Sentencia N.º RC.000216
- Sentencia
- N.º RC.000216
- Fecha
- 03/07/2018
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-826
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación (Aclaratoria)
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2017-000826
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
ACLARATORIA.
En fecha 7 de mayo de 2018, el ciudadano abogado Juan Carlos Delgado González, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil distinguida con la denominación UNIVAR USA INC, mediante escrito solicitó la aclaratoria o ampliación del fallo dictado por esta Sala en fecha 4 de mayo de 2018, en esta causa.
Como fundamento de su solicitud, expuso lo siguiente:
Yo, JUAN CARLOS DELGADO GONZÁLEZ, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 43.428, titular de la cédula de identidad número 6.814.240, procediendo en mi carácter de apoderado judicial de la entidad mercantil denominada UNIVAR USA INC, suficientemente identificada en autos, según consta de poder que cursa en el presente expediente y debidamente facultado para actuar en Casación, por estar inscrito en el Registro de Abogados Habilitados a tal efecto bajo el número 6.407, ante ustedes ocurro para exponer:
Mediante fallo pronunciado en fecha cuatro (04) de mayo del año en curso, este Alto Tribunal declaró CON LUGAR recurso de casación interpuesto en el proceso seguido por mi mandante contra la entidad mercantil CERDEX, C.A. identificada en autos, que se tramita en el expediente distinguido con el número AA20-C-2017-000826.
Dentro del lapso establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil para solicitar aclaratoria o ampliación del fallo, formalmente procedo a solicitar por las razones siguientes:
I
En primer lugar, consideramos totalmente acertadas y pertinentes las apreciaciones expuestas en el voto salvado, suscrito por el Magistrado disidente del fallo dictado en la presente causa, ya que la Sala no hizo el pronunciamiento rutinario y habitual sobre su facultad de declarar la competencia o no para entrar a conocer del recurso extraordinario de casación anunciado, en el presente caso, por la demandada.
II
Ahora bien, hemos afirmado en este proceso que la parte demandada NO CONVINO EN LA DEMANDA, por el contrario LA RECHAZÓ EN FORMA EXPRESA, y así se ha sostenido durante todo el proceso, especialmente en el escrito de fecha dieciocho (18) de enero de 2018, consignado ante la Secretaría de la Sala de Casación Civil, que contiene formal Impugnación del Recurso de Casación (sic) intentado por la parte demandada.
Reitero personalmente el profundo respeto que mantengo hacia el Tribunal Supremo de Justicia y sus Magistrados; no obstante, el ponente del fallo, al parecer, por una u otra causa, no leyó ese escrito y naturalmente no se refirió en su decisión a ninguno de los alegatos allí contenidos.
El artículo 49 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, establece: ( )
Por lo tanto el derecho a presentar Escrito de Impugnación (sic) con los alegatos mediante los cuales la parte impugnante rechaza los argumentos en los cuales su contraparte fundamente el recurso de casación, constituyen una facultad o derecho consagrado constitucionalmente en nuestro país.
Esas normas deben concordarse con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula la conducta que debe seguir el sentenciador, en cualquier grado de jurisdicción, incluido el sentenciador en Casación, al pronunciar su fallo.
Establece el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil: ( )
Ahora bien, veamos que planteó mi representada en su Escrito de Impugnación (sic) a la formalización del recurso de casación planteado:
En otras palabras el convenimiento puede ser total o parcial, según que el demandado decida allanar íntegramente toda la pretensión deducida en el proceso por la parte actora, o solo parcialmente, es decir en algunos puntos contenidos en él y contradiga otros.
En este caso, se produjo sólo un convenimiento parcial en la demanda, porque la parte demandada rechazó otros.
Examinamos a continuación los puntos de la demanda que la accionada rechazó.
Una simple lectura de la única denuncia contenida en el recurso de forma interpuesto por la parte demandada, nos permite establecer que la parte demandada no combino en forma pura y simple, sino que contradijo alguna de las pretensiones de parte actora contenidas en el libelo. Examinemos la formalización:
La parte demandada transcribe íntegramente el capítulo Tercero del libelo de demanda que contiene le petitorio.
En esa transcripción, expresamente reconoce que la parte actora reclamó el pago de Las costas del presente juicio.
Esto es cierto, la parte actora expresó en el libelo:
ocurrimos ante su competente autoridad, en nombre y representación de UNIVAR USA INC, para demandar, como en efecto demandamos, a CERDEX, C.A., a los fines de que convenga, o en su defecto sea condenada por el Tribunal, en lo siguiente:
(Omissis)
3) Las costas y costos del presente juicio.
En otras palabras, mi representada demandó, entre otras cosas, el pago de COSTAS PROCESALES QUE SE ORIGINARAN EN LA TRAMITACIÓN DE LA PRESENTE CAUSA.
Sobre eso no hay discusión, forma parte de los términos de la controversia, puesto que tal pretensión está redactada en el libelo en los términos antes transcritos.
Pero la parte demandada además en su formalización, hace una transcripción del petitorio contenido en el libelo de la demanda, y allí reconoce que se le demandó el pago de las costas de este proceso.
Ahora bien, en un escrito presentado por parte demandada en fecha veintisiete (27) de marzo de 2017, titulado DEL CONVENIMIENTO, claramente expresa que no está obligada al pago de costas en este proceso, que, según su criterio, no está obligada al pago de costas.
En ese escrito la parte demandada expresa textualmente:
III
DE LAS COSTAS
Toda vez que al quedar sin efecto intimatorio en este procedimiento, no existe un monto exacto de las costas a pagar y toda vez que en caso de convencimiento, debe determinarse si nuestra representada dio lugar al procedimiento para determinar su obligación de pagar costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, nos sometemos a la decisión del Tribunal a los fines de que determine si nuestra representada está obligada a pagar las costas judiciales.
