Sentencia N.º RC.000666
- Sentencia
- N.º RC.000666
- Fecha
- 13/12/2018
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 18-377
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. AA20-C-2018-000377
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por indemnización de daño moral, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por el ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 6.397.281, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Mario Hernández, Lewis Maváres, Roberto Leyba, Raúl Rodríguez Ugarte, Juan Luís Nuñez, María Escalona, Ignacio Rodríguez, América Gómez, Arnaldo Moreno y Zaida Jaspe Mora, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 29.095, 99.833, 105.866, 78.997, 35.774, 69.009, 131.326, 104.436, 19.186 y 55658, respectivamente, contra los ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.840.634, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Jesús Ollarves, Alejandra Rodríguez, Adriana Betancourt, María Tablante, Antonio Marval Jiménez, Antonio Marval Rodríguez, Marianelvia Rodríguez, Manuel Román, Gustavo Manzo y Víctor Campos, inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 36.019, 36.579, 78.121, 122.994, 30.646, 231.524, 171.603, 121.520, 41.580 y 139.355, respectivamente; ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.831.002, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Jesús Ollarves, Alejandra Rodríguez, Adriana Betancourt y Gustavo Manzo, inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 36.019, 36.579, 78.121 y 41.580, respectivamente; y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.085.359, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Andrés Hernández, Antonio Marval Jiménez, Ramón Carmona Jorge, José Fernández Pérez, Gustavo Caraballo, Antonio Marval Rodríguez, Marianelvia Rodríguez, María Ramírez y Gustavo Limongi, inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 2.836, 30.646, 27.072, 30.691, 88.689, 231.524, 171.603, 121.546 y 42.156, respectivamente; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, dictó sentencia definitiva en fecha 22 de marzo de 2018, y por error material efectuó su aclaratoria en fecha 5 de abril de 2018, mediante la cual declaró:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los abogados JOSE (sic) ANTONIO FERNANDEZ (sic) en su carácter de apoderado del co-demandado, ciudadano CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA, y por el abogado GUSTAVO MANZO UGAS en su carácter de apoderado judicial de la parte co-demanda de autos, ciudadanos ISMAEL GARCIA (sic) y CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, contra la sentencia definitiva dictada el 22 de Junio (sic) de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo.-
SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por DAÑO MORAL, incoado por el ciudadano Mayor General CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, contra los ciudadanos ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic), CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI y CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO. En consecuencia, SE CONDENA a la parte demandada ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÒN GARCIA (sic) y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, a pagar por concepto de indemnización de daños morales, al ciudadano Mayor General CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO; la cantidad de de NOVECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs.900.000.000,00); a ser cancelados de la forma en que a continuación se señala: por parte del ciudadano ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA, la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs.300.000.000,00); por parte del ciudadano CARLOS EDUARDO BERRIZBEITA GILIBERTI, la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs.300.000.000,00) y por parte del ciudadano CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 300.000.000,00) . (Mayúsculas, resaltado y subrayado del fallo).
Contra la referida decisión de alzada, las representaciones judiciales de los codemandados ejercieron el recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación de los recursos extraordinarios de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguiente:
Conforme a lo dispuesto en fallos N° RC-254, expediente N° 2017-072, caso de Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675, caso de Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, señalando al respecto lo siguiente:
Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, N° RC-510, de fecha 28 de julio de 2017, expediente N° 17-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, de fecha 11 de mayo de 2018, expediente N° 17-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo N° RC-848, de fecha 10 de diciembre de 2008, expediente N° 07-163, caso de Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra la sociedad de comercio SERVIQUIM C.A., y otra).
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.
Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se dé por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 00-1561, caso de José Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuándo: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara . (Mayúsculas, resaltado y subrayado del fallo).
PUNTO PREVIO
-I-
De la revisión de las actas del proceso se observa, que los codemandados consignaron ante la Secretaría de esta Sala los escritos contentivos de la formalización de los recursos extraordinarios de casación anunciados contra la sentencia emanada del ad quem, por lo tanto, para la resolución de las mismas se debe precisar la forma en que procederá a resolver las denuncias contenidas en los escritos de formalización presentados.
A tal efecto, se verificó que el primero de ellos fue consignado por la representación judicial del codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, en fecha 31 de mayo de 2018, a las 10:34 am., contentivo de tres (3) denuncias por defecto de actividad; y el segundo de ellos, fue presentado por la representación judicial de los codemandados Carlos Humberto Tablante Hidalgo e Ismael Concepción García, en fecha 31 de mayo de 2018, a la 1:41 pm, contentivo de tres (3) denuncias por defecto de actividad.
En tal sentido, se pasará a conocer los mencionados escritos de formalización en el mismo orden horario en que fueron consignados ante la Secretaría de esta Sala, es decir, en primer término se analizaran y resolverán las denuncias del recurso extraordinario de casación interpuesto por el codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, y de no prosperar alguna de ellas, se pasará a analizar las denuncias señaladas en el recurso extraordinario de casación presentado por los codemandados Carlos Humberto Tablante Hidalgo e Ismael Concepción García. Así se decide.
-II-
DE LAS PRUEBAS CONSIGNADAS
EN SEDE CASACIONAL
De la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente, consta a los folios 32 al 102 del cuaderno de sustanciación, que los codemandados Carlos Humberto Tablante Hidalgo e Ismael Concepción García, anexaron y consignaron conjuntamente a su escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, legajos de copias simples para ser apreciadas por esta Sala como instrumentos probatorios.
En el mismo sentido, consta a los folios 282 al 317 de la cuarta pieza del expediente, que el codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, consignó conjuntamente a su escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, legajos de copias simples para que también sean apreciadas por esta Sala como instrumentos probatorios.
En este sentido, debe la Sala señalar que no le está dado a las partes procesales durante el lapso de sustanciación del recurso extraordinario de casación, consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto que, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el libro primero, título VIII, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326, las mismas resultan no ha lugar.
A tal efecto esta Sala, en su fallo N° RC-014, de fecha 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez de González contra Dora González Charmel y otros; reiterada en sentencia N° RC-239, de fecha 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106, caso: Oswaldo Madriz Roberty contra Argemery Cusati Borges y otros, la cual fue ratificada en decisión N° RC-259, de fecha 8 de mayo de 2017, expediente N° 2016-805, caso: Inversiones Footwear 1010, C.A. y otra contra C.N.A. Seguros La Previsora; fallo N° RC-519, de fecha 2 de agosto de 2017, expediente N° 2017-192, caso: Santa Bárbara Barra y Fogón, C.A., contra Bar Restaurante El Que Bien, C.A.; en sentencia N° RC-809, de fecha 13 de diciembre de 2017, expediente N° 2017-595, caso: Alberto Villasmil Rincón contra VACOINCA; y en decisión N° RC-429, de fecha 10 de agosto de 2018, expediente N° 2018-076, caso: María De Los Ángeles Argüelles Agüero y otros; reiteró su doctrina sobre la improcedencia de promoción, admisión y evacuación de pruebas en el proceso de casación, señalando al respecto lo siguiente:
...PUNTO PREVIO.
De una revisión que se realizara a las actas que conforman el presente expediente, se desprende que la formalizante recurrente consignó anexo a su escrito de formalización, dos legajos de copias simples y certificadas para ser apreciadas por esta Sala como pruebas.
En este sentido, debe la Sala señalar que no le está dado a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, el consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia, cumplieron en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el Libro Primero, Título VIII, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.
Al efecto esta Sala, en su decisión N° RC-014, del 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez De González contra Dora Yuraima González Charmel y otros; reiterada en fallo N° RC-239, del 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106, caso: Oswaldo Jesús Madriz Roberty contra Argemery Belen Cusati Borges y otros, la cual fue ratificada en decisión N° RC-259, del 8 de mayo de 2017, expediente N° 2016-805, caso: Inversiones Footwear 1010, C.A. y otra, contra C.N.A. Seguros La Previsora, y nuevamente reiterada en fallo N° RC-519, de fecha 2 de agosto de 2017, expediente N° 2017-192, caso: Santa Bárbara Barra y Fogón, C.A., contra Bar Restaurante El Que Bien, C.A., y otra, estableció lo siguiente:
...Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.
Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.
Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide....
De acuerdo, a los precedentes jurisprudenciales y en aplicación al presente caso, esta Sala de Casación Civil, se ve imposibilitada de entrar al análisis de los instrumentos consignados, al ser un tribunal de derecho, donde no hay lugar a la promoción ni evacuación de pruebas, razón por la cual se desestiman las pruebas consignadas durante el lapso de sustanciación de recurso extraordinario de casación. Así se decide.
Aplicando la doctrina de esta Sala antes señalada al presente caso, esta Sala se ve imposibilitada de efectuar el análisis de los instrumentos probatorios consignados por los codemandados recurrentes, por ser un tribunal estrictamente de derecho y por cuanto que en el procedimiento especial de casación no tiene cabida la promoción ni evacuación de pruebas, razón por la cual se desestiman y se desechan las referidas pruebas consignadas junto a los respectivos escritos de formalización de los recursos extraordinarios de casación. Así se decide.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
PRESENTADO POR EL CODEMANDADO
CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI
-I-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación delató a la recurrida por la infracción de los artículos 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 12, 15 y 243 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, bajo el siguiente fundamento:
Ahora bien, estando en la oportunidad procesal correspondiente, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, alegamos la cuestión previa establecida en el artículo 346 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hicimos en los siguientes términos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovemos contra la acción judicial interpuesta por el ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, ya identificado, la Cuestión (sic) Previa (sic) consagrada en el numeral 1°, del invocado dispositivo adjetivo, referida a INCOMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL para conocer la presente causa; defensa ésta que oponemos en los términos siguientes:
Ciudadana Juez (sic), nuestro representado CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI ya identificado, es Diputado (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, tal como consta de documentales que anexamos en copia simple al presente escrito enumeradas del 1 al 5, además de ser un hecho de notoriedad comunicacional.
En este sentido, conviene referir lo preceptuado en el artículo 199 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:
Omissis
Ahora bien, al imputársele de manera directa en el escrito libelar a un Diputado (sic) de supuestamente escribir un twiter (sic) y emitir una (sic) declaraciones en una página digital, nos parece totalmente alejado de una acción que pueda culminar en un hecho ilícito capaz de producir un daño moral, mas sin embargo, el legislador preocupado por esta protección estableció un mecanismo procesal para poder sancionar a estos funcionarios ante un supuesto hecho ilícito, en este sentido, ciudadana Juez (sic), todos esos caminos procesales nos conducen al Tribunal Supremo de Justicia, por lo que sin tratar de ilustrarla, la invito a revisar dichos mecanismos procesales, en tal sentido, este Tribunal (sic) carece de competencia para conocer de un juicio en contra de un Diputado (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión de supuestos delitos de opinión que pudieran haber causado a la parte actora un supuesto daño moral, siendo el competente el Tribunal Supremo de Justicia.
Con fundamento, en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, lo procedente y ajustado a derecho es, declarar con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que este Tribunal (sic) carece de competencia para conocer de un juicio en contra de un Diputado (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión de supuestos delitos de opinión que pudieran haber causado a la parte actora un supuesto daño moral, siendo el competente el Tribunal Supremo de Justicia. Y ASÍ SOLICITAMOS SEA DECIDIDO.
Resulta que la ciudadana Juez (sic) del Juzgado (sic) Aquo (sic), sobre esto ni siquiera se pronunció, pero peor aún, si expresamos que ella no era competente por la materia, sino que lo era el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de nuestro representado, y no siendo esta instancia superior común entre ese juzgado y el máximo Tribunal, por lo que corresponde conocer dicha Regulación (sic) a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, esta representación no puede entender semejante comportamiento, es por ello, que ratificamos el contenido de nuestra solicitud y solicito muy respetuosamente a este tribunal, DECLINE la competencia para conocer esta Regulación (sic) en la Sala Plena del Máximo Tribunal. Y ASÍ SOLICITO SEA DECIDIDO.
La solicitud supra transcripta, fue omitido (sic) de manera absoluta por el Juzgado (sic) Superior (sic), el cual jamás se pronunció, ni ante (sic) la presentación del escrito previo, ni en la sentencia recurrida en este acto, dictada en fecha 22 de marzo de 2.018; materializando el juzgador de la recurrida, el vicio de incongruencia negativa, al no resolver nada sobre lo alegado por nosotros, todo lo cual implica una omisión de pronunciamiento que se constata en la misma sentencia al prescindirse en esta de todo pronunciamiento con respecto al requerimiento por esta representación formulado.
Tal comportamiento de la recurrida, constituye una violación a la garantía constitucional de Tutela (sic) Judicial (sic) eficaz, preceptuada en el artículo 26 de nuestra carta fundamental, al no resolverse sobre una petición formuladas por las partes, asimismo, comporta una vulneración a los artículos 7, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, así como el incumplimiento del requisito exigido en el numeral 5 del artículo 243 ejusdem.
En tal sentido, dada la naturaleza del vicio delatado, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido, y consecuencialmente ordene la tramitación del Recurso (sic) de Regulación (sic) de la Competencia (sic) . (Mayúsculas, subrayado y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denunció a la recurrida por la infracción de los artículos 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 12, 15 y 243 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido en incongruencia negativa del fallo.
Señaló el formalizante, que el ad quem omitió expreso pronunciamiento acerca de la cuestión previa establecida en el artículo 346 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, opuesta en la primera instancia, pues, dicho juzgado carecía de competencia para conocer de un juicio en contra de diputados de la República Bolivariana de Venezuela, por la supuesta comisión de delitos de opinión que pudieran causar daño moral, siendo el competente para conocer el Tribunal Supremo de Justicia.
Finalmente adujo el recurrente en casación, que la recurrida violó la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 7, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, al no pronunciarse expresamente sobre una petición formulada por las partes, y en consecuencia de ello, se debe ordenar la tramitación de la respectiva regulación de competencia.
En tal sentido cabe señalar, que esta Sala en su fallo N° RC-089, de fecha 12 de abril de 2005, caso de Mario Castillejos Muelas contra Juan Morales, expediente N° 03-671, dejó establecido que:
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en ...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.... Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción.... (Resaltado y subrayado de la Sala).
De igual forma, es doctrina inveterada de esta Sala de Casación Civil, que:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento (Cfr. fallo N° RC-640 de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 11-031) (Resaltado y subrayado del fallo)
Así pues, la doctrina de esta Sala tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público procesal. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº RC-830 de fecha 11 de agosto de 2004, caso de Pedro Nieves y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 03-1166, señaló lo siguiente:
...Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en la Constitución. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)....
En el mismo sentido, respecto a los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión Nº 889 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 07-285, en el recurso de revisión constitucional de la ciudadana Carola Meléndez, dispuso lo siguiente:
...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A, 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Resaltado y subrayado de esta Sala).
Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, mixta, por tergiversación de los alegatos, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada y contradictoria, y ultrapetita, constituyen materia de orden público procesal, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva.
A su vez cabe señalar, en torno a que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 06-447, en el recurso de revisión constitucional del ciudadano José Gregorio Tineo, dispuso lo siguiente:
...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil... (Resaltado y subrayado de esta Sala).
En tal sentido, el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Artículo 244.- Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
El artículo 243 eiusdem, dispone a su vez:
Artículo 243.- Toda sentencia debe contener:
1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2° La indicación de las partes y de sus apoderados.
3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.. (Resaltado y subrayado de la Sala).
El artículo 12 ibídem, preceptúa lo siguiente:
Artículo 12.-Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
Y finalmente, el artículo 15 del señalado código adjetivo civil, expresa lo que a continuación se transcribe:
Artículo 15.- Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas por ser materia de orden público procesal, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.
De igual forma, la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea considera que hay incongruencia negativa u omisiva cuando no se deciden todos los puntos objeto del debate, ni se da respuesta a una pretensión de la parte, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (Vid. entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional Español N° 111 del 3/6/1997 (f.j. 2.º); 94 de fecha 08/05/97 (f.j. 2.º); 26 del 11/02/97 (f.j. 3.º); 144 del 16/09/96 (f.j. 2.º); 91 del 19/06/95 (f.j. 4.º); 87 del 14/03/94 (f.j. 2.º), citadas por Joan Picó Junoy, en su obra Las Garantías Constitucionales del Proceso, J.M. Bosch Editor, Barcelona, España, 1997, p.67). (Cfr. Fallo N° RC-012 de fecha 9 de febrero de 2010, expediente N°2009-427)
En este mismo sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2465, de fecha 15 de octubre de 2002, expediente N° 2002-837, ratificada, entre otras, en sentencia N° 4594, de fecha 13 de diciembre de 2005, expediente Nº 2004-1643, estableció, que no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y que debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado, doctrina ésta que ha sido acogida por esta Sala de Casación Civil en sentencias números RC-571, de fecha 8 de agosto de 2008, expediente N° 2007-583; RC-848, de fecha 10 de diciembre de 2008, expediente Nº 2007-163; y Nº RC-502, de fecha 17 de septiembre de 2009, expediente N° 2009-141.
Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006, expediente N° 06-067).
Así pues, el requisito de congruencia establecido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia..., es decir, necesariamente debe existir una coherencia entre la sentencia y lo pretendido y rebatido por las partes en el decurso del proceso.
Por otro lado, el vicio de incongruencia ha sido definido en innumerables fallos por este Máximo Tribunal, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo puede resolverse las cuestiones que hayan sido presentados en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.
El sentenciador, debe en consecuencia, pronunciarse sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado por los litigantes en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el escrito de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el jurisdicente está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa y de esta manera satisfacer la exigencia legislativa, conforme a lo estatuido en los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243, ambos del Código de Procedimiento Civil, en aplicación del antiguo Adagio Latino: Justa alegata et probata judex judicre debet, que determina que: (Según lo alegado y probado el juez debe juzgar o que el juez debe sentenciar con arreglo a lo alegado y probado), para así dar cumplimiento al principio de exhaustividad que impone a los jueces, el deber de resolver todas y cada una de las cuestiones alegadas por las partes que constituyen el problema judicial; y por tanto no incurrir en omisión de pronunciamiento. Cuando el Juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia negativa o citrapetita. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-388, de fecha 15 de julio de 2.009, caso de Ana Carrillo contra Gustavo Galvis, expediente N° 09-218).
Asimismo, la doctrina de esta Sala ha expresado que no toda modificación vicia el fallo; el tribunal puede acordar menos de lo reclamado (minus petitio), pero no puede pronunciarse sobre cosa no demandada (non petita), ni sobre cosa extraña (extrapetita), ni otorgar más de lo pedido (ultrapetita), pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado (intrapetita). Debe acotarse que el fallo, al incurrir en non petita; extrapetita y ultrapetita incurre en el vicio de nulidad de la sentencia, conocido comúnmente como ultrapetita, establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, pues tales términos nos llevan a la misma conclusión, cual es que la sentencia se excedió concediendo más de lo que delimitaron los contendientes en la litis.
En una sentencia de vieja data, dictada en fecha 24 de julio de 1940, la antigua Corte Federal y de Casación, estableció una precisa y categórica definición del requisito de congruencia, de la manera siguiente:
El artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, determina las condiciones que debe reunir la sentencia para su validez, y los defectos que la vician de nulidad. En cuanto a los requisitos del fallo, la citada disposición ordena que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas. Este ordenamiento indica, según la interpretación y aplicación tradicional y constante de dicho precepto legal, que entre la demanda y la contestación de una parte, y la sentencia, de la otra, debe existir la debida y correspondiente congruencia. Si el fallo carece de esa conformidad, es porque ha sido alterado el problema jurídico planteado por las partes´ (Márquez Añez Leopoldo. Memoria de la Corte Federal y de Casación. Tomo II, pág. 65. Año: 1941, Obra Citada pág. 11. Cita Nº 2) (Resaltado de la Sala y cursivas del fallo)
Como consecuencia del planteamiento anterior, esta Sala elaboró una doctrina que ha sido aplicada en su constante y pacífica doctrina, que dice:
Los jueces cumplen con el deber de decidir con arreglo a la acción deducida y a las excepciones o defensas opuestas con sólo atenerse a los reclamos del libelo y a los alegatos hechos en la contestación de la demanda. Es con los elementos que surgen de ambos actos como queda establecida la relación procesal sobre la cual los jueces deben dejar recaer su decisión. De ahí que no estén obligados a decidir cualesquiera otros reclamos del actor que debiendo haber sido consignados en el petitorio del libelo fueron hechos en oportunidades distintas del juicio, ni los alegatos del demandado que debiendo haber sido hechos en el acto de la contestación de la demanda fueron deducidos fuera de él .
Sobre el particular, esta Sala ha establecido que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos: Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el Juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. Los aspectos son: a) Cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido, o se pronuncia sobre cosa extraña o comete incongruencia mixta, la que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso (extrapetita) y, c) cuando se deja de resolver algo pedido o excepcionado (citrapetita), o incongruencia negativa denominada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal como incongruencia omisiva, que no es más que la omisión de pronunciamiento.
Ahora bien, de verificarse la incongruencia, esto conllevaría a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que fundamentan la decisión, incumpliéndose la función jurisdiccional que es una actividad reglada que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son los estatuidos en los artículos 12, 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia del fallo, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Sentencia de fecha 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-463, caso de Jacinto Torres contra Pride International C.A., reiterada en fecha 23 de abril de 2010, fallo N° RC-118, expediente N° 2009-471, caso de Jorge Contreras contra Aura Contreras y otros, y sentencia Nº 1279 de fecha 25 de junio de 2007, expediente Nº 2007-400, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, recurso de revisión constitucional incoado por Festejos Plaza).
