguientes términos:
Sobre ese particular es oportuno indicar que el juez sólo está atado a las afirmaciones de hecho sostenidas oportunamente por las partes en los actos de determinación de la controversia, las cuales configuran el cuadro fáctico sometido a su consideración para su solución, mas no respecto del fundamento o calificación jurídica que las partes le hubiesen dado a esos hechos, por cuanto es el juez quien conoce el derecho y debe determinar su correcto contenido, alcance y aplicación en la decisión de la controversia y la satisfacción de la justicia, que es el fin primordial de la función judicial.
En esa labor el juez no está sujeto a lo dicho por las partes, pues la correcta aplicación del derecho no es disponible por las partes, quienes no pueden pretender derechos o efectos jurídicos no previstos en la ley.
Lo expuesto evidencia que el error en la calificación o fundamentación jurídica de los hechos que hubiese sido hecha en el libelo, no sujeta ni impone que el juez de alzada deba irrestrictamente cometer la misma equivocación; por el contrario, es deber del juez otorgar la correcta calificación jurídica y ordenar la satisfacción del derecho en los términos previstos en la ley.
En ese sentido, la Sala dejó sentado que el juez sólo está atado por los hechos alegados, mas no respecto del derecho aplicable ni de la determinación de las consecuencias jurídicas previstas en la ley, por cuanto su deber es conocer el derecho, el cual debe aplicar con independencia de lo que al respecto hubiesen indicado las partes, de conformidad con el principio iura novit curia. (Ver, entre otras, sentencia de fecha 20 de abril de 2005, caso: Rubén Antonio Istúriz, c/ Gerardo Aranguren Fuentes). (Resaltado propio).
Exp. Nro. AA20-C-2003-000155
Conforme a lo expuesto, esta juzgadora en aplicación del principio iura novit curia, pasa al análisis de la pretensión deducida calificándola como una acción de cumplimiento de contrato y, en tal virtud, se desecha la cuestión previa de prohibición de la ley de admitir la acción propuesta por falta de interés de la parte demandante alegada por la parte demandada. Así se decide.
Resueltos los anteriores puntos previos entra esta alzada a resolver el fondo de la materia controvertida, para cuya solución pasa al examen de las siguientes pruebas existentes en autos bajo el principio de comunidad de la prueba.
- A los folios 64 al 72 de la primera pieza corre en copia simple el documento protocolizado por ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira en fecha 23 de diciembre de 2008, inscrito bajo el N° 2008.949, asiento registral número 1 del inmueble matriculado con el número 440.18.8.3.827 y correspondiente al folio real del año 2008, en el cual fundamenta la actora su pretensión. Dicho documento no fue impugnado ni tachado de falso, por lo que se valora como documento público de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.360 del Código Civil, sirviendo para demostrar que en la fecha indicada la ciudadana Mary González de Huérfano actuando en su condición de apoderada del ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, titular de la cédula de identidad N° V- 2.680.035, representación que ejerció conforme a los límites del poder que le fuera conferido, protocolizado por ante el Registro Público Segundo del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira en fecha 16 de agosto de 2007, bajo el N° 34, Tomo 4, Protocolo Tercero, folios 1/3, dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable a la ciudadana Xiomara Contreras Durán, un inmueble propiedad de su representado constituido por un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el N° 27 de la planta tipo nivel 4 del Edificio N° 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, sector B, situado en la Aldea Sabana Larga, en jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el documento de condominio protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Cristóbal en fecha 12 de diciembre de 1983, bajo el N° 28, Tomo 11 adicional, Protocolo Primero. Que el inmueble objeto de dicha venta tiene una superficie de 81,53 mts2 y consta de las siguientes dependencias: hall de entrada, cocina, lavadero, estar-comedor, pasillo, dos dormitorios, un dormitorio principal y dos baños. Que le corresponde el uso exclusivo de un puesto de estacionamiento señalado con el N° 8-27. Que los linderos de dicho apartamento son: Norte, con el apartamento N° 28; SUR, con la fachada sur del cuerpo C, Este, con la junta que da con el cuerpo A del Edificio N° 9 y Oeste, con el área de circulación. Que a dicho inmueble le corresponde un porcentaje de condominio de 2,850% respecto a los gastos comunes del edificio y un porcentaje de condominio de 0,259% respecto a los gastos comunes del conjunto, tal como consta del referido documento de condominio. Que el precio de la venta fue la cantidad de Bs. 170.000,00, que la demandada declaró recibidos a su entera y cabal satisfacción. Que con el otorgamiento de dicho instrumento la demandada declaró efectuar la tradición legal de lo vendido y que su representado quedaba obligado al saneamiento de ley.