Hacemos constar al Tribunal que en caso de ser procedente el cobro de las costas procesales y su pago, presupuesto que negamos, nos acogemos al derecho de retasa y a los demás beneficios que la Ley otorga a nuestra representada
Queremos resaltar un punto de la transcripción anterior, tomada del escrito que la parte demandada tituló DEL CONVENIMIENTO, obsérvese como en ese Capítulo III relativo a costas procesales, la demanda alega y afirma:
Hacemos constar al Tribunal que en caso de ser procedente el cobro de las costas procesales y su pago, PRESUPUESTO QUE NEGAMOS, nos acogemos al derecho de retasa y a los demás beneficios que la Ley otorga a nuestra representada
Por lo tanto, la parte demandada rechazó en forma expresa y terminante la pretensión de parte actora de que le sean pagadas las costas procesales en este (sic) causa, contenida en el libelo de la demanda, por lo tanto NO CABE DUDA DE QUE LA DEMANDADA NO ALLANÓ LA PRETENSIÓN DE PARTE ACTORA EN CUANTO A COBRO DE COSTAS PROCESALES RESPECTA, POR EL CONTRARIO, RECHAZÓ Y CONTRADIJO LA DEMANDA EN ESTE PUNTO, POR LO TANTO EL CONVENIMIENTO EN LA DEMANDA ES PARCIAL, NO COMPRENDE LO RELATIVO A COSTAS PROCESALES.
Pero además en este proceso, la parte demandada propuso una serie de incidencias, impugnó el auto de admisión de la demanda que se tramitaba mediante procedimiento especial de intimación y pidió la declaratoria de nulidad del auto de admisión, alegó cuestiones previas, entre otras.
Eso obligó a la parte actora a responder mediante escritos sucesivos, producidos en el expediente de la causa, cada uno de esos alegatos planteados en formas incidental en el proceso. Todas estas actuaciones causan costas.
El artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, señala: ( )
Por ese motivo, en el Escrito de Impugnación del recurso de casación, oportunamente presentado en este proceso, la parte actora a quien represento, agregó:
La controversia en cuanto a costas procesales, es algo más amplio porque en el escrito de informes, mi representada hizo el alegato que transcribo textualmente a continuación:
Ahora bien, la parte demandada propuso una serie de incidencias mediante las cuales comenzó por cuestionar la tramitación de esta causa de conformidad con las normas que regulan el procedimiento por intimación y pidió la nulidad de todo lo actuado. Alegó cuestiones previas, concretamente ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado de la parte actora, defecto de forma de la demanda, alegó prescripción de la acción, hecho del príncipe como causa extraña no imputable que hacía imposible el incumplimiento de la obligación, en fin, cuestionó la pretensión deducida por una serie de razones, con lo cual dio lugar a la apertura de incidencias que debían ser resueltas en este proceso.
Todo ello configura en autos su clara intensión de no pagar. Pero, posteriormente, se convenció de que no podía eludir el cumplimiento de las obligaciones que había contraído, puesto que éstas estaban plenamente demostradas en autos, no solo por las siete (7) facturas acompañadas al libelo de la demanda, sino además porque la parte demandada reconoció expresamente la deuda mediante notificación autentica acompañada al libelo, realizada en fecha veintidós (22) de septiembre de 2.016, a través de la Notaría Primera del Municipio Chacao del Estado Miranda, en el domicilio procesal de mi mandante UNIVAR USA INC, mediante la cual la demandada reconoció expresamente adeudar todas y cada una de las facturas detalladas en esta demanda
Pero como si esto fuera poco, mi representada en el Escrito de Impugnación, hace además una nueva referencia al escrito de informes presentado en Alzada, en los siguientes términos:
En otro punto del referido escrito de Informes, mi mandante sostuvo:
Por cierto que, la representación judicial de la parte demandada, pretende que no está obligada al pago de las costas de las incidencias que había propuesto en este proceso, cuando lo cierto es que, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil:
Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario
La parte demandada debe ser declarada vencida en las incidencias que propuso, como consecuencia del desistimiento táctico que de todas ellas hizo, cuando convino en el pago de las cantidades demandadas en forma pura y simple y solicitó la homologación.
Por razones indicadas, pedimos respetuosamente al Tribunal que, en la sentencia definitiva haga expresa declaratoria del desistimiento de todas las incidencias propuestas y condenatoria en costas de cada una de ellas, y además condene expresamente al pago de las costas del proceso.
Después de hacer estos planteamientos, la parte actora impugnante, introdujo un párrafo en el cual resaltó sus ideas en los siguientes términos:
POR LO TANTO, EN ESTE PROCESO SE DEMANDÓ EN EL LIBELO PAGO DE COSTAS, TAL PRETENSIÓN FUE EXPRESAMENTE RECHAZADA POR PARTE DEMANDADA EN EL ESCRITO QUE CALIFICA COMO CONVENIMIENTO EN LA DEMANDA, LA PARTE DEMANDADA NO CONVINO EN PAGAR LAS COSTAS PROCESALES QUE HABÍAN SIDO DEMANDADAS EN EL LIBELO. ESA ES RAZÓN SUFICIENTE PARA QUE SE DECLARE QUE EN LO RELATIVO A COSTRAS LA PARTE DEMANDADA NO ALLANÓ LA PRETENSIÓN DE PARTE ACTORA Y QUE POR LO TANTO, ESE ES UN PUNTO CONTROVERTIDO QUE TIENE QUE SER RESUELTO EN ESTE PROCESO MEDIANTE SENTENCIA, PREVIA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO EN TODAS SUS FACES.
