Sentencia N.º RC.000648
- Sentencia
- N.º RC.000648
- Fecha
- 24/10/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-571
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000571
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por cobro de bolívares y daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, representado judicialmente por los abogados en libre ejercicio de su profesión Roselyn Daher Daher, Carlos Alfredo Aguilar Flores y Ramón Alfredo Aguilar Montaño, contra la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, patrocinada judicialmente por los abogados en libre ejercicio de su profesión María Rosa Pérez Mata, Vezna Hernández, Edith Torres de Montealegre, Liz Sonia Melim Teles, Juan Luis Aguana Figuera y Raúl Aguana Santamaría; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 9 de mayo 2016, mediante la cual declaró lo siguiente:
( ) PRIMERO: Sin lugar recurso de apelación interpuesto el 09 (sic) de enero del 2015, por el abogado CARLOS AGUILAR, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte accionante, ciudadano NELSON PEÑA RIVAS, contra la sentencia dictada el 10 de diciembre del 2014 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SEGUNDO: Con lugar la falta de cualidad pasiva opuesta por la parte demandada ciudadana; ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, ampliamente identificada en el encabezado del presente fallo.
Queda CONFIRMADO el fallo apelado.
Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (Destacado de lo transcrito)
Contra la referida decisión de alzada, el demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
En fecha 12 de julio de 2016, la Sala recibió el expediente; y el 29 de julio de 2016, se efectuó el acto público de asignación de ponencias correspondiéndole la presente al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
-DE LA CUESTIÓN JURÍDICA PREVIA-
Primeramente es necesario referir lo que esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada, en relación a la carga que tiene el formalizante de atacar en forma previa o en primer término a cualquier otro particular del juicio, la cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito, o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamente una sentencia, tal como ocurre en este caso con la decisión recurrida, la cual declaró la falta de cualidad pasiva opuesta por la demandada.
Al efecto, esta Sala en torno a la existencia de una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito, o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamenta la sentencia, en su fallo N° RC-504, de fecha 17 de septiembre de 2009, expediente N° 2007-900, caso: Chee Sam Chang contra Manuel Lorenzo Benítez González y otra, que refiere al fallo Nº RC-306, de fecha 23 de mayo de 2008, expediente Nº 2007-904, caso: Representaciones Valeri Fashion F, C.A., contra las sociedades mercantiles Administradora Alegría, C.A. y Centro Importador Abanico, C.A., que fue reiterada en fallo Nº RC-824, de fecha 9 de diciembre de 2008, expediente Nº 2008-095, caso: La Rinconada C.A., contra los ciudadanos Gladys Gubaira de Matos y otros, estableció lo siguiente:
Ahora bien, sobre la cuestión jurídica previa en la sentencia de mérito, la Sala ha establecido de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, Caso: Rose Marie Convit de Bastardo y otros c/ Inversiones Valle Grato C.A. que:
cuando el Juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales, pues si los hechos invocados y la norma jurídica que le sirve de sustento legal no existen o ésta fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos procesales distintos a los establecidos en la Alzada, o en el caso, por el Tribunal de Reenvío, el recurrente está obligado a combatirlos previamente; y si tiene éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir el mérito mismo de la cuestión principal debatida en el proceso ´.
En igual sentido, este Alto Tribunal estableció en decisión de fecha 24 de septiembre de 2003, Caso: Construcciones y Mantenimiento S Y P C.A., c/ Rasacaven S.A., que:
el formalizante omitió impugnar, a través de su denuncia de actividad, la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida... Sobre la carga del formalizante de atacar la cuestión jurídica previa establecida, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente: ...Como previamente fue establecido, en el caso bajo estudio, el Juez de la recurrida se basó en una cuestión jurídica previa para declarar sin lugar la demanda...´, que de conformidad con la doctrina de esta Sala ha debido ser atacado en forma previa por el formalizante ya sea bajo el amparo de denuncias por defectos de forma o por defectos de fondo ´.(Mayúsculas y cursivas del texto).
Es claro, pues, que el recurrente ha debido combatir el pronunciamiento del Juez Superior .
En consecuencia, dado que el Juez basó su decisión, en una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito, como cuestión jurídica previa, en base a la falta de cualidad pasiva opuesta por la demandada, y esta tiene fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de la controversia; esta Sala por consiguiente conocerá de la denuncia contenida en el escrito de formalización, si el recurrente ataca con prioridad, el asunto de derecho, es decir lo relacionado a la falta de cualidad pasiva decretada en el presente caso; lo cual impidió a la alzada pronunciarse sobre el fondo de la causa. Así se establece.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-ÚNICA-
Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 509 eiusdem, por silencio de pruebas, bajo la siguiente fundamentación:
Señala el formalizante:
En este orden de ideas consideramos que la ciudadana Juez (sic) Superior (sic), en el presente caso al momento de declarar la falta de cualidad incurrió en un error in iudicando, en virtud de haber incurrido en Infracción (sic) de Ley (sic), por Silencio (sic) de Pruebas (sic), en virtud de ello fundamos el presente recurso de lo preceptuado en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
( omissis )
En la Sentencia (sic) aquí recurrida, el Juzgado Superior Primero en la (sic) Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de manera flagrante dejo de aplicar lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
( omissis )
Ciudadanos Magistrados, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha nueve (09) (sic) de mayo de 2.016, no se encuentra ajustada a derecho, ya que no procedió a apreciar las pruebas aportadas en el Juicio (sic) y en virtud de ello declaró Con (sic) Lugar (sic), la defensa invocada por la parte demandada de falta de cualidad, situación que es contraria a derecho pues en las pruebas acompañadas a la demanda existe prueba suficiente para demostrar la cualidad de la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, para ser demandada en el presente juicio.
DE LAS PRUEBAS EVACUADAS EN EL PROCESO Y EL DEBATE PROBATORIO.
Durante el presente proceso los documentos que se acompañaron a la demanda y que fueron debidamente promovidos en la oportunidad legal correspondientes, no fueron tachados, impugnados, ni desconocidos por la parte demandada, ni al momento de dar contestación a la demanda, ni posteriormente al momento de la promoción de pruebas, documentos que fueron debidamente admitidos por el Tribunal (sic) de la causa, al momento de emitir el auto de la admisión de las pruebas, en este sentido todos los documentos aportados tienen pleno valor probatorio no controvertido y así debían ser declarados por el Tribunal (sic) Superior (sic).
