Sentencia N.º 857
- Sentencia
- N.º 857
- Fecha
- 18/10/2016
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 15-1121
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 15-1121
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 6 de octubre de 2015, el abogado Dilcio Cordero León, en su condición de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Septuagésima Novena del Ministerio Público con Competencia a Nivel Nacional, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de revisión de la sentencia N° 594, dictada el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 12.404.800, a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El 13 de octubre de 2015, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 19 de octubre de 2015, el abogado Omar José Rojas Fermín, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 116.959, en su condición de defensor privado del ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, solicitó que esta Sala declare inadmisible In Límine Litis la presente solicitud de revisión.
El 21 de octubre de 2015, se recibió oficio N° 3333-15, del 6 de octubre de 2015, suscrito por la abogada Ingrid Milagro Geraldino Portillo, en su carácter de Jueza del Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante el cual solicitó a esta Sala Constitucional que le informe si fue admitida la presente solicitud de revisión constitucional.
El 1° de diciembre de 2015, el órgano solicitante en revisión solicitó que esta Sala dicte el respectivo pronunciamiento en el presente caso.
El 2 de marzo de 2016, esta Sala, mediante la decisión N° 50, le ordenó a la abogada Ingrid Milagro Geraldino Portillo, en su condición de Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que remitiese los originales del expediente de la causa penal seguida contra el ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, el cual fue recibido el 11 de marzo de 2016.
El 2 de agosto de 2016, el abogado Omar José Rojas Fermín, antes identificado, solicitó que esta Sala declare inadmisible la presente solicitud de revisión constitucional.
Efectuado el estudio individual de la presente solicitud, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Como antecedentes y fundamento de la solicitud de revisión, el abogado el abogado Dilcio Cordero León, en su condición de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Septuagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional, señaló lo siguiente:
Que El 23 de julio de 2014, el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a cargo del Juez Rafael Eugenio Terán Montilla, condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.404.800, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por ser autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación al artículo 99 del Código Penal.
Que En fecha 12 de septiembre de 2014, los abogados defensores del acusado Sergio Alberto Bracho Bohórquez, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Octavo en funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Que El 22 de septiembre de 2014, la ciudadana Yanari Alvillar, en su condición de Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, contestó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado.
Que En fecha 30 de octubre de 2014, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, conformada por la Jueza Vanderlella Andrade Ballesteros (Presidenta), la Jueza Egleé del Valle Ramírez y la Jueza Yoleyda Montilla (Ponente), admitió el recurso de apelación interpuesto.
Que El 5 de diciembre de 2014, fue realizada la audiencia oral con la presencia de las partes y mediante decisión de fecha 6 de enero de 2015, la mencionada Corte de Apelaciones declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación propuesto, rectificó la calificación jurídica y la pena impuesta al acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, estableciendo el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO (sin penetración) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (encabezamiento y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la acusado a cumplir la pena de OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias de Ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal.
Que En fecha 2 de febrero de 2015, este Representante Fiscal Septuagésimo Noveno del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional, interpuso Recurso extraordinario de Casación contra la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.
Que El 2 de febrero de 2015, los abogados José Rojas Marín (sic) y María Isabel Socorro, defensores privados del acusado, interpusieron Recurso de Casación.
Que En fecha 18 de febrero de 2015, el ciudadano abogado Jesús Antonio Vergara Peña, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Carmen Elena Arrieta, parte querellante en la presente causa, dio contestación al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado.
Que En fecha 29 de mayo de 2015, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia № 375, admitió la primera denuncia del Recurso de Casación interpuesto por este Representante Fiscal Septuagésimo Noveno del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional, asimismo admitió el Recurso de Casación interpuesto por los apoderados judiciales de la víctima; y convocó a las partes a una Audiencia Oral que se celebró en fecha 30 de junio de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que en fecha 13 de agosto de 2015, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión № 594 declaró la NULIDAD DE OFICIO del fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por ser autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación al artículo 99 del Código Penal ( ) [ordenando la celebración] de un nuevo juicio oral contra el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ.
Que La presente Revisión Constitucional se fundamenta en la infracción de la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en que incurrió la Sala de Casación Penal mediante sentencia número 594, la cual declaró la Nulidad de oficio del fallo dictado por el Juzgado Octavo en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por ser autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación al artículo 99 del Código Penal, fundamentando su decisión en la supuesta inmotivación en el análisis de las pruebas por parte del Juez de Juicio, lo cual -a juicio de esa Sala- constituye una violación a la Tutela Judicial Efectiva. Asimismo, declaró la nulidad de todos los actos siguientes a la esa Sala y ordenó la celebración de un nuevo juicio oral al condenado, aplicando indebidamente normas constitucionales.
Que la Sala de Casación Penal luego de admitir la primera denuncia del Recurso de Casación interpuesto por este Representante Fiscal y realizada la Audiencia Oral con la presencia de las partes, el 13 de agosto de 2015 anuló de oficio la decisión dictada en fecha 23 de julio de 2014 por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, desconociendo y contrariando la Doctrina de esta digna Sala Constitucional en materia de Nulidades de oficio en sede Penal, contenida en sentencias № 3242 del 12 de diciembre de 2002 (caso: Gustavo Gómez López), y ratificada en fallo № 811 del 11 de mayo de 2005 (caso: Henry Prada Gómez y otro.), de las que se desprenden los supuestos para que la Sala de Casación Penal pueda declarar la Nulidad de Oficio (sic).
Que las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal en materia de nulidades de oficio son de interpretación restrictiva, y establece taxativamente los casos en los cuales puede la Sala de Casación Penal declarar la nulidad ex officio, siempre que en la actividad judicial esté presente la intervención, asistencia y representación del imputado, la forma en que se establezca, la inobservancia y violación de derechos y garantías en general, siendo que en los demás casos se requiere instancia de parte.
Que En ese sentido, ( ) la Sala de Casación Penal, luego de transcribir la única denuncia del Recurso de Casación interpuesto por el Apoderado Judicial de la Víctima, expresó: ...La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el principio de adecuación y subsunción típica y de igual manera el contenido del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (...) presenta vicios que violan flagrantemente las premisas señaladas anteriormente, por ello antes del resolver los recursos de casación planteados, pasa a revisar la presente causa en su totalidad y observa lo siguiente..., para concluir que ...del cúmulo de órganos de pruebas antes señalados los cuales fueron tomados en consideración por el Juez en funciones de Juicio № 8 del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines de declarar la responsabilidad penal del acusado de autos, observa la Sala de Casación Penal, palpablemente el vicio de inmotivación, y ello se constata de la valoración reflejada por el Juez de Primera Instancia al momento de la adminicular los órganos de pruebas antes transcritos..., sustentando la declaratoria de nulidad de oficio del fallo del Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de juicio, en la supuesta inmotivación en la valoración de las pruebas.
Que la Sala de Casación Penal no declaró fundamentarse en los supuestos de nulidad de oficio establecidos por esta Sala en las sentencias supra transcritas, y además se evidenció de forma palmaria que la decisión cuya revisión solicito no se subsume en los supuestos señalados por esta Sala Constitucional para que la Sala de Casación Penal pueda declarar su nulidad de oficio, obviando dicha Sala que los supuestos de nulidad son taxativos y de interpretación restrictiva, siendo que en el presente caso no se constató la violación de garantías constitucionales referidas a la intervención, asistencia y representación del acusado ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, quien ejerció de forma efectiva su derecho a la defensa durante todas las fases del proceso, ello aunado a que la nulidad de oficio establecida en el último supuesto del criterio jurisprudencial, que permite la modificación o revocación de la decisión a favor del imputado, se refiere a la decisión objeto del recurso que hayan interpuesto las partes, en este caso la decisión que podía ser revocada de oficio por esa Sala era el fallo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, contra el cual se anunció recurso extraordinario de casación.
Que la Sala de Casación Penal utilizó los supuestos de la Casación de Oficio para declarar la nulidad de oficio de la sentencia dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, excediendo los límites de su competencia, y en consecuencia declaró nulo todos los actos de procedimiento subsiguientes y el fallo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, aplicando indebidamente el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela norma que consagra la eficacia de los trámites procesales y la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales.
Que la Sala de Casación Penal no resolvió en su decisión el Recurso de Casación interpuesto por este Representante Fiscal, en el cual fue admitida la primera denuncia y realizada la correspondiente Audiencia Oral con la presencia de las partes según lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que la Sala de Casación Penal infringió el artículo [432 del Código Orgánico Procesal Penal] por falta de aplicación al omitir pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto por este Representante Fiscal y basar su decisión en el análisis de la sentencia dictada por el Tribunal Octavo en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extendiendo su decisión más allá de los límites de su competencia (ultrapetita), profiriendo un fallo incongruente, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y es contrario al criterio vinculante de esta Sala Constitucional establecido en sentencia del 15 de octubre de 2002 (Caso: José Pascual Medina Chacón), según el cual incongruencia es ...el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia... (corchetes añadidos por esta Sala).
Que la Sala de Casación Penal en su decisión № 594, aplicó indebidamente la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Carta Magna, expuesta en el criterio de esta Sala Constitucional N° 1440, de fecha 12/07/2007, para sustentar la NULIDAD DE OFICIO de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, pues del fallo proferido por el tribunal de juicio no se evidencia el vicio de inmotivación en el análisis de las pruebas que sostuvo la Sala de Casación Penal para anular dicho fallo, al contrario tal como lo sostuvo la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas en su voto salvado de la decisión, ...la valoración otorgada por el Tribunal de Juicio a la declaración del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), la cual fue adminiculada con el resto del acervo probatorio, siendo que de manera fehaciente se logró comprobar lo manifestado por el niño, (en el lenguaje propio de un infante de tres años de edad) respecto a que sufrió de abuso sexual de su progenitor. En efecto, los aspectos señalados por el niño y demás órganos de pruebas evacuados fueron analizados, concatenados, adminiculados y comparados por el Tribunal de Juicio....
Que Contrario a lo afirmado por la Sala de Casación Penal en la sentencia № 594, el juzgador de juicio decidió conforme a lo alegado y probado en autos, y valoró las veintiséis (26) declaraciones testimoniales evacuadas en el juicio oral, expresando las razones por las cuales otorgó pleno valor probatorio al testimonio del niño víctima y de sus familiares, y explanando las razones por las cuales desechaba los testimonios ofrecidos por la defensa siendo claro en expresar que los mismos no aportaban elemento alguno que permitían resolver el mérito del asunto.
Que este Representante Fiscal considera acertado el criterio de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, quien consideró que ...existen circunstancias tácticas plasmadas en el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Juicio que acreditan la comisión del hecho punible, por lo que resulta difícil comprender para quien suscribe, cuáles fueron los criterios considerados por la mayoría sentenciadora para anular de oficio el fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO CON PENETRACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con el artículo 99 del Código Penal y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral.
Que la sentencia dictada por el Juzgado Octavo en funciones de Juicio cumple con el debido deber de motivación, apegado a la sana crítica que consagra el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia la Sala de Casación Penal aplicó indebidamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al fundamentar en esta norma la nulidad de oficio de la decisión, que si cumplió con el deber razonable de motivación.
Que yerra la Sala de Casación Penal al aplicar la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva como fundamento para declarar la Nulidad de Oficio del fallo de primera instancia en funciones de juicio, siendo que la Nulidad es una Sanción Procesal y así lo expresó esta Sala en sentencia № 81 del 10 de febrero de 2009.
Que aplicó erradamente la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal la garantía del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, pues dicha norma constitucional no la faculta para declarar la NULIDAD DE OFICIO DEL FALLO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO, y de los actos subsiguientes incluyendo la decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, lo cual hace evidente de igual forma un error grotesco en la interpretación del artículo 26 Constitucional, norma que consagra una justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; ya que de haber interpretado correctamente la Sala de Casación Penal este Principio, en modo alguno hubiera ordenado la realización de un nuevo juicio oral y público contra el acusado en el que se tomó declaración de veintiséis (26) testimoniales incluyendo la víctima, un niño de solo 3 años de edad para ese momento, y se cumplió cabalmente con los principios de inmediación, oralidad, concentración y publicidad, garantizando el derecho a la defensa del acusado.
Que se aprecia claramente del fallo sometido a revisión que la Sala de Casación Penal incurre en una evidente contradicción en la parte motiva de la sentencia, pues por una parte afirmó que el juzgador de juicio incurrió en el vicio de inmotivación ...al momento de desechar los órganos de prueba evacuados por la defensa del acusado de autos, siendo que el mismo igualmente se limitó a establecer que las testimoniales no aportaban sobre el caso en concreto...", y luego en la motivación de la sentencia sobre el mismo punto sostuvo que "...la Sala ha observado que el juzgador de juicio desecho los órganos de pruebas promovidos por la defensa del acusado de autos, sin señalar el porgué de su pronunciamiento..., contradiciendo sus motivos pues primero afirma que el juez sobre esas testimoniales estableció que no aportaban sobre el caso concreto y luego afirma que el juzgador no señaló el por qué (sic) desecho esos órganos de prueba.
Que la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal viola de manera flagrante el criterio sostenido por esta Sala Constitucional que dejó sentado "...el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.(Cfr. Fallo № 889/2008 del 30 de mayo).
Que que si el juzgador de juicio desecho (sic) las testimoniales afirmando que no aportaban sobre el caso concreto, expresó las razones por las que prescindió de esos órganos de prueba, es decir, cumplió con el deber de motivación al concluir que no aportaban nada al hecho controvertido, razón por la que resulta a todas luces contradictorio que la Sala de Casación Penal en la motivación luego afirme que el juez de juicio desechó esos órganos de prueba sin señalar el por qué.
Que por todas las razones anteriormente señaladas resulta evidente la violación a garantías constitucionales de seguridad jurídica, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y al debido proceso, en el fallo № 594 dictado por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, así como el desconocimiento de los criterios sostenidos por esta Sala en sentencias № 3242 del 12 de diciembre de 2002 (caso: Gustavo Gómez López), fallos № 811 del 11 de mayo de 2Q05 (caso: Henry Prada Gómez y otro.), y № 81 del 10 de febrero de 2009 (caso: Miguel Antonio Pérez Gómez), razón por la que solicito a esta Sala Constitucional ejerza su potestad revisoria de carácter excepcional, y anule el referido fallo, una vez constate la violación de normas constitucionales y criterios de esta digna Sala denunciados por este Representante Fiscal.
En virtud de lo anterior, la representación del Ministerio Público solicito (sic) sea declarado HA LUGAR el presente Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional contra la decisión de la Sala de Casación Penal № 594, del 13 de agosto de 2015, en consecuencia, SE ANULE el fallo dictado, y se ordene a la Sala de Casación Penal dicte nueva sentencia en la que se resuelva el recurso extraordinario de casación admitido a este Representante Fiscal y a la Defensa de la Víctima.
Por último, solicitó, en virtud de que la Sala de Casación Penal remitió la totalidad del expediente a la Unidad de Distribución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, y se designó al Juzgado Octavo (8o) en funciones de Juicio de ese Circuito Judicial, quien convocó a las partes en fecha 06-10-2015, para la celebración del nuevo juicio oral contra el acusado, que se decrete una medida cautelar referida a la suspensión de la ejecución de la decisión sometida a revisión.
II
DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL DEFENSOR PRIVADO DEL CIUDADANO SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ
El 19 de octubre de 2015, el abogado Omar José Rojas Fermín, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 116.959, en su condición de defensor privado del ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, solicitó que esta Sala declare inadmisible In Límine Litis la presente solicitud de revisión, en los siguientes términos:
Que afirmar que el accionante invoca una facultad inexistente, por cuanto los supuestos que motivan su solicitud de revisión constitucional con intención de nulidad, en los términos que lo hace, no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos establecidos por nuestra Constitución la ley.
Que la decisión proferida por la Sala de Casación Penal no constituye una decisión firme de amparo constitucional, de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, definitivamente firme de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, no constituye una decisión que se aparte u obvie expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado y no es una sentencia definitivamente firme en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Que la acción de revisión pretendida no se subsume en ninguna de las condicionantes que se establecieran en el fallo № 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: "Corpoturismo") donde esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, no obligatoria.
