Venley

Sentencia N.º RC.000034

Sentencia
N.º RC.000034
Fecha
17/02/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-663
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. AA20-C-2016-000663

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores.

 

 

En el juicio de resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios por vía principal e indemnización por daños y perjuicios por vía reconvencional, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación H.G. NUEVO TRIÁNGULO C.A., representada judicialmente por los ciudadanos abogados Yurmary Karina Rondón Borrero, Ana Pili Crespo Mascio, Liliana Vásquez y Carlos Sánchez Cordero, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., patrocinado judicialmente por el ciudadano abogado Ivor Ortega Franco; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó sentencia definitiva en fecha 13 de julio de 2016, declarando lo siguiente:

 

“…PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., a través de su Director Principal ANTONIO JOSÉ CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº 12.020.569, debidamente asistido de la abogada MARÍA SCARLET OLMETA, parte demandada reconviniente, contra la sentencia definitiva de fecha 19 de enero de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y en consecuencia se decide:

a.- SIN LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, invocada por la empresa H.G. NUEVO TRIÁNGULO, C.A. contra la empresa INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., ambos identificados en autos.

b.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la reconvención de cumplimiento de contrato, propuesta por la empresa INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., contra H.G. NUEVO TRIÁNGULO, C.A., ya identificada, a quien se condena a pagarle a la accionada-reconviniente:

b.1.- La cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs.626.239,08), por concepto de saldo deudor del monto total de UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.1.043.731,81) de las otras convenidas y ejecutadas, a la cual se hizo la deducción de la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs.417.492,72), que recibió en anticipo.

b.2.- La cantidad que resulte de aplicarle la indexación al monto precedentemente condenado a pagar, practicada desde la admisión de la reconvención de autos hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, la cual deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes o en su defecto por el Juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de Precio al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente.

c. SIN LUGAR la pretensión de indemnización de daños lucro cesante

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total del recurso de autos…”.

 

Contra la referida decisión de alzada, la demandante reconvenida anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado.

En fecha 23 de septiembre de 2016, el presidente de esta Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, asignó la ponencia al Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

PUNTO PREVIO

Después de terminado el lapso para la sustanciación del recurso, el apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente solicitó mediante diligencia presentada en fecha 23 de noviembre de 2016, ante la Secretaría de esta Sala, se pronunciará acerca del perecimiento del escrito de formalización presentado por la parte recurrente reconvenida, aduciendo que el mismo había sido consignado de manera extemporánea, argumentando al respecto lo siguiente:

 

“…Vista la extemporaniedad (sic) con la que fue formalizado el Recurso (sic) de Casación (sic) admitido el 28 de julio de 2016 y formalizado el 04 (sic) de octubre del mismo año, cuando ya había precluido dicho lapso, solicito respetuosamente declare perecido el mismo…”.

 

Ahora bien, visto lo anterior esta Sala observa lo siguiente:

El tribunal ad quem, dictó decisión en fecha 13 de julio de 2016.

En fecha 21 de julio de 2016, los apoderados judiciales de la parte demandante reconvenida, anunciaron recurso de casación.

En fecha 28 de julio de 2016, el tribunal superior, dictó auto mediante el cual admitió el recurso de casación, dejando constancia que el lapso para anunciar dicho recurso feneció en fecha 27 de julio de 2016.

Ahora bien, esta Sala observa de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, que del auto de fecha 28 de julio de 2016 (folio 116), se desprende que el lapso para anunciar el recurso de casación, venció el 27 de julio de 2016. Dicho esto, significa que, el lapso de los cuarenta (40) días para la presentación del escrito de formalización, más el término de la distancia de cuatro (4) días, a tenor del calendario judicial y del libro diario de la Secretaría de la Sala, comenzó el 28 de igual mes y año, venciendo el día 12 de octubre de 2016, el cual correspondió al día miércoles siendo éste día feriado, por conmemorarse el Día de la Resistencia Indígena, por lo que efectivamente culminó el día hábil siguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, siendo este el día jueves 13 octubre de 2016.