DE LOS HECHOS EXPUESTO (sic) EN EL LIBELO DE LA DEMANDA Y QUE FUERON DEBIDAMENTE PROBADOS EN EL PRESENTE PROCESO.
En este sentido los hechos explanados en el libelo de la demanda, se encuentran debidamente probados y así lo indicamos al Tribunal (sic) Superior (sic), de la siguiente manera:
En fecha cuatro (04) (sic) de noviembre de 2003, se firmó entre los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO (fallecido antes de iniciar el presente juicio) ( ), quien afirmaba actuar en nombre propio y en representación de su cónyuge la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO (parte demandada en el presente juicio, en virtud de mantener comunidad conyugal con el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ser su única y universal heredera) ( ), y los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ ( ) y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS ( )m, quienes para la fecha eran cónyuges, un documento en el cual los cónyuges RUGGIERO BOLOGNA, daban en venta pura y simple a los cónyuges PEÑA QUIÑONEZ, un inmueble constituido por un local de oficina (N° 803), ubicado en el piso 8, del edificio Cavendes´, en la urbanización Los Palos Grandes´, Municipio Chacao, con una superficie de Ciento (sic) Setenta (sic) y Nueve (sic) metro cuadrados (179 mts2), el cual le pertenecía a los vendedores según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacho, de fecha 04 (sic) de febrero de 1977, anotado bajo el N° 11, tomo 15, protocolo Primero. Dicho documento de venta se firmó en la oficina objeto de la misma ya que los vendedores se ocuparon de habilitar y trasladar los funcionarios de la Oficina de Registro, siendo el caso que dicho documento según lo expresado en dicha oportunidad por el funcionario de la oficina de Registro, quedó registrado ante la oficina Subalterna de registro del Municipio Chacao, en fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, bajo el N° 23, tomo 12, Protocolo Primero. El precio fijado de la venta fue la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 186.000.000,00).
De los cuales se cancelaron como parte del precio en ese momento en dos Cheques (sic) de Gerencia (sic) del banco Caroní banco Universal las siguientes cantidades:
1.-) La cantidad de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00), cheque de gerencia N° 4200504420.
2.-) La cantidad de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00), cheque de gerencia N° 42005046200.
Ambos cheques fueron cancelados a nombre del ciudadano GUISEPPE RUGGIERO DI PRISCO, quien procedió efectivamente a cobrarlos.
Posteriormente los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO ´PEÑA RIVAS, se trasladaron a la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacao, a solicitar se le entregara copia del documento que habían firmado en fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, bajo el N° 23, tomo 12, Protocolo Primero, para lo cual llevaron el documento que le habían dado después de la firma. En ese momento los funcionarios del Registro, se percataron que dicho documento no se encontraba registrado y procedieron a retenerlo, para verificar su autenticidad.
Luego de muchas discusiones sin llegar a ningún arreglo al respecto los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, procedieron a interponer una denuncia penal, en fecha 22 de junio de 2004, la cual fue tramitada bajo el N° G-649.331, nomenclatura de la División de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, seguida por la Fiscalía 63 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, bajo el N° 01F63-287-2004, y por el Tribunal 48 de Control del Área Metropolitana de Caracas, bajo el N° 48C-5868-05, ya que consideraron que eran objeto de fraude, en virtud de haberse determinado que el documento que le otorgaba la propiedad del inmueble comprado (sic) por ello era falso, porque así se lo habían confirmado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacao, por una parte y por otra el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, se negaba a firmar un nuevo documento de venta, ni a devolver el dinero que se le había entregado en la negociación.
Ciudadanos Magistrados, la investigación realizada en virtud de la denuncia presentada fue llevada a cabo por la fiscalía N° 63 del Ministerio Público, se acompaño al libelo de la demanda marcado B´ juego de Copias (sic) Certificadas (sic) emanadas del tribunal 48 de Control del Área Metropolitana de Caracas, bajo el N° 48C-5868-05, en los cuales encontramos los documentos que durante esa investigación determinaron los objeto (sic)
De la presente demanda y como ya lo dijimos traídos al presente juicio, no siendo impugnados, tachados o desconocido en modo alguna (sic) por la parte demandada con lo cual se le debe dar pleno valor a los hechos demostrados con ellos:
A.-) Se determinó la falsedad del documento de venta firmado por los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO ( ), quien actuaba en nombre propio y representación de su cónyuge la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO ( ), y los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ ( ) y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS ( ), sobre el inmueble constituido por un local de oficina (N° 803), ubicado en el piso 8, del Edifico Cavendes´, ubicado en la urbanización Los Palos Grandes´, Municipio Chacao, con una superficie de Ciento (sic) Setenta (sic) y Nueve (sic) metros cuadrados (179 mts2), firmado en fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, se acompañó copia de dicho documento marcado B1´; sin embargo se comprobó que la firma del ciudadano Giuseppe Ruggiero Di Prisco, si era original en el documento de compra venta realizado en fecha 4 de noviembre de 2003, sobre el inmueble constituido por un local de oficina (N 803), según consta en el informe pericial realizado por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se acompañó copia de dicho documento marcado (sic):
B.-) Se determinó que la fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO ( ), le había otorgado a su cónyuge GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, un poder ante la Notaría Pública Primera de Porlamar, en fecha 21 de abril de 2003, bajo el N° 30, tomo 28, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, ( se acompañó copia certificada al libelo de la demanda marcada C´, donde facultaba a su esposo para constituir hipotecas y liberar prohibiciones de enajenar y gravar, recibir cantidades de dinero en préstamo, sobre el inmueble constituido por una Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Municipio Chacao del Estado Miranda, ya que sobre dicho inmueble se había constituido, y quien por falta de pago demandó la ejecución de la hipoteca en proceso que se llevó a cabo el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el Expediente n° 99.4068.