Que esta parte procesal ha denunciado ad inittio del presente caso, una serie de irregularidades procesales (fraudes Procesales) que solo nuestra Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido capaz de interpretar y subsanar con la Constitucional sentencia №: 594 del año 2.015, la cual de manera clara, precisa, ordena la realización de un nuevo Juicio Penal, garantizando asi a todas las partes involucradas, los postulados y principios referidos al derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso. Derechos que garantiza nuestra Constitución y la Ley, no entendiendo esta defensa técnica profesional, los oscuros motivos que impulsan al representante de la vindicta pública a solicitar una odiosa, ilegal e inconstitucional revisión, cuando inclusive todas las partes nos encontrábamos presentes en el la sede del Tribunal Octavo de Juicio del Circuito Judicial penal del estado Zulia el día 06/10/2.015, para dar cumplimiento al mandato de nuestro máximo intérprete en materia Penal para dar inicio al nuevo juicio e iniciar con los discursos respectivos de forma Oral y Reservada (sic), solicitando además el Propio Ministerio Público el diferimiento de dicha apertura y pidiendo de manera verbal ante el Juez de Juicio, la medida innominada que pretende en su escrito de solicitud de Revisión (sic).
Que La doctrina ha considerado la Casación Penal, como la instancia donde, ... normalmente, se establece como finalidad principal la defensa pura de la Ley y la uniformidad de la Jurisprudencia, y virtualmente como un fin secundario, el de servir de medio de desagraviar, a las partes por los errores en que hubieren incurrido las sentencias en segunda instancia; este tipo de concepción no puede aplicarse a la casación penal, máxime cuando en la constitución se ha consagrado el debido proceso como derecho fundamental y un resguardo privilegiado a la libertad y a la dignidad humana, lo que significa que con el control en casación, se persigue depurar el proceso, para que pueda regir el debido proceso, generando como consecuencia que el recurso de casación sea un recurso extraordinario en interés de las partes para preservar sus derechos. (Recurso de casación, Pag.578, recursos procesales, Rodrigo Rivera Morales). Negrilla y subrayado [del Fiscal solicitante].
Que con la consagración del debido proceso como Derecho fundamental y la sustancialización (sic) del Derecho Procesal, la situación de la Casación Penal ha sufrido un cambio, se mantiene la idea de la función nomofiláctica como finalidad principal de la Casación Penal, pero no la única, se puede afirmar, sin dudas, que tiene como finalidad principalísima la conservación del derecho positivo y la preservación de los derechos fundamentales, de manera que, la vieja afirmación doctrinaria de que el objeto de la casación no es tanto enmendar el perjuicio inferido a los particulares, -Ius Litigatoris- sino garantizar la uniforme aplicación de la Ley -Ius Constitutiones- conforme al mandato constitucional.
Que en el presente caso el Ministerio Público ha desmerecido la correcta aplicación de la Ut Supra norma, por cuanto refleja en su accionar que su afán único, es por sobre todas las cosas, que se establezca como firme el fallo de primera instancia, que condena a mi defendido, ilógicamente, con un acervo probatorio de certeza (plena prueba) que arrojan resultados negativos y que son irrefutables por su carácter científico criminalístico, y que en un eventual juicio, imparcial, objetivo, ajustado al debido proceso, a los principios de ética y honradez, transparencia, como lo ha ordenado nuestra Honorable Sala de Casación penal, y siendo que el acusador Estadal cuenta con muy pocas probabilidades que un nuevo fallo le favorezca, razón por lo cual, la intención que impulsa el recurso de revisión que pedimos sea declarado INADMISIBLE, no es más que evitar a toda costa un nuevo juicio, y no la protección de la Ley y la uniformidad de la Jurisprudencia, como se pretende hacer ver.
Que las conductas desplegadas por los representantes Fiscales en la presente causa, se han apartado de los postulados a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo que ya han sido recusadas, denunciadas y separadas del conocimiento de la presente causa, las que precedieron a quien hoy intenta tan grotesca acción.
Que Es obvio que en un estado social de Derecho democrático y de justicia, el valor de la seguridad jurídica no debe prevalecer sobre el valor Justicia, determinando la inmodificabilidad de una sentencia penal condenatoria, que se evidencia a posteriori como injusta, pero esta condición no puede tampoco determinar un permanente cuestionamiento de sentencias, utilizando la vía excepcional de revisión, para obtener una cuarta instancia, que valore de nuevo la prueba practicada en el juicio, o la contraste con otra prueba que aporte posteriormente el interesado, como en el presente caso, donde el accionante arguye en su pretensión, solo las pruebas testimoniales referenciales que le interesan, pero omite las de pleno valor y fuerza probatoria, por su naturaleza científica relacionada con la criminalística y la ciencia médica, como son el examen médico físico ano rectal, la determinación seminal, determinada esta por la lámpara de hoow, fosfatasa ácida, exámenes psiquiátricos y psicológicos (entre otros) cuyos resultados son todos como dijéramos anteriormente NEGATIVOS, por lo que Septuagésima Novena a nivel Nacional con competencia Plena del Ministerio Público, representada por DILCIO CORDERO LEÓN, ha intentando, sin lugar a dudas un fraude a la Ley y a la Justicia al pretender confundir y burlar la majestad de tan alta Sala de Justicia Constitucional.
Que La petición accionada por el Ministerio Público en el presente caso, no persigue ninguna de las anteriores, solo tiene el fin de buscar una nulidad que asegure una condena írrita, por las desviaciones que el mismo Ministerio Público ha propiciado en el presente caso y que han sido suficientemente denunciadas en todas las instancias judiciales, incluyendo el mismo Ministerio Público.
Por tal motivo, solicitó que se declare inadmisible la presente solicitud de revisión constitucional.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 13 de agosto de 2015, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 595, anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014,por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El anterior pronunciamiento tuvo como fundamento, lo siguiente:
DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA VÍCTIMA
Denunciaron los apoderados judiciales de la víctima la errónea interpretación del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su encabezamiento y segundo aparte por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, fundamentando su escrito recursivo de la manera siguiente:
ÚNICA DENUNCIA
VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley por errónea interpretación del artículo 259 (encabezamiento y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual incurrió la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia al dictar una decisión propia en el asunto seguido contra el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, por ante Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, atendiendo a lo (sic) sin explanar fundamentación alguna- por parte de la defensa del ciudadano penado, del contenido del artículo 444.5 del Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la parte motiva de la sentencia recurrida, estableció lo siguiente:
procede contrariamente a lo establecido por esa Sala Colegiada, en una errónea interpretación de la norma señalada en la ley especial, al indicar, con base en las mismas pruebas valoradas por el juez de mérito, que el delito cometido por el penado de autos no implicó la penetración del niño víctima (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), hijo del procesado, atendiendo dicha conclusión, no a la totalidad de las pruebas que sí fueron debidamente analizadas por el Juez de Instancia, sino únicamente a cuatro elementos probatorios, a saber los siguientes:
Considera esta representación judicial de la víctima, que en el presente caso, la Sala de Alzada incurre en una errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto al entrar a motivar una denuncia que no fue debidamente motivada por la defensa recurrente (bajo el amparo del resguardo a la tutela judicial efectiva, creando desigualdad para las otras partes intervinientes en el proceso), a los fines de establecer si el supuesto denunciado se refería a una violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444.4 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto dicho numeral atiende a dos situaciones de derecho distintas, con soluciones diferentes, concluyó ese Tribunal Colegiado que al no reflejar el examen médico forense ano-rectal, la existencia de lesiones en el ano del niño víctima, no se configuraba el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO CON PENETRACIÓN, sin embargo, esa Sala Colegiada, no tomó en consideración las particularidades del delito, la cual sí fue debidamente examinado por el Juez de mérito, así como tampoco analizó la testimonial de la víctima, (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), a los fines de concluir en un cambio como el contenido en la decisión recurrida.
Así se observa, que durante el juicio oral, el niño víctima (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), manifestó al Tribunal de Juicio, entre otras cosas, de acuerdo lo plasmado por el Juez de mérito, lo siguiente:
Aunado a dicha testimonial, el Juez de instancia, concatenó y analizó el testimonio de la ciudadana MARÍA EUGENIA LIRA BRACHO, encargada del cuidado del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), de la siguiente manera:
Las anteriores testimoniales, entre otras pruebas producidas en el juicio oral, debidamente analizadas por el Juez de Juicio, le permitieron concluir que en el caso de marras se dio por comprobado el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; delito que en consideración de la Sala de Alzada no se verificó, como ya se señaló ut supra, por cuanto no se determinó la existencia de lesiones en el examen forense ano-rectal practicado al niño víctima de la presente causa, concluyendo ese Tribunal Colegiado, partiendo de dicho informe, que no hubo penetración.
Sin embargo, quien recurre considera que la Sala de Alzada, incurriendo en una errónea interpretación del artículo 259 de la ley especial, no analizó debidamente la naturaleza del delito juzgado en el asunto, y la vulnerabilidad de la víctima, a los fines de realizar tan abrupto cambio en la calificación del delito que dio por establecido inicialmente al dar respuesta a la defensa del penado de autos, y posteriormente, modificar de manera por demás sustancial, la pena impuesta al ciudadano SERGIO BRACHO BOHÓRQUEZ.
En ese sentido, considera pertinente este apoderado judicial, hacer mención al artículo denominado Evaluación médico-legal del abuso sexual infantil. Revisión y actualización, que en relación a (sic) tan delicada materia, establece lo siguiente:
Se verifica entonces, atendiendo al contenido del estudio transcrito, que en los delitos donde existe abuso sexual a niños, tal como lo estableció el Juez de instancia, es posible que no se evidencien signos vitales de penetración anal, sin embargo, ello no descarta que la misma fuere efectivamente practicada, pues atendiendo a las circunstancias en las cuales se desarrolló la conducta, la misma puede no dejar lesiones, y ante una posible manifestación verbal del niño o la niña víctima, existe vergüenza y miedo por las amenazas de su abusador, y a presencia de sentimientos de culpa, así como falta de atención y comprensión a sus pedidos de ayuda por parte de personas a su cargo, lo cual se percibe en las entrevistas realizadas por los expertos; elementos éstos que se desprenden y se encuentran presentes en el texto íntegro de la sentencia modificada por la Sala de Alzada, los cuales no fueron estimados por ésta, a los fines de realizar una adecuada interpretación del tipo penal, sino que por el contrario, procede ese Tribunal Colegiado, a dictar una decisión propia, obviando la totalidad de las pruebas producidas en el debate oral, para concluir indicando, de manera por demás contradictoria, que en el caso de autos no existió penetración del niño víctima por parte de su progenitor.
En ese orden de ideas, es menester señalar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha indicado que: ., por tanto, atendiendo a las circunstancias del caso de autos, en el juicio seguido al ciudadano SERGIO BRACHO BOHÓRQUEZ, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, incurre en una errónea interpretación del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece:
Se evidencia del contenido de la norma sometida a consideración de esa Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, que a los fines de la configuración del delito de abuso sexual con penetración, ésta no necesariamente debe implicar la introducción, en este caso, del miembro genital masculino, sino de cualquier instrumento que simule objetos sexuales, evidenciándose que en el caso de marras, la sentencia dictada por el Tribunal de instancia estableció, y así lo validó la Alzada, al momento de dar respuesta a la segunda denuncia planteada por el recurrente en su escrito de apelación, que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), le fueron introducidos una serie de objetos por parte de su progenitor, acusado de autos, ciudadano SERGIO BRACHO BOHÓRQUEZ, tales como bolígrafos y sus propios dedos, que en definitiva, permiten establecer la existencia del delito imputado, aunado al comportamiento que manifestaba el acusado de autos, de acuerdo a lo descrito por el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), cuando se encontraban juntos, razón por la cual, este apoderado judicial insiste, y así solicita sea constatado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la subsunción de la conducta en el tipo penal de ABUSO SEXUAL A NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 217 ejusdem y el artículo 99 del Código Penal, en contra del niño (identidad omitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por parte del penado de marras.
Por tanto, en virtud de los argumentos esgrimidos, solicito muy respetuosamente, se declare con lugar la denuncia planteada y se dicte una decisión propia que establezca la existencia del delito e imponga la penalidad correspondiente, atendiendo a todos y cada uno de los elementos que fueron fijados durante el debate oral celebrado por ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. .
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el principio de adecuación y subsunción típica y de igual manera el contenido del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también los principios generales del derecho, ha constatado que la sentencia dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, presenta vicios que violan flagrantemente las premisas señaladas anteriormente, por ello antes del resolver los recursos de casación planteados, pasa a revisar la presente causa en su totalidad y observa lo siguiente:
El Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el cuerpo de la sentencia, dio por sentado que:
SEGUNDO: Que el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, después del veintiuno (21) de Mayo del año 2013, en las oportunidades que le correspondía disfrutar del régimen de convivencia familiar con el niño, lo llevaba a su residencia, la casa N° 126-74, ubicada en el sector los Haticos, Urbanización Fundación Mendoza, Avenida 23 calle, 126, Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo del estado Zulia, donde usaba ropa de vestir y accesorios femeninos, colocándose pintura de uñas en su pene, obligando al niño a besárselo e introduciéndolo en su boca, al igual que introducía en el ano de su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) su dedo meñique y bolígrafos, hechos que configuran un ABUSO SEXUAL AGRAVADO Y CONTINUADO. . (Folio 186).
En el capítulo denominado por la Instancia ANALISIS, COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE FUERON RECEPCIONADAS DURANTE EL DEBATE DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO; estableció textualmente, en cuanto a la testimonial rendida por la ciudadana CARMEN ELENA JOSEFINA ARRIETA LESO, quien es madre del niño víctima, lo siguiente:
La ciudadana CARMEN ELENA JOSEFINA ARRIETA LESO, quien es la madre de la víctima el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) no presenció el Abuso Sexual a su hijo, pero de su declaración y de las respuestas a las preguntas que le efectuaron las partes y este Tribunal, aporta los primeros indicios sobre como ocurrió ese hecho punible, precisando que su hijo, después del 21 de Mayo del año 2012, fecha posterior al inició del Régimen de Convivencia Familiar establecido entre ella y el acusado de autos SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ (padre de la víctima) por el Tribunal Segundo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, su hijo, (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) presentó diversos cambios de conducta, (falta de sueño, mucha agresividad, rabia, frustración, se comía las uñas, obsesión por lavarse las manos, no dejaba que lo bañaran), incluso la directora y la psicólogo del colegio Girasol de Giraluna, donde cursaba estudios el niño, le habían convocado a una reunión para tratar lo de su conducta anormal.
De igual manera, manifestó que: una noche mientras que acariciaba a su hijo de la nuca hacia la espalda... y llegó por tercera vez al coxis, el niño le quito la mano y le dijo ya mamita no me vayas a hacer como me hace mi papito Alberto me mete el dedo en el culito, en razón de esto su madre lo llevo a su cuarto y comenzó a conversar con el niño, según la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta Leso el niño le contó que su progenitor le introduce el dedo en el culito le dije ¿hijo pero que dedo? Y me comienza a señalar el dedo, que le hacía cosas malas y yo le pregunte ¿pero ha hecho otras cosas? ¿Te ha pedido que lo beses, que lo abraces?... y él me dice que sí, que él le había pedido que le besara su pipi, que le besaba su culito, que le había tocado su culito, y se puso a llorar, y me dijo ya mamita no quiero hablar más, no me preguntes mas nada que no quiero hablar más Que le introducía el dedo en el culito, a veces le introducía dos, y hacia comparaciones con objetos como marcadores.
En razón de lo expuesto por su hijo, la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta Leso colocó la denuncia ante la Fiscalía Trigésima Quinta (35) del Ministerio Público y fue también al Tribunal Segundo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, donde se tramitaba el Régimen de Convivencia Familiar entre ella y el padre del niño el hoy acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, en virtud que se habían separado, manifestando, que allí, en los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescente; su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue entrevistado por la Psicóloga Carmen Elena Govea, aproximadamente durante 4 horas, pero que ella no estuvo presente, sin embargo tuvo conocimiento que el niño manifestó que su padre le metía objetos por el recto, que él los comparó con un marcador o bolígrafo de pizarra, él decía que lo asustaban con cámaras, situación esta, que dijo la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta Leso, había comprobado, pues el niño al ver una cámara de video entraba en pánico.