Por lo tanto, mi representada ha venido sosteniendo en todas sus actuaciones en instancia, que en este proceso no se ha producido un convencimiento puro y simple en la demanda, ni en lo relativo a costas, todo lo contrario, existe un rechazo expreso de la demandada sobre la pretensión de costas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, estaba obligado el ponente del fallo cuya aclaratoria se solicita, a ilustrar a los demás magistrados de la Sala en relación con toda la discusión que en materia de costas había sido propuesta por las partes, mediante síntesis en el proyecto de sentencia.
Para eso se nombra un ponente en el proceso, para que el expediente no tenga que ser leído por cada uno de los Magistrados que integran la Sala.
Por razones obvias, el ponente debe ser especialmente cuidadoso en cumplir los requisitos establecidos en el artículo 243 del código de Procedimiento Civil, sintetizando en la sentencia de casación, los términos de la controversia planteada en el recurso de casación y en la impugnación de ese recurso.
El artículo243 del Código de Procedimiento Civil, le ordena al sentenciador no solo hacer la síntesis de los términos de la controversia, sino que le ordena, y esto es más importante, DICTAR DECISIÓN EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA, CON ARREGLO A LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y A LAS EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS.
Si mi representada ha venido sosteniendo en todos su escritos, incluso en la Impugnación (sic) de recurso de casación, que en materia de costas tampoco hubo convencimiento en la demanda, sino por el contrario, un rechazo contundente, expreso y radical a la pretensión deducida en el proceso, el Ponente (sic) del fallo recurrido, por razones de legalidad con los otros Magistrados, estaba obligado a transmitirles el debate que sobre esa materia se había sostenido en el proceso, pero, sobre todo, estaba obligado a decidir en forma expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones o defensas opuestas, y por tanto, estaba obligado a declarar en el fallo, que en materia de costas tampoco se había producido en este proceso un convencimiento en la demanda, sino que por el contrario, la parte demandada había rechazado contundentemente la pretensión en este sentido.
Pues bien, el Sentenciador (sic) de la recurrida se limitó a expresar en el fallo, sin ningún otro razonamiento al respecto:
NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS del juicio ni del recurso extraordinario de casación, dada la naturaleza del presente fallo
Nos preguntamos: ¿Podía el ponente del fallo recurrido silenciar en el proyecto de sentencia toda la controversia que las partes habían planteado en el proceso en relación con las costas?
Respondemos a esta interrogante, propuesta con carácter retórico: NO CABE LA MENOR DUDA DE QUE EL PONENTE DE UNA DECISIÓN EN CASACIÓN, AL IGUAL QUE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, DE CUALQUIER GRADO DE JURISDICCIÓN, ESTÁ OBLIGADO, EN PRIMER TÉRMINO, A SINTETIZAR CLARAMENTE EN LA SENTENCIA LOS TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA DE CONFORMIDAD CON LO PLANTEADO EN CASACIÓN, PARA LUEGO PRONUNCIARSE SOBRE ELLA EN FORMA EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA, CON ARREGLO A LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y A LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS OPUESTAS.
Pero el Ponente (sic) de la recurrida no lo hizo así, por el contrario, condujo a la Sala a error, y los llevó a quebrantar, al sentenciar en los términos expresados, el mandato contenido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que ordena al Sentenciador DECIDIR EN FORMA EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA CON ARREGLO A LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y A LAS EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS EN EL PROCESO.
Si el ponente del fallo recurrido hubiera procedido conforme a derecho, hubiera arribado a la conclusión de que EN ESTE PROCESO, EN LO RELATIVO A LAS COSTAS, TAMPOCO SE PRODUJO UN CONVENIMIENTO EN LA DEMANDA, SINO POR EL CONTRARIO, UN RECHAZO TERMINANTE DE PARTE DEMANDADA A LA PRETENSIÓN DE PARTE ACTORA EN ESTE SENTIDO.
Es pacifica la jurisprudencia de todas las Salas del tribunal Supremo, pero especialmente la de la Sala Constitucional, en el sentido de que el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil es una norma de orden público, y que su obligación acarrea la nulidad del fallo en el cual se incurra en una infracción de tal naturaleza, aun de oficio, sin denuncia de la parte.
Ahora, con ocasión de esta solicitud de aclaratoria o ampliación, denunciamos la violación del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido indicado.
III
Por otra parte, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena al Juez de dar por consumado el acto y proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, solo en aquellos supuestos en que existe un convenimiento puro y simple en la demanda, mediante el cual el demandado accede a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora; es un verdadero desatino aplicar esta norma al caso bajo examen.
Las materias relativas a pretensión reclamada y costas, requieren de un pronunciamiento en primer grado de jurisdicción; para ello hay que tramitar la causa de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el procedimiento ordinario, tal y como había sido ordenado en la recurrida.
La materia relativa a costas no es el único punto controvertido en el proceso; así fue sostenido en el Escrito de Impugnación (sic),la parte demandada pretendió que convenía en la demanda, mediante la exposición del párrafo que a continuación se produce:
Visto lo anterior, consignamos junto al presente escrito de convencimiento dos cheques a nombre del Tribunal correspondiente, que suman la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTE BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.294.112.120,36) que corresponde a las cantidades demandadas y convenidas.
Es importante destacar que a pesar del que las facturas objeto de esta demanda estaban denominadas en dólares de los estados Unidos de América, el pago de las mismas en Venezuela, sólo puede hacerse en Bolívares a la tasa de cambio oficial.