C.-) Se determinó que el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, cobró los Cheques (sic) de Gerencia (sic) por las cantidades de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIESTOS (sic) BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00), cheque de gerencia N° 4200504420 y por la cantidad de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIESTOS (sic) BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00), cheque de gerencia N° 4200504620. Se acompañó copia de documento emanado del Banco Caroní, que así lo establece marcado B3´.
D.-) Igualmente se demostró durante la etapa probatoria seguida por el Tribunal (sic) de la causa, mediante el informe solicitado a la Dirección de Catastro del Municipio Chacao, quien en fecha 12 de febrero de 2014, respondió al Tribunal (sic) Informando (sic) que para la fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, el inmueble constituido por una Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, tenía un valor catastral en virtud de las ordenanzas municipales de la época de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.187.354.994,56) llevado a bolívares fuertes la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs.187.354.99). En este orden de ideas observamos como el precio del inmueble que fue pagado por el ciudadano NELSON PEÑA, se encontraba ajustado con la realidad y los precios que tenía el inmueble para el momento de la negociación, en este sentido se pago el precio justo de venta como fue la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.186.000,000,00) pagados con los cheques antes mencionados y el resto en efectivo.
E.-) Se determinó que el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, cobró el dinero correspondiente al precio de venta y no entregó el inmueble vendido un procedió a devolver el dinero recibido.
Se acompañó a la demanda marcados F´ y G´´, copia de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía 63 del Área Metropolitana de Caracas, por parte de los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO I PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, en las cuales se puede evidenciar los hechos anteriormente señalados, en los que reconocen haber recibido las cantidades de dinero por la negociación realizada sobre el inmueble ubicado en el Edifico CAVENDES´, piso 8, oficina 803, específicamente los siguientes relatos:
Documento marcado F´; declaración ante la fiscalía 63, en fecha 10 de marzo de 2005, del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, en la cual señaló lo siguiente:
( omissis )
Documento marcado G´, declaración ante la fiscalía 63, en fecha 29 de marzo de 2005, de la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, señaló lo siguiente:
( omissis )
Ciudadanos Magistrados, de ambas declaraciones se puede apreciar que la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, había otorgado a su cónyuge un poder con el cual éste, hizo una negociación (bien sea una venta o recibió un préstamo) en virtud de comprometer el inmueble Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, estaba al tanto de las personas que entregaban el dinero es decir ciudadanos NELSON PEÑA Y DEYANIRA QUIÑONEZ, que las cantidades de dinero recibidas eran a los fines de pagar un préstamo que se tenía con el Banco industrial, quien tenía una medida de Prohibición de Enajenar y gravar sobre dicho inmueble.
F.-) Se deja bien claro que sobre dicho inmueble existía comunidad conyugal y que no existía un poder absoluto de disposición por parte del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, quien para disponer sobre el mismo debía tener la autorización o poder de su cónyuge. Este punto es relevante en la presente causa pues uno de los alegatos de la parte demandada es que en el matrimonio RUGGIERO BOLOGNA, existía capitulaciones matrimoniales, y a tal efecto acompañaron documento debidamente registrado antes del matrimonio, sin embargo de la lectura del mismo se observa que el bien inmueble Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, no se había adquirido para la fecha de las capitulaciones las cuales fueron firmadas en fecha 23 de diciembre de 1974, bajo el N° 2, folio 5, Protocolo 2, ante la Oficina Subalterna de Registro Cuarto Circuito Sucre del Estado Miranda. Como se ha señalado anteriormente dicho inmueble fue adquirido por el matrimonio RUGGIERO BOLOGNA, según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacao, de fecha 04 (sic) de febrero de 1977, anotado bajo el N° 11, tomo 15, protocolo Primero. Como se puede observar se compró dentro del Matrimonio (sic) y si existió verdadera comunidad.
Por otra parte se demostró la comunidad conyugal sobre dicho inmueble, de la lectura de la venta que realizan del mismo los cónyuges a la empresa denominada INMOBILIARIA NERGI, C.A.´, sociedad mercantil, inscrita en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Bolivariano (sic) de Miranda, de fecha 05 (sic) de diciembre de 1985, bajo el N° 50, tomo 55-A-Pro; según documento registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Chacao, de fecha 09 (sic) de marzo de 2010, anotado bajo el N° 2010.2145, asiento registral 1, inmueble matriculado con el N° 240.13.18.1.3643, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010. (Documento acompañado al libelo de la demanda en copia marcada H´). Donde ambos cónyuges aparecen dando en venta del inmueble. Ciudadana Juez, debo señalar que hasta el día 09 (sic) de marzo de 2010, el inmueble perteneció en propiedad a los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, fecha en la cual fue registrada dicha venta y tiene efecto frente a terceros y frente a todo el mundo.
G.-) Quedó demostrado que la empresa INMOBILIARIA NERGI, C.A.´, en la actualidad tiene como única accionista a la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, quien es propietaria del cien por ciento (100%) del capital accionario, tal y como consta del acta de asamblea de fecha 05 (sic) de enero de 2011, que fue debidamente registrada en fecha 6 de mayo de 2011, bajo el N° 36, tomo 84-Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado (sic) Bolivariano (sic) de Miranda (Documento acompañado al libelo de la demanda en copia certificada marcada I´). Es importante señalar que la titular de las acciones vendidas de la empresa INMOBILIARIA NERGI, C.A.´, a la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, era la ciudadana SILVIA BOLOGNA VENTURINI, C.I. V-9.970.595, quien era su hermana, con lo cual el inmueble vendido siempre quedo en el patrimonio familiar y bajo el dominio de la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO.
En este sentido, con el cual se realizaron las negociaciones en las que el ciudadano Nelson Peña y la ciudadana Deyanira Quiñonez, entregaron las cantidades de dinero que correspondían a su precio sin recibir ningún tipo de contraprestación.
H.-) Quedó demostrado ciudadana Juez (sic), que se ha causado un daño patrimonial al ciudadano NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, quien entregó la cantidad de CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.121.875.000,00), mediante cheuques de gerencia y el resto del precio en efectivo y no ha recibido a la presente fecha ni el inmueble que pretendió comprar, ni la devolución del dinero.