En el mismo orden de ideas indicó, que ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el niño hablaba de que lo dejaban encerrado en el cuarto, que su papá se ponía bravo y se hacía pipi por todas las paredes, que se tocaba el pipi de arriba abajo y de abajo arriba, decía que su papá lo obligaba a que le besara el culito y que cuando no le besaba el pipi a su papá, el papá se ponía bravo y le pegaba y según la testigo que aquí se valora todo congeniaba con la actitud que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)tenía previamente.
Asimismo la ciudadana CARMEN ELENA JOSEFINA ARRIETA LESO, manifestó que en ocasiones después que el acusado de autos llevaba de nuevo a su casa a la víctima, luego de haber cumplido con el Régimen de Convivencia Familiar, el niño regresaba con ropa cambiada, con franelas e interiores diferentes, sucios, y otras veces sin interiores, y que un día en un restaurante en Caracas, un niño lo estaba molestando y Sergio le metió el dedo en el trasero por encima de la ropa al niño ( ) El vio eso como un castigo, y me dijo que Papito Alberto me lo hizo. Que en otras oportunidades mientras que lo bañaba el niño le refirió lo siguiente: me toco mucha gente que lo tocaban en su pipi y en su culito. Es muy importante que recordemos, que en los delitos sexuales, precisamente por su nivel de configuración y clandestinidad, en la mayoría de los casos no existen testigos presénciales, y mucho menos cuando esos delitos son cometidos por familiares de las víctimas, que se aprovechan de la confianza, sumisión y autoridad que ejercen sobre las mismas, y de la misma razón de parentesco para cometer esos tipos de hechos punibles, por lo que en estas circunstancias, cobra mayor importancia el dicho de la víctima, y en el presente caso igual importancia el dicho de la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta, pues esta es la madre del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) quien para el momento de los hechos tenía solamente tres (3) años de edad, y, precisamente por ser su progenitora, es merecedora de la confianza por parte del niño, ya que casi el 100% de las madres, y en si la familia, que como bien lo sabemos es la célula fundamental de la sociedad, es el conjunto de personas con las cuales los niños, conviven, se protegen, escuchan, aprenden, se forman, desarrollan, se aconsejan, se alimentan, juegan, entre otros, en definitiva tal y como lo establece el artículo 4.A (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (principio de Corresponsabilidad) es fundamental para el desarrollo integral del niño, y por todas estas razones la ciudadana Carmen Elena Arrieta Leso, quien se ve inmiscuida en todos los aspectos de vida de su hijo, pudo darse cuenta de que su hijo presentaba cambios de conducta, que también percibieron sus otros familiares y sus maestras de colegio, cambios que lo alteraron y perjudicaron; lo cual es absolutamente inconcebible bajo la luz del interés superior del niño, establecido en el artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en los casos que existe abuso sexual y la víctima son niños, niñas y adolescentes, el bien jurídico tutelado, a diferencia de violaciones a adultos, no es la libertad sexual, sino la formación sana del niño. De tal manera que este Tribunal valora este medio de prueba como elemento que permite demostrar que ciertamente el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima de un ABUSO SEXUAL AGRAVADO Y CONTINUADO, por parte de su progenitor el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ. .
Seguidamente concluyó: El análisis de esta testimonial se hizo adminiculándola, concatenándola y comparándola, en primer lugar con las testimoniales rendidas por los ciudadanos María Eugenia Lira Bracho, Orelis del Carmen Cardozo Martínez, Maritza Virginia Leso Scalera, Ligcir de Jesús Arrieta Arrieta, Glorianny Beatriz Miyarez, Geraldine Mayeda Beuses Briceño, siendo todas coincidentes y contestes, primeramente en que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), presentó cambios de conducta, pasando de ser un niño, alegre, extrovertido, a ser un niño cariñoso (sic), introvertido, temeroso, y en segundo lugar los ciudadanos María Eugenia Lira Bracho, Maritza Virginia Leso Scalera a quienes el niño les contó que su papito Alberto, como reconoce a su padre biológico el acusado de autos Sergio Alberto Bracho Bohórquez, le tocaba su culito (sic) y le había metido el dedo en el culito (sic), configurándose así una violación. Igualmente, esta testimonial fue analizada, concatenada, adminiculada y comparada también con las siguientes pruebas documentales . (Resaltado de la Sala).
En cuanto a la testimonial rendida por la ciudadana MARÍA EUGENIA LIRA BRACHO, dejó sentado que:
quien se encargó de cuidar al niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) desde que este tenía 1 año y 1 mes de nacido, ratifica en primer lugar lo expuesto por la madre de la víctima la ciudadana Carmen Josefina Arrieta Leso, en relación con los cambios de conducta que sufrió el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) después que los padres del mismo se separaron e impusieron un régimen de convivencia familiar, según la testigo que aquí se valora desde ese momento la hoy víctima dejó de ser un niño educado y cariñoso, a estar nervioso y comerse las uñas, cuando regresaba de la salidas con sus padres estaba rebelde, manifestando igualmente que el niño quería masturbarse y masturbar a sus hermanitos, que el niño intentaba tocar el pene de su abuelo materno. Igualmente dijo la ciudadana María Eugenia Lira Bracho, que ella estuvo presente cuando un día del mes de junio del año 2012 la ciudadana Carmen Josefina Arrieta Leso le preguntó al niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) que le pasaba y este le respondió que le dolía el pompis y le dijo que su papito Alberto le metió el dedo. Que ella lo consiguió un día intentando meterse un lápiz por el trasero, que el niño le comentó directamente que su papá se ponía a orinar las paredes y se había puesto un vestido de princesa y se maquillaba, que su papá le amarraba en el pipi un cordón para que se le pusiera fuerte y era el cordón de los zapatos ortopédicos, zapatos que nunca más el niño quiso volver a usar, que su papá le había metido el dedo en el culito . (Resaltado de la Sala).
Concluyendo de dicho testimonio el sentenciador de juicio:
De tal manera que este medio de prueba ratifica que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor el hoy acusado de autos Sergio Alberto Bracho Bohórquez y en ese sentido se le da valor probatorio. El análisis de esta testimonial se hizo adminiculándola, concatenándola y comparándola con las testimoniales rendidas por los ciudadanos María Eugenia Lira Bracho, Orelis del Carmen Cardozo Martínez, Maritza Virginia Leso Scalera, Ligcir de Jesús Arrieta Arrieta, Glorianny Beatriz Miyarez, Geraldine Mayeda Beuses Briceño, quienes coincidieron en que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), después que su padre el hoy acusado de autos, comenzó a llevárselo a su casa para cumplir con el régimen de convivencia familiar, presentó cambios sustanciales en su conducta, que despertaron alarmas en los diferentes ambientes en que se desenvolvía el niño de que algo estaba sucediendo, lo cual quedó refrendado con el relato de la víctima a los ciudadanos antes mencionados. Igualmente, esta testimonial fue analizada, concatenada, adminiculada y comparada también con las siguientes pruebas documentales. . (Resaltado de la Sala).
En cuanto a la testimonial rendida por la ciudadana ORELIAS DEL CARMEN CARDOZO, estableció:
para el momento de los hechos fue la maestra del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) en el Colegio Girasol de Giraluna, ella manifestó que en esa escuela llevan un seguimiento para ver los cambios de conducta de los niños, según la testigo que aquí se valora (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) a comienzos del año escolar era tranquilo, espontáneo, pero aproximadamente a partir desde el día 16 del mes de mayo del año 2012, cambió en demasía su conducta, comenzó a presentar ansiedad, a negarse a realizar cualquier actividad, empezó a colorear todo de negro, cuando antes utilizaba los demás colores, no quería estar solo, en razón de todo estos cambios la ciudadana Orelis del Carmen Cardozo Martínez, le comentó lo que sucedía a la directora, a la coordinadora y a la psicóloga, esta última comenzó a evaluar al niño, contactaron a su progenitora y le comentaron lo que estaba pasando, posteriormente dijo la citaron para declarar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y allí fue que se enteró de que el niño había sido supuestamente víctima de un abuso sexual por parte de su padre. Todos sabemos que los colegios, escuelas, liceos, universidades, en fin las instituciones educativas son las segundas casas u hogares de los que allí se forman, pues allí; invierten un gran tiempo de sus vidas, a veces mayor al de que pasan en sus hogares, por lo cual esta testimonial es muy importante; pues al igual que los familiares que convivían con el niño (Carmen Elena Josefina Arrieta, María Eugenia Lira Bracho, Maritza Virgina Leso Scalera, Ligcir de Jesús Arrieta Arrieta) la maestra del niño Orelis del Carmen Cadozo Martínez percibió los cambios fuertes de conducta del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), que igualmente dice sucedieron desde el 16-5-2012, fecha posterior al establecimiento del Régimen de Convivencia Familiar entre los padres de la hoy víctima, por lo cual; este Tribunal le da valor probatorio como un indicio de que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima de un abuso sexual, más no en lo que respecta a la responsabilidad penal del acusado .
Seguidamente, en lo concerniente a la testimonial de la ciudadana MARTIZA VIRGINIA LESO SCALERA, determinó el sentenciador:
indicó que el niño le dijo lo siguiente: que su papá le metía este dedo o este dedo, o ambos dedos, que le metía marcadores, que le quería poner peluca, que le quería poner corona de reina, que su papá se orinaba las paredes y quería que él hiciera lo mismo, que lo ponía a él (sic) niño le besara el pipi o viceversa o ambas cosas el niño o el niño a él que le quería poner vestidos de flores que lo quería disfrazar de niña, que le quería poner peluca y corona de reina y yo le dije y tú qué hiciste, yo le dije a mi papá que me respetara que eso no lo hacían los niños. Esta testigo también manifestó que una noche del mes de Mayo del año 2012, la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta Leso fue a acariciar a su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), y este le dijo que no le tocara el culito como se lo hacia su papito Alberto, como llama a su padre biológico, el hoy acusado de autos Sergio Alberto Bracho Bohórquez, por lo que al día siguiente, decidieron colocar la respectiva denuncia, según la testigo que aquí se valora, en ocasiones, cuando se quedaba con el niño, este le decía que le picaba el culito y cuando se lo lavaba o le echaba cremita o algo el niño se ponía siempre en posición de cubito dorsal, yo lo ponía en la cama para echarle cremita, pero él no se ponía normal como se ponen los otros niños, normalmente boca arriba, sino posición boca abajo, tipo perrito y yo le decía papi así no, porque te pones así, así no se le echa cremita a los bebes boca arriba, ponte boca arriba, porqué te pones así, y él respondió porque así me ponía mi papito Alberto, es decir que estaba reproduciendo una conducta aprehendida, que no es normal para un niño varón de tres (3) años de edad. De igual manera, textualmente expuso: un día llamaron a mi hija al colegio a una reunión porque las actitudes del niño habían cambiado ya no era el niño seguro, no era el niño sociable era un niño retraído, era un niño que le daba miedo ir al baño solo, las pesadillas de noche que se paraba de la cama corriendo, mami tengo pesadillas ya no quiero seguir pensando en mi papito Alberto, su actitud comenzó a cambiar desde que comenzó a tener las visitas de su papá, el régimen que le impusieron, comenzó a decir que su familia no lo quería, que el único que lo quería era su papito Alberto. Según la ciudadana MARITZA BIRGINIA LESO SCALERA el padre del niño era muy agresivo, por lo que ella y su hija acordaron que este buscara al niño en su casa, pero en muchas ocasiones el niño no quería ir. Así pues que esta testimonial es plena prueba de que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima del delito de Abuso Sexual, cometido por su padre biológico el acusado de autos SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ y así se le estima y valora le análisis de esta testimonial se hizo adminiculándola, concatenándola y comparándola, con las testimoniales rendidas por los otros ciudadanos a los cuales el niño, directa y expresamente le indicó que su progenitor le había introducido su pene en su boca y los dedos y objetos en el recto, así como con las declaraciones rendidas por las ciudadanas Glorianny Beatriz Mijarez, Geraldine Mayeda Beuse Briceño, Esther Mary Ríos Díaz, Jennifer Nohami Ríos Duran, Lorena Isabel Saggese Larso, Beatriz Meza, Johan Calorina Silvia Hernández, las cuales fueron contestes en que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) había sufrido un trauma que lo perjudico importantemente, por lo cual había cambiado su conducta normal . (Resaltado de la Sala).
En lo alusivo al testimonial rendido por el ciudadano LIGCIR DE JESÚS ARRIETA ARRIETA, explanó el Juez sentenciador:
quien es el abuelo materno del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), es otro indicio de que efectivamente este último fue víctima del delito de Abuso Sexual por parte de su padre biológico el acusado Sergio Alberto Bracho Bohórquez, a quien el testigo que aquí se valora describió como una persona agresiva, a la que su hija; la madre de la víctima, le tenía temor, y al igual que las personas que estaban diariamente en el entorno del niño, manifestó que luego que inició el régimen de convivencia familiar entre el acusado de autos y la víctima, comenzó a notar que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) cambió en su actitud; que paso de ser un niño alegre, no timorato, no esquivo a ser un niño que por momentos se portaba huraño agresivo, yo le preguntaba que le pasaba y me decía tu no me quieres, tú no eres mi amigo, pero mijo quien te dice eso, bueno me lo dice mi papa Alberto, pero mira eso no es así, nosotros te queremos, te amamos, empecé a notar que el niño se fue viniendo a menos, timorato, huraño, aprensivo, se comía las uñas de las manos, de los pies y se halaba los cabellos, en el colegio donde estudiaba el niño le prestaron ayuda psicológica y particularmente también se busco un psicólogo que lo tratara. De igual manera manifestó que en ocasiones el niño no quería ir con su papá a las reuniones pautadas, que cuando regresaba de la visita traía un temor por las cámaras de videos y cuando el ciudadano LIGCIR DE JESUS ARRIETA ARRIETA le preguntaba por qué, el niño le respondía abuelito porque mi papito Alberto me ve por esa cámara, que el niño en dos ocasiones llego a tocarle sus partes genitales, diciéndole que su papito Alberto como llama a su progenitor se lo hacía, es decir que estaba reproduciendo una conducta aprendida, conducta que evidentemente no es normal en un niño de 3 años de edad, que como todos sabemos en ese momento de sus vidas todavía no tienen despierto ningún interés sexual. Finalmente indicó que posterior al día de las madres del año 2012, su hija; la ciudadana Carmen Arrieta, le comentó que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) le había manifestado que su papá le había introducido por el ano un objeto un lápiz o algo así, fue por lo que colocaron la denuncia ante el Ministerio Público. El análisis de esta testimonial se hizo adminiculándola, concatenándola y comparándola, con las testimoniales rendidas por los ciudadanos Carmen Elena Arrieta Leso Scalera, María Eugenia Lira Bracho, Orelis del Carmen Cardozo Martínez, Maritza Virginia Leso Scalera, Ligcir de Jesús Arrieta Arrieta, Glorianny Beatriz Miyarez, Geraldine Mayeda Beuses Briceño, quienes coincidieron en que percibieron un cambio de conducta sustancial y negativo del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), cambios que se presentaron luego que el acusado de autos comenzó a llevarse al niño al cumplimiento del régimen de convivencia familiar, y en relación con la testimonial Carmen Elena Arrieta Leso Scalera, María Eugenia Lira Bracho, Orelis del Carmen Cardozo Martínez, Maritza Virginia Leso Scalera, a quienes el niño les indicó expresa y directamente que su padre SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ le había introducido sus dedos y objetos en el culito. .