En consecuencia, con fundamento en la determinación del problema judicial que debe hacerse en la sentencia, podrá verificarse la llamada incongruencia del fallo, que aplicada a las dos reglas antes expuestas da lugar a la incongruencia positiva o ultrapetita, (Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium), cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; donde también es importante destacar lo que Guasp llama incongruencia mixta, que comprende la extrapetita, que es la combinación de la incongruencia positiva con la negativa, que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso, (Ne Eat Iudex Extra Petita Partium), cuando se otorga algo distinto de lo pedido, o se pronuncia sobre cosa extraña. (Guasp, Jaime. Obra citada, pág. 484), o la incongruencia negativa, omisiva o citrapetita, (Ne Eat Iudex Citra Petita Partium), cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. (Cfr. Sentencia N° RC-848, de fecha 10 de diciembre de 2008, caso de Juana de Arenas y Antonio Arenas, en representación de sus fallecidas hijas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra la sociedad mercantil SERVIQUIM C.A., y la sociedad mercantil SEGUROS MERCANTIL C.A., expediente N° 2007-163).
De igual forma se observa, que se vulnera el principio de congruencia cuando se produce un desajuste entre el fallo y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, y su infracción conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que modifican de forma sustancial los términos del litigio, con la consecuente vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Fallo N° NC-258, de fecha 13 de mayo de 2014, caso de María Puerta contra Consorcio VR 33, C.A. y otras, expediente N° 2013-014).
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman la presente causa, la Sala verificó que el a quo en fecha 14 de marzo de 2017, dictó sentencia interlocutoria en la cual declaró sin lugar la cuestión previa contemplada en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta por los codemandados, y contra esa decisión fue ejercido el recurso de regulación de competencia, por lo que pasó a conocer el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, que en sentencia interlocutoria de fecha 8 de mayo de 2.017, declaró sin lugar el recurso de regulación de competencia solicitada por la representación judicial de los codemandados y finalmente declaró al a quo como juzgado competente para seguir conociendo del presente juicio.
Así las cosas, en el análisis de lo anterior recalcado, es pertinente señalar que esta Sala en sentencia N° RH-695, de fecha 26 de noviembre de 2013, caso de Inversiones Diasut, C.A., contra Inversiones 010561, C.A. y otra, expediente N° 2013-612, señaló lo siguiente:
Acorde a las anteriores consideraciones, la Sala estima pertinente invocar el criterio jurisprudencial N° 678 de fecha 7 de diciembre de 2011, el cual ratificó la doctrina establecida respecto a la inadmisibilidad del recurso de casación contra los fallos que solucionan por vía incidental las regulaciones de competencia, sentada en sentencia Nº 897 de fecha 6 de diciembre de 2007, caso: Freddy de Jesús Hidalgo c/ Oscar Eduardo Morillo Carrillo, el cual estableció, lo siguiente:
Sobre este asunto, esta Sala conserva su criterio pacífico y reiterado, según el cual contra los fallos que solucionan por vía incidental las regulaciones de competencia, no es admisible el recurso de casación ni de manera inmediata, ni diferida.
Conforme a lo anterior, la Sala, en sentencia N° RH-00429, de fecha 27 de junio de 2005, expediente N° 2005-000306, caso: Víctor Manuel Gómez Ramírez contra el Banco Provincial S.A., Banco Universal, ratificó su criterio en los términos siguientes:
En efecto según sentencia N° 13 de fecha 28 de febrero de 2003, caso Inmobiliaria Fincareal, C.A., contra Eric Alan Ekval, expediente N° 02-859, indicó lo siguiente:
...la Sala ha establecido que la Ley no concede recurso de casación, ni inmediato ni diferido, contra las decisiones de alzada que resuelvan por vía incidental la solicitud de regulación de competencia, entre otras, en decisión de fecha 18 de febrero de 1997, señaló:
...En el vigente Código de Procedimiento Civil, concretamente, en su artículo 312, se menciona, a los efectos del anuncio del recurso, a las interlocutorias que causen un gravamen no reparado por la definitiva, y nada dice de las interlocutorias de declinatoria por incompetencia, surgiendo la duda de si estas están comprendidas en aquellas, o si se tuvo en mientes (sic), no darles recurso.
La declinatoria del tribunal puede ser suscitada bajo la vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, únicamente por la vía de regulación de competencia, no así el derogado Código que permitía además la vía de la excepción dilatoria. De acuerdo con el mecanismo procesal ahora establecido, la impugnación al fallo que decida la cuestión previa de incompetencia solo es posible por la vía de regulación de competencia.
...Omissis...
Con tales fundamentos, la Sala estima que la intención del legislador fue la de excluir del recurso de casación a las decisiones dictadas en materia de regulación de competencia... .
Aplicando el criterio jurisprudencial supra parcialmente transcrito al caso de especie, se concluye que el recurso de casación anunciado en el presente, resulta a todas luces inadmisible . (Resaltado del fallo).
Del anterior criterio jurisprudencial de la Sala, se tiene que los fallos interlocutorios que deciden sobre la regulación de competencia no están dentro de los supuestos establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que prevé cuáles son las decisiones que pueden ser recurribles en sede casacional.
Establecido lo anterior, se observa que el recurrente en casación a través de una denuncia por defecto de actividad por supuesta incongruencia negativa del fallo incurrida por el ad quem, pretende que la Sala resuelva aspectos referentes a esa incidencia interlocutoria ya decidida por los juzgados de instancia, que además posee el indiscutible carácter de cosa juzgada material y formal, y que en consecuencia de ello, se case el fallo recurrido y se declare su anulación.
Lo anterior permite determinar, que la presente delación es a todas luces desacertada y errada, pues, a dichas decisiones interlocutorias que solventan por vía incidental la solicitud de regulación de competencia, no se le concede el recurso extraordinario de casación, ni de manera inmediata ni diferida, como tampoco de manera soterrada a través de una denuncia contra el fallo definitivo emanado del ad quem al cual le fue anunciado el recurso extraordinario de casación.
Motivo por el cual, esta Sala declara la improcedencia de la presente denuncia por supuesta incongruencia negativa del fallo incurrido por el ad quem, por infracción de los artículos 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 12, 15 y 243 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación delató a la recurrida por la infracción del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 15 y 243 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, bajo el siguiente fundamento:
El Juez (sic) de la recurrida no sólo convalidó ejecutada por el A-quo (sic), quien en abierto desacato al orden público, violentó el proceso judicial de instancia, al negar a las partes la posibilidad de probar sus alegatos, al extinguir de facto el lapso probatorio inherente a todo proceso judicial; sino que el Ad-quem (sic), fue más allá, toda vez que en lo que a nuestro representado se refiere, omite realizar una (sic) análisis detallado de los supuestos mensajes atribuidos al mismos; es decir, el Juez (sic) de la recurrida, simplemente se limita a atribuir a éste los señalamientos inferidos por el demandante, sin embargo, no distingue cuáles fueron los actos desarrollados por nuestro representado para causar el supuesto daño moral que asegura cometido, no analiza en modo alguno, cuáles fueron los medios de prueba de los cuales emanan las calificaciones o actos atribuidas al demandante capaces de lesionar su honor y reputación; sino que simplemente se limita a aludir de forma abstracta supuestos mensajes, sin especificar en modo alguno, qué actos o atribuciones se observan en los mismos para considerarse ofensivos o lesivos al honor y la reputación del accionante.
Tal proceder del Juez (sic) de la recurrida, en principio constituye una violación del precepto constitucional del Debido (sic) Proceso (sic) consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta (sic) Fundamental (sic), así como los artículos 7 y 15 de la norma adjetiva civil, toda vez que no sólo consintió la alteración del proceso ejecutada por el A-quo (sic), sino que fundado en ese proceder ilegal, procedió a confeccionar su pronunciamiento, incurriendo a su vez en violación al artículo 243 numeral 5, al no realizar un pronunciamiento expreso y preciso con arreglo al planteamiento defensivo opuesto.
En tal sentido, dada la naturaleza del vicio delatado, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido, y consecuencialmente reponga la causa al estado que se evacuen las pruebas promovidas y las partes presenten sus informes . (Mayúsculas y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denunció que la recurrida incurrió en la infracción del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 15 y 243 numeral 5° eiusdem, por no haber realizado un pronunciamiento expreso y preciso con arreglo a los planteamientos defensivos opuestos por el codemandado recurrente.
Señaló el formalizante, que el ad quem violentó el proceso judicial al negar la posibilidad de probar sus alegatos y extinguir el lapso probatorio inherente a todo proceso judicial.
Alegó además, que el ad quem omitió realizar un análisis detallado de los mensajes atribuidos al mismos, y se limitó a atribuir al formalizante en casación los señalamientos inferidos por el demandante, sin embargo, no distinguió cuáles fueron los actos desarrollados para causar el daño moral que asegura haber cometido en contra del demandante.
Sostuvo el formalizante, que el ad quem no analizó cuáles fueron los medios de prueba de los cuales emanan las calificaciones o actos atribuidas al demandante capaces de lesionar su honor y reputación; sino que simplemente se limita a aludir de forma abstracta supuestos mensajes, sin especificar en modo alguno, qué actos o atribuciones se observan en los mismos para considerarse ofensivos o lesivos al honor y la reputación del accionante.
Finalmente adujo el recurrente en casación, que dada la naturaleza del vicio delatado, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido, y consecuencialmente reponga la causa al estado que se evacuen las pruebas promovidas y las partes presenten sus informes.
Ahora bien, la determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones.
La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente en casación como requisito esencial de la formalización por su amplitud, complejidad y trascendencia.
Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
En este sentido, ha sido pacífica, consolidada y reiterada la doctrina de esta Sala de Casación Civil, así en sentencia Nº RC-274, de fecha 31 de mayo de 2005, caso de Aminta Saturno contra Fernando Fersaca, expediente Nº 2005-040, que señaló lo siguiente:
...Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 31 de octubre de 2000, caso Luis Eduardo León Parada contra Ángel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, sentencia N° 346, con ponencia del Magistrado que suscribe la presente, y en la cual dejó establecido, lo siguiente:
En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada....
En el caso de estudio, la Sala consideró necesario transcribir de forma íntegra lo que el recurrente en casación alegó en su escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, para que pueda quedar evidenciado que el mismo carece de técnica en su más mínima expresión en la fundamentación de la denuncia planteada.
En este sentido, la Sala observa el yerro del formalizante plasmado en su escrito de formalización en el cual se repite- no expresa a lo largo de lo que debiese considerarse como la fundamentación del recurso extraordinario de casación, -más allá de un recuento de parte de lo acontecido en el proceso así como una serie de alegatos para ser resueltos, algo que pudiera determinar o delimitar la existencia de un vicio real y fehaciente, por defecto de actividad o infracción de ley, que permita a esta Suprema Jurisdicción Civil, establecer que habría incurrido en alguna infracción, ni expone, y menos aún señala de manera clara, precisa e inequívoca si habría alguna influencia determinante en el dispositivo del fallo, capaz de cambiar la suerte del juicio.
Aunado a lo expuesto, la denuncia está llena de imprecisiones que dificultan a la Sala saber exactamente en qué consiste la violación delatada, pues lo que debe tenerse como fundamentación es lo transcrito en la denuncia antes transcrita, no existiendo una argumentación dirigida a evidenciar la nulidad de la sentencia recurrida, todo lo cual deja a la denuncia sin la debida fundamentación y, en consecuencia, la Sala estima que la recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 578, de fecha 30 de marzo de 2007, expediente N° 2007-008, con ocasión del recurso de revisión intentado por la ciudadana María Lizardo de Jiménez contra decisión dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente:
...Ahora bien, respecto de las diversas infracciones constitucionales denunciadas, estima preciso esta Sala examinar, en primer orden, la del principio de confianza legítima. En tal sentido, apunta la Sala, lo siguiente:
La confianza legítima o expectativa plausible se encuentra estrechamente vinculada con el principio de seguridad jurídica, el cual refiere al carácter del ordenamiento jurídico que involucra certeza de sus normas y, consiguientemente, la posibilidad de su aplicación, toda vez que lo que tiende es a la existencia de confianza por parte de la población del país, en el ordenamiento jurídico y en su aplicación. De allí que comprenda:
1.- El que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes.
2.- Que la interpretación de la ley se haga en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legitima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.
Así lo ha reconocido esta Sala en diversos fallos, entre los cuales cabe indicar el número 345 del 31 de marzo de 2005 (Caso: Funeraria Memorial, C.A.), en donde señaló:
...Omissis...
Como lo señaló esta Sala -en el fallo parcialmente transcrito ut supra- la uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, ya que ello es lo que hace la confianza entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mismas.
Ahora bien, tal como lo señaló el solicitante de la revisión, ha constatado esta Sala, por notoriedad judicial, que la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia pacífica y reiterada ha sostenido que el recurrente en casación debe, además de indicar la sentencia contra la cual se recurre, expresar el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, citar el artículo o los artículos que se pretenden infringidos; especificar y razonar los fundamentos de la denuncia, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y mencionar los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada; todo ello con la finalidad de demostrar a los jueces, la contradicción existente entre la voluntad abstracta de ley y la conducta concreta del juez expresada en la sentencia impugnada. Si por el contrario, el formalizante se aparta del criterio precedente, toda vez que no realiza la cita de los artículos que denuncia como quebrantados por la recurrida u omite indicar la parte pertinente del fallo en el cual se comete el pretendido vicio, de manera que no explica el cuándo, cómo y dónde se configuraron las violaciones delatadas, la Sala de Casación Social debe necesariamente desecharlo.
Ello se desprende del texto de las normas que en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo regulan la casación laboral, que a continuación se transcribe:
...Omissis...
Como se evidencia de la normativa antes transcrita, el proceso laboral está caracterizado por la oralidad e inmediación, pero en su tramitación se exigen que determinadas actuaciones sean escritas y que satisfaga los requisitos para su procedencia, así se desprende de lo establecido en el artículo 169 antes transcrito que el anuncio del recurso se hace por escrito, la formalización del mismo debe contener las razones en que se fundamenta dicho recurso (artículo 171), la contestación a los alegatos del formalizante deben formularse igualmente por escrito (artículo 172). Ello es así, por cuanto si bien la casación en materia laboral tiene una audiencia en la cual las partes formulan sus alegatos y defensas oralmente (artículo 173), y tiene por finalidad, entre otras, eliminar los innecesarios rigores del formalismo de suerte que pueda cumplirse una correcta administración de justicia; sin embargo, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aún cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad; salvo si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor -actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso- las cuales pudieran ser eventualmente subsanadas por la Sala de Casación Social, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, como la extemporaneidad del recurso o la falta de cualidad de las partes para ejercerlo.
...Omissis...
En el caso de autos, se observa en la decisión objeto de revisión, que la Sala de Casación Social, aun cuando los apoderados judiciales de las recurrentes denunciaron que en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el juzgador incurrió en una errónea interpretación del artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como del Plan de Jubilación de los trabajadores de PDVSA, sin mencionar cuáles fueron las disposiciones del referido Plan de Jubilación infringidas por error de interpretación, dedujo que eran las relativas al beneficio de jubilación y así lo examinó.
En consecuencia, la Sala de Casación Social exoneró a la parte recurrente del cumplimiento de uno de los requisitos que debía cumplir el escrito de formalización del recurso, cuya inobservancia indefectiblemente le impedía conocer de la contradicción existente entre la voluntad concreta expresada por el juez recurrido y la voluntad abstracta de la ley, circunstancia ésta que a juicio de esta Sala- no comportó un cambio o modificación de criterio jurisprudencial, sino su quebrantamiento, máxime cuando ni siquiera justificó las razones por las cuales llegó a la convicción de que las normas -cuya aplicación errónea se denunció- eran las relativas al beneficio de jubilación. Aprecia esta Sala, que la señalada actuación de la Sala de Casación Social, infringió no sólo el principio de seguridad jurídica sino además la garantía de la tutela judicial efectiva, la cual lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal. De allí, que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estas exigencias puedan ser tildadas de formalidades no esenciales.
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 constitucional es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan dichos medios, son preceptos que establecen los mecanismos de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse. La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.
Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.... (Resaltado del fallo de la Sala).
De acuerdo a la anterior jurisprudencia, se tiene que no le es dable a la Sala inferir la intención del recurrente, que de hacerlo estará supliendo una obligación propia de éste y asumiendo funciones que si bien no le son ajenas, no se corresponden con la inherencia como tribunal de derecho que es; ya que la precisión y claridad son cargas inexcusables del formalizante, que van dirigidos a demostrar a la Sala que de existir la infracción por la recurrida, el mismo fue determinante del dispositivo del fallo, ya que en caso contrario estaríamos ante una casación inútil.
Todo lo anteriormente expuesto, impide volcar la flexibilidad abanderada por esta Sala de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar el sentido propio expuesto en la denuncia.
En tal sentido, lo que se denota en la presente denuncia es la inconformidad del recurrente en la manera como el ad quem arribó a su conclusión jurídica después de analizar el acervo probatorio que constan en el expediente, de manera que ante tal situación, el formalizante debió haber planteado una denuncia por infracción de ley con soporte en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, bien por violación de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de el establecimiento o valoración de las pruebas, o alguno de los casos de suposición falsa, para de esa forma quede habilitada esta Sala para descender a las actas del expediente y corroborar la certeza o no de lo establecido por el sentenciador de la recurrida como fundamento de su fallo, y de esta manera combatir su inconformidad con el análisis hecho por el ad quem.
En consecuencia, visto que lo expuesto por el formalizante en casación carece de manera absoluta de la necesaria técnica en su fundamentación, la Sala declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
-III-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación delató a la recurrida por la infracción de los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 243 ordinales 4° y 5° del Código de Procedimiento Civil, bajo el siguiente fundamento:
Ciudadanos Magistrados, el Juez (sic) de la recurrida a los fines de fundamentar su decisión y dar por probado los extremos para que proceda la indemnización que por daño moral reclama el accionante, se limitó a exponer lo siguiente:
CON RELACIÓN AL DAÑO:
Siendo que, del análisis de dichas publicaciones, es evidente que las mismas resultan injuriosas e infames, contrarias a las buenas costumbres, y violatorias del Derecho (sic) reconocido con Rango (sic) Constitucional (sic) de que Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social, así como el que Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es forzoso para esta Alzada (sic) concluir, que se tiene por cumplido el primero de los elementos de la responsabilidad civil; vale señalar: EL DAÑO; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
CON RELACIÓN A LA CULPA:
Establecido lo anterior, pasa este Sentenciador (sic) a analizar el segundo requisito de procedencia, como lo es la Culpa (sic), y a tales efectos se evidencia que si bien los accionados alegan al excepcionarse que actuaron bajo el amparo del precitada norma constitucional, contenida en el artículo 200 de la Constitución Nacional que señala el que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia; no es menos cierto, utilizando el criterio de nuestro Tribunal Constitucional, el que la inmunidad es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento Debemos entender entonces, en última instancia, que se tutela más la composición y funcionamiento del Parlamento, que al cargo representativo singularmente considerado; dado que esta excepción no infringe el PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY porque no se acuerdan en razón de las personas en sí, sino en función del cargo que las mismas ocupan, por considerarlo de especial importancia para la vida política del país y con la finalidad de garantizar el libre ejercicio por el titular de las funciones que lleva aparejado el cargo.
Tanto la inmunidad, como la inviolabilidad y el fuero especial o jurisdiccional, son consideradas por la doctrina constitucionalista como prerrogativas de los parlamentarios, entendidas como garantías institucionales o funcionales siendo el propio Órgano Legislativo, el que vela por su observación y mantenimiento mediante una interpretación estricta para no desnaturalizar los fines institucionales a los que responden, ya que toda utilización de estos privilegios parlamentarios que no respondan a la defensa de la independencia y autonomía del Poder legislativo del Estado «Debe Considerarse Una Verdadera Desviación De Poder» (sic), perdiéndose su carácter institucional «para convertirse en odiosas prerrogativas personales.
Omissis
Lo que permite concluir, siguiendo algo que advirtió hace casi 100 años HANS KELSEN en su imprescindible obra DE LA ESENCIA Y VALOR DE LA DEMOCRACIA que la inmunidad puede ser usada de forma espuria, señalando que es una de las causas que explican que el parlamentarismo de nuestro tiempo no se haya granjeado las simpatías ciudadanas, que resultando forzoso para esta Alzada (sic) tener por cumplido con el segundo elemento de la responsabilidad civil preceptuada en el artículo 1.191 del Código Civil, vale señalar: LA CULPA; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
CON RELACIÓN A LA RELACIÓN (sic) DE CAUSALIDAD:
Finalmente, en cuanto a la relación de causalidad entre el daño y la culpa del agente generador del daño, cuya existencia se requiere probar el hecho ilícito; se evidencia a los autos, que la relación causa-efecto se encuentra presente en el caso sub examine, puesto que, demostrado el daño y que el mismo sobrevino con ocasión de la acción culposa por parte de los demandados; cuya autoría no fue negada, en los correspondientes escritos de contestación de la demanda; y que el privilegio alegado, relativo a la inmunidad parlamentaria, tal como fue señalado tutela más la composición y funcionamiento del Parlamento (sic), que al cargo representativo singularmente considerado; dado que esta excepción no infringe el PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY porque no se acuerdan en razón de las personas en sí, sino en función del cargo que las mismas ocupan; y que tanto la inmunidad, como la inviolabilidad y el fuero especial o jurisdiccional, son consideradas por la doctrina constitucionalista como prerrogativas de los parlamentarios, entendidas como garantías institucionales o funcionales; y que toda utilización de estos privilegios parlamentarios que no respondan a la defensa de la independencia y autonomía del Poder legislativo del Estado «Debe Considerarse Una Verdadera Desviación De Poder» (sic); es por lo que, esta Alzada (sic) tiene por cumplido el tercero de los elementos de la responsabilidad civil, vale señalar: LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CULPA; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
Finalmente concluye señalando lo siguiente:
Y siendo que, tal como fue decidido, en la presente causa se encuentran cumplidos los extremos de Ley (sic) para que proceda la indemnización por daños morales provenientes del hecho ilícito, como lo son: el daño, la culpa y la relación de causalidad, y que el daño fue causado por culpa del agente material del ilícito, ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÒN GARCIA y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, en el deterioro de la ética, altos valores morales y profesionales del hoy accionante; al servicio de su PATRIA.