Así las cosas, resulta claro que la demandada Mary González Huérfano, en ejercicio del mandato que le fue conferido por el ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, contenido en el instrumento poder protocolizado por ante el Registro Público Segundo del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira en fecha 16 de agosto de 2007, bajo el N° 34, Tomo 4, Protocolo Tercero, folio 1/3, dio en venta a la demandante el bien inmueble descrito en el texto del referido documento de compraventa; recibió el pago del precio a su entera satisfacción y declaró efectuar la tradición de lo vendido, sin que la misma se haya materializado hasta la presente fecha. En consecuencia, habiendo actuando la demandada con el carácter de mandataria al celebrar la venta con la parte actora, debe puntualizarse lo dispuesto en los artículos 1.684, 1.685, 1.688 y 1.692 del Código Civil, los cuales son del tenor siguiente:
Artículo 1.684.- El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello.
Artículo 1.685.- El mandato puede ser expreso o tácito.
La aceptación puede ser tácita y resultar de la ejecución del mandato por el mandatario.
Artículo 1.688.- El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración.
Para poder transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. Artículo 1.692.- El mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diligencia de un buen padre de familia.
( )
OBJETO
Aunque el mandato puede hacer nacer obligaciones para ambas partes, cada una de las cuales tiene su objeto propio, el objeto del mandato por antonomasia es el acto jurídico (o los actos jurídicos), que el mandante encarga al mandatario y que éste se obliga a ejecutar por cuenta de aquél. (Resaltado propio).
(Contratos y Garantías, Derecho Civil IV, 5ta. Edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1984, ps. 456 y 462).
Conforme a lo expuesto, el mandato es un contrato por medio del cual el mandatario se obliga por cuenta del mandante, gratuitamente o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios que éste le ha encargado con la diligencia de un buen padre de familia. Como puede observarse, el mandato es, en principio, un contrato unilateral que sólo obliga al mandatario, aunque también pueden originarse obligaciones para el mandante.
En consecuencia, en el caso de autos correspondía a la demandada ejecutar con la diligencia de un buen padre de familia el mandato que le fue conferido para efectuar en nombre de su mandante la venta del inmueble objeto de litigio, y en tal virtud debía cumplir con la obligación de hacer la tradición de dicho bien, en los términos de los artículos 1.486, 1.487 y 1.488 del Código Civil los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 1.486.- Las principales obligaciones del vendedor son la tradición y el saneamiento de la cosa vendida.
Artículo 1.487.- La tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador.
Artículo 1.488.- El vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad.
En las normas transcritas el legislador estableció como una de las principales obligaciones del vendedor hacer la tradición de la cosa vendida la cual se verifica poniendo al comprador en posesión de la misma. En tal sentido, el precitado Dr. José Luís Aguilar Gorrondona señala:
OLBIGACIÓN (sic) DE HACER TRADICION
I. GENERALIDADES
II. De acuerdo con el Código Civil francés, la tradición consiste en transmitir la cosa en la potestad (entiéndase propiedad) y posesión del comprador; pero esa concepción responde más al Derecho Romano que a los Derechos de corte napoleónico donde la transmisión de la propiedad es independiente de la tradición del objeto vendido (C. C. art. 1.161).
Nuestro Código a su vez dice que la tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador (C. C. art. 1.487), con lo cual quedan diferenciados los campos de la obligación de transferir y de hacer la tradición. Sin embargo, Planiol y Ripert, acertadamente, critican la afirmación de hacer la tradición consista en poner en posesión al comprador. El vendedor, afirman, debe hacer todo lo que éste de su parte para poner al comprador en la situación de obtener de la cosa los beneficios que normalmente pueda retirarle su propietario y ello, según los casos, puede ser más o menos que darle la posesión.
En todo caso, la obligación de hacer tradición es una obligación derivada de la obligación de transferir (C.C. art. 1.265: La obligación de dar lleva consigo la de entregar la cosa y conservarla hasta la entrega).