Visto lo anterior esta Sala evidenció, que el escrito de formalización presentado por el recurrente, el mismo data de fecha 4 de octubre de 2016, lo que quiere decir que fue tempestivamente presentado, en consecuencia, se declara improcedente la solicitud de la parte demandada. Así se decide.

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de indeterminación objetiva, bajo la siguiente consideración:

Expresa el formalizante:

 

“…Al amparo del artículo 313, 1° del Código de Procedimiento Civil denuncio el vicio de indeterminación objetiva por infracción del artículo 15, así como del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que a su vez ha generado indefensión a mi mandante.

En el dispositivo, la recurrida ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo señalando como fecha de culminación de ella "hasta que se declare definitivamente firme la sentencia", lo que constituye un hecho futuro e incierto, pues para el momento en que se produce tal determinación no se sabe cuándo se producirá tal efecto, como tampoco en qué fecha podría dictarse el auto que así lo declarare.

Tal decisión tampoco prescribe a los expertos a quienes se les encomienda la realización de ese estudio, que deben excluirse del cálculo los lapsos en que la causa haya estado paralizada por causa no imputable a las partes, tales como recesos judiciales, períodos vacacionales, de los días en que el Tribunal no despachó y aquel en que los jurisdicentes que hayan conocido del proceso no hubieren dictado oportunamente su decisión.

 La recurrida recargó sobre el patrimonio de mi representada todo el peso económico del paso del tiempo en este proceso, sin tomar en cuenta que la tardanza del mismo no puede serle imputado a ella.

De este modo, sin que se hayan establecido de modo preciso e inequívoco las bases que servirían a los expertos para realizar sus cálculos, se configura el vicio de indeterminación objetiva pues los peritos no pueden suplir la función jurisdiccional y su labor debe estar limitada a la cuantificación monetaria, que debe estar precisada con exactitud en la sentencia siendo además evidente que tal y como fue ordenada dicha indexación por razón de la referida experticia, hace irrealizable que ésta pueda efectuarse, así como también, es inejecutable la recurrida, toda vez que en modo alguno están determinados los puntos que servirán de base a los expertos contables para el cálculo del monto condenado a pagar por parte de la sociedad de comercio H.G. NUEVO TRIANGULO C.A. Conforme puede seguirse, el punto tercero del dispositivo que contiene la orden de corrección monetaria de la suma condenada a pagar, está indeterminado objetivamente, lo que infringe directamente lo dispuesto en los artículos 15 y 243, 6° del Código de Procedimiento Civil…” (sic)

 

La Sala para decidir, se observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 15 y 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, por indeterminación objetiva, al considerar que el juez de alzada en el dispositivo del fallo ordenó la práctica de la experticia complementaria señalando como fecha de culminación “…hasta que se declare definitivamente firme la sentencia…”.

         Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 numeral 6° del Código de Procedimiento Civil, el vicio de indeterminación objetiva, es aquel que guarda relación con la determinación de la cosa u objeto sobre el cual recae la decisión.

         En este sentido, en cuanto al vicio en referencia, esta Sala ha dejado sentado entre otras, mediante decisión N° RC-182, de fecha 21 de mayo de 2010, expediente N° 2009-692, lo siguiente:

 

“(…) La sentencia, conforme al ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe determinar la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.

 

El criterio general que se sigue al respecto, ‘es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del mismo, porque la sentencia debe bastarse a sí misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea necesario acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible’. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. A. Rengel Romberg. Tomo II. Pág. 277).

 

La sentencia también debe determinar con toda precisión y exactitud la cosa sobre la cual versa su dispositivo, por sus caracteres peculiares y específicos, si fuere mueble, o por su denominación, situación y linderos si fuere inmueble o por su condición causas y constancia si se tratare de un derecho puramente incorporal.

 

La doctrina constante y pacífica de la Sala ha establecido que, ‘…en cuanto al aspecto externo de la sentencia, el legislador ha sido formalista y su intención es la de que la sentencia se baste a sí misma y que no sea necesario, por lo tanto, escudriñar en otras actas del expediente para conocer los elementos subjetivos u objetivos que delimitan en cada situación concreta las consecuencias de la cosa juzgada’. (Sent. de fecha 7-8-80). (…)”.