Como se puede observar, el Juez (sic) de la recurrida, en lo que respecta a nuestro representado, no expresa los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a considerar acreditados los extremos para considerar probados los supuestos de procedencia de una indemnización por daño moral; por el contrario, se puede apreciar que en su análisis, se limita a hacer referencia a nuestro representado para decir lo siguiente:
PRIMERA
El día 19 de abril del 2016, el ciudadano codemandado de autos CARLOS BERRIZBEITIA, en su Cuenta (sic) Oficial (sic) de la red social twiter: @CEBERRIZBEITIA, retwitteo (sic) la información publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS digital, por el ex gobernador CARLOS TABLANTE, expresando:
..EN FAMILIA: Cuñados de CARLOS OSORIO recibieron más de $6 millones por importación de carne Para (sic) CASA.
SEGUNDA
El día 23 de abril de 2016, el Diputado (sic) CARLOS BERRIZBEITIA, emite unas declaraciones publicadas en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL:
La corrupción en la importación de alimentos y la mala planificación en el sector agroalimentario causaron la gran escases de productos básicos que vive Venezuela, lamentó el diputado Carlos Berrizbeitia
Omissis..
Berrizbeitia sostuvo que durante las recientes publicaciones de los papeles de Panamá, se descubrió que dos cuñados del ex ministro de alimentación Carlos Osorio, tenían cuentas en el país canalero por unos 6 millones de dólares.
...Omissis...
Este caso no es ninguna novedad, ya en 2010 se destapó el llamado escándalo de Pudreval (de importación de alimentos vencidos) que involucraba al ministro Osorio y ocasionó pérdidas a la República por dos mil millones de dólares, precisó.
Lo antes transcripto, demuestra claramente la inexistencia de un razonamiento por parte del Juez (sic) de la recurrida que permita entender cómo pudo concluir que, con relación a nuestro representado, estaban dados los extremos legales exigidos, para que fuera condenado al pago de una indemnización por daño moral; ya que a lo largo de dicha sentencia, no se observa un razonamiento que nos permita comprender, cómo determinó dicho Juez (sic), que los dos mensajes por él aludidos y atribuidos al Diputado (sic) CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, causaron en el accionante un daño tal que produjesen sufrimiento a su honor, fama y reputación, ni que ella le hubiese causado o provocado dolor, angustia, o pena moral; es más, el Juez (sic) de la recurrida, omite referirse a un hecho notorio comunicacional, y es que contrario a los supuestos daños por él declarados infundadamente y aducidos por el accionante, éste no sólo ha sido realzado públicamente por las mas (sic) altas autoridades del país, sino que adicionalmente, antes y durante el desarrollo del proceso por él instaurado por supuestos daños morales, se le confirieron los más altos cargos que pudiese aspirar un militar en ejercicio, llegando incluso a detentar dos cargos a la vez, situación ésta que demuestra , la inexistencia de lesión a su honor o reputación.
Es evidente, ciudadanos Magistrados, que la sentencia recurrida adolece del vicio de inmotivación, al no describir los motivos de hecho y de derecho que la fundamenten, todo lo cual constituye una violación a la garantía constitucional de Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic), consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta (sic) Fundamental (sic), así como una violación a los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil . (Mayúsculas, subrayado y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denunció que la recurrida incurrió en la infracción de los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 243 ordinales 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, por el vicio de inmotivación del fallo por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.
Señaló el formalizante, sobre la inexistencia de un razonamiento por parte del ad quem que permita entender cómo pudo concluir que, con relación a nuestro representado, estaban dados los extremos legales exigidos, para que fuera condenado al pago de una indemnización por daño moral, pues, a lo largo de dicha sentencia, no se observa un razonamiento que permita comprender cómo determinó que los dos mensajes aludidos por el demandante y atribuidos al codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, le causaron un daño que le produjese sufrimiento a su honor, fama y reputación o que le hubiese causado dolor, angustia, o pena moral.
Finalmente adujo el recurrente en casación, que la sentencia de alzada adolece del vicio de inmotivación, al no describir los motivos de hecho y de derecho que la fundamenten.
Ahora bien, respecto al vicio de inmotivación del fallo, estatuido en el numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dispone que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.
Al respecto, esta Sala en sentencia N° RC-291 de fecha 31 de mayo de 2005, caso de Manuel Rodríguez contra la Estación de Servicios El Rosal, C.A., señaló lo siguiente:
Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo; requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión; al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos de la decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad del fallo.
En este sentido, la Sala ha señalado que ...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa...Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada.... (Sent. 21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).
Asimismo, ha expresado que ...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos.... (Vid. Sent. N° 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro).... (Resaltado de la Sala).
De acuerdo a la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que conforme al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, así pues, el juez tiene la obligación de explicar su decisión, es decir, hacerla comprensible mediante la descripción de los motivos que lo condujeron a tomar tal determinación.
De esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el juez en la sentencia permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida una decisión objetiva y no arbitraria, en estricto acatamiento al ordenamiento jurídico positivo y al mismo tiempo pueda la comunidad en general conocer las razones que sustentan tal decisión. (Cfr. fallo N° RC-669 de fecha 21 de octubre de 2008, expediente N° 2008-314, caso Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros.).
Motivo por lo cual, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, para que sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.
También ha sostenido esta Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que se vierte a continuación, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:
a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Es decir, que no contenga materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.
b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual, los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.
c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Lo que genera una situación equiparable a la falta de fundamentación; siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido, se ha pronunciado esta Sala en su fallo N° RC-704, de fecha 27 de noviembre de 2009, caso de Manuel Padra contra Giacoma Cuius Cortesía y otro, expediente N° 2009-242, de la siguiente forma:
...siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo... (Resaltado del fallo citado). Y
d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Véase sentencia Nº 83, de fecha 23 de marzo de 1992, caso de Juan Perozo contra Freddy Escalona y otros, reiterada en fallo Nº RC-182, de fecha 9 de abril de 2008, expediente N° 2007-876).
Así pues, el requisito de la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo; siendo que la primera debe estar formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y la segunda, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.
Es importante destacar, que para la Sala en constante y pacífica doctrina por lo menos a partir del año 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse.
Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, la Sala requiere transcribir in extenso el fallo de alzada, que estableció textualmente lo siguiente:
Antes de pronunciarse al fondo, considera esta Alzada necesario hacer las siguientes acotaciones:
Constituyen Derechos Humanos primarios, reconocido por nuestro noble texto constitucional, la progresividad de los Derechos Humanos, el libre desenvolvimiento de la personalidad, la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
En efecto establece la constitución (sic) de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos:
Artículo 19 El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen
Artículo 20 Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social
Artículo 21 Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias
Artículo 25 Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores
Artículo 26 Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles
Artículo 27 Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales
Artículo 29 El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía
Frente al principio de igualdad ante la ley, existen excepciones, que no lo infringen, dado que no se acuerdan en razón de las personas en sí, sino en función del cargo que las mismas ocupan, por considerarlo de especial importancia para la vida política del país y con la finalidad de garantizar el libre ejercicio por el titular de las funciones que lleva aparejado el cargo Tanto la inmunidad, como la inviolabilidad y el fuero especial o jurisdiccional, son consideradas por la doctrina constitucionalista como prerrogativas de los parlamentarios, entendidas como garantías institucionales o funcionales siendo la Cámara la que vela por su observación y mantenimiento mediante una interpretación estricta para no desnaturalizar los fines institucionales a los que responden.
En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 200 establece: Sección tercera: de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
La inmunidad se consagra como una garantía del ejercicio autónomo de las funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el mejor y efectivo cumplimiento de la función parlamentaria. Los funcionarios públicos gozarán de inmunidad desde el momento de su proclamación hasta la conclusión de su mandato.
Sobre esta base constitucional, en el caso sub examine, es de observarse que, el codemandado CARLOS BERRIZBAITIA (sic) GILIBERTI, en la oportunidad perentoria de dar contestación a la demanda, señala: ...Con respecto a la primera atribución fáctica, y en el entendido de haber sido cierta dicha acción, que en modo alguno puede reputarse como un acto lesivo al honor o la reputación del demandado, o suficiente para exponerlo al desprecio público o al descrédito; ya que el hecho de compartir (re twittear) vía twitter una opinión o hecho noticioso, que otra persona ha escrito o publicado, no comporta autoría o creación en el contenido del mismo, de allí que no podría exigírsele responsabilidad a quien comparte una opinión o difunde una noticia. Asimismo en lo que respecta a la segunda atribución fáctica, referente a una entrevista reproducida en el portal noticioso CUENTAS CLARAS DIGITAL; que dichas declaraciones se encuentran estrechamente vinculadas a la actividad parlamentaria desarrollada por nuestro representado y sustentadas precisamente en la función investigadora desarrollada por la Comisión Parlamentaria que integra, por lo tanto se encuentran amparadas por la indemnidad de la función parlamentaria consagrada en el artículo 199 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que en tal sentido no pudiera calificarse de acto generador de lesión al honor y reputación del mismo, y menos conducir a la imposición de responsabilidades resarcitorias del supuesto daño moral demandado; dado que, carece de irrogación ofensiva específica o determinada que permita asegurar al demandante que le ha sido atribuido un hecho nocivo a su honor o reputación, la opinión claramente alude a un caso derivado de una investigación Caso Pudreval, al cual se vinculaba al actor; sin embargo no señala o afirma nuestro representado, que el autor de esas pérdidas a la República sea el demandante.
A su vez, el Apoderado (sic) Judicial (sic) del codemandado, ciudadano ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA, señala al excepcionarse, que dicho ciudadano como parlamentario, tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, y como tal tiene el derecho a realizar su labor en forma independiente, y de acuerdo a los estándares que protegen la libertad de expresión, y sus atribuciones como Diputado (sic) de acuerdo a lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de lo que deviene el que, el formular una denuncia, constituye una conducta preexistente lícita, tolerada, consentida, y amparada por el ordenamiento jurídico positivo; que no es delito reproducir información de otros; que su patrocinado no actuó de forma dolosa, negligente ni imprudente; que por el contrario, actuó apegado a Derecho (sic), ya que, dentro de sus facultades está la emitir opiniones o votos en el ejercicio de su cargo o funciones.
Finalmente el Apoderado (sic) Judicial (sic) del codemandado, ciudadano CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, al excepcionarse señala que: ...la actividad desplegada por Carlos Tablante al hacer una imputación pública sobre los hechos que involucran a Carlos Osorio, Naman Wakil Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, son legítimas de hecho y de derecho...
Considerando esta Alzada (sic) necesario, hacer las siguientes acotaciones doctrinarias como fundamento de la decisión de fondo.
El destacado Jurista (sic) y Maestro (sic) de la Universidad Nacional del Litoral, ROBERTO BREBBIA, caracteriza los daños morales, expresando que son: aquellos constituidos por "la privación" o disminución de aquellos bienes que tienen valor preciso en la vida del hombre tales como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.
Los daños morales, caracterizándolos como aquellos producidos por la lesión a los derechos extrapatrimoniales o de la personalidad, teniendo en cuenta al contenido, más que al elemento externo o propiamente jurídico de tales daños, pueden individualizarse atendiendo al dolor, sufrimiento, disgusto, padecimientos soportados a raíz del hecho dañoso. El daño de orden moral, lo es, por ejemplo, un ataque a la reputación, a la consideración de una persona, procedente de conversaciones injuriosas o palabras o escritos calumniosos; lo es la ruptura injustificada de una promesa de matrimonio; lo es el hecho de una seducción dolosa. Cuando un acto ha causado la muerte de una persona, concede a sus parientes próximos, una indemnización, no sólo por el perjuicio material y moral que esta muerte puede causarles, privándolos de los recursos procedentes del trabajo del difunto, y de la situación social que el accidente les ha hecho perder, sino también por la pérdida de afección por el dolor que les ha causado la desaparición de un ser querido".
Siendo que el hombre es "causa y meta" de la normación (sic) jurídica; no basta con enunciarlo, es imprescindible asegurar y preservar su integridad moral y material, protegiendo sus derechos más elementales, sus necesidades básicas, lo que le asegurará el goce de una vida en plenitud.
El espíritu de la ley no deja ninguna duda; ella quiere amparar todos los derechos del hombre; todos sus bienes; ahora bien: nuestro honor, nuestra consideración, no son el más preciado de los bienes? Son más, constituyen la esencia de nuestro ser.
Sin libertad interna no puede existir una cabal libertad externa pues aquella constituye la base de ésta. La libertad jurídica se conculca cuando se impide que los individuos realicen los actos no prohibidos por la norma; la libertad de conciencia se menoscaba cuando por la acción de terceros se pretende influir sobre ese trasfondo ético de la personalidad moral obligando al individuo a aceptar creencias o ideas que no comparte.
Sistematizando o agrupando los daños morales en géneros superiores, se puede afirmar que existen: a) Daños morales legalizados y nominales, que son los que quedan expresado en el artículo 1196 del código civil vigente, b) daño a derechos inherentes a la personalidad que es el patrimonio moral de una persona en la cual se incluyen todos los bienes de la intimidad.
No siempre ha sido fácil en estrados aceptar la existencia de daños morales, en España fue sobre los años de 1910, en Colombia en 1922 y en Venezuela hemos encontrado decisiones de casación de 1955 y de la Instancia (sic) de 1948. La doctrina del daño moral constituye una creación relativamente reciente de la ciencia jurídica y que no era lógico esperar, por tanto, que la misma fuera incorporada por vía jurisprudencial, en forma súbita y completa, a nuestro derecho positivo.
La repercusión refleja el daño moral indirecto no proviene de la conculcación de un derecho patrimonial del mismo sujeto, como en los casos anteriores sino del reflejo que produce sobre sus afecciones legítimas el daño sufrido por otra persona, que tiene por su parte acción personal contra el agente del hecho ilícito.
La conciencia, verdadero núcleo moral de la personalidad, está formada por el conjunto de creencias e ideas que el individuo ha acumulado en el decurso de su existencia; de ese trasfondo de la personalidad surgen las decisiones que los individuos adoptan ante cada contingencia, decisiones que se traducen en pensamientos y se concretan en actos. Mientras no se traduzcan en acción, tales pensamientos y decisiones están reservadas exclusivamente al campo de la Ética, que las computa únicamente en cuanto son el resultado de un proceso de deliberación autónomo, ajeno a la presión de terceros.
La ley presume que todas las personas vinculadas entre sí por lazos de parentesco se hallan unidas por un lazo afectivo especial que constituye precisamente, la base moral de la institución de la familia.
El resarcimiento en caso de daños nominales adquiere los caracteres de una reparación simbólica ya que la condena no busca indemnizar sino únicamente que quede vindicado o reconocido el derecho del demandante que ha sido menoscabado
Lo que caracteriza al daño moral no es ninguna especial sensación dolorosa, sino la violación de los derechos inherentes a la personalidad de su sujeto.
Para el Maestro (sic) Italiano (sic) ALFREDO MINOZZI, en su obra Studio sul danno non patrimoniale (danno morale), se confunde la cesión de un bien personal con la reparación de un bien de esta especie menoscabado por un hecho ilícito. Lo primero repugna, o a no dudar, los principios de moralidad y buenas costumbres, ya que no puede siguiera concebirse que una ponga en venta o transfiera su honor, integridad física, afecciones, etc., no así lo segundo, que trata de su supuesto muy diferentes, como lo es el caso de un sujeto que ha sufrido un agravio en algunos de los presupuestos de su personalidad y que aspira a que se le conceda una satisfacción que compense el mal causado, a la vez que su sentimiento de justicia lesionado por el acto injurioso, medio para atenuar en parte los efectos perniciosos y hasta cierto punto irrevocables del hecho dañosos.
Con independencia de esas características el daño moral apareja consecuencias patrimoniales mediante el mecanismo de la reparación, sin que la percepción económica sea una traducción exacta del valor que tiene el derecho subjetivo violado, que solo adquiere vida material como pena privada o sanción específica, necesaria para castigar al agraviante, ya que los derechos subjetivos no tienen valoración determinada o determinable; que esa valoración pertenece al mundo de la potestad del Juez (sic), quien no tiene referencias condicionantes en el orden legal, sino parámetros surgidos de la experiencia y la realidad, con elementos trascendentes que debe tomar en cuenta al momento de fijar el monto de una reparación. Es un arbitrio y una soberanía del juzgador cuantificar el monto de la reparación, en términos que, como veremos en este capítulo, atienda a los principios sobre los cuales se sustenta la institución.
Estos daños son y conforman parte de los derechos subjetivos del hombre, porque todo cuanto incide en su personalidad, su intimidad y su existencia como humano, como son el honor, la libertad, la integridad física, la tranquilidad de espíritu, el nombre, la honestidad; la libertad de acción, la autoridad paterna, la fidelidad conyugal, la integridad, la situación familiar, la posición social, la relación con el agresor, las afecciones legitimas, la seguridad personal, el derecho moral de un autor sobre su obra, el valor de afección de ciertos bienes patrimoniales, entre otros muchos, aunque no posea objetivamente una valoración pecuniaria, su lesión debe producir una compensación satisfactoria a la víctima.
La Profesora (sic) MAGALI CARNEVALI DE CAMACHO en su obra Derecho de Obligaciones, señala que: "El campo de la moral es mucho más amplio que el del derecho, ya que la moral nos ordena fidelidad con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, mientras que el derecho no es impuesto sin tomar en consideración nuestras propias convicciones, y es por ello que comporta la coercibilidad, o sea, la posibilidad de constreñirnos a su cumplimiento".
Siendo igualmente necesario traer a colación como fundamento jurisprudencial, en relación al daño moral, lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, basada la Sala en la sentencia Nº 144 del 07 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), que estableció lo siguiente:
"...el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso en concreto analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.
Así como el criterio jurisprudencial sentado en sentencia Nro. (sic) 98, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de marzo de 2000, en el caso: Oscar Silva Hernández, en la que asentó al referirse a los hechos comunicacionales:
...como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, por qué negar su uso procesal.
El Jurisconsulto (sic) Patrio (sic) ANÍBAL DOMINICCI, en su obra Comentarios Al Código Civil, al referirse al Daño (sic) Moral (sic), señala:
...Es todo hecho voluntario ilícito por el cual se causa daño a otro en sus intereses, intencionalmente y sin derecho... por lo que entendemos la pérdida o privación de una cosa... Para que haya delito en derecho civil, son indispensables tres circunstancias: Io) (sic) Que se haya ejecutado un hecho voluntario e ilícito, o se haya dejado de cumplir voluntariamente una obligación contraída con la diligencia antedicha; 2o) (sic) Que ese hecho haya causado un daño apreciable en dinero, de lo que se sigue si el daño no es apreciable sino moralmente, el hecho está fuera del imperio del Código Civil; y 3o) (sic) Que el delito se haya realizado sin derecho.- En materia civil debe entenderse que la responsabilidad comprende el resarcimiento de los daños y perjuicios, con mayor extensión que el acordado por inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación porque hubo mala fe....
En el caso sub examine, observa este Sentenciador (sic) que lo pretendido por el accionante, ciudadano Mayor General CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, es la indemnización de los daños morales que alega haber sufrido, causados por los accionados de autos, al someterlo al escarnio público mediante afirmaciones difamatorias e injuriosas, tendientes a dañar su honor y su excelente reputación, las cuales le han causado graves daños morales, que de manera lamentable han repercutido en su núcleo familiar y social.
Por lo que pasa esta Alzada (sic) a pronunciarse si se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia de la referida acción de daños, los cuales lo constituyen: el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la conducta culposa del agente material y el daño sufrido por la víctima.
Constituyendo el primero de los elementos de la responsabilidad civil, el daño; el autor ALBERTO MILIANI BALZA señala que el daño proviene del latín Damnum y que su efecto es dañar o causar un perjuicio a otro. Es la característica propia de la responsabilidad civil, ello significa que es necesario que exista el daño para que proceda la reparación en materia civil, sin el daño no hay víctima en el ilícito civil; según BALZA, no basta con que la víctima (demandante) alegue ante el juez un daño; sino que debe determinar en que (sic) consiste el mismo y su extensión.
En cuanto a la Culpa (sic), como segundo elemento de la responsabilidad civil, proviene por la deficiencia de la voluntad, vale señalar, proviene de una conducta, ya sea activa o pasiva, que genera el daño; de lo que se desprende, que la esencia de la culpa radica en la falta de diligencia y previsión que supone que en el autor, del acto o de la omisión; ha habido descuido, imprevisión, dejadez, que habrán de revisarse caso por caso.
Finalmente, la Relación (sic) de Causalidad (sic), como tercer elemento de la responsabilidad civil, debe estar presente, pues para que el autor del daño, esté obligado a su reparación, éste ha de ser consecuencia directa de un hecho imputable al mismo, ya sea por culpa probada o presunta del agente del daño (responsabilidad subjetiva), como por imputación expresa de la ley (responsabilidad objetiva).
Debiendo esta Alzada (sic) verificar, la configuración de los elementos de la responsabilidad civil, vale señalar, el daño causado a una persona; el carácter culposo; y la relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa.
Con relación al daño, se evidencia en el caso sub-examine, que constituye un hecho reconocido por los accionados, a demás de constituir por sí mismo un hecho notorio el que: En (sic) fecha 18 de febrero del 2016, fue publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, una información de noticia que expresa:
Vinculan al ex ministro CARLOS OSORIO con casos de corrupción en Abastos Bicentenario Neidy Rosal diputada del Consejo Legislativo de Carabobo, acudió a la Asamblea Nacional este miércoles para solicitar a la comisión de Contraloría (sic) auditar los procesos de compra de alimentos realizados al exterior en la gestión del ex ministro Carlos Osorio.
