Venley

Sentencia N.º RC.000809

Sentencia
N.º RC.000809
Fecha
13/12/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
17-595
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2017-000595

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el cuaderno separado de medidas, sustanciado en el juicio por nulidad de contrato, incoado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano ALBERTO VILLASMIL RINCÓN, patrocinado judicialmente por los ciudadanos abogados Ligia Sánchez Caballero, Roberto Taricani Lozada y Hernán Octavio López Rodríguez, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, C.A. (VACOINCA), representada por el ciudadano Napoleón Lander Rodríguez, y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados Cecilia Elena Acosta Mayoral, Jairo Fernández Rivera y Wilfredo José Maurell González; la sociedad mercantil distinguida con la denominación INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., representada por los ciudadanos José Salvatierra Quintero y Miguel De La Rosa Federico, y patrocinada judicialmente por el ciudadano abogado Miguel Ernesto González Gorrondona De La Rosa; donde actuaron como terceros intervinientes, las sociedades mercantiles distinguidas con las denominaciones CONSORCIO UNIÓN, C.A., RENTA MOTOR, C.A., LEASING CREDIT EXPRESS, CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A., INVERSIONES ORICAO, C.A., PROMOTORA LAGUNAMAR, C.A., MARGARITA LAGUNAMAR, C.A., HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR, C.A., ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A., y LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A., sin representación judicial actualmente constituida en actas del expediente; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 22 de mayo de 2017, declarando improcedentes las medidas de prohibición de enajenar y grabar y la medida innominada de designación de veedor judicial; sin lugar la apelación de la demandante; con lugar la apelación de la co-demandada Valores Comerciales e Industriales, C.A. (VACOINCA); con lugar la apelación de la co-demandada Inversiones Algarrobo 17, C.A.; revocó la decisión interlocutoria de fecha 16 de junio de 2016, que declaró sin lugar la oposición de Valores Comerciales e Industriales, C.A. (VACOINCA); revocó parcialmente la decisión de fecha 16 de junio de 2016, que declaró sin lugar la oposición de las co-demandadas Valores Comerciales e Industriales, C.A. (VACOINCA) e Inversiones Algarrobo 17, C.A. y declaró con lugar la oposición de los terceros intervinientes; Confirmó la decisión del 28 de junio de 2016; dejó modificada en los términos de la alzada, la sentencia apelada, y condenó en costas a la demandante.

Contra la referida decisión de alzada, la demandante, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, replica y contrarréplica.

En fecha 9 de octubre de 2017, mediante acto público de insaculación, se designó ponente al Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

PUNTO PREVIO.

De una revisión que se realizara a las actas que conforman el presente expediente, se desprende que la formalizante recurrente consignó anexo a su escrito de formalización, dos legajos de copias simples y certificadas para ser apreciadas por esta Sala como pruebas.

En este sentido, debe la Sala señalar que no le está dado a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, el consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia, cumplieron en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el Libro Primero, Título VIII, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.

Al efecto esta Sala, en su decisión N° RC-014, del 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez De González contra Dora Yuraima González Charmel y otros; reiterada en fallo N° RC-239, del 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106, caso: Oswaldo Jesús Madriz Roberty contra Argemery Belen Cusati Borges y otros, la cual fue ratificada en decisión N° RC-259, del 8 de mayo de 2017, expediente N° 2016-805, caso: Inversiones Footwear 1010, C.A. y otra, contra C.N.A. Seguros La Previsora, y nuevamente reiterada en fallo N° RC-519, de fecha 2 de agosto de 2017, expediente N° 2017-192, caso: Santa Bárbara Barra y Fogón, C.A., contra Bar Restaurante El Que Bien, C.A., y otra, estableció lo siguiente:

 

“...Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.

 

Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.

 

Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide...”.

 

De acuerdo, a los precedentes jurisprudenciales y en aplicación al presente caso, esta Sala de Casación Civil, se ve imposibilitada de entrar al análisis de los instrumentos consignados, al ser un tribunal de derecho, donde no hay lugar a la promoción ni evacuación de pruebas, razón por la cual se desestiman las pruebas consignadas durante el lapso de sustanciación de recurso extraordinario de casación. Así se decide.

Resuelto este punto previo, pasa la Sala a conocer de las denuncias presentadas por el formalizante, de la siguiente manera:

RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD

-I-

Señala el formalizante por vía de argumentación lo siguiente:

“…CAPÍTULO II

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

CASACIÓN DE FORMA

 

DENUNCIAS POR INDEFENSIÓN

Planteamiento General

 

De la lectura del fallo impugnado y, sobre todo, de la tramitación del expediente que lo contiene, no cabe la menor duda de que la actuación llevada a cabo por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, conllevó –en distintas partes y bajo diferentes formas- el vicio de indefensión, pues a pesar de no existir contravenciones a formas procesales en la tramitación del expediente en primera instancia, se produjo en la superioridad graves perjuicios en cuanto al derecho a la defensa de la parte accionante, producto de un grave y patente silencio de las pruebas aportadas en el cuaderno de medidas, en especial las presentadas en el escrito de informes para comprobar el velo corporativo denunciado a los fines del decreto de las medidas, con el objeto de beneficiar a una de las partes con el resultado de su fallo, en especial a, terceros interesados.

 

PRIMERO:

 

Ahora bien, para que la Sala tenga mayor conocimiento de la situación aquí denunciada mediante este RECURSO DE CASACIÓN es imperioso exponerle las causas que tuvo mi mandante ALBERTO VILLASMIL RINCÓN en demandar el presente proceso la nulidad de la venta y simulación de UN PAQUETE ACCIONARIO correspondiente a QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTAS CUARENTA Y TRES (15.090.543) ACCIONES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, acciones que la sociedad mercantil VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES C.A. (VACOINCA) poesía en la sociedad mercantil CONSORCIO UNIÓN S.A. que el ciudadano NAPOLEÓN LANDER RODRÍGUEZ, actuando como PRESIDENTE, DIO EN VENTA PURA Y SIMPLE, a la aquí demandada INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., representada en este acto por JOSÉ SALVATIERRA QUINTERO.

 

Esta Venta (sic) denunciada en el libelo de la demanda, fue realizada sin haber dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 276, 277, 280 y 281 Código de Comercio, referente a la convocatoria, asamblea y en especial a la disposición del ACTIVO de la compañía, como explicaré más adelante. El precio de esta venta fue de UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs.1.509.054,30), es decir, a razón de CERO PUNTO DIEZ CÉNTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 0,10) POR ACCIÓN. Las aludidas acciones, fueron traspasadas en venta a INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., por documento Autenticado (sic) en fecha 13 de mayo de 2013, ante la Notaria Publica (sic) (interina) Vigésima del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, como se señaló anteriormente, traspaso que consta en el Libro de Accionistas N° 2, Folio 51 de Consorcio Unión, S.A. SIN LA FIRMA DE LA CESIONARIA, de lo cual dejó constancia en Inspección Judicial, realizada por el Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha cuatro (04) de julio de 2013, fecha en la cual se realizó una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del CONSORCIO UNIÓN, S.A. Inspección que cursa en el expediente principal.