 

         Ello pone de manifiesto que la sentencia debe bastarse por sí misma, esto es, que de su lectura se logre conocer los elementos objetivos que delimiten la controversia, a fin de facilitar la ejecución de la sentencia y está estrechamente vinculado con los requisitos de autosuficiencia y unidad procesal del fallo.

         Es así como el artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, contempla el requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, respecto del cual la Sala ha venido estableciendo de manera pacífica y reiterada que su expresión resulta indispensable y necesaria para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, que contenga en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos o actas que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición.

         De igual forma, se ha sostenido que este requisito persigue garantizar, que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Vid. sentencia N° 559 de fecha 24 de noviembre de 2011, caso: Distribuidora K.T.D.C. C.A. contra Seguros Mercantil C.A., reiterada en sentencia N° 357 de fecha 22 de junio de 2015, caso: Kem Gerard Mosley contra Mapfre La Seguridad, C.A.).

         Al respecto cabe señalar, lo establecido por el juez de alzada en su decisión, que dispuso lo siguiente:

 

“…PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., a través de su Director Principal ANTONIO JOSÉ CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº 12.020.569, debidamente asistido de la abogada MARIA SCARLET OLMETA, parte demandada reconviniente, contra la sentencia definitiva de fecha 19 de enero de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y en consecuencia se decide:

a.- SIN LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, invocada por la empresa H.G NUEVO TRIÁNGULO, C.A contra la empresa INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., ambos identificados en autos.

b.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la reconvención de cumplimiento de contrato, propuesta por la empresa INGENIERÍA GRUPO 4, C.A., contra H.G NUEVO TRIÁNGULO, C.A., ya identificada, a quien se condena a pagarle a la accionada-reconviniente:

b.1.- La cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs.626.239,08), por concepto de saldo deudor del monto total de UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.1.043.731,81) de las otras convenidas y ejecutadas, a la cual se hizo la deducción de la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs.417.492,72), que recibió en anticipo.

b.2.- La cantidad que resulte de aplicarle la indexación al monto precedentemente condenado a pagar, practicada desde la admisión de la reconvención de autos hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, la cual deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes o en su defecto por el Juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de Precio al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente.

c. SIN LUGAR la pretensión de indemnización de daños lucro cesante…” (Resaltado de la Sala)

        

De la lectura de lo antes transcrito de la recurrida se observa, que el juez de alzada efectivamente en el dispositivo del fallo ordenó aplicarle la indexación al monto de lo condenado a pagar, para lo cual fijó sus parámetros al señalar que deberá ser practicada a partir de la admisión de la reconvención, hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, lo cual le da certeza al dispositivo de la recurrida y a criterio de esta Sala no comporta el vicio de indeterminación objetiva.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 15 y 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-II-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia el menoscabo al derecho a la defensa, bajo la siguiente consideración:

 

“…Segundo. De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que ese mismo punto del dispositivo produce indefensión, lo que quebranta lo dispuesto en los artículos 12 y 249 también del Código de Procedimiento Civil.

Este vicio se patentiza producen en el mismo punto indicado con el alfanumérico "b.2" del dispositivo, que textualmente reza que la experticia complementaria antes redargüida

"deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes o en su defecto por el Juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de Precio al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente".

Como bien puede apreciarse de la transcripción que antecede, sin que medie norma que lo permita, la sentencia encargó la elaboración de la experticia a un solo práctico, obviando que el proceder que debe seguirse a tal propósito es el establecido para el justiprecio de bienes en el título concerniente a las ejecuciones que contiene el código adjetivo.

La remisión que ha debido hacer la recurrida a los artículos 556 al 562 del Código de Procedimiento Civil, que prescriben el procedimiento para la designación de expertos por las partes, la forma de realización del justiprecio y los derechos de control y contradicción que cada uno de los litigantes puede ejercer, tanto contra la conducta de los peritos como frente a sus resultados, cuya omisión coloca a mi representada en el evento de una indefensión.