II MODOS DE HACER LA TRADICION Omissis
2° Tradición de Inmuebles
Conforme nuestro Código Civil el vendedor cumple con la obligación de hacer tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad (art. 1.488). En el Código Napoleónico se exige la entrega de los títulos anteriores o, si se trata de una construcción, la entrega de las llaves. En realidad todas esas ordenaciones son criticables A) En cuanto a nuestro artículo 1.488 del Código Civil resulta evidente que conforme a otras normas del Código, el vendedor, además de otorgar el instrumento de propiedad, normalmente, está obligado a mucho más para dejar cumplida su obligación de hacer la tradición (p. ej.: a entregar llaves y títulos anteriores, a retirar el mobiliario, a desalojar inquilinos, etc., según el caso); y B) En cuanto al Código Napoleónico resulta evidente que la obligación de entregar las llaves puede existir aunque no se trate de una construcción ( p. ej.: si se vende un terreno rodeado por una cerca que tiene puerta con cerradura); que la obligación de entregar títulos puede ser acumulativa con la obligación de entregar llaves y que el vendedor puede estar obligado a algo más que entregar títulos y llaves. Resaltado propio. (Ob. cit. Páginas 193 y 194)
Así las cosas, en el caso de autos quedó demostrado que la demandada en ejercicio del mandato que le fue conferido para dar en venta el inmueble propiedad de su mandante, cumplió con la obligación de otorgar el respectivo instrumento traslativo de propiedad; sin embargo, no puso a la demandante compradora en posesión del referido inmueble obligación derivada de la primera con lo cual se verificaría la tradición del mismo, por lo que al incumplir con la obligación de hacer entrega de éste no ejecutó el mandato en su totalidad a lo cual estaba obligada a tenor de lo establecido en el artículo 1.692 del Código Civil, además de haber asumido expresamente dicho obligación en el aludido contrato de venta.
En tal sentido, disponen los artículos 1.159 y 1.264 del Código Civil lo siguiente:
( )
Asimismo, la acción de cumplimiento de contrato está consagrada en el artículo 1.167 eiusdem, que establece: ( )
De la lectura de tales normas se desprende que las obligaciones deben cumplirse en la forma en que han sido contraídas y que en caso de incumplimiento por una de las partes, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución o cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso para quien decide declarar con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compraventa interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán contra la ciudadana Mary González Huérfano y, en consecuencia, condena a la demandada a que en ejecución del mandato que le fue conferido por el ciudadano Rafael Napoleón Villegas en ejercicio del cual vendió a la actora el inmueble consistente en un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el N° 27 de la planta tipo nivel 4 del Edificio N° 8 del Conjunto Residencial Urbanización Monterrey, sector B, situado en la Aldea Sabana Larga en jurisdicción de la Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, mediante documento protocolizado por ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal Estado Táchira en fecha 23 de diciembre de 2008, inscrito bajo el N° 2008.949, asiento registral número 1 del inmueble matriculado con el número 440.18.8.3.827 y correspondiente al folio real del año 2008, efectúe la tradición legal del referido inmueble a la demandante poniéndola en posesión de éste, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.487, 1.488 y 1.692 del Código Civil. Así se decide.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto lo resuelto en la presente decisión produce efectos directos en la relación jurídica del tercero adhesivo con la parte demandante se considera al tercero coadyuvante como litisconsorte de la parte demandada. Y en consecuencia, se condena al litisconsorte de la demandada el mencionado abogado Rafael Napoleón Villegas, en su condición de tercero adhesivo coadyuvante de la misma, quien es el mandante de ésta. Así se decide.
( )
III
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer del presente amparo y, a tal efecto, observa:
Conforme al contenido del artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional es competente para conocer las demandas de amparo constitucional autónomas contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto el fallo que dictó, el 13 de abril de 2016, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, esta Sala, en atención al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en concordancia con el artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer la presente acción. Así se establece.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Previo a cualquier pronunciamiento de fondo esta Sala debe revisar los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto, observa que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al mismo tiempo que la solicitud ha cumplido con los requisitos contenidos en el artículo 18 ibídem.
Asimismo, se observa que la demanda de amparo no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia para conocer del amparo ejercido, esta Sala estima oportuno señalar, como punto previo a la admisibilidad, que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, una vez transcurrido un lapso de seis (6) meses, después de dictado el fallo denunciado como lesivo, sin que la parte actora muestre su disconformidad a través del ejercicio de la acción de amparo, acarrea la presunción del consentimiento tácito por parte de la accionante con dicho acto.