Esto ha sido establecido así en varias oportunidades por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia y ha sido confirmado recientemente por la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 4 de marzo de 2016, dictada en el expediente 2015-000490, caso JOSÉ GREGORIO MEDINA COLOMBANI contra MÉDICOS UNIDOS LOS JABILLOS, C.A.
La demandante ha sostenido en todo el proceso, y luego en el Escrito de Impugnación del Recurso de casación, que ese párrafo no contiene un convencimiento en la demanda, puesto que en él se propone un lugar de pago distinto del señalado en el libelo de la demanda para efectuarlo.
La parte demandada, además, se aparta de la forma en la cual se le emplaza en el libelo a efectuar y propone un lugar pago y una moneda de pago distinta de la señalada en el libelo de la demanda, por lo tanto esto no puede ser considerado un convencimiento en la misma.
Reproducimos a continuación los alegatos que en tal sentido fueron efectuados en el escrito de Impugnación (sic) del recurso de casación:
La parte actora en este proceso, formuló su pretensión en los términos que transcribimos textualmente a continuación:
a los fines de que convenga, o en su defecto sea condenada por el Tribunal en lo siguiente:
1) Pago de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 63 CENTAVOS (uss.284.072,63), monto total de las obligaciones vencidas y no pagadas.
2) Los intereses de mora causados hasta el 31 de agosto del año en curso, que calculados a la rata del por ciento (12%) anual, que ascienden a la cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 27 CENTAVOS (USS.112.180,27), discriminados de la siguiente manera -(Omissis)-, más los intereses que se sigan venciendo hasta la total y definitiva fecha de pago.
3) Las costas y costos del presente juicio.
Esos párrafos del libelo, deben concordarse con otro punto de ese instrumento en el cual se exigió, en forma terminante y clara:
Tal como puede constatarse del contenido de cada factura, los pagos debías hacerse mediante transferencia bancaria o cheque a nombre de UNIVAR EXPORT SERVICES en el BANK OF AMÉRICA, lo cual quedó expresando del modo siguiente:
FAVOR REMITIR VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA
BANKOF AMERICA
231 South LaSalle Street
Chicago, Illinois 60697
Nombre de la Cuneta: UNIVAR EXPORT SERVICES
Número de la cuenta: 87657-02474
Federal Resve (ABA) #0260-0959-3
Swift: BOFAUS3N
O POR CHEQUE A:
UNIVAR EXPOT SERVICE
2768 N. University Drive
Coral Springs, FL33065
Teléfono: 954-509-8107
Fax: 954-346-1997
La anterior transcripción fue tomada de la traducción de las facturas acompañada al libelo.
Para efectuar la transferencia bancaria o el pago mediante cheque, la intimada disponía de:
Términos de pago: NETO 60 DÍAS DESDE B.
Es decir, la intimada disponía de sesenta (60) días, computable a partir de la Fecha de BI (conocimiento de embarque o Bill of Lading), fecha expresamente señalada en cada una de las facturas.
Por lo tanto, esos fueron los términos de la pretensión intentada por mi mandante en el libelo de la demanda y de los alegatos de mi representada contenidos en el Escrito de Impugnación (sic) del recurso de casación intentado en este proceso
De nuevo, el Ponente (sic) de la sentencia, estaba obligado de conformidad con lo previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, a sintetizar los alegatos expuestos por las partes, para posteriormente dictar sentencia expresa positiva y precisa, para declarar que lo propuesto por la parte demandada en este proceso no continúa un convencimiento en la demanda, y que por lo tanto no podía aplicarse a la situación bajo examen, lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.
Por esa razón debió declararse sin lugar el recurso de casación intentado en este proceso.
En consecuencia, piso respetuosamente en nombre de mi mandante que, al objeto de cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 243, 263 y 282 del Código de Procedimiento Civil, antes invocadas, se establezca en la aclaratoria o ampliación del fallo aquí solicitado, lo siguiente:
1° Los términos de la controversia planteada en este proceso, de conformidad con los instrumentos señalados, y que constituyen los elementos de una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida a las excepciones o defensas opuestas.
2° Los requisitos por la doctrina y la jurisprudencia para considerar un convenimiento como puro y simple, y:
3° La obligatoriedad de la demandada o no, en el pago de las costas procesales, como consecuencia de su supuesto convenimiento . (Destacados de lo transcrito).-
Para decidir, la Sala observa:
El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este caso, por remisión de lo estatuido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala lo siguiente:
Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
De dicha norma se desprende un lapso de caducidad para el ejercicio de la solicitud de aclaratoria, salvatura, rectificación o ampliación del fallo, que no es más que se haga en el día de la publicación de la sentencia o en el siguiente, lo que corresponde con el primer (1°) día de despacho siguiente, y al constituir la caducidad de la acción materia de orden público, el juez está facultado para declararla de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, lo que hace necesario que esta Sala se pronuncie al respecto, de manera previa al fondo de lo solicitado.
Ahora bien, en este caso la sentencia se dictó en fecha viernes 4 de mayo de 2018, por lo cual, el primer (1°) día de despacho siguiente, correspondió al día lunes 7 de mayo de 2018, fecha en que fue interpuesta la solicitud, lo que determina que la misma fue interpuesta dentro del lapso de ley de forma tempestiva, en conformidad con lo estatuido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
Vista la tempestividad de la solicitud, pasa la Sala a pronunciarse sobre los demás aspectos relacionados con la misma, de la siguiente forma:
En primer lugar señala el solicitante que:
consideramos totalmente acertadas y pertinentes las apreciaciones expuestas en el voto salvado, suscrito por el Magistrado disidente del fallo dictado en la presente causa, ya que la Sala no hizo el pronunciamiento rutinario y habitual sobre su facultad de declarar la competencia o no para entrar a conocer del recurso extraordinario de casación anunciado, en el presente caso, por la demandada .
