Venley

Sentencia N.º RC.000255

Sentencia
N.º RC.000255
Fecha
03/07/2019
Sala
Casación Civil
Expediente
19-129
Ponente
Vilma Maria Fernandez Gonzalez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. AA20-C-2019-000129

Magistrada Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compraventa, incoada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por el ciudadano OSCAR DE JESÚS MENDOZA ARRAIZ, en su carácter de presidente de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. (DALCA), representada judicialmente por los abogados Ramón Escovar León, Andrés Carrasquero Stolk, Maritza Mendez y Andrea Carolina Olivares Hernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los Nros. 10.594, 95.070, 123.647 y 287.584, respectivamente, contra los ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, representados judicialmente por el profesional del derecho Daniel Antonio Carvajal Ariza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.090; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 6 de noviembre de 2018, en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por el prenombrado Juzgado Segundo de Primera Instancia, modificando dicho fallo. En consecuencia, declaró parcialmente con lugar la presente acción; por lo tanto, ordenó lo que sigue:

 

“…Se ordena a la a la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LACTEOS, C.A. [DALCA], pagar a los codemandados JOSE VICENTE ALCANTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCANTARA, la suma de DIECISÉIS BOLÍVARES SOBERANOS [Bs.S. 16,00], que equivalen a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS [Bs. 1.600.709,5] para la fecha de interposición de la demanda, por concepto de saldo restante del precio de venta del inmueble que a continuación se describe:

Un galpón identificado con el N° 2, situado en la Zona Industrial de Paramillo, Terraza N, parcela 1, San Cristóbal estado Táchira, de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados [1.500 Mts2] de construcción ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, Jurisdicción del municipio ahora Parroquia San Juan Bautista municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz teléfono, una mezzanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metro cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con calle F; SUR: Con Quebrada Seca; ESTE: Con Avenida 4 y OESTE: Con inmueble propiedad de VINJECA C.A.; según consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario Segundo Circuito del municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 01 de febrero de 2006, inscrito bajo el N° 23, Tomo 010, Protocolo 1, Folio 1/2.

QUINTO: Una vez firme la presente decisión y que conste en el expediente haberse cumplido el dispositivo CUARTO del presente fallo, se ordena a los ciudadanos JOSE VICENTE ALCANTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCANTARA, otorgar el documento definitivo de compra venta por ante la Oficina de Registro Público correspondiente, mediante el cual efectúen a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS C.A. [DALCA] el traspaso del inmueble constituido por un terreno propio con sus respectivas mejoras, consistente en:

Un galpón identificado con el N° 2, situado en la Zona Industrial de Paramillo, Terraza N, parcela 1, San Cristóbal estado Táchira, de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados (1.500 Mts2) de construcción ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, Jurisdicción del municipio ahora Parroquia San Juan Bautista Municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz teléfono, una mezzanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con calle F; SUR: Con Quebrada Seca; ESTE: Con Avenida 4 y OESTE: Con inmueble propiedad de VINJECA C.A.; según consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 01 de febrero de 2006, inscrito bajo el N° 23, Tomo 010, Protocolo 1, Folio 1/2.

En caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, la presente sentencia hará las veces del documento en cuestión conforme a lo indicado en la norma…”. (Resaltado del texto).

 

Contra la referida decisión de la alzada, el apoderado judicial de la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 6 de diciembre de 2018 y posteriormente formalizado. Hubo impugnación.

 

En fecha 21 de marzo de 2019, se dio cuenta la Sala del expediente y en la misma fecha se le asignó la ponencia a la Magistrada Dra. Vilma María Fernández González.

 

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

PUNTO PREVIO

ÚNICO

 

Revisada las actas que conforman el presente expediente, se observa que en fecha 6 de noviembre de 2018, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 2 de febrero de 2017, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, confirmando la misma; la cual había declarado sin lugar la tacha de falsedad propuesta vía incidental por la parte demandada, por lo que declaró “…como fidedignos y eficaces los recibos de pago privados que corren agregados en el Cuaderno Principal marcados con la letra ´D`, ´F` y ´H`, en los folios 69, 71 y 73 de la pieza 1, y confiéraseles en la sentencia de mérito del cuaderno principal el valor probatorio que corresponde…”.

 

Contra dicho fallo de alzada, el apoderado judicial de la parte demanda anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por auto de fecha 10 de diciembre de 2018 y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

 

De igual forma, se observa que en fecha 1 de febrero de 2019, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de formalización contra el fallo que se pronunció sobre el fondo de la controversia; asimismo, se evidencia, que en fecha 4 de febrero de 2019, dicho apoderado judicial, presentó escrito de ampliación a la referida formalización.

 

Así las cosas, observa esta Sala la existencia de dos escritos de formalización consignados por el apoderado judicial de la parte demandada, uno contra el fallo que se pronunció sobre la tacha de falsedad propuesta vía incidental y el otro contra el pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; a su vez, un escrito de ampliación a éste ultimo.

 

En atención a lo indicado estima esta Máxima Jurisdicción Civil que por motivos metodológicos es pertinente precisar el orden en que van a ser resueltos los recursos propuestos, así como los grupos de denuncias que en ellos se contienen; así, en primer lugar pasará esta Sala a pronunciarse sobre las denuncias anunciadas en el escrito de formalización dirigido a enervar la eficacia del fallo que se pronunció sobre la tacha de falsedad propuesta vía incidental, dado que se trata sobre documentos fundamentales de la demanda; en caso de no prosperar ninguna de tales delaciones, pasará a resolver las denuncias esgrimidas en el escrito de formalización contra la sentencia que resolvió el fondo del litigio. Así se establece.

 

Ello así, vista la existencia de un primer escrito de formalización contra la sentencia que conoció sobre el fondo de la controversia y la posterior consignación del escrito de ampliación a éste; esta Sala pasará a resolver en primer lugar la formalización presentada en fecha 1 de febrero de 2019, decidiéndose primeramente las denuncias por defectos de actividad, y de no resultar ninguna de ellas procedente, se pasará a analizar las denuncias por defectos de actividad contenidas en el escrito de ampliación a ésta, y de no resultar procedente ninguna de éstas, la Sala pasará a resolver sobre las delaciones por infracción de ley contenidas en el recurso interpuesto primeramente, para luego resolver las denuncias de este mismo tipo en el aludido escrito de ampliación. Todo en aplicación a lo prescrito en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE LA TACHA DE FALSEDAD PROPUESTA VÍA INCIDENTAL

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata el quebrantamiento de formas sustanciales que causan indefensión, violación a los derechos a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva previstos en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y violación del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Para fundamentar su denuncia señala lo que sigue:

 

“…Honorables magistrados, de las actas procesales se evidencia claramente que fue tramitado en cuaderno separado incidencia por tacha de documento privado, la cual debió ser decidida previamente al fondo de la controversia principal, sin embargo la mis (sic) fue sentenciada conjuntamente y el mismo día del juicio principal en una misma sentencia sin dar a las partes la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa [apelación] respecto a dicha decisión que resuelve la tacha, siendo que tales documentos tachados son los instrumentos y tienen incidencia fundamental como prueba en la resolución del conflicto, la sentencia respecto a la incidencia de tacha fue dictada el mismo día de la sentencia dictada en el principal es decir el día 06 de noviembre de 2018, siendo que la sentencia con respecto a la incidencia de TACHA debió dictarse previamente al juicio principal con tal actuación la juez quebrando formas sustanciales que causan indefensión y violo flagrantemente los sagrados derechos a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, hubo menoscabo del derecho a la defensa, cuando toda vez que el Juez de la recurrida privó y limitó a mis representados del ejercicio del derecho a recurrir de la sentencia dictada en la incidencia de tacha con anterioridad a la sentencia sobre el fondo del asunto, esa conducta del Juez fue y es violatoria de los derechos de las partes, esos instrumentos deben ser valorados para decidir el fondo del asunto y no existiendo sentencia firme sobre su mérito o valor probatorio mal pudo ser valorado o apreciados, derivándose a la vez un silencio de pruebas con menoscabo al derecho a la defensa, porque la apreciación de la prueba documental cuestionada dependerá de la declaratoria incidental sobre la validez o nulidad, siendo como es criterio de esta Sala Civil que ´…no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento; esto es: el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actas procesales, por cuanto las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el tutela judicial efectiva incumbe al orden público, de allí que el Estado sea garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso…` De allí que el juez de instancia y el juez superior subvirtieron las formas procedimentales y el orden público en violación de los derechos de las partes al decidir la incidencia de tacha conjuntamente y el mismo día con relación al fondo del asunto.

…Omissis…

Conforme al criterio anterior, la tacha incidental propuesta ha debido ser resuelta en cuaderno separado abierto a tal efecto, y antes de dictarse sentencia definitiva en el juicio principal y no el mismo día [06 de noviembre de 2018] en el que se dictó el fallo definitivo por parte del Juzgado Superior Tercero (sic) de la Circunscripción Judicial del estado Táchira y el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, tal y como ocurrió en el presente caso, en tal sentido solicito se declare CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN Y LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA y se ordene al juzgado superior dicte nueva sentencia prescindiendo del vicio y así pido sea decidido, pues no solo se subvirtió el trámite del procedimiento establecido sino que se incurrió en una grave violación del derecho a la defensa de las partes y así debe ser decidido…”. (Negrillas y mayúsculas del texto).

 

Delata el recurrente que el juez de alzada menoscabó formas procesales dejando a la parte demandada en estado de indefensión; señalando a tal efecto, que no ha debido pronunciarse sobre la incidencia de tacha de falsedad de documento privado propuesto por ésta, pues –a su decir- vulneró su derecho a la defensa al no darle la oportunidad de apelar de dicho fallo.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En relación con el vicio de indefensión, la Sala mediante sentencia N° 344, de fecha 15 de junio de 2015, caso: Inversiones Paraguaná, C.A. contra Carmen Marín, estableció lo que sigue:

 

“…La indefensión o la ruptura del equilibrio procesal deben ser imputables al juez, y ocurre cuando en el procedimiento, se le impide a la parte el ejercicio de alguno de los medios legales en que puedan hacerse valer los derechos propios de los litigantes…”.

 

De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende que el vicio de indefensión se configura cuando el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, siendo necesario que la parte no haya podido ejercer el medio o recurso de defensa de sus derechos como resultado de la conducta del juez que lo negó o limitó de manera indebida.

 

Ahora bien, con el propósito de verificar la existencia del error denunciado, esta Sala estima necesario realizar un recuento de los actos procesales pertinentes, y lo hace de la manera siguiente:

En fecha 2 de octubre de 2013, la parte actora presentó escrito libelar mediante la cual demanda  el cumplimiento de contrato de opción de compraventa celebrado entre el presidente de la sociedad mercantil Distribuidora de Alimentos y Lácteos, C.A. (DALCA) y los ciudadanos José Vicente Alcántara Noguera y Gladys Elena Pulido de Alcántara, sobre un bien -especificado en la demanda-. (Folios 1 al 21 de la primera pieza del expediente principal).

 

En fecha 10 de octubre de 2013, el tribunal de la causa admitió la demanda, ordenando la citación de los ciudadanos José Vicente Alcántara Noguera y Gladys Elena Pulido de Alcántara, a los fines de dar contestación a la presente acción; de igual forma, en esa misma fecha (10/10/2013), fueron libradas las compulsas de citación. (Folios 82 al 84 de la primera pieza del expediente principal). Siendo agregados al expediente las resultas de las referidas compulsas de citación en fecha 28 de octubre de 2013. (Folios 111 al 114 de la primera pieza del expediente principal).

 

Mediante escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2013, el apoderado judicial de la parte demandada dio contestación a la demanda, en la que además de esgrimir defensas contra el escrito libelar, propuso tacha de falsedad de manera incidental contra tres documentos privados, vale decir, tres recibos fechados: 26 de enero, 09 de noviembre y 27 de noviembre, todos del año 2007, marcado con la letra “D”, “F” y “H”, en su orden. (Folios 117 al 136 de la primera pieza del expediente principal). Siendo presentado el escrito de formalización de la referida tacha en fecha 29 de noviembre de 2013. (Folios 24 al 28 del cuaderno separado de tacha). Asimismo, en fecha 06 de diciembre de 2013, el apoderado judicial de la parte actora presentó escrito mediante el cual insiste en hacer valer el documento que fue tachado de falso por la parte demandada. (Folios 34 al 44 del cuaderno separado de tacha).

 

Por auto de fecha 10 de diciembre de 2013, se ordenó abrir cuaderno separado de tacha, “…con copias fotostáticas certificadas del escrito de contestación de la demanda (…) y el traslado del escrito de formalización de la tacha (…), así como también del escrito de contestación a la tacha e insistencia de hacer valer el documento…”. De igual forma, se ordenó la notificación del Fiscal Superior del Ministerio Público. (Folio 202 y vto. de la primera pieza del expediente principal). Siendo librada la boleta de notificación el día 03 de febrero de 2014; agregada la resulta de la misma en fecha 07 de febrero del mismo año. (Folio 47 y 49 del cuaderno separado de tacha).

 

A través de auto de fecha 20 de febrero de 2014, el tribunal de la causa estableció lo que sigue:

 

“…1) Si la firma que aparece al pie de los recibos marcados con las letras D, F y H, se corresponde con la firma de la ciudadana GLADYS PULIDO DE ALCÁNTARA.

2) Si existen alteraciones materiales, supresiones y modificaciones en los recibos marcados con las letras D, F y H, que fueron consignados junto con el libelo de la demanda…”.

 

En el mismo auto se abre el lapso probatorio. (Folios 57 al 59 del cuaderno separado de tacha).

 

Mediante escrito presentado en fecha 26 de febrero de 2014, el codemandado, ciudadano José Vicente Alcántara Noguera apeló del referido auto (20/02/2014). (Folio 60 del cuaderno separado de tacha). De igual forma, por medio de escrito presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, apelo de dicho auto (20/02/2014). (Folio 62 del cuaderno separado de tacha). Siendo escuchada la referida apelación en ambos efectos, mediante auto de fecha 18 de marzo de 2014. (Folio 63 del cuaderno separado de tacha).

 

En fecha 26 de marzo de 2014, fue recibido por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, el cuaderno separado de tacha, a los fines de que se pronuncie de la aludida apelación. (Folio 65 del cuaderno separado de tacha).

 

En fecha 10 de abril de 2014, el apoderado judicial de la parte actora presentó escrito de informes de dicha apelación. (Folios 66 al 69 del cuaderno separado de tacha). Siendo observado dicho informe mediante escrito presentado por el apoderado judicial de la parte demandada en fecha 25 de abril de 2014. (Folios 71 al 72 del cuaderno separado de tacha).

 

Por auto de fecha 26 de mayo de 2014, fue diferido el pronunciamiento de la sentencia por un lapso de treinta(30) días continuos. (Folio 79 del cuaderno separado de tacha).

 

A los folios 102 al 107 del cuaderno separado de tacha, riela sentencia dictada en fecha 08 de julio de 2015 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en la que declaró lo siguiente:

 

“…PRIMERO: Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta el 26 de febrero de 2014 por el codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA, asistido por el abogado RAÚL ESTRADA CAMACHO, contra el auto dictado el 20 de febrero de 2014 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, diarizado bajo el N° 14.

SEGUNDO: Se ORDENA experticia sobre los instrumentos tachados [los recibos marcados D, F, y H consignados con el libelo], tomando en consideración el instrumento recibo marcado como ´T1`, el cual no fue desconocido por la parte contraria, y por tanto se adecúa a lo pautado en el numeral 3° del artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se tiene como instrumento privado reconocido, a fin de su cotejo correspondiente.

TERCERO: Se MODIFICA el auto dictado en fecha 20 de febrero de 2014 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 14, en los términos expuestos…”. (Resaltado del texto).

 

Por auto de fecha 11 de agosto de 2015, fue remitido el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en virtud de que se encontraba vencido el lapso para ejercer los recursos a que hubiera lugar, sin que las partes hubieren hecho uso de los mismos. (Folio 112 del cuaderno separado de tacha). Siendo recibido el expediente por el prenombrado juzgado segundo de primera instancia en fecha 16 de septiembre de 2015. (Folio 115 del cuaderno separado de tacha).