El anterior jefe de la cartera alimentaria tuvo competencias en la compra de alimentos a una empresa brasileña sin pasar por los protocolos de licitación, comunico Rosal, quien consigno las pruebas al Parlamento (sic) de acuerdo a información de El Nacional.
...Omissis...
Explico que Osorio rinda cuentas sobre su participación en la red de distribución pública, al estar asociado con los gerentes de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y abastos Bicentenario. reseño (sic) el Diario La Verdad.
En el mes de abril del 2016, fue publicado en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, un informe cuya autoría corresponde al ex gobernador CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, que dice:
LOS CUATRO GENERALES Carlos Tablante.
Al Margen (sic) de las desviaciones que se han producido al colocar a la Fuerza Armada Nacional en un rol que no le corresponde al servicio de una parcialidad política, cuando hablamos de corrupción, nos referimos a una casta que instalada en el alto gobierno, se ha enriquecido causando un daño brutal al patrimonio del país.
...Omissis...
Los señalamientos concretos a militares implicados en delitos de tráfico de drogas o corrupción, no deben verse como una ofensa a las FAN (sic). Por el contrario lo que se asume es la defensa del honor de la institución frente al abuso de poder y los hechos de corrupción en los que han incurrido algunos de sus integrantes, quienes deben dar explicaciones y facilitar la investigación que adelanta la Asamblea Nacional.
Por ejemplo los generales Manuel Barroso, Carlos Osorio Zambrano, Giuseppe Yoffreda y Rodolfo Marcos Torres han gestionado miles de millones de dólares para la importación de bienes y servicios, sobre todo de alimentos y medicinas.
El día 19 de abril del 2016, fue publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, una información noticiosa cuya autoría corresponde al ex gobernador CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO que expresa:
Cuñados de CARLOS OSORIO recibieron más de $6 millones por importación de carne para CASA. CCD Exclusivo/ (sic) Una (sic) empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del ejercito (sic) Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) cuando Osorio era ministro de alimentación.
CCD (sic) tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados ente diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Vitas Company S.A. empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan & Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra, esposa del General Carlos Osorio.
La operación: CASA adquirió 40.000 toneladas de carne a la empresa brasileña JA Comercio de Géneros Alimenticios LTDA con sede en Sao Paulo a un precio de 3 mil 200 dólares por tonelada por un monto total de 128 millones de dólares, sin embargo, la vendedora carioca sólo recibió 52 millones de dólares, es decir, 1.300 dólares por tonelada de una carne vencida como de primera calidad paro que al momento de la venta ya estaba vencida.
El resto, aproximadamente 76 millones de dólares, es decir, el 60%, corresponde al sobreprecio establecido por Naman Wakil del cual una parte fue para la cuenta de Villas Company SA de los cuñados del general (sic) Carlos Osorio, Si bien los documentos que respaldan esta información señalan pagos por caso (sic) 6 millones de dólares, la fuente consultada por CCD (sic) asegura que el pago final fue de 20 millones de dólares.
Se trata sólo de una decena de operaciones similares realizadas por Naman Wakil con directivos de CASA y del Ministerio de Alimentación y sus asociados por lo menos desde 2007, según registros a los que acceso CCD (sic).
Wakil es el protagonista del libro El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre, en el cual se relata otro de los fraudes contra el Estado (sic) Venezolano (sic) cometido por el empresario bajo el titulo trece millones de dólares en mortadela.
...Omissis... (sic)
El imprescindible Osorio Zambrano.
...Omissis... (sic)
Solicitado por la Asamblea Nacional.
Diputados de la Asamblea Nacional acordaron por mayoría calificada, citar para el miércoles 20 de abril al ex ministro, general (sic) Carlos Osorio y al general (sic) Giuseppe Yoffreda, por su cuota de responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la importación de alimentos para la red pública de distribución del Estado (sic)...
El día 19 de abril del 2016, el ciudadano codemandado de autos CARLOS BERRIZBEITIA, en su Cuenta (sic) Oficial (sic) de la red social twiter (sic): @CEBERRIZBEITIA, retwitteo (sic) la información publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS digital, por el ex gobernador CARLOS TABLANTE, expresando:
EN FAMILIA: Cuñados de CARLOS OSORIO recibieron más de $6 millones por importación de carne para CASA.
Seguidamente el ex gobernador CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, publicó en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, otra información noticiosa, así:
ES CON USTED, MAYOR GENERAL CARLOS OSORIO ZAMBRANO Carlos Tablante
El lunes 18 de abril, en nuestro portal cuentasclarasdigital.org (sic) publicamos un informe sobre la corrupción enquistada en los organismos públicos encargados de la importación de alimentos a dólar preferencial.
En el caso de la compra de 40.000 toneladas de carne de ínfima calidad de Brasil por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) con un sobreprecio de 76 millones de dólares - el 60%- y además caducada, queda gravemente comprometido el mayor (sic) general (sic) del Ejército Carlos A. Osorio Zambrano.
Según los documentos presentados, el general (sic) Osorio y sus cuñados establecieron una alianza perversa con el seudo empresario Naman Wakil para concretar la operación en 2012, cuando Osorio era Ministro de Alimentación y tenía a CASA bajo su total control. Los Marquina Parra recibieron por lo menos 6 millones de dólares en la cuenta de un banco suizo a nombre de una empresa de maletín registrada en Panamá de la cual son los verdaderos dueños.
...Omissis... (sic)
El mayor (sic) general (sic) Vladimir Padrino López, ministro (sic) de la Defensa está obligado a suspender al mayor (sic) general (sic) Carlos Osorio Zambrano en su actual cargo como comandante (sic) de la Región Estratégica de la Defensa Nacional (Redi) Central a través de la Inspectoría General de las FAN (sic) y facilitar la investigación por parte de los organismos competentes, es decir, la Fiscalía General de la República, por tratarse de delitos graves contra el patrimonio público, que además no prescriben de acuerdo al artículo 271 de la Constitución Nacional
El día 20 de abril de 2016, el ciudadano CARLOS TABLANTE, publica en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, otra información noticiosa, de la siguiente manera:
EL GENERAL OSORIO Y EL SEUDO EMPRESARIO NAMAN WAKIL Carlos Tablante
En la respuesta a un camarada del general (sic) Carlos Osorio en Aporrea (sic), el mismo no explica las razones por las cuales sus cuñados tenían empresas de maletín en paraísos fiscales y recibían depósitos millonarios del seudo empresario Namal Wakil, proveedor de alimentos del régimen en el momento en que era ministro de alimentación y controlaba CASA.
Es evidente que se cometieron, según ha reconocido hasta el propio Maduro (sic), actos ilícitos en la gestión de CADM (sic) con operaciones ficticias y sobre facturadas. Este entramado de corrupción es el que hemos definido como el saqueo cambiario.
...Omissis... (sic)
Si el general (sic) Osorio se considera inocente debería responder directamente las interrogantes que han surgido en la opinión pública sobre sus vínculos con estos graves hechos.
...Omissis... (sic)
Hasta los trabajadores de Abastos Bicentenario han exigido que se investigue al general (sic) Osorio. Se deben establecer responsabilidades penales y hay que recuperar el dinero robado al país través del Proyecto (sic) de Ley (sic) que promueve el diputado Freddy Guevara en la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional.
El que no la debe no la tema, Tanto (sic) Osorio como Marcos Torres deberán separarse de sus cargos para facilitar la investigación...
El día 22 de abril de 2016, el ciudadano codemandado ISMAEL GARCIA, en su condición de presidente de la comisión de la Asamblea Nacional que investigó presuntas irregularidades en la red de alimentos del Estado (sic), emite unas declaraciones publicadas en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, así:
La comisión de la Asamblea Nacional que investiga presuntas irregularidades en la red alimentaria del Estado (sic), se instaló ayer y acordó indagar los contratos suscritos por el ex ministro de Alimentación Carlos Osorio con empresas supuestamente pertenecientes a familiares de su esposa.
El Presidente (sic) de la instancia legislativa Ismael García (PJ) (sic), informó que el lunes tendrán listo el informe final sobre corrupción en alimentación que llevarán al día siguiente a la plenaria
El día 23 de abril de 2016, el Diputado (sic) CARLOS BERRIZBEITIA, emite unas declaraciones publicadas en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL:
La corrupción en la importación de alimentos y la mala planificación en el sector agroalimentario causaron la gran escases de productos básicos que vive Venezuela, lamentó el diputado Carlos Berrizbeitia.
...Omissis... (sic)
Berrizbeitia sostuvo que durante las recientes publicaciones de los papeles de Panamá, se descubrió que dos cuñados del ex ministro de alimentación Carlos Osorio, tenían cuentas en el país canalero por unos 6 millones de dólares.
...Omissis... (sic)
Este caso no es ninguna novedad, ya en 2010 se destapó el llamado escándalo de Pudreval (sic) (de importación de alimentos vencidos) que involucraba al ministro Osorio y ocasionó pérdidas a la República por dos mil millones de dólares, precisó.
El día 16 de mayo de 2016, el ciudadano CARLOS TABLANTE, publica en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, otra información noticiosa, de la siguiente manera:
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil.
CCD. (sic) Donde están los dólares. Naman Wakil el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas del dos cuñados del general (sic) Carlos Osorio, cuando este fungía como ministro (sic) de alimentación (sic), también aparece en los denominados papeles de Panamá, los cuales ubican su fortuna en 400 millones de dólares.
...Omissis... (sic)
Wakil es un residente EEUU nacido en Siria con un pasaporte venezolano y fue nombrado en 2015 en un libro llamado El Gran saqueo (sic) el cual alega la corrupción generalizada del gobierno. Luego el (sic)
19 de abril una investigación del sitio de noticias www.cuentasclarasdigital.org (sic) publicó un informe que atribuye que Wakil había proporcionado caso $6 millones a los cuñados de un poderoso general de Venezuela Carlos Osorio Zambrano a cambio de un contrato de suministro lucrativo.
El general controlaba la agencia estatal de distribución de alimentos conocida por sus siglas CASA y su esposa es la hermana de los dos hombres que presuntamente Wakil pagó para garantizar un contrato del gobierno para comprar carne de vacuno....
El día 21 de mayo del 2016, ISMAEL GARCIA (sic), en su Cuenta (sic) Oficial (sic) de la red social twitter: @ISMAELPROGRESO, (sic) retwitteo (sic) información publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, por el ex gobernador CARLOS TABLANTE, de la siguiente manera:
En Venezuela no hay comida por q (sic) Marcos Torres y Carlos Osorio se robaron los $ y lo que queda ellos la distribuirían.
El día 23 de mayo del 2016, CARLOS TABLANTE, en su Cuenta (sic) Oficial (sic) de la red social twitter: @TABLANTE OFICIAL (sic), retwitteo (sic) su propia información que publicó en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL:
Las redes de la corrupción del gral. (sic) Carlos Osorio quienes y como se robaron los reales de los alimentos.
El día 24 de mayo del 2016, CARLOS TABLENTE, en su Cuenta (sic) Oficial (sic) de la red social twitter: @TABLANTE OFICIAL, nuevamente retwitteo (sic) su propia información publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL:
Ministros de alimentación y presidentes de CASA permitieron saqueo
Las redes de la corrupción del gral. (sic) Carlos Osorio quienes y como se robaron el dinero de los alimentos de Venezuela.
El día 25 de mayo de 2016, el ciudadano codemandado de autos CARLOS TABLANTE, publica en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL, otra información noticiosa:
Las redes de corrupción del General Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación (sic).
...Omissis... (sic)
La trama que urdió a partir de 2007 -que aún continúa- para defraudar cientos de millones de dólares, no hubiera podido concretarse sin la complicidad de altos funcionarios en el ministerio de Alimentación (sic) y en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).
Los pecados capitales de Naman Wakil
Antes con Chávez y ahora con Maduro, Naman Wakil ha sido uno de los proveedores de alimentos privilegiados por el régimen.
Su nombre saltó a la opinión pública a raíz de la denuncia de las millonarias comisiones que pagó a los cuñados del mayor (sic) general (sic) Carlos Osorio Zambrano, cuando este se desempeñaba como ministro de Alimentación (sic) y presidente de CASA....
Omissis
Es frecuente que los jueces y juezas estemos en contacto con la experiencia de la injusticia, frente a lo que otros seres humanos son capaces de hacer a otros seres humanos.
No puede un juez o jueza en estos casos al sentenciar sustentarse solamente con el mandato de una norma jurídica, soslayando los demás principios y valores de la Constitución. La base legal debe considerársela como un todo, especialmente si ya sabemos que la Constitución es quien informa a esa norma. Además, como lo señala ZAGREBELSKY, no podemos pensar en juezas y jueces que se mantengan impasibles frente a la injusticia cuando esta se presenta frente a ellos, no sólo porque se trata de seres humanos, sino porque la sociedad que queremos construir exige de nosotros un compromiso con la justicia....
Siendo que, del análisis de dichas publicaciones, es evidente que las mismas resultan injuriosas e infames, contrarias a las buenas costumbres, y violatorias del Derecho (sic) reconocido con Rango (sic) Constitucional (sic) de que Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social, así como el que Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es forzoso para esta Alzada (sic) concluir, que se tiene por cumplido el primero de los elementos de la responsabilidad civil; vale señalar: EL DAÑO; Y ASÍ SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, pasa este Sentenciador (sic) a analizar el segundo requisito de procedencia, como lo es la Culpa (sic), y a tales efectos se evidencia que si bien los accionados alegan al excepcionarse que actuaron bajo el amparo del precitada norma constitucional, contenida en el artículo 200 de la Constitución Nacional (sic) que señala el que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia; no es menos cierto, utilizando el criterio de nuestro Tribunal (sic) Constitucional (sic), el que la inmunidad es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento Debemos entender entonces, en última instancia, que se tutela más la composición y funcionamiento del Parlamento (sic), que al cargo representativo singularmente considerado; dado que esta excepción no infringe el PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY porque no se acuerdan en razón de las personas en sí, sino en función del cargo que las mismas ocupan, por considerarlo de especial importancia para la vida política del país y con la finalidad de garantizar el libre ejercicio por el titular de las funciones que lleva aparejado el cargo.
Tanto la inmunidad, como la inviolabilidad y el fuero especial o jurisdiccional, son consideradas por la doctrina constitucionalista como prerrogativas de los parlamentarios, entendidas como garantías institucionales o funcionales siendo el propio Órgano (sic) Legislativo (sic), el que vela por su observación y mantenimiento mediante una interpretación estricta para no desnaturalizar los fines institucionales a los que responden, ya que toda utilización de estos privilegios parlamentarios que no respondan a la defensa de la independencia y autonomía del Poder (sic) legislativo del Estado «Debe Considerarse Una Verdadera Desviación De Poder (sic)», perdiéndose su carácter institucional «para convertirse en odiosas prerrogativas personales.
En este sentido, comprendemos lo que el politólogo ARTURO MALDONADO (Doctor y Magister en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos (sic)) afirma: Los congresistas tienen como prerrogativa la inmunidad parlamentaria que entendiblemente ha sido planteada como un mecanismo para evitar que sus labores sean judicializadas y para garantizar el libre funcionamiento del Congreso (sic). Sin embargo, vemos que los legisladores entienden la inmunidad como una carta libre para atacar impunemente y difundir información falsa o tergiversada.
Lo que permite concluir, siguiendo algo que advirtió hace casi 100 años HANS KELSEN en su imprescindible obra DE LA ESENCIA Y VALOR DE LA DEMOCRACIA que la inmunidad puede ser usada de forma espuria, señalando que es una de las causas que explican que el parlamentarismo de nuestro tiempo no se haya granjeado las simpatías ciudadanas, que resultando forzoso para esta Alzada (sic) tener por cumplido con el segundo elemento de la responsabilidad civil preceptuada en el artículo 1.191 del Código Civil, vale señalar: LA CULPA; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
Finalmente, en cuanto a la relación de causalidad entre el daño y la culpa del agente generador del daño, cuya existencia se requiere probar el hecho ilícito; se evidencia a los autos, que la relación causa-efecto se encuentra presente en el caso sub examine, puesto que, demostrado el daño y que el mismo sobrevino con ocasión de la acción culposa por parte de los demandados; cuya autoría no fue negada, en los correspondientes escritos de contestación de la demanda; y que el privilegio alegado, relativo a la inmunidad parlamentaria, tal como fue señalado tutela más la composición y funcionamiento del Parlamento (sic), que al cargo representativo singularmente considerado; dado que esta excepción no infringe el PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY porque no se acuerdan en razón de las personas en sí, sino en función del cargo que las mismas ocupan; y que tanto la inmunidad, como la inviolabilidad y el fuero especial o jurisdiccional, son consideradas por la doctrina constitucionalista como prerrogativas de los parlamentarios, entendidas como garantías institucionales o funcionales; y que toda utilización de estos privilegios parlamentarios que no respondan a la defensa de la independencia y autonomía del Poder (sic) legislativo del Estado (sic) «Debe Considerarse Una Verdadera Desviación De Poder (sic)»; es por lo que, esta Alzada (sic) tiene por cumplido el tercero de los elementos de la responsabilidad civil, vale señalar: LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CULPA; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
Establecido lo anterior, este Sentenciador (sic) trae a colación lo asentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, basada la Sala en la sentencia Nº 144 del 07 (sic) de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), en relación al daño moral:
"...el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso en concreto analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.
Y siendo que, tal como fue decidido, en la presente causa se encuentran cumplidos los extremos de Ley (sic) para que proceda la indemnización por daños morales provenientes del hecho ilícito, como lo son: el daño, la culpa y la relación de causalidad, y que el daño fue causado por culpa del agente material del ilícito, ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic) y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, en el deterioro de la ética, altos valores morales y profesionales del hoy accionante; al servicio de su PATRIA. Y teniendo el Juez (sic) amplias facultades para la apreciación y estimación del daño moral, estimados provisionalmente por la actora en la cantidad de NOVECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 900.000.000,00), y perteneciendo a la discreción o prudencia del Juez (sic), la calificación, extensión y cuantificación definitiva de los daños morales, por lo que esta Alzada (sic) acuerda una indemnización por la cantidad de NOVECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 900.000.000,00), por concepto de daño moral; Y ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia, establecido como ha sido que, se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia de la referida acción de daños, los cuales lo constituyen: el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la conducta culposa del agente material y el daño sufrido por la víctima, hace forzoso concluir que la pretensión de reparación de daños morales, incoado por el ciudadano Mayor General CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, contra los ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic) y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, debe prosperar. Por lo que SE CONDENA a la parte demandada ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic) y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, a pagar por concepto de indemnización de daños morales, al ciudadano General (sic) Mayor (sic) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO; la cantidad de de (sic) NOVECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 900.000.000,00); a ser cancelados de la forma en que a continuación se señala: por parte del ciudadano ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA, la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 300.000.000,00); por parte del ciudadano CARLOS EDUARDO BERRIZBEITA (sic) GILIBERTI, la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 300.000.000,00) y por parte del ciudadano CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 300.000.000,00); Y ASÍ SE DECIDE.
Por lo que, en observancia de los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, así como la normativa legal que rige la materia, tomados en consideración por esta Alzada (sic) como fundamento de su fallo, la apelación interpuesta por las partes demandadas, ciudadanos CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic) y CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado (sic) a-quo en fecha 22 de Junio (sic) de 2017, debe ser declarada sin lugar, tal como se señalará en el dispositivo de este fallo; Y ASI (sic) SE DECIDE . (Resaltado y mayúsculas del fallo).
De acuerdo con el fallo de alzada antes transcrito, se tiene que el ad quem luego del análisis y estudio de la situación de hecho y de las pruebas aportadas por las partes, declaró con lugar la acción incoada por daño moral y la respectiva indemnización solicitada por el demandante.
Así pues, el ad quem al momento de analizar y decidir respecto a las razones de hecho atinentes al fondo del asunto debatido, estableció que para la procedencia de la acción incoada por daño moral se deben cumplir necesariamente con los requisitos de procedencia, a decir, el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la conducta culposa del agente material y el daño sufrido por la víctima, y para ello, realizó un estudio detallado y pormenorizado de la actual doctrina y jurisprudencia respecto al punto de estudio.
Y en razón a lo antes señalado, el ad quem luego del análisis y valoración de las pruebas correspondientes referentes a los distintos y variados twitter publicados y/o retransmitidos en el periódico digital cuentas claras digital, así como en otras cuentas oficiales de la red social twitter tales como @ceberrizbeitia, @ismaelprogreso y @tablanteoficial, efectuadas por los codemandados, estableció que la acción incoada por daños morales cumplió con cada uno de los requisitos antes expuestos, y por ello, declaró su procedencia.
De igual manera, la Sala constató en el análisis efectuado al fallo de alzada, que el jurisdicente también analizó y verificó si el demandante le asistía razón respecto a la indemnización pecuniaria solicitada por los daños morales que le ocasionaron los codemandados por el hecho ilícito cometido, y a tal efecto, se verificó que el ad quem también dio el correspondiente examen para la procedencia de la reparación pecuniaria solicitada por haberse demostrado el daño moral ocasionado a la victima por parte de los agentes generadores del daño.
En el mismo orden de ideas ha de señalarse, que la Sala evidenció que el ad quem también cumplió con las razones de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo de su fallo, pues, se fundamentó en los artículos 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1191 y 1196 del Código Civil, así como en la transcripción de distintas jurisprudencias emanadas de la Sala Constitucional, Sala de Casación Social y de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y las diferentes citas doctrinales de autores patrios y extranjeros respecto al daño moral, sus características y requisitos de procedencia, constituyéndose la motivación de derecho que lo condujo a declarar con lugar la pretensión incoada, por ello, la Sala no evidencia la inmotivación de hecho y de derecho que le endilga el recurrente en casación, pues, se logra conocer clara e inequívocamente los fundamentos o motivos por los cuales el ad quem decidió el presente juicio.
De esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el ad quem en su sentencia, sea este errado o acertado, permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida una decisión objetiva, ecuánime y no arbitraria, y al mismo tiempo pueda la comunidad en general conocer las razones y conclusiones que sustentan tal decisión. (Cfr. Fallo N° RC-669, de fecha 21 de octubre de 2008, caso de Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros, expediente N° 2008-314.)
Por último esta Sala observa un error en la fundamentación de la denuncia por parte del formalizante, que señala la infracción también del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, norma referida a la congruencia del fallo, más no a la motivación del mismo, por lo cual la infracción de dicho ordinal no es posible si se delata la inmotivación, pues esta se ve reflejada en el ordinal 4° de la norma antes descrita, y en consecuencia su infracción también es improcedente, al no subsumirse el supuesto de la norma con la infracción delatada. Así se declara.-
Motivo por el cual, la Sala considera que no existe la infracción de los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 243 ordinales 4° y 5° (sic) del Código de Procedimiento Civil, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho por parte del ad quem en su sentencia, lo que conlleva a desestimar la presente denuncia por supuesta inmotivación del fallo. Así se decide.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
PRESENTADO POR LOS CODEMANDADOS
CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO E
ISMAEL CONCEPCIÓN GARCÍA
-I-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizantes en casación delata a la recurrida por la infracción de los artículos 15, 196, 206, 208, 389 y 391 eiusdem, por haber incurrido en quebrantamiento de formas procesales con menoscabo al derecho a la defensa, bajo el siguiente fundamento:
Es preciso destacar que la indefensión provino del juez de primera instancia, y el juez superior no la corrigió, pese a que en los informes de la apelación lo delatamos y fundamentamos de forma exhaustiva con lo cual se materializó, adicionalmente, el quebrantamiento del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.
Señores Magistrados, en el caso bajo examen se quebrantó una forma procesal que lesionó el derecho de defensa y el orden público. No se trata de una simple aflicción, cuando a una parte se le niega el derecho a probar sus dichos en un proceso se viola el derecho a la defensa y se obstruye la búsqueda de la verdad, además están comprometidas normas que no son relajables por las partes.
Es aceptado y reconocido por la doctrina y la jurisprudencia patria y comparada que hay menoscabo del derecho a la defensa, cuando el juez al sentenciar priva o limita a alguna de las partes al libre ejercicio de los medios y recursos que la Ley (sic) pone a su alcance para hacer valer sus derechos. Tal como ocurrió en el presente caso, pues a nuestros representados se les privó el derecho de evacuar unas pruebas oportunamente promovidas, por la arbitrariedad del juez a-quo que se le ocurrió violar el principio de legalidad quebrantando así el alcance del ordinal 3° del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, y lo estipulado en el artículo 391 adjetivo, y lo más grave, que el juez de la recurrida, el ad-quem, teniendo claro y presente la posibilidad de corregir el dislate procesal no lo hizo, con lo cual se proyectó el efecto pernicioso de la violación a los derechos subjetivos de nuestros patrocinados.
La conducta del juez de la recurrida ha permitido que cristalice la indefensión, pues, por puro sentido común, lo que en buen derecho correspondía era que una vez que fue delatado el quebrantamiento de forma procesal en el recurso de apelación, tal como se evidencia en las actas del expediente y en nuestro escrito de informes, lo correcto en derecho era corregir el desafuero procesal y decretar la nulidad respectiva. Esta circunstancia trajo como consecuencia que se configurara el vicio de indefensión, pues, nuestros patrocinados no han podido ejercer ningún medio o recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del juez de la recurrida. Cabe destacar, que las inquinas tendientes a quebrantar las normas pusieron en evidencia el quebrantamiento u omisión de las formas procesales estipuladas en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, al no fijar el acto de informes para el décimo quinto día siguiente a la ejecutoria, a la hora que ese tribunal fijara. En el supuesto de que procediere la aplicación del ordinal 3° del artículo 389 ejusdem.
De nada sirvió la existencia del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil que es consagratoria de la salvaguarda del denominado equilibrio procesal (rectus: principio de igualdad de las partes en el proceso), el cual a su vez constituye el soporte fundamental del principio universal conocido como el derecho a la defensa, que en Venezuela tiene su base en la norma constitucional instituida en el artículo 68 de la Carta (sic) Magna (sic); y que dicho equilibrio procesal queda roto, según lo admite la doctrina y la jurisprudencia patria en los siguientes casos: ( ).
El hecho se produjo el 14 de junio de 2017, cuando encontrándose el proceso en pleno lapso probatorio, y habiendo transcurrido los 15 días de promoción de pruebas, esta representación la solicitó a la juez a-quo que agregara a los autos las pruebas promovidas, dicha exhibición era fundamental para ejercer el debido control probatorio, y naturalmente la oposición a las mismas, si fuere el caso. En otras palabras, en una diligencia informamos al tribunal de instancia que no habían sido agregados al expediente los escritos de promoción de pruebas ni los anexos que acompañaban a los mismos. No se trataba de un acto voyerista, las partes tienen, en teoría porque la realidad fue otra, el derecho de controlar las pruebas promovidas por la contraparte, y eso no ocurrió. Al contrario, el ad-quem consciente de la violación a los derechos de nuestros representados y la conducta venal del juez a-quo en vez de resolver la situación y decretar la nulidad con su sentencia, si es que se le puede llamar así, agravó la situación proyectando el quebrantamiento procesal hasta el momento presente.
El 15 de junio de 2017, los abogados de la parte accionante solicitaron de forma unilateral, en pleno lapso probatorio, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, se declarara que: NO HAY LUGAR AL LAPSO PROBATORIO .
El 16 de junio de 2017, sin ningún fundamento que lo justificara, porque no lo hay, el tribunal a-quo decidió que:
PRIMERO: Que no hay lugar al lapso de evacuación de pruebas, tal y como lo prevé el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Que la presente causa será decidida sólo con los elementos de prueba que obran en autos, tal y como lo prevé el ordinal 3º del artículo 389 eiusdem, cuya sentencia será publicada inmediatamente. Y así se decide
Hay que agregar que al tribunal a-quo no le bastó este dislate. Luego de esa fecha no hubo más despacho, hasta el día 22 de junio de 2017, fecha ésta en que el Tribunal (sic) dictó su sentencia definitiva. Tal y como había dicho en su actuación anterior.
Insólito pero cierto. No nos permitieron controlar las pruebas promovidas por la parte adversa, no nos permitieron evacuar las pruebas por nosotros promovidas, artificiosamente quebrantaron el ordinal 3° del artículo 389 adjetivo, dejan de dar despacho para evitar nuestra disconformidad y la posibilidad de ejercer el recurso respectivo, no dejan transcurrir los lapsos legales establecidos en la ley, sentencian de manera inmediata -al día siguiente que deciden no abrir el lapso a pruebas- y lo peor no aplican el contenido del artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, que era una consecuencia obligada de su aberrante decisión.
Lo más grave es que el juez ad-quem, el juez de la recurrida se hizo cómplice de tal ultraje procesal. En vez de revisar, corregir, anular o reponer, simplemente, no hizo nada.
Esta particular y anómala forma de sustanciar un proceso y decidir, trajo consigo un verdadero desequilibrio e indefensión, que trastornó el orden del proceso y produjo una ventaja a la parte demandante.
El juez de primera instancia actuó como le dio la gana, y el juez de la recurrida reafirmó la arbitrariedad al no haber cumplido con el mandato del legislador, el cual era el saneamiento ante el quebrantamiento de la forma procesal.
En el caso negado que estuviéramos ante uno de los supuestos establecidos en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, el a-quo, debió declararlo al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento para la contestación a la demanda. Esto es violatorio del principio de legalidad. Esta circunstancia debió ser rectificada en beneficio de las partes y de la administración de justicia por parte del ad-quem pero el resultado fue otro, propender a la impunidad ante el desconocimiento de las obligaciones constitucionales y legales del juez a-quo. La sensación de desigualdad e injusticia que sienten nuestros representados es equivalente a estar secuestrado por un grupo mafioso de delincuencia organizada.
Señores Magistrados, los casos de no apertura del lapso probatorio están claramente identificados en el artículo 389 adjetivo. Lo más grave es que ya se habían cumplido los 15 días de promoción de pruebas, y el tribunal nos cercenó el derecho de oponernos o convenir a la admisión de las pruebas de la contraparte, Lo más grave es que nos imposibilitó evacuarlas. Lo cual era fundamental para demostrar la verdad y la reivindicación de los derechos de nuestros representados. Esto era suficiente para que el juez de la recurrida anulara, pero su omisión cómplice agravo el perjuicio y el menoscabo a nuestros representados.
Dicho esto, constata esta representación judicial que estamos ante un artilugio judicial vergonzoso. Aunque la parte demandante el 15 de junio de 2017, alegó la figura procesal genérica consagrada en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la reducción del lapso probatorio en el juicio ordinario, ninguno de los cuatro supuestos previstos en dicho artículo es aplicables al caso sub examine.
El artículo 389 del Código de Procedimiento Civil prevé:
Omissis
La norma transcrita precedentemente, establece una variedad de situaciones procesales inaplicables al caso concreto- conforme a las cuales puede calificarse al examen judicial de una controversia, como un asunto de mero derecho. Acordar de este modo, la procedencia de la reducción del lapso probatorio en el procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil a espalda de la intención del legislador es una arbitrariedad, y un error craso e inexcusable.
No obstante a la claridad del derecho invocado por esta representación, del examen de las actas que integran el expediente, específicamente las siguientes: folio 266 diligencia del abogado Gustavo Manzo de fecha 14 de julio de 2017 mediante la cual solicita se agreguen las pruebas y sus anexos; folios 30 al 40 vto. (sic) escrito de la parte accionante en la cual solicita de manera unilateral (después transcurrido el lapso de promoción de pruebas) que no haya lugar a lapso probatorio; folios 41 al 44 decisión de la Juez (sic) declarando que no hay lugar a la evacuación de las pruebas; y folios 45 al 124 sentencia definitiva que declara con lugar la demanda de daño moral. Se constata que en el caso de autos no se está en presencia de ninguno de los supuestos antes mencionados establecidos en el artículo 389 (sic). Salvo que el juez ad-quem haya considerado transformar los principios rectores del proceso civil y/o haya hecho un control difuso sobre la materia, lo cual ameritaba enviar los autos a la Sala Constitucional que es el órgano encargado de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad. En suma, el ad-quem con su omisión contribuyó a que se reformara artificiosamente la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, y se violara impunemente la ley.
Omissis
Estamos ante un error monumental que repugna al derecho. El quebrantamiento de las formas procesales que menoscaban el derecho a la defensa de nuestros patrocinados es evidente y no se trata de cualquier violación al derecho a la defensa. La doctrina de esta Sala de Casación Civil ha considerado que ( ).
Omissis
En los autos está comprobado que el juez ad-quem o no observó o no quiso observar la irregularidad cometida por la jueza aquo que utilizó el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil como si fuera una liga que se estira hasta llegar al lugar donde le convenía a la parte actora y al parecer a ella misma en este caso; con lo cual se ha violado el debido proceso. Esta extravagante forma de administrar justicia nos arrebató el derecho de controvertir las pruebas presentadas y promovidas por la actora, incluso el derecho de la demandante de oponerse a las nuestras. Además, esta tramoya judicial convirtió normas de orden público en disposiciones relajables por las partes.
Omissis
El juez al declarar que no hay lugar al lapso probatorio no permitió que se probara -en derecho- el supuesto daño que sufrió el demandante ciudadano Carlos Osorio.
Señores Magistrados, si no hubo la posibilidad de probar o evacuar las pruebas nos preguntamos: ¿Dónde están los elementos que determinaron ese grave sufrimiento? ¿cuál fue el medio de prueba que valoró el juez para determinar el supuesto rechazo de la comunidad a Carlos Osorio?.
Omissis
El quebrantamiento de las formas procesales que menoscabaron el derecho a la defensa de nuestros patrocinados es evidente. A simple vista comprobable, porque las partes no solicitaron de común acuerdo, ni convinieron cada una por separado que el asunto se decidiera como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta informes. Fue una solicitud unilateral de la parte actora, salvo que a través de un acto de magia o corrupción se haya fabricado una diligencia mediante la cual nuestros patrocinados hayan manifestado su consentimiento, la cual amerita su exhibición.
Al respecto, ratifica esta representación que la declaratoria de un asunto como de mero derecho encuentra su justificación en la ausencia de discusión sobre hechos controvertidos que deban ser llevados a juicio. Precisamente, lo que se discute, 8 (sic) y es controvertido) (sic) en la presente causa es la inexistencia de un hecho ilícito en perjuicio de CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, ocasionada supuestamente por parte de nuestros representados. Eso solamente se determina con pruebas.
En el caso de autos, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO en su condición de parte actora solicitó la indemnización por presuntos daños y perjuicios, razón por la cual se requeriría la apertura del lapso probatorio, pues no resultarían suficientes el estudio de los actos y su subsunción en las normas legales y constitucionales presuntamente infringidas, a los fines de determinar la supuesta responsabilidad de nuestros patrocinados. Se requería, además, demostrar la relación de causalidad entre los supuestos actos difamatorios constitutivos del hecho ilícito, y el daño causado, el cual por demás debe ser demostrado. Por estas circunstancias era imperativo la evacuación y control de las pruebas.
De lo anterior se concluye que de la situación bajo análisis existe una clara violación al derecho de la defensa y el debido proceso de nuestros representados.
La razón esgrimida por el juez de instancia y no resuelta por el juez de la recurrida no se subsume en ninguno de los supuestos previstos en los cuatro ordinales del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil.
En las actas procesales no se encuentra ninguna referencia que pueda justificar la declaratoria de un asunto de pleno derecho, partiendo de las premisas planteadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual se ha violado el derecho al debido proceso establecido en el artículo 49 de la carta magna.
Omissis
Lamentablemente, de un análisis desprevenido de las actas que conforman el presente expediente no se puede arribar a una conclusión distinta: la juez al momento de decidir actuó con ignorancia o venalidad, porque violentar el proceso de la manera que lo hizo y violarle el derecho a la defensa a una de las partes no tiene otro nombre, y el juez superior al no efectuar el correspondiente control de la legalidad del procedimiento y corregir el quebrantamiento agravó el menoscabo y el quebrantamiento denunciado.
Omissis
Como puede observarse con meridiana claridad, el juez de la recurrida inobservó disposiciones de orden público que han causado daños irreparables a nuestros representados, y constituye una lesión a sus derechos constitucionales y legales además de una vulneración de las obligaciones del juez como garante de la Constitución y demás leyes de la República, tal como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257.
Omissis
Es necesario aclarar que una vez vinculadas estas pruebas al proceso, no podrán desistirse de las mismas o la renuncia de la prueba actuada, debido a que los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes. Por ello la valoración probatoria, debe tenerse en cuenta que en aplicación al principio de unidad de la prueba, la juez estaba en la obligación de hacer un análisis unitario, es decir, estimar cada una de las pruebas obrantes en el proceso, para darle el mérito que correspondiere frente a esta controversia, y, luego de ello, en aplicación al principio de comunidad probatoria manifestar su criterio frente al conjunto de pruebas, teniendo en cuenta que éstas pertenecen al proceso y no a la parte que la pidió ni a la otra partes en el proceso. Lo más cínico y arlequinesco por parte del juez de la recurrida es cuando argumenta que: pasa esta Alzada (sic) a examinar las pruebas que corren en autos . Véase folio 215 (sic) del expediente.
Omissis
Estamos ante una anormal reducción de lapsos lo cual constituye una sensible limitación a derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa de las partes (artículo 49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que conlleva a la nulidad de la sentencia. Es el quebrantamiento de una forma procesal que desnaturalizó el verdadero sentido de la norma y se arribó a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley. El resultado: a los demandantes (sic) se les arrebató el derecho de acceder a las pruebas, el derecho de oponerse a las promovidas por el demandante, de evacuar las promovidas por ellos, de ejercer los recurso adecuados contra esa decisión y, de ser el caso, presentar los informes de la manera como dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, lo cual subyace en la búsqueda de la verdad en el proceso.
Omissis
En el presente caso, el error en el trámite del juicio observado por esta representación judicial configura un supuesto del recurso de casación por quebrantamiento de forma, pues dicho error está estrechamente ligado al iter procedimental en el que el juez superior estaba obligado a observar que no se dio cumplimiento a lo establecido por el legislador para que no hubiera lugar a la apertura del lapso probatorio, conforme lo establecido en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, y no se aplicó la norma establecida en el artículo 391 ejusdem,; y en vez de declarar dicho error decidió confirmarla decisión del a-quo que decidió arbitrariamente el fondo de la controversia y declaró con lugar la demanda.
Omissis
Consideramos que la infracción denunciada ha sido evidentemente determinante en el dispositivo en el fallo recurrido, pues ha conllevado a la declaratoria con lugar de la demanda sin base probatoria estando ya abierto- implica la posibilidad de evacuar las pruebas promovidas ni de oponernos a las de la contraparte . (Mayúsculas, subrayado y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denunció que la recurrida incurrió en quebrantamiento de formas procesales que le menoscabaron el derecho a la defensa, con infracción de los artículos 15, 196, 206, 208, 389 y 391 eiusdem.
Señaló el formalizante, que la indefensión ocasionada provino del a quo y el juez de alzada no la corrigió, pese a que en los informes de la apelación lo delataron y fundamentaron de forma exhaustiva con lo cual se materializó, adicionalmente, el quebrantamiento del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.
Alegó además, que a los codemandados se les privó el derecho de evacuar pruebas oportunamente promovidas, por la arbitrariedad del a quo al violar el principio de legalidad quebrantando el alcance de los artículos 389 ordinal 3° y 391 del Código de Procedimiento Civil.
Sostuvo el formalizante, que el ad quem permitió que cristalice la indefensión, pues, correspondía una vez delatado el quebrantamiento procesal en el recurso de apelación, lo correcto era corregir el error procesal y decretar su nulidad, esta circunstancia trajo como consecuencia que se configurara el vicio de indefensión, pues, nuestros patrocinados no han podido ejercer ningún medio o recurso procesal
Indicó, que luego de transcurrido los 15 días del lapso promoción de pruebas, le solicitaron al a quo que agregara a los autos las pruebas promovidas, lo cual era fundamental para ejercer el debido control probatorio y la oposición a las mismas.
Arguyó además, que el a quo declaró que Que no hay lugar al lapso de evacuación de pruebas, tal y como lo prevé el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, dando respuesta a la solicitud efectuada por la representación judicial del demandante, y por ello, no se les permitió controlar las pruebas promovidas por la parte contraria, ni evacuar las pruebas promovidas.
Señaló el formalizante, que aunque la demandante alegó el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la reducción del lapso probatorio en el juicio ordinario, ninguno de los cuatro supuestos previstos en dicho artículo es aplicable al caso sub examine.
Enfatizó el formalizante, que el quebrantamiento delatado es evidente, pues, las partes no solicitaron de común acuerdo, ni convinieron cada una por separado que el asunto se decidiera como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta informes, ya que fue una solicitud unilateral del demandante.
Finalmente adujo el recurrente en casación, que se está ante una anormal reducción de lapsos que constituye una limitación al debido proceso y a la defensa de las partes que conlleva a la nulidad de la sentencia que desnaturalizó el verdadero sentido de la norma y se arribó a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley, y se les arrebató el derecho de acceder a las pruebas, el derecho de oponerse a las promovidas por el demandante, de evacuar las promovidas, de ejercer los recurso adecuados contra esa decisión y, de ser el caso, presentar los informes de acuerdo al artículo 391 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, respecto al vicio por quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales del proceso que menoscaban el derecho de defensa por acción u omisión del juez, este sucede cuando se conceden preferencias, se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella, en perjuicio de una de las partes procesales.
Asimismo, se considera vulnerado el mencionado derecho a la defensa, si el juez no provee en tiempo hábil las peticiones de alguna de las partes en perjuicio de la otra; en general, cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos, rompiendo así el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante. (Cfr. Sentencia Nº RC-736, de fecha 10 de diciembre de 2009, caso: Toyama Maquinarias, S.A. contra Apca Mantenimiento y Servicios, C.A.).
Así pues, a fin de verificar lo denunciado por el recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, en el cual expresamente se señaló lo siguiente:
PRUEBAS ACOMPAÑADAS CON EL ESCRITO LIBELAR:
1.-) Legajo contentivo de publicaciones realizadas a través de la red social twitter, y el Diario (sic) Digital (sic) CUENTAS CLARAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, que se visualiza en la red social Facebook, Twitter y YouTube.
Siendo necesario acotar que, el artículo 2 del Decreto-Ley (sic), consagra al mensaje de datos como toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio .
Omissis
En concordancia con la previsión anterior, el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que enuncia el principio de libertad probatoria, es del siguiente tenor: Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.- Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez.
De acuerdo a los dispositivos transcritos se colige que tratándose de mensajes que han sido formados y transmitidos por medios electrónicos, éstos tendrán la misma eficacia probatoria de los documentos escritos.