Asimismo, opera el abandono del trámite del procedimiento de amparo cuando una vez interpuesta la acción de amparo, la parte actora durante ese tiempo no haya realizado algún acto de procedimiento demostrativo de interés en que se decida la pretensión y tendente a impulsar la acción de amparo interpuesta; y por tanto, capaz de interrumpir el lapso establecido por esta Sala Constitucional para que se considere el abandono de trámite, lapso éste que ha transcurrido con creces en el caso sub lite, produciéndose así inexorablemente la extinción del proceso, por abandono del trámite.
Ahora bien, esta Sala aprecia de las actas cursantes en el expediente, que desde el 26 de septiembre de 2016, oportunidad en la cual el abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mary González Huérfano, diligenció en el expediente para consignar recaudos y solicitar que se requiera del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el expediente identificado con el N° 6935 (nomenclatura del referido Tribunal), y hasta la fecha en que se pronuncia la presente decisión, han transcurrido un lapso de más de seis (6) meses, establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que se observe que durante ese tiempo la parte actora haya realizado algún acto de procedimiento demostrativo de interés en que se decida la pretensión y tendente a impulsar la acción de amparo interpuesta.(Vid. Sentencia de la Sala N° 1.530/2008).
En efecto, esa conducta pasiva de la representación judicial de la parte actora, quien afirmó la necesidad de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, ha sido calificada por esta Sala como abandono del trámite, en sentencia núm. 982, del 6 de junio de 2001, recaída en el caso: José Vicente Arenas Cáceres, en los siguientes términos:
( ) la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constituciones puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.
(...)
Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.
(...)
La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara. (Subrayado de la Sala).
No obstante lo anteriormente expresado, en materia de amparo el legislador previó la posibilidad de la excepción a la aplicación de dicho lapso de caducidad, cuando se trate de lesiones al orden público o a las buenas costumbres, como ocurre en el presente asunto, pues se alega entre otras cuestiones, que el el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en su sentencia del 13 de abril de 2016, dejó de considerar que en el juicio primigenio de merodeclarativa de propiedad y cumplimiento de contrato se tramitó por el procedimiento breve y correspondía sustanciar la causa por el procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, la Sala ha señalado reiteradamente, que cuándo se trate de supuestas infracciones constitucionales que involucran derechos constitucionales de eminente orden público o que afecten las buenas costumbres, no puede declararse terminado el procedimiento.
Así, en decisión del 6 de julio de 2001 (caso: Ruggiero Decina y Fara Cisneros de Decina), la Sala estableció:
( ) ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de orden público a que se refiere la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparecencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1º/02/2000, caso: José Amado Mejía Betancourt).
Así las cosas, la situación de orden público referido anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.
Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.
Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agraviantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con la supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir. Es decir, es necesario que el hecho denunciado ocasione una presunta violación de orden público de tal magnitud que permita, a pesar de que, por ejemplo, el accionante haya desistido, o que la acción haya caducado, conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho a la debido proceso y la defensa que protege al presunto agraviante ( )
Al mismo tiempo, esta Sala, en su sentencia N° 1.419 del 10 de agosto de 2001, estableció lo siguiente:
( ) En el caso objeto de la presente decisión se interpuso una acción de amparo constitucional contra una sentencia dictada con un (1) año y once (11) meses de antelación a la fecha en que se interpuso la acción. Es pues, que el lapso de caducidad de seis (6) meses había transcurrido a plenitud, por lo que sólo pudiese admitirse la acción en caso de existir razones de orden público, o que afecten las buenas costumbres, en los términos expuestos con anterioridad.
Así las cosas, el accionante en su acción solicita que la sentencia impugnada sea anulada, en virtud de que la misma violenta sus derechos personales ...a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa del debido proceso (sic), el derecho a acceder a los salarios... y no fundamenta, en forma alguna, la procedencia de la desaplicación del lapso de caducidad, sino que más bien pareciere que éste pretende que su acción se admita por error o que sencillamente pase desapercibida, obviando el lapso de caducidad que la ley establece.
De cualquier manera, esta Sala observa que el accionante no fundamenta su acción en una violación constitucional que afecte a una parte de la colectividad o el interés general, y que sea de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, sino que la acción de amparo constitucional se refiere a las violaciones a los derechos constitucionales pertenecientes a la esfera jurídica particular del accionante, y no considera esta Sala que se desprenda una violación constitucional de extrema magnitud. Es por lo tanto, que esta Sala declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.