 

Por medio de auto de fecha 23 de septiembre de 2015, fue fijado el tercer día de despacho siguiente, a las nueve de la mañana, para que tenga lugar el acto de nombramiento de los expertos contables y grafotécnicos; el cual fue celebrado el día 29 de noviembre de 2015, estando presente los apoderados judiciales de ambas partes; donde al tomar el derecho de palabra la parte actora, designa como experto contable a Oscar Enrique Méndez Rivera y como experto grafotécnico a Raymond Orta Martínez. Posteriormente, la parte demandada, designo como experto grafotécnico a Lemus Bustamante Wilson, en cuanto al experto contable, solicitó sea nombrado por el tribunal. A su vez, el juzgado nombra como experto contable faltante a la parte demandada a Alba Marina Labrador; y por parte del tribunal nombró como experto contable a Víctor Balza y como experto grafotécnico a Roger Belandria. Indicando allí, que una vez conste la aceptación de los mismos, se acuerda el tercer día de despacho siguiente, a las diez de la mañana, para que tenga lugar el acto de juramentación de todos los expertos. (Folios 117 y 118 del cuaderno separado de tacha).

 

En fecha 21 de octubre de 2015, fue celebrado el acto de juramentación de los expertos; a los cuales se les concedió un lapso de cinco días de despacho para consignar el informe pericial. (Folio 128 y vto. del cuaderno separado de tacha).

 

A los folios 130 al 157 del cuaderno separado de tacha, corre inserto el informe pericial realizado por los tres expertos grafotécnicos.

 

Por medio de diligencia presentada en fecha 27 de octubre de 2015, los apoderados judiciales de la parte demandada solicitaron ampliación del informe pericial. Asimismo, solicitaron la realización de una nueva experticia. (Folio 158 y vto. del cuaderno separado de tacha).

 

Mediante escrito presentado por el apoderado judicial de la parte actora, se opuso a la aclaratoria del informe pericial solicitado por la parte demandada. (Folio 163 al 168 del cuaderno separado de tacha).

 

Por auto de fecha 17 de noviembre de 2015, el juzgado de la causa declaró procedente la solicitud de aclaratoria del informe pericial. Asimismo, negó la solicitud de la realización de una nueva experticia. (Folios 170 al 171 del cuaderno separado de tacha).

 

Riela del folio 178 al 179 del cuaderno separado de tacha, aclaratoria del informe pericial; consignado en fecha 07 de abril de 2016.

 

En fecha 02 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira declaró sin lugar la tacha de falsedad por vía incidental interpuesta por los apoderados judiciales de la parte demandada; en consecuencia estableció como fidedignos los recibos privados signados con las letras “D”, “F” y “H”. (Folios 183 al 194 del cuaderno separado de tacha).

 

La parte demandada en fecha 05 de abril de 2017 presentó diligencia a través de la cual apeló de la referida decisión; la cual fue escuchada en un solo efecto, por auto de fecha 26 de abril de 2017. (Folios 198 y 200 del cuaderno separado de tacha).

 

Por auto de fecha 08 de mayo de 2017, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira le dio entrada al expediente. (Folio 202 del cuaderno separado de tacha).

 

En fecha 22 de mayo de 2017, el apoderado judicial de la parte demandada presentó escrito de informes; siendo que el día 30 de mayo de 2017, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de observación a los informes. (Folios 205 al 222 del cuaderno separado de tacha).

 

En fecha 06 de noviembre de 2018, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira dictó sentencia, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 02 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial; la cual había declarado sin lugar la tacha de falsedad por vía incidental; confirmando la misma. (Folios 233 al 240 del cuaderno separado de tacha).

 

Contra dicho fallo el apoderado judicial de la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, mediante diligencia presentada en fecha 08 de noviembre de 2018; el cual fue admitido por medio de auto del 10 de diciembre de 2018. (Folios 241 y 244 del cuaderno separado de tacha).

 

Del recuento de actos precedentemente expuesto, se evidencia que se ha dado cumplimiento íntegramente el trámite procesal establecido para este tipo de acciones y que ambas partes han podido ejercer todos los recursos y las defensas que la ley les otorga, lo que pone de manifiesto que no se ha producido lesión o menoscabo al derecho a la defensa de la parte demandada como lo denuncia el formalizante.

 

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala declara improcedente la denuncia, en virtud de que –como se evidenció ut supra- ambas partes han podido ejercer todos los recursos y las defensas que la ley les otorga, salvaguardando sus derechos a la defensa y al debido proceso. Así se establece.

 

Por otra parte, aduce el formalizante que la juez de alzada quebranto formas sustanciales, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En cuanto a la alegada violación directa de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya la Sala ha indicado que tal “denuncia” no es posible resolverla mediante un recurso de casación, por cuanto su finalidad es corregir o controlar la legalidad de las decisiones judiciales y que las mismas sean ajustadas al ordenamiento jurídico vigente con observancia a los postulados constitucionales, por lo cual la Sala tiene vedado conocer del quebrantamiento de normas de orden constitucional por ser esta materia especifica de la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, lo cual, en todo caso, debe ser tramitado mediante amparo constitucional, recurso de revisión o nulidad de leyes.

 

No obstante, en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales se otorga la garantía de un proceso sin formalismos, en el que las partes puedan ver materializada la justicia, la Sala, procederá a dar respuesta a la mencionada solicitud en los términos siguientes:

 

De la lectura de la denuncia es posible entender que lo pretendido por el recurrente es nuevamente poner de manifiesto el incumplimiento de uno de los deberes formales del  juez al dictar el fallo, como lo es mantener el equilibrio procesal, sin desigualdad entre las partes, garantizando el derecho a la defensa, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del mencionado Código de Procedimiento Civil.

 

Al respecto, advierte la Sala que el defecto de actividad por indefensión, ya fue ampliamente resuelto en la presente delación de forma ut supra analizada.

 

En efecto, se estableció que se ha dado cumplimiento íntegramente al trámite procesal establecido para este tipo de acciones, como lo es la tacha de falsedad vía incidental y que ambas partes han podido ejercer todos los recursos y las defensas que la ley les otorga, lo que pone de manifiesto que no se ha producido lesión o menoscabo al derecho a la defensa de la parte demandada.

En virtud de lo cual, se declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

-II-

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil delata el quebrantamiento de formas sustanciales que causan indefensión, vulneración a los derechos a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, dispuestos en los artículo 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y violación del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Sustenta su delación de la siguiente manera:

 

“…La parte actora fundamento su demanda en copias simples de documentos privados, marcados ´D, F, y H`, sobre los cuales se practicó experticia grafotécnica [cotejo] y el juez desconoció el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues lo legal y ajustado a derecho era que el juzgador desechara los documentos facturas presentadas en copias simples al haber sido impugnadas y tachadas por la parte contraria.

Cabe resaltar que los documentos presentados junto con el libelo de demanda en fotocopias o copias simples fueron impugnados en el acto de la contestación a la demanda por los demandados, SIENDO TACHADOS DE FALSOS, tal como lo prevé el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, perdiendo todo valor probatorio con el solo hecho de su impugnación.

Por ello, esta S. (sic) reitera que el derecho a la prueba incluye el derecho a su valoración de forma correcta; sin errores de apreciación por parte del juzgador que, como ocurrió en el caso de autos, conlleven a un menoscabo del derecho a la defensa de la parte actora, pues dicho error ocasionó una violación directa e inmediata de la Constitución, ya que se trata del desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte solicitante.

De manera que, el juez de la instancia, al valorar la experticia cuya conclusión subyace sobre una premisa falsa, y tomando como base unas copias fotostáticas simples el juez superior incurrió en una valoración arbitraria de la prueba, afectando el derecho a la defensa y el debido proceso y así debe ser decidido, por lo que solicito se declare CON LUGAR la presente denuncia y se declare la nulidad de la sentencia recurrida y ordene al juez superior dicte nueva sentencia prescindiendo del vicio denunciado…”. (Mayúsculas del texto).

 

Delata el formalizante que el juez de la recurrida quebrantó formas procesales, vulnerando lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dado que la parte actora fundamentó su demanda en copias fotostáticas simples, las cuales fueron impugnadas, por lo tanto –a su decir- las mismas han debido ser desechadas, perdiendo todo valor probatorio; aduciendo que con tal proceder el ad quem dejó a la parte demandada en estado de indefensión.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La defensa, como parte integrante del debido proceso, es un derecho que comprende no sólo la posibilidad que tienen las partes de alegar, probar o recurrir, sino que además, implica la prohibición que tienen los jueces de generar indefensión, la cual ocurre cuando éste limita, impide o menoscaba formas sustanciales para el ejercicio de algún medio procesal o cuando crea desigualdades entre las partes.

Al respecto, esta Sala ha señalado que “…la indefensión por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa de las partes sólo ocurre por actos del tribunal, es decir, atribuible al juez al conculcar de forma flagrante el ejercicio a uno de los justiciables, esto es, imposibilitar formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la sentencia que considere le causa un gravamen en los términos previstos en la ley…”. (Ver sentencia N° 015, de fecha 14 de febrero de 2013, caso: Seguros Pirámide, C.A. contra Instaelectric Servicios, C.A. y otros).

 

En ese sentido, tenemos que el recurrente delata la vulneración de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues –a su decir- la parte actora fundamentó su demanda en copias fotostáticas simples, las cuales fueron impugnadas, por lo tanto –aduce- las mismas han debido ser desechadas, perdiendo todo valor probatorio; aduciendo que con tal proceder el ad quem dejó a la parte demandada en estado de indefensión. Ello así, estima pertinente esta Sala traer a colación la norma que se delata quebrantada, vale decir, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del siguiente tenor:

 

“Artículo 429: Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio original o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.

La parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original, o la falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.”.

 

En interpretación de esta norma, la Sala ha precisado que sólo puede producirse copia fotostática certificada o simple de documentos públicos o privados reconocidos o autenticados y que para poder otorgarle valor probatorio a las copias fotostáticas simples de un documento de esta especie, no deben haber sido rechazadas por la parte contraria. Asimismo, establece que la parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original, o en su defecto, con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella.

 

Así las cosas, se observa a los folios 2 de la segunda pieza del expediente principal escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual la parte actora solicita la prueba de cotejo sobre las documentales que fueron impugnadas por la parte demandada en su escrito de contestación; la cual fue admitida mediante auto del 09 de enero de 2014 (folios 221 al 222 de la segunda pieza del expediente principal) y evacuada en fecha 13 de enero de 2014 (folio 227 y vto. de la segunda pieza del expediente principal). De igual forma, se observa al folio 238 de la segunda pieza del expediente principal, diligencia mediante el cual el apoderado judicial de la parte actora desiste de la prueba de cotejo, dado que junto al escrito de promoción de pruebas consignó copias fotostáticas certificadas de las documentales sobre las cuales sería practicada dicha prueba; todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que indica al respecto que “…la parte que quiera servirse de la copia impugnada… (podrá hacerla valer en juicio) con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella (…) Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.”.

 

De igual forma, de las actuaciones citadas en la primera denuncia –antes resuelta-, se evidencia que las demás copias fotostáticas simples que fueron impugnadas y tachadas, la parte actora promovente de las mismas, las hizo valer en juicio, en virtud de lo cual fue aperturado el cuaderno separado para que de esa manera se sustanciara el procedimiento de tacha de falsedad vía incidental, la cual fue declarada sin lugar; por lo tanto se declaró como fidedignas los recibos privados signado con las letras “D”, “F” y “H”.

 

En ese sentido, mal podría considerar esta Sala que el juzgado ad quem dejó en estado de indefensión a la parte demandada, pues la parte actora, promovente de los instrumentos impugnados y tachados, esgrimió los medios pertinentes para hacer valer dichas documentales; aunado al hecho de que ambas partes han podido ejercer todos los recursos y las defensas que la ley les otorga, salvaguardando sus derechos a la defensa y al debido proceso, tal como quedo evidenciado en la denuncia precedentemente resuelta.

 

En consecuencia, esta Sala declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata la infracción del artículo 429 eiusdem, por error de interpretación. Fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

 

“…La parte demandante presento como fundamento de la demanda copias fotostáticas simples de documentos privados de seudo facturas emanadas de la empresa demandante, así tacha de falso el recibo de fecha 26 de enero de 2007, folio sesenta y nueve [f-69], documento marcado ´D`, tacha de falso el recibo de fecha 9 de noviembre de 2007, marcado ´F`, por afirmar falsamente haber acompaña (sic) su original marcado ´F`, tacha de falso el recibo de echa 27 de noviembre de 2007, que DACA falsamente dice haber acompañado ´original`, marcado ´H`. Ahora bien lo cierto es tales documentos marcados ´D, F y H`, son documentos privados y fueron presentados en copia fotostática simple, sin embarga (sic) se hace mención a documentos originales cuando tal afirmación es falsa, por estas y otras razones tales documentos seudo documentales fueron impugnadas siendo tachadas de falsos, la parte demandadas (sic) formaliza la tacha y la parte actora insiste en hacer valer tales documentales, muy a pesar que los mismos quedan desechados por mandato del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues no tienen valor probatorio al no ser aceptados por la otra parte, sin embargo la parte actora promovió y se practicó experticia sobre los referidos documentos privados presentados en copias fotostáticas simples. Ahora bien ciudadanos Magistrados, estas documentales durante el proceso llevado a cabo no constaron en el expediente en su original sin embargo se hace referencia que los mismos se encontraban el (sic) caja de seguridad, lo cual no concuerda con la realidad y lo cierto es que dichos documentos impugnados estuvieron a disposición de la parte demandada y de los expertos en copia simple y jamás en sus originales como se quiere hacer ver y valer ahora después de concluido el juicio, de allí que la experticia sobre los documentos impugnados fue también practicada sobre copias fotostáticas simples y nunca sobre los originales, por lo que legal y ajustado a derecho es desechar la experticia y desechar los documentos fundamentales de la demanda, pues la juez de la recurrida al dar valor probatorio a la experticia practicada sobre copias simples de documentos privados hizo una errada interpretación en la aplicación y alcance del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y así debe ser declarado.

Ahora bien, tratándose de una reproducción fotostática, desde el punto de vista de técnica jurídica la parte demandada correctamente impugno las documentales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Se denuncia que la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero (sic) en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 06 de noviembre de 2018, al valorar una experticia practicada sobre documentos privados presentados en copias simples vulnera el principio del debido proceso, el derecho a la defensa de mi (sic) representados y con ello vulnera el principio de control y contradicción de la prueba, lesivo al derecho de tutela judicial efectiva establecido en los artículos: 49 numeral (sic) 1 y 3 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, toda vez que la juez A-quem (sic) , valora unos documentos privados en copias simples que fueron consignados por la empresa demandante, y posteriormente impugnados y tachados por la parte demandada, quedando estos desechados del proceso tal y como lo prevé la norma, pero la juez de la recurrida fundamentó la valoración de todas esas pruebas, de manera incongruente, cuando debió aplicar lo dispuesto en los (sic) artículos (sic) 429 del Código de Procedimiento Civil.

Se practicó una experticia grafotécnica para demostrar la autenticidad de la firma que aparece en las copias fotostáticas simples que fueron objeto de impugnación por la parte demandada. En efecto, la experticia grafotécnica debe recaer sobre instrumentos originales y no sobre copias simples de instrumentos privados, tal como ocurrió en el presente caso, pues sólo con la rúbrica original puede demostrarse en forma indubitable su autenticidad.

Se evidencia que en el informe pericial y su respectiva ampliación, los expertos llegaron a la conclusión de que era posible la realización de la pericia sobre una copia fotostática simple, lo es contrario a su propio criterio, aserción que condujo al juez a valorar una prueba que debió ser desechada del proceso y sin valor alguno.