Omissis
Por lo que se aprecian de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil; Y ASÍ SE ESTABLECE.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
1.-) Invocamos a favor de su representado, Mayor General CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO, todos los INDICIOS que se desprenden de las actas procésales. Asimismo Acogiéndonos (sic) al principio de la Comunidad (sic) de Prueba (sic), a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, reproducimos y le oponemos a la parte demandada, el instrumento público contentivo del OFICIO Nro. (sic) DCC-237-318350-2016, expedido en fecha 13 de julio del 2016 por la Directora Contra la Corrupción por Delegación de la Fiscal General de la República, cuya copia fue consignada por el apoderado judicial del codemandado ISMAEL GARCIA (sic) el día 23 de marzo del 2017 y corre agregada al folio 131 de la Pieza (sic) Principal (sic) 02 (sic) del expediente. Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso esta Alzada (sic) debe señalar, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso de conformidad con el principio de la comunidad de la prueba, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que ... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quién las haya promovido o aportado; Y ASÍ SE ESTABLECE.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE CODEMANDADA CIUDADANOS ISMAEL CONCEPCIÓN GARCIA (sic) Y CARLOS TABLANTE HIDALGO:
1.-) Promueve documentales consistentes en: instrumentos contentivos de Sesión (sic) Ordinaria (sic) del día 16 de marzo de 2016 de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA (constante de 15 páginas); marcado A. Sesión (sic) Ordinaria (sic) N° 14 del día 15 de junio de 2016 de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA, (constante de 4 páginas); marcada B. Informe sobre presuntos hechos de corrupción por el ciudadano Carlos Osorio (Caso Alimentos) (sic), fechado 11 de julio de 2016 recibido por la fiscalía (sic) general (sic) de la república (sic) según se observa en el sello húmedo (constante de 18 páginas); marcada C. comunicación de fecha 13 de julio de 2016 signada DCC-237-318350-2016- suscrita por la Directora Contra la Corrupción Paula Ziri-Castro dirigida a los ciudadanos Ismael García y Carlos Berrizbeitia, en su carácter de diputados a la Asamblea Nacional, donde le refiere que recibieron la denuncia relacionada con los procesos de compra importación, suministro y distribución de alimentos en perjuicio del patrimonio del Estado (sic) venezolano, atribuidos al ciudadano Caros (sic) Osorio Zambrano, quien ha presidido y dirigido varios organismos de la administración pública competentes en materia alimentaria del país. Allí se les Informa (sic) que designaron a la Fiscalía 11 Nacional Plena a cargo del abogado Carlos Enrique Gutierrez (sic) a objeto de que realice las diligencias útiles y pertinentes, tendentes a lograr el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades a que haya lugar; (constante de 1 página); marcada D. Sesión (sic) Ordinaria (sic) N° 016 del día 20 de julio de 2016 de la COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA. (constante de 16 páginas); marcada E. Sesión del día jueves 14 de abril de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, Acta (sic) Ordinaria (sic) N° 26-2016 Punto (sic) Único (sic) del Orden (sic) del Día (sic): Debate con ocasión de la Crisis (sic) alimentaria que actualmente padece Venezuela, (constante de 5 páginas); marcada F. Sesión del día miércoles 20 de abril de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, Acta (sic) Ordinaria (sic) N° 27-2016 (constante de 7 páginas) marcada G. Sesión Ordinaria (sic) del día miércoles 20 de abril de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, (constante de 8 páginas) marcada "H". Sesión Ordinaria (sic) del día martes 26 de abril de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, (constante de 4 páginas) marcada "I. Sesión Ordinaria (sic) del día jueves 28 de abril de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, (constante de 15 páginas) marcada "J. Sesión del día martes 03 (sic) de mayo de 2016 de la Plenaria (sic) de la Asamblea Nacional, Acta (sic) Ordinaria (sic) N° 31-2016 (constante de 6 páginas; marcada k.
Con relación a las referidas documentales considera esta Alzada (sic) necesario citar la sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo De (sic) Justicia, mediante la cual declaró procedente el desacato por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) Finalmente, la Sala Electoral declaró absolutamente nulos los actos de la AN (sic) que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 y del presente fallo; por lo que las referidas documentales se desechan del presente proceso; Y ASÍ SE ESTABLECE.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE CODEMANDADA DE AUTOS CIUDADANOS CARLOS BERRIZBEITIA:
1.-) Invocó el principio de la comunidad de la prueba, y en tal sentido promuevo todo el mérito favorable de los autos en todo aquello que favorezca a mi representado.
Este sentenciador al analizar la presente causa, se pronunció sobre la valoración de dicha prueba, razón por la cual dá por reproducido dicho pronunciamiento; Y ASI (sic) SE ESTABLECE.
2.-) Documentales (copia simple) enumeradas del 1 al 5, que demuestran que mi representado CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI ya identificado, es Diputado (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, por este mismo Estado (sic) Carabobo, lo que lo convierte además en un hecho de notoriedad comunicacional.
3.-) Solicito se Oficie (sic) a la ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA (sic) BOLIVARIANA DE VENEZUELA a los fines de que informe a este Tribunal (sic), sobre los siguientes particulares: A) Si el ciudadano CARLOS EDUARDO BERR1ZBEITIA GILIBERTI ya identificado, es Diputado (sic) déla (sic) República Bolivariana de Venezuela. B) Indicar la fecha en que el ciudadano CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI ya identificado, fue juramentado como Diputado (sic) de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo un hecho notorio la condición alegada por el ciudadano CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI, la misma está exenta de prueba; Y ASÍ SE ESTABLECE (Mayúsculas y resaltado del fallo).
De acuerdo a la sentencia de alzada antes transcrita, se tiene que los codemandados Ismael Concepción García y Carlos Humberto Tablante Hidalgo, promovieron distintos oficios e informes emanados de comisiones pertenecientes a la Asamblea Nacional, las cuales fueron desechadas por el ad quem en el presente juicio con fundamento a la sentencia emanada de la Sala Electoral de este Supremo Tribunal, que declaró el desacato por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y absolutamente nulos todos los actos que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260.
Por otro lado, el ad quem estableció respecto a las pruebas promovidas por el codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, que siendo un hecho notorio público y comunicacional su condición de diputado ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la misma está exenta de prueba y le reconoció su condición alegada.
Establecido lo anterior, la Sala considera pertinente transcribir los artículos 15, 196, 206, 208, 389 y 391 del Código de Procedimiento Civil, delatados por los recurrentes como infringidos, que señalan expresamente lo siguiente:
Artículo 15.- los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 196.- Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello.
Artículo 206.- Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
Artículo 208.- Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al estado de que se dicte nueva sentencia por el Tribunal de la instancia en que haya ocurrido el acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 389.- No habrá lugar al lapso probatorio:
1° Cuando el punto sobre el cual versare la demanda aparezca, así por ésta como por la contestación, ser de mero derecho.
2° Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho.
3° Cuando las partes, de común acuerdo, convengan en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta informes.
4° Cuando la ley establezca que sólo es admisible la prueba instrumental, la cual, en tal caso, deberá presentarse hasta el acto de informes.
Artículo 391.- Ejecutoriado dicho auto, se procederá al acto de informes en el décimo quinto día siguiente a la ejecutoria, a la hora que fije el Tribunal.
Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por el recurrente en casación, el orden público procesal en el presente asunto pudiera estar afectado, y a los fines de verificar la existencia o no del vicio denunciado como infringido por la ad quem, la Sala pasa a describir los actos procesales pertinentes acaecidos durante el juicio, a decir:
Consta a los folios 123 al 241 de la tercera pieza del expediente, escrito de promoción de pruebas y sus anexos presentado por el codemandado Ismael Concepción García.
Consta a los folios 242 al 246 de la tercera pieza del expediente, escrito de promoción de pruebas del codemandado Carlos Humberto Tablante Hidalgo.
Consta a los folios 247 al 254 de la tercera pieza del expediente, complemento de la promoción de pruebas presentado el día 22 de mayo de 2017, por el codemandado Ismael Concepción García.
Consta a los folios 255 y 256 de la tercera pieza del expediente, escrito de promoción de pruebas del codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti.
Consta a los folios 257 al 264 de la tercera pieza del expediente, escrito de promoción de pruebas del demandante ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano.
Consta a los folios 41 y 42 de la cuarta pieza del expediente, diligencia presentada por la representación judicial del demandante, en la cual solicita al a quo que decida la causa sólo con los elementos probatorios que cursan en autos, de acuerdo a lo previsto en el ordinal 3° del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo que a continuación se transcribe:
( ) En el caso que nos ocupa, es un hecho público y notorio que el demandante CARLOS OSORIO ZAMBRANO, detenta el grado de Mayor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además como igualmente afirman los demandados, ejerció cargos en la administración pública, ( ).
Es un hecho público y notorio, que los ciudadanos ISMAEL GARCIA (sic) y CARLOS BERRIZBEITIA son Diputados (sic) a la Asamblea Nacional.
Por otra parte, son un tipo de notoriedad los hechos comunicacionales, conformados por las declaraciones en el Periódico (sic) Digital (sic) CUENTAS CLARAS DIGITAL, y difusión de informaciones en las cuentas twitter por parte de los Diputados (sic) ISMAEL GARCIA (sic) y CARLOS BERRIZBEITIA y del ciudadano CARLOS TABLANTE HIDALGO.
Petitorio
Por todo lo antes expuesto, solicitamos del Tribunal (sic) a tenor de lo establecido en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, declare que NO HAY LUGAR A LAPSO PROBATORIO y se decida la presente causas con los elementos de prueba que ya cursan en autos, como lo prevé en su ordinal 3° (sic) (Mayúsculas y resaltado del texto).
Consta a los folios 43 al 46 de la cuarta pieza del expediente, fallo interlocutorio del a quo, de fecha 16 de junio de 2017, que redujo el lapso de evacuación de pruebas en el presente asunto de acuerdo al artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, que dispuso lo siguiente:
Siendo la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes y visto el escrito presentado en fecha 14 de junio de 2017 por los abogados ARNALDO MORENO LEON (sic) y ZAIDA JASPE MORA, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 19.186 y 55.658 respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la parte demandante, mediante el cual solicitan se declare que no hay lugar a lapso probatorio y se decida la presente causa con los elementos de prueba que ya cursan en autos, tal y como lo prevé el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 3º, es necesario hacer las siguientes consideraciones:
I
El artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, prevé que no habrá lugar al lapso probatorio: 3º. Cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, o cuando cada parte por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta el acto de informes.
De la disposición legal supra transcrita parcialmente, se desprende de su ordinal 3º que hay cuatro maneras distintas de declarar que no hay lugar al lapso probatorio, una de ellas es que cada parte por separado, pueda pedir que el asunto se decida sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, como lo ha solicitado la parte demandante.
Sobre esta forma procesal, exigida en el ordinal 3º del artículo 389 eiusdem, es necesario señalar que nuestro máximo Tribunal (sic) ha dejado establecido que las formas procesales deben ser examinadas por el Juez (sic) en armonía con la nueva concepción del debido proceso consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el predominio de la consecución de la justicia sobre las formas que regulan el trámite procesal.
Por otra parte ha señalado, que la actuación del juez no puede ocasionar un retardo procesal que contraríe los principios de economía y celeridad procesal, perjuicios estos que en definitiva atentan contra el debido proceso.
De este modo, no sólo es importante el papel del juez como director del proceso, sino además la potestad y los mecanismos que posee para defender la integridad y la validez de cada uno de los actos dentro del mismo.
Sobre esta materia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nro. (sic) 889, Exp. (sic) 07-1406 de fecha 30 de mayo de 2008, en la cual estableció en relación con las instituciones procesales, que las mismas debían ser interpretadas por los jueces en el marco de los principios y normas constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir ...al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo.... Así, la referida Sala estableció expresamente lo siguiente:
...estima esta Sala Constitucional pertinente el recordatorio de que la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber de todos los jueces o juezas de la República de asegurar la integridad de la Constitución (ex artículos 334 y 335 constitucionales), obligan al juez, siempre, a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental.
Omissis
En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
En cumplimiento de la sentencia supra transcrita parcialmente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido que cuando se trate de interpretar instituciones procesales, todos los jueces deben observar en primer orden, la supremacía y eficacia de las normas y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo prevé en su artículo 334, esto significa que tienen la obligación de examinar estos principios y valores de forma amplia al servicio de un proceso cuya meta sea la resolución del conflicto de fondo, de forma imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles tal como lo preceptúan los artículos 26 y 257 eiusdem. Esto siempre debe ser así, para asegurar que el proceso permita a las partes materializar y facilitar su derecho de defensa y de ninguna manera aquél, por aplicación de tales principios y derechos pueda conservar regulaciones procesales que constituyan una traba que impida lograr las garantías establecidas en los supra artículos 26 y 257 Constitucional (sic).
Y además que el criterio jurisprudencial antes expresado, debe ser examinado concatenadamente con el desarrollo del principio pro actione dentro del marco del derecho a la tutela judicial efectiva.
Que precisamente, la referida Sala Constitucional, mediante sentencia Nro. (sic) 1064 de fecha 19 de septiembre de 2000, reiterada en sentencia Nro. (sic) 97 del 2 de marzo de 2005, así como en decisión de fecha 23 de marzo de 2010, caso: Sakura Motors C.A., dejó sentado que el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, entre otros, constituyen ...elementos de rango constitucional que prevalecen y desplazan otros fundamentos de rango legal..., de modo que, el alcance del principio pro actione a favor de la acción y consecución de un proceso, hasta obtener sentencia de mérito implica que la interpretación que se haga de los requisitos u otras formalidades procesales de acceso y trámite hacia la justicia, de ningún modo puede frustrar injustificadamente el derecho de las partes a que sea sustanciada de forma expedita su pretensión y obtener solución de fondo de la controversia.
II
Observa este Tribunal (sic) lo siguiente:
Mediante escrito presentado en fecha 22 de marzo de 2017, el codemandado CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA GILIBERTI mediante apoderado judicial, procedió a dar contestación a la demanda sin que el tribunal se hubiera pronunciado sobre las cuestiones previas propuestas por los codemandados ISMAEL GARCIA (sic) y CARLOS TABLANTE HIDALGO, por lo que el Tribunal (sic) se reserva todo pronunciamiento sobre dicha actuación procesal, al momento de dictar la sentencia definitiva.
Mediante escrito presentado en fecha 28 de abril de 2017, el abogado GUSTAVO MANZO UGAS, actuando como apoderado judicial del codemandado ISMAEL GARCIA (sic), procedió a dar contestación anticipada a la demanda, negando y contradiciendo todos y cada uno de los hechos narrados en la demanda, sin embargo de modo específico manifestó que aludiendo una publicación de fecha 22 de abril de 2016, en dónde su representado, el Diputado (sic) ISMAEL GARCIA (sic), en su condición de presidente de la comisión de la Asamblea Nacional que investigó presuntas irregularidades en la red de alimentos del Estado (sic), emitió unas declaraciones publicadas CCD (sic), en la que señala que había informado que el lunes tendrían listo el informe final sobre corrupción en alimentación que llevarán al día siguiente a la plenaria
Igualmente de modo específico manifestó que aludiendo un twitter del Diputado (sic) ISMAEL GARCIA (sic) de fecha 21 de mayo de 2016, en su cuenta oficial @ISMAELPROGRESO, retwitteo (sic) información publicada en el periódico digital CUENTAS CLARAS DIGITAL.
El apoderado judicial del codemandado ISMAEL GARCIA (sic), rechazó, negó y contradijo que tal conducta de ser cierta, sea contraria a derecho por cuanto en el caso que nos ocupa existe la disposición legal que imposibilita el ejercicio de la acción prevista en el artículo 199 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es un hecho comunicacional público y notorio que Ismael García es Diputado (sic) a la Asamblea Nacional. Finalmente alega que no están cumplidos los elementos constitutivos del hecho ilícito y que existe una investigación penal por presuntas irregularidades ocurridas en los procesos de compra, importación, suministro y distribución de alimentos en perjuicio del patrimonio del Estado (sic) venezolano atribuidos al ciudadano Carlos Osorio Zambrano.
Mediante escrito presentado en fecha 28 de abril de 2017, el abogado GUSTAVO MANZO UGAS, actuando como apoderado judicial del codemandado CARLOS HUMBERTO TABLANTE, procedió a dar contestación anticipada a la demanda, negando y contradiciendo todos y cada uno de los hechos narrados en la demanda, sin embargo de modo específico manifestó que el artículo LOS CUATRO GENERALES al que hace referencia la demanda, procede de una investigación que viene adelantando la Asamblea Nacional.
Igualmente de modo específico manifestó, que en fecha 19 de abril de 2016, fue publicado en el periódico digital CUANTAS CLARAS DIGITAL, un trabajo de investigación titulado: Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA y otro titulado: Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones del proveedor Naman Wakil
El apoderado judicial del codemandado CARLOS HUMBERTO TABLANTE HIDALGO, alega que la actividad desplegada por su representado, al hacer una imputación pública sobre los hechos que involucran a Carlos Osorio, son legítimas de hecho y de derecho, sustentada en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que en cuanto a la libertad de expresión ejercida por CARLOS TABLANTE, los hechos están en consonancia con una investigación en los artículos publicados en CCD (sic) ES CON USTED MAYOR GENERAL CARLOS OSORIO ZAMBRANO, EL GENERAL OSORIO Y EL SEUDO EMPRESARIO NAMAN WAKIL y a los twitter realizados.
Finalmente alega que existe una investigación penal por presuntas irregularidades ocurridas en los procesos de compra, importación, suministro y distribución de alimentos en perjuicio del patrimonio del Estado (sic) venezolano atribuidos al ciudadano Carlos Osorio Zambrano y que no están cumplidos los elementos constitutivos del hecho ilícito.
Mediante escritos presentados en fecha 22 de mayo de 2017, los codemandados promueven pruebas instrumentales que se encuentran incorporadas al expediente e incorporan otros medios probatorios instrumentales, por lo que los elementos de prueba de la parte demandada ya obran en autos. ASI (sic) SE DECLARA.
Mediante escrito presentado en fecha 30 de mayo de mayo de 2017, la parte demandante promueve prueba instrumental que se encuentra incorporada al expediente y promueve la prueba de inspección ocular, para comprobar que se han producido los hechos comunicacionales, cuyas impresiones obtenidas de páginas WEB y TWITTER ya se encuentran incorporadas al expediente. Sobre este particular se hace necesario señalar que los hechos comunicacionales a que hace referencia la inspección ocular ya constan en autos y son conocidos por esta Juzgadora (sic), constituyendo además un tipo de notoriedad, por lo que resulta inoficioso practicar la inspección ocular promovida. ASI (sic) SE DECLARA.
DECISIÓN
Ante los razonamientos de hecho y de derecho aquí expuestos, tomando en consideración la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al juez a la interpretación de las instituciones procesales, al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles, para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto (sic) Fundamental (sic), este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, Administrando (sic) Justicia (sic) en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad (sic) de la Ley (sic), DECLARA:
PRIMERO: Que no hay lugar al lapso de evacuación de pruebas, tal y como lo prevé el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Que la presente causa será decidida sólo con los elementos de prueba que obran en autos, tal y como lo prevé el ordinal 3º del artículo 389 eiusdem, cuya sentencia será publicada inmediatamente. Y así se decide . (Mayúsculas, cursivas y resaltado del fallo).
Consta a los folios 47 al 126 de la cuarta pieza del expediente, que él a quo en fecha 22 de junio de 2017, dictó sentencia definitiva en el presenta caso, mediante el cual, declaró con lugar la acción incoada por daño moral y ordenó el pago de la indemnización pecuniaria solicitada en el libelo de la demanda.
Consta al folio 127 de la cuarta pieza del expediente, que la representación judicial del codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, ejerció el recurso de apelación contra el fallo definitivo del a quo de fecha 22 de junio de 2017.
Consta al folio 128 de la cuarta pieza del expediente, que la representación judicial de los codemandados Ismael Concepción García y Carlos Humberto Tablante Hidalgo, ejerció el recurso de apelación contra el fallo definitivo del a quo de fecha 22 de junio de 2017 y contra el fallo interlocutorio de fecha 16 de junio de 2017.
Consta a los folios 130 y 131 de la cuarta pieza del expediente, que el a quo en fecha 29 de junio de 2017, realizó aclaratoria de la sentencia definitiva de fecha 22 de junio de 2017.
Consta al folio 141 de la cuarta pieza del expediente, que el a quo en fecha 27 de junio de 2017, oyó en ambos efectos el recurso de apelación ejercido por los codemandados.
Consta a los folios 145 y 146 de la cuarta pieza del expediente, escrito de informes ante la alzada del codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti.
Consta a los folios 147 al 172 de la cuarta pieza del expediente, escrito de informes ante la alzada presentado por los codemandados Carlos Humberto Tablante Hidalgo e Ismael Concepción García.
Consta a los folios 173 al 200 de la cuarta pieza del expediente, escrito de informes ante la alzada presentado por el demandante.
Consta a los folios 202 al 234 de la cuarta pieza del expediente, fallo definitivo del ad quem de fecha 22 de marzo de 2018.
Consta a los folios 236 y 237 de la cuarta pieza del expediente, aclaratoria del fallo definitivo del ad quem de fecha 22 de marzo de 2018.
Ahora bien, como antes se señaló, los recurrentes delataron que el ad quem incurrió en el vicio de quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso, por cuanto no se les permitió evacuar las pruebas por ellos promovidas, y aunque el demandante alegó el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la reducción del lapso probatorio en el juicio ordinario, se está ante una anormal reducción de lapsos que les arrebató el derecho de acceder a las pruebas y de evacuar las pruebas promovidas, de ejercer los recurso adecuados contra esa decisión y presentar los informes de acuerdo al artículo 391 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante a lo anterior, esta Sala en el estudio pormenorizado de las actas del expediente, observa que las pruebas promovidas por los codemandados Ismael Concepción García y Carlos Humberto Tablante Hidalgo, fueron desechadas en el presente proceso de acuerdo a la sentencia emanada de la Sala Electoral de este Supremo Tribunal, que declaró el desacato por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y absolutamente nulos todos los actos que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260; motivo por el cual, dichos instrumentos probatorios carecen de eficacia jurídica para demostrar cualquier hecho alegado por la parte procesal que las produjo, y en consecuencias, dichas probanzas son de imposible evacuación.