En este sentido, el patrimonio correspondiente al Matrimonio conformado por los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, y la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, se incrementó sin justa causa, ya que a la presente fecha la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO (heredera), mantiene el inmueble que fue objeto de la venta fraudulenta y nunca se devolvieron las cantidades de dinero entregados por los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS.
Como lo señalamos en el libelo de la demanda, el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, falleció en fecha 30 de septiembre de 2010, siendo su única y universal heredera la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, según consta en el acta de defunción N° 1459, motivo por el cual procedimos a demandarla. (Se acompañó al libelo de la demanda copia certificada Marcada (sic) E´).
Al haber recibido el ciudadano GIUSEPPE DI PRISCO, las cantidades de dinero antes señaladas y estando facultado mediante instrumento poder por su legitima cónyuge para ello, constituyó sobre la comunidad conyugal obligaciones que deben ser pagada, ´por otra parte dicha obligación subsiste como parte de la herencia dejada por el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, quien fue recibida de manera íntegra por la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, por cuanto dicho matrimonio tuvo un hijo, pero que había fallecido previamente a la muerte del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO.
Se ejerció la presente demanda en virtud a lo establecido en el artículo 1.184 del Código Civil, por el enriquecimiento sin causa que verificó el patrimonio de los cónyuges GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, el cual en la actualidad es un patrimonio que pertenece de forma integra a la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO.
DE LA FALTA DE CUALIDAD DECLARADA CON LUGAR EN LA SENTENCIA RECURRIDA.
Ciudadanos Magistrados, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha nueve (09) de mayo de 2.016, bajo el pretexto de entrar a declarar la FALTA DE CUALIDAD, invocada por la parte demandada, no apreció algún elemento probatorio de los que anteriormente en este escrito se hacen referencia, SILENCIANDO DE ESTA FORMA, las pruebas aportadas, de haber existido una correcta actividad de juzgamiento, se tenía que entrar a conocer sobre las pruebas que cursan en autos y que efectivamente demuestran la cualidad de la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, para sostener la presente demanda como demandada.
En este sentido las pruebas silenciadas evidenciaban lo siguiente:
Se evidenció que la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO era cónyuge del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y que ambos mantenían comunidad conyugal.
Se evidenció que dicha ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, es la única y universal heredera del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO.
Se evidenció que la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO otorgó poder a su cónyuge para que la representara en la comunidad conyugal y este en uso de dicho mandato recibió cantidades de dinero de manos de los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, quienes entregaron al ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, la cantidad de CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.121.875.000,00), existe constancia de la entrega del dinero, que en el mejor de los casos debe tenerse como préstamo, ya que nunca se ha planteado una donación, en este sentido se incrementó el patrimonio de los cónyuges RUGGIERO BOLOGNA, siendo este enriquecimiento sin causa el motivo de la demanda y el cual es disfrutado directamente por la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, quien disfruta de los bienes obtenidos por su difunto cónyuge.
Esto quedó demostrado en los documentos acompañados a la demanda marcados F´ y G´, copia de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía 63 del Área Metropolitana de Caracas, por parte de los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO. Donde justifican el motivo por el cual recibieron las cantidades de dinero por parte de los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS.
Bajo estas premisas la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, si tiene cualidad para ser demandada en la presente causa, en la condición de cónyuge heredera, quien tanto los activos, como los pasivos de dicho patrimonio, ya que no se acompañó a las actas del expediente constancia alguna de haber recibido la herencia a beneficio de inventario (Subrayado de lo transcrito).-
La Sala para decidir, observa:
En el caso bajo estudio, el formalizante denuncia la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación al incurrir en el vicio de silencio de pruebas, al considerar que la alzada no apreció las pruebas aportadas en el presente caso, lo que conllevó a declarar la defensa invocada por la demandada de falta de cualidad pasiva, aduciendo que tal situación es contraria a derecho, toda vez que de las pruebas aportadas en la demanda existe prueba suficiente para demostrar la cualidad de la ciudadana Roberta Bologna de Ruggiero, para ser demandada en el presente juicio; y que de haber existido una correcta actividad de juzgamiento, se tenía que entrar a conocer sobre los medios probatorios cursantes en autos.
Ahora bien, es jurisprudencia reiterada de esta Sala que:
el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala examinar las actas procesales y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas. En consecuencia, la falta de valoración de algún medio probatorio comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente, constituyendo su conducta uno de los motivos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contempladas en el ordinal 2º del artículo 313 del mismo Código. Con este pronunciamiento la Sala no pretende una técnica rigurosa cuyo incumplimiento determine la desestimación de la denuncia. Por el contrario, el propósito es ampliar las razones que soportan el cambio de doctrina respecto del vicio de silencio de prueba, y las que han permitido, al Ponente de este fallo compartir la responsabilidad de la publicación del fallo que la contiene, y explicar de esta manera con mayor detenimiento cómo el referido vicio constituye una infracción de ley. Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil (Cfr. Sentencia Nº RC-054, de fecha 8 de febrero de 2012, Expediente N° 2011-000296, caso: Trina Margarita Gascue y Edith López Gil, contra Herminia Felisa Rodríguez de López.)
De conformidad al contenido del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se observa de las actas que integran el expediente, lo siguiente:
Del escrito de promoción de pruebas (fs. 165 al 427 pieza I del expediente), presentado por la demandante se desprende lo siguiente:
(...) DOCUMENTALES
Promovemos y ratificamos de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas documentales que fueron acompañadas al Libelo (sic) de la demanda, que fueron identificadas como:
Se acompaño al libelo de la demanda marcado B´, juego de Coipas (sic) Certificadas (sic) emanadas del tribunal 48 de Control del Área Metropolitana de Caracas, bajo el N° 48C-5868-05, en los cuales encontramos los documentos que durante la investigación determinaron los siguientes hechos:
1.-) Se determinó la falsedad del documento de venta sobre el inmueble constituido por un local de oficina (N° 803, ubicado en el piso 8, del Edificio Cavendes´, ubicado en la urbanización Los Palos grandes´, Municipio Chacao, con una superficie de Ciento (Sic) Setenta (sic) y Nueve (sic) metros cuadrados (179 mts2), firmado en fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, sin embargo se dejó constancia que dicho documento si había sido firmado por el ciudadano GIUSSEPE RUGGIERO DI PRISCO, se acompañó copia de dicho documento al libelo de la demanda marcado B1´.