Ahora bien ciudadanos Magistrados, si bien los jueces tienen una amplia autonomía para valorar las pruebas, su actuación debe ajustarse a la ley, en estricto apego a los lapsos procesales y a los principios elementales en materia probatoria. Además, la valoración de la prueba debe atender a una justificación de orden legal, lógico y coherente, que permita al juez el establecimiento del hecho afirmado en juicio; de lo contrario se rompe el equilibrio procesal con menoscabo del derecho a la defensa y se trastoca la garantía del derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva.

Cabe mencionar que sobrevenidamente se hace mención a documentos originales que aparecieron en caja fuerte que nunca estuvieron a disposición de la parte demandada y menos aún a disposición de los expertos, por lo que la experticia fue practicada sobre copias simples de seudos documentos privados y NO sobre sus originales y así consta en la experticia.

En tal sentido, resulta oportuno mencionar el criterio expuesto por esta Sala Constitucional en sentencia n.° 460 del 20 de mayo de 2010, [caso: R.S.R.] según el cual:

…Omissis…

En razón de lo anterior, el juez de la recurrida aplico erradamente lo dispuesto el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una documental producida inicialmente en juicio como fotostato, y no como un original.

Como es visto, el vicio delatado tiene influencia determinante en el dispositivo de la sentencia por violar el derecho de mi representado a una justa resolución de la controversia, ya que de haber sido tratada en forma idónea los documentos presentados por el actor habrían quedado desechados del proceso y sin valor probatorio alguno y así debe ser decidido.

…Omissis…

Ahora bien, señalado lo anterior, se obtiene que las pruebas documentales promovidas por la parte actora en copias simples haciendo alusión que se trataban de originales y al ser impugnadas por el demandado carecen de valor probatorio.

Ahora bien, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, establece:

…Omissis…

Lo cierto es que la experticia fue practicada sobre copias simples de documentos privados y conforme al criterio jurisprudencial, la copia fotostática de un documento privado simple carece de valor según lo expresado por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues, solamente prevé las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, los cuales se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario dentro de las oportunidades procesales prevista en la ley, ya que si son consignados en otra oportunidad, tendrían valor probatorio si fueren aceptadas expresamente por la contraparte.

Con base en los razonamientos antes expuestos, se verifica y así queda denunciado que el juez de alzada incurrió en un error de interpretación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues la parte demandada desconoció y tacha de falso las documentales presentadas como fundamento de la demanda, lo cual sin duda alguna enerva el valor probatorio de los documentos privados, siendo que ante tal escenario era carga de la parte demandada probar su autenticidad, para lo cual el mecanismo procesal idóneo era el cotejo sobre los documentos originales y nunca jamás sobre copias simple como erradamente se hizo. En consecuencia solicito se declare CON LUGAR el recurso casación y con lugar la denuncia por error en la interpretación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y la nulidad de la sentencia recurrida y se ordene a un nuevo juez superior decidir con arreglo a las normas indicadas como infringidas…”. (Mayúsculas del texto).

 

Delata el formalizante la vulneración del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, aduciendo que la parte actora presentó como documentos fundamentales de la demanda copias fotostáticas simples de recibos privados, signado con las letras “D”, “F” y “H”, emanados de la empresa demandante, los cuales fueron tachados de falsos. De igual forma, aduce que tales instrumentos no constaron en el expediente en original, haciendo referencia que los mismos se encontraban en caja de seguridad. Igualmente, arguye que las referidas documentales fueron impugnadas en el escrito de contestación, por lo tanto carecen de valor probatorio. Asimismo, indica que la experticia practicada sobre dichos instrumentos fue realizada sobre copias fotostáticas simples y no en original.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación al vicio de error de interpretación, que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aun cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. (Ver sentencia N° 609, de fecha 11 de octubre de 2013, caso: Molinos Hidalgo, C.A. contra R.N.N. y otra).

Ahora bien, la norma delata como infringida es el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; denuncia que fue resuelta ut supra, específicamente, en la segunda delación por quebrantamiento de forma; por lo que se dan por reproducidos los fundamentos allí expuestos.

 

En ese sentido, tenemos que sobre la interpretación de dicha norma la Sala ha precisado el mismo “…establece la debida valoración de las  copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, los cuales, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas en el libelo, ya dentro de los cincos días siguientes si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. El espíritu de esta norma encierra un principio fundamental en materia de prueba; los documentos públicos o privados deben evacuarse en su oportunidad procesal, a fin de que la parte a quien se pretende oponérseles los impugne, los desconozca o simplemente los rechace…”. (Ver sentencia N° 274, de fecha 30 de mayo de 2013, caso: Orión Realty, C.A. contra Franklin del Valle Rodríguez Roca).

 

De igual forma, de acuerdo a lo previsto en el referido artículo, sólo puede producirse copia fotostática certificada o simple de documentos públicos o privados reconocidos o autenticados y que para poder otorgarle valor probatorio a las copias fotostáticas simples de un documento de esta especie, no deben haber sido rechazadas por la parte contraria. Asimismo, establece que la parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original, o en su defecto, con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella.

 

Ello así, de las actas que conforman el presente expediente se observa el escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual la parte actora solicita la prueba de cotejo sobre las documentales que fueron impugnadas por la parte demandada en su escrito de contestación; la cual fue admitida mediante auto del 09 de enero de 2014 y evacuada en fecha 13 de enero de 2014; como también, se evidencia diligencia mediante el cual el apoderado judicial de la parte actora desiste de la prueba de cotejo, dado que junto al escrito de promoción de pruebas consignó copias fotostáticas certificadas de las documentales sobre las cuales sería practicada dicha prueba; todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que indica al respecto que “…la parte que quiera servirse de la copia impugnada… (podrá hacerla valer en juicio) con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella (…) Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.”.

 

En ese mismo orden de ideas, se observa que las demás copias fotostáticas simples que fueron impugnadas y tachadas, la parte actora promovente de las mismas, las hizo valer en juicio, en virtud de lo cual fue aperturado el cuaderno separado para que de esa manera se sustanciara el procedimiento de tacha de falsedad vía incidental, la cual fue declarada sin lugar; por lo tanto se declaró como fidedignas los recibos privados signado con las letras “D”, “F” y “H”. Siendo que los originales de dichos recibos privados rielan a los folios 69, 71 y 73 de la tercera pieza del expediente principal.

 

Así las cosas, mal podría esta Sala considerar como infringido lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien cierto, la parte demandada impugno de manera oportuna documentales acompañadas al escrito libelar; sin embargo, no es menos cierto, que la parte actora promovente esgrimió los mecanismos necesarios para hacerlos valer en juicio, tal como fue señalado anteriormente.

 

En consecuencia, por todo lo antes expuesto, esta Sala debe declarar la improcedencia de la presente denuncia. Así se establece.

 

Ahora bien, por razones de método, la Sala decide agrupar la primera denuncia por defecto de actividad contenida en el ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL, como también la segunda delación por quebrantamiento de forma del ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL REFERIDO ESCRITO DE FORMALIZACIÓN, por cuanto están dirigidas a acusar el vicio de incongruencia negativa bajo los mismos fundamentos. Debido a lo cual, se pasan a resolver en los siguientes términos:

 

DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, aduciendo que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa. En ese sentido el formalizante expresó:

 

“…La parte demanda en oportunidad de INFORMES Y OBSERVACIÓN A LOS INFORMES, ante la alzada opuso la acumulación inepta de pretensiones que por su inminente orden público puede ser alegado en todo estado y grado de la causa y del proceso y aun puede ser resuelta de oficio por el Juez, y a tal fin se dijo lo siguiente:

Que ´La parte actora acumula en su libelo de demanda dos [02] pretensiones con procedimientos diferentes, por una parte pretende el cumplimiento de un contrato de compraventa que debe seguirse por el procedimiento ordinario del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y por otra parte pretende exigir a su vez el pago de cantidades de dinero de un supuesto préstamo a interés entre comerciantes que debe seguir por el procedimiento especial por intimación, pretensiones que no se pueden acumular dada la naturaleza de cada uno de ellos difieren en su trámite, siendo esta materia de orden público cuyo procedimientos son incompatibles entre sí, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.`. Sin embargo de una revisión que se hace de la sentencia no se observa pronunciamiento alguno respeto a esta denuncia ante el tribunal superior, lo cual configura el vicio por INCONGRUENCIA NEGATIVA, pues el Juez omitió pronunciamiento sobre todo lo alegado en los informes y observación a los informes en la alzada.

La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración [incongruencia positiva], o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial [incongruencia negativa], traduciéndose esta última en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes. Ahora bien ciudadanos Magistrados, tal y como fue expuesto la recurrida NO se pronuncia sobre lo alegado referente a que la parte actora en su libelo de demanda acumula dos acciones que se excluyen mutuamente que hace improcedente y por consiguiente INADMISIBLE el trámite de la misma y así debe ser decidido. Por todo lo antes expuesto solicito se declare CON LUGAR el recurso de casación y CON LUGAR la violación por la recurrida el artículo 243, ordinal 5°, del Código de procedimiento Civil y 12 del mismo código procesal por incongruencia negativa…”. (Mayúsculas del texto).

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-II-

 

“…La parte demanda en oportunidad de INFORMES Y OBSERVACIÓN A LOS INFORMES, ante la alzada opuso la acumulación inepta de pretensiones que por su inminente orden público puede ser alegado en todo estado y grado de la causa y del proceso y aun puede ser resulta de oficio por el Juez, y a tal fin se dijo lo siguiente:

Que ´La parte actora acumula en su libelo de demanda dos [02] pretensiones con procedimientos diferentes, por parte pretende el cumplimiento de un contrato de compraventa que debe seguirse por el procedimiento ordinario del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y por otra parte pretende exigir a su vez el pago de cantidades de dinero de un supuesto préstamo a interés entre comerciantes que debe seguir por el procedimiento especial por intimación, pretensiones que no se pueden acumular dada la naturaleza de cada uno de ellos difieren en su tramita, siendo esta materia de orden público cuyo procedimientos son incompatibles entre sí, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.`. Sin embargo de un revisión que se hace de la sentencia no se observa pronunciamiento alguno respeto a esta denuncia ante el tribunal superior, lo cual configura el vicio por INCONGRUENCIA NEGATIVA, pues el Juez omitió pronunciamiento sobre todo lo alegado en los informes y observación a los informes en la alzada.

La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración [incongruencia positiva], o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial [incongruencia negativa], traduciéndose esta última en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes. Ahora bien ciudadanos Magistrados, tal y como fue expuesto la recurrida NO se pronuncia sobre lo alegado referente a que la parte actora en su libelo de demanda acumula dos acciones que se excluyen mutuamente que hace improcedente y por consiguiente INADMISIBLE el trámite de la misma y así debe ser decidido. Por todo lo antes expuesto solicito se declare CON LUGAR el recurso de casación y CON LUGAR la violación por la recurrida el artículo 243, ordinal 5°, del Código de procedimiento Civil y 12 del mismo código procesal por incongruencia negativa…”. (Mayúsculas del texto).

 

Delata el formalizante que el fallo recurrido se encuentra inficionada del vicio de incongruencia negativa, pues –a su decir- el ad quem omitió pronunciamiento respecto a alegatos esgrimidos por el apoderado judicial de la parte demandada en su escrito de informes, referentes a la inepta acumulación de pretensiones en que -aduce- incurrió la parte actora; arguyendo que del escrito libelar se desprende que el demandante solicita tanto el cumplimiento de contrato de compraventa, como el pago de cantidades de dinero, procedimientos que son incompatibles entre sí.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En cuanto al vicio de incongruencia del fallo, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone que: toda sentencia debe contener “…disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia…”.

 

La norma ut supra indicada debe ser analizada en concordancia con lo previsto en el artículo 12 eiusdem, que consagra, entre otras particularidades, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una manifestación del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

Por tanto, la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre el fallo respectivo, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum. Esto es, a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos [incongruencia negativa], o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hecho no formulados en el proceso [incongruencia positiva]. (Vid. Sentencia N° 458 de fecha 26 de octubre de 2010, caso: Alexander José Rodrigues Pinto y otros contra Grupo Tropicalia, C.A.).

 

Asimismo, resulta necesario destacar la posición que ha venido manteniendo esta Sala, con respecto a la obligación que tiene el juzgador de pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos en informes, entre otras decisiones, la asumida mediante la sentencia Nº 522, del 7 de octubre de 2009, caso: sociedad mercantil Banco Sofitasa Banco Universal C.A., contra sociedad mercantil Sermitec Talleres Industriales C.A., y otra; en la cual reiteró lo siguiente:

 

“…esta Sala se pronunció respecto del deber que tiene de (sic) juez de pronunciarse sobre todos los alegatos y defensas de las partes, siempre que los mismos, tengan relevancia para la resolución de la controversia, entre otras en sentencia de fecha 10 de agosto de 2007, caso: Héctor Teódulo Collazo contra María Elina Rodríguez y otros, reiterada en decisión del 20 de abril de 2009, caso: sociedad de comercio C.A. El Cafetal contra sociedad mercantil Promotora Inmobiliaria Campos Sol, C.A., en las cuales dejó sentado lo siguiente:

´…Es evidente, pues, que el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, en torno a los alegatos contenidos en el escrito de informes ante el juez de alzada, sólo se configura cuando éste no se pronuncia sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como la confesión ficta u otras similares, más no si se solicitare la reposición de la causa,  puesto que esta denuncia debe ser planteada por defecto de actividad como vicio de reposición no decretada. [Vid. Sentencia del 22 de mayo de 2007, caso: Edgar Acosta Issa y otra, contra José Alberto Andrade Rodríguez]…`.

Del precedente jurisprudencial se desprende que para dar por cumplido el principio de congruencia del fallo, los jueces están obligados a emitir expreso pronunciamiento respecto de aquellos alegatos, peticiones o defensas que la parte haga en su escrito de informes, relativos a la confesión ficta u otros similares, independientemente de que se encuentren o no contenidos en la demanda o en su contestación, siempre que pudieran tener influencia determinante en la solución del caso, lo contrario implicaría incurrir en el vicio de incongruencia negativa…`.

En virtud de la jurisprudencia antes expuesta, esta Sala ratifica que es deber del juez pronunciarse sobre todo lo solicitado en el escrito libelar y la contestación de la demanda. Sin embargo esa obligación, no ha estado limitada a los mencionados escritos sino que se ha extendido inclusive aquellos alegatos  que la parte haga en su escrito de informes referidos a la confesión ficta, cosa juzgada, u otras similares como la perención, supeditado a que éstos tengan influencia determinante en la resolución del caso, a fin de no incurrir en el vicio de incongruencia negativa…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, la obligación de los jueces superiores de resolver los alegatos expuestos en los informes, no está referida a cualquier tipo de alegato, sino por el contrario y de manera muy específica, a aquellos que tendrían influencia en el dispositivo o la resolución de la controversia.

Precisado lo anterior, esta Sala procede a constatar tanto lo alegado por la parte demandada en su escrito de informes, presentado en alzada, así como lo establecido por el ad quem en la recurrida, en cuanto a la denuncia que se realiza:

 

En ese sentido, la parte demandada en su escrito de informes alegó –entre otras cosas- lo siguiente:

 

“…SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA POR INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES; LA PARTE ACTORA DEMANDA DOS [02] ACCIONES CUYOS PROCEDIMIENTOS SON INCOMPATIBLES.

A.- Se demanda el cumplimiento de un contrato de compraventa.

B.- Se demanda el reconocimiento y cobro de cantidades de dinero por concepto de préstamo interés.

1- ACUMULACIÓN INEPTA DE PRETENSIONES:

La parte actora acumula en su libelo de demanda dos [02] pretensiones con procedimientos diferentes, por una parte pretende el cumplimiento de un contrato de compraventa que debe seguirse por el procedimiento ordinario del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y por otra parte pretende exigir a su vez el pago de cantidades de dinero de un supuesto préstamo a interés entre comerciantes que debe seguir por el procedimiento especial por intimación, pretensiones que no se pueden acumular dada la naturaleza de cada uno de ellos difieren en su trámite, siendo esta materia de orden público cuyo procedimientos son incompatibles entre sí, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Código Procedimiento Civil, en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.

El anterior precepto se concatena con el artículo 14 eiusdem, según el cual, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal.