 

Esta VENTA DE ACCIONES, tiene relación con hechos suscitados con otras operaciones de ventas de acciones en similares circunstancias y que cursan en otros procesos judiciales (contenciosos y en jurisdicción voluntaria) que están directamente relacionados con los intereses patrimoniales de los HERMANOS SALVATIERRA PALACIOS y SALAVTIERRA QUINTERO que actualmente se encuentran en pugna por el control del paquete accionario que poseen sus empresas familiares en la sociedad mercantil CONSORCIO UNIÓN S.A., quien a su vez son propietarias del CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones de las sociedades mercantiles de reconocida actividad comercial tanto nacional como internacionalmente, como son: RENTA MOTOR C.A.; INVERSIONES ORICAO C.A., y su filial PROMOTORA LAGUNAMAR C.A.; LEASIGN CREDIT EXPRESS C.A. y su filial MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A. y sus empresas filiales ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A., HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR, C.A. y LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A.

 

Por ello ciudadanos Magistrados, debo destacar, que en fecha 09 de febrero de 2012, mediante documentos de venta apostillados en el extranjero, se realizaron unas VENTAS SIMILARES a la aquí denunciada, referente a un paquete accionario propiedad de la sociedad mercantil CONSORCIO UNIÓN S.A., lo cual representa un ACTIVO SOCIAL, propiedad de las sociedades mercantiles INVERSORA EL PORTÓN 9 C.A. e INVERSIONES EL PORTÓN 14 C.A., esta última perteneciente al capital social de la aquí demandada la sociedad mercantil  VACOINCA, correspondiente a un PAQUETE DE ACCIONES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, que poseían en la sociedad mercantil CONSORCIO UNIÓN S.A., tal como se evidencia en el LIBRO 2 (sic) de Accionistas (sic) de CONSORCIO UNIÓN S.A., celebrado por los Administradores Directores Principales de INVERSORA EL PORTÓN 9 C.A. e INVERSORA EL PORTÓN 14 C.A., ciudadanos JOSÉ SALVATIERRA QUINTERO y SALVADOR SALVATIERRA QUINTERO, como VENDEDORES CEDENTES y el ciudadano MIGUEL DE LA ROSA FEDERICO, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-2.938.771, en su carácter de representante legal de INVERSIONES ALGARROBO 17 C.A., como COMPRADOR CESIONARIO, y donde los ciudadanos JOSÉ SALVATIERRA QUINTERO y SALVADOR SALVATIERRA QUINTERO, también pertenecen a la junta directiva  de INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A.

 

En este sentido, mi representado ALBERTO VILLASMIL RINCÓN tuvo conocimiento que la nulidad de esas ventas se ventiló originalmente ante el Juzgado Octavo (8vo.) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el Número de Expediente AP11-M-2015-000431, pero por sentencia de un Tribunal Superior, el mismo fue Acumulado (sic) a una demanda similar cursante ante el Juzgado Décimo (10mo.) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el Número de Expediente AP11-V-2016-000149, de la nomenclatura llevada por ese Circuito, el cual se encuentra en fase de sentencia de cuestiones previas.-

 

Con este traspaso de acciones, ACTIVOS de VACOINCA, que aquí se demanda en nombre de mi poderdante ALBERTO VILLASMIL RINCÓN, fue con el simple propósito de incrementar a INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A. su representación accionaria en las asambleas de CONSORCIO UNIÓN, S.A., en un CINCUENTA Y DOS COMA OCHENTA Y TRES POR CIENTO (52,83%).

 

DICHO LOTE ACCIONARIO SE DISCRIMINARÍA, ASÍ: (…)

 

 

Además, debemos destacar que VACOINCA, presenta la composición accionaria siguiente: (…)

 

Siendo su mayor accionista CONSORCIO UNIDOS ASOCIADOS C.A.

 

Estas inversiones mutuas, entre filiales y subsidiarias y la matriz, configuran lo que la doctrina generalizada ha denominado participaciones recíprocas, por lo que la venta de QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (15.090.543) ACCIONES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, del CONSORCIO UNIÓN, S.A., ACTIVO de VACOINCA, perjudica no sólo a sus dos (2) accionistas mayoritarios, sino también a los accionistas minoritarios, dentro de los cuales se encuentra mi mandante ALBERTO VILLASMIL RINCÓN, tal como se demuestra en el siguiente esquema, donde se puede observar con claridad la proporcionalidad porcentual de afectación en base a las acciones vendidas, es de hacer notar que CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS, C.A., no representa afectación alguna dado que siendo VACOINCA su mayor accionista en un 90.95% Y CONSORCIO UNIÓN, S.A., en un 9.04%, la inversión que tiene Consorcios Unidos Asociados, C.A., es absorbida por estos dos últimas (sic) sociedades mercantiles nombradas, tal y como se muestra a continuación: (…)

 

En síntesis ciudadanos Magistrados, CONSORCIO UNIÓN S.A. (empresa matriz), es accionista minoritario de CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS C.A., quien es el mayor accionista de VACOINCA, que a su vez es la accionista mayoritaria de CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS, C.A., por ello, gráficamente le expongo los argumentos antes reseñados así:

 

INVERSIÓN DE CONSORCIO UNIÓN, S.A. EN CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS: (…)

 

INVERSIÓN DE CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS, C.A. EN VACOINCA: (…)

 

INVERSIÓN DE VACOINCA EN CONSORCIOS UNIDOS ASOCIADOS, C.A.: (…)

 