De lo anterior, se colige que al haberse alegado que el Sentenciador del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira dejó de considerar que en el juicio primigenio de merodeclarativa de propiedad y cumplimiento de contrato se tramitó por el procedimiento breve y correspondía sustanciar la causa por el procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo que indudablemente es un vicio que afecta el orden público, es por lo que, aun habiéndose producido en el presente caso, el transcurso del lapso que ordinariamente provoca la terminación del proceso por abandono del trámite, decide continuar con el conocimiento del presente procedimiento de amparo. Así se decide.
VI
DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO
Esta Sala, mediante decisión N° 993/13 (Caso: Daniel Guedez Hernández y otros), bajo una interpretación progresiva de normas constitucionales, y en procura de garantizar la tutela judicial efectiva y dar cumplimiento al mandato del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció, con carácter vinculante y con base en el artículo 335 del referido texto, que habían situaciones en las que el justiciable exponía ser víctima de agravios constitucionales que, al ser evidenciados por esta Sala, no sólo permitía, sino que hacía exigible su participación para lograr un inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida; es así como en la referida sentencia se expresó lo siguiente:
De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
En el presente caso, la parte querellante denuncia entre otras cuestiones, la violación de sus derechos constitucionales de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, de la ciudadana Mary González Huérfano, toda vez que la demanda por mero declaración de propiedad que interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, se desarrolló con base en los trámites del juicio breve, a pesar de que se trata de una pretensión que ha debido sustanciarse por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el particular, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en su fallo del 13 de abril de 2016, consideró que a pesar de haberse admitido la demanda por el procedimiento breve, la parte demandada tuvo oportunidad de ejercer todas sus excepciones y defensas, y que además tuvo la oportunidad de promover pruebas, razón por la cual estima que a pesar de haber existido una subversión del trámite, ello no daría lugar a la nulidad de las actuaciones y reposición de lo actuado, pues el procedimiento alcanzó la finalidad para el cual estaba destinado.
Como puede apreciarse, la resolución del presente caso tiene como núcleo principal la determinación del cuál es el procedimiento aplicable para la sustanciación del juicio que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato, interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, que no requerirá de ninguna actividad probatoria de las partes en conflicto, sino que puede perfectamente resolverse con las actas que constan en el expediente, principalmente, con las decisiones dictadas en los dos grados de conocimiento del juicio principal, lo cual no deja lugar a dudas en cuanto a que estamos frente a una situación de mero derecho.
En efecto, consta en autos que, el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dictó auto el 28 de julio de 2010, mediante el cual admitió por el procedimiento breve la demanda mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato, interpuesta por la ciudadana XIOMARA CONTRERAS DURÁN, contra la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO.
De igual forma, se pudo evidenciar que, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando como juez de alzada, y señalado como agraviante en la presente causa, indicó al respecto que aun cuando el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, tramitó la causa por un procedimiento equivocado, ello no derivó un efectivo perjuicio para la demandada, ya que a su juicio no le generó indefensión, por lo que no debe acordarse la reposición solicitada, ya que la misma resultaría inútil y contraria a los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, estando, como ya se afirmó, frente a una situación de mero derecho, la presente acción de amparo puede ser resuelta con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio, razón por la cual, esta Sala pasará a decidir el fondo de las denuncias planteadas, sin necesidad de celebrar la audiencia pública constitucional, tal como se sostuvo en la citada sentencia N° 993/13, en la que de manera expresa se indicó lo siguiente:
Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.
( )
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia expedita.
Así las cosas, la Sala observa una vez declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, que en el acto jurisdiccional bajo análisis constitucional, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el 13 de abril de 2016, al resolver el planteamiento efectuado por la hoy accionante, respecto al procedimiento aplicable para sustanciar el juicio de mero declaración de propiedad y cumplimiento de contrato de compraventa interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, expresó lo siguiente:
( )
El abogado Rafael Napoleón Villegas Ávila en su condición de apoderado judicial de la parte demandada fundamenta la solicitud de reposición de la causa, alegando que el a quo violó el debido proceso al admitir la demanda interpuesta contra su representada mediante una acción merodeclarativa, por el procedimiento breve, cuando lo debió hacer por el procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Que igualmente violó el debido proceso y por ende el derecho a la defensa, al no aplicar el artículo 14 eiusdem una vez terminada la reconstrucción del expediente, ya que durante ese lapso de tiempo la causa estuvo paralizada, trayendo como consecuencia que no hubo lapso probatorio en la misma. Aduce también que hubo silencio de pruebas, ya que el Tribunal al sentenciar la causa no nombró, ni menos aún valoró las pruebas aportadas por el tercero adhesivo con su escrito de tercería, lo cual era fundamental, pues el poder con que se hizo la venta de su apartamento fue anulado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial.