Dichas   disposiciones   legales,    han   sido   analizadas   por   la   Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a la luz del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales como parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva,  estableciendo con carácter vinculante, el siguiente criterio:

…Omissis…

En este mismo sentido, dicha Sala Civil, en fallo N° 1618 del 18 de abril de 2004, expediente N° 2003-2946, caso: Industria Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A., estableció:

…Omissis…

Pues bien, de los criterios jurisprudenciales transcritos se colige que es necesario que estén dados todos los presupuestos procesales para que nazca la obligación del juez de ejercer su función jurisdiccional y pueda resolver el caso planteado.

Por ello, tanto las partes como el juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso y verificar así el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los mismos.

Así pues, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre puede ser verificado -de oficio- cualquier estado y grado de la causa.

En este sentido, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda ´si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley`. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa.

Por su parte, en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil se prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

Se entiende, entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones debe forzosamente ser declarada en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. [Ver, entre otras, sentencia N° 175 del 13 de marzo de 2006, caso: Celestino Sulbarán Duran c/ Carmen Tomasa Marcano Urbaez].

De forma tal que la acumulación de pretensiones es un asunto que atañe al orden público lo que autoriza la casación de oficio, así lo ha reconocido la Sala Civil, entre otras, en sentencia N° 99, del 27 de abril de 2001, expediente N° 2000-178, caso: María Josefina Mendoza Medina c/ Luis Alberto Bracho Inciarte, en la que se señaló:

…Omissis…

La doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, ha venido sosteniendo que para que el juez pueda declarar la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones, debe verificar que efectivamente se hayan acumulado pretensiones que, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación, en el caso concreto, el ciudadano ÓSCAR DE JESÚS MENDOZA ARRAIZ, obrando en representación como PRESIDENTE de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA] demanda el cumplimiento del contrato de opción de compra venta de un inmueble, así como ´…Que además de los abonos anteriores su representada le facilito en calidad de préstamo a la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, diferentes sumas de dinero que discrimino en su escrito libelar y que totalizan la suma de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 19/100 [Bs. 77.200,19]. Aclara que respecto a los intereses del referido contrato de préstamo son de naturaleza comercial, que en consecuencia los intereses devengados durante el periodo transcurrido desde la fecha de otorgamiento del préstamo y el 25-09-2013 han sido cancelados a la tasa anual del 12% conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio; que en resumen su representada DALCA ha entregado a los esposos Alcántara la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA BOLIVRRES CON 50/100 [Bs. 199.290,50], a lo cual según dice, debe añadirse las sumas entregadas en calidad en calidad (sic) de préstamo que serán SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 19/100 [Bs. 77.200,19] para un total de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 69/100 [Bs. 276.490,69]… y que la suma de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 19/00 [Bs. 77.200,19], corresponden a cantidades adeudadas por los demandados de capital e intereses derivados de préstamos de dinero.

En consideración a la denuncia que se analiza, estima esta defensa técnica pertinente transcribir lo decidido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en relación al punto en referencia:

´…Adujo la parte actora que convino el 26-01-2007 con los demandados en la compraventa de un inmueble consistente en un galpón… que el precio convenido para la negociación fue de UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES [B. (sic) 1.800.000.000,00], que por reconvención monetaria equivalente a UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES [Bs. 1.800.000,00]… al igual que afirma que DALCA además de los abonos anteriores le facilito en calidad de préstamo a la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, diferentes sumas de dinero que discrimino en su escrito libelar y que totalizan la suma de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 19/100 [Bs. 77.200,19]; que en resumen DALCA ha entregado a los demandados la suma CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 50/100 [Bs. 199.290,50], que según dice, debe añadirse las sumas entregadas en calidad de préstamo que serían SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 19/100 [Bs. 77.200,19] para un total de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 69/100 [Bs. 276.490,69]… Así mismo, al folio 74 al 81 pieza I, quedo demostrado que DALCA la (sic) facilito en calidad de préstamo a la co demandada GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, las siguientes cantidades:

1.- Bs. 12.000,00 según COMPROBANTE DE EGRESO No. 010033 de fecha 08-03-2010, folio 74, pieza I, y recibo de la misma fecha [f.75 pieza I];

2.- Bs. 12.000,00 según comprobante de egreso No. 010136 de fecha 06-04-2010, folio 76 pieza I.

3.- Bs. 12.000,00 según comprobante de egreso No. 010272 de fecha 06-05-2010, folio 77 pieza I.

4.- Bs. 12.000,00 según comprobante de egreso No. 010374 de fecha 02-06-2010, folio 78 pieza I, y recibo de la misma fecha [f79 pieza I], y.

5.- Bs. 12.000,00 según comprobante de egreso No. 010515 de fecha 07-072010 (sic), folio 80 pieza I y recibo de la misma fecha [f. 81 pieza I]; para un total general de Bs. 60.000,00… Acorde con la doctrina referida, se tiene que los préstamos otorgados por la demandante DALCA, de conformidad con el artículo 165.1 del Código Civil, son cargas o pasivos que recaen sobre la comunidad conyugal existente entre los codemandados JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA. Así se decide… se aprecia que no consta en las actas procesales la fijación de un plazo para la exigibilidad del pago del préstamo otorgado; por tanto, éste Tribunal debe desechar la solicitud de imputar al precio de venta convenido el valor del préstamo con sus intereses. Así se decide.

Ahora bien, una vez analizadas como han sido las actas procesales, esta defensa y represente (sic) de la parte demandada estima necesario hacer mención de los siguientes criterios jurisprudenciales:

…Omissis…

Es evidente que en el presente juicio, se procedió a la acumulación indebida de dos [02] acciones, que se siguen por procedimiento diferentes, en este mismo orden de ideas, se debe indicar, que la parte actora pretende que se declare el cumplimiento del contrato de opción de compra-venta, y al mismo tiempo, intenta que se le reconozcan deudas por concepto de préstamos a interés para un total de SESENTA MIL BOLÍVARES [Bs. 60.000,00], y que a su vez dicha cantidad sea añadida al precio, por lo que, mutatis mutandi, se aplica la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1618, expediente N° 03-2946, de fecha 18 de agosto de 2004, caso Industria Hospitalaria de Venezuela 2943; en donde entre otras cosas señaló:

…Omissis…

Claramente se observa que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser ´CONTRARIA A DERECHO`.

Con fundamento en las normas invocadas y en acatamiento a las sentencias parcialmente transcritas, vinculante para todos los Tribunales de la República, a la luz del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con vista en que en el caso sub-iudúce (sic), la parte actora realizó la acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto el cumplimiento de la opción de compra - venta, así como también, el reconocimiento y pago de cantidades de dinero por concepto de préstamos a interés que debe seguirse por un procedimiento especial del código de comercio; lo cual implica que demanda el cumplimiento de un contrato de compraventa más el cobro de dinero.

En consecuencia, al haberse verificado en autos la inepta acumulación inicial de pretensiones se hace necesario declarar la inadmisibilidad de la misma, en virtud de que se violan requisitos legales de orden público para la tramitación de esta, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Y así pedimos sea decidido y en consecuencia se declare la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones y se condene a la parte actora al pago de las costas…”. (Resaltado del texto).

 

De la transcripción parcial del escrito de informes presentado en alzada por el apoderado judicial de la parte demandada, se desprende que el mismo aduce la inepta acumulación de pretensiones, pues -a su decir- la parte actora pretende el cumplimiento de contrato de compraventa y a su vez, el pago de cantidades de dinero, solicitudes que tramitan por procedimientos diferentes, por lo tanto arguye que la presente demanda se debe declarar inadmisible.

 

Por otro lado, a los folios 250 al 267 de la tercera pieza del expediente principal riela el fallo recurrido, que sobre la denuncia esgrimida por el apoderado judicial de la parte demandada mediante el escrito de informes presentado en alzada, no hizo pronunciamiento.

 

Así las cosas, pasa esta Sala a verificar si lo denunciado por la parte demandada en su escrito de informes resulta determinante en el dispositivo del fallo, pues de lo contrario la casación sería inútil.

 

En ese sentido, es menester para esta Sala transcribir lo pertinente del escrito libelar, a los fines de dilucidar la presente denuncia. Ello así, la parte actora en su libelo de demanda solicita lo siguiente:

 

“…CAPITULO III

PETITORIO

Ciudadano [a] Juez, en razón de todo cuanto se ha expuesto, y por cuanto han sido infructuosas las múltiples gestiones y esfuerzos realizados para lograr que los demandados cumplan con el compromiso por ellos asumido, de lo cual no he recibido sino una serie de evasivas y dilaciones para no cumplir con dicha obligación, negándose en todo momento los esposos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, a otorgar el documento para transferir la propiedad del inmueble a mi representada y a recibir el saldo del precio adeudado, es por lo que, ocurro ante su competente autoridad, en nombre de mi representada DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA] ya identificada, en su condición de compradora en el acuerdo de compra-venta celebrado entre ambas partes, PARA DEMANDAR, COMO EN EFECTO FORMALMENTE DEMANDO POR MEDIO DEL PRESENTE LIBELO, por cumplimiento de contrato, a los ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA (…), en su carácter de vendedores en el acuerdo de compra-venta celebrado por ambas partes.

En consecuencia de lo anterior, en nombre de mi representada DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LÁCTEOS, C.A. [DALCA] demando formalmente a los ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, así:

1) Para que convengan, o en su defecto así lo decida el tribunal en la sentencia correspondiente, en que vendieron por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES [Bs. 1.800.000,00] a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], un inmueble de su propiedad constituido por un terreno propio con sus respectivas mejoras, consistentes en un galpón de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados [1.500 Mts2] de construcción, ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, Jurisdicción del municipio ahora parroquia San Juan Bautista, municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz, teléfono, una mezanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas
mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: con calle F; SUR: con Quebrada Seca; ESTE: con avenida 4 y OESTE: con inmueble propiedad de VINJECA C.A. El cual habían adquirido según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro inmobiliario Segundo Circuito del municipio San Cristóbal, estado Táchira, en fecha 01 de febrero de 2006, inscrito bajo el N° 23, Tomo 010, Protocolo 01, Folio 1/2.

2) Para que convengan, o en su defecto así lo decida el tribunal, que han recibido de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA] como pago parcial del precio de la venta del referido inmueble, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS [Bs. 276.490,69], de los cuales corresponden a anticipos del precio de la venta la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS [Bs. 199.290,50], y la suma de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS [Bs.77.200,19] corresponden a cantidades adeudadas por los demandados por capital e intereses derivadas de préstamos de dinero, esta cantidad de dinero debe ser compensada con el saldo del precio de venta del referido inmueble.

3) Para que, como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, convengan, o en su defecto así lo decida el tribunal, que el saldo adeudado por el precio de la venta del inmueble descrito en este libelo, es la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VENTITRES (sic) MIL QUINIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS [Bs.1.523.509,31], suma ésta que mi representada DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], ofrece pagar desde ya a los demandados cuando se otorgue el documento que contenga la venta del inmueble ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente o en su defecto, en la forma y oportunidad que determine el tribunal en la sentencia definitiva.

4) Para que convengan en otorgar por ante el Registro Público del Segundo Circuito del municipio San Cristóbal, estado Táchira, o en su defecto en la oficina de Registro que corresponda, el documento por medio del cual le trasfieran a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], la propiedad del inmueble descrito es este escrito libelar, con sus usos, costumbres y servidumbres, libre de todo gravamen y con la obligación para los vendedores de saneamiento de ley. Para el caso de que los demandados no convengan en otorgar el referido documento de venta, dentro del lapso de cumplimiento voluntario de la sentencia, pido al tribunal que la sentencia definitiva que se dicte en este juicio produzca los efectos de contrato no cumplido y equivalga a título de propiedad a favor de mi representada DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], con arreglo a lo dispuesto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 1.920 del Código Civil…”. (Resaltado del texto).

 

De la lectura del escrito libelar, específicamente, en el capitulo referente al petitorio, evidencia la Sala que lo pretendido por la parte actora con la interposición de la presente acción, es el cumplimiento de contrato de compraventa suscrito entre la demandante y la ciudadana Gladys Elena Pulido de Alcántara, siendo el objeto de la venta un inmueble (descrito en el libelo de demanda); solicitando a su vez que se considere como parte de pago préstamos otorgados a la parte demandada, mas no lo solicita expresamente como petitorio principal; no observándose la inepta acumulación de pretensiones denunciada.

De conformidad con los razonamientos antes señalados, esta Sala estima, que el juzgador de alzada no infringió los artículos 12 y 243 en su ordinal  5° del Código de Procedimiento Civil, por el presunto vicio de incongruencia negativa, debido a que los alegatos expuestos en los informes presentados ante la alzada no eran de obligatoria resolución por el ad quem, por no tener influencia determinante en el dispositivo los planteamientos en particular; pues aunque omitió pronunciamiento del referido argumento, el mismo carecía de pertinencia, dado que -como se indicó anteriormente- no existe la inepta acumulación de pretensiones en la presente acción; en ese sentido, de declarar la procedencia de la denuncia, la misma resultaría una casación inútil.

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

Ahora bien, la Sala por razones de método, considera pertinente acumular la segunda denuncia por defecto de actividad contenida en el ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL, como también la tercera delación por quebrantamiento de forma del ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL REFERIDO ESCRITO DE FORMALIZACIÓN, por cuanto están dirigidas a acusar el vicio de incongruencia negativa bajo los mismos fundamentos. Debido a lo cual, se pasan a resolver en los siguientes términos:

 

DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-II-

 

De acuerdo a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por incongruencia del fallo. Fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

 

“…En la debida oportunidad para presentar INFORMES Y OBSERVACIÓN A LOS INFORMES, esta defensa técnica opuso como defensa que los seudos recibos como fundamento del libelo de la demanda NO tienen un término o lapso para el cumplimiento de las obligaciones de las partes por lo que es necesario la fijación de un término o lapso para el cumplimiento de tales obligaciones como lo establece el artículo 1.212 del Código Civil y en tal sentido se dijo, lo siguiente:

´…Ahora bien, de la revisión de los contratos privados insertos en el folio 69, 71, 73, concatenando con otros elementos probatorios que constan en actas por la parte recurrente en el escrito de contestación de la demanda, se encuentra que los recibos que fueron considerados como contratos no tienen establecido un término o plazo, aplicándose en este caso lo establecido en el artículo 1212 del Código Civil, así:

´Artículo 1.212: Cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse inmediatamente si la naturaleza de la obligación, o la manera como deba ejecutarse, o el lugar designado para cumplirla, no hagan necesario un término, que se fijará por el tribunal. Si el plazo se hubiere dejado a la voluntad del deudor, se fijará también por el tribunal.`

Ahora bien honorables Magistrados, la recurrida omitió de manera total y absoluta pronunciamiento sobre dichos alegatos que configura el vicio denominado por la doctrina y la jurisprudencia como INCONGRUENCIA NEGATIVA.

La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración [incongruencia positiva], o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial [incongruencia negativa], traduciéndose esta última en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes.

De igual forma la congruencia del fallo se basa en dos presupuestos fundamentales, de los cuales el primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

Asimismo se observa, que lo que caracteriza el vicio de incongruencia negativa, es la omisión en el pronunciamiento sobre lo alegado por las partes, no que éste sea acertado o no, o que sea favorable o desfavorable a las pretensiones del recurrente. Tal como señala la doctrina patria más calificada ´…No se trata de que el juez entable un interminable debate con las partes, sino que debe pronunciarse sobre peticiones de carácter procesal, como sería una solicitud de nulidad y reposición, o de que sea considerada ineficaz una actuación…`.

En base y con fundamento a la doctrina y jurisprudencia más calificada de este honorable Tribunal Supremo de Justicia, queda claro que la recurrida incurre en el vicio delatado al omitir pronunciamiento sobre los alegatos expuestos con relación a la inadmisibilidad de la demanda por la falta de fijación de un término y lapso para el cumplimiento de las obligaciones de las partes y así pido sea decidido y en sentido se declare CON LUGAR el recurso de casación y CON LUGAR el vicio denunciado por INCONGRUENCIA NEGATIVA, violación por la recurrida el artículo 243, ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, y 12 del mismo código procesal…”. (Mayúsculas del texto).