Se determinó que el poder identificado en el texto del documento de compra venta, con el cual el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, vendía en representación de su cónyuge, ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO ( ) instrumento Poder (sic) autenticado ante la Notaría Pública Vigésima del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo el N° 25, tomo 36 de fecha seis (06) (sic) de octubre de 2003, no fue debidamente firmado por la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, con lo cual el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, no se encontraba autorizado para vender. Se acompañó copia de dicho documento al libelo de la demanda marcado B2´.
3.-) Se determinó que para la fecha 04 (sic) de Noviembre (sic) de 2003, la ciudadana ROBEERTA BOLOGNA DE RUGGIERO ( ), le había otorgado a su cónyuge GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, un poder ante la Notaría pública Primera de Porlamar, en fecha 21 de abril de 2003, bajo el N° 30, tomo 28, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría, donde facultaba a su esposo para constituir hipotecas y liberar prohibiciones de enajenar y gravar, recibir cantidades de dinero en préstamo, sobre el inmueble constituido por una Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, ya que sobre dicho inmueble se había constituido una hipoteca a favor del Banco Industrial de Venezuela, quien le había otorgado un préstamo hipotecario. Se acompañó copia certificada al libelo de la demanda marcada C´.
4.-) Se determinó que el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, cobró los cheques de gerencia por las cantidades de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00), cheque de gerencia N° 4200504420 y por la cantidad de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.60.937.500,00) cheque de gerencia N° 4200504420 según constan de documento emanado del banco Caroní, que se acompañó al libelo de demanda marcado B3´.
5.-) Que en fecha 18 de Octubre (sic) de 2010, el Fiscal 63 del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de que en fecha 30 de septiembre de 2010, falleció el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, a pesar de estar convencido de que dicho ciudadano había cometido el delito de FRAUDE, sancionado en el artículo 463 del ordina 6 del Código Penal, solicitó el sobreseimiento de la causa por cuanto el imputado había fallecido, siendo esta una causal de extinción de la acción penal. Se acompañó al libelo de la demanda copia de dicho documento marcad B4´.
6.-) Se comprobó que la firma del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, si era original en el documento de compra venta realizado en fecha 4 de noviembre de 2003, sobre el inmueble constituido por un local de oficna (N° 803), ubicado en el piso 8, del Edificio Cavendes´, ubicado en la urbanización Los Palos grandes´, Municipio Chaco, con una superficie de Ciento (sic) Setenta (sic) y Nueve (sic) metro cuadrados (179 mts2), según consta en el informe pericial realizado por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se acompañó al libelo de la demanda copia de dicho documento marcado B5´.
Se acompañó al libelo de la demanda marcado D´, documento debidamente autenticado ante al Notaría Octava del Municipio Chacao de fecha 12 de enero de 2010, anotado bajo el número 3, tomo 3, de los libros llevados por esa Notaría (sic), en el cual consta que los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO RIVAS, se encuentran divorciados y liquidada su comunidad conyugal, siendo convenido por ellos que los derechos y acciones que se deriven de la negociación realizada sobre el inmueble Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Municipio Chacao del estado Miranda, corresponderán al ciudadano NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, con lo cual es el patrimonio de este ciudadano quien en la actualidad se ha visto afectado.
Se acompañó al libelo de la demanda marcada E´, Acta de defunción N° 1459, donde consta que el ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, falleció en fecha 30 de septiembre de 2010, siendo su única y universal heredera la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO.
Se acompañaron al libelo de la demanda marcados F´ y G´, copia de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía 63 del Área Metropolitana de Caracas, por parte de los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, en las cuales se puede evidenciar los hechos objeto del presente juicio, en los cuales reconocen haber recibido las cantidades de dinero por la negociación realizada sobre el inmueble Oficina (sic) ubicada en el Edificio CAVENDES, piso 8, oficina 803.
Se acompañó al libelo de la demanda marcado H´, documento en el cual consta en el inmueble local de oficina (N° 803), ubicado en el piso 8, del Edificio Cavendes´, urbanización Los Palos Grandes´, Municipio Chacho, con una superficie de Ciento (sic) Setenta (sic) y Nueve (sic) (179 mts2), el cual le pertenecía a los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, según documento registrado ante la Oficina Subalterna de registro del Municipio Chacao, de fecha 04 (sic) de febrero de 1977, anotado bajo el N° 11, tomo 15, protocolo Primero, fue vendido a una empresa denominada INMOBILIARIA NERGI, CA.´, sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Bolivariano (sic) de Miranda de fecha 05 (sic) de diciembre de 1985, bajo el N° 50, tomo 55-A-Pro; según documento registrado ante la Oficina de registro público del Municipio Chacao, de fecha 09 (sic) de marzo de 2010, anotado bajo el N° 2010.2145, asiento registral 1, inmueble matriculado con el N° 240.13.18.1.3643, correspondiente al Libro del Folio Real del año 2010.
Se acompañó al libelo de la demanda marcado I´, documento en copia certificada en el cual consta que la empresa INMOBILIARIA NERGI, C.A.,´, en la actualidad tiene como única accionista ala ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, quien es propietaria del cien por ciento (100%) del capital accionario, tal y como consta del acta de asamblea de fecha 05 (sic) de enero de 2011, que fue debidamente registrada en fecha 6 de mayo de 2011, bajo el N° 36, tomo 84-A, Registro mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Bolivariano.
Se acompañó al libelo de demanda marcada J´, un informe realizado por la Contadora Pública MEUDY M, OSIO D, C.P.C. N° 24.795, quien luego de aplicar el procedimiento de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos de Venezuela´, determinó que el monto entregado de CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.121.875.000,00), se había incrementado a la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON 08 (sic) CÉNTIMOS (Bs.944.830,08), lo que dividido entre el precio de la Unidad (sic) tributaria (sic), vigente para el año 2013, que actualmente es de Bs. 107, según Gaceta Oficial N° 40.106, de fecha 06-02-2013 (sic), da la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNIDADES TRIBUTARIAS (8.830 U.T.).