La experticia complementaria al fallo acordada por la recurrida del modo en que esta denuncia controvierte, vulnera la doctrina establecida por esta Sala de Casación (véase entre otras la sentencia № 170 del 22 de marzo 2012 TRANSPORTE Y SERVICIO ULTRASUR, C.A., contra la sociedad de comercio COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., y № 129, de fecha 25 de febrero de 2004, caso: Henrri María Uzcátegui Uzcátegui contra Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, Expediente № 02-784), y con tal establecimiento se desconoce no sólo el carácter imperativo de las formas procesales, sino por lo que no hay excusa para que ahora, sino también los derechos procesales de participación que tiene mi mandante en la formación de la experticia.

A objeto de robustecer las denuncias por defecto de actividad aquí delatadas, conviene reparar en el criterio expresado en Sentencia de esta Sala № RC-00294, de fecha 3 de mayo de 2006, expediente № 2003-892, en el juicio de Clauco Antonio Arreaza y Heysi Josefina Perdomo Sosa, contra Luís María Mingo Ibáñez, en la cual se dispuso lo siguiente:

"...Queda claro, pues, que la propia ley faculta al juez para ordenar experticias complementarias del fallo prevista en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en aquellos casos en los que esté impedido de estimar el monto de la condena según las pruebas, por carecer de conocimientos técnicos.

No obstante, si bien es cierto que la ley le otorga al sentenciador la facultad de ordenar que se realice una experticia complementaria del fallo, ello no conlleva que esté facultado para delegar la función jurisdiccional a personas que no han sido investidos por el estado para cumplir esta delicada misión, ya que los peritos no pueden actuar como jueces ni decidir los fundamentos o bases del daño a pagar.

En efecto, la función de los expertos debe circunscribirse a la cuantificación monetaria de la condena, que deben estar enmarcados o limitados en la propia decisión, para que no se produzcan extralimitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en la sentencia. Tampoco puede fomentarse la apertura de un nuevo contradictorio en fase de ejecución judicial, en cuanto a la discrepancia de tales daños, producto de una indeterminación objetiva que deje al criterio de cada parte, una impresión incierta o demasiado subjetiva del monto real de esos daños.

En otras palabras, la función jurisdiccional la ejerce el juez y no los peritos, y por ello, los lineamientos o puntos sobre la base de los cuales se elaborará la experticia, deben provenir del fallo.

Por otra parte, la sentencia como expresión de la máxima potestad jurisdiccional, debe bastarse así misma, esto quiere decir, que para comprender su dispositivo, y en consecuencia darle cumplimiento, debe resultar auto suficiente, sin necesitar el auxilio de ningún otro documento, ni acta del expediente. Por último, es preciso que sus términos estén expresados en forma clara y completa para que cumpla su fin último, cuál es plasma en forma indubitable la soberana decisión a que ha arribado el sentenciador, luego de su analítico estudio del caso.

Por todas estas razones, el sentenciador debe determinar con exactitud los límites que sujetan la actividad del perito, quien se convierte en un mero ejecutor de la orden judicial impartida, con el sólo propósito de aplicar sus conocimientos técnicos y calcular la respectiva estimación. Ahora bien, una de esas indicaciones ineludibles, es precisamente, la fecha tope de inicio y terminación del lapso en que deben ser computados los intereses cuyo pago es condenado, los cuales deben ser fijados sin margen de duda, es decir, sin que exista discrecionalidad del experto para fijar una u otra oportunidad.