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-III-

 

“…En la debida oportunidad para presentar INFORMES Y OBSERVACIÓN A LOS INFORMES, esta defensa técnica opuso como defensa que los seudos recibos como fundamento del libelo de la demanda NO tienen un término o lapso para el cumplimiento de las obligaciones de las partes por lo que es necesario la fijación de un término o lapso para el cumplimiento de tales obligaciones como lo establece el artículo 1.212 del Código Civil y en tal sentido se dijo, lo siguiente:

´…Ahora bien, de la revisión de los contratos privados insertos en el folio 69, 71, 73, concatenando con otros elementos probatorios que constan en actas por la parte recurrente en el escrito de contestación de la demanda, se encuentra que los recibos que fueron considerados como contratos no tienen establecido un término o plazo, aplicándose en este caso lo establecido en el artículo 1212 del Código Civil, así:

´Artículo 1.212: Cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse inmediatamente si la naturaleza de la obligación, o la manera como deba ejecutarse, o el lugar designado para cumplirla, no hagan necesario un término, que se fijará por el tribunal. Si el plazo se hubiere dejado a la voluntad del deudor, se fijará también por el tribunal.`

Ahora bien honorables Magistrados, la recurrida omitió de manera total y absoluta pronunciamiento sobre dichos alegatos que configura el vicio denominado por la doctrina y la jurisprudencia como INCONGRUENCIA NEGATIVA.

La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración [incongruencia positiva], o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial [incongruencia negativa], traduciéndose esta última en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes.

De igual forma la congruencia del fallo se basa en dos presupuestos fundamentales, de los cuales el primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

Asimismo se observa, que lo que caracteriza el vicio de incongruencia negativa, es la omisión en el pronunciamiento sobre lo alegado por las partes, no que éste sea acertado o no, o que sea favorable o desfavorable a las pretensiones del recurrente. Tal como señala la doctrina patria más calificada ´…No se trata de que el juez entable un interminable debate con las partes, sino que debe pronunciarse sobre peticiones de carácter procesal, como sería una solicitud de nulidad y reposición, o de que sea considerada ineficaz una actuación…`.

En base y con fundamento a la doctrina y jurisprudencia más calificada de este honorable Tribunal Supremo de Justicia, queda claro que la recurrida incurre en el vicio delatado al omitir pronunciamiento sobre los alegatos expuestos con relación a la inadmisibilidad de la demanda por la falta de fijación de un término y lapso para el cumplimiento de las obligaciones de las partes y así pido sea decidido y en sentido se declare CON LUGAR el recurso de casación y CON LUGAR el vicio denunciado por INCONGRUENCIA NEGATIVA, violación por la recurrida el artículo 243, ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, y 12 del mismo código procesal…”. (Mayúsculas del texto).

 

En la referida denuncia el formalizante arguye que la recurrida se encuentra inficionada del vicio de incongruencia negativa, dado que –a su decir- la jueza de alzada no se pronunció sobre alegatos explanados en el escrito de informes, referentes a la inadmisibilidad de la demanda por falta de fijación del lapso para el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Tal como fue indicado anteriormente, esta Sala ha establecido de manera reiterada que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa). Siendo que esta última hipótesis conduce a establecer que el juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por sus partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.

 

De igual forma, vale destacar, que en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos en los informes u observaciones ante el juez de alzada, es doctrina reiterada por esta Sala que el requisito de congruencia ha sido extendido a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Ver sentencia N° 190, de fecha 01 de abril de 2014, Carmen Matilde Hernández Carmona Contra Eduardo Ernesto Sierra).

 

Dicho lo anterior, esta Sala evidencia que el alegato expuesto en informes, no constituye este tipo de defensas sobrevenidas que afectan determinantemente la suerte del juicio y que atan al juez en su sentencia, por el contrario, tal argumento obedece a la actividad valorativa del juez sobre el referido medio probatorio supuestamente viciado.

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala al no observar en el fallo recurrido el vicio de incongruencia negativa señalado por el formalizante, desestima la presente delación, al no haber incurrido el juez de alzada en la omisión de pronunciamiento delatada. Así se establece.

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

Con fundamento a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por falta de motivación “…al no contener ningún fundamento de hecho ni de derecho para sustentar la misma…”. Fundamenta su delación de la siguiente manera:

 

“…La recurrida incurre en el vicio de inmotivación de sentencia pues no contiene ningún fundamento de hecho, ni de derecho para sostener la demanda, nada explica la recurrida en cuanto al declarar parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], sin determinar, ni motivar a que se condena al demandado, no se sabe a qué fue condenado el demandado, no hay ningún fundamento de hecho ni de derecho que analice la existencia o no de contrato alguno de compraventa, de hecho no existe la declaración previa y de manera expresa de la existencia de un contrato de compraventa, opción de compraventa o algo que se asemeje a ello que haga posible su cumplimiento o resolución tal y como lo prevé el artículo 1.167 del Código Civil, considera esta defensa técnica que previamente se debe declarar la existencia y validez del contrato para luego estudiar y entrar a analizar el cumplimiento de sus obligaciones en modo, tiempo y lugar en que deben cumplirse las mismas, y siendo que la parte actora no trajo al proceso un contrato formal, mal podemos presumir la ejecución de un seudo contrato con meras facturas informales en documentos privados que no reúnen los requisitos esenciales de un verdadero contrato, que no contiene: 1.- No determina el objeto del contrato por su ubicación, extensión y linderos. 3.- Que no indica la causa del contrato, es decir, no indica la intención que tuvieron los demandados para vender. 4.- No hubo la manifestación expresa [consentimiento] de los demandados para celebrar el contrato y de vender. 5.- No hubo precio real, el precio que se indicó es irreal, el precio es irrisorio, aunado al hecho cierto que el demandante no pago el precio y nada se dice respecto a este hecho transcendental del contrato, el demandante no demostró haber cumplido con su obligación de haber pagado el precio en su totalidad, tampoco demostró el demandado no haber sido el que incumplió con su obligación de pagar, la recurrida guardó total y absoluto silencio respecto tales hechos, los que se traduce en la alegada inmotivación de sentencia. 6.- No se indicó un término o lapso para el cumplimiento de las obligaciones de manera recíproca. 7.- No se indica el lugar en que debe cumplirse las obligaciones. 8.- Se dio por probado el consentimiento otorgado por José Vicente Alcántara Noguera con pruebas que no contienen tales afirmaciones dadas por la recurrida, sin ninguna motivación convincente. Ahora bien, el fallo impugnado el juez superior incurre en el vicio de inmotivación, por cuanto no expresa de una manera racional, lógica y entendible, las razones de hecho y jurídicas con las cuales toma su decisión en su sentencia, ya que no se desprende que se haya realizado un análisis y una comparación del contenido de cada una de las pruebas, tampoco se evidencia que el sentenciador de alzada plasmara un razonamiento tomando en consideración las reglas legales, los principios doctrinarios y la jurisprudencia concernientes a la materia, sino por el contrario, lo que se denota es que el ad quem, solo se limitó en declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto. Las razones expresadas por el sentenciador de alzada son vagas, generales e inocuas, a tal punto, que impiden conocer el criterio jurídico al que arribó para dictar su decisión, ya que del fallo no se derivan cuáles son los fundamentos en los cuales se basó su conclusión, ni tampoco el examen, apreciación y juzgamiento de los elementos probatorios producidos en la presente causa por las partes, lo cual imposibilita el control de legalidad sobre dicho pronunciamiento. La sentencia recurrida infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no se atuvo lo alegado y probado en autos, y a su vez quebranta el contenido del artículo 15 eiusdem, por cuanto dicho fallo lesiona el debido proceso, el derecho a la defensa de mis mandantes y la tutela judicial efectiva, ya que incumple el requisito intrínseco de la motivación del fallo, lo cual imposibilita a las partes el comprobar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico, y además de conocer los razonamientos lógicos y la legalidad de sus conclusiones.

La estructuración de la sentencia no cumplió los requisitos que exhiben el carácter de orden público y que se encuentran contenidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales se encuentra la motivación del fallo, enmarcada en el ordinal 4° del señalado artículo, donde se preceptúa que la sentencia debe expresar los motivos de hecho y de derecho que presten apoyo a su dispositivo, ya que si no consta la motivación sobre la cuestión de hecho como la de derecho, se le inficiona de inmotivación y así pido sea decidido por este honorable Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que el juzgador de la recurrida omite todo razonamiento de hecho y de derecho para sustentar la decisión proferida. Por todo lo antes expuesto solicito que se declare CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN, con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 numeral 4° del Código de Procedimiento Civil, por falta de motivación al no contener ningún fundamento de hecho ni de derecho para sustentar la misma, y la nulidad de la sentencia recurrida…”. (Mayúsculas del texto).

 

Delata el recurrente que el fallo recurrido se encuentra inficionado del vicio de inmotivación, argumentando a tal efecto, que la jueza de alzada omite todo razonamiento de hecho y de derecho para sustentar su decisión.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo; requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, el cual al mismo tiempo exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer los motivos de la decisión, dado que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad del fallo.

 

Asimismo, la Sala ha establecido que “…el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos…”. (Ver sentencia N° 125, de fecha 26 de abril de 2000, caso: Banco Mercantil, C.A. S.A.C.A, contra Textilera Texma, C.A. y otro; reiterada en sentencia N° 058, de fecha 08 de febrero de 2012, caso: La Liberal, C.A. contra Antonia María Barrios y otros).

 

Ahora bien, con el propósito de verificar la existencia del pretendido vicio de inmotivación, esta Sala constata que la jueza de alzada, al momento de decidir el fondo de la controversia estableció lo que a continuación se transcribe:

 

“…Valoradas como fueron las pruebas objeto del proceso, es oportuno señalar que el Código Civil establece:

Artículo 1.333: ´El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.`

Artículo 1.134: ´El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; y bilateral, cuando se obligan recíprocamente.`

Artículo 1.159: ´Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.`

Artículo 1.160: ´Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.`

Artículo 1.167: ´En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello`. (…).

De la normativa antes transcrita, específicamente del artículo 1.167, se evidencian dos requisitos para que resulte procedente la acción de cumplimiento del contrato, a saber: a) la existencia de un contrato bilateral; y b) el incumplimiento de una de las partes respecto de sus obligaciones.

En este orden de ideas, en consideración al contenido del artículo 1.167 del Código Civil, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 08 de febrero de 2.012, dictada en el expediente N° AA20-C- 2011-000503, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortíz Hernández, expresó lo siguiente:

…Omissis…

Hecho el estudio individual de la causa considera esta juzgadora de conocimiento jerárquico vertical, que la parte actora logró demostrar los hechos controvertidos. En primer lugar, se demostró la existencia del contrato bilateral de compra venta celebrado entre la Sociedad Mercantil Distribuidora de Alimentos y Lácteos C.A. [DALCA] y los ciudadanos José Vicente Alcántara Noguera y Gladys Elena Pulido de Alcántara, ya que la parte demandada tachó de falsos sendos recibos discriminados así: i) El de fecha 26 de enero de 2007 y anexado con la demanda marcado ´D`; ii) El de fecha 9 de noviembre de 2007 anexado con la demanda marcado ´F` y; iii) El de fecha 27 de noviembre de 2007 anexado con la demanda marcado ´H`.

En efecto, estas documentales cuyas originales constan en la caja de seguridad de este Tribunal Superior y que quedaron como fidedignos por sentencia dictada en esta misma fecha en el cuaderno de tacha, demuestran que en fecha 26 de enero de 2007, las partes pactaron la compra venta de un inmueble propiedad de los demandados, con las siguientes características y medidas: Un galpón de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados [1.500 Mts2] de construcción ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, jurisdicción del municipio ahora parroquia San Juan Bautista municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz, teléfono, una mezzanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metro cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con calle F; SUR: Con Quebrada Seca; ESTE: Con Avenida 4 y OESTE: Con inmueble propiedad de VINJECA C.A.

En segundo lugar, quedó demostrado con dichas documentales igualmente el precio pactado entre las partes por la compra venta del inmueble descrito, el cual fue por la suma de UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES [Bs. 1.800.000.000,00], -equivalente en la moneda de curso legal para la fecha de interposición de la demanda, a la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES [Bs. 1.800.000,00]-, así como el cumplimiento de las obligaciones de pago por la compradora que se discriminan en esos recibos y que fueron aceptados por la codemandada Gladys Elena Pulido de Alcántara.

Este hecho controvertido también se logró evidenciar de la prueba de informes valorada del Banco Exterior, así como de las demás documentales cuyo desconocimiento no prosperó y de la experticia contable evacuada, por cuanto las cantidades de dinero entregadas a la codemandada fueron cobradas a través de los cheques girados por la compradora en su beneficio.

En tercer lugar, quedó evidenciado igualmente de las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera y de la prueba de informes solicitada a la Notaría Pública Primera de San Cristóbal estado Táchira, que el referido ciudadano otorgó poder general de administración y disposición a su cónyuge aquí demandada, el 6 de julio de 2010. También sobre este aspecto, esta juzgadora valoró cada testimonial y específicamente de la declaración de los ciudadanos Franklin Alexander Sánchez García, Luis Ramón Hernández Guanipa, adminiculadas a las documentales valoradas para determinar que el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera siempre estuvo en conocimiento de la negociación de compra venta pactada y se benefició de los pagos realizados y probados por la demandante por el concepto de abono al precio de venta del inmueble, razón por la cual tomando en consideración que las firmas impugnadas con la tacha y el desconocimiento de instrumentos resultaron ser las de su cónyuge, estima esta sentenciadora que sí autorizó la venta en cuestión.

En cuarto lugar, quedó evidenciado que los demandados de autos no dieron cumplimiento a su deber de hacer la tradición legal del inmueble conforme a lo pactado, lo cual es obligante conforme a lo establecido en el artículo 1.488 del Código Civil, ya que como bien lo afirma el a quo, sólo desplegaron una actividad procesal dirigida a impugnar y tachar las documentales traídas por la parte actora y fracasaron en su intento. Aquí debe señalarse que conforme a las reglas de la carga probatoria, efectivamente la accionante demostró los requisitos de procedencia de su acción como ha evidenciado esta jurisdicente.

Por lo tanto, evidenciado como quedó el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento de contrato demandada se tiene: A) Que en fecha 26 de enero de 2007 las partes pactaron contrato de compra venta sobre el inmueble ampliamente descrito en autos. B) Que el precio de la referida venta fue por la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES [Bs. 1.800.000.000,00], equivalentes a UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES [Bs. 1.800.000,00] para la fecha de interposición de la demanda. C) Que la parte demandante y compradora pagó la suma de ciento noventa y nueve millones doscientos noventa mil quinientos bolívares [Bs. 199.290.500,00] en el año 2007, equivalentes a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS [Bs. 199.290,50], para la fecha de interposición de la demanda. D) Que la parte demandante y compradora resta por pagar la suma de un millón seiscientos mil setecientos nueve bolívares fuertes con cinco céntimos [Bs. 1.600.709,5]; y que por efecto de la actual reconversión monetaria equivalen a la suma de dieciséis bolívares soberanos [Bs.S. 16,00].

Respecto a la pretensión de imputar la suma de setenta y siete mil doscientos bolívares fuertes con diecinueve céntimos [Bs. 77.200,19] por concepto de préstamo a los demandados, al precio total de la venta, esta juzgadora conforme al principio de la carga probatoria determina que la parte actora no demostró la relación de causalidad de esta pretensión con el tema debatido y, mucho menos, se evidenció la necesidad y pertinencia de sumar dicha cantidad de dinero al precio total de la venta.