Se acompaña al presente escrito Marcado (sic) L´, en 17 folios útiles, libelo de la demanda debidamente registrado a los fines de interrumpir la prescripción, ante la Oficina de registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda, en fecha 31 de octubre de 2013, bajo el N° 40, folio 286, tomo 37.
Se acompaña al presente escrito Marcado (sic) L´, en 239 folios útiles, copia certificada del expediente N° 48C-5868-05, seguido ante el tribunal 48 de control del Área Metropolitana de Caracas, en el cual consta la acusación fiscal presentada por el fiscal 63 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contra del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO ( ), y las actuaciones e investigaciones realizadas que arrojan los elementos de convicción y pruebas necesarias para la procedencia de la acción penal la cual no pudo continuar en virtud del fallecimiento del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO.
DE LA PRUEBA DE INFORMES
( omissis )
POSICIONES JURADAS
( omissis )
PRUEBA DE TESTIGO
A los fines de ratificar en el presente expediente el informe presentado y acompañado al libelo de la demanda marcado J´, solicitamos se fije la oportunidad para que rinda su declaración la ciudadana Contadora Pública MEUDY M, OSIO D, C.PC. N° 24.795 .. (Destacado de lo transcrito).
Así las cosas la Sala observa, que la demandante reprodujo junto con su escrito de promoción de pruebas presentado el 10 de enero de 2014, las documentales antes reseñadas anexas al libelo de la demanda, así como promovió pruebas de informes y la testimonial de la ciudadana Meudy M. Osio D.
Según consta en el aludido escrito de promoción de pruebas, las mismas se produjeron con el objeto de demostrar:
Que ( ) la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO era cónyuge del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y que ambos mantenían comunidad conyugal.
Que ( ) dicha ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, es la única y universal heredera del ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO.
Que ( ) la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO otorgó poder a su cónyuge para que la representara en la comunidad conyugal y este en uso de dicho mandato recibió cantidades de dinero de manos de los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS, quienes entregaron al ciudadano GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO, la cantidad de CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.121.875.000,00), existe constancia de la entrega del dinero, que en el mejor de los casos debe tenerse como préstamo, ya que nunca se ha planteado una donación, en este sentido se incrementó el patrimonio de los cónyuges RUGGIERO BOLOGNA, siendo este enriquecimiento sin causa el motivo de la demanda y el cual es disfrutado directamente por la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, quien disfruta de los bienes obtenidos por su difunto cónyuge.
Que ( ) quedó demostrado en los documentos acompañados a la demanda marcados F´ y G´, copia de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía 63 del Área Metropolitana de Caracas, por parte de los ciudadanos GIUSEPPE RUGGIERO DI PRISCO y ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO. Donde justifican el motivo por el cual recibieron las cantidades de dinero por parte de los ciudadanos DEYANIRA QUIÑONEZ PÉREZ y NELSON JOSÉ GREGORIO PEÑA RIVAS.
Que ( ) Bajo estas premisas la ciudadana ROBERTA BOLOGNA DE RUGGIERO, si tiene cualidad para ser demandada en la presente causa, en la condición de cónyuge heredera, quien tanto los activos, como los pasivos de dicho patrimonio, ya que no se acompañó a las actas del expediente constancia alguna de haber recibido la herencia a beneficio de inventario.
En consideración a la denuncia que se analiza, estima la Sala pertinente transcribir lo decidido por la alzada en relación al punto en referencia:
( ) MOTIVOS PARA DECIDIR
( omissis )
Del mérito de la controversia.
El asunto a resolver en esta oportunidad se circunscribe a verificar la procedencia del fallo del 10 de diciembre del 2014, dictado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y sobre el cual ejerció recurso de apelación la representación judicial de la parte demandante en el presente juicio, en la mencionada decisión, el a-quo declaró con lugar la falta de cualidad pasiva de la ciudadana Roberta Bologña de Ruggiero, alegada por la representación judicial de la parte demandada.
Ante esa decisión del tribunal de la causa, se observa;
Según los alegatos esgrimidos por la parte demandada, su contraparte no demostró los alegatos señalados en su escrito libelar, referentes a la responsabilidad patrimonial que le exige; también indicó que los medios de prueba aportados por la parte accionante carecen de valor probatorio y que debido a ello quedó demostrada su falta de cualidad pasiva para sostener la demanda y en razón de ello no adeuda nada a la accionante por no haber suscrito relación contractual con la misma, solicitó se declarase sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandante.
Por su parte, la accionante aduce que la ciudadana ROBERTA BOLOGÑA, tiene la cualidad necesaria para ser demandada en el presente juicio, que el tribunal de la cusa debió conocer las pruebas cursantes en el expediente, que la parte demandada al asumir la herencia adquirió los activos y pasivos del patrimonio heredado, al no traer a los autos constancia alguna de haber recibido la herencia a beneficio de inventario, solicitó se declarase con lugar la presente demanda.
Para resolver, se observa:
La doctrina y la jurisprudencia es unánime al considerar que la cualidad o legitimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción. Siguiendo las enseñanzas del autor Luis Loreto, se puede afirmar que tendrá cualidad activa para mantener un juicio, toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio´ y tendrá cualidad pasiva, toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés´.
Así, la cualidad no es otra cosa que la relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita en tal manera´... (Loreto, Luis, Ensayos Jurídicos, Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad´, Fundación Roberto Goldschmidt. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987.).
Ciertamente, la cualidad debe entenderse como la idoneidad activa o pasiva de la persona para actuar válidamente en juicio, idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito a favor o en contra.
La legitimación es la cualidad necesaria para ser partes, siendo la regla general en esta materia, que la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). Incluso, la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.
El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, no debe revisar la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante se afirma como titular del derecho (legitimación activa), y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva. La legitimación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera partes, sino entre aquellas en que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial. Es necesario una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nº 5007 de fecha quince (15) de diciembre de 2005, caso: Andrés Sanclaudio Cavellas).
La legitimación a la causa alude a quienes tienen derecho, por determinación de la Ley, para que en condición de demandantes, se resuelva sobre sus pretensiones, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse.