Con respecto al testimonio del ciudadano NESTOR LUIS PEROZO GONZÁLEZ, dejó sentado que:
A esta declaración este Tribunal no da valor probatorio, pues no aporta elemento alguno que permita resolver el merito el asunto, es que el ciudadano NESTOR LUIS PEROZO GONZALEZ, manifestó que los hechos por los cuales fue acusado el ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, a quien mencionó como su hermano, su compadre, su mejor amigo, son completamente falsos, pues en los 33 años que él tiene conociendo al acusado de autos, este ha mantenido una conducta intachable, y en su opinión sería incapaz de hacerle algo a su hijo, contrariando lo expuesto por los abuelos maternos pues según él muchas veces compartió con el acusado y la víctima ya que tiene un hijo contemporáneo con (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) manifestando que cuando llevaban a (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) de vuelta a la casa de sus abuelos luego de haber compartido en atención al régimen de convivencia familiar este no quería bajarse del carro, que el niño ama a su padre, que los hechos por los que los acusa, son una simulación de la familia de la madre de la víctima, que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) era un niño Hipertinético que muchas veces su padre tenía que corregirlo Que todas las cosas y regalos que su padre le compraba al niño se los devolvían, que cuando el niño estaba enfermo, el acusado llamaba a su madre preguntándole por el estado de salud y ella le respondía que no era su problema, que el acusado se desvivía por el niño, que en una oportunidad el acusado le mostró un mensaje de texto de la mamá del niño (Carmen) mediante el cual le decía que lo iba a acabar, que el acusado no se bañaba al niño porque tenía temor a que la mamá dijera algo sobre el niño. Negando por completo conducta homosexual, transexual o pedófila por parte del acusado de autos. . (Resaltado de la Sala).
En referencia al testimonio de la experta LESMY ROSANA NAVA ÁLVAREZ, dejó sentado: En fin; ninguno de los 5 elementos a los que esta funcionaria realizó esa experticia, presentó restos seminales, sin embargo, si bien esta prueba no logró desvirtuar la presunción de inocencia que amparó al acusado de autos, no es menos cierto que todos los otros medios de prueba, por la motivación que se ha dado, sin lugar a dudas convencieron al juez que sí existió el delito de abuso sexual cometido en perjuicio del niño ( ) y que ese hecho punible fue perpetrado por el acusado Sergio Alberto Bracho Bohórquez, y por lo cual se dicta la presente sentencia condenatoria. . (Resaltado de la Sala).
Al respecto del testimonio de la ciudadana GLORIANNY BEATRIZ MIJARES, concluyó: fue Auxiliar de Sala Preescolar de la profesora Orelis Cardozo en el Colegio Girasol de Giraluna, ella manifestó que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) era un niño alegre, un poco inquieto como los demás, pero que como a finales del año, aproximadamente en el mes de junio, notó que estaba un poquito ansioso pero tampoco algo que yo pudiera alarmar, que en ocasiones acompañaba al niño al baño, pero que nunca observo algo extraño y que tampoco (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) llegó a comentarle a ella o la profesora Orelis Cardozo que su padre abusaba de él. Como bien lo manifestaron los ciudadanos María Eugenia Lira Bracho, Orelis del Carmen Cardozo Martínez, Maritza Virginia Leso Scalera, Ligcir de Jesús Arrieta Arrieta, Geraldine Mayeda Beuses Briceño, esta testigo también noto ciertos cambios de conducta en el niño y en ese sentido se le da valor probatorio, circunstancia que como ha quedado claro fue uno de los indicios que el jurisdicente acogió para llegar al convencimiento de que el niño había sido víctima de un abuso sexual. Ahora bien este Tribunal no aprecia este medio de prueba como elemento que demuestre responsabilidad penal del acusado de autos en ese hecho punible de abuso sexual. . (Resaltado de la Sala).
En lo atinente al testimonio rendido por la ciudadana TAYDEE DEL VALLE NAVA TORRES, quien es médico general adscrita a la Coordinación de Ciencias Forenses, estableció:
explicando que es un examen ano rectal, realizado al niño de 3 años de edad ( ), concluyendo que el ano rectal estaba sin lesiones y dentro de los límites normales. Sin embargo, es muy importante que recordemos las respuestas a las preguntas realizadas por las partes y el Tribunal, las cuales entre otras fueron las siguientes: ¿Según su experiencia en el área forense existen casos dónde existe penetración anal no con pene que no deje huellas? Puede ser dedos y no deja huellas si es no violento. ¿Ha verificado algún caso? Cuando se valora al niño se hace un pequeño interrogatorio al niño, cuando no es penetración con penes no queda lesión. ¿O sea que cuando es penetración con pene es cuando deja huella? Si. ¿En los casos donde existe confianza, que no hay violencia puede dejar lesión la introducción vía anal con un bolígrafo? Si no es continuo no deja lesión. ¿Igual ocurre con los dedos? Es difícil que los dedos dejen huellas. ¿Si yo introduzco los dedos meñique y anular dejan lesiones? Generalmente no dejan. ¿Si yo introduzco cualquiera de estos marcadores puede dejar lesiones? Sí, porque el diámetro del ano es más pequeño que eso. ¿En que termino basan el interrogatorio al niño? Se le pregunta que le sucedió, si alguien le hizo algo, hay niño que responden otros no. ¿Según el examen todo está normal? Si. ¿Las lesiones anales sanan muy rápido? Si la región anal tiene células que se caracterizan por tener la capacidad de cicatrización muy rápida y cicatrizan en un tiempo corto, depende de la lesión y la profundidad. ¿Y si a las persona le introducen un rolo se produce lesión? Hay que diferenciar que al usar la palabra violenta o no violenta porque la persona cuando no es algo violento esta relajada y cuando es violento el esfínter se contrae. ¿Lo flexible del área anal pudiera estar relajado el esfínter al introducir el dedo meñique podría causar lesión? El dedo meñique es muy pequeño pudiera no dejar lesión. ¿Y si se le introduce un bolígrafo estando relajada? No creo que deje lesión o puede dejar una pequeña lesión que cicatrice rápido. ¿Si la persona que introduce el dedo, o bolígrafo usa algún lubricante podría dejar una lesión? Si se utiliza lubricante no creo que deje. Ahora bien, durante el debate las ciudadanas Carmen Elena Arrieta Leso, María Eugenia Lira Bracho y Maritza Virginia Leso Scalera, manifestaron que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) les había indicado directamente que su padre biológico Sergio Alberto Bracho Bohórquez cuando estaba con él a solas, le introducía su dedo meñique, así como marcadores por su ano, y que lo obligaba a besarle el pene, diciéndole que eso era normal, es por ello que cobra tanto valor el dicho de la experta TAYDEE DEL VALLE NAVA TORRES, quien como se evidencia, manifestó que existen casos donde la penetración que no se realiza con el pene no deja lesión, que es difícil que la penetración con dedos deje huellas, que la región anal tiene células que se caracterizan por tener la capacidad de cicatrización muy rápida, en un tiempo corto, dependiendo de la lesión y la profundidad, circunstancias estas, que son totalmente factibles en el presente caso, donde el niño dejándose llevar por la confianza hacia su padre y por lo normal que le manifestaba el mismo eran esos actos, pudo haberse relajado, concretándose entonces una penetración no violenta que no dejó huella como bien lo dice el examen ano rectal. Por esas razones, este Tribunal le da preeminencia y valor probatorio a la declaración realizada por la experta TAYDEE DEL VALLE NAVA TORRES como un indició más de que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO, cometido por su padre biológico el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ . (Resaltado de la Sala).
En lo alusivo al testimonio de la ciudadana GERALDINE MAYELA BEUSES BRICEÑO, estableció el Juzgador de Juicio: En cuanto al examen psicológico dijo que no se evidenció indicadores de patología mental, recomendando al menor siguiera con tratamiento, reconociendo su firma. Con respecto a la ampliación del examen psicológico, manifestó que en base a unos dibujos que le suministró la Fiscal del Ministerio Público Dulce Araujo hizo mención a que no presentaba trauma o patología mental, pero presentaba ansiedad e inestabilidad, temor y miedo que algo pasaba en él, que había la necesidad de que su mamá estuviese con el presente, que no quería ir solo a varios sitios, siempre acompañado de su mamá, que el niño estaba pasando por una situación (la que fuese) que no le permitía tener la capacidad para responder de manera adecuada, existiendo inmadurez en todos los sentidos, que no se evidenció indicador de manipulación por ninguna persona. Así mismo se le exhibió examen psicológico No. 9444 de fecha 10/102012, correspondiente a la ciudadana Carmen Elena Arrieta, concluyendo que no presentaba patología ni enfermedad mental. Por último manifestó que los días 22/10/2012 y 07/11/2012 practicó evaluación a SERGIO BRACHO BOHORQUEZ, concluyendo que presentó rasgos de personalidad paranoica. Este Tribunal da valor probatorio a este medio de prueba como otro indicio que permite demostrar que efectivamente el niño ( ) fue víctima del delito de ABUSO SEXUAL, más no en lo que se refiere a la responsabilidad penal del acusado en ese tipo penal . (Resaltado de la Sala).
En lo referente al testimonio de la ciudadana ESTHER MARY RÍOS DÍAZ, el Juez de Juicio dejó sentado: ... Coordinadora del Plantel Girasol de Giraluna, colegio donde estudia el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), al igual que como lo manifestaron las ciudadanas Orelis Cardozo y Glorianny Mijarez, ella indicó que a mediados del año escolar durante una semana, se presentó una situación puntual, una situación que no fue constante, ya que las maestras de la víctima le indicaron que el niño estaba manejando un cuadro de ansiedad y se comía las uñas y solo quería ir al baño con la maestra, por lo que ella procedió a contactar a la Sra. Carmen, para contarle lo que estaba sucediendo y comenzó a ser tratado por la psicóloga del colegio, tornándose todo normal después de esa semana. En esta oportunidad este Tribunal solo estima y valora este medio de prueba como muestra de que efectivamente existieron cambios de conducta en el niño (SE OMITE EL NOMBRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) luego que se entabló el régimen de convivencia familiar . (Resaltado de la Sala).
En lo concerniente al testimonio de la ciudadana CARMEN JOSEFINA BOHÓRQUEZ DE BRACHO, el Juez de Juicio dejó sentado:
manifestó que su hijo; el hoy acusado de autos Sergio Alberto Bracho Bohórquez, le presentó a la ciudadana Carmen Josefina Arrieta Leso como su pareja, con la cual vivió en su casa un tiempo, luego la Sra. Carmen Arrieta se fue un época de la casa; pues tenía problemas con Sergio Alberto Bracho Bohórquez, después de un tiempo regresó con un hijo el cual es su nieto (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), posteriormente, dice que los padres del niño entablaron un régimen de convivencia familiar, fue entonces cuando SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, los Jueves de 4 a 6 de la tarde y alternamente los domingo, comenzó a llevar al niño a su casa, donde jugaban con él, que a veces lo llevaba a otras partes con un amigo, que se llama Néstor Perozo, quien también tiene un niño. De igual manera expuso que un día llegaron unas personas a la casa, que Sergio Bracho las atendió, que esas personas entraron a una habitación pequeña que según ella sirve de vestier y la usan para guardar cosas de navidad y ropa, y colectaron como evidencias un impermeable de rayas de tigre, una chaqueta de flores, y un vestido largo negro, pero que esa era su ropa, también colectaron como supuesta evidencia una cámara y una computadora, y al ver una blusa mía dijeron esos es lo que ando buscando, no sé por qué, y se llevaron un arlequín que era alusivo a las águilas del Zulia porque él es fanático (refiriéndose al acusado Sergio Alberto Bracho Bohórquez) que se lo regaló Carmen Elena a Sergio Bracho. También dijo, que nunca el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) se quedo a dormir en su casa, ni en otra parte que no fuera con su madre, que nunca al niño lo bañaron en su casa, porque no le enviaban ropa ni pañales. Esta declaración ratifica que entre el hoy acusado de autos y la víctima existe un nexo paterfilial, que efectivamente existió un régimen de convivencia familiar, que si se practicó un allanamiento en su residencia donde fue detenido su hijo Sergio Alberto Bracho Bohórquez, y, fueron colectadas como supuestas evidencias criminalísticas un impermeable de rayas de tigre, una chaqueta de flores, un vestido largo negro, una cámara y una computadora, y en ese sentido se le da valor probatorio, más no en lo que respecta a la configuración del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO y mucho menos en lo que respecta a la participación del acusado de autos en ese hecho punible. Esta testimonial fue analizada, concatenada, adminiculada y comparada con la declaración de los funcionarios actuantes en el allanamiento de la residencia del acusado de autos (Luis Alejandro Araujo Chirinos, Yelitza Coromoto Ferrer Parra, Juan De Dios Mansur Urdaneta, Iván José Faría Mavares), donde fue aprehendido el mismo, y, donde se colectaron algunas prendas y accesorios de vestir, así como una lapto y un pendrive . (Resaltado de la Sala).
Respecto a la ciudadana CARMEN JULIA AREVALO, estableció el Juez de Juicio: Solamente se valora este medio de prueba como ratificación de los cambios de conducta del niño ( ) ya que en lo que se refiere al merito del asunto poco aporta esta testimonial. (Resaltado de la Sala).
En lo alusivo al testimonio de la ciudadana MALEN DE LOURDEN RODRÍGUEZ MARÍN, estableció el Juez de Juicio: Este Tribunal no le da valor probatorio a este medio de prueba, pues no aporta algún elemento que permita resolver sobre la perpetración del delito de Abuso Sexual y lógicamente tampoco de la participación del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ en la comisión de ese delito. Sin embargo se debe dejar constancia que la ciudadana MAILEN DE LOURDES RODRÍGUEZ MARIN, manifestó que los exámenes que realizó en una oportunidad para el ingreso del acusado de autos a un diplomado que se impartía en la Universidad Rafael Belloso Chacín (U.R.B.E.) arrojaron como resultados que SERGIO BRACHO tenía una salud mental sana, que según su experiencia como psicólogo la manipulación siempre es mayor por parte de la madre del niño que por parte del padre, que nunca llegó a observar algún rastro de homosexualidad o de abusador infantil del acusado, que por el contrario llego a conocerle a una pareja (femenina) y que se la llevaba muy bien con su hijo, a quien reverenció como intranquilo, concluyendo que consideraba que Sergio Alberto Bracho era incapaz de cometer el delito por el cual fue acusado . (Resaltado de la Sala).
El Juez en funciones de Juicio respecto al testimonio rendido por la ciudadana CHIQUINQUIRÁ FERNÁNDEZ SALOM, estableció:
tuve una relación de pareja con Sergio por 8 meses, tuvimos una relación de pareja y tuve la oportunidad de compartir con él en muchas ocasiones, ya esa relación termino. Como le dije compartí con él en muchas oportunidades siempre supe que Sergio tenía un niño al cual adoraba siempre me hablaba todo el tiempo de él en otras oportunidades compartimos en los días de visitas, doy clases de aeróbicos en algunos gimnasios de la ciudad y el iba en compañía de su niño y me buscaba, íbamos a comer helados o a compartir en Lago Mall en esas vivencias que tuve el niño en reiteradas oportunidades tenia comportamiento a esa edad 3 o 4 años algo inquieto y notaba que tenia actitudes agresivas con su papá y de repente lloraba y yo le decía porque te trata así y me decía quizás porque no me ve con frecuencia y tienen esa actitud, y de hecho nunca lo regañaba y otra oportunidad salíamos con un amigo Néstor que tienen otro niño y salíamos para que los niños compartieran y jugaran, solamente esas vivencias. omisis Esta testimonial tampoco permite resolver el mérito del asunto, en consecuencia, por lo que se refiere al mismo, este Tribunal no le da valor probatorio, pero igualmente considera menester este Juzgado dejar constancia, que la ciudadana MARIA CHIQUINQUIRÁ FERNÁNDEZ SALOM manifestó que tuvo una relación de pareja con el acusado de autos, por lo que ella conoció al niño (SE OMITE EL NOMBRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), a quien también identificó como un niño inquieto, añadiéndole que presentaba actitudes agresivas hacia su padre SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, es decir, que el niño en ocasiones cuando su padre no lo complacía comprándole algún juguete (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) golpeaba a su padre, que también conoció a Néstor Perozo, el amigo de Sergio Bracho, quien igualmente tenía un hijo de la edad de la hoy víctima. Por otra parte, a diferencia de lo que expuso la ciudadana Carmen Elena Arrieta Leso, manifestó que en la intimidad, nunca necesitó introducir un dedo, u objeto en el recto de (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) para estimularlo y funcionara como hombre, que nunca observó alguna situación atípica con relación a Sergio Alberto Bracho Bohórquez y su hijo (SE OMITE EL NOMBRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) . (Resaltado de la Sala).