Finalmente, en lo que toca a las mejoras referidas por las partes, con las testimoniales e inspección judicial practicada en el inmueble objeto de la demanda, quedó determinado que ciertamente la sociedad mercantil Distribuidora de Alimentos y Lácteos, C.A. [DALCA], hizo remodelaciones y mejoras al inmueble durante el año 2009 y 2010, debidamente autorizado y supervisado por el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera. La construcción de estas mejoras ciertamente colorean a esta alzada la verdadera intención de las partes al contratar, la cual fue la de celebrar como en efecto celebraron contrato de compra venta y, la relación arrendaticia que existió, se debió a la voluntad de las partes mientras terminaban la negociación final de compra venta, tal y como de las testimoniales quedó claramente determinado.

Corolario de lo expuesto, esta juzgadora ateniéndose a lo alegado y probado en las actas debe necesariamente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, modificando la sentencia apelada en lo que respecta al pronunciamiento del dispositivo del fallo, debiendo declarar parcialmente con lugar la demanda incoada con los pronunciamientos que de seguidas se hacen; Y ASÍ SE DECIDE.

VI

DECISIÓN

Este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE:

PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado VÍCTOR ARMANDO PULIDO, en su carácter de co apoderado judicial de los demandados ciudadanos JOSE VICENTE ALCANTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCANTARA, contra la decisión definitiva de fecha 2 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, con asiento diario N° 47.

SEGUNDO: Se MODIFICA la decisión de fecha 2 de de (sic) febrero de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 47. En consecuencia:

TERCERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 24 de septiembre de 1997, bajo el N° 40, Tomo 13-A, representada por su Presidente OSCAR DE JESÚS MENDOZA ARRAIZ (…), contra los ciudadanos JOSE VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA (…).

CUARTO: Se ordena a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], pagar a los codemandados JOSE VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, la suma de DIECISÉIS BOLÍVARES SOBERANOS [Bs.S. 16,00], que equivalen a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS [Bs. 1.600.709,5] para la fecha de interposición de la demanda, por concepto de saldo restante del precio de venta del inmueble que a continuación se describe:

Un galpón identificado con el N° 2, situado en la Zona Industrial de Paramillo, Terraza N, parcela 1, San Cristóbal estado Táchira, de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados [1.500 Mts2] de construcción ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, jurisdicción del municipio ahora parroquia San Juan Bautista municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz, teléfono, una mezzanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metro cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con calle F; SUR: Con Quebrada Seca; ESTE: Con Avenida 4 y OESTE: Con inmueble propiedad de VINJECA C.A.; según consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario Segundo Circuito del municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 01 de febrero de 2006, inscrito bajo el N° 23, Tomo 010, Protocolo 1, Folio 1/2.

QUINTO: Una vez firme la presente decisión y que conste en el expediente haberse cumplido el dispositivo CUARTO del presente fallo, se ordena a los ciudadanos JOSE VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, otorgar el documento definitivo de compra venta por ante la Oficina de Registro Público correspondiente, mediante el cual efectúen a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS C.A. [DALCA] el traspaso del inmueble constituido por un terreno propio con sus respectivas mejoras, consistente en:

Un galpón identificado con el N° 2, situado en la Zona Industrial de Paramillo, Terraza N, parcela 1, San Cristóbal estado Táchira, de aproximadamente mil quinientos metros cuadrados [1.500 Mts2] de construcción ubicado en la Zona Industrial de Paramillo, jurisdicción del municipio ahora parroquia San Juan Bautista municipio San Cristóbal del estado Táchira, el cual está construido con paredes de bloque de cemento debidamente frisadas y pintadas, pisos de cemento, techos de estructura metálica y acerolit, cuenta con todos sus servicios de agua, luz, teléfono, una mezzanina con pisos de granito y de techo cielo raso, de ciento veinte metros cuadrados [120 Mts2] aproximadamente, escalera interna de metal, ocho baños, un local interno para oficina, un estacionamiento para vehículos de quinientos metros cuadrados [500 Mts2], debidamente encerrado con mallas de ciclón, dichas mejoras se construyeron sobre un terreno de dos mil ochocientos setenta y un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados [2.871,88 Mts2] cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con calle F; SUR: Con Quebrada Seca; ESTE: Con Avenida 4 y OESTE: Con inmueble propiedad de VINJECA C.A.; según consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario Segundo Circuito del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 01 de febrero de 2006, inscrito bajo el N° 23, Tomo 010, Protocolo 1, Folio 1/2.

En caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, la presente sentencia hará las veces del documento en cuestión conforme a lo indicado en la norma.

SEXTO: Por haberse declarado parcialmente con lugar la demanda, no hay condenatoria en costas…”. (Mayúsculas del texto).

 

De la cita parcial de la sentencia recurrida se observa que contrario a lo afirmado por el formalizante, el ad quem al pronunciarse sobre el fondo de la controversia, si estableció los fundamentos de hecho y de derecho en que basó su decisión, señalando que se logró demostrar la existencia del contrato bilateral de compra venta celebrado entre la sociedad mercantil Distribuidora de Alimentos y Lácteos C.A. (DALCA) y los ciudadanos José Vicente Alcántara Noguera y Gladys Elena Pulido de Alcántara, cuyo objeto es un inmueble, específicamente un galpón –descrito ut supra-; asimismo, indicó que el precio pactado entre las partes por la compraventa del inmueble descrito, fue por la cantidad de un mil ochocientos millones de bolívares (Bs. 1.800.000.000), equivalente en la moneda de curso legal para la fecha de interposición de la demanda, a la suma de un millón ochocientos mil bolívares fuertes (Bs. 1.800.000,00). De igual forma, señaló que fue demostrado el cumplimiento de las obligaciones de pago por la compradora, evidenciados en recibos y que fueron aceptados por la codemandada Gladys Elena Pulido de Alcántara. Como también, expuso que de las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera y de la prueba de informes solicitada a la Notaría Pública Primera de San Cristóbal estado Táchira, quedo evidenciado que el prenombrado ciudadano otorgó poder general de administración y disposición a su cónyuge Gladys Elena Pulido de Alcántara, en fecha 6 de julio de 2010.

 

Así las cosas, mal puede considerar esta Sala que el juez de la recurrida no indicó los fundamentos de hechos y derecho en que se basó para arribar a su decisión, cuando del análisis de la misma se evidencia que la jueza de alzada luego de examinar el acervo probatorio, determinó la existencia del aludido contrato, estableciendo luego tanto el objeto como el precio pactado por las partes, para posteriormente dictar el fallo.

 

En consecuencia, se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis. Así se establece.

 

Ahora bien, por razones de método, la Sala decide agrupar la primera denuncia por infracción de ley contenida en el ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL, como también la primera delación por infracción de ley del ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL REFERIDO ESCRITO DE FORMALIZACIÓN, por cuanto están fundamentada en los mismos términos. Debido a lo cual, se pasan a resolver de la siguiente manera:

 

DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 1.212 Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, como también la vulneración del artículo 1.167 del Código Civil, por falsa aplicación. Sostiene el formalizante lo que sigue:

 

“…De la revisión de los contratos privados insertos en el folio 69, 71, 73, concatenando con otros elementos probatorios que constan en actas, se encuentra que los recibos que fueron considerados como contratos no tienen establecido un término o plazo, aplicándose en este caso lo establecido en el artículo 1212 del Código Civil.

La recurrida después de declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado VÍCTOR ARANDO PULIDO, en su carácter de co apoderado judicial de los demandados ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, contra la decisión definitiva de fecha 2 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 47, ordena y condena a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], pagar a los demandados JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, al suma de DIECISÉIS BOLÍVARES SOBERANOS [Bs.S. 16,00], que equivalen a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS [Bs. 1.600.709,5], para la fecha de interposición de la demanda, por concepto de saldo restante del precio de venta del inmueble, se reconoce de esta manera que la parte actora no cumplió con sus obligaciones de pagar el precio a la co demandada GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA como única vendedora del bien de la comunidad, para lo cual no existió ni existe un término para cumplimiento de dicha obligación como elemento fundamental y existencial del contrato como lo es el pago del precio, tampoco existió ni existe un término para a tradición o entrega del inmueble, siendo estos dos [02] elementos fundamentales para la configuración y perfeccionamiento del contrato de compraventa. De allí que no existiendo termino para el cumplimiento de las obligaciones de parte del comprador [pagar el precio] y de parte del vendedor [hacer la tradición de la cosa], debe está fijarse por el juez, tal y como lo prevé el artículo 1.212 del Código Civil, estableciendo el daño a través de la corrección monetaria a causa de la inflación experimentada.

INFLUENCIA DETERMINANTE EN EL DISPOSITIVO Y NORMAS APLICABLES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

Es evidente que la recurrida al declarar PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA y a su vez condenando al demandante al pago del precio restante a debido considerar la inexistencia del término para el cumplimiento de las obligaciones [pagar el precio y hacer la tradición], lo cual imposibilita determinar a qué parte [mora del vendedor o mora del comprador], debe imputarse la morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, tomándose en consideración que a falta de pago el precio debe ajustarse en el tiempo, de acuerdo a la máxima de experiencia que acarrea el hecho notorio de la inflación, debió entonces el juez a quo en lugar de declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, declarar la INADMISIBILIDAD de la demanda, conforme con la aplicación del artículo 1.212 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil, siendo ello determinante en el dispositivo del fallo, ya que es imprescindible determinar la parte que incurrió en incumplimiento de sus obligaciones y cuál no, pues la parte que no incurre en incumplimiento es la que se encuentra facultada por la ley para exigir a la otra su cumplimiento que resulta determinante para resolver la litis, con su modo de proceder el juez superior desaplico el artículo 1.212 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil.

Nuestra jurisprudencia ha establecido pacífica y reiteradamente que la corrección monetaria sólo procede en aquellas situaciones de retraso en el cumplimiento de la obligación, esto es, ´cuando el deudor no cancela su obligación en el lapso fijado y entra en mora estatuye el artículo 1.269 Código Civil establece, ´…`, mientras que el artículo 1.212 del mismo texto sustantivo estatuye como se ha indicado es estrictamente necesario establecer el término para el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes para determinar la morosidad de estos y como consecuencia la corrección monetaria en aquellas situaciones de retraso en el incumplimiento.

En el caso de autos es innegable que no había un plazo determinado para que la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], supuesta compradora pagara el precio, tampoco existía ni existe un plazo para que la única vendedora haga entrega la tradición o entrega material del inmueble, lo que denota que no se trataba de una obligación de ejecución inmediata sino diferida en el tiempo sin un término establecido, ya que según dichos del propio actor las condiciones serán fijadas por las partes de mutuo y común acuerdo [termino incierto], así las cosas consta en la propia sentencia recurrida en su Capítulo II [FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN. La parte actora en su escrito de la demanda expuso.

´…El precio convenido por las partes para la negociación de compra-venta del inmueble antes descrito fue la UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES [Bs. 1.800.000.000,00], pactando las partes que el precio establecido sería pagado por mi representada en las condiciones que de mutuo acuerdo se establecieran…`

Quedando claro entonces que NO existía un plazo o termino para el pago, el según el propio actor quedó para ser fijado en las condiciones que de mutuo acuerdo establecieran las partes. Y siendo que no consta en actas prueba alguna y tampoco fue alegado por la parte que se hubiesen puesto de acuerdo, era y es necesario la fijación de un término por parte del juez para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, lo que hace INADMISIBLE la presente demanda para que las partes recurran al juez a solicitar la fijación del mencionado termino, toda vez que las partes contratantes no pueden entrar en mora automáticamente, sino que debe fijarse dicho termino para garantía y seguridad jurídica de las mismas partes contratantes.

En fin NO existe constancia suficiente de que las partes comprador y vendedora estén en mora en el cumplimiento de sus obligaciones pagar el precio y hacer la tradición y desde este punto de vista NO existe causal alguna para demandar el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones conforme al artículo 1.167 del Código Civil con los daños y perjuicios, ni forma alguna para acordar o solicitar el ajuste o corrección monetaria de acuerdo a la inflación como un hecho público y notorio, pues previamente es necesario demandar la fijación del término o plazo que nos indica el artículo 1.212 del Código Civil para posteriormente poder determinar la morosidad, los daños y perjuicios si hubiere lugar a ellos y la corrección monetaria, por lo que el juez superior aplico falsamente la norma del artículo 1.167 del Código Civil, el juez aplica de manera errada el supuesto de hecho de la norma jurídica ante hechos que no se subsumen en ella; en otras palabras, no hay correspondencia entre los hechos y la norma jurídica aplicada al caso en concreto, toda vez que no se puede demostrar o probar la existencia de un plazo o termino que haya expirado sin que las partes hayan incumplido con las condiciones y obligaciones contraídas.

Del hecho y derecho alegado se desprende, lo siguiente:

1.-) Que NO existe un término o plazo para que las partes cumplan con sus obligaciones, por una parte para que la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], pague el precio y por la otra para que la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, única vendedora del bien de la comunidad de gananciales haga la tradición del inmueble.

2.- La obligación NO era de ejecución inmediata, sino que por el contrario las demás obligaciones y condiciones serían fijadas por voluntad y a convención de las partes.

3.- Que NO existe un término que garantice la seguridad jurídica de las partes contratantes, ni forma alguna para determinar la morosidad, daños y perjuicios y corrección monetaria, NO existiendo entonces causal o requisitos que hagan procedente la acción por cumplimiento o incumplimiento de contrato conforme al artículo 1.167 del Código Civil.

Respecto del artículo 1.212 del Código Civil, la Sala en sentencia de fecha 24 de octubre de 1957, publicada en la obra del Código Civil Venezolano, 1992, autor: Nerio Perera Planas, Caracas-Venezuela, pág 691-693, en la cual se expresó lo siguiente:

…Omissis…

De acuerdo con la precedente jurisprudencia supra transcrita se evidencia que de conformidad con el artículo 1.212 del Código Civil, cuando hay una obligación cuyo plazo para su cumplimiento no está establecido ni es de cumplimiento inmediato, el juez tiene la obligación de fijar dicho plazo como garantía y seguridad jurídica de las partes.

Ahora bien, en aplicación de la precedente jurisprudencia al caso de autos debe esta honorable Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinar que efectivamente NO existe un plazo o termino para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratantes [pagar el precio y hacer la tradición de la cosa], por lo que tampoco es posible determinar la morosidad de las partes que den lugar a los requisitos previstos en el artículo 1.167 del Código Civil para demandar el cumplimiento o incumplimiento del contrato, daños y perjuicios y corrección monetaria, por lo que la recurrida incurrió en infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 1.212 del Código Civil, y 12 del Código de Procedimiento Civil; y falsa aplicación del artículo 1.167 del Código Civil e INADMISIBLE la demanda, y así pido sea declarado con la correspondiente condena en costas…”. (Mayúsculas del texto).

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-I-

 

“…De la revisión de los contratos privados insertos en el folio 69, 71, 73, concatenando con otros elementos probatorios que constan en actas, se encuentra que los recibos que fueron considerados como contratos no tienen establecido un término o plazo, aplicándose en este caso lo establecido en el artículo 1212 del Código Civil.

La recurrida después de declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado VÍCTOR ARANDO PULIDO, en su carácter de co apoderado judicial de los demandados ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, contra la decisión definitiva de fecha 2 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 47, ordena y condena a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], pagar a los demandados JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, al suma de DIECISÉIS BOLÍVARES SOBERANOS [Bs.S. 16,00], que equivalen a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS [Bs. 1.600.709,5], para la fecha de interposición de la demanda, por concepto de saldo restante del precio de venta del inmueble, se reconoce de esta manera que la parte actora no cumplió con sus obligaciones de pagar el precio a la co demandada GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA como única vendedora del bien de la comunidad, para lo cual no existió ni existe un término para cumplimiento de dicha obligación como elemento fundamental y existencial del contrato como lo es el pago del precio, tampoco existió ni existe un término para a tradición o entrega del inmueble, siendo estos dos [02] elementos fundamentales para la configuración y perfeccionamiento del contrato de compraventa. De allí que no existiendo termino para el cumplimiento de las obligaciones de parte del comprador [pagar el precio] y de parte del vendedor [hacer la tradición de la cosa], debe está fijarse por el juez, tal y como lo prevé el artículo 1.212 del Código Civil, estableciendo el daño a través de la corrección monetaria a causa de la inflación experimentada.