Con respecto a la legitimación a la causa, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de fecha 30 de abril del 2008, expediente N° AA20-C-2007-000354, con ponencia de la Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, caso SOL ÁNGEL PLAZAS GRASS contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA NACIONAL ANÓNIMA DE SEGUROS LA PREVISORA, dejó establecido:
El formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, vicio en el que incurrió al decretar inadmisible la demanda por cobro de bolívares, en razón de la supuesta falta de cualidad de la demandante, alegada como defensa perentoria opuesta por la demandada en la oportunidad de contestar la demanda
( omissis )
Nuestro código adjetivo, en su artículo 361, primer aparte, señala que junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10° y 11° del artículo 346, cuando éstas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas ´.
De igual modo, el insigne Maestro Luis Loreto, nos indica en su conocida obra Ensayos Jurídicos. Contribución al estudio de la excepción de la inadmisibilidad por falta de cualidad´ que: La demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes y nada más que dos: la actora y la demandada (Principio de bilateralidad de las partes). Con el tribunal, ellas constituyen los sujetos de la relación procesal. Es de importancia práctica capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal. Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de cualidad Cuando se pregunta: ¿quién tiene cualidad para intentar y sostener un juicio determinado?, se plantea la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada. La teoría procesal sobre la cualidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son, en un proceso, las partes legítimas ´.
De allí que los conceptos de cualidad e interés, están íntimamente ligados, pues en materia de cualidad, la regla es que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio ´. (Loreto, Ensayos Jurídicos. Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad´. p. 177,189)
( omissis )
De lo anterior, se desprende que la cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor o demandado en relación a la titularidad del derecho, lo que indica que basta con la simple afirmación de la titularidad del derecho, para que el juez considere la existencia de la misma, ya que para su constatación no es necesario analizar la titularidad de aquel, sino la idoneidad activa o pasiva de la persona para actuar válidamente en juicio.
Y es por ello, que tendrá cualidad activa para mantener un juicio toda persona que se afirme titular de un derecho, y tendrá cualidad pasiva toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés.
De manera que, una vez alegada la falta de cualidad en la contestación de la demanda, tal y como lo indica nuestro legislador procesal, surge en el juez la obligación de pronunciarse en la oportunidad de dictar sentencia, respecto a su existencia, para lo cual debe limitarse a constatar si la persona que acudió al juicio se afirma titular de un interés jurídico propio, o por el contrario, si la persona contra quien se instauró la demanda es la misma contra quien se afirmó la existencia de aquel interés . (Resaltado de esta alzada).
El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, establece:
( omissis )
La norma transcrita prevé que en el acto de la contestación a la demanda, son distintas las defensas que puede realizar el demandado a los fines de ejercer su derecho contra la pretensión invocada por la parte actora. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 3592 del 6 de diciembre del 2005, con motivo del amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos CARLOS E. TROCONIS ANGULO y otros contra la decisión proferida el 4 de mayo del 2004 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, dejó establecido:
( omissis )
Si prospera la falta de cualidad o interés de alguna de las partes, no le es dable al juzgador entrar a conocer el mérito de la causa, sino desechar la demanda, ya que la persona que se afirma titular de un derecho, no es la persona a quien la ley le otorga la facultad para hacerlo exigible.
( omissis )
Si bien nuestro sistema dispositivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; la falta de interés, aun cuando no haya sido alegada, comporta una inadmisibilidad de la acción, que hace posible y necesario de parte del juzgador, se declare como punto previo, antes de entrar a conocer de la pretensión demandada ´.
En este sentido, dada la naturaleza de la demanda incoada por la actora de cobro de bolívares, daños y perjuicios en contra de la demandada, debe ser probada de manera clara y determinante para que haya la certeza de su ocurrencia y se produzca la convicción del juzgador, debiendo primigeniamente probarse la cualidad de quien se considera obligado a cumplir con el pago solicitado, además de la causa de los daños y perjuicios.
Bajo este contexto, de la lectura efectuada a los anexos consignadas junto al escrito libelar se observa que la intención de la parte actora es responsabilizar a la parte accionada monetariamente de un monto adeudado por su cónyuge (de cujus), deuda que a su decir fue comprobada a través de un proceso penal, en este sentido, es menester destacar que no puede hacerse responsable de las cargas pecuniarias nacidas de un presunto delito, a los familiares de quien al decir del actor era responsable de un delito de fraude, lo que evidentemente arroja la imposibilidad que tales sujetos (familiares) posean cualidad pasiva alguna, situación que se ajusta al caso, pues la hoy demandada no fue parte del proceso penal supra mencionado, sino que es la viuda del presunto responsable, por lo que ciertamente la cualidad pasiva de la misma, no fue demostrada por la parte accionante, evidenciándose entonces, la inexistencia de la cualidad pasiva de la hoy demandada, vale destacar que el Tribunal no puede suplir en modo alguno esta omisión de parte, dado el carácter dispositivo del proceso civil, aunado a que ello afectaría la imparcialidad que debe mantener el juzgador. Y así se establece.
Por todo lo anterior, debe concluir esta juzgadora que efectivamente la parte demandada carece de cualidad pasiva en el presente juicio, tal como lo declaró el tribunal de la recurrida, y en consecuencia no entra esta alzada a examinar las demás defensas, alegatos y planteamientos de la parte actora. Y así se establece .
Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas se configura cuando el juez desatiende la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que le impone el deber de examinar todas las pruebas aportadas al proceso para poder fijar los hechos demostrados en el caso concreto.
Esta Sala ha señalado que para que el recurrente denuncie con éxito la referida infracción debe indicar además cómo la falta de examen de la prueba o su valoración parcial influye decisivamente en el dispositivo del fallo, recayendo sobre éste la carga de demostrar cómo la valoración de la prueba es capaz de cambiar la suerte de la controversia. (Cfr. Fallo Nº RC-214, de fecha 5 de abril de 2016, Expediente N° 2016-638, caso: Lorena Bianey López Valera contra Alessandro Antoni Stagno, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo.)