La sociedad mercantil INVERSORA EL PORTÓN 14, C.A., que pertenece al capital social de la empresa VACOINCA, está compuesta en su capital social por las sociedades mercantiles INVERSIONES PENTAGRAMA C.A., INVERSIONES NACHO C.A., PROMOTORA ARFAMA C.A., PROMOCIONES PHLINCKY C.A., INVERSIONES OCEAN CITY C.A., ANGRYSAL C.A., PROMOTORA DISTRITAL C.A., INVERSIONES ESE ESE, S.A, SIBLEZ & SALVATIERRA, C.A., ESTUDIOS Y PROMOCIONES SALVATIERRA, C.A., INVERSIONES CLABE, C.A., e INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A.;  empresas que pertenecen a los HERMANOS SALVATIERRA QUINTERO y SALVATIERRA PALACIOS, de tal manera, que mi representado ALBERTO VILLASMIL RINCÓN, se encuentra inmerso en esta beligerancia relacionada a las empresas FAMILIARES, de los hermanos SALVATIERRA QUINTERO y SALVATIERRA PALACIOS, siendo afectado de manera importante, tanto en sus derechos como los intereses que posee en la empresa VACOINCA, por tal razón es ineludible que el trasfondo de esta venta del ACTIVO constituido por este paquete de ACCIONES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, fue con el único propósito de que un grupo de los hermanos SALVATIERRA adquiera el manejo mayoritario de las empresas que constituyen el CONSORCIO UNION, S.A., Y encubiertamente lo realizan mediante la adquisición viciada de las acciones propiedad de VACOINCA, equivalentes a QUINCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (15.090.543), más las OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS VEINTE Y OCHO (85.353.828) Acciones de INVERSORA EL PORTÓN 9, C.A., más las CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE (42.306.129) ACCIONES, de INVERSORA EL PORTÓN 14, C.A., acciones nominativas no convertibles al portador, es decir, con estas operaciones de compra y venta de acciones los hermanos JOSÉ SALVATIERRA QUINTERO, SALVADOR SALVATIERRA QUINTERO y BEATRIZ SALVATIERRA PALACIOS DE GIARDINELLA, (esta última propietaria de la sociedad en este proceso como compradora, se convierten en accionistas mayoritarios, y en consecuencia Controladores de la Administración de CONSORCIO UNIÓN S.A., obteniendo a través de INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., como compradora de todas etas acciones un porcentaje equivalente al CINCUENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y TRES POR CIENTO (52.83%) y la facultad de imponer unilateralmente su voluntad, con una MAYORÍA ACCIONARIA en el CONSORCIO UNIÓN, S.A.

 

Ciudadanos Magistrados, las empresas demandadas como las empresas que concurren como terceros interesados, son todos (sic) administradas por personas QUE PERTENECEN A LAS MISMAS JUNTAS DIRECTIVAS, que utilizando el derecho mercantil mediante ardid, han logrado realizar operaciones de compra y venta de acciones con el único fin de apoderarse del control de la empresa CONSORCIO UNIÓN S.A. como se ha expuesto repetidamente en el proceso, es la dueña DEL CIEN POR CIENTO de las acciones o capital social de RENTA MOTOR C.A.; INVERSIONES ORICAO C.A. y su filial PROMOTORA LAGUNAMAR C.A.; LEASIGN CREDIT EXPRESS C.A. y su filial MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A. y sus empresas filiales ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A., HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR, C.A. y LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A. todas ellas relacionadas con la explotación del turismo, eso sí, para su único beneficio económico, ya que nunca han repartido un dividendo a su insuperable accionista o propietaria el CONSORCIO UNIÓN S.A., y en consecuencia de ello, esta empresa nunca da beneficios, a sus accionistas.

 

En consecuencia ciudadanos Magistrados, mi mandante ALBERTO VILLASMIL RINCÓN así como otros PEQUEÑOS ACCIONISTAS de la sociedad mercantil (VACOINCA), nunca fueron notificados para realizar una ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, tal como lo establecen los ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA para autorizar LA VENTA DE ESTE ACTIVO.

 

Todos los hechos y el derecho alegado así como las pruebas aportadas en autos no fueron analizados por la recurrida en su fallo del 22 de mayo de 2017, y en tal sentido el Superior incurrió en silencio de pruebas al dictar el aludido fallo.

 

Cabe resaltar, que en el cuaderno de medidas FUERON CONSIGNADAS por esta representación como “PRECEDENTEMENTE JURISPRUDENCIAL” DOS (2) SENTENCIAS dictadas por los Juzgados Superiores DECIMO Y OCTAVO en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fechas: los veinte (20) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) y veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017) respectivamente.

 

Ambas sentencias ACUERDAN DECRETAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN SUS RESPECTIVOS LIBELOS DE DEMANDA, revocando las sentencias dictadas en primera instancia.

 

La sentencia dictada por el Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Decreto Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar y Medida Innominada de Veedor Judicial en el juicio de nulidad de venta y simulación seguida por INVERSIONES OCEAN CITY, C.A., INVERSIONES PENTAGRAMA, C.A.; INVERSIONES NACHO, C.A., PROMOCIONES PHLYNCKY, C.A., y PROMOTORA AFARMA, C.A., en contra de INVERSORA EL PORTÓN 9, C.A., e INVERSORA EL PORTÓN 14, C.A., antes identificadas como VENDEDORES CEDENTES, e INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., como COMPRADOR CESIONARIO.

 

Por su parte la sentencia dictada por el Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Decretó Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre Galpones propiedad de Renta Motor C.A. empresa perteneciente al Consorcio Unión S.A. en el juicio de nulidad y simulación por venta de acciones, seguido por la sociedad mercantil ANGRYSAL, C.A., en contra de las sociedades mercantiles INVERSORA EL PORTÓN 9, C.A., e INVERSORA EL PORTÓN 14, C.A., como VENDEDORES CEDENTES, e INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A., como COMPRADOR CESIONARIO.

 

SEGUNDO:

 

Ciudadanos Magistrados y Magistradas, para entender el fundamento de las denuncias en relación a la indefensión de mi representado ALBERTO VILLAMISAL RINCÓN, parte actora y a los fines de evitar repeticiones innecesarias en cada una de las denuncias, resulta preciso recapitular algunos hechos, consideraciones y actos fundamentales del proceso, citados en la sentencia recurrida, en fecha veintidós (22) de mayo de 2017, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, sentencia, por cierto, de ciento cinco (105) páginas, que no sólo se limita a citar las innumerables sentencias dictadas por el Juez de Primera Instancia, con motivo a la incidencia abierta al decreto de las medidas precautelativas e innominadas, acortadas y revocadas, con sentencias aclaratorias y con intervenciones de terceros que crearon una gran confusión procesal, omitiendo pronunciarse sobre los precedentes jurisprudenciales consignados, la cual profirió en los siguientes términos:

 

Páginas 77 a la 86 del fallo: (…)”. (Destacados de lo transcrito).-

 

La Sala para decidir, observa:

De la denuncia antes descrita se desprende, que el formalizante sin señalar a que ordinal del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se refiere, intenta delatar el vicio de indefensión por silencio de pruebas, como un vicio de actividad en el proceso, haciendo una larga narrativa de hechos que se contraen a lo señalado por el formalizante como discutido en el cuaderno principal, en referencia a la acción de nulidad de contrato incoada, más no sobre hechos relacionados a este cuaderno separado de medidas, concluyendo en que:

 

“…Todos los hechos y el derecho alegado así como las pruebas aportadas en autos no fueron analizados por la recurrida en su fallo del 22 de mayo de 2017, y en tal sentido el Superior incurrió en silencio de pruebas al dictar el aludido fallo…”.