Al respecto observa esta Sala, que no es cierto lo señalado por el solicitante, sobre si la Sala hizo pronunciamiento o no sobre su competencia para conocer del caso, dado que si hubiera leído el fallo, a simple vista se observa en las páginas 12, 13 y 14 del mismo, folios 132, 133 y 134 de la pieza dos del expediente, que la decisión dispuso lo siguiente:
Así las cosas, se desprende que la figura del convenimiento alcanzó su finalidad, por lo que la conducta del sentenciador de alzada es violatoria del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran el derecho inviolable a la defensa, y las garantías constitucionales a una tutela judicial efectiva y a una justicia imparcial, idónea, transparente, responsable y equitativa, en la cual el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, toda vez que con la actuación del juez se menoscabó el derecho a la defensa de la parte demandada, al ordenar la reposición de la causa, dejando sin efecto y sin valor jurídico alguno el convenimiento a la demanda realizado por la demandada que la liberaba válidamente del pago de la obligación demandada, sentencia que causa un gravamen irreparable, dado que proveyó contra un convenimiento que puso fin al juicio, y ordenó su continuación, cuando este culminó en conformidad con lo estatuido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:
En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal. (Destacado de la Sala).-
Lo que determina, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el acto por el cual conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal, y en consecuencia el juez de alzada se equivocó al dejar sin efecto dicho convenimiento, dado que el auto de homologación dictado por el tribunal de primera instancia, viene a ser la resolución judicial que dota de ejecutoriedad al proceso, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento, y que por ende alcanzó su carácter de cosa juzgada entre las partes, al proveer sobre el mérito de lo litigado y poner fin al proceso, donde se verificó un medio de autocomposición procesal, cuya naturaleza jurídica es la de una decisión que puso fin al proceso con carácter definitivamente firme y de cosa juzgada, conforme al viejo adagio latino que señala: UBI PARTES SUNT CONCORDES NIHIL AB IUDICEM, ya que, donde las partes están de acuerdo, no se hacen lugar los jueces. (Cfr. Fallo N° RC-647, de fecha 27 de octubre de 2015, expediente N° 2016-369, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo). (Destacados de lo transcrito).-
Lo que demuestra la clara falsedad del alegato hecho por el solicitante o el descuido del mismo en la lectura del fallo, aseverando la inexistencia de fundamentación sobre un aspecto que palmariamente si fue objeto de decisión, pues se señala, que la sentencia recurrida causa un gravamen irreparable, dado que proveyó contra un convenimiento que puso fin al juicio y ordenó su continuación, cuando este culminó en conformidad con lo estatuido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo cual, dicho fundamento de la solicitud es improcedente.-
Ahora bien, en los capítulos II y III, antes transcritos en este fallo, el solicitante de aclaratoria o ampliación (que no especifica al respecto a cual se refiere y trata los dos requerimientos como si fueren iguales) basa su fundamentación en aspectos relacionados a los alegatos hechos en el proceso ante los jueces de instancia y ante esta Sala, como en una suerte de revisión y replanteamiento de los alegatos ya hechos y que fueron objeto de la sentencia dictada por la Sala al resolver el recurso extraordinario de casación propuesto por su contraparte, la demandada.
En tal sentido se observa, que la doctrina y jurisprudencia de esta Sala tienen establecido que las decisiones que resuelven las solicitudes de ampliaciones, rectificaciones, salvaturas o aclaratorias del fallo, constituyen una potestad del juez, conferida por la ley, que lo faculta para acordar o no dichas solicitudes y, en consecuencia, su negativa no infringe precepto legal alguno.
De acuerdo con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil antes transcrito, es facultad del juez aclarar o dictar ampliaciones de las decisiones que éste emita, pues el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (antes artículo 13 del Código de Procedimiento Civil de 1916 derogado), señala que cuando la ley dice: El Juez o Tribunal puede o podrá , debe entenderse que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.
Por tanto, este precepto legal, en concordancia con el artículo 252 antes citado, le otorga al juez plena libertad para realizar o no las aclaratorias, salvaturas, rectificaciones o ampliaciones solicitadas por las partes, las que al serle negadas al solicitante en instancia, son inapelables y por ende no son recurribles en casación.
En tal sentido, en sentencia de esta Sala de fecha 19 de febrero de 1974, reiterada mediante fallo N° RH-189, de fecha 15 de noviembre de 2000, expediente N° 2000-096, se expuso lo siguiente:
El aparte único del artículo 164 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal podrá sobre toda especie de sentencias, a solicitud de parte, aclarar puntos dudosos, salvaguardar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numéricos que aparecieren de manifiesto en la propia sentencia, o dictar ampliaciones dentro de tres audiencias después de dictadas las sentencias, con tal de que dichas aclaraciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Ahora bien, conforme al artículo 213 del mismo Código, cuando la Ley dice: El Juez o Tribunal puede o podrá se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.
Por eso, es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaración o la ampliación pedidas. Si las conceden, puede apelarse contra la resolución dictada, por formar parte de la sentencia; en cambio si las niega, la providencia denegatoria es inapelable. En cuanto a tal negativa -estableció la Sala de Casación- es de notar que en su contra ningún recurso ordinario o extraordinario puede intentarse directamente, en razón de que la decisión que en tales términos fue tomada corresponde al ejercicio de una facultad que tiene conferida la Ley a los jueces (artículo 164 del Código de Procedimiento Civil); por lo que no pueden ellos infringir precepto legal cuando se niegan a aclarar o ampliar sus decisiones (Memoria de 1.945. Tomo II. P. 376.). (Cursivas de la Sala).