Es por ello, que el sentenciador debe indicar en su decisión los lineamientos o puntos de apoyo que servirán de base para que los expertos determinen cuantitativamente el cálculo ordenado, tales como: monto de la condena, fechas límites en que fueron devengados los intereses cuyo pago no ha sido satisfecho y es objeto de condena, la tasa de interés aplicable, así cualesquiera otro dato que el juez considere indispensable para el desarrollo de las actividades técnicas de los peritos, ya que la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un solo acto de procedimiento, complementándola e integrándose como una parte más de ella." (Negrillas y subrayado de la Sala). La Sala reitera el precedente jurisprudencial y en consideración a las razones precedentemente expuestas, declara procedente la presente delación y casa el fallo recurrido, por la infracción del artículo 243 ordinal 6o del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de alzada condenó al pago de varias sumas de dinero, mediante experticia complementaria del fallo, delegando la función jurisdiccional, en el criterio de los expertos para determinar que lapsos o periodos de paralización del proceso son o no imputable a las partes, y en consecuencia si estos deben ser tomados en cuenta para el cálculo de la experticia o desechados de la misma. Con lo cual el juez de la recurrida no cumplió con su obligación de señalar claramente los parámetros que debían seguir los expertos y/o peritos contables para el cálculo de la experticia complementaria del fallo, dejando en manos de estos la determinación de los mismos. Así se decide...".

En virtud de tales razonamientos, que hacen palmaria la infracción de ley con la que se encuentra inficionada la recurrida, respetuosamente solicito a esta Honorable sala de Casación Civil ordene la nulidad de la sentencia recurrida…” (sic)

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que el recurrente delató la infracción de los artículos 12 y 249 del Código de Procedimiento Civil, señalando que el juez de la recurrida le causó indefensión a su mandante, al ordenar que la experticia complementaria “deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes en su defecto por el juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de precios al consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente…”., la cual debió ser realizada por tres (3) peritos y no por uno (1) solo, tal como lo ordena los artículo 556 al 562 adjetivo.

         Ahora bien, el vicio por quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales del proceso que menoscaban el derecho de defensa por acción u omisión del juez, sucede cuando se conceden preferencias, se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella, en perjuicio de una de las partes.

         Asimismo, se considera vulnerado el mencionado derecho a la defensa, si el juez no provee en tiempo hábil las peticiones de alguna de las partes en perjuicio de la otra; en general, cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos, rompiendo así el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante. (Cfr. Sentencia Nº 736, de fecha 10 de diciembre de 2009, caso de Toyama Maquinarias, S.A. contra Apca Mantenimiento y Servicios, C.A.).

         En este sentido, a fin de verificar lo denunciado por el recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, en el cual expresamente se señaló lo siguiente:

 

“(…) b.1.- La cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs.626.239,08), por concepto de saldo deudor del monto total de UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.1.043.731,81) de las otras convenidas y ejecutadas, a la cual se hizo la deducción de la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs.417.492,72), que recibió en anticipo.

b.2.- La cantidad que resulte de aplicarle la indexación al monto precedentemente condenado a pagar, practicada desde la admisión de la reconvención de autos hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, la cual deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes o en su defecto por el Juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de Precio al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente.

c. SIN LUGAR la pretensión de indemnización de daños lucro cesante…” (Resaltado de la Sala)

 

         De acuerdo al dispositivo de la sentencia recurrida antes transcrito, esta Sala observa que el ad quem en su fallo ordenó que “… La cantidad que resulte de aplicarle la indexación al monto precedentemente condenado a pagar, practicada desde la admisión de la reconvención de autos hasta que se declare definitivamente firme la sentencia, la cual deberá ser realizada por un solo perito designado por mutuo acuerdo por las partes o en su defecto por el Juez, quien deberá tener como base para el cálculo de la misma, el índice nacional de Precio al Consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela mensualmente…”.

         Visto lo anterior, la Sala considera pertinente transcribir los artículos 249, 556 al 562 del Código de Procedimiento Civil, delatados por el recurrente como infringidos, que señalan expresamente lo siguiente:

 

“Artículo 249.- En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.

En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación y de lo determinado se admitirá apelación libremente.”

 

“Artículo 556: Después de efectuado el embargo se procederá al justiprecio de las cosas embargadas, por peritos que se nombrarán uno por cada parte, asociados a un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por inasistencia o desacuerdo en su designación, designará el Tribunal. Las partes al designar su perito consignarán en el mismo acto una declaración escrita del designado firmada por éste, manifestando que aceptará la elección. En caso de no consignar la parte la manifestación a que se refiere el presente artículo, el nombramiento lo efectuará el Juez en el mismo acto.   Para ser perito avaluador se requiere residir en el lugar donde estén situados los bienes y poseer conocimientos prácticos de las características, calidad y precios de las cosas que serán objeto del justiprecio.