 

Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas, debe ser denunciado por infracción de ley en base al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo al criterio jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, que indica que dicho vicio constituye un quebrantamiento de fondo, como lo dispuso en su decisión del 10 de marzo de 1988, y no un vicio de actividad por inmotivación del fallo, como lo sustenta actualmente la doctrina de la distinguida Sala de Casación Social de este Máximo Juzgado, y como lo estableció esta Sala en su sentencia del 28 de abril de 1993, sosteniéndose actualmente dicho criterio desde hace más de diecisiete (17) años, conforme el cual, el vicio de silencio de prueba es un quebrantamiento de fondo por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concatenación con el artículo 320 ibídem, como lo dispuso esta Sala en su fallo N° 204, firmado el 14 de junio de 2000 y publicado el 21 de junio de 2000, expediente N° 1999-597, caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A., atemperado mediante sentencia N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, expediente N° 1999-889, caso: Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-358, del 14 de junio de 2016, Exp. N° 2015-803, caso: Irma Josefina Ramos Sánchez contra Willian José Pérez García y otros, y N° RC-123, del 29 de marzo de 2017, Exp. N° 2016-239, caso: Yenniré Carolina Marcano Martínez contra Fernando Román José Sánchez Valerio, ambos bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo).

De igual forma ha indicado esta Sala en reiteradas oportunidades que se deben rechazar las formalizaciones que entremezclen denuncias o éstas sean del todo exiguas o que no contengan la base legal requerida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso extraordinario de casación y que como es sabido, “es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por éste, (…) no puede ser asumida por la Sala.” (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241 y RC-557, de fecha 25 de septiembre de 2013, expediente N° 2013-190).

Observando esta Sala, que la denuncia antes transcrita no contiene fundamentación legal alguna por parte del formalizante, en torno al supuesto silencio de pruebas que se pretende delatar, lo que determina otra vez, la falta de técnica grave en su formulación que obliga a su desestimación.

En tal sentido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias 1) N° 369, de fecha 24 de febrero de 2003, expediente N° 2002-1563, caso: Bruno Zulli Kravos; 2) N° 578, de fecha 30 de marzo de 2007, expediente N° 2007-008, caso: María Elizabeth Lizardo Gramcko de Jiménez, y 3) N° 1173, de fecha 12 de agosto de 2009, expediente N° 2009-405, caso: Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, señaló, que el recurso extraordinario de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador. (Cfr. Fallos de esta Sala números RC-024, de fecha 9 de febrero de 2017, expediente N° 2016-632, caso: Patricia Beatriz Rincón Paz de García y otro contra Gustavo Adolfo Rincón Paz, y RC-123, de fecha 29 de marzo de 2017, expediente N° 2016-239, caso: Yenniré Carolina Marcano Martínez contra Fernando Román José Sánchez Valerio, bajo la ponencia de quien suscribe la presente decisión).

Con base a los anteriores razonamientos, la Sala desecha la presente denuncia, por falta de técnica grave en su formulación que impide su conocimiento a fondo. Así se declara.

-II-

         De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 12, 243 ordinal 4°, 244 y 254 eiusdem, señalando al respecto lo siguiente:

 

“…DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD.

 

VICIO DE INMOTIVACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4°, 244 y 254 eiusdem, por cuantos (sic) LA RECURRIDA omitió en su fallo aquí cuestionado EL ANÁLISIS DE VARIOS E IMPORTANTES ELEMENTOS PROBATORIOS ACOMPAÑADOS EN EL LIBELO de la demanda, en el escrito de informes y de las sentencias dictadas por los juzgados Superiores OCTAVO y DECIMO (sic) de esta Circunscripción Judicial, consignada en el presente cuaderno de medidas.

 

A tal efecto, esta representación a parte de indicar varias sentencias de la Sala Constitucional que analizan, LA DOCTRINA de la TEORÍA DE LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO, la cual tiene como fin evitar abusos de LA PERSONALIDAD JURÍDICA que efectúan los particulares o sociedades que se escudan en la personalidad jurídica de otras sociedades, para diluir o suprimir responsabilidades patrimoniales a la que pudieran verse afectados, por ello, le permite al juez AÚN DE OFICIO PRESCINDIR DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE DICHA SOCIEDAD MERCANTIL ERRADICANDO LOS LÍMITES DE RESPONSABILIDAD QUE EXISTEN ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS.

 

Como es su conocimiento ciudadanos Magistrados y Magistradas de este Alto Tribunal, el legislador ha apoyado esta institución del velo corporativo al dictar las siguientes leyes: La Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley de Protección a la Libre Competencia, Código Orgánico Tributario, Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley de Empresas de Seguros y reaseguros, Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), entre otras, todo este sistema normativo soporta la aplicación del VELO CORPORATIVO PARA AQUÉLLOS CASOS EN QUE LAS SOCIEDADES MERCANTILES O LOS GRUPOS ECONÓMICOS INCURRAN EN UN FRAUDE A LA LEY, de tal manera que cuando nos encontramos ante estos escenarios el deber del Juez es intentar hacer efectiva, la protección del sujeto que alegue a su favor esta figura jurídica, de modo de prevalecer ésta ante el derecho de asociación y de libertad económica. Para YAGUEZ, RICARDO DE ÁNGEL. La doctrina indica el “DESESTIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA” (DISGREGARD OF LEGAL ENTITY), que es “una técnica especial que radica en prescindir la forma externa de la persona jurídica para conectarse en lo intrínseco del ente social con el objeto de “levantar su velo” y así examinar minuciosamente los reales intereses que existen o se ocultan en su interior”. “En suma adentrarse en el seno de la persona jurídica, para de ese modo suprimir los fraudes y abusos que por medio del manto protector de la persona jurídica se pueden cometer” (La doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica en la jurisprudencia).