Al respecto, la representación judicial de la parte actora en su escrito de observaciones a los informes de su contraparte, señala que jamás se violó el debido proceso. Que la parte demandada tuvo acceso al expediente, hasta con intervención de terceros (frustrada por inconducencia); y que tampoco se está ante alguno de los supuestos de nulidad textual como los previstos en los artículos 132, 144 y 221 del Código de Procedimiento Civil, que haría factible la declaratoria en esta etapa del procedimiento y su posible reposición de la causa. Que al contrario, se está frente a la regulación del único aparte del artículo 206 procesal, que establece que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado, por cuanto la parte demandada ha tenido siempre acceso al expediente, oportunidades para alegar y probar, y no se dejó de cumplir como lo exige el precitado artículo 206, ninguna formalidad esencial a la validez de ningún acto procesal, tan es así, que la contraparte intervino sin éxito en todo el curso del procedimiento de la primera instancia. Que en todo caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha explicado que la sola existencia de un vicio procesal no es razón suficiente como para que la reposición sea procedente. Que tendría cabida una reposición en supuestos expresamente tutelados por el legislador, como sería algún caso de nulidad textual, la falta absoluta de citación o un vicio generado sin que la parte haya actuado en el proceso consintiendo con su silencio su existencia, más aun cuando ha podido, como lo hizo, contestar la demanda, controvertir y apelar; existiendo la solapada intervención como tercero. ( )
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente reconstruido, se aprecia lo siguiente:
La demanda que dio origen a la presente causa fue interpuesta por la ciudadana Xiomara Contreras Durán en ejercicio de la acción merodeclarativa prevista en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, contra la ciudadana Mary González Huérfano, con el objeto de que se declarara el derecho de propiedad de la actora sobre el bien inmueble objeto de litigio y se obligara a la demandada a hacerle entrega a la demandante del mismo, el cual adquirió la primera mediante contrato de compraventa debidamente protocolizado. Dicha demanda fue estimada en la cantidad equivalente a 2.615, 38 unidades tributarias.
Así las cosas, conforme a la cuantía establecida en el escrito libelar tal como se indicó en el auto de fecha 19 de junio de 2014 dictado por este Juzgado Superior corriente al folio 270 de la segunda pieza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009, efectivamente, la presente causa debió tramitarse por el procedimiento ordinario, lo que constituye un vicio procesal. Sin embargo, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional en relación a la necesaria utilidad de la reposición, es preciso entrar a considerar si dicha subversión en la tramitación de la causa produjo un perjuicio para el demandado, es decir, si le causó indefensión, para lo cual se precisa lo siguiente:
La ciudadana Mary González Huérfano fue juzgada por su juez natural; tuvo la oportunidad, en ejercicio de su derecho a la defensa, de dar contestación a la demanda, como en efecto lo hizo mediante escrito presentado en fecha 02 de noviembre de 2010, cursante al folio 13 de la primera pieza, en el que se limitó a oponer como defensa de fondo la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, porque a su decir la actora no tiene interés jurídico actual para proponer la acción; a negar, rechazar y contradecir de manera genérica la demanda interpuesta en su contra, sin alegar ningún hecho nuevo en su defensa; y a pedir que se citara como tercero al ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila. Así las cosas, se evidencia de dicho escrito que la parte demandada en la primera oportunidad que intervino en el proceso no objetó el trámite que se le había dado a la causa, de lo que se infiere que lo estimó adecuado para la defensa de sus derechos.
De las actuaciones anteriormente relacionadas puede evidenciarse que la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa mediante un trámite que consideró apropiado para la protección y ejercicio de sus derechos, pues tal como se indicó no lo objetó en la primera oportunidad en que intervino al dar contestación a la demanda, ni durante el decurso del procedimiento luego de haber sido personalmente notificada por el tribunal de la causa del extravío del expediente, sino que es el ciudadano Rafael Napoleón Villegas Ávila, quien actuando ahora como apoderado judicial de la demandada pide la reposición de la causa, en los informes presentados ante esta alzada, alegando que hubo silencio de pruebas ya que la recurrida no nombró ni menos aún valoró las pruebas aportadas por el tercero adhesivo con su escrito de tercería, lo cual era fundamental, pues el poder con que se hizo la venta de su apartamento fue anulado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial.