En cuanto al testimonio rendido por la ciudadana LORENA ISABEL SAGGESE CORSO, el Juez en funciones de Juicio señaló:
ella manifestó que el 23-10-2012, se encontraba de guardia y atendió a la ciudadana Carmen Elena Arrieta y al niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), quienes venían remitido de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, por presuntamente haber sido víctima el niño, de un Abuso Sexual por parte de su padre biológico el ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, dijo la testigo que aquí se valora, que la ciudadana Carmen Elena Arrieta le manifestó que hacía un año, notaba en el niño conductas extrañas cuando después de cumplir con el Régimen de Convivencia Familiar regresaba de la casa de su padre el hoy acusado de autos, y que también en el colegio habían notado diferencias en la conducta del niño, que el niño no quería ir solo al baño sino acompañado, que no quería estar solo en el salón, y que supuestamente el niño le había contado, que su papa le metía el dedito en el culito y hacia que le tocara el pene. También dijo la ciudadana Lorena Saggese que tomo declaración al niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) quien dijo le había comentado a su asistente la ciudadana Jenniffer Nohemi Ríos Duran lo siguiente yo quiero a mi papa, y no coincidió con la declaración de la señora, dijo que quería estar con su papá, que su papá no lo cambiaba, no lo bañaba que extrañaba y quería estar con su papa y que en la entrevista no mostró temor, no mostró desagrado con su papá. Sin embargo en atención a la declaración de la madre del niño, la ciudadana LORENA ISABEL SAGGESE CORSO, decreto una medida de protección, que iba destinada a la separación del acusado del entorno escolar y familiar del niño. De igual manera manifestó que le solicitaron se trasladara al colegio del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), donde tomó declaración a la maestra del niño y a la directora del plantel, la maestra le indicó que el niño de amoroso y obediente, se torno agresivo, que le pegaba a los niños, que estaba inquieto, alterado, no hacía caso, que no era su conducta normal. Como se evidencia por un lado la madre del niño le indicó a la ciudadana LORENA ISABEL SAGESE CORSO, que el niño había sido víctima de un abuso sexual, pero por otro lado el propio niño les manifestó a ella y a su asistente que quería estar con su padre, no mostrando rechazo por él. En razón de estas contradicciones este Tribunal solamente puede valorar esta testimonial, en el sentido de que ciertamente como se lo participo la maestra del niño a la ciudadana Lorena Sagese, el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) presento cambios de conducta . (Resaltado de la Sala).
En lo que respecta al testimonio rendido por la ciudadana JENNIFER NOHEMI RÍOS DURÁN, estableció el Juez en funciones de Juicio: fue asistente en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en una oportunidad tomaron la declaración del niño (SE OMITE EL NOMBRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en virtud que su progenitora manifestó que había sido víctima de un abuso sexual por parte de su padre, que este le introducía el dedo meñique en su ano, en esa entrevista que le realizaron al niño dice la testigo que aquí se valora, al igual que lo dijo la ciudadana Lorena Isabel Saggese se le preguntó al mismo si era cierto que su papá le introducía el dedo meñique en el recto y este dijo que no, él me dice que quería decirme un secreto, la doctora Lorena se sale y él me dice que extrañaba y quería estar con su papá. En razón de lo cual este Juzgado no puede valorar este medio de prueba como elemento que demuestre alguna responsabilidad penal del acusado de autos . (Resaltado de la Sala).
En cuanto al testimonio rendido por la ciudadana BEATRIZ DE LA CHIQUINQUIRÁ MEZA RICO, concluyó el Juez de Juicio:
acudió la ciudadana Carmen Elena Arrieta Leso, presentándole dos reportes emitidos por la Psicóloga del Colegio Girasol de Giraluna, y manifestándole que estaba alarmada ya que su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) estaba inquieto, agresivo, ansioso, por lo que pautaron una entrevista con el niño, donde lo notó rebelde, inquieto, ansioso, no quería estar sentado, se comía las uñas de las manos, gritaba, se le dificultaba estar tranquilo, acatar normas, si se le negaba la petición de lo que quería se molestaba, tiraba la puerta del consultorio. En las primeras sesiones dijo que el niño conversaba de todo menos de su papito Alberto (SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ), cambiaba el tema, trataba de evadirlo, le decía no quiero hablar de eso, y si insistía se salía del consultorio. De igual manera explicó que durante el proceso de evaluación trabajaron con un cuento llamado Verónica ya no tiene miedo, elaborado por una psicóloga, que ha trabajado por muchos años los casos de abusos sexuales, que cuando comenzó a leerle el cuento a (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) este estaba muy atento escuchándolo y cuando terminó de leerlo le dijo que se quería ir con su mamá, en la próxima consulta (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) le dijo que le leyera el cuento otra vez, cuando Johana Silva se dispuso a leer el cuento, el niño se lo quita de la mano y le dice, yo quiero que me digas del abuelo, la mira y le dice que le cuente del papá, quiero ver el cuento, quiero ver al abuelo desnudo, quiero ver al papá, quiero ver cómo le mete el pipi ahí, señalándose con la mano su ano, y le dice papi es malo, me pego pero no me dolió. Que la Sra. Carmen Elena Arrieta Leso, madre de la hoy víctima, le había comentado que una noche (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) reventó en llanto, y le contó que su papito Alberto (SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ) le daba besos en la boca, que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) quería que ella no lo enviara más con SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ. Que en otra consulta JOHANA CAROLINA SILVA HERNANDEZ le pregunto donde lo besaba su papá y (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) se señalo el trasero, y fue cuando le dijo que su padre SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ se disfrazaba con flores y se ponía pantaletas, que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) le había dicho que se vistiera de hombre. También expuso, que posteriormente en el mes diciembre Carmen Elena Arrieta Leso la llamo alarmada, llorando, porque estando en Caracas, en un restaurante con (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), este trato de introducirle el dedo en el ano a otro niño que estaba en el restaurante, formándose una situación desagradable con los progenitores del otro niño. Por otro lado comentó que el abuelo materno de (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) estaba molesto porque la hoy víctima en algunos momentos quería darle besos en la boca a su hermanitos, rozarle el pañalito. Concluyendo la psicóloga JOHANA CAROLINA SILVA HERNANDEZ, que para ella hubo algunos incidentes de actos lascivos que (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) internalizó de manera negativa, que hicieron ver a su papá como una figura que estaba ahí para propiciar eventos desagradables, una figura a la que después rechazó, que omite, y que no quiere saber nada más. Si bien, la Psicóloga JOHANA CAROLINA SILVA HERNANDEZ, no está adscrita a ningún organismo público, ella evaluó al niño por más de un año, donde al igual que su entorno familiar y escolar, notó que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)estaba inquieto, agresivo, ansioso, concluyendo en su evaluación que para ella existieron incidentes de acercamiento sexual, específicamente actos lascivos hacia el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) por parte del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, en razón de lo cual este Tribunal valora esta testimonial plena prueba de que existió un acercamiento sexual del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ hacia su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) lo cual lo perjudico sustancialmente, de igual manera se valora como plena prueba de que existieron cambios negativos en la conducta del niño, de la versión que ratificó en este Tribunal en relación con la vestimenta femenina que usaba su padre, elementos estos que llevaron a la convicción del Juez que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) fue víctima del delito de ABUSO SEXUAL por parte de su progenitor SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ . (Resaltado de la Sala).
En lo concerniente al testimonio rendido por la ciudadana RITA PATRICIA HUERTA GUTIERREZ, el Juez en funciones de Juicio señaló: fue compañera de estudios del acusado, en una oportunidad invitó a SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ y a (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) a la fiesta de cumpleaños de su hijo, donde observó una interacción de un papá normal sumamente amoroso, responsable, jamás vi en Sergio una conducta que pudiese dar indicio a lo que se le acusa, todo lo contrario sumamente protector Que jamás observó alguna conducta homosexual o pedófila. Poco aporta esta testimonial al esclarecimiento de los hechos, por lo que en ese sentido no se le da valor probatorio alguno (Resaltado de la Sala).
Finalmente en cuanto a la testimonial rendida por el niño víctima, el Juez en funciones de Juicio señaló:
mostrándose bastante inquieto, evasivo, y en la cual; las psicólogo encargadas de realizar la entrevista, en varias ocasiones lo instaron a que les hablara de su papito Alberto (Sergio Alberto Bracho Bohórquez), pero el niño siempre intentó esquivar el tema; hasta que finalmente la psicólogo le preguntó ¿quién es papito Alberto? a lo que respondió el niño con otra pregunta ¿adivina quién se maquillaba? Respondiendo el mismo niño con la siguiente frase: Mi Papito Alberto. ¿Adivina en dónde? vuelve a preguntar el niño, respondiendo él mismo: se maquillaba en el pipi (señalándose su parte intima), se maquillaba con pintura de uñas, ¿tú lo viste? le preguntó al psicólogo, y la hoy víctima respondió: no, yo no lo vi, porque yo estaba durmiendo, pero inmediatamente dijo no, yo le baje los pantalones y lo vi Continuando el ciclo de pregunta de la siguiente manera: Psicólogo ¿Cómo se te ocurrió bajarle los pantalones, eso no es normal? S.J.B.A: no, él no debe hacer eso. Psicólogo: ¿qué otra cosa no debe hacer papito Alberto? S.J.B.A: Papito Alberto es maluco, porque cuando yo hacía una tontería me pegaba justo aquí (señalándose sus glúteos) me pegaba con la mano, pero diferente. Psicólogo ¿tu jugabas con papito Alberto? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) no, con ese maluco estúpido papito Alberto. Psicólogo: ¿Por qué dices que es maluco? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) He visto que es maluco. Psicólogo: ¿Alguna vez te hizo algo? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) Él no me hizo nada. Psicólogo: ¿Cómo se vestía él cuando estaba contigo? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) De mujer, se vestía de princesa. Psicólogo ¿Te puso el pipi en la boca? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) no respondió. Psicólogo ¿te puso en el culito el pipi? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) no respondió. Psicólogo ¿Te tocaba tus partes íntimas? (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) no respondió. En conclusión estuvo rechazando el tema y manifestando que le daba pena hablar de papito Alberto (SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ). Con esta declaración de la víctima, este Tribunal pudo constatar que en efecto la hoy víctima (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) es un niño bastante inquieto, sobresaltado, con dificultades para concentrarse, que es cierto lo que manifestaron sus familiares en relación a que el propio (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) les había contando que su padre biológico SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, a quien identifica como papito Alberto se colocaba pintura de uñas en su pene, y en ocasiones se vestía de mujer, de princesa, sintiendo pena e intentando evadir el tema, rechazando a su padre, y en ese sentido se le valor probatorio pleno a este medio de prueba. Ahora bien, aunque el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) expresamente no manifestó que fue víctima del abuso sexual por parte de su padre, si manifestó que había visto las partes intimas de su progenitor, que había bajado sus pantalones, que su padre era maluco que lo castigaba dándole nalgadas pero diferente, son otra prueba indiciaria que existió un acercamiento sexual por parte del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ hacia su hijo ( ) lo cual adminiculado, concatenado y comparado con todo el acervo probatorio evacuado en juicio no dejaron dudas al Juez de la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de Abuso Sexual Agravado y Continuado, cometido en perjuicio de su hijo el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) .
Ahora bien, del cúmulo de órganos de pruebas antes señalados los cuales fueron tomados en consideración por el Juez en funciones de Juicio N° 8 del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines de declarar la responsabilidad penal del acusado de autos, observa la Sala de Casación Penal, palpablemente el vicio de inmotivación, y ello se constata de la valoración reflejada por el Juez de Primera Instancia al momento de la adminicular los órganos de pruebas antes transcritos.
En efecto, el Juez en funciones de Juicio no cumplió con su labor de motivar la sentencia adecuadamente al momento de publicar el texto íntegro de la sentencia, limitándose a señalar en la mayoría de los órganos de prueba que dichas declaraciones comprobaban el cambio de conducta referido por la madre del niño víctima y de seguidas refería que estábamos en presencia del delito por el cual resultó condenado el acusado de autos.
El Juez en funciones de Juicio en cuanto a la ciudadana CARMEN ELENA JOSEFINA ARRIETA LESO, señaló que su declaración coincidía con el cambio de conducta del niño víctima; de igual manera estableció que el testimonio de la mencionada ciudadana era conteste con el de las ciudadanas María Eugenia Lira Bracho y Maritza Virginia Leso Scalera, en que el acusado de autos había cometido el delito de violación con el niño víctima; realizando esta aseveración como muletilla al momento de concluir la valoración y adminiculación de cada uno de los órganos de prueba.
En este contexto, no evidencia la Sala de Casación Penal motivación alguna por parte del Juez Octavo en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el cuerpo de la sentencia recurrida, por el contrario se trata de una sentencia que no se basta por sí sola, la cual menoscaba el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.
La presente causa tuvo su génesis en el hecho denunciado por la madre del niño víctima y concluyó a través del juicio oral y privado instaurado en contra del acusado de autos, el cual se circunscribía en determinar si el niño víctima había sido objeto de abuso sexual, y en caso de ser afirmativo determinar la responsabilidad penal del acusado, lo cual no ocurrió en el presente caso, debido a la carencia de motivación en el texto de la sentencia. No es suficiente con que el Juez de mérito haya arribado a una conclusión en razón del principio de inmediación y tenga la seguridad sobre la responsabilidad penal de una persona, es necesario que ese sentenciador a través de palabras claras, sencillas y acorde con la normativa legal aplicada motive la decisión de manera tal, que de la lectura de la misma no quede dudas sobre el fallo dictado.
La valoración de las pruebas por parte del Juez en funciones de Juicio, se encuentra definida por el sistema de la libre convicción establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual faculta al juzgador a decidir bajo las premisas de los conocimientos científicos, la lógica y las máximas de experiencia, empero, ese razonamiento debe constar en el texto de la decisión adoptada, no alcanzando la enumeración y transcripción total de las declaraciones valoradas y menos aún la simple correlación de un órgano de prueba con otro.
Lo anterior queda evidenciado cuando el Juez de Instancia lejos de valorar y adminicular los testimonios que según su libre convicción lo conllevaron a dictar la sentencia condenatoria, procedió a agruparlos y señalar que los mismos fueron contestes; en este sentido resulta oportuno traer a colación el contenido de la sentencia Nº 1440, de fecha 12/07/2007, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. Nº 07-287, se estableció:
( )
De igual manera, ha constatado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que el Juez Octavo en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, incurrió nuevamente en el vicio de inmotivación al momento de desechar los órganos de prueba evacuados por la defensa del acusado de autos, siendo que el mismo igualmente se limitó a establecer que las testimoniales no aportaban sobre el caso en concreto, en este sentido es oportuno traer a colación lo manifestado por el Juez de la recurrida respecto al testigo NESTOR LUIS PEROZO GONZÁLEZ, sobre el cual textualmente concluyó: A esta declaración este Tribunal no da valor probatorio, pues no aporta elemento alguno que permita resolver el merito el asunto, es que el ciudadano NESTOR LUIS PEROZO GONZALEZ, manifestó que los hechos por los cuales fue acusado el ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, a quien mencionó como su hermano, su compadre, su mejor amigo, son completamente falsos .
Visto lo anterior y ante el vago argumento explanado por el Juez de Instancia al momento de desestimar tanto el testimonio del mencionado ciudadano como el de los demás órganos de prueba ofrecidos por la defensa técnica, resulta violatorio al debido proceso y la tutela judicial efectiva toda vez que las partes, y en este caso el ciudadano acusado, se encuentra en el derecho de conocer las razones por las cuales el dicho de estos ciudadanos no lograron la convicción en el Juez de mérito que el mismo era un buen padre, preocupado por su hijo, buen ciudadano y según el mismo incapaz de cometer el delito imputado.