 

-También se consignaron, a los autos a los efectos de probar la teoría del velo corporativo, y de que se puede aplicar con respecto a la empresa CONSORCIO UNIÓN S.A. que como se ha expuesto repetidamente en el proceso, es la dueña DEL CIEN POR CIENTO de las acciones o capital social de RENTA MOTOR C.A.; INVERSIONES ORICAO A.A., y su filial PROMOTORA LAGUNAMAR C.A.; LEASIGN CREDIT EXPRESS C.A. y su filial MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A. y sus empresas filiales ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A., HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR, C.A. y LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A., todos los ESTATUTOS SOCIALES de esas empresas Y VARIAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, también de las sociedades mercantiles INVERSORA EL PORTÓN 09, C.A., INVERSORA EL PORTÓN 14 C.A., esta ultima que pertenece al capital social de la sociedad mercantil aquí demandada VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES C.A. (VACOINCA), que como se indicó supra está compuesta en su capital social por las Sociedades Mercantiles INVERSIONES PENTAGRAMA C.A, INVERSIONES NACHO C.A., PROMOTORA AFARMA C.A., PROMOCIONES PHLINCKY C.A., INVERSIONES OCEAN CITY C.A., SIBLES & SALVATIERRA, C.A., ESTUDIOS Y PROMOCIONES SALVATIERRA, C.A., INVERSIONES CLABE, C.A., e INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A.; INVERSIONES GRAMÍNEA C.A, empresas que pertenecen a los HERMANOS SALVATIERRA QUINTERO y SALVATIERRA PALACIOS, que todas y cada una de estas sociedades tienen una relación societaria o familiar con la FAMILIA SALVATIERRA, cuyo conflicto de intereses económicos está arrastrando a mi cliente ALBERTO VILLASMIL RINCÓN, en perjuicio de sus intereses patrimoniales.

 

Estos documentos (Estatutos Sociales y Asambleas) se consignaron COMO PRUEBAS FUNDAMENTALES para comprobar lo alegado en el libelo de la demanda referente a que LAS JUNTAS DIRECTIVAS como su COMISARIO de las empresas del CONSORCIO UNIÓN, S.A., son siempre los mismos, a saber ciudadanos: NAPOLEÓN ANTONIO LANDER RODRÍGUEZ, (PRESIDENTE O DIRECTOR ADMINISTRADOR) venezolano, mayor de edad de este domicilio y portador de la cédula de identidad número: V-2.083.071, ANA TRIVIÑO (VICEPRESIDENTE O DIRECTOR ADMINISTRADOR) venezolana, mayor de edad de este domicilio y portadora de la cédula de identidad número: V-13.110.772, JESÚS ALFONSO ESPINOZA, (DIRECTOR ADMINISTRADOR) venezolano, mayor de edad de este domicilio y portador de la cédula de identidad número: V-1.749.234, MIGUEL DE LA ROSA FEDERICO, (DIRECTOR ADMINISTRADOR) venezolano, mayor de edad de este domicilio y portador de la cédula de identidad número: V-2.938.771, ANÍBAL MONTENEGRO, (DIRECTOR ADMINISTRADOR) venezolano, mayor de edad de este domicilio y portador de la cédula de identidad número: 3.126.392, y por ultimo FREDDY CHAPELLIN (COMISARIO) venezolano, mayor de edad de este domicilio y portador de la cédula de identidad número: 12.071.274, Contador público colegiado bajo el número: 59.047.

 

De tal manera que con lo antes expuesto, se encuentra suficientemente demostrado en autos el VELO CORPORATIVO, para demostrar que la sociedad mercantil CONSORCIO UNIÓN S.A. posee un holding empresarial administrado por un grupo de la familia Salvatierra, y como consecuencia de ello, EL OTORGAMIENTO O PROTECCIÓN JUDICIAL de las mediadas preventivas de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre los bienes señalados en el libelo de la demanda así como también la medida innominada de VEEDOR JUDICIAL sobre las empresas del holding empresarial pertenecientes al CONSORCIO UNIÓN S.A., solicitadas.

 

Ciudadanos Magistrados y Magistradas, para su mayor y verdadero entendimiento del origen de las medidas solicitadas en el libelo de la demanda, donde claramente se demuestra EL VELO CORPORATIVO que existente entre las empresas vinculadas en el presente caso, le presentamos para su mayor inteligencia el Organigrama Original de las empresas propietarias del CONSORCIO UNIÓN S.A., antes del fraudulento traspaso de las acciones realizado por JOSÉ SALVATIERRA QUINTERO y SALVADOR SALVATIERRA QUINTERO.

 

(…omissis…)

 

Así quedó establecido el Organigrama de las empresas después del DESPOJO ACCIONARIO por los aquí demandados con la Simulación Del Paquete Accionario

 

(…omissis…)

 

Señalamos también a los autos, que los Licenciados YVÁN JOSÉ RODRÍGUEZ FREDDY ISRAEL CHAPELLIN MOLINA Y RAÚL JOSÉ REINEFELD CUENCA ejercen o ejercían el cargo de COMISARIO PRINCIPAL O DE COMISARIO SUPLENTE de manera indistinta desde el Año 2010 a la presente fecha, cabe destacar que el primero de los nombrados YVÁN JOSÉ RODRÍGUEZ MARÍN, es COMISARIO PRINCIPAL de RENTA MOTOR C.A., y CONSORCIO UNIÓN S.A. para el periodo 2012 al 2014, y 2014 al 2016., es además EMPLEADO de ADMINISTRADORA LAGUNAMAR C.A., donde ejerce el cargo de CONTRALOR, empresa como se ha indicado supra, propiedad del CONSORCIO UNIÓN S.A. el segundo de los nombrados FREDDY ISRAEL CHAPELLIN MOLINA, ejerce o ha ejercido el cargo de COMISARIO, en las siguientes sociedades de comercio propiedad del CONSORCIO UNIÓN S.A., o pertenecientes a su capital social: ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A.; INVERSIONES GRAMINEA C.A.; y de la co-demandada INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A. por su parte el último de los nombrados RAÚL JOSÉ REINEFELD CUENCA es a su vez COMISARIO PRINCIPAL de las siguientes sociedades mercantiles, propiedad del CONSORCIO UNIÓN S.A., a saber: CONSORCIO UNIDOS Y ASOCIADOS C.A.; HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR C.A.; VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, C.A. (VACOINCA). Y es COMISARIO SUPLENTE de MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A.; ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A.

 

Cabe destacar, que contra estos licenciados cursan denuncias interpuestas por esta representación ante los tribunales Disciplinarios de los Colegios de Contadores Públicos y de Administradores por haber quebrantado de manera continua la LEY DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA PUBLICA, las NORMAS INTERPROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE COMISARIO y por último el CÓDIGO DE ÉTICA, PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Donde ya existen pronunciamientos de suspensión al ejercicio profesional.