( )
En consecuencia, considera esta sentenciadora que aun cuando el a quo tramitó la causa por un procedimiento equivocado, ello no derivó un efectivo perjuicio para la demandada, ya que no le generó indefensión, por lo que no debe acordarse la reposición solicitada, ya que la misma resultaría inútil y contraria a los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece ( ).
Al respecto, cabe destacar que ha sido doctrina de esta Sala que las formas ordenadoras del proceso son normas que atañen al orden público y, por tanto, no son relajables por las partes y corresponde al juez, como director del proceso mantener a las partes en los derechos y facultades que son comunes a ellas, sin permitir extralimitaciones de ningún género (ex artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Civil).
En efecto, el principio de legalidad procesal, además de manifestarse como la predeterminación legislativa de las normas aplicables a cada procedimiento jurisdiccional, garantiza a las partes una igualdad técnica en el ejercicio de sus pretensiones y defensas, pues ellas se ejercen en las fases y lapsos fijados por la ley, lo cual debe ser resguardado por el juez, pues, de lo contrario, podrían producirse vulneraciones susceptibles de ser corregidas a través de los medios de impugnación y gravamen que brinda el ordenamiento jurídico para ello.
Así, esta Sala Constitucional en su Sentencia N° 2325 del 14 de diciembre de 2006, con relación a la sujeción de las partes al trámite predeterminado por la ley, dejó establecido lo siguiente:
( ) la estabilidad de las normas ordenadoras del proceso, vinculada con la especialidad de cada uno de los regímenes procesales establecidos en razón del bien jurídico tutelado por cada materia (constitucional, contencioso-administrativa, militar, civil, penal, laboral, tributario, etc.) forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva postulado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del carácter instrumental del proceso en procura de la justicia predicado por el artículo 257 eiusdem, pues ello presupone el conocimiento previo de aquellas reglas procesales y sus correlativas garantías -p.ej. competencia del órgano y garantía del juez natural, derecho a la prueba y establecimiento del lapso probatorio- que operan para que el ciudadano canalice adecuadamente sus pretensiones ante la jurisdicción bajo formas certeras, en procura de obtener la tutela o el reconocimiento de sus derechos de forma expedita y eficaz. Por tanto, la modificación de estas reglas debe obedecer, en virtud del principio de legalidad procesal, a la voluntad legislativa y no a las modificaciones que hagan los jueces de instancia por apreciaciones particulares que prescinden, incluso, de la técnica de control difuso de la constitucionalidad -ex segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil ( ).
Ello así, resulta claro que la estructura, secuencia y desarrollo del proceso está preestablecida en la ley y no es disponible por las partes ni por el juez, pues el derecho de defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en la ley para su ejercicio. Dichas formas procesales no son caprichosas, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes, sino que por el contrario persiguen garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa.
Por tanto, si bien le es dado al operador jurídico evitar las reposiciones inútiles por estricto mandamiento del artículo 257 constitucional, pues ello indudablemente obra contra la consecución de la justicia expedita, no le está permitido soslayar la aplicación de un procedimiento más favorable, dotado de una serie de garantías más amplias, en favor de un procedimiento que si bien cuenta con las fases elementales de defensa, contradicción y prueba, -el procedimiento breve-, es restringido respecto de los recursos o incidencias que puedan presentarse en el decurso del debate judicial, lo cual puede verificarse del contenido del artículo 894 del Código de Procedimiento Civil, que limita las incidencias en el juicio breve, lo cual conlleva, desde una perspectiva objetiva, un menoscabo al debido proceso.
Con base al anterior razonamiento, esta Sala estima que resultó contrario a derecho la afirmación del juez del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en su fallo del 13 de abril de 2016, señalar que la reposición de la causa no procede porque no se le causó gravamen alguno a la demandada en el juicio primigenio, por cuanto ella pudo dar contestación a la demanda; aunado a que en el presente caso ocurrieron una serie de irregularidades procesales, (extravío y reconstrucción del expediente 6935, entre otras), sobre las cuales debió el juez de alzada tomar en cuenta el desenvolvimiento de los eventos procesales, a los efectos de considerar procedente la reposición, en el juicio de mero declaración de propiedad y cumplimiento de contrato de compraventa seguido ante el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial, según se advierte de la copia certificada del las actas del expediente identificado con el N° 6935 (nomenclatura de este Tribunal).