Por otro lado, respecto a las pruebas promovidas por el codemandado Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, las mismas fueron valoradas y tomadas en cuenta por el ad quem al ser un hecho notorio público y comunicacional su condición de diputado ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la cual no se le desconoció y más bien, le fue reconocida su condición alegada, motivo por el cual, no era necesaria evacuación alguna de las pruebas que promovió para demostrar tal hecho.
Siendo oportuno para esta Sala destacar, que el a quo en el momento procesal en el que dictó el fallo interlocutorio de fecha 16 de junio de 2017, en el que redujo el lapso de evacuación de pruebas en el presente asunto de acuerdo al artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, los codemandados en lo absoluto ejercieron recurso de apelación en contra del referido fallo, dando así conformidad y aceptación de lo allí decidido, motivo por el cual, tuvieron la oportunidad procesal para ello y no lo ejercieron, y en consecuencia, el referido fallo adquirió el carácter de cosa juzgada formal, y por ello, no se evidencia violación alguna del derecho a la defensa de las partes procesales y mucho menos quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso.
Finalmente, se evidenció de las actas del expediente, que los codemandados consignaron tempestivamente sus respectivos escritos de informes ante la alzada, motivo por el cual, se constató que tuvieron acceso y ejercieron el derecho a la defensa que en la presente denuncia alegan les fue conculcado.
Así pues, lo que se denota en la presente denuncia es la inconformidad de los recurrentes por lo decidido por el ad quem, de manera que ante tal situación, el formalizante debió haber planteado una denuncia por infracción de ley con soporte en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, bien por violación de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de el establecimiento o valoración de las pruebas, o alguno de los casos de suposición falsa, para que esta Sala descendiera al estudio de las actas del expediente y corroborar la certeza o no de lo establecido por el sentenciador de la recurrida como fundamento de su fallo, y de esta manera combatir su inconformidad con lo decidido por el ad quem.
En consecuencia de lo anterior, la Sala declara la improcedencia de la denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso. Así se decide.
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes en casación delatan a la recurrida por la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento respecto a una solicitud de control de convencionalidad, bajo los siguientes alegatos:
En la contestación de la demanda y en los informes de la apelación ante el ad-quem sostuvimos y ratificamos que estábamos ante un caso de libertad de expresión que se sustentaba en la doctrina del reporte fiel, cuya naturaleza y fundamento jurídico se encontraba en nuestra carta fundamental y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la república. La omisión de este pronunciamiento ha sido evidentemente determinante en el dispositivo en el fallo recurrido, pues ha conllevado a la declaratoria con lugar de la demanda sin tomar en consideración el derecho involucrado. Se trata de un asunto referido a la libertad de expresión vinculado a un hecho ilícito civil, y el derecho vigente en Venezuela sobre la libertad de expresión se encuentra contenido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Señalamos que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. Asimismo, argumentamos y ratificamos que con la aplicación de la doctrina del reporte fiel los hechos eran atípicos. Es por lo que, es necesario realizar el control de la convencionalidad al que todo operador de justicia está obligado. Es decir, evaluar la compatibilidad entre las normas del ordenamiento jurídico interno aplicables, y los estándares universalmente aceptados y compartidos en materia de derechos humanos y el derecho interno venezolano.
Por ello, solicitamos al ad-quem que realizara un control de convencionalidad entre los contenidos de los artículos 1185 del Código Civil que establece el hecho ilícito civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la contestación a la demanda y en los informes del recurso de apelación solicitamos un pronunciamiento expreso el cual fue del siguiente tenor:
De conformidad con lo establecido en el derecho de petición y tutela judicial efectiva fundamentado en los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitamos un pronunciamiento expreso sobre el control de convencionalidad entre los contenidos de los artículos 23, 57 y 135 de la Carta (sic) magna, 1.185 del Código Civil, y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Específicamente con lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con (sic) artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el estándar referido a la doctrina de la real malicia reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.
Lo insólito es que dicho pedimento no fue respondido ni por el juez de instancia ni por el ad-quem en la recurrida quien precisamente era el que tenía la obligación de corregir la omisión inicial, en la recurrida ni por cortesía con los recurrentes mencionaron una sola palabra sobre este particular.
El citado control de convencionalidad lo solicitamos con la finalidad de evitar eventuales contradicciones que pudieran acarrear responsabilidad internacional del Estado, en cuyo caso este tribunal debe pronunciarse sobre la aplicación del estándar de protección más favorable. Esta evaluación tiene un valor eminentemente práctico a fin de asegurar una administración (sic) justicia con la mayor eficacia posible en términos de derechos humanos, en los cuales subyacen los derechos, intereses y acciones de Cuentas Claras Digital, en su página web, y su función como medio de comunicación en una sociedad democrática.
Señores Magistrados no se trata de una exquisitez jurídica. El juez ad-quem tenía la obligación de pronunciarse sobre todo lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello. Ademas (sic), la importancia de nuestro alegato es que el estándar más favorable en el caso sub-examine está referido a la doctrina del reporte fiel, implícitamente establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con (sic) artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirmado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos.
Señores Magistrados, la doctrina del reporte fiel constituye un principio del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, establecido en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs (sic) Costa rica, en la cual se sentenció:
Omissis
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus comentarios a los Principios sobre la Libertad de Expresión, ha dicho:
Omissis
Señores Magistrados, el juez ad-quem tenía la obligación de analizar el conflicto entre los derechos bajo los estándares aplicables, entre ellos el reporte fiel o faithful reporting. Esta última se refiere a si una noticia se limita a reproducir declaraciones o informaciones de terceros, siempre que se cite la fuente o bajo reserva de fuente no estará sometido a pruebas de veracidad. Por ejemplo, en el caso de Herrera Ulloa vs (sic) Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la condena impuesta al periodista Herrera Ulloa por haber hecho declaraciones atribuidas a una fuente tercera, un periódico belga en este caso, resultada (sic) ser una limitación excesiva a la libertada de expresión. La comisión de un delito debe ser analizada de acuerdo a todos los elementos de la conducta típica y haber tenido la intención de causar daño, si se está repitiendo información producida por una tercera persona y se cita la fuente, quien elabora la reproducción fiel no generó la información sino la reprodujo, de lo que se puede concluir que, aunque una afirmación de hechos sea o no falsa, si es una reproducción, se encuentra protegida por la libertad de expresión.
El derecho aplicable en el presente asunto no se circunscribe, únicamente, a la aplicación de los contenidos del artículo 1185 del Código Civil que alude el hecho ilícito, de ser así se estaría vaciando el contenido e inaplicando el derecho internacional de los derechos humanos y el estándar más favorable referido al reporte fiel, con lo cual se vulnerarían los artículos 23, 49.6 (sic), 57 y 153 de la Carta (sic) Magna (sic).
Por todas esas consideraciones le solicitamos al ad-quem un pronunciamiento expreso sobre el control de convencionalidad entre los contenidos de los artículos 23, 57 y 153 de la Carta (sic) magna, 1.185 del Código Civil, y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Específicamente con lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con (sic) artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el estándar referido al reporte fiel reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.
En el presente caso, la recurrida ni por asomo se refirió a nuestros alegatos. Se supone que un juez, al momento de decidir debe resolver la disputa judicial sobre lo que está alegado y probado por las partes en los autos. De lo contrario está poniendo énfasis e l parcialidad que tendría a favor de una de las partes o la venalidad en el asunto, tal consideración viola flagrantemente los artículos 26 y 49 constitucionales (sic) y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
El desprecio por la motivación del fallo es tal, que ni siquiera se pronunció, o plasmó en la motiva o en el dispositivo del fallo una palabra relacionada con nuestro pedimento o argumentación.
En el presente caso, el juez de primera instancia, como el de segunda quebrantaron el ordinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues, sus decisiones no fueron justamente expresa, positivas y precisas, con arreglo a las excepciones y defensas opuestas oportunamente por mi mandante, y como consecuencia se violó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el referido juez no se basó en lo alegado y probado en autos y no se subordinó a las normas de derecho. De tal manera que no garantizó a nuestros mandantes el derecho de defensa ni mantuvo a las partes en los derechos y facultades comunes a ella, sin preferencias ni desigualdades, transgrediendo el mencionado artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Su parcialidad ha sido tan vulgar que no es exagerado decir que actuó como abogado del demandante, y no como juez.
Todo hace considerar la incongruencia negativa en que incurre la sentencia recurrida por omisión, la cual a su vez incurre en el supuesto normativo contenido en el encabezamiento del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, cuando se expresa allí que será nula la sentencia por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior, vale decir el artículo 243 (sic), en consecuencia el Juez (sic) a-quo y el de alzada debieron considerar los argumentos de nuestros mandantes, en consecuencia debió aplicar el principio de la exhaustividad de la sentencia.
Para corroborar lo delatado, simplemente hay que echarle un vistazo desprevenido al fallo, pues es inútil e imposible transcribir lo que no existe. Siendo así, no hay duda para esta representación judicial que con esa conducta omisiva el Juzgado (sic) Superior (sic) inficionó su sentencia, de fecha 22 de marzo de 2018, del vicio de incongruencia negativa que se le imputa, violando flagrantemente lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es que la presente denuncia sea declarada con lugar por defecto de actividad, consecuentemente solicitamos se anule la sentencia recurrida y se ordene la reposición de la causa al estado en que otro juez superior dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio por defecto de actividad . (Mayúsculas, subrayado y resaltado del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes en casación denunció que la recurrida incurrió la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido en incongruencia negativa por la omisión de pronunciamiento respecto a una solicitud de control de convencionalidad.
Señalaron los formalizantes, que en su escrito de contestación de la demanda y en los informes ante el ad-quem sostuvieron que estaban ante un caso de libertad de expresión que se sustentaba en la doctrina del reporte fiel, cuyo fundamento jurídico se encontraba en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la república.
Alegaron además, que la omisión de pronunciamiento incurrida fue determinante en el dispositivo en el fallo, pues, conllevó a declarar con lugar de la demanda sin tomar en consideración el derecho involucrado y que se trata de un asunto referido a la libertad de expresión vinculado a un hecho ilícito civil, y el derecho vigente en Venezuela sobre la libertad de expresión se encuentra contenido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostuvieron los formalizantes, que ratificamos que con la aplicación de la doctrina del reporte fiel los hechos eran atípicos. Es por lo que, es necesario realizar el control de la convencionalidad al que todo operador de justicia está obligado. Es decir, evaluar la compatibilidad entre las normas del ordenamiento jurídico interno aplicables, y los estándares universalmente aceptados y compartidos en materia de derechos humanos y el derecho interno venezolano.
Finalmente adujeron los recurrentes en casación, que solicitaron un pronunciamiento sobre el control de convencionalidad entre los contenidos de los artículos 23, 57 y 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1185 del Código Civil, y los tratados internacionales sobre derechos humanos, específicamente con lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el estándar referido al reporte fiel reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.
Visto el contenido de la denuncia efectuada por los recurrentes en casación, esta Sala realizó el respectivo estudio del fallo recurrido y ciertamente el ad quem en su fallo no se pronunció sobre la solicitud de control de convencionalidad efectuada por los codemandados, no obstante a ello, es pertinente establecer si tal solicitud podía ser atendida por los juzgados de instancia que conocieron del presente juicio.
Establecido lo anterior, para la Sala es necesario transcribir el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala lo siguiente:
Artículo 266.-Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
1 Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución.
...Omissis
La atribución señalada en el numeral 1° será ejercida por la Sala Constitucional; ( ).
De igual forma, se debe transcribir el ordinal 8° del artículo 25 y artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que tratan sobre la competencia asignada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales estatuyen lo siguiente:
Artículo 25.- Competencias de la Sala Constitucional.
Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
Omissis
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
Artículo 32. Control concentrado de la constitucionalidad.
De conformidad con la Constitución de la República, el control concentrado de la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Ley, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso, no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del demandante por tratarse de un asunto de orden público. Los efectos de dicha sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Oficial del estado o municipio según corresponda.
Por otro lado, tenemos que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia respecto al punto de estudio, se pronunció sobre su competencia para conocer en la acción innominada de control de constitucionalidad solicitada por la Procuraduría General de la República, en la sentencia N° 1547 de fecha 17 de octubre de 2011, expediente N° 2011-1130, señalando lo que a continuación se transcribe:
COMPETENCIA DE LA SALA
Precisado lo anterior debe esta Sala pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción propuesta, para lo cual advierte:
A juicio de esta Sala, la parte actora no pretende la nulidad de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el recurso de nulidad como mecanismo de control concentrado de la constitucionalidad no resulta el idóneo.
Tampoco se trata de una colisión de leyes, pues de lo que se trata es de una presunta controversia entre la Constitución y la ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional fundamentada en normas contenidas en una Convención de rango constitucional, lo que excede los límites de ese especial recurso, pues la presunta colisión estaría situada en el plano de dos normas de rango constitucional.
En definitiva, del estudio pormenorizado de la solicitud se evidencia que la misma está dirigida a ejercer un control innominado de constitucionalidad, por existir una aparente antinomia entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, producto de la pretendida ejecución del fallo dictado el 1 de septiembre de 2011, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a la República Bolivariana de Venezuela a la habilitación para ejercer cargos públicos al ciudadano Leopoldo López Mendoza, lo que amerita que esta Sala en ejercicio de su condición de último interprete de la Constitución, realice el debido control de esas normas de rango constitucional y pondere si con la ejecución del fallo de la CIDH se verifica tal confrontación.
Al respecto, debe esta Sala determinar el alcance de la acción de control constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, para luego analizar el régimen de competencia, la admisibilidad y, en el supuesto de que fuera admitida, el procedimiento aplicable.
En tal sentido, se observa:
La Sala Constitucional, en la oportunidad de conocer sobre la conformidad constitucional del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Caso: Corte Primera de lo Contencioso Administrativo-, asumió la competencia con base en la sentencia 1077/2000 y según lo dispuesto en el cardinal 23 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004.
Dicho cardinal establecía que era competencia de la Sala Constitucional:
Conocer de las controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación y ejecución de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República. La sentencia dictada deberá ajustarse a los principios de justicia internacionalmente reconocidos y será de obligatorio cumplimiento por parte del Estado venezolano.
En dicha oportunidad, esta Sala Constitucional concluyó que la solicitud formulada por la Procuraduría General de la República no podía encuadrarse en un recurso de nulidad, pues no se trataba de una acción de nulidad de un acto en ejecución directa de la Constitución y tampoco se trataba de una colisión de leyes.
Ahora bien, la argumentación de la Sala Constitucional para asumir la competencia para conocer de la conformidad constitucional de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sufrido un cambio con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010.
En efecto, no está incluido en el nuevo texto legal ningún cardinal cuya redacción aluda al contenido del antiguo artículo 5.23 de la Ley de 2004. Si se observa el artículo 25 de la Ley de 2010, contentivo de las competencias de la Sala Constitucional, no se advierte ningún dispositivo que haga referencia al conocimiento y resolución de las controversias suscitadas con motivo de la interpretación y ejecución de las convenciones internacionales.
Ciertamente, el numeral 17 del artículo 25 de la nueva ley pauta que corresponde a esta Sala conocer de la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.
Pero lo que se está solicitando no es la interpretación de una norma o principio, sino el análisis de la conformidad constitucional de un fallo de un tribunal de derecho internacional público cuya ejecución se pretende en nuestro país.
Ahora bien, es criterio de esta Sala Constitucional que, al no existir disposición expresa que contemple esta modalidad de control concentrado de la constitucionalidad, lo pertinente es invocar la sentencia N° 1077/2000, la cual sí prevé esta razón de procedencia de interpretación constitucional, a los efectos de determinar el alcance e inteligencia de la ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional con base en un tratado de jerarquía constitucional, ante la presunta antinomia entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional. El fundamento de esta competencia se complementa con lo previsto en el artículo 335 de la Constitución que a la letra dice: El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Por otra parte, al haber eliminado el legislador la previsión contemplada en el artículo 5.23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y no haber dictado las normas adjetivas que permitan la adecuada implementación de las decisiones emanadas de los órganos internacionales de conformidad con lo previsto en el artículo 31 constitucional (en su único aparte), el Estado (y, en concreto, la Asamblea Nacional) ha incurrido en una omisión de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución , a tenor de lo previsto en el artículo 336.7 eiusdem en concordancia con lo pautado en la Disposición Transitoria Sexta del mismo texto fundamental. En consecuencia, ante la omisión de la Asamblea Nacional de dictar las normas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de los organismos internacionales y/o para resolver las controversias que podrían presentarse en su ejecución, esta Sala Constitucional asume la competencia para verificar la conformidad constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control constitucional que implica lógicamente un control de convencionalidad (o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano), lo cual debe realizar en esta oportunidad esta Sala Constitucional, incluso de oficio; y así se decide (Cursivas y subrayado del fallo, resaltado de esta Sala)).
Y en fallo posterior, la referida Sala Constitucional se pronunció respecto a su competencia para conocer de la acción de control de convencionalidad, en la solicitud efectuada por la Procuraduría General de la República, en sentencia N° 1175 de fecha 10 de septiembre de 2015, expediente N° 2015-992, señaló lo siguiente:
En forma previa, esta Sala, con fundamento en el principio iura novit curia, pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción de control de convencionalidad propuesta por la representación judicial de la Procuraduría General de la República, respecto de la sentencia dictada el 22 de junio de 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Granier y otros vs. Venezuela.
Acerca de la calificación jurídica de la presente solicitud como acción de control de convencionalidad realizada por los peticionantes, es preciso resaltar que en cualquier modalidad de control de constitucionalidad, podría ser necesario ejercer un control de convencionalidad cuando en el análisis de un caso estén presentes normas relativas a derechos humanos contenidos en una o varias convenciones internacionales válidamente suscritas y ratificadas por la República Bolivariana de Venezuela, que pudieran contradecir una disposición constitucional interna. Como quiera que según el artículo 23 de nuestro Texto Fundamental, dichas normas tendrán rango constitucional de existir cualquier antinomia entre ellas, la Sala debe proceder a resolver la aludida contradicción a los efectos de determinar la disposición aplicable.
Al respecto, en sentencia número 1.547/2011 del 17 de noviembre (sic), esta Sala estableció que en su condición de máximo y último intérprete de la Constitución, además de velar por su uniforme interpretación y aplicación, tiene la facultad, incluso de oficio, de verificar la conformidad constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control constitucional que implica lógicamente un control de convencionalidad (o de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema constitucional venezolano).
Omissis
Por tal razón, con fundamento en el artículo 335 constitucional y el precedente establecido en la sentencia número 1.547/2011 del 17 de octubre, esta Sala se declara competente para conocer de la solicitud de control de constitucionalidad solicitada. Así se decide (Cursivas del fallo, resaltado de esta Sala).
Ahora bien, de acuerdo a las normas jurídicas y los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, se tiene que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación, y las interpretaciones que establezca dicha Sala sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
En ese sentido, vale acotar que el presente juicio trata sobre una acción por daño moral, y la misma, es a todas luces una acción de carácter personal y eminentemente de materia civil que busca con su declaratoria la correspondiente indemnización pecuniaria por los daños sufridos a favor del demandante, y no se está en presencia de un juicio atinente a la materia penal, ni tampoco en el escrito libelar se inquirió que los demandados se encuentran incursos en la comisión de un hecho delictual que obligatoriamente conllevaría a la apertura de la procedencia o no del antejuicio de mérito de los codemandados que ostenta la condición de diputados a la Asamblea Nacional, toda vez que al gozar de dicha prerrogativa, es necesario que medie una acusación o denuncia contra el aludido funcionario, la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo, y en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previo levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Lo anterior establecido, tiene su fundamento en la sentencia de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 16 de fecha 22 de abril de 2010, caso de Wilmer Azuaje Cordero, en la cual se dispuso lo siguiente:
Es pertinente analizar, a la luz de los textos normativos vigentes, la protección o privilegio parlamentario de la inmunidad y el antejuicio de mérito, como requisitos para su enjuiciamiento.
Tanto la Constitución de 1961 como la de 1999 regulan de una manera similar el privilegio parlamentario de la inmunidad y el requerimiento del antejuicio de mérito para el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Legislativo.
En tal sentido, el artículo 143 de la Carta de 1961 establecía el principio de la inmunidad. En esta disposición se precisaba que en caso de delito flagrante de carácter grave cometido por un senador o diputado, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho a la Cámara respectiva o a la Comisión Delegada con una información debidamente circunstanciada. Ello, a los efectos de que el órgano legislativo autorice la detención mientras se decida sobre el allanamiento.
Por su parte, el artículo 215 ordinal segundo del mismo texto fundamental, exigía la declaratoria previa de mérito por la Corte en pleno, para el enjuiciamiento, entre otros, de los miembros del Congreso.
El Dr. Humberto J. LA ROCHE, ilustre constitucionalista y magistrado emérito de este máximo Tribunal de justicia, en su obra Instituciones Constitucionales del Estado Venezolano (Maracaibo. Editorial Metas C.A. 1984) concluía con base en las disposiciones antes citadas, que en relación al privilegio de la inmunidad parlamentaria, podían presentarse dos situaciones claramente diferenciables:
La primera, es cuando el congresista ha cometido un delito flagrante de carácter grave, en cuyo caso no hay duda acerca de la ocurrencia del delito y de la cualidad del autor del mismo; y la segunda, que es cuando media una acusación o denuncia en contra de un parlamentario.
En caso de flagrancia, en criterio de LA ROCHE, el juez sumariador somete al senador o diputado a custodia domiciliaria y envía a la Cámara respectiva un informe circunstanciado acerca de los detalles y factores que han concurrido para determinar la autoría del parlamentario en el acto que se le está imputando, a los efectos de que dicha Cámara o la Comisión Delegada autorice que continúe en ese estado mientras se decide el allanamiento, requisito indispensable para el enjuiciamiento.