Así las cosas, en este caso se evidencia, que tal como lo alega el formalizante, la alzada silenció totalmente todas las pruebas promovidas por ésta, puesto que la misma, no efectuó la respectiva apreciación y valoración a los medios probatorios promovidos por el demandante -antes descritos en este fallo-, una por una, sino que expresó de forma genérica lo siguiente:
Bajo este contexto, de la lectura efectuada a los anexos consignadas junto al escrito libelar se observa que la intención de la parte actora es responsabilizar a la parte accionada monetariamente de un monto adeudado por su cónyuge (de cujus), deuda que a su decir fue comprobada a través de un proceso penal, en este sentido, es menester destacar que no puede hacerse responsable de las cargas pecuniarias nacidas de un presunto delito, a los familiares de quien al decir del actor era responsable de un delito de fraude, lo que evidentemente arroja la imposibilidad que tales sujetos (familiares) posean cualidad pasiva alguna, situación que se ajusta al caso, pues la hoy demandada no fue parte del proceso penal supra mencionado, sino que es la viuda del presunto responsable, por lo que ciertamente la cualidad pasiva de la misma, no fue demostrada por la parte accionante, evidenciándose entonces, la inexistencia de la cualidad pasiva de la hoy demandada, vale destacar que el Tribunal no puede suplir en modo alguno esta omisión de parte, dado el carácter dispositivo del proceso civil, aunado a que ello afectaría la imparcialidad que debe mantener el juzgador
Sin emitir pronunciamiento expreso sobre si apreciaba o desechaba dichas pruebas, para así poder decidir en torno al mérito de cada una de ellas, y su influencia en el proceso, sobre lo alegado y probado en autos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual es determinante de lo dispositivo del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 313 eiusdem, pues dichas pruebas fueron promovidas para demostrar la pretensión del demandante. (Cfr. Fallo Nº RC-484, de fecha 3 de agosto de 2016, Expediente N° 2016-130, caso: Zulay Coromoto Quintero de Rodríguez y otro, contra Yurubí del Carmen Ojeda García, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo)
En tal sentido, esta Sala ha señalado en su doctrina que para que prospere cualquier denuncia por error de juzgamiento, entre las que se cuentan aquellas dirigidas a delatar el silencio de pruebas, es estrictamente necesario que se demuestre que la infracción cometida por el juez ha tenido efecto determinante de lo dispositivo del fallo, y que sea suficiente para modificarlo, lo cual encuentra justificación en la razón de evitar que se produzca una casación inútil, contraria a los postulados previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que al existir una razón de derecho que determine la ineficacia de la prueba, hace inoficioso su examen y valoración, pues un nuevo análisis de la misma no variaría su calidad de ineficaz, por tanto ella no podría producir influencia alguna en la suerte de la controversia. (Cfr. sentencia Nº 266, del 7 de julio de 2010, caso: Rafael Antonio Urdaneta Purselley, contra Andina, C.A. y otras, y fallo N° RC-563, del 26 de septiembre de 2013, expediente N° 2013-254, caso: Industrias Derplast, C.A., contra Roberto Colatosti de Persis y Zoraida Niño de Colatosti, entre muchos otros).
En tal sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en revisión constitucional en su reciente fallo N° 1113, del 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-0529, caso: Carmen Augusta Quijada y José Félix Quijada, con respecto al vicio de silencio de pruebas y su verificación por parte de esta Sala de Casación Civil al conocer del recurso extraordinario de casación y sus límites, estableció lo siguiente:
Ahora bien, con respecto al fundamento bajo el cual la Sala de Casación Civil se basó para declarar inoficiosa la procedencia de la denuncia, alegando que dichas pruebas estaban insertas en copia simple, y que las mismas no fueron ratificadas en juicio, es necesario señalar a la mencionada Sala que, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, corresponde al Juez de instancia o juez de reenvío pronunciarse sobre las pruebas, es decir, desecharlas por impertinentes o admitirlas, y en el momento en el que la Sala de Casación Civil se pronunció sobre la impertinencia de las mismas invadió la esfera de competencia de los juzgados de instancia y quebrantó tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, además de violentar los principios consagrados en la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, al debido proceso en el marco del procedimiento judicial, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho, el derecho al ejercicio de los medios impugnativos que establezca el ordenamiento jurídico, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el derecho a una tutela cautelar.
En consecuencia, se evidencia que la Sala de Casación Civil erró al momento de dictar su decisión sobre el análisis del acervo probatorio inserto en el expediente, pues fue más allá de lo previsto en la ley y la jurisprudencia lo cual crea un agravio constitucional a la parte actora, por cuanto le restringe su derecho a interponer los recursos procesales a los que hubiere lugar; es decir, la Sala no puede detectar el vicio y luego sustituirse en el juez de instancia, evaluar la prueba, desecharla y determinar que no era trascendente en la suerte de la controversia, desestimando la denuncia.
Por lo que, en razón de todo lo antes expuesto, juzga la Sala, que la recurrida infringió por falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas, (Cfr. Fallo Nº RC-054, de fecha 8 de febrero de 2012, Expediente N° 2011-296, caso: Trina Margarita Gascue y Edith López Gil, contra Herminia Felisa Rodríguez de López); de allí que resulta procedente la presente denuncia por silencio de pruebas, así como ha lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por infracción de ley por el demandante, y ordena al juez superior de reenvío que conozca del caso, dicte sentencia en estricto acatamiento a lo establecido en este fallo, analizando todas y cada una de las pruebas promovidas por las partes, y así determinar si efectivamente se verifica la falta de cualidad opuesta por la demandada o si por el contrario la demandada ostenta cualidad para sostener el presente juicio, cuestión sobre la cual esta Sala no hace pronunciamiento alguno en este acto, dada la naturaleza de la presente delación, al corresponder a la función privativa de los jueces de instancia. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por el demandante, contra la sentencia dictada el 9 de mayo 2016, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia DECRETA SU NULIDAD y ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente dicte nueva decisión corrigiendo el vicio de silencio de pruebas referido, ateniéndose a lo expresamente establecido en este fallo.
No ha lugar a pronunciamiento alguno sobre costas, dada la naturaleza de esta decisión.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil diecisiete Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. AA20-C-2016-000571
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretaria Temporal,
La suscrita Secretaria Temporal de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia dejó constancia que la presente decisión se publicó sin la firma de la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Caracas, a los veinticuatro (24) días de octubre de 2017.
La Secretaria Temporal.
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