INFLUENCIA DETERMINANTE EN EL DISPOSITIVO Y NORMAS APLICABLES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

Es evidente que la recurrida al declarar PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA y a su vez condenando al demandante al pago del precio restante a debido considerar la inexistencia del término para el cumplimiento de las obligaciones [pagar el precio y hacer la tradición], lo cual imposibilita determinar a qué parte [mora del vendedor o mora del comprador], debe imputarse la morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, tomándose en consideración que a falta de pago el precio debe ajustarse en el tiempo, de acuerdo a la máxima de experiencia que acarrea el hecho notorio de la inflación, debió entonces el juez a quo en lugar de declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, declarar la INADMISIBILIDAD de la demanda, conforme con la aplicación del artículo 1.212 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil, siendo ello determinante en el dispositivo del fallo, ya que es imprescindible determinar la parte que incurrió en incumplimiento de sus obligaciones y cuál no, pues la parte que no incurre en incumplimiento es la que se encuentra facultada por la ley para exigir a la otra su cumplimiento que resulta determinante para resolver la litis, con su modo de proceder el juez superior desaplico el artículo 1.212 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil.

Nuestra jurisprudencia ha establecido pacífica y reiteradamente que la corrección monetaria sólo procede en aquellas situaciones de retraso en el cumplimiento de la obligación, esto es, ´cuando el deudor no cancela su obligación en el lapso fijado y entra en mora estatuye el artículo 1.269 Código Civil establece, ´…`, mientras que el artículo 1.212 del mismo texto sustantivo estatuye como se ha indicado es estrictamente necesario establecer el término para el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes para determinar la morosidad de estos y como consecuencia la corrección monetaria en aquellas situaciones de retraso en el incumplimiento.

En el caso de autos es innegable que no había un plazo determinado para que la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], supuesta compradora pagara el precio, tampoco existía ni existe un plazo para que la única vendedora haga entrega la tradición o entrega material del inmueble, lo que denota que no se trataba de una obligación de ejecución inmediata sino diferida en el tiempo sin un término establecido, ya que según dichos del propio actor las condiciones serán fijadas por las partes de mutuo y común acuerdo [termino incierto], así las cosas consta en la propia sentencia recurrida en su Capítulo II [FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN. La parte actora en su escrito de la demanda expuso.

´…El precio convenido por las partes para la negociación de compra-venta del inmueble antes descrito fue la UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES [Bs. 1.800.000.000,00], pactando las partes que el precio establecido sería pagado por mi representada en las condiciones que de mutuo acuerdo se establecieran…`

Quedando claro entonces que NO existía un plazo o termino para el pago, el según el propio actor quedó para ser fijado en las condiciones que de mutuo acuerdo establecieran las partes. Y siendo que no consta en actas prueba alguna y tampoco fue alegado por la parte que se hubiesen puesto de acuerdo, era y es necesario la fijación de un término por parte del juez para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, lo que hace INADMISIBLE la presente demanda para que las partes recurran al juez a solicitar la fijación del mencionado termino, toda vez que las partes contratantes no pueden entrar en mora automáticamente, sino que debe fijarse dicho termino para garantía y seguridad jurídica de las mismas partes contratantes.

En fin NO existe constancia suficiente de que las partes comprador y vendedora estén en mora en el cumplimiento de sus obligaciones pagar el precio y hacer la tradición y desde este punto de vista NO existe causal alguna para demandar el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones conforme al artículo 1.167 del Código Civil con los daños y perjuicios, ni forma alguna para acordar o solicitar el ajuste o corrección monetaria de acuerdo a la inflación como un hecho público y notorio, pues previamente es necesario demandar la fijación del término o plazo que nos indica el artículo 1.212 del Código Civil para posteriormente poder determinar la morosidad, los daños y perjuicios si hubiere lugar a ellos y la corrección monetaria, por lo que el juez superior aplico falsamente la norma del artículo 1.167 del Código Civil, el juez aplica de manera errada el supuesto de hecho de la norma jurídica ante hechos que no se subsumen en ella; en otras palabras, no hay correspondencia entre los hechos y la norma jurídica aplicada al caso en concreto, toda vez que no se puede demostrar o probar la existencia de un plazo o termino que haya expirado sin que las partes hayan incumplido con las condiciones y obligaciones contraídas.

Del hecho y derecho alegado se desprende, lo siguiente:

1.-) Que NO existe un término o plazo para que las partes cumplan con sus obligaciones, por una parte para que la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS, C.A. [DALCA], pague el precio y por la otra para que la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, única vendedora del bien de la comunidad de gananciales haga la tradición del inmueble.

2.- La obligación NO era de ejecución inmediata, sino que por el contrario las demás obligaciones y condiciones serían fijadas por voluntad y a convención de las partes.

3.- Que NO existe un término que garantice la seguridad jurídica de las partes contratantes, ni forma alguna para determinar la morosidad, daños y perjuicios y corrección monetaria, NO existiendo entonces causal o requisitos que hagan procedente la acción por cumplimiento o incumplimiento de contrato conforme al artículo 1.167 del Código Civil.

Respecto del artículo 1.212 del Código Civil, la Sala en sentencia de fecha 24 de octubre de 1957, publicada en la obra del Código Civil Venezolano, 1992, autor: Nerio Perera Planas, Caracas-Venezuela, pág 691-693, en la cual se expresó lo siguiente:

…Omissis…

De acuerdo con la precedente jurisprudencia supra transcrita se evidencia que de conformidad con el artículo 1.212 del Código Civil, cuando hay una obligación cuyo plazo para su cumplimiento no está establecido ni es de cumplimiento inmediato, el juez tiene la obligación de fijar dicho plazo como garantía y seguridad jurídica de las partes.

Ahora bien, en aplicación de la precedente jurisprudencia al caso de autos debe esta honorable Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinar que efectivamente N0 existe un plazo o termino para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratantes [pagar el precio y hacer la tradición de la cosa], por lo que tampoco es posible determinar la morosidad de las partes que den lugar a los requisitos previstos en el artículo 1.167 del Código Civil para demandar el cumplimiento o incumplimiento del contrato, daños y perjuicios y corrección monetaria, por lo que la recurrida incurrió en infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 1.212 del Código Civil, y 12 del Código de Procedimiento Civil; y falsa aplicación del artículo 1.167 del Código Civil e INADMISIBLE la demanda, y así pido sea declarado con la correspondiente condena en costas…”. (Mayúsculas del texto).

 

Delata el recurrente la vulneración de los artículos 1.212 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación y la violación del artículo 1.167 del Código Civil por falsa aplicación; argumentando a tal efecto, que de la revisión de los contratos privados no se desprende la existencia de un plazo para que las partes cumplan sus obligaciones, por lo que era necesario la fijación de un término por parte del juez, por lo que resulta inadmisible la presente acción.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Sobre el vicio de falta de aplicación de una norma, reiteradamente esta Sala ha sostenido qué ocurre cuando el juez no emplea una norma jurídica, expresa vigente aplicable y subsumible, la cual resulta idónea para la resolución de la controversia planteada, dando lugar a una sentencia injusta y susceptible de nulidad, pues, de haberla aplicado cambiaría esencialmente el dispositivo en la sentencia. (Ver sentencia N° 494, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra).

 

Por otra parte, la Sala ha establecido que el supuesto de falsa aplicación “…ocurre cuando el juez aplica una norma jurídica, a una situación fáctica que no está comprendida en el precepto. Es decir, la falsa aplicación ocurre cuando un hecho que ha sido establecido por el sentenciador se califica mal y en consecuencia, se subsume en una norma jurídica, la cual no debía regular la situación planteada en el proceso…”. (Ver sentencia N° 236, de fecha 11 de abril de 2008, caso: Josefa Gregoria Pérez Álvarez y otros, contra Silverio Antonio Pérez Álvarez).

 

En atención a lo expuesto, advierte esta Sala de Casación Civil que para delatar el referido vicio y permitirle a esta Sala entrar a conocer la respectiva denuncia, es necesario que el formalizante cumpla con una técnica específica al momento de elaborar su escrito de formalización.

 

Ahora bien, en cuanto a la adecuada fundamentación que debe cumplir el escrito de formalización, esta Sala, mediante sentencia N° 392, de fecha 31 de mayo de 2012, caso: José Alberto Perdomo Rangel y otra, contra Nanci Andrés Suzzarini Baloa, ha señalado lo siguiente:

 

“…el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.

(…) el formalizante debe razonar de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, esto es, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo. Asimismo, debe plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinto en uno u otro caso. Pero, en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, debe también indicar si la norma fue infringida por errónea, falsa o falta de aplicación, así como demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.

(…Omissis…)

En la decisión de las denuncias de casación por infracción de ley, la Sala no puede examinar otras actas del expediente, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y el efecto que produce la declaratoria con lugar de este recurso es la casación o nulidad de la sentencia recurrida y su reenvío a otro juez superior, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autorizan prescindir de éste último…”. (Subrayado de la sentencia).

 

El anterior criterio jurisprudencial, que hoy se reitera, y establece entre otras cosas, la importancia y la utilidad de emplear una técnica adecuada para recurrir en casación, lo cual se traduce en el cumplimiento de una serie de requisitos que permitan la comprensión lógica de los planteamientos explanados en las denuncias, requerimientos estos, que si bien han sido flexibilizados, no dejan de ser una carga para el recurrente que no puede ser suplida por esta Sala.

 

Ahora bien, siendo que lo pretendido por la formalizante, a través de una denuncia por falta y falsa aplicación de una norma, está dirigido a atacar el razonamiento del juez respecto a las pruebas traídas al proceso, y las conclusiones a las que arribó la ad quem acorde con lo dispuesto en los aludidos recibos de pago, debió encuadrar su delación bajo el contexto de una denuncia de casación sobre los hechos, por algún error en el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas, los cuales están previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo que no fue denunciado en el caso concreto.

 

En consecuencia, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto y en aplicación a la jurisprudencia anteriormente transcrita, la Sala desestima la presente denuncia por falta de aplicación  de los artículos 12 y 1.212 del Código Civil y artículo 1.167 eiusdem, por falsa aplicación, por verificarse la inadecuada fundamentación en la misma. Así se establece.

 

Ahora bien, la Sala por razones de método, considera pertinente acumular la segunda denuncia por infracción de ley contenida en el ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL, como también la segunda delación por infracción de ley del ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL REFERIDO ESCRITO DE FORMALIZACIÓN, por cuanto están fundamentadas bajo los mismos términos. Debido a lo cual, se pasan a resolver de la siguiente manera:

 

DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-II-

 

De acuerdo al numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12 y 320 eiusdem, se denuncia la vulneración de los artículos 168, 170, 1.159, 1.160 y 1.351 del Código Civil, por falta de aplicación. Para fundamentar su delación señala:

 

“…FALTÓ EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS CÓNYUGES EN ESTE CASO DEL CIUDADANO JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA PARA DISPONER A TITULO ONEROSO DEL INMUEBLE [GALPÓN] QUE FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES CON LA CO DEMANDADA GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA.

´De acuerdo con las normas NO aplicadas por la juez de alzada como sustento de su decisión, todo contrato o negocio jurídico que conlleve a la disposición de bienes o derechos propiedad de la comunidad de gananciales, requiere para su existencia y validez el consentimiento de ambos cónyuges o la convalidación del mismo, cumpliéndose en el caso de la convalidación con los extremos del artículo 1.351 del Código Civil, sin lo cual el contrato sería nulo, tal y como lo dispone el artículo 168 del Código Civil, en su primer aparte, y los artículos 170 y 1.351 también del Código Civil, tal como aconteció en el presente caso por falta del consentimiento expreso de uno de los cónyuges y la falta de convalidación del mismo.

En el presente caso los comprobantes de egreso y recibos de pago a la co demandada GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, impugnados no constituye en forma alguna un contrato traslativo o dispositivo de bienes o derechos reales, ya que la naturaleza o propósito, puesto en evidencia claramente tanto en su redacción como por la expresada voluntad de sus otorgantes, es la de simple recibos en los que no se dispusieron ni se gravaron de forma alguna los bienes y derechos pertenecientes a la comunidad conyugal conformada por los ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, aunado al hecho cierto que el codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA, NO aceptó ninguno de los comprobantes o recibos de pago. Es necesario recalcar y ello pone en evidencia el vicio de falsa aplicación de las normas contempladas en los artículos 168, 170 y 1.351 del Código Civil que solo en aquellos contratos donde se ejecuta una enajenación a título gratuito u oneroso, o en el que se gravan bienes inmuebles, derechos, acciones u obligaciones que pertenezcan a una comunidad conyugal, es que será necesario para su existencia y validez el consentimiento demanda y a lo largo del juicio ha manifestado su desacuerdo y nulidad de la supuesta negociación como excepción de fondo.

Puede apreciarse que el documento de propiedad del bien objeto de la negociación impugnada figura a nombre solo del cónyuge JOSÉ VICENTE ALCANATARA (sic) NOGUERA, quien NO dio su consentimiento de manera expresa, ni de ninguna otra manera, NO firma los comprobantes ni ninguno de los recibos manifestando su rechazo, impugnación y desacuerdo con los comprobantes y recibos y por consiguiente con la seudo negociación durante el proceso desde la contestación a la demanda, conociendo el actor o comprador sobre el estado civil de ´CASADA` de la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, de donde se deduce la mala fe por parte del actor [comprador].

La infracción denunciada de falta de aplicación de normas fue determinante en el fallo recurrido, puesto que la juez de alzada, al NO aplicar las normas previstas en los artículos 168, 170 y 1.354 del Código Civil, incurrió en el vicio aquí denunciado. La falta de aplicación se concreta cuando el juez superior consideró probado el consentimiento del codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA, con las pruebas de posiciones juradas, pruebas de informes y testimoniales, siendo que tal consentimiento NO puede ser tácito, ni mucho menos presunto, pues el consentimiento debe siempre ser expreso, sin lugar a equívocos, y sin ninguna duda, debe ser libre, sin coacción, dicho consentimiento involucra el orden público como garantía de seguridad en una negociación o contrato de compraventa de bienes que integran la comunidad de gananciales, el seudo contrato objeto de controversia, como un medio unilateral mediante el cual solo se obligó uno de los cónyuges la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, lo que vicia de nulidad la referida negociación, y que no constituye en ningún momento forma alguna de traslación de la propiedad de bienes de la comunidad de gananciales, además que en su redacción no se especifica, ni se determina el bien objeto del litigio por su características, situación, linderos y ubicación.

NO hubo voluntad, ni aceptación, ni el consentimiento manifestado de manera expresa por el cónyuge codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA para enajenar el galpón que forma parte de la comunidad, el demandante es un inquilino y como tal se viene comportando pagando incluso el canon de arrendamiento, la falta de aplicación de las norma jurídicas se produce porque el Juez Superior dio por aceptada la negociación [consentimiento] de manera tácita o presunta.

En el caso de estudio, se denuncia que la recurrida incurrió en falta de aplicación de los artículos 168, 170 y 1.351 del Código Civil, pues siendo que la vendedora se encontraba casada, requería de la aprobación de su cónyuge para este negocio.

El cónyuge en cuestión, NO dio consentimiento alguno ni tampoco acepto la negociación de compraventa de manera tácita o presunta, pues tal forma de dar el consentimiento no es legal.

Luego de efectuadas las anteriores consideraciones es oportuno concluir que el ciudadano VICENTE ALCÁNTARA no ha convalidado ningún contrato y as (sic) debe ser decidido. La falta del consentimiento de uno de los cónyuges acarrea la nulidad del contrato por lo que debe declararse tal nulidad. Por todo lo antes expuesto solicito se declare CON LUGAR el presente recurso de casación, la nulidad de la sentencia recurrida y se declare SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA. Así pido sea decidido…”. (Mayúsculas del texto).

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-II-

 

“…FALTÓ EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS CÓNYUGES EN ESTE CASO DEL CIUDADANO JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA PARA DISPONER A TITULO ONEROSO DEL INMUEBLE [GALPÓN] QUE FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES CON LA CO DEMANDADA GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA.