 

Consigno marcada con el número “2” decisión dictada por el tribunal disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda, de fecha 15 de abril de 2017, donde suspenden del ejercicio profesional al ciudadano FREDDY ISRAEL CHAPELLIN, y le ordenan que renuncie a todos los cargo (sic) de COMISARIO O DE SUPLENTE DE COMISARIA en todas las empresas del CONSORCIO UNIÓN S.A.”. (Destacados de lo transcrito).-

 

Para decidir, la Sala observa:

         En la presente denuncia el formalizante a través de un vicio de actividad como es la inmotivación, pretende delatar el vicio de silencio de pruebas, por la falta de “…ANÁLISIS DE VARIOS E IMPORTANTES ELEMENTOS PROBATORIOS ACOMPAÑADOS EN EL LIBELO de la demanda, en el escrito de informes y de las sentencias dictadas por los juzgados Superiores OCTAVO y DECIMO (sic) de esta Circunscripción Judicial, consignada en el presente cuaderno de medidas…”.

         Al respecto se observa, que al igual que en la denuncia anterior se pretende denunciar el vicio de silencio de pruebas, mediante una delación por vicio de actividad, cuando la doctrina de esta Sala, desde hace más de diecisiete (17) años ha señalado, que el vicio de silencio de prueba es un quebrantamiento de fondo por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concatenación con el artículo 320 ibídem.

         Por lo cual, se dan por reproducidos en este acto, todos los fundamentos presentados en la primera delación, para desechar esta segunda denuncia de igual forma, por falta de técnica grave en su formulación que impide su conocimiento a fondo. Así se declara.-

-III-

         De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 eiusdem, señalando al respecto lo siguiente:

 

“…DENUNCIA POR INCONGRUENCIA NEGATIVA DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y AL DEBIDO PROCESO. (sic)

 

De conformidad a lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código De Procedimiento Civil, esta representación se permite denunciar la infracción a la condición de forma de la sentencia prevista en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el 12 del mismo Código Adjetivo, lo que acarrea la nulidad prevista en el articulo 244 eiusdem, al no cumplir la sentencia con el principio de exhaustividad, pues deja de resolver sobre algo perdido o excepcionado (citrapetita). En este caso particular la recurrida al no analizar debidamente las pruebas aportadas en el cuaderno de medidas por esta representación tanto en el libro de la demanda como en el escrito de informes, y al no analizar las documentales promovidas, incurre claramente en este vicio.

 

Fundamento de La Denuncia:

En términos generales, he de señalar que, según prevé el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, “…toda sentencia debe contener: (…) 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas…”. Dicha norma fundamental, guarda estrecha e innegable relación con las contenidas en los artículos 12 , 15 y 244 del mismo Código Adjetivo, las cuales señalan: “…en sus decisiones el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos…”;”…Los jueces garantizaran el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo que acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir o permitirse ellos extralimitaciones de ningún género…”, y, “…Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto la instancia…(Omisis)”.

 

De modo pues que es un fundamento de toda sentencia que ésta resuelva como lo prevé el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues es un principio de nuestro sistema el “el principio de exhaustividad” de la sentencia, conforme al cual se le impone a los Jueces, a la hora de dictar sus decisiones, el deber de decidir sólo sobre lo alegado, es decir, considerar y resolver, todas y cada unas de las alegaciones que constituye el problema judicial debatido entre las partes, aunque sea para rechazarlas por extemporáneas o infundadas o inadmisibles; cuya violación se traducen en una omisión de pronunciamiento o vicio de incongruencia. La exhaustividad garantiza, sin lugar a dudas, la debida tutela jurídica sobre los alegatos de las partes, lo que constituye la “piedra angular” del derecho a la defensa y el derecho a la tutela jurídica efectiva contemplados en los artículos 26, 49 y 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra transcritos.

 

(…omissis…)

 

De modo pues, que no cabe la menor duda de que es un deber del Juez- so pena de no cumplir con el principio de exhaustividad- decidir sobre todo lo alegado y solo sobre lo alegado, pues ese “thema decidemdum” constituye un límite en ambas vías, es decir, tanto para señalar el límite máximo de que se debe decidir, como para señalar o indicar el limite mínimo de lo que debe arropar el Juez en su decisión. No se trata simplemente de mencionar las actas o elementos del juicio (como normalmente se hace en la narrativa de los fallos), sino de plasmar en el fallo todos los elementos que permitan conocer cuál es el criterio del Jurisdicente acerca del punto planteado o controvertido, es decir , cual sus decisión al respecto, que comporta emitir una opinión sobre lo alegado por las partes en los diversos actos relevantes del proceso (fundamentalmente en la demanda, su contestación y, excepcionalmente, en los informes, cuando se trate de solicitudes de reposiciones o nulidades procesales, asi como de vicios en los que esté involucrada la protección de normas de orden público), todo lo cual debe estar claramente señalado en el dispositivo del fallo.

 

Es igualmente pertinente acotar que, como vicio, la incongruencia se manifiesta en dos grandes modalidades (incongruencia negativa o incongruencia positiva), dando lugar a tres variantes: ultrapetita, extrapetita o incongruencia mixta y citrapetita. De esta forma, se ha entendido, así, la Sala de Casación Civil, en sentencia del 8 de junio de 2000, Expediente N° 99-242, en el caso: Confecciones Paramaunt, C.A., señaló que los vicios de ultrapetita, extrapetita y/o citrapetita, se encuentran inmersos dentro del género de la incongruencia, la cual adopta dos  modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita o mixta), y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido u excepcionado (citrapetita).

 

 

En el caso de autos, ciudadanos Magistrados, nos encontramos con una sentencia interlocutoria de 105 páginas, con la variante CITRAPETITA la cual se considera un vicio procesal, que genera una situación de INEQUIDAD ENTRE LAS PARTES, dado a que se estima que quien mejor conoce su propia situación jurídica y procesal debe ser la parte misma, y por tanto el Juez, no debe conceder más de lo que ésta PIDE Y PRUEBA en estrados, porque con esa actitud puede incurrir en una situación de injusticia contra la parte que es desfavorecida por su resolución.

 

Ciudadanos magistrados y Magistradas, en la dispositiva de este fallo, está claramente evidenciado que el Juez Ad Quem, NO SE PRONUNCIÓ sobre el contenido y el alcance de los Estatutos y Asambleas, consignadas como documentos públicos para sustentar la teoría del VELO CORPORATIVO, cuales fueron:

 

-Marcado con el número: 34. Copia de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del consorcio Unión, S.A. de fecha 4 de julio del 2013.

 

-Marcado con el número: 35 y 36. Copia del Libro de Accionistas y de la venta de las acciones pertenecientes a Inversora El Portón 9, C.A. e Inversora El Portón 14, C.A. a la empresa INVERSORA ALGARROBO 17, C.A.

 

_Marcado con los números 37 y 38. Estatutos y Asamblea de Accionistas de la empresa VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, C.A. (VACOINCA) y Venta de las Acciones del Consorcio UNIÓN S.A propiedad de la empresa VACOINCA a la empresa INVERSORA ALGARROBO 17, C.A.