Ello así, debe esta Sala dejar expresamente establecido que tanto la labor legislativa interpretaciones judiciales deben orientarse a la persecución y alcance de la justicia, so pena de que las mismas se conviertan en inconstitucionales.
Bajo tales parámetros, no entiende esta Sala Constitucional cómo en el fallo señalado como lesivo, se efectuaron interpretaciones de espalda a toda razón de lógica constitucional; dado que es inexplicable, que se concluya que la reposición sería inútil, pues aun cuando el a quo tramitó la causa por un procedimiento equivocado, ello no derivó un efectivo perjuicio para la demandada , excluyendo la posibilidad de que el juicio sustanciado bajo las normas que regulan el procedimiento ordinario, contempla mayores garantías procesales que las que existen en el juicio breve; aún más cuando la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona contiene la orden de entregar el inmueble.
Como puede apreciarse, con la sentencia accionada, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira del 13 de abril de 2016, se convalidó la aplicación de un procedimiento indebido, contemplado en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en el Título XII, (juicio breve), en el que los lapsos son mucho más cortos que los dispuestos en el procedimiento ordinario previsto en los artículos 338 y siguientes del mismo Código, con lo cual se vulneró de manera flagrante el derecho a la defensa y el debido proceso de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO hoy parte accionante, a quien, partiendo de una interpretación de carácter restrictivo, se excluyó del ámbito de aplicación del procedimiento ordinario, que posee mayores garantías.
En ese sentido, es pertinente citar lo señalado por esta Sala en su sentencia N° 5 del 24 de enero de 2001 (Caso: Supermercado Fátima S.R.L.), ratificada, entre otras, por la sentencia N° 765/15, en la cual se estableció lo siguiente:
Al respecto, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.
En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.
En el presente caso, como se ha señalado, se dejó de aplicar el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial y por el contrario, se aplicó el procedimiento breve del mismo cuerpo normativo, en el que los lapsos son reducidos, menoscabando así, la posibilidad de argumentar y probar por parte de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, tal como sucedió con la desestimación del escrito de informes presentado en la alzada, específicamente ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; todo lo cual debe ser subsanado por esta Sala, por estar en juego la integridad de la Constitución, pues así lo exigen los artículos 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, el restablecimiento de la situación jurídica infringida en el presente caso se obtendrá, tal como lo requirió el accionante, con la declaratoria de nulidad del fallo accionado proferido por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, y con la reposición de la causa al estado de que un nuevo Juez del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial, se pronuncie sobre la admisión de la demanda que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato, interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, y que el proceso se lleve a cabo de conformidad con el criterio establecido en el presente fallo. Así se decide.
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el 13 de abril de 2016, la cual se anula, que declaró con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y con lugar la demanda que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, revocando la decisión dictada el 11 de abril de 2013, por el mencionado Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial. En consecuencia, se ordena la reposición de la causa al estado de que un nuevo Juez del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, se pronuncie sobre la admisión de la demanda que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, previa notificación de las partes. Así también se decide.
Con ocasión al pedimento cautelar solicitado por la parte accionante, se estima inoficioso proveer sobre el mismo, dada la naturaleza del presente fallo.
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer la acción de amparo interpuesta por el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO.
SEGUNDO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el 13 de abril de 2016.
TERCERO: De MERO DERECHO la resolución del presente amparo.
CUARTO: PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado RAFAEL NAPOLEÓN VILLEGAS ÁVILA, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana MARY GONZÁLEZ HUÉRFANO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el 13 de abril de 2016.
QUINTO: Se ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el 13 de abril de 2016, que declaró con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y con lugar la demanda que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano.
SEXTO: REPONE la causa al estado de que un nuevo Juez del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, se pronuncie sobre la admisión de la demanda que por mero declarativa de propiedad y cumplimiento de contrato interpuso la ciudadana Xiomara Contreras Durán, contra la ciudadana Mary González Huérfano, previa notificación de las partes.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Presidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES
Exp. N° 16-0852
CZDeM/
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