El Proceso Penal venezolano se rige por el sistema acusatorio, y tiene como norte el contenido del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla la búsqueda de la verdad, premisa ésta que es intrínseca al debido proceso y al derecho a la defensa, situación que resulta necesaria traer a colación con el objeto de destacarle a los administradores de justicia, el deber en que se encuentran de motivar adecuadamente y de manera suficiente los razonamientos jurídicos concluidos sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, así como dar una respuesta lógica o razón suficiente del porqué se arribó a una conclusión.
En relación a (sic) las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 212 de fecha 30 de junio de 2010, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, dejó sentado que:
Al respecto, el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, como uno de los requisitos que debe contener toda sentencia es: 3º. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados; .
Este requisito junto con los otros señalados en el artículo 364 del señalado Código Procesal, son de estricto orden público, pues lo contrario sería un error in procedendo que traería como consecuencia irremediable la nulidad de la sentencia. Por ello todos los jueces de juicios están obligados a determinar los hechos con sus correspondientes pruebas, para así, de acuerdo al análisis y valoración que se hagan de los mismos se pueda comprobar la comisión de un hecho que constituya una falta o delito, según sea el caso y así establecer la consiguiente responsabilidad del autor o participe en el hecho punible con su correspondiente penalidad.
Por otra parte, considera la Sala que el establecimiento de los hechos constituye la base fáctico-jurídica de toda sentencia, pues es con ello que el juez puede subsumir la conducta del individuo dentro de un determinado tipo penal.
Asimismo estima la Sala de Casación Penal que, siendo el establecimiento de los hechos la garantía tanto para las partes como para el Estado de que la decisión del juzgador es la fiel expresión del resultado del análisis, valoración y comparación de todas y cada una de las pruebas del proceso, tampoco se puede concebir que con la mera transcripción de las pruebas se establezcan los hechos, es imprescindible para ello que el juez exprese en forma clara y que no deje lugar a dudas, cuáles son los hechos que él consideró probados a través del análisis y valoración que le merecieron las pruebas
En el caso bajo estudio, observa la Sala de Casación Penal cómo el Juez en funciones de Juicio desestimó los testimonios ofrecidos por la defensa del acusado de autos, limitándose a establecer que los mismos no aportan nada sobre el hecho controvertido; agravándose tal proceder cuando dicho juzgador establece el valor de los órganos de prueba por el estimados como indiciarios, resultando en consecuencia imprescindible que el juez exprese de manera clara las razones por las cuales no estimaba tales declaraciones.
No obstante los vicios delatados, y bajo el estudio de la sentencia dictada contra el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, ha advertido nuevamente la Sala de Casación Penal, la inmotivación en que incurrió el sentenciador, al momento de motivar el capítulo denominado en el cuerpo de la sentencia como:
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA CONDENAR AL ACUSADO SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD; capitulo este en el cual estableció: Este Tribunal, luego de analizar y comparar las declaraciones rendidas durante el Debate Oral y Público en esta Audiencia, por los ciudadanos CARMEN ELENA ARRIETA LESO, MARIA EUGENIA LIRA BRACHO, ORELIS DEL CARMEN CARDOZO, MARITZA LESO, LIGCIR DE JESUS ARRIETA, NESTOR PEROZO, LUIS ARAUJO, YELITZA FERRER, JUAN DE DIOS MANSUR, IVAN FARIAS, LESMY NAVA, LOREANI MIJAREZ, TAYDEE DEL VALLE NAVA, GERALDINE BEUSES, ESTHER RIOS, CARMEN BOHORQUEZ, CARMEN AREVALO, MAYLEEN RODRIGUEZ, MARIA FERNANDEZ, LORENA SAGGESE, JENIFER RIOS, BEATRIZ MEZA, JOHANA SILVA, RITA HUERTA, RUGERO AGUAS, así como la exposición de la víctima el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) y la exposición del propio acusado, el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, llega a las siguientes conclusiones: PRIMERO: Que el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) es hijo biológico del acusado de autos SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, lo cual agrava la perpetración del hecho punible, pues el mismo ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del referido artículo 259 de la L.O.P.N.N.A. SEGUNDO: Que el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, después del veintiuno (21) de Mayo del año 2013, en las oportunidades que le correspondía disfrutar del régimen de convivencia familiar con el niño, lo llevaba a su residencia, la casa N° 126-74, ubicada en el Sector Haticos, Urbanización Fundación Mendoza, Avenida 23, Calle 126, Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, donde usaba ropa de vestir y accesorios femeninos, colocándose pintura de uñas en su pene, obligando al niño a besárselo e introduciéndolo en su boca, al igual que introducía en el ano de su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) su dedo meñique y bolígrafos, hechos que configuran un ABUSO SEXUAL AGRAVADO y CONTINUADO. TERCERO: Que ese Abuso Sexual Agravado y Continuado que cometió el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ en perjuicio de su hijo el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), perjudicó sustancialmente a la víctima, cambiando su conducta negativamente, pasando de ser un niño educado y cariñoso, a ser un niño agresivo, rabioso y frustrado, lo cual atenta indudablemente contra el principio del Interés Superior del Niño. En razón de todos los motivos antes expuestos, este Tribunal procede a dictar la presente Sentencia Condenatoria en contra del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHORQUEZ, por considerarlo AUTOR del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL), EN GRADO DE CONTINUIDAD previsto y sancionado en el articulo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, y el artículo 99 del Código Penal, cometido en perjuicio de su hijo el niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)Y así se decide. ´.
Precisado lo anterior y tal como se estableció precedentemente se evidencia nuevamente la inmotivación en que incurre el Juez Octavo en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia al momento de establecer los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales condenaba al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, debido a que el mismo se limitó a transcribir los nombres de los órganos de prueba valorados, así como el vínculo que une al niño víctima con el acusado para establecer la culpabilidad del ya tantas veces mencionado ciudadano, no explicando de modo alguno las razones por las cuales dictó el fallo hoy cuestionado.
Respecto a esta circunstancia, la Sentencia Nº 184 de fecha 07 de mayo de 2009, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, estableció:
Del artículo antes trascrito, la Sala deduce que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, son de estricto orden público, y que los errores in procediendo de que adolezca toda sentencia, constituyen un indicio de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en una violación del orden público. Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, el referido a la motivación del fallo, que obliga a los jueces a la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta para dictar la decisión y, al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el Derecho y en las circunstancias de hechos comprobadas en la causa .
Sobre este particular, la Sala de Casación Penal ha expresado, en sentencia N° 198 del 12 de mayo de 2009:
la motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función. Por una parte, permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra, facilita el control de la correcta aplicación del derecho. De ahí que, la finalidad o la esencia de la motivación no se reduce a una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al thema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario .
Precisado lo anterior, observa la Sala que en efecto se ha configurado el vicio constatado, toda vez el Juez Octavo en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, lejos de concluir en derecho las razones por las cuales consideraba culpable al acusado de autos, se conformó sólo con usar frases y valoraciones personales por demás alejadas de la sana crítica, para finalmente condenar al mencionado ciudadano; vicio éste que resulta más palpable aún cuando la Sala ha observado que el juzgador de juicio desecho los órganos de pruebas promovidos por la defensa del acusado de autos, sin señalar el porqué de su pronunciamiento.
En igual sentido, respecto a la inmotivación de la sentencia, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló mediante sentencia de fecha 8 de octubre de 2013, lo siguiente:
( )
En total consonancia con la decisión antes señalada y la motivación desarrollada en el texto de la presente decisión, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una vez constatado el vicio de inmotivación, ANULA DE OFICIO el fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 12.404.800, a cumplir la pena de VEIINTICINCO (25) AÑOS SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS DE PRISION, por ser autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL), EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes y el artículo 99 del Código Penal, y todos los actos subsiguientes con excepción de la presente decisión; por lo que se ordena la celebración de un nuevo juicio oral con prescindencia del vicio aquí constatado. Y así se decide.
La Sala deja constancia que en virtud de la nulidad aquí declarada no pasará a pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales de la víctima, así como el recurso interpuesto por la Representación del Ministerio Público, por cuanto versan sobre el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, que por efecto de la declaratoria de nulidad del fallo dictado por el juzgado de juicio también será anulado.
Por su parte, la Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, salvó su voto, en los siguientes términos:
En la decisión aprobada por la mayoría sentenciadora se declaró lo siguiente: ( ) ANULA DE OFICIO el fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 12.404.800, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por ser el autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL), EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer aparte y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 99 del Código Penal y todos los actos subsiguientes con excepción de la presente decisión; por lo que se ordena la celebración de un nuevo juicio oral con prescindencia del vicio aquí constatado ( ) (Resaltado propio).
Quien disiente, observa que, la mayoría juzgadora en la motivación expuesta, consideró que en la sentencia dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se configuró el vicio de inmotivación por cuanto: ( ) el Juez en funciones de Juicio, no cumplió con su labor de motivar la sentencia adecuadamente al momento de publicar el texto íntegro de la sentencia, limitándose a señalar en la mayoría de los órganos de prueba que dichas declaraciones comprobaban el cambio de conducta referido por la madre del niño víctima y de seguidas refería que estábamos en presencia del delito por el cual resultó condenado el acusado de autos ( ).
Resulta preciso señalar que la motivación de la sentencia implica que el dispositivo del fallo debe ser el producto de un razonamiento lógico de todo lo probado y alegado en el juicio oral y público, ya que solo a través de este razonamiento podrán establecerse los verdaderos elementos que sirvieron de fundamento para decidir, así como, el derecho aplicable al caso en concreto, verificando de esta manera la legalidad de lo decidido.
En este sentido, quien discrepa observa que, el razonamiento efectuado por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para acreditar la corporeidad delictual del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO CON PENETRACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD y consecuente responsabilidad penal del acusado, es cónsono con el contenido de las deposiciones transcritas en el presente fallo y se corresponde con las circunstancias fácticas plasmadas en la sentencia condenatoria dictada por el referido tribunal de juicio.
Quien disiente considerar oportuno destacar que en el juicio oral y privado, fueron tomadas veintiséis (26) declaraciones testimoniales, las cuales se detallan a continuación:
( ) 1.- Declaración rendida en fecha dieciocho (18) de julio del año 2013, por la ciudadana CARMEN ELENA JOSEFINA ARRIETA LESO ( )
2.- En fecha treinta y uno (31) de julio del año 2013, se escuchó la declaración de la ciudadana MARÍA EUGENIA LIRA BRACHO ( )
3.- Declaración rendida en fecha ocho (8) de agosto del año 2013, por la ciudadana ORELIS DEL CARMEN CARDOZO MARTÍNEZ ( )
4.- Declaración rendida en fecha catorce (14) de agosto del año 2013, por la ciudadana MARITZA VIRGINIA LESO SCALERA ( )
5.- En esa misma fecha, el catorce (14) de agosto del año 2013, se escuchó la declaración del ciudadano: LIGCIR DE JESÚS ARRIETA ARRIETA ( )
6.- También, en fecha catorce (14) de agosto del año 2013, se escuchó la declaración del ciudadano NÉSTOR LUIS PEROZO GONZÁLEZ ( )
7.- Declaración rendida en fecha 27-8-2013, por el ciudadano LUIS ALEJANDRO ARAUJO CHIRINOS ( )
8.- Ese mismo día, se escuchó la declaración de la ciudadana YELITZA COROMOTO FERRER PARRA ( )
9.- También en fecha 28-8-2013, se escuchó al funcionario JUAN DE DIOS MANSUR URDANETA ( )
10.- De igual manera en fecha 28-8-2013, se escuchó la Declaración rendida por el funcionario IVÁN JOSÉ FARIA MAVARES ( )
11.- Así mismo el 28-9-2013, se escuchó a la ciudadana LESMY ROSANA NAVA ÁLVAREZ ( )
12.- Declaración rendida en fecha cuatro (4) de septiembre del año 2013, por la funcionaria GLORIANNY BEATRIZ MIJARES ( )
13.- Declaración rendida en fecha dieciocho (18) de septiembre del año 2013, por la funcionaria TAYDEE DEL VALLE NAVA TORRES ( )
14.- De igual manera en fecha 18-9-2013, se escuchó la declaración de la ciudadana GERALDINE MÁYELA BEUSES BRICEÑO ( )
15.- Declaración rendida en fecha veintiséis (26) de septiembre del año 2013, por la ciudadana ESTHER MARY RÍOS DÍAZ ( )
16.- En esa misma fecha veintiséis (26) de septiembre del año 2013, rindió declaración la ciudadana CARMEN JOSEFINA BOHÓRQUEZ DE BRACHO ( )
17.- Así mismo, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año 2013, por la ciudadana CARMEN JULIO ARÉVALO PORTILLO ( )
18.- De igual manera, el 26-9-13, rindió declaración la ciudadana MAILEN DE LOURDES RODRÍGUEZ MARÍN ( )
19.- Declaración rendida en fecha 26-9-13 por la ciudadana MARÍA CHIQUINQUIRA FERNÁNDEZ SALOM ( )
20.- En fecha nueve (9) de octubre del año 2013, se escuchó la declaración de la ciudadana LORENA ISABEL SAGGESE CORSO ( )
21.- También en fecha nueve (9) de octubre del año 2013, rindió declaración la ciudadana JENNIFFER NOHEMÍ RÍOS DURAN ( )
22.- De igual manera en fecha nueve (9) de octubre del año 2013, se escuchó la declaración de la ciudadana BEATRIZ DE LA CHIQUINQUIRA MEZA RICO ( )
23.- Declaración rendida en fecha 15 de octubre del año 2013, por la ciudadana JOHANA CAROLINA SILVA HERNÁNDEZ ( )
24.- Declaración rendida en fecha 15 de octubre del año 2013, por la ciudadana RITA PATRICIA HUERTA GUTIÉRREZ ( )
25.- Declaración rendida por el ciudadano RUGERO RAFAEL AGUAS MADRID ( )
26.- En fecha 28 de octubre del año 2013, y 4 de noviembre del año 2013, se escucho la declaración del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) ( ) (Resaltado y negrilla de la cita).
Las testimoniales señaladas supra, incluyendo la declaración del niño víctima, así como, las demás pruebas documentales promovidas y evacuadas en el proceso penal, respaldan el hecho acreditado por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, referido a: ( ) 1) Que el ciudadano (identidad omitida) para el momento de los hechos tenía tres (3) años de edad, por lo cual es un niño. 2) Que el niño (identidad omitida) fue víctima del delito de Abuso sexual continuado. 3) la perpetración por parte del ciudadano acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, de ese hecho punible de Abuso Sexual Continuado, al haber introducido su pene en la boca del niño (identidad omitida) así como su dedo meñique y marcadores en el ano del menor antes referido. 4) La relación filial padre e hijo, entre el acusado Sergio Alberto Bracho Bohórquez y el niño víctima de autos, agravando esta circunstancia el delito de Abuso Sexual. Por lo cual se demostró la culpabilidad y responsabilidad penal del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ en el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO Y CONTINUADO ( ).
De manera particular, cabe destacar la valoración otorgada por el Tribunal de Juicio a la declaración del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), la cual fue adminiculada con el resto del acervo probatorio, siendo que de manera fehaciente se logró comprobar lo manifestado por el niño, (en el lenguaje propio de un infante de tres años de edad) respecto a que sufrió de abuso sexual de su progenitor. En efecto, los aspectos señalados por el niño y demás órganos de pruebas evacuados fueron analizados, concatenados, adminiculados y comparados por el Tribunal de Juicio con los siguientes elementos probatorios: ( ) declaración de los funcionarios actuantes en el allanamiento de la residencia del acusado de autos ( ) donde fue aprehendido el mismo, y, donde se colectaron algunas prendas y accesorios de vestir entre éstas un vestido de color negro con estampado a flores del mismo color y un gorro de los denominados arlequín, así como una lapto (sic) y un pendrive (sic), también con las pruebas documentales que ya han sido mencionada, estas son, el ACTA POLICIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO N° 4333 DE FECHA 06-07-2012, ESTIPULADA EN EL PRIMER PUNTO PARTICULAR B, DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL LA CUAL RIELA A LOS FOLIOS DEL 158 al 159 y su vuelto suscrita por la sub-Inspectora Yelitza Ferrer y por los Agentes Manzur Juan (técnico) Iván Faría y Luis Araujo y FIJACIONES FOTOGRÁFICAS insertas desde el folio 160 al 164, el acta de nacimiento de niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) la copia certificada del expediente del consejo de protección N° 10040 (inserto a los folios 477 al 452 de la pieza número 2 de la investigación) ( ) (Destacado de la cita) (Corchetes agregados).