Si hubiese cosa de especie y naturaleza diferentes se harán tantos peritajes como sean necesarios, determinando el Tribunal los que deban ejecutarse separadamente.   La recusación contra los peritos deberá proponerse el mismo día de su nombramiento o en los dos días subsiguientes. Propuesta ésta, el perito, o la parte que lo nombró, consignará, dentro de los tres días siguientes a la proposición de la recusación, las razones que tenga que invocar contra ella, y la incidencia de recusación quedará abierta a pruebas por ocho días decidiendo el Juez al noveno. Si la recusación fuere declarada con lugar el Juez en la decisión que pronuncie al respecto nombrará el nuevo perito que sustituirá al recusado.”  

 

“Artículo 557: Cuando los bienes que vayan a ser objeto del justiprecio estén situados fuera de la jurisdicción del Tribunal, éste comisionará a uno de su misma categoría del lugar donde se encuentren los bienes, para que efectúe las diligencias del justiprecio.”

 

“Artículo 558: Designados los peritos y pasada la oportunidad de su recusación, las partes presentarán al Tribunal a los que hayan nombrado para que el Juez tome juramento de cumplir su encargo con honradez y conciencia. Si hubiere peritos designados por el Tribunal serán notificados mediante boleta, a menos que éstos se presenten voluntariamente. Una vez juramentados los peritos, el Juez, de acuerdo con ellos, fijará oportunidad para que concurran al Tribunal, y reunidos en la oportunidad señalada, oirán las observaciones que deseen hacerles las partes que puedan contribuir a la fijación del valor racional de las cosas. Si las partes no concurrieren, o una vez oídas éstas en el caso de que lo hagan, conferenciarán en privado en la misma sede del Tribunal y procederán a efectuar la fijación del justiprecio, el cual será fijado por mayoría de votos. Si no pudiere haber acuerdo entre los peritos para la fijación del justiprecio el Juez oirá las razones de cada uno, y en el mismo acto establecerá el justiprecio.”   

 

“Artículo 559: De la reunión y decisión de los peritos se levantará un acta que contendrá las razones y argumentos que sirvieron de fundamento para la fijación del justiprecio y el valor asignado al bien o bienes objeto de él. También podrán los peritos consignar el justiprecio mediante escrito que entregarán al Tribunal el día fijado para la reunión.”   

 

“Artículo 560: El justiprecio fijado por los peritos de acuerdo con las disposiciones anteriores será vinculante para el Juez.”  

 

“Artículo 561: El mismo día de la reunión de los peritos en el Tribunal para la fijación del justiprecio, podrán las partes impugnar el resultado por error sobre la identidad o calidad de la cosa justipreciada, lo cual probarán dentro de los cinco días siguientes, resolviendo el Juez el sexto día la pretensión del impugnante, y en caso de declarar firme el justiprecio fijado por los peritos impondrá al impugnante una multa de mil bolívares. De la decisión del Juez no se oirá apelación.”

 

“Artículo 562: Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la ejecución, efectuar ellas el justiprecio de los bienes que serán objeto del remate, siempre que no haya terceros interesados que puedan perjudicarse con la fijación que hagan. En caso de que se presente algún tercero e impugne la fijación que hayan hecho las partes, acreditando ante el Juez su interés, se dejará sin efecto la fijación que hayan hecho las partes y se procederá a la fijación de justiprecio por medio de peritos en la forma prevista en este Capítulo.”

        

Ahora bien, como antes se señaló, el recurrente delató que el ad quem incurrió en el vicio de quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso, por haber nombrado a un (1) solo perito para que calculase el monto de la indexación judicial a la que fue condenada a pagar a la demandante reconvenida.