 

-Marcado con el número: 39. Copia certificada emanada de la Notaría Pública del Municipio Chacao del Estado miranda (sic) en la cual se evidencia Inspección (sic) ocular solicitada por el accionista Gonzalo Crespi Salazar en la empresa Consorcio Unión S.A el dia 25 de noviembre de 2015, fecha en donde se celebró una asamblea de Accionistas de dicha compañía donde se convocó los siguientes puntos: 1- Conocer sobre los informes que presentara a junta directiva; 2.- Aprobar o improbar el balance general y estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, previo análisis del respectivo Informe del Comisario de la compañía; 3.- Aprobar o improbar el balance general y estado de ganancias y pérdida correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, previo análisis del respectivo Informe del Comisario de la Compañía; 4.- Designar a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período 2015- 2017: 5.- Designar al Comisario Principal y su Suplente para el período 2015-2016 y fijar su respectiva remuneración.

 

-Marcado con el número: 40. Asamblea de Accionistas de la empresa RENTA MOTOR, C.A. de fecha 25 de marzo de 2014, donde se ratifica la Junta Directiva y Comisario PARA EL PERIOO (SIC) 2014-2016, donde se puede evidenciar que los miembros de la junta directiva son los mismos que se mencionan en las empresas que están en este escrito.

 

-Marcado con el número: 41. Estatutos de la Empresa Compradora o Cesionaria INVERSIONES ALGARROBO 17, C.A. que se puede evidenciar QUE EL CAPITAL ACCIONARIO los representen empresas que a su vez los hermanos SALVATIERRA QUINTERO Y SALVATIERRA PALACIOS, de manera indistinta son accionistas y consecuencia propietarios de dicha empresa.

 

Como se ha dicho hasta la saciedad esta empresa gracias a las compras de las acciones del CONSORCIO UNIÓN es la que tiene el control administrativo del Consorcio Unión y sus filiales.

 

Tales hechos establecidos en dichos instrumentos han sido invocados en el escrito libelar como uno de los fundamentos de la presente demanda, pero con la finalidad de probar a los autos la existencia del velo corporativo existente, es decir, de la relación societaria que existe entre todas y cada una de las empresas propiedad del CONSORCIO UNION y de la familia Salvatierra, referidos a la presencia de un verdadero holding empresarial que está afectando con sus operaciones mercantiles, (compra y venta de acciones entre ellos mismos) el patrimonio de mi representado y de sus familiares.

 

Prevé el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

 

(…Omissis…)

 

Por último, el artículo 12 ibídem, nos dice:

 

(…Omissis…)

 

En cuanto al requisito de motivación de la sentencia, prescrito en el ordinal 4° del ya referido artículo 243 del Código Adjetivo, esto es, la exigibilidad de que la sentencia contenga los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda, ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que los fundamentos en que se apoye la sentencia, no han de consistir en meras afirmaciones del Juez, como se evidencia en la sentencia recurrida, sino en las razones y demostraciones de lo resuelto en el dispositivo del fallo, esto es, debe el fallo, en su parte motiva, abrazar la cuestión de derecho y la cuestión de hecho, lo que implica la mención de las normas generales y abstracta de la ley que el Juez utiliza para determinar el contenido material de la norma individual en qué consiste la sentencia, ASÍ COMO EL SOPORTE PROBÁTICO DE SUS AFIRMACIONES.

 

(…Omissis…)

 

Así en relación al vicio de inmotivación (…)

 

En la (sic) caso de marras, desde ya, he de afirmar que existe una clara e indudable falla de motivación y de SILENCIO DE PRUEBA en el fallo en relación a como el Juez de la recurrida omitió el pronunciamiento sobre LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS CONSIGNADOS EN EL ESCRITO DE INFORMES PARA PROBAR EL VELO CORPORATIVO.

 

Todo ello, necesariamente, lleva a la única conclusión que el fallo impugnado no cumple con las condiciones de forma exigidas en el ordinal 4° del artículo 243 del código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 12 del mismo Código Adjetivo, al no cumplir la sentencia con el requisito de motivación, siendo nulo el mismo por así disponerlo el artículo 244 aiusdem, al haberse agotado frente a dicha violación, todos los recursos y medios impgnados disponibles, como lo es el recurso extraordinario de casación que por esta vía se formaliza. Así pido sea declarado por este Alto tribunal.

 

Consecuencia ello, considero procedente la infracción, en base a las consideraciones ya explanadas y pido sea declarada Con (sic) Lugar.” (sic) (Destacados de lo transcrito).-

 

La Sala para decidir, observa:

         En la presente delación el formalizante afirma la existencia en la recurrida del vicio de incongruencia negativa y del vicio de inmotivación, de forma conjunta, siendo el primero previsto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y el segundo previsto en el ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, refiriéndose el primero a la falta de pronunciamiento sobre un alegato hecho en el juicio oportunamente por las partes, y el segundo sobre la falta de motivos de hecho y de derecho para decidir por parte del juez, dejando el fallo huérfano de motivación, haciéndolo incomprensible.

         Ahora bien, en esta denuncia el formalizante señala que la incongruencia negativa se debe “…En este caso particular la recurrida al no analizar debidamente las pruebas aportadas en el cuaderno de medidas por esta representación tanto en el libro de la demanda como en el escrito de informes, y al no analizar las documentales promovidas…”.

         Para después sostener “…que el Juez Ad Quem, NO SE PRONUNCIÓ sobre el contenido y el alcance de los Estatutos y Asambleas, consignadas como documentos públicos para sustentar la teoría del VELO CORPORATIVO…”.

         Y concluir que: “…En la (sic) caso de marras, desde ya, he de afirmar que existe una clara e indudable falla de motivación y de SILENCIO DE PRUEBA en el fallo en relación a como el Juez de la recurrida omitió el pronunciamiento sobre LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS CONSIGNADOS EN EL ESCRITO DE INFORMES PARA PROBAR EL VELO CORPORATIVO.”

         En esta tercera denuncia al igual que en las denuncias anteriores, el formalizante comete una falta de técnica grave en la formulación de la denuncia, que impide su conocimiento a fondo, pues repite el vicio de silencio de pruebas como vicio de actividad, cuando esta Sala desde hace más de diecisiete (17) años ha señalado, que el vicio de silencio de prueba es un quebrantamiento de fondo por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concatenación con el artículo 320 ibídem. Y por otra parte, señala dicho vicio de silencio de pruebas como incongruencia negativa del fallo, lo cual denota un claro desconocimiento de las denuncias en casación y su técnica, pues la incongruencia negativa se patentiza por la falta de pronunciamiento, omisión de pronunciamiento o citrapetita, más no por el no análisis de un medio probatorio, pues dicho vicio de falta de análisis de los medios probatorios, patentiza es la suposición falsa negativa o silencio de pruebas.