Concluyendo el juez de juicio, en los fundamentos de hecho y de derecho de la Sentencia de fecha 23 de julio de 2014, (folio 272 de la pieza 4), lo siguiente: ( ) Que el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, después del veintiuno (21) de Mayo del año 2013, en las oportunidades que le correspondía disfrutar del régimen de convivencia familiar con el niño, lo llevaba a su residencia ( ) donde usaba ropa de vestir y accesorios femeninos, colocándose pintura de uñas en su pene, obligando al niño a besárselo e introduciéndolo en su boca, al igual que introducía en el ano de su hijo (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) su dedo meñique y bolígrafos ( ).
De lo expuesto, se evidencia que el juez de primera instancia utilizó un razonamiento lógico para decidir conforme a todo lo probado y alegado en autos, elementos que sirvieron de fundamento para verificar la legalidad de lo decidido, asimismo, existen circunstancias fácticas plasmadas en el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Juicio que acreditan la comisión del hecho punible, por lo que resulta difícil comprender para quien suscribe, cuáles fueron los criterios considerados por la mayoría sentenciadora para anular de oficio el fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS, SEIS (6) MESES y OCHO (8) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO CON PENETRACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 259, en su primer y segundo aparte, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con el artículo 99 del Código Penal y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral.
En primer lugar, visto que la mayoría sentenciadora consideró que en el presente caso resultaba necesario aclarar cuando se está en presencia de un abuso sexual con y sin penetración, quien discrepa, advierte que el abuso sexual con penetración también implica la penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, tal como lo estableció el legislador en el artículo 259 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo que el resultado del reconocimiento médico legal efectuado a la víctima no es el único instrumento mediante el cual se puede comprobar de manera cierta el traumatismo que pudiera haber sufrido la víctima, más aún cuando tal penetración (oral) pudo no haber dejado señales o secuelas.
Por ello, quien discrepa considera que el testimonio del niño (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) quien fue víctima de abuso sexual con penetración oral, además de constituir el elemento probatorio principal para acreditar este hecho punible, debe ser comparado, relacionado y apreciado con las demás circunstancias que rodean el caso, todo ello, tomando en consideración que por ser un delito clandestino, en la mayoría de los casos la única persona que presencia el delito es ésta (víctima).
En segundo término, quien disiente observa que en el presente caso si existe un vicio que atenta contra los principios relativos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero cometido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la cual rectificó la calificación jurídica y la pena impuesta al acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, estableciendo el delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO SIN PENETRACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 259, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con el artículo 99 del Código Penal, y condenándole a la cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN más las accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, lo cual no fue analizado ni examinado por la Sala de Casación Penal.
Para arribar a tal decisión, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en decisión de fecha 6 de enero de 2015, señaló lo siguiente: ( ) resulta el hecho cierto, que el acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, realizó actos sexuales con su menor hijo, tal como se determinó con antelación, pero del contenido de los medios de prueba llevados al debate no quedó demostrado que dichos actos sexuales implicaran la penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos; o la penetración de objetos (sic); o penetración oral aun con instrumentos que simulen objetos sexuales ( ).
De lo expuesto, se observa que la Corte de Apelaciones se apartó de los hechos acreditados por el juzgador de primera instancia y bajo una presunción personal de lo ocurrido, expuso una serie de circunstancias que dedujo de los elementos de pruebas, lo cual no le correspondía en atención a los principios de oralidad, publicidad e inmediación que conforman nuestro sistema procesal acusatorio.
La Sala de Casación Penal ha establecido de manera categórica, que por imperativo de la falta de inmediación en torno a las pruebas debatidas en el juicio oral y público, las Cortes de Apelaciones no pueden valorar las pruebas, como tampoco establecer los hechos del proceso. Sobre este particular, expresamente ha señalado que: ( ) la valoración de los medios probatorios y acreditación de los hechos controvertidos, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción, esta facultad es exclusiva de los jueces de juicio. Las Cortes de Apelaciones sólo podrán valorar pruebas cuando éstas se ofrezcan junto al recurso de apelación ( ). (Sentencia N° 471, del 29 de septiembre de 2009) (Ratificado en sentencia 466, del 3 de julio de 2015).
Conforme al criterio expuesto, es conveniente aclarar que, el análisis, comparación y valoración de pruebas, constituye una actividad propia del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, por ser éste quien presenció el debate y estableció los hechos en el proceso, cumpliendo de esta forma con los principios establecidos en el régimen probatorio venezolano.
Finalmente, cabe agregar que en casos como el de autos, los operadores de justicia al momento de elaborar sus decisiones deben extremar el cuidado y observar que cuando se trate de casos donde la víctima de abuso sexual se constituye en un niño, niña o adolescente que reciben tratamientos encaminados a borrar lo acontecido, someterlos a un nuevo juicio sin una base suficiente que pudiera dar lugar a tal reposición, incrementaría su débil estado emocional y su libre desenvolvimiento social.
Con base en las consideraciones antes expuestas, quien disiente, considera que la Sala de Casación Penal debió declarar CON LUGAR los recursos de casación interpuestos por el apoderado judicial de la querellante y por los representantes del Ministerio Público, ANULAR la decisión de fecha 6 de enero de 2015, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia y, en consecuencia, ORDENAR que otra Sala de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal conociera del recurso de apelación interpuesto por los defensores privados del acusado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.
IV
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, advierte que el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le atribuye a esta Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone en el artículo 25, numerales 10,11 y 12, lo siguiente:
Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictada por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala en numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se hayan ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Sala del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
En el presente caso, se solicitó la revisión constitucional de la decisión N° 594, dictada el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014,por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez a cumplir la pena de veinticinco años, seis meses y ocho días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad; en consecuencia, esta Sala Constitucional juzga, en virtud de que contra esa decisión no puede interponerse recurso alguno dentro del proceso penal, que la misma se inserta en el elenco de decisiones jurisdiccionales que son susceptibles de revisión constitucional, razón por la cual asume su competencia para conocer de dicha solicitud de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Planteada en los términos expresados la presente revisión constitucional, debe esa Sala señalar que el abogado Dilcio Cordero León, en su condición de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Septuagésima Novena del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de revisión de la sentencia N° 594, dictada el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez a cumplir la pena de veinticinco años, seis meses y ocho días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En ese sentido, alegó el Ministerio Público en su escrito de revisión, fundamentalmente que la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, al anular de oficio, la sentencia condenatoria dictada en fase de juicio bajo una supuesta inmotivación en la valoración de las pruebas, contrarió la doctrina de esta Sala Constitucional en materia de nulidad de oficio, específicamente, contenida en las sentencias números 3242/2002 y 811/2005, en las cuales se señalaron los supuestos que permiten a la Sala de Casación Penal decretar la nulidad de oficio en los procesos penales que conoce, vulnerando, a su juicio, la tutela judicial efectiva de ese órgano, luego de haber ordenado, bajo la existencia de un supuesto orden público inexistente, una reposición inútil, por habérsele tomado declaración a veintiséis testigos, incluyendo a la víctima, y por haberse cumplido los principios, oralidad, concentración y publicidad.
Por su parte, el abogado Omar José Rojas, en su condición del imputado Sergio Alberto Bracho Bohórquez, señaló, como descargo, básicamente que el Ministerio Público no podía solicitar la presente revisión constitucional, toda vez que, dado su carácter discrecional y restringido, dicha revisión no procede al haber actuado conforme a derecho la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, por haber dictado una decisión preservando el derecho de la partes; de modo que solicitó a esta Sala su declaratoria de inadmisible In Limine Litis.
Ahora bien, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el mérito de la revisión bajo examen y, a tal efecto, observa lo siguiente:
La potestad de revisión de esta Sala es una institución que atiende a unos supuestos de procedencia, los cuales permiten que se analice, en forma extraordinaria y excepcional, si existe en un determinado proceso alguna infracción del orden público constitucional que han sido avalados o establecidos en aquellos fallos que ostentan, en principio, el carácter de definitivamente firme.
Así pues, en una primera oportunidad, en la sentencia N° 93, del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala Constitucional indicó cuáles son los fallos susceptibles de ser revisados de manera extraordinaria y excepcional, a saber: los fallos definitivamente firmes de amparo constitucional, las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional, y las sentencias definitivamente firmes que hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Asimismo, esta Sala Constitucional asentó, en la sentencia N° 325, del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido Pedro Ferreira y otros), en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, que existe la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por las demás Salas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia cuando se denuncien: i) violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República y ii) cuando estas sentencias se hayan dictado con ocasión de: a) error inexcusable, b) dolo, c) cohecho o d) prevaricación y, el último supuesto legal (artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable ratione temporis), que se limitó a reproducir lo establecido en el artículo 336.10 constitucional, el cual ha sido objeto de un desarrollo exhaustivo por esta Sala en la referida sentencia N° 93/01, entre otras.
Además, la Sala, en la sentencia N° 1738, del 9 de octubre de 2006 (caso: Lourdes Josefina Hidalgo), permitió que la potestad de revisión constitucional recayeran en las sentencias de naturaleza interlocutoria, incluidos los proveimientos cautelares, sólo cuando pongan fin al proceso; ampliando así el catálogo de decisiones susceptibles de revisión constitucional.
Igualmente, se destaca que el artículo 25.10 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece, actualmente, los supuestos de procedencia de la potestad de revisión constitucional sobre las decisiones dictadas por los tribunales de la República, en los siguientes términos:
Artículo 25
Competencia de la Sala Constitucional
Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
De modo que, la Sala precisa que la restricción de procedencia que nace de los supuestos enunciados, tuvo y tiene como norte que la revisión constitucional no debe entenderse como una nueva instancia, pues se admite sólo para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales. Además, es necesario aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que posea la facultad de desestimar cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando en su criterio se compruebe que la decisión cuya revisión se solicita en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud del carácter excepcional que posee la revisión.
Ahora bien, esta Sala Constitucional observa que la presente solicitud de revisión versa sobre una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal, la cual al resolver el recurso de casación interpuesto, tanto por el Ministerio Público como por la víctima, anuló de oficio la sentencia dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La nulidad de oficio decretada, tuvo como fundamento el hecho de que el referido Juzgado Octavo de Juicio, cuando dictó el extenso de la sentencia condenatoria, incurrió en el vicio de inmotivación al no valorar todos los medios de pruebas que fueron evacuados en el proceso penal que motivó la presente solicitud.
En cuanto a la posibilidad para la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal de decretar nulidades absolutas, esta Sala Constitucional, mediante sentencia núm. 2541/2002, caso: Eduardo Semtei, estableció los supuestos para su verificación, en los términos siguientes:
2.2.1. Dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues, conforme se establece en el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales que conozcan de los recursos descritos en el Libro Cuarto del Código, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos recursos;
2.2.2. Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta materia, son, obviamente, de interpretación restrictiva:
2.2.2.1. Cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta descritos, de manera taxativa, en el artículo 208 (ahora, modificado, 191) del Código Orgánico Procesal Penal;
2.2.2.2. Cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución, a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que contiene el artículo 7, en concordancia con el 334, de la Constitución;
2.2.2.3. Cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión, a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 434 (ahora, 442) del Código Orgánico Procesal Penal.
Como puede observarse del precedente judicial parcialmente transcrito, esta Sala dejó sentado bajo cuales supuestos de hecho es procedente el decreto de la nulidad absoluta dentro del proceso penal, considerando su naturaleza jurídica como sanción procesal y su carácter restrictivo al someter esa institución a causales taxativas para así evitar reposiciones inútiles en correspondencia con lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, y complemento de la anterior doctrina esta Sala Constitucional, en la sentencia N° 366/2007, caso: Jorge Reyes Graterol, determinó que la institución de la nulidad absoluta puede ser utilizada no solo en beneficio del imputado, considerando, en tal sentido, lo siguiente:
En efecto, la misión fundamental de la Sala de Casación Penal es la de conocer y resolver los recursos de casación que se interpongan, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y a la propia doctrina de dicha Sala. No obstante, la Sala de Casación Penal está obligada, igualmente, a evitar que cualquier proceso termine si existe alguna causal de nulidad absoluta, toda vez que ella, conforme lo señala en artículo 334 de la Carta Magna, es tutora del cumplimiento de la Constitución.
Así pues, de acuerdo a la doctrina y a lo señalado en el mismo Código Orgánico Procesal Penal, las causales de nulidad absoluta no pueden ser saneadas y/o convalidadas, por lo que si la Sala de Casación Penal observa que existe en un proceso determinado la existencia de una nulidad absoluta, como pareciera que se materializa en el presente caso, dicha Sala está obligada, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables, previsto en el artículo 26 del Texto Fundamental, y por imperativo del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, a pasar a resolver, antes de decidir la casación, si realmente debe anular de oficio la sentencia que se le somete a su consideración.
Además, cabe aclarar que no sólo se puede decretar la nulidad absoluta de oficio en beneficio del imputado, sino que también puede hacerse en beneficio de la víctima, cuando exista un vicio de inmotivación en la sentencia que se dicta en el proceso penal (ver sentencia N° 1581/06, de esta Sala).
De modo que, solo bajo los supuestos referidos supra la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal está autorizada para decretar la nulidad absoluta de un acto judicial, una vez que constate la existencia de un vicio insubsanable que contraríe los principios, reglas y derechos establecidos en la Carta Magna.
Ahora bien, esta Sala constata que, si bien la Sala de Casación Penal tiene la potestad de decretar nulidades de oficio, en la sentencia sometida a revisión se obvió explicar de manera suficiente las razones por las cuales, pese a la tramitación del recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, se procedió a decretar la nulidad de oficio del fallo condenatorio de primera instancia, sin tomar en cuenta que, la pretendida ausencia de motivación, fue analizada en el proceso y fue declarada sin lugar en la segunda instancia, máxime cuando dicho aspecto no fue objeto del recurso de casación.
Ello así, es determinante aseverar que en el juicio que motivó la revisión de autos, no existían razones suficientes para que la Sala de Casación Penal hiciera uso de la institución de la nulidad de oficio, puesto que, de la revisión de las actas del expediente se observa que tanto el Ministerio Público como la víctima solo impugnaron en sede casacional una errónea calificación jurídica que realizó la mencionada Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones sobre los hechos que fueron establecidos en la primera instancia, sin que en ningún momento, se hiciera algún cuestionamiento sobre los mismos en la segunda instancia del proceso penal primigenio.
De las actas del expediente principal que fueron recibidas a solicitud de esta Sala, se puede observar que los hechos expuestos por el Ministerio Público en su acusación y por la ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta Leso, madre del niño víctima, en su acusación particular propia, y que posteriormente fueron establecidos por los Tribunales que tuvieron a cargo el juzgamiento del imputado de autos, son los siguientes:
Acusación del Ministerio Público:
La ciudadana Carmen Elena Josefina Arrieta, el 11 de mayo de 2012, denunció que:
su menor hijo le manisfestara haber sido objeto de tocamiento indecorosos por parte de su papa (sic) así como sostener actos de índole sexual que contemplara penetración genital por parte del hoy acusado en la boca del niño , asimismo este manifestó haber sido penetrado vía anal con uno de sus dedos, específicamente el dedo meñique por parte de su papa (sic), así mismo manifestó el niño haber sido victima (sic) de otros actos de contenido sexual (sic) en resumen conllevaran al niño a un estrés a un desvió (sic) conductual que le afectara en su desarrollo en todos l (sic) sambitos (sic) del desarrollo de su vida, hechos estos que causaron alarman (sic) tanto a nivel escolar como a nivel familiar, es así como el Ministerio Publicó (sic) inicia su investigación presentado (sic) en (sic) correspondiente acto conclusivo para este caso, el escrito acusatorio solicitando la admisión íntegra de este y se ordene la apertura del juicio oral y privado.