         No obstante, la Sala estima que el nombramiento de un (1) solo perito para que efectúe la señalada contabilidad de la indexación judicial condenada al pago, en nada le afecta sus derechos, ni el juez de alzada le vulneró su legítimo derecho a la defensa, ni le impidió el ejercicio de recurso alguno, pues en el supuesto caso, que la demandante reconvenida se encuentre inconforme por los resultados contables que el perito como auxiliar de justicia emita en su experticia, tiene a su disposición los recursos procesales pertinentes para ejercerlos y realizar los reclamos de los posibles errores incurridos por el perito en el cálculo efectuado.

         Por otro lado, la Sala estima necesario indicar al formalizante que los delatados artículos 556 al 562 del Código de Procedimiento Civil, en lo absoluto aplica para la solución del presente asunto, ya que los mismos, están destinados para el procedimiento de la designación de los peritos en los casos de contabilidad del justiprecio de las cosas embargadas, en el cual, es procedente la designación según lo establecido en el artículo 556 eiusdem de tres (3) peritos que se nombraran uno por cada parte, asociados a un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por inasistencia o desacuerdo en su designación, lo designará el tribunal, tal como lo señala los referido artículo. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-865, del 7 de diciembre de 2016. Exp N° 2015-438).

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por menoscabo al derecho a la defensa, debe declararse improcedente. Así se decide.

-III-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación por contradicción, bajo la siguiente consideración:

Expresa el formalizante:

“De conformidad con lo previsto en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción en la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por ser la sentencia impugnada inmotivada, por contradicción en sus motivos.

…omissis…

A tal efecto es de destacar, de la lectura del fallo recurrido, se desprende lo siguiente:

"Efectivamente el primer contrato de obra suscrito por las partes; es decir el del 02 de Enero del año 2012; en su Cláusula Primera establece: "... Objeto: LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para LA CONTRATANTE, a todo costo, por su exclusiva cuenta y sus propios elementos y equipos de trabajo, según el alcance indicado en el presente Contrato, los trabajos CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES: AGUAS NEGRAS, DRENAJE, CANTV Y ELECTRICIDAD DE LA OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR, UBICADA EN EL PASEO JUAN GUILLERMO IRIBARREN CON AVENIDA CRÍSPULO BENÍTEZ SECTOR TRIANGULO DEL ESTE, BARQUISIMETO, ESTADO LARA..."

Mientras que el segundo contrato de obra; es decir el suscrito por las partes el 13 de Febrero del año 2012, en su Cláusula Primera establece: "...Objeto: LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para LA CONTRATANTE, a todo costo, por su exclusiva cuenta y sus propios elementos y equipos de trabajo, según el alcance indicado en e! presente Contrato, los trabajos CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES: AGUAS NEGRAS, DRENAJE, CANTV Y ELECTRICIDAD DE LA OBRA TORRE IBÉRICA. UBICADA EN EL PASEO JUAN GUILLERMO IRIBARREN CON AVENIDA CRlSPULO BENÍTEZ SECTOR TRIANGULO DEL ESTE, BARQUISIMETO, ESTADO LARA..." y resulta, que al comparar el objeto de éstos con el establecido en los tres contratos de obra acompañados con el libelo de demanda para demostrar el incumplimiento contractual imputado a la accionada como son los suscritos por la accionada reconvenida con la empresa ELECTRICIDAD Y CONSRUCCIONES APONCIO, C.A., se determina que el objeto de éstos es distintos al de los contratos objeto de este proceso; ya que la ORDEN DE SERVICIO № 2013-HGNT-3050 de fecha 10-08-2013, cuyo ejemplar cursa del folio 37 al 38, se evidencia que establece como objeto de este contrato:

Descripción del Servicio: Construcción de Tanquillas de CANTV Plaza Mayor y Torre Ibérica mientras que la ORDEN DE SERVICIO № 2013-HGNT-2030, cursante al folio 43 al 44 de la Pieza № 1, se observa que como objeto del término establecieron:

Descripción del Servicio: Construcción de Bancadas de MEDIA TENSIÓN Plaza Mayor y Torre Ibérica y del (sic) ultimo la ORDEN DE SERVICIO № 2013-HGNT-3024 de fecha 24-04-2013, (sic) establecieron como objeto:

Descripción del Servicio: Construcción de Bancadas de CANTV Plaza Mayor y Torre Ibérica se concluye sin duda alguna, que el objeto de estos contratos son distintos al de los contratos sub lite y adicionalmente se ha de establecer, que estos contratos aparecen con fecha de suscripción del año 2013; tiempo éste que es posterior a la fecha de vigencia de los contratos objetos de este proceso, que vencieron en el año 2012 y no durante la vigencia de estos últimos como afirmaron las partes. Y así se establece".