         Por lo cual, se da por reproducido en este acto, lo señalado en la primera y segunda delación, y se desecha esta tercera denuncia por falta de técnica grave en su formulación que impide su conocimiento a fondo, aunado al hecho de lo contradictorio de su formulación, al entremezclar dos vicios de casación palmariamente antagonistas. Así se declara.-

 

 

-IV-

         Por último el formalizante hace una última denuncia, señalando textualmente lo siguiente:

 

“…DENUNCIA POR VIOLACIONES DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO, ORIGINADOS POR LA FALTA DE APRECIACIÓN DE NUESTROS ALEGATOS EN CUANTO A LA CONCURRENCIA DE LOS TERCEROS A ESTRADOS.

 

PRIMERO:

 

En la sentencia recurrida, tal como se indicó supra, en la denuncia anterior la medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de los bienes propiedad de los terceros así como el VEEDOR JUDICIAL, no fue acordadas por el Superior, con el alegato de que los viene inmuebles eran de propiedad de los terceros interesados y que nada tenían que ver o más bien que no tenían relación con el debate procesal incoado contra las empresas de que LOS TERCEROS OPOSITORES deberían concurrir con UNA DEMANDA DE TERCERÍA.

 

SEGUNDO:

De tal manera, ciudadanos Magistradas y Magistrados, las sociedades mercantiles INVERSIONES ORICAO C.A.; PROMOTORA LAGUNAMAR C.A.; LEASIGN CREDIT EXPRESS C.A. Y SU FILIAL; MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR, C.A.; ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A.; HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR C.A.; LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A. propietarias de los inmuebles, deben CONCURRIR A ESTRADOS A DEFENDER SUS DERECHO, tal como lo contempla el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, mediante DEMANDA DE TERCERÍA conforme el ordinal primero del artículo 370 ejusdem en este juicio, para que mi representada, las co-demandadas y los terceros puedan en consecuencia PROBAR O NO que efectivamente existe UN VELO CORPORATIVO ya que como se indicó en el libelo de la demanda todas estas empresas tienen relación directa con LA SUCESIÓN SALVATIERRA con la venta de las acciones del CONSORCIO UNIÓN, S.A., que de manera fraudulenta fueron ejecutadas por las demandadas, y como se ha dicho a la saciedad en este juicio, el CONSORCIO UNIÓN, S.A., es propietaria del CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones de RENTA MOTOR C.A.; INVERSIONES ORICAO C.A.; y su filial PROMOTORA LAGUNAMAR C.A.; LEASIGN CREDIT EXPRESS C.A. y su filial MARGARITA LAGUNAMAR C.A.; CONSORCIO LAGUNAMAR C.A. y sus empresas filiales ADMINISTRADORA LAGUNAMAR, C.A., HOTEL CENTRAL LAGUNAMAR C.A. LAGUNAMAR COUNTRY CLUB, C.A.

 

Sobre este alegato dado por esta representación de que los erceros (sic) debieron concurrir a estados de conformidad con el ordinal primero del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil la recurrida como se indicó en su sentencia interlocutoria nada hace mención a la petición dada en el escrito de informes presentado en su instancia creando con ello una indefensión a mi representado.

 

Al efecto, y de manera clara nuestro ordenamiento procesal, estableció la forma en que debe incorporarse o ejercen su acción  los terceros, es así como citamos los aludidos artículos del Código de Procedimiento Civil así:

 

Artículo 370 (…)

Artículo 371 (…)

Artículo 15 (…)

Artículo 243 (…)

Artículo 244 (…)

(…Omissis…)

 

En conclusión incurre la recurrida con este silencio de pronunciamiento sobre la petición hecha de que el tercero debió concurrir mediante DEMANDA DE TERCERÍA, en violación al ordinal 5| del artículo 243 del código de Procedimiento Civil, “…toda sentencia debe contener: (…) 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas…”. Dicha norma fundamental, guarda estrecha e innegable relación con las contenidas en los artículos 12, 15 y 244 del mismo Código Adjetivo, las cuales señalan: “…En sus decisiones el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos…”; “…Los Jueces garantizarán el derecho a la defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ella, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respetivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género…”; y, “…Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior, por haber absuelto la instancia…(Omissis…)”.

 

Cabe resaltar nuevamente ciudadanos Magistradas y Magistrados, los criterios explanados por las DOS (2) SENTENCIAS (sic) dictadas por los Juzgados Superiores DECIMO Y OCTAVO (sic) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fechas: los veinte (20) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) y veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017) respectivamente. Que FUERON CONSIGNADAS (sic) por esta representación como “PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL” ya citadas, que se pronuncian sobre la comparecencia de los terceros en juicio en procesos relacionados con este caso.

 

Por las razones expuestas solicito de esta Sala declare procedente la presente denuncia y ordene que los terceros interesados concurran mediante DEMANDA DE TERCERÍA conforme lo establece el código de Procedimiento Civil.” (Destacados de lo transcrito).-

 

Para decidir, la Sala observa:

         En la presente delación el formalizante acusa el vicio de incongruencia negativa, sin expresar a que ordinal del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se refiere, señalando que el juez de alzada no se pronunció, sobre el alegato hecho en los informes, referente a que los terceros opositores deberían concurrir con una demanda de tercería.

Ahora bien, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado en citrapetita o incongruencia omisiva.

La expresión de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.

Es importante destacar lo señalado por el jurista español Jaime Guasp, en su libro titulado Derecho Procesal Civil, tercera edición, tomo primero, páginas 516 al 518, que determina la congruencia como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto.

De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium-, pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.

Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, dado que con tal conducta incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.

Por lo cual, si el alegato es de obligatoria resolución en la causa, pues se contrae a la demanda y su contestación, y no es de mera relación, o es de los vinculantes de forma excepcional presentados en los informes, conclusiones u observaciones, el juez viola el contenido del ordinal quinto (5º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en el cual, el legislador obliga al sentenciador a dictar una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de modo, pues, que el sentenciador de alzada está en el deber de pronunciarse expresamente sobre TODO lo alegado por las partes en el proceso, sobre todos los elementos de hecho que conformaron la demanda y la contestación, y de forma excepcional en los informes u observaciones, términos estos que circunscriben el problema judicial debatido o thema decidendum.

Ahora bien, en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos en los informes u observaciones ante el juez de alzada, esta Sala en su doctrina, pacífica, diuturna y reiterada