Acusación Particular Propia:
En fecha 11 de mayo de 2012, mi hijo de tres (3) años de edad, le correspondía compartir con su papá, el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, toda vez que desde el mes de junio del año 2011 ambos padres del niño antes mencionado estábamos sometido a un régimen de convivencia familiar, decretado por el Tribunal 2do de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Exp 17686), por lo que de esa manera el niño víctima comienza a compartir con su progenitor. Luego de transcurrir un determinado tiempo, su progenitora comienza a observa que su hijo llegaba de manera alterada, agresiva, altanera, a decir palabras groseras, con pérdida del apetito, evitando que lo tocaran, que le hablaran, manifestando que nadie era su amigo, haciendo referencia de que su abuelo de nombre LIGCIR DE JESUS (sic) ARRIETA, era una persona amanerada, que nadie lo entendía y que el único que podía hacerlo era su papá, el hoy imputado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ; asimismo el niño ante cualquier cosa que no consiguiera se mostraba explosivo y excesivamente temeroso. Por lo que la ciudadana CARMEN JOSEFINA ARRIETA, cada vez que observada a su hijo de esa manera, buscaba la forma de calmarlo y de conversar con él, a quien le preguntaba el por que (sic) de su actitud y si le había sucedido algo, es así como el niño víctima le contesta que su PAPITO ALBERTO le había dicho eso, manifestándole a su mamá que le daba miedo las cámaras, por que (sic) su papá le había dicho que las cámaras le hacen daño a los niños que no se portan bien y lloran y cuando la (sic) abuelo del niño víctima le mencionaba que iba a llevarlo a la residencia de su abuela materna , lugar donde pasaba a buscarlo su progenitor, el imputado SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, el niño víctima comenzaba a comportarse de manera reticente, que no lo llevara a ver a su papá, no obstante a pesar del pedimento del niño, su abuelo cumplía con su deber de llevarlo en observación al Régimen de Convivencia familiar que le habían fijado, es así que cuando el niño veía a su progenitor el imputado SERGIO ALBERTO BRACHO, el niño no mostraba ningún deseo de irse con él, al tiempo que el ciudadano LIGCIR DE JESÚS ARRIETA observa en su nieto un cambio en su conducta optando (sic) actitudes temerosas, comiéndose las uñas, evadiendo a la gente y en una manifestando dicho ciudadano que de igual manera su nieto en oportunidades que lo llevaba en su vehículo le dijo que él no era su amigo ya que nadie lo quería. Este comportamiento que venía asumiendo el niño víctima , es observada (sic) tanto por su abuela materna MARITZA VIRGINIA LESO ECALERA, como por la ciudadana LIRA BRACHO MARÍA EUGENIA, quien es la persona de cuidar el niño, su nana y la ciudadana CARMEN JULIA ARÉVALO PORTILLO, vecina del niño, las cuales manifiestan que antes de comenzar con el régimen de convivencia en el mes de mayo, el niño víctima era cariñoso, amable, juguetón, respetuoso, y luego que comienza a irse con su progenitor SERGIO ALBERTO BRACHO, aproximadamente en el mes de agosto del año 2011, al llegara (sic) su residencia presentaba una aptitud (sic) agresiva, grosera, con miedo, hasta el punto de no permitir que sus familiares y nadie se le acercara. Siendo este mismo comportamiento desarrollado por el niño víctima en su Colegio , por lo que la ciudadana ORELIS DEL CARMEN CARDUZO MARTÍNEZ, quien es la maestra del niño de la Sala 3, Sección B, le informa a la Directora del Plantel, la ciudadana LISSETH DE LA CHIQUINQUIRÁ CORDERO HERNÁNDEZ y a otras de las docentes de nombre ESTHER MARY RÍOS DÍAZ, acerca del comportamiento irregular del niño víctima , es por lo que hace la respectiva notificación a su representante la ciudadana CARMEN ELENA ARRIETA, con la que sostiene entrevista en fecha 18 de mayo de 2012, a quien le informan lo ocurrido con su pequeño niño víctima, y la preocupación de las docentes en observar la forma cómo se comportaba el niño, manifestando la representante que podía deberse dicho comportamiento a la visitas guiada (sic) con su progenitor el imputado SERGIO ALBERTO BRACHO, quien probablemente lo había regañado muy fuerte y por eso se encontraba tan ansioso, de manera que durante la entrevista sostenida por la representante del niño víctima y las docentes estas últimas le plantean realizarle un seguimiento al niño a través de la psicóloga del plantel, de nombre YOSU CAROLINA FLORES ÁVILA, para poder determinar el origen de los cambios vertiginosos y bruscos que había presentado el niño en su comportamiento. De manera que luego de realizada la reunión con la representante del colegio y las docentes del colegio, la doctora YOSU CAROLINA FLORES ÁVILA, psicóloga del plantel, procede a evaluar al niño víctima , previa información que le realizara la maestra del mismo nombre ORELIS DEL CARMEN CARDOZO que éste se mordía las uñas, lloraba constantemente en el aula, se negaba a ir solo al baño, y si lo hacia (sic), lo hacia (sic) solo en compañía de la maestra, se mostraba irritable e incluso era agresivo con sus propios compañeros de aula, por lo que la psicólogo, para la evaluación, llevada a cabo en cuatro sesiones a través de pruebas proyectivas, tales como: Test de Figura Humana y Test de Dibujo de la Familia, Observación Participante y la Técnica del Juego de Roles, a quien el niño durante la evaluación se muestra hermético, rehusándose hacer (sic) cualquier cosa que le requieran, y quien en ningún momento quiso quedarse en el aula sin la presencia de su maestra, se negaba a hablar o a contestar cualquier pregunta que se le hiciese, inclusive algunas oportunidades al preguntarle por su papa (sic) o solicitarle dibujo de su familia obviaba totalmente su participación, o refería no tener o que su papá era malo o simplemente no hablaba mas (sic) y buscaba retirarse del aula, manifestando la psicólogo que el niño mostraba indicadores de rechazo a la figura paterna, rasgos de ansiedad y poca tolerancia a la frustración; a la siguiente semana el señor SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, va a buscar de nuevo a su hijo, manifestando que él no quería ir y se puso a llorar, en otras oportunidades eso había sucedido e incluso se dieron las ocasiones en las que el niño no fue, sin embargo ese día él se fue, el mismo jueves cuando regresa se percato (sic) que vuelve con las mismas características de las veces anteriores, pero en peores condiciones que otras oportunidades, ya que estuvo en ese momento 36 horas sin dormir, muy acelerado, agitado, lloroso y fastidioso. Durante esa noche manifestaba miedo y volvió pasar la noche sin dormir, me pidió que lo cambiara de pañal, a los que su mamá CARMEN ELENA ARRIETA, lo empieza a acariciar desde el cuello por la espalda, cuando su mano llego (sic) a su cintura él le miró y le dijo mami no me vayas a tocar el culito como me lo toca mi papá, al preguntarle y pedirle que le cuente lo que sucedía, activó el grabador del teléfono y el (sic) comienza a contarle diciendo que el papá le tocaba el culito y el (sic) le metía el dedo meñique por el ano, dijo que su papá le pedía que le tocara su pene y se ponía bravo cuando el (sic) no lo hacia (sic), luego de esto él se mostró inaccesible, no pudiendo tocar el tema puesto que comenzaba a ponerse ansioso y angustiado ante la historia. De allí que ello conllevo (sic) a que la progenitora del niño llegara a la conclusión que algo malo sucedía y decide colocar la respectiva denuncia por ante es Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, por cuanto presumía que su hijo SERGIO DE JESÚS BRACHO, estaba siendo víctima de Abuso Sexual por parte de su progenitor, es así como en fecha 20 de Mayo de 2012, la Representación Fiscal toma entrevista al niño antes nombrado quien manifiesta textualmente que su progenitor el imputado SERGIO ALBERTO BRACHO, hacia lo siguiente: ( ) se pone como tu, vestidos de flores, y se coloca corona en la cabeza, y se maquilla como tu, en la boca y en los ojos, y se pone collar como tu ( ), asimismo el niño indica con sus manos que el vestido de flores llevado por la Fiscal que lo entrevistaba en el momento, era igual al usado por su papa (sic) así como su collar, y que su papa (sic) el ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO le colocaba su dedo meñique y una inyección en su pompi, y que así mismo le colocaba el pene en la boca y en su pompi, todo esto ocurría en la residencia del imputado .
Como ya se señaló, es evidente que sobre los hechos transcritos supra hubo pronunciamiento judicial que permitió al tribunal penal de primera instancia determinar la calificación jurídica aplicable al caso en concreto, así como determinar responsabilidad penal y grado de participación del imputado de autos; y la segunda instancia al pronunciarse sobre la apelación interpuesta efectuó pronunciamiento que solo recayó en la calificación jurídica del delito, debiendo añadirse, además, que ambas instancias penales analizaron y valoraron de manera suficiente la totalidad del acervo probatorio que consta en el expediente.
Ello así, esta Sala estima que el pronunciamiento de oficio efectuado por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia debió circunscribirse a las denuncias que fueron objeto del recurso de casación, toda vez que no existían elementos de convicción suficientes para anular de oficio todo un juicio sobre la base de la existencia de una ausencia de motivación, siendo que, por el contrario, de los hechos establecidos y de las pruebas cursantes en autos, existía de manera fehaciente la convicción de que el delito cometido fue juzgado y fue determinada la persona que lo había ejecutado (autor material), con el agravante de que el fallo de casación excedió su pronunciamiento y alcanzó una sentencia que había sido modificada en segunda instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado; en razón de lo cual se anuló una sentencia condenatoria de primera instancia sobre la base de una calificación jurídica modificada por el órgano jurisdiccional de alzada.
De manera que, la Sala de Casación Penal en el proceso penal bajo examen anuló indebidamente una decisión condenatoria cuya primera instancia se cumplió cabalmente, reponiendo así inútilmente el proceso penal seguido al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez.
Además, esta máxima instancia constitucional observa que el fallo de casación, al referirse a la inmotivación, lo hizo sin expresar de manera suficiente el por qué las testimoniales, que a su juicio generaron el señalado vicio de inmotivación en la sentencia condenatoria, tenía jurídicamente la relevancia para alterar el resultado del proceso en cuanto a la calificación jurídica y a la responsabilidad penal atribuida al acusado de autos.
En efecto, en el fallo dictado por la máxima instancia en materia penal se señala una serie de medios de prueba que, a juicio de la Sala de Casación Penal, no fueron apreciados por el Juzgado de Juicio que condenó, en primera instancia, al acusado de autos. Sin embargo, no se precisa en dicho fallo casacional si esos medios de prueba podían, en el caso que fuesen valorados, cambiar el dispositivo dictado en esa primera instancia; análisis este que se hacía necesario realizar en virtud de que les está vedado a los administradores de justicia declarar reposiciones inútiles, conforme lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, esta Sala estima que, en el presente caso, no estaban cumplidos los requisitos de procedencia para decretar la nulidad absoluta de fallo condenatorio dictado en la primera instancia penal, contrariando de esta manera el contenido del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere al deber del Estado de garantizar una justicia sin reposiciones inútiles; siendo lo procedente en Derecho anular el fallo N° 594, dictado el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por otra parte, esta Sala considera necesario precisar igualmente que el fallo de casación dispuso, en la parte in fine de la motivación, lo siguiente: La Sala deja constancia que en virtud de la nulidad aquí declarada no pasará a pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales de la víctima, así como el recurso interpuesto por la Representación del Ministerio Público, por cuanto versan sobre el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, que por efecto de la declaratoria de nulidad del fallo dictado por el juzgado de juicio también será anulado; y luego en la parte dispositiva se señaló lo siguiente: PRIMERO: ANULA DE OFICIO el fallo dictado en fecha 23 de julio de 2014, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual condenó al ciudadano SERGIO ALBERTO BRACHO BOHÓRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 12.404.800, a cumplir la pena de VEINTICINCO (sic) (25) AÑOS SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS DE PRISION, por ser autor del delito de ABUSO SEXUAL DE NIÑO (PENETRACIÓN ORAL Y ANAL), EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 259 (primer y segundo aparte) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes y el artículo 99 del Código Penal y todos los actos subsiguientes con excepción de la presente decisión; por lo que se ordena la celebración de un nuevo juicio oral con prescindencia del vicio aquí constatado.
Como puede observarse, la Sala de Casación Penal omitió pronunciarse de forma concreta y específica en el dispositivo sobre la validez de la sentencia que fue realmente el objeto de la casación, tal como lo exige el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual generó una indeterminación sobre la validez del fallo dictado por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto se hacía necesario la declaratoria precisa de la nulidad de ese fallo, por extensión y su conexión con la decisión inicialmente anulada; de modo que, la omisión en comento también hace anulable el fallo objeto de la presente revisión, por contravenir lo dispuesto por en el señalado artículo 179, que a la letra señala:
Declaración de Nulidad
Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez o Jueza deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta y específicamente, cuáles son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y, siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven.
omissis (Destacado y subrayado por esta Sala).
Colorario de lo antes dicho, esta Sala Constitucional declara ha lugar la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Dilcio Cordero León, en su condición de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Septuagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional, de la sentencia N° 594, dictada el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y anula dicho fallo de casación.
En consecuencia, y como quiera que el 29 de mayo de 2015 la Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 372, admitió el recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales de la víctima; así mismo se admitió la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por el ciudadano Dilcio Cordero León, Fiscal Septuagésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y la abogada Dulce de Jesús Araujo, Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y se convocó a las partes a una audiencia oral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala, a fin de garantizar el principio de inmediación, repone el proceso penal al estado de que la referida Sala de Casación Penal, constituida accidentalmente, celebre nuevamente, previa notificación de las partes la audiencia de casación y se pronuncie sobre el fondo de las denuncias contenidas en los escritos de casación interpuestos.
De igual manera y vista la declaratoria ha lugar de la revisión constitucional aquí decretada, el procesado Sergio Alberto Bracho Bohórquez permanecerá en la misma condición a la que se encontraba en la oportunidad en la que se intentó la presente solicitud de revisión, esto es, privado preventivamente de su libertad, todo ello a fin de garantizar la finalidad del proceso, conforme a lo señalado en los artículos 13 y 229, in fine, del Código Orgánico Procesal Penal; y en atención a la entidad del delito juzgado. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la revisión solicitada.
SEGUNDO: HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el abogado Dilcio Cordero León, en su condición de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Septuagésima Novena del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra la sentencia N° 594, dictada el 13 de agosto de 2015, por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, que anuló de oficio la decisión dictada, el 23 de julio de 2014, por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez a cumplir la pena de veinticinco (25) años, seis (6) meses y ocho (8) días de prisión, por la comisión del delito de abuso sexual de niño (penetración oral y anal), en grado de continuidad, en perjuicio de un niño, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; LA CUAL SE ANULA.
TERCERO: SE REPONE el proceso penal que motivó la presente solicitud de revisión al estado de que la referida Sala de Casación Penal, constituida accidentalmente, celebre nuevamente, previa notificación de las partes la audiencia de casación y se pronuncie sobre el fondo de las denuncias contenidas en los escritos de casación interpuestos por los apoderados judiciales de la víctima y por el ciudadano Dilcio Cordero León, Fiscal Septuagésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y la abogada Dulce de Jesús Araujo, Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
CUARTO: En virtud de la declaratoria que antecede, el procesado Sergio Alberto Bracho Bohórquez permanecerá en la misma condición a la que se encontraba en la oportunidad en la que se intentó la presente solicitud de revisión, esto es, privado preventivamente de su libertad, todo ello a fin de garantizar la finalidad del proceso, conforme a lo señalado en los artículos 13 y 229, in fine, del Código Orgánico Procesal Penal; y en atención a la entidad del delito juzgado.
QUINTO: Se ORDENA REMITIR el expediente N° VP02P2012014620, contentivo del proceso penal instruido contra el acusado de autos, a la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.
Publíquese, regístrese y compúlsese por Secretaría copia certificada de la pieza principal del expediente N° 2015-001121, la cual se anexará a la causa número N° VP02P2012014620, para ser remitida conjuntamente a la señalada Sala de Casación Penal. Asimismo, remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria (T),
DIXIES J VELAZQUEZ R
Exp.- 15-1121
CZdM
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