´De acuerdo con las normas NO aplicadas por la juez de alzada como sustento de su decisión, todo contrato o negocio jurídico que conlleve a la disposición de bienes o derechos propiedad de la comunidad de gananciales, requiere para su existencia y validez el consentimiento de ambos cónyuges o la convalidación del mismo, cumpliéndose en el caso de la convalidación con los extremos del artículo 1.351 del Código Civil, sin lo cual el contrato sería nulo, tal y como lo dispone el artículo 168 del Código Civil, en su primer aparte, y los artículos 170 y 1.351 también del Código Civil, tal como aconteció en el presente caso por falta del consentimiento expreso de uno de los cónyuges y la falta de convalidación del mismo.

En el presente caso los comprobantes de egreso y recibos de pago a la co demandada GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, impugnados no constituye en forma alguna un contrato traslativo o dispositivo de bienes o derechos reales, ya que la naturaleza o propósito, puesto en evidencia claramente tanto en su redacción como por la expresada voluntad de sus otorgantes, es la de simple recibos en los que no se dispusieron ni se gravaron de forma alguna los bienes y derechos pertenecientes a la comunidad conyugal conformada por los ciudadanos JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA Y GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, aunado al hecho cierto que el codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA, NO aceptó ninguno de los comprobantes o recibos de pago. Es necesario recalcar y ello pone en evidencia el vicio de falsa aplicación de las normas contempladas en los artículos 168, 170 y 1.351 del Código Civil que solo en aquellos contratos donde se ejecuta una enajenación a título gratuito u oneroso, o en el que se gravan bienes inmuebles, derechos, acciones u obligaciones que pertenezcan a una comunidad conyugal, es que será necesario para su existencia y validez el consentimiento demanda y a lo largo del juicio ha manifestado su desacuerdo y nulidad de la supuesta negociación como excepción de fondo.

Puede apreciarse que el documento de propiedad del bien objeto de la negociación impugnada figura a nombre solo del cónyuge JOSÉ VICENTE ALCANATARA (sic) NOGUERA, quien NO dio su consentimiento de manera expresa, ni de ninguna otra manera, NO firma los comprobantes ni ninguno de los recibos manifestando su rechazo, impugnación y desacuerdo con los comprobantes y recibos y por consiguiente con la seudo negociación durante el proceso desde la contestación a la demanda, conociendo el actor o comprador sobre el estado civil de ´CASADA` de la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, de donde se deduce la mala fe por parte del actor [comprador].

La infracción denunciada de falta de aplicación de normas fue determinante en el fallo recurrido, puesto que la juez de alzada, al NO aplicar las normas previstas en los artículos 168, 170 y 1.354 del Código Civil, incurrió en el vicio aquí denunciado. La falta de aplicación se concreta cuando el juez superior consideró probado el consentimiento del codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA, con las pruebas de posiciones juradas, pruebas de informes y testimoniales, siendo que tal consentimiento NO puede ser tácito, ni mucho menos presunto, pues el consentimiento debe siempre ser expreso, sin lugar a equívocos, y sin ninguna duda, debe ser libre, sin coacción, dicho consentimiento involucra el orden público como garantía de seguridad en una negociación o contrato de compraventa de bienes que integran la comunidad de gananciales, el seudo contrato objeto de controversia, como un medio unilateral mediante el cual solo se obligó uno de los cónyuges la ciudadana GLADYS ELENA PULIDO DE ALCÁNTARA, lo que vicia de nulidad la referida negociación, y que no constituye en ningún momento forma alguna de traslación de la propiedad de bienes de la comunidad de gananciales, además que en su redacción no se especifica, ni se determina el bien objeto del litigio por su características, situación, linderos y ubicación.

NO hubo voluntad, ni aceptación, ni el consentimiento manifestado de manera expresa por el cónyuge codemandado JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA para enajenar el galpón que forma parte de la comunidad, el demandante es un inquilino y como tal se viene comportando pagando incluso el canon de arrendamiento, la falta de aplicación de las norma jurídicas se produce porque el Juez Superior dio por aceptada la negociación [consentimiento] de manera tácita o presunta.

En el caso de estudio, se denuncia que la recurrida incurrió en falta de aplicación de los artículos 168, 170 y 1.351 del Código Civil, pues siendo que la vendedora se encontraba casada, requería de la aprobación de su cónyuge para este negocio.

El cónyuge en cuestión, NO dio consentimiento alguno ni tampoco acepto la negociación de compraventa de manera tácita o presunta, pues tal forma de dar el consentimiento no es legal.

Luego de efectuadas las anteriores consideraciones es oportuno concluir que el ciudadano VICENTE ALCÁNTARA no ha convalidado ningún contrato y as (sic) debe ser decidido. La falta del consentimiento de uno de los cónyuges acarrea la nulidad del contrato por lo que debe declararse tal nulidad. Por todo lo antes expuesto solicito se declare CON LUGAR el presente recurso de casación, la nulidad de la sentencia recurrida y se declare SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA. Así pido sea decidido…”. (Mayúsculas del texto).

Delata el formalizante la vulneración por parte de la recurrida de los artículos 168, 170, 1.159, 1.160 y 1.351 del Código Civil, por falta de aplicación, dado que –a su decir- faltó el consentimiento expreso de uno de los cónyuges, vale decir, del ciudadano José Vicente Alcántara Noguera, para que se dispusiera de un inmueble perteneciente a la comunidad de gananciales, pues -aduce- los comprobantes de egresos y recibos de pago dirigidos a la ciudadana Gladys Elena Pulido de Alcántara no constituyen contrato traslativos de bienes o derechos reales; siendo que -arguye- de los mismos no se expresa voluntad de sus otorgantes y que en ellos no se dispusieron ni se gravaron de forma alguna bienes y derechos pertenecientes a la comunidad de gananciales. Alegando asimismo, que dichos recibos de pagos nunca fueron aceptados por el prenombrado ciudadano.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La falta de aplicación de una norma ocurre cuando el órgano jurisdiccional no utiliza la norma correspondiente por desconocimiento, por considerarla inexistente, o por suponer que la misma no se hallaba vigente para determinar y elaborar sus conclusiones en el dispositivo del fallo.

 

Ahora bien, de la lectura de la presente denuncia se observa que el recurrente nuevamente pretende que atacar el razonamiento del juez respecto a las pruebas traídas al proceso, y las conclusiones a las que arribó la jueza de alzada, conforme con lo previsto en los aludidos recibos de pago; en ese sentido, -tal como fue previamente establecido en la denuncia anterior- debió encuadrar su delación bajo el contexto de una denuncia de casación sobre los hechos, por algún error en el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas, los cuales están previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo que no fue denunciado en el caso concreto.

 

Aunado al hecho que de la lectura de la recurrida se evidencia que la jueza de alzada al dilucidar el alegato referido a la falta de consentimiento de uno de los cónyuges, estableció que “…las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera y de la prueba de informes solicitada a la Notaría Pública Primera de San Cristóbal estado Táchira, que el referido ciudadano otorgó poder general de administración y disposición a su cónyuge aquí demandada, el 6 de julio de 2010. También sobre este aspecto, esta juzgadora valoró cada testimonial y específicamente de la declaración de los ciudadanos Franklin Alexander Sánchez García, Luis Ramón Hernández Guanipa, adminiculadas a las documentales valoradas para determinar que el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera siempre estuvo en conocimiento de la negociación de compra venta pactada y se benefició de los pagos realizados y probados por la demandante por el concepto de abono al precio de venta del inmueble, razón por la cual tomando en consideración que las firmas impugnadas con la tacha y el desconocimiento de instrumentos resultaron ser las de su cónyuge, estima esta sentenciadora que sí autorizó la venta en cuestión…”. Ello así, mal podría considerar esta Sala la falta de consentimiento de uno de los cónyuges, pues el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera, admitió que le otorgó poder general de administración y disposición a su cónyuge, ciudadana Gladys Elena Pulido de Alcántara y así lo afirma la prueba de informes solicitada a la Notaría Pública Primera de San Cristóbal Estado Táchira.

 

En virtud de lo anterior, la Sala desestima la presente denuncia, por verificarse la inadecuada fundamentación en la misma. Así se establece.

 

DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN CONTRA EL FALLO QUE SE PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL JUICIO PRINCIPAL

-III-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 508 ibídem, por error en su interpretación y el artículo 507 del Código Adjetivo Civil, por falta de aplicación. Sustenta su delación de la siguiente manera:

 

“…La recurrida valoro erradamente las posiciones Juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara y las testimoniales de los ciudadanos FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ GARCÍA y LUIS RAMÓN HERNÁNDEZ GUANIPA, de la siguiente manera:

´quedó evidenciado igualmente de las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera y de la prueba de informes solicitada a la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, estado Táchira, que el referido ciudadano otorgó poder general de administración y disposición a su cónyuge aquí demandada, el 6 de julio de 2010. También sobre este aspecto, esta juzgadora valoró cada testimonial y específicamente de la declaración de los ciudadanos Franklin Alexander Sánchez García, Luis Ramón Hernández Guanipa, adminiculadas a las documentales valoradas para determinar que el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera siempre estuvo en conocimiento de la negociación de compra venta pactada y se benefició de los pagos realizados y probados por la demandante por el concepto de abono al precio de venta del inmueble, razón por la cual tomando en consideración que las firmas impugnadas con la tacha y el desconocimiento de instrumentos resultaron ser las de su cónyuge, estima esta sentenciadora que sí autorizó la venta en cuestión…`.

Ahora ciudadanos Magistrados, las posiciones juradas absueltas pro (sic) el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera nada dice respecto al consentimiento para aceptar la venta y de las testimoniales se desprende que los mismos se limitaron en expresar que conocen al ciudadano JOSÉ VICENTE ALCATARA NOGUERA haciendo referencia a la fomentación de unas mejoras que no son objeto del presente juicio, sin embargo la juez de la recurrida al analizar y valorar la prueba y aplicar el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil lo hace de manera errada y extrae de sus deposiciones hechos que NO contiene, extrajo de allí de esas exposiciones la manifestación de voluntad o mejor dicho el ´consentimiento para contratar` dado por el ciudadano JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA el cual no consta como se dijo antes en esas deposiciones, no fue probado ni puede ser probado ese consentimiento que debe ser expreso y sin lugar a dudas por el propio propietario vendedor y dado por escrito, con esa forma de proceder la juzgadora dejó de aplicar las sana critica prevista en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, pues estando presente el ciudadano José Vicente Alcántara Noguera, no se requería el otorgamiento de poder alguno, de esa manera no se aplicó la sana crítica y extrajo menciones que no constan en las actas testimoniales en cuadrando tal vicio en el artículo 320 de la norma adjetiva civil y así debe ser decidido.

De allí que la incurrida en un error en la interpretación del artículo 508, pues lo aplico haciendo una errada valoración de la prueba testimonial al extraer un concepto que no contiene dichas acta testimonial e incurre la falta de aplicación del artículo 507, pues de haberlo aplicado de acuerdo a la sana critica hubiese arribado a la conclusión que las testimoniales están referidas solo a afirmar que los testigos presentados conocen al ciudadano JOSÉ VICENTE ALCÁNTARA NOGUERA y que este a su vez ordenó y permitió la construcción de unas mejoras que NO son objeto de la controversia, lo cual nada dice con respecto al ´consentimiento para vender` que debe ser expreso y sin lugar a dudas, tal denuncia es determinante para el dispositivo del fallo toda vez que la falta del consentimiento de uno de los cónyuges para contratar vicia de nulidad el contrato objeto de la demanda y así pido sea decidido por esta superioridad CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN Y NULA LA SENTENCIA RECURRIDA…”. (Mayúsculas y negrillas del texto).

 

Delata el recurrente la vulneración de los artículos 508 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación y del 507 eiusdem, por falta de aplicación; alegando a tal efecto, que el ad quem valoró de forma errada las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara y las testimoniales de los ciudadanos Franklin Alexander Sánchez García y Luis Ramón Hernández Guanipa, pues –a su decir- no se aplicó la sana crítica y se extrajo menciones que no constan en tales actas, dado que -aduce- de las mismas no se dice nada respecto del consentimiento del prenombrado ciudadano de contratar.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En relación con el error de interpretación de la norma jurídica, la jurisprudencia ha explicado que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aún cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido.

 

Asimismo, como se señaló en la denuncia anterior, esta Sala ha establecido en forma reiterada, que la falta de aplicación ocurre cuando el juez no aplica una norma jurídica vigente, que resulta idónea para resolver el asunto sometido a su consideración y que de haberla empleado, el dispositivo del fallo sería otro; ya sea porque la ignora, porque se niega a reconocer su existencia, o porque considera aplicable una norma derogada o que nunca ha estado en vigor.

 

Ahora bien, respecto al valor probatorio de la prueba testimonial y las posiciones juradas y su control en casación, la Sala en sentencia N° 556, de fecha 24 de septiembre de 2013, caso: Asesoramiento Integral JV C.A., contra Maquinas 2000 C.A.; reiterada en sentencia N° 160, de fecha 11 de marzo de 2016, caso Osvaldo Ramón Pachano Chirinos, contra Distribuidora Ures C.A. expediente N° 15-681, se estableció lo siguiente:

 

“…Por otra parte no menos importante, también cabe señalar, que si la formalizante lo que intenta combatir con esta delación, es el análisis hecho por la juez de alzada en cuanto a las deposiciones judiciales, cuando las desecho, ésta debió dirigir su denuncia conforme a la doctrina de esta Sala, en cuanto a la manera correcta de impugnar en casación el análisis de los testigos por parte de los jueces de instancia, la cual se ve reflejada entre otras en su sentencia N° RC-707, de fecha 28 de octubre de 2005, expediente N° 2004-021, caso: CENTRO DE AUTO-EDICIÓN COLORS PRINT C.A., contra SEGUROS LA FEDERACIÓN C.A., reiterada en fallo N° RC-641, de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2012-241, caso: MARITZA JOSEFINA RINCÓN RIVERA, contra PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., que dispuso lo siguiente:

´…Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:

´Recientemente, en sentencia N° RC 00259, de fecha 19 de mayo de 2005, caso: Jesús Enrique Gutiérrez Flores contra Carmen Noelia Contreras, exp. N° 03-721, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

´…Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que ´…en vez de frenar pisó el acelerador…`, mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.

En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. [Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.].

En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:

´…1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.

2. El Juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.

3. En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica [artículo 507], debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias…`. (…).

De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.

…Omissis…

Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre…`. (…).

No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.

Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.

…Omissis…

De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.

Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.

La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva.` (…).

En consideración a todo lo antes expuesto, esta denuncia por supuesta violación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, es improcedente y en consecuencia es desechada. Así se decide…`…”. (Subrayado de la Sala).

 

De la jurisprudencia antes transcrita se desprende que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva; siendo que sólo podrá ser censurado en casación cuando haya incurrido en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia, concatenando dicha denuncia con otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial.

 

En aplicación a la jurisprudencia transcrita, se infiere que la fundamentación dada por el recurrente no se adecúa a la técnica requerida para que la Sala conozca de la misma, dado que, si bien aduce la infracción de los artículo 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, normas que regula la valoración de la prueba testimonial; sin embargo pretende que la Sala descienda a examinar la valoración que le dio la jueza a las posiciones juradas absueltas por el ciudadano José Vicente Alcántara y a la prueba testimonial rendida por los ciudadanos Franklin Alexander Sánchez García y Luis Ramón Hernández Guanipa, para que la Sala emita una valoración distinta de la establecida por el juez lo cual no es posible en virtud de que escapa del control de la Sala por ser un tribunal de derecho, y que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente.

 

Con base a lo anterior, se debe declarar improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de fecha 6 de noviembre de 2018.

 

SE CONDENA en costas del recurso a la parte demandada recurrente.

 

Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del estado Táchira. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres  (3) días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160° de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

 

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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente,

 

 

 

 

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FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

 

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GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada-Ponente,

                                 

 

 

 

________________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

 

 

________________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

 

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MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp. AA20-C-2019-000129

Nota: Publicado en su fecha a las

 

 

 

Secretaria Temporal,

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