En interpretación y aplicación de esta norma, esta Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la facultad de hacer aclaratorias, rectificaciones, salvaturas o ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren en la sentencia, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado. (Vid. Sentencia del 7 de agosto de 1991, expediente N° 1990-239, caso: Jaime Lusinchi contra Gladys de Lusinchi).
De igual forma, se ha sostenido que las mismas no son procedentes cuando se exige del juzgador la corrección de algún aspecto de la VOLICIÓN, la interpretación de un fallo previamente proferido o que constituya la subsanación de deficiencias en el razonamiento realizado y expresado en la sentencia . (Aclaratoria del 11 de octubre de 2001, expediente Nº 2001-00046, caso: Manuel Baro Osuna y otros, contra Robot Rexair, C.A. y otra).
La aclaratoria, rectificación, salvatura o ampliación de un fallo no constituye un recurso, pues no persigue obtener una nueva revisión de lo decidido, ni tiene efectos suspensivos, revocatorios o anulatorios de la sentencia. Sólo constituye una solicitud que puede ser formulada por la parte a los fines de precisar la cosa juzgada recaída en el fallo dictado. Por esa razón, la aclaratoria, salvatura, rectificación o ampliación pasa a formar parte de la sentencia, constituyendo con ella una unidad. (Véase fallo Nº 963 del 28 de octubre de 2005, caso José Alejandro Medina contra Milton Enrique Ramos y otra).
El alcance de la aclaratoria, salvatura, rectificación o ampliación de una decisión, está circunscrito a exponer con mayor claridad puntos de la sentencia que sean dudosos, salvar las omisiones o rectificar errores de copia que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, sin que ello implique de ninguna manera que pueda ser revocada, modificada o alterada de alguna forma la decisión ya dictada.
Así, el autor Humberto Cuenca en su obra Curso de Casación Civil, expresa:
"Estos defectos no son propiamente vicios de decisión sino imperfecciones de detalles, descuidos materiales que no pueden ser causa de nulidad."
En opinión de Román Duque Corredor, en su obra Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, año 1990, pág. 328, ha dicho:
...la jurisprudencia y la doctrina son unánime en descartar como objeto de la solicitud de aclaratorias, las críticas de los fallos: Y además, debe referirse al dispositivo de la sentencia y no a su arte motiva (...).
De allí que la solicitud de aclaratoria es un verdadero medio de interpretación de la sentencia y no de impugnación de su fundamentación y decisión....
Por su parte, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo Nº 2263, de fecha 18 de octubre de 2006, expediente Nº 0581-2006, estableció:
...Resulta oportuno destacar que las figuras de la aclaratoria, salvatura, ampliación y rectificación de las sentencias se encuentran contempladas en el supra transcrito artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo alcance alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, siendo tales medios de corrección los siguientes: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (ver sentencia N° 186, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero de 2000).
Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.
En el presente caso, se trata de una solicitud de aclaratoria, dicha figura está dirigida a dilucidar algún concepto ambiguo o poco claro que se haya deslizado en el texto de la sentencia y pueda prestarse a confusión, es decir, es necesario para su procedencia que algún término de la sentencia sea dudoso, ambiguo o impreciso.
De la revisión efectuada a los términos en que fue planteada la solicitud, se advierte que la petición de la abogada Vilma Pantoja de Negrín, no se refiere a una aclaratoria por cuanto en tal supuesto la petición estaría dirigida a precisar algún concepto ambiguo, oscuro, vago o poco claro que se haya deslizado en el fallo y pueda prestarse a confusión; sino que en criterio de la Sala, los planteamientos de la solicitante se centran en su desacuerdo con el dispositivo del fallo; en concreto, con la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido, lo cual no constituye, en modo alguno, una aclaratoria de la sentencia publicada por esta Sala en fecha 21 de junio de 2006; además de ser contraria dicha solicitud al principio de la cosa juzgada, el cual impide remover en juicio lo que ha sido ya decidido de manera irrevocable por el órgano jurisdiccional, razón por la cual debe declararse improcedente la solicitud de aclaratoria. Así se decide....
Asimismo la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en decisión Nº 500, de fecha 10 de marzo de 2006, expediente Nº 2004-2334, dispuso:
...De acuerdo con el precepto transcrito, sólo a instancia de parte el juez puede aclarar el fallo dictado, ya que la finalidad del aludido instituto procesal es la de explicar puntos dudosos o subsanar una deficiencia de expresión, con el propósito de prevenir a las partes eventuales controversias con respecto a la ejecución de la decisión. Por ello, la aclaratoria persigue, principalmente, la determinación precisa del alcance del dispositivo del fallo, orientada, siempre, a su correcta ejecución. En tal sentido, el profesor Hernando Devis Echandía ha sostenido que la aclaratoria no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, t. I, 10º ed., Edit. ABC, Bogotá, 1985, p. 646)....
De igual forma la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 1895, de fecha 19 de octubre de 2007, expediente Nº 2007-0982, dispuso lo siguiente:
Visto que tal petición se contrae a obtener una ampliación del aludido fallo, entiende la Sala que la misma debe ser tratada conforme a las disposiciones del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, a la luz de la citada norma procesal, esta Sala analizará su tempestividad y procedencia.
En tal sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil prescribe: ( )
De una lectura de la norma procesal transcrita, surge un primer imperativo para el juez: la prohibición de revocar o reformar la sentencia definitiva o la interlocutoria sometida a apelación, tal premisa en la doctrina procesal se conoce como principio de inmutabilidad del fallo.