Es decir que como podrá deducirse, si se trata de un delito flagrante el antejuicio de mérito no es procedente, pero en cualquier caso es indispensable la autorización de la Cámara correspondiente para privar de la inmunidad a un congresista cuando este ha sido culpable de un hecho punible (Op. Cit., pág. 44).
Distinto sería si el parlamentario no es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito ya que en tal caso sí es necesario que el máximo Tribunal examine los recaudos que enviaría el tribunal sumariador (hoy Ministerio Público) para verificar si se ha configurado un tipo delictivo y si hay indicios de culpabilidad del congresista a quien se le imputan hechos punibles. En este caso, en el cual media necesariamente una acusación o denuncia, es imprescindible el antejuicio de mérito, en cuyo caso si la Corte Suprema de Justicia decidía que había lugar a la prosecución de juicio, debía enviarse la decisión a la Cámara correspondiente para que esta autorizara mediante el allanamiento la continuación del procedimiento respectivo (Ibidem, pág.46) (Subrayado y resaltado de esta Sala).
Por tanto esta Sala concluye en establecer, que la solicitud de control de convencionalidad realizada por los codemandados en su escrito de contestación debió haber sido presentada ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia como máximo y último intérprete de la Constitución, pues, es la Sala competente para establecer la aplicabilidad o no de los denunciados artículos 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y además, es la Sala garante para hacer valer el principio de la supremacía de la Constitución a través de su defensa, para que sus juzgadores no deban aplicar normas que vayan en contra de ella, es decir, es la última verificadora si las normas denunciadas contradicen a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido cabe señalar, que aun cuando ciertamente el ad quem no se pronunció sobre el recurso de control de convencionalidad solicitado por los codemandados, tal omisión de pronunciamiento no es determinante de lo dispositivo del fallo, suficiente para cambiarlo, ni toda incongruencia negativa per se- es suficiente para anular el fallo, dado que no es competencia de los jueces civiles de instancia, ni de esta Sala de Casación Civil, dicho control constitucional, y por ende mal podrían haber incurrido en incongruencia negativa de dicho alegato, sobre el cual no tenían la potestad jurisdiccional para emitir opinión al respecto, y por cuanto que ya el tribunal de primera instancia y el de alzada habían declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por los demandados; aunque podían haber decidido los jueces de instancia, que no era de su competencia conocer de dicho control constitucional, como lo está sustentando esta Sala en este fallo, lo que amerita que se le haga un llamado de atención al respecto a los ciudadanos jueces de instancia, para que en casos similares se pronuncien, señalando a los justiciables que dicha decisión no es de su competencia jurisdiccional y en consecuencia el alegato sea desechado, más no guardar silencio al respecto en incongruencia negativa. Así se declara.-
Por lo cual, esta Sala ha señalado en su doctrina, que para que prospere cualquier denuncia, es estrictamente necesario que se demuestre que la infracción cometida por el juez ha tenido efecto determinante de lo dispositivo del fallo, y que sea suficiente para cambiarlo, lo cual encuentra justificación en la razón de evitar que se produzca una casación inútil y por ende una reposición inútil, contraria a los postulados previstos en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Sentencia Nº 266, del 7 de julio de 2010, caso: Rafael Antonio Urdaneta Purselley, contra Andina, C.A. y otras, fallo N° RC-563, del 26 de septiembre de 2013, expediente N° 2013-254, caso: Industrias Derplast, C.A., contra Roberto Colatosti de Persis y Zoraida Niño de Colatosti; decisión N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra; sentencias N° RC-254, expediente N° 2017-072, caso de Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675, caso de Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambas de fecha 29 de mayo de 2018).-
En adición a todo lo anteriormente expuesto, considera necesario esta Sala de Casación Civil, traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de Justicia en fallo Nº 889, del 30 de mayo de 2008, caso: INHERBORCA, expediente: 2007-1406, según el cual es necesario evaluar la influencia determinante de lo dispositivo del fallo de cualquiera de las infracciones de orden jurídico a las que se refiere el artículo 320 de la ley civil adjetiva, pues de lo contrario la casación sería inútil.
En tal sentido, la referida Sala señaló:
( ) En ese orden de ideas, estima esta Sala Constitucional pertinente el recordatorio de que la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber de todos los jueces o juezas de la República de asegurar la integridad de la Constitución (ex artículos 334 y 335 constitucionales), obligan al juez, siempre, a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental.
Por otra parte, en lo que respecta, específicamente a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil preceptúa:
Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
( omissis )
Así, en este caso, sólo habrá habido infracción del orden jurídico, en los términos del artículo 320, si la prueba respecto de cuya apreciación se incurrió en contradicción -en criterio de la Sala de Casación Civil-, tiene la posibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que durante los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo (Negrillas y subrayado de este fallo)
En consideración a todo lo precedentemente expuesto, la presente delación por incongruencia negativa es improcedente, lo que determina que sea desechada. Así se declara.-
-III-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes en casación delatan a la recurrida por la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido en incongruencia negativa, al omitir aspectos relevantes sobre el hecho ilícito y el daño moral, bajo los siguientes fundamentos:
( ). Observa esta representación que el fallo recurrido está inmotivado ya que el sentenciador omitió apreciar aspectos relevantes que debió considerar, se constata que sólo se limitó a exponer la conclusión a la que arribó, pero sin antes realizar previamente el análisis y la comparación de todos los elementos expuestos en la demanda, la contestación y especialmente el análisis jurídico sobre el derecho aplicable y la valoración probatoria.
Sobre este particular es oportuno precisar que el fallo no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que pueda sustentar el dispositivo. A lo largo de 64 páginas, el juez de la recurrida lo que hizo fue copiar de forma casi fiel los escritos presentados por las partes. Pero, no sabemos de dónde el juez arriba a la conclusión de que Se encuentran cumplidos los extremos de ley para que proceda la indemnización por daños morales provenientes de hecho ilícito, como son el daño, la culpa y la relación de causalidad Si no tuvimos la oportunidad de evacuar pruebas.
Tampoco sabemos que pruebas valoró, porque precisamente el mayor dislate procesal fue tratar el asunto como de pleno derecho y mutiló el lapso probatorio con lo cual evitó la evacuación de las pruebas promovidas; tampoco sabemos, cual fue el razonamiento lógico sistemático argumentativo para calcular la indemnización producto del presunto daño moral causado al ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO. Por ejemplo, por puro sentido común, aunque sea un documento debió haber referido como medio probatorio, en el cual se evidenciara la aflicción o menoscabo de la víctima. En este caso ( ), como juez ad-quem solo utilizó su imaginación, parcialidad y admiración con el actor.
Estamos ante una picaresca ocurrencia del juez ad-quem que raya en el paroxismo de la demencia y la truhanería. Sin exagerar, como un juez sin pruebas decide y arriba a conclusiones omitiendo lo que los demandados dijeron en la contestación de la demanda y en los informes de la apelación. Eso comprueba el vicio de incongruencia negativa por omitir aspectos relevantes sobre el daño moral debidamente alegados en el proceso.
Omissis
En la recurrida el establecimiento de los hechos es imaginario. Recalcamos, en una decisión judicial es imposible fundamentar un razonamiento sin pruebas. El juez de la recurrida omitió el análisis pormenorizado de los hechos, su contradicción, la valoración probatoria y el derecho. Sus argumentos son falaces por ausencia de motivación.
Leer la sentencia nos recuerda a David Copperfield, ese celebre mago estadounidense que en una oportunidad con uno de sus trucos de magia hizo desaparecer la Estatua (sic) de la Libertad (sic) de Nueva York y también un avión. ( ).
Omissis
Esta particular forma de redactar el fallo confirma la existencia de una inmotivación, porque los motivos dados por el sentenciador son vacios de contenido y se sustentan únicamente en consideraciones doctrinales, y en especulaciones personales.
Así las cosas, esta defensa, evidencia que el juez de la recurrida al declarar procedente la indemnización de daño moral, sin hacer referencia a la naturaleza e importancia de las pruebas promovidas por la demandada, no analizó el grado de culpabilidad del autor, ni la conducta de la víctima que, por demás, no promovió prueba alguna del daño producido. ( ), así como párrafos doctrinales que utilizó para concluir en una picaresca y descabellada conclusión que sólo favorece a la parte actora. Que sólo reafirma que estamos ante un acto de magia y no una verdadera motivación.
Omissis
Únicamente en los folios 232 al 233 (sic) de la recurrida el juez arriba a una conclusión sin analizar ningún medio de prueba. ( ), pues, su decisión no fue justamente expresa, positiva y precisa, con arreglo a las excepciones y defensas opuestas oportunamente por nuestros mandantes, y como consecuencia se violó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el referido juez no se basó en lo alegado y probado en autos y no se subordinó las normas de derecho. De tal manera, que no garantizó a nuestros mandantes el derecho de defensa ni mantuvo a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades, transgrediendo el mencionado artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
Todo hace considerar la incongruencia negativa en que incurre la sentencia recurrida por omisión, la cual a su vez incurre en el supuesto normativo contenido en el encabezamiento del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, cuando se expresa allí que será nula la sentencia por faltar determinaciones indicadas en el artículo anterior, vale decir el artículo 243 (sic), en consecuencia el Juez (sic) a-quo y el de alzada debieron considerarlos argumentos de nuestros mandantes, en consecuencia debió aplicar el Principio de Exhaustividad de la sentencia
Omissis
De una lectura desprevenida, el juez a-quo, se evidencia que el fallo no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que pueda sustentar el dispositivo del fallo, pues no se refirió, entre otros, al tema del reporte fiel el cual subyace en la validación de los elementos constitutivos del hecho ilícito civil.
Además, también existe inmotivación por falta absoluta de motivos, pues no se refirió ni acreditó los siguientes elementos: 1) El incumplimiento de una conducta ( ); 2) El carácter ( ), 3) que el incumplimiento sea ( ); 4) que se produzca un daño; 5) La relación de causalidad ( ).
Únicamente se pueden leer motivos vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impiden conocer el criterio jurídico al que arribó el juez a-quo para dictar su decisión. Es importante señalar que las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida y las defensas opuestas.
Señor juez la motivación del fallo que reclamamos es un derecho, no es un capricho. ( ).
Inconfesablemente, en este caso estamos en presencia de un error de razonamiento por parte del Juez (sic) de la recurrida o de una falacia de atinencia, pues sus argumentos descansan en premisas no pertinentes para su conclusión, por lo que no se puede establecer de manera apropiada su verdad.
Omissis
Señores Magistrados, como puede observarse en todo el texto del fallo recurrido no se encuentra ninguna referencia, no se desprende análisis alguno sobre el acaecimiento del hecho ilícito a partir del análisis de los elementos que o conforman. Tal omisión coloca al fallo recurrido en la situación de infracción del ordinal 4° del (sic) artículo (sic) 243, 244 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por tal consideración solicitamos la nulidad de la sentencia recurrida.
Omissis
Para corroborar lo delatado, simplemente hay que echarle un vistazo desprevenido al fallo, pues es inútil e imposible transcribir lo que no existe. Siendo así, no hay duda para esta representación judicial que con esa conducta omisiva el Juzgado (sic) Superior (sic) inficionó su sentencia ( ), del vicio de incongruencia negativa que se le imputa, violando flagrantemente lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ( ) . (Mayúsculas, cursivas y subrayado del texto).
Para decidir, la Sala observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes en casación delataron la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por parte del ad quem, por haber incurrido en incongruencia negativa, al omitir aspectos relevantes sobre el hecho ilícito y el daño moral.
Señalaron los formalizantes, que el fallo del ad quem incurrió en el vicio de inmotivación, pues, omitió apreciar aspectos relevantes que debió considerar y se limitó a exponer la conclusión a la que arribó sin realizar previamente el análisis y la comparación de todos los elementos expuestos en la demanda, la contestación y especialmente el análisis jurídico sobre el derecho aplicable y la valoración probatoria.
Alegaron además, que el ad quem no contiene ningún razonamiento de hecho ni de derecho que pueda sustentar el dispositivo, ni se sabe que pruebas valoró al tratar el asunto como de pleno derecho y mutiló el lapso probatorio con lo cual evitó la evacuación de las pruebas promovidas.
Sostuvieron los formalizantes, que Estamos ante una picaresca ocurrencia del juez ad-quem que raya en el paroxismo de la demencia y la truhanería .y que Esta particular forma de redactar el fallo confirma la existencia de una inmotivación, porque los motivos dados por el sentenciador son vacios de contenido y se sustentan únicamente en consideraciones doctrinales, y en especulaciones personales.
Adujeron, que Todo hace considerar la incongruencia negativa en que incurre la sentencia recurrida por omisión.
Alegaron los formalizantes, que en el fallo recurrido Únicamente se pueden leer motivos vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impiden conocer el criterio jurídico al que arribó el juez a-quo para dictar su decisión. Es importante señalar que las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida y las defensas opuestas.
Sustentaron los recurrentes, que Inconfesablemente, en este caso estamos en presencia de un error de razonamiento por parte del Juez (sic) de la recurrida o de una falacia de atinencia, pues sus argumentos descansan en premisas no pertinentes para su conclusión, por lo que no se puede establecer de manera apropiada su verdad.
Finalmente adujeron los recurrentes en casación, que. Siendo así, no hay duda para esta representación judicial que con esa conducta omisiva el Juzgado (sic) Superior (sic) inficionó su sentencia ( ), del vicio de incongruencia negativa que se le imputa.
Ahora bien, del análisis de la denuncia en estudio, la Sala observa que los formalizantes en casación realizan una entremezcla de vicios en los que supuestamente incurrió la recurrida en su fallo, delatando que el ad quem incurrió en incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, e inmotivación del fallo por carecer de razonamiento de hecho y de derecho en su fundamentación, por errores de razonamiento o por falacia de atinencia, que son aquellas argumentaciones que de algún modo falta la relación lógica entre los elementos del razonamiento por lo que se tiende a engañar.
Ahora bien, esta Sala en reiteradas oportunidades ha señalado que se deben rechazar las formalizaciones que entremezclen denuncias o éstas sean del todo exiguas o que no contengan la base legal requerida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso extraordinario de casación y que como es sabido, es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por éste, (...) no puede ser asumida por la Sala. (Cfr. Fallo N° RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241).
En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia de este Alto Tribunal también ha expresado: Para que la denuncia de alguna infracción pueda considerarse ( ) es necesario que se evidencie cada infracción, debiendo guardar relación cada alegato con el texto legal que se pretende infringido por la recurrida. Toda infracción de ley consiste en una disparidad entre lo juzgado por el juez y una norma legal, por lo cual para que se considere razonado el escrito hay que partir de dos parámetros: lo decidido por el sentenciador y el contenido de la norma legal. De faltar alguno de estos dos extremos no podrá explicarse coherentemente por qué la decisión no se ajusta a la regla cuya infracción se pretende denunciar . (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 24 de marzo de 1988).
Se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, que el recurrente al dar fundamentación al recurso extraordinario de casación, debe, de manera impretermitible, cumplir con la técnica casacional requerida, en caso contrario, estaría esta Sala de Casación Civil en la imposibilidad de entrar a conocer sobre el escrito presentado y sus denuncias, con la consecuencia legal de declararlo perecido, en conformidad con lo estatuido en los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil.
Es de imperativo legal, que para cumplir con la referida técnica, el recurrente en casación al formalizar los recursos donde se denuncien vicios por errores in procedendo, debe fundamentar éstos en los supuestos de hecho establecidos en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, bien por considerar que en el proceso se incurrió en el quebrantamiento de formas sustanciales que menoscabaron el derecho a la defensa; o porque el juez de alzada, al emitir el fallo contra el cual se recurre, incumplió con los requisitos formales establecidos en el artículo 243 eiusdem; o por considerar que incurrió en los vicios establecidos en el artículo 244 ibídem.
En tal sentido se observa la entremezcla de dos denuncias, una de incongruencia negativa, que amerita la falta de pronunciamiento y otra de inmotivación, que engendra un pronunciamiento, pero que se considera insuficiente, todo ello, sin poderse concretar una denuncia, clara e individualizada, aunado al hecho de lo contradictorio de la denuncia, pues no se pude afirmar que no hubo pronunciamiento y al mismo tiempo que si hubo pero que fue insuficiente.
De igual forma cabe señalar, que aun cuando esta Sala en atención a lo dispuesto en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe velar porque no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, considera sin embargo, que en el presente caso el recurrente omitió el cumplimiento de formas esenciales en su escrito de formalización, que hacen a la Sala imposible conocer del mismo, pues, no se señala cuál es el vicio denunciado, de forma independiente y detallada, dado que entremezcló denuncias, infracciones y razonamientos por demás exiguos e incoherentes, no existe la especificación técnica de la denuncia y en su fundamentación la misma es contradictoria.
En tal sentido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias: 1) N° 369, de fecha 24 de febrero de 2003, caso de Bruno Zulli Kravos, expediente N° 2002-1563; 2) N° 578, de fecha 30 de marzo de 2007, caso de María Lizardo de Jiménez, expediente N° 2007-008; y 3) N° 1173, del 12 de agosto de 2009, caso de Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, expediente N° 2009-405, señaló que el recurso extraordinario de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador.
Y en tal sentido dicha decisión señala:
El recurso de casación es una petición extraordinaria de impugnación cuya formalización exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales, tanto desde el punto de vista del abogado que lo redacta (ex artículo 324 del Código de Procedimiento Civil) como de la técnica necesaria para el examen de las denuncias que en él se hacen, lo que lo diferencia, entre otras razones, del amparo...
....[y] tiene por finalidad, entre otras, eliminar los innecesarios rigores del formalismo de suerte que pueda cumplirse una correcta administración de justicia; sin embargo, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aún cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad; salvo si se trata de meras irregularidades instrumentales de contenido menor -actos imperfectos que no afectan al núcleo esencial del recurso- las cuales pudieran ser eventualmente subsanadas por la Sala de Casación Social, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, como la extemporaneidad del recurso o la falta de cualidad de las partes para ejercerlo...
...Pronunciamiento acerca del cual, se observa que si bien esta Sala Constitucional, en anteriores oportunidades, ha sostenido que el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aún cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad . (vid. sent. Nº 578 del 30/03/07), tales exigencias, so pena de incurrir en excesivos formalismos y contrariar el contenido del artículo 26 del Texto Constitucional, no pueden ir más allá de las expresamente establecidas, en este caso, en las normas que regulan la formalización, es decir, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:..
Al respecto, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece:
la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos:
1º. La decisión o decisiones contra las cuales se recurre.
2º. Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313.
3º. La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea.
4º. La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas .
La norma antes parcialmente transcrita, en la doctrina citada de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, referida al artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, señala los extremos que se deben cumplir para presentar un escrito de formalización, evidenciando la obligatoriedad de enmarcar las denuncias en los supuestos del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y en los casos de denuncia de errónea interpretación, falta de aplicación, la aplicación de una norma no vigente, la falsa aplicación y la violación de máximas de experiencia, encuadrarlas en el ordinal 2º del mismo artículo. Asimismo, establece la obligatoriedad de presentar las denuncias en las cuales se apoye el recurso separadamente, caso contrario, y conforme con el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil vigente, se declarará perecido el recurso sin entrar a decidirlo, cuando no llenare los requisitos exigidos en el artículo 317 eiusdem.
La formalización del recurso extraordinario de casación, es carga procesal que la ley impone al recurrente, según lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en conformidad con las doctrinas de la Sala Constitucional y de esta Sala de Casación Civil antes citadas en esta sentencia.
Ha sido jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala, acogida por el legislador en la norma antes señalada, que el recurrente debe, además de indicar la sentencia contra la cual se recurre, y de expresar el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, citar el artículo o los artículos que se delatan como infringidos; especificar y razonar los fundamentos de la denuncia, de forma individualizada, sin entremezclar vicios, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y mencionar los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada; todo ello con la finalidad de demostrar a los Magistrados de este Alto Tribunal, la contradicción existente entre la voluntad abstracta de ley y la conducta concreta del juez expresada en la sentencia impugnada. (Cfr. Fallos N° RC-266, del 20/05/05. Exp. N° 04-1004; RC-537, del 26/07/06. Exp. N° 06-225; RC-9, del 23/01/07, Exp. N° 06-671; RC-136, del 15/03/07. Exp. N° 06-708; RC-183, del 09/04/08. Exp. N° 07-698; RC-460, del 21/07/08. Exp. N° 08-057; RC-090, del 26/02/09. Exp. N° 07-575, RC-138, del 11/05/10. Exp. N° 09-521; RC-282, del 19/07/10. Exp. N° 09-694; RC-552, del 23/11/10. Exp. N° 10-362; RC-637, del 16/12/10. Exp. N° 10-450; y RC-134, del 050/4/11. Exp. N° 10-631, entre muchos otros).
En la denuncia de estudio, conforme a todo lo precedentemente expuesto se observa, que los formalizantes omitieron el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para que la Sala pueda examinar los supuestos fundamentos de su delación, lo que impide entrar a su conocimiento a fondo.
Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales con el sólo fin de cumplir con una tutela judicial efectiva, conforme al principio constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y después de revisado el fallo impugnado determina, que no se encuentra falta alguna que amerite el uso de la facultad excepcional de casar de oficio la decisión recurrida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241).
En consecuencia, se desecha la presente denuncia por inadecuada fundamentación, así como se declara la improcedencia del recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.-
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR los recursos extraordinarios de casación, anunciados y formalizados por los codemandados, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 22 de marzo de 2018 y su aclaratoria de fecha 5 de abril de 2018.
Se CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación a los codemandados recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
___________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
_______________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. AA20-C-2018-000377
Nota: Publicada en su fecha a las ( ).
Secretaria Temporal,
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