Del análisis de tales motivos SE EVIDENCIA QUE la recurrida se contradice flagrantemente UN (sic) ADECUADA VALORACIÓN, PUES HA DEBIDO CONCLUIR QUE SEGÚN EL MISMO ADMITE EL LUGAR DONDE SE VERIFICABA LA OBRA ERA LA "TORRE IBÉRICA", así como que las órdenes de servicio identificadas con os alfanuméricos № 2013-HGNT-2030 y № 2013-HGNT-3024, que se refieren a la finalización de bancadas de MEDIA TENSIÓN y CANTV se contraen a los conceptos originalmente contratados para su confección a la sociedad de comercio INGENIERÍA GRUPO 4 C.A., de modo que también la conclusión a la que arriba la recurrida es impropia al advertir que la fecha de esta órdenes de servicio es posterior a aquella en que se suscribieron los contratos originales que dieron inicio a la Litis, lo que debe ser a todas luces lógico, pues la pretensión de la demandante HG NUEVO TRIÁNGULO C.A., estuvo siempre cifrada en advertir que merced (sic) al incumplimiento de la demandada, las obras debieron concluirse con ayuda de otros contratistas.

Resultaba entonces imposible que las órdenes de servicio incorrectamente valoradas por la recurrida hubieren sido emitidas con anterioridad al prenotado incumplimiento observado por la sociedad de comercio INGENIERÍA GRUPO 4 C.A., pues ello suponía una labor de adivinación a ser desplegada por la recurrente. No hay nada más contradictorio que lo antes expuesto…” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, se observa:

En atención a lo anteriormente transcrito se evidencia, que el formalizante en su enrevesada exposición, denuncia el vicio de inmotivación por motivación contradictoria, con apoyo en lo dispuesto en el 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, pero sin exponer cuales eran esos textos de la recurrida que se enfrentaban y que hacían a la misma inmotivada, lo que hace imposible la resolución a fondo de la denuncia por falta de argumentación técnica del formalizante.

Asimismo, se observa como en su exposición, hace una mezcla indebida de vicios de forma y de fondo que dejan sin fundamentos la denuncia.

En ese sentido y con respecto a lo denunciado por el formalizante en cuanto al vicio de motivación contradictoria, esta Sala en sentencia N° RC-126, del 3 de abril de 2013, expediente N° 2012-542, caso: La Económica, C.A. y otras, contra Del Sur, Banco universal, C.A. y otra, estableció lo siguiente:

“Así lo ha señalado esta Sala, pacífica y reiteradamente en sus numerosos fallos, entre otros, en la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2005, para resolver el recurso de casación interpuesto en la causa cursante en el expediente N° 2005-000280, caso DISTRIBUIDORA A.R.C., C.A. (DIARCA), contra la sociedad de comercio MAVESA, S.A., en la cual se dijo:

“…También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula.” (Resaltado de la sala)

 

De la anterior doctrina de esta Sala, tenemos que para que pueda existir el vicio denunciado de inmotivación por motivación contradictoria, capaz de anular el fallo impugnado, el mismo debe encontrarse en su motiva y siendo que el formalizante en el cuerpo del texto integro de la denuncia nada señaló al respecto, dejando sin fundamentos la misma, esta Sala de Casación Civil como tribunal de derecho que es, no puede conocer a su antojo los escritos de formalización que son sometidos a su conocimiento, para que a la suerte pudiera prosperar lo que no fue intención del formalizante. Así se establece.

Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente, así como sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandante reconvenida. Así se decide.

 

 

D E C I S I Ó N

         Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante reconvenida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 13 de julio de 2016.

         Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la recurrente demandante reconvenida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017) Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

_________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Magistrada,

 

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_________________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000663

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

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