En este punto, resulta necesario aclarar el alcance de esa prohibición, puesto que, como señala la misma norma procesal el juez puede efectuar algunos pronunciamientos de naturaleza correctiva del fallo. En tal sentido, es útil distinguir que las aclaraciones, ampliaciones o correcciones del fallo, no se efectúan sobre la actividad silogística del juez, sino que se efectúan sobre aspectos materiales que no incidan en lo decidido.
En efecto, esta excepción al principio general de inmodificabilidad de la sentencia está constituida por la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de (i) aclarar los puntos dudosos; (ii) salvar las omisiones y (iii) rectificar los errores de copia, de referencias y de cálculos numéricos a petición de parte, cuando, y así expresamente lo señala la norma, apareciera de manifiesto en el texto de la sentencia dentro de tres días -como plazo legalmente fijado para resolver tal petición-, siempre que las partes requieran tales aclaraciones y ampliaciones en el día de la publicación o en el siguiente.
Es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido, y que no amerite, por tanto, que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, las oportunidades indicadas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado. En consecuencia, esta Sala observa que mediante diligencia suscrita el 19 de septiembre de 2007, el abogado Carlos Augusto López Damiani, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil solicitante se dio por notificado de la sentencia N° 1.719/2007 y siendo que el 20 del mismo mes y año presentó la solicitud de ampliación ante esta Sala, se tiene que la misma se ejerció dentro del lapso fijado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.
Para analizar la procedencia de la solicitud, esta Sala observa:
En la doctrina foránea, VÉSCOVI agrupa bajo la categoría de recursos de aclaratoria tres instituciones bien diferenciadas, cuales son la aclaración, la ampliación y la corrección del fallo.
La discusión que plantea radica en que, bajo un mismo conjunto, se incluyen instituciones de diferente naturaleza. Así, señala que ( ) la aclaración, sin duda, para nosotros también la corrección de errores materiales, parecen no constituir, realmente medios impugnativos salvo que se use un criterio exageradamente amplio- en cuanto tienen por único fin rectificar errores manteniendo el contenido de la sentencia; en cambio la ampliación constituye sí un típico recurso, pues se trata de una verdadera revisión de la decisión judicial. En tal sentido, se suscribe a considerar tales mecanismos como recursos y, en el desarrollo de su obra, les da tal tratamiento (Vid. VÉSCOVI, ENRIQUE, Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1988, p.p.73 y 74).
Sin embargo, a partir del tenor del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se tiene que los puntos aclarados o ampliados por el tribunal deben aparecer de manifiesto en la misma sentencia, pues ello descarta la posibilidad de que las partes utilicen estas solicitudes para obtener un nuevo pronunciamiento que abarque hechos o pruebas no apreciados ni valorados en las motivaciones de la sentencia con el propósito de modificar lo decidido.
En ese sentido, la ampliación de la sentencia, en caso que el juzgador haya omitido hacer pronunciamiento en torno a algún punto en concreto, se circunscribe a aquellos motivos que sean consecuenciales o derivados de los plasmados en la sentencia y nunca -como se expresó supra- a la innovación de la motivación del fallo. Ello permite afirmar a esta Sala que de alguna forma, el juez puede revisar algún razonamiento en aras de profundizar su motivación. Sin embargo, en virtud de la unidad que conlleva ese pronunciamiento respecto de la sentencia objeto de ampliación, dicho instituto carece de aquellos elementos que permitan considerarlo como un medio autónomo de impugnación, pues no se dirige a la corrección de un gravamen.
Respecto del principio de inmutabilidad del fallo y la figura de la ampliación, esta Sala ha señalado que ( ) la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relación con algún pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificación del fallo, por diferir del criterio allí expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibición contenida en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o modificar la sentencia pronunciada (Vid. Sentencia de esta Sala N° 324 del 9 de marzo de 2001, caso: Luis Morales Bance y otros).
En esa misma línea argumentativa, el profesor DEVIS ECHANDÍA afirma, respecto de la procedencia de la aclaración de una sentencia que [el] juez sólo debe acceder a la aclaración cuando de acuerdo con su criterio le parezca que existe el motivo de duda sobre su decisión, aunque el peticionario piense otra cosa. La aclaración de la sentencia no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla (Cfr. DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO, Teoría General del Proceso, Tercera Edición, Primera Reimpresión, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 426).
A partir de las premisas expuestas, considera la Sala que en los términos en los cuales se planteó la pretensión de ampliación, se persigue que la Sala reexamine aquellas defensas esgrimidas en el procedimiento laboral primigenio y se corrija la motivación empleada para declarar no ha lugar la solicitud de revisión con el propósito de obtener un veredicto favorable a la solicitante, lo cual desnaturaliza la institución procesal antes examinada al pretender usarla como un mecanismo de gravamen.
En efecto, estima esta Sala que la solicitud realizada por el abogado solicitante, desborda la finalidad perseguida por dicha figura procesal, pues, al examinar los términos en que ésta ha sido planteada, se puede verificar que pretenden que esta Sala se pronuncie nuevamente sobre lo controvertido en el marco de la solicitud de revisión que es una potestad extraordinaria, discrecional, excepcional y restringida de la Sala (Vid. Sentencia de esta Sala N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo), lo cual ya fue dilucidado por la sentencia cuya ampliación se solicita en los términos en ella expuestos.
De manera que, siendo que lo que pretende la solicitante, es un reexamen de lo controvertido, esta Sala estima improcedente la presente solicitud de ampliación. Así se decide .
Por lo cual el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, señala la posibilidad de:
1).- Aclaratoria de la sentencia. Dicha figura está dirigida a dilucidar algún concepto ambiguo, oscuro, vago o poco claro que se haya deslizado en el texto de la sentencia y pueda prestarse a confusión, es decir, es necesario para su procedencia que algún término de la sentencia sea dudoso, ambiguo o impreciso.
2).- Salvatura de la sentencia. Esta figura siempre concierne a errores u omisiones materiales, tales como transcripciones no fidedignas, referencias equivocadas, operaciones aritméticas erróneas, etc. Corrección de forma asimilable a lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil.
3).- Rectificación de la sentencia. A través de este mecanismo es posible subsanar los errores que se cometan por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella, se refiere a la corrección de errores materiales, tales como errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la misma sentencia.
4).- Ampliación de la sentencia. Las ampliaciones constituyen un complemento conceptual de la sentencia requerida por omisiones de puntos, incluso esenciales, en la disertación y fundamento del fallo o en el dispositivo, siempre que la ampliación no acarree la modificación del fallo. Estas ampliaciones no significan revocatorias o modificaciones de lo establecido, ya que, en propiedad, son adiciones o agregados que dejan incólumes los dispositivos ya consignados.
Ahora bien, en el presente caso la solicitud de aclaratoria y ampliación en sus capítulos II y III, se basa en el replanteamientos de los alegatos esgrimidos por la demandante ante los jueces de instancia y ante esta Sala, cuando conoció del caso por efecto del recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada, y con estas alegaciones se pretende una nueva revisión del fallo dictado por esta Sala y su modificación a fondo, sobre el mérito de la misma.
En tal sentido esta Sala considera, que la solicitud de aclaratoria o ampliación hecha por la demandante, en base a lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este caso, por remisión de lo estatuido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ES IMPROCEDENTE, dado que es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaración o la ampliación pedida, pero en manera alguna se podrá transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues sólo procede la ampliación, rectificación, salvatura o aclaratoria de la sentencia, conforme a la doctrina y jurisprudencia antes citadas en este fallo, en caso que el juzgador haya omitido hacer pronunciamiento en torno a algún punto en concreto, SÓLO SOBRE AQUELLOS MOTIVOS QUE SEAN CONSECUENCIALES O DERIVADOS DE LOS PLASMADOS EN LA SENTENCIA Y NUNCA A LA INNOVACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DEL FALLO, evitando que el juez pueda modificar, cambiar o revocar sus fallos por el medio antijurídico de providencias parasitarias que vivirían a expensas de lo ya juzgado y sentenciado, transformándolos y desnaturalizándolos en su orden de autoridad. Así se decide.
Por último en cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento en torno a la condena en costas procesales del juicio, la Sala observa, que no es cierto lo señalado por el solicitante, dado que si hubiera leído el fallo, a simple vista se observa en las páginas 16, 17 y 18 del mismo, folios 136, 137 y 138 de la pieza dos del expediente, que la decisión dispuso lo siguiente:
En tal sentido al presentarse inmodificable la situación fáctica en el caso bajo estudio, no se hace necesario un nuevo pronunciamiento por parte de otro juez que conozca de la causa, por lo que, en consecuencia, esta Sala de conformidad a lo precedentemente expuesto casa el fallo recurrido sin reenvió. Así se decide.
( omissis )
..declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada.
CASA sin reenvío la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de agosto del 2017. En consecuencia se declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de abril del 2017, por el abogado Juan Carlos Delgado, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante; SE CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de abril del 2017, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual homologó el convenimiento a la demanda presentado en fecha 27 de marzo de 2017.
Se ORDENA que la cancelación de las cantidades convenidas a pagar en bolívares, sean calculadas con base al vigente convenio cambiario N° 39 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.329 de fecha 26 de enero de 2017, conforme a lo ya ordenado en este fallo.-
NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS del juicio, ni del recurso extraordinario de casación, dada la naturaleza del presente fallo .. (Destacados de lo transcrito).-
Lo que demuestra la clara falsedad del alegato hecho por el solicitante o el descuido del mismo en la lectura del fallo, aseverando la inexistencia de fundamentación sobre un aspecto que palmariamente si fue objeto de decisión, pues se señala, que al presentarse inmodificable la situación fáctica en el caso bajo estudio, no se hace necesario un nuevo pronunciamiento por parte de otro juez que conozca de la causa, y en consecuencia se casa el fallo recurrido sin reenvió; se declara con lugar el recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada; declara sin lugar la apelación del accionante; confirma la sentencia de primera instancia; ordena que la cancelación de las cantidades convenidas a pagar en bolívares, sean calculadas con base al vigente convenio cambiario, y que no hay condenatoria en costas del juicio, ni del recurso extraordinario de casación, dada la naturaleza del presente fallo.
Por lo cual, y en consideración a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, la presente solicitud de aclaratoria o ampliación, hecha por el apoderado judicial de la demandante es improcedente, pues la misma deja ver claramente a esta Sala, que lo único que se pretendió fue discutir nuevamente los fundamentos de la decisión ya dictada con anterioridad en este caso en fecha 4 de mayo de 2018, al no estar de acuerdo con la misma, por haberle sido adversa a sus intereses.
D E C I S I Ó N
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria o ampliación del fallo dictado por esta Sala en fecha 4 de mayo de 2018, realizada en fecha 7 de mayo de 2018, por el ciudadano abogado Juan Carlos Delgado González, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil distinguida con la denominación UNIVAR USA INC, parte demandante.
Dada la naturaleza del presente fallo, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.
REMÍTASE EL EXPEDIENTE al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la prosecución de la causa.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Presidente de la Sala y ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
_______________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp.: Nº AA20-C-2017-000826
Nota: Publicado en su fecha a las ( ),
Secretaria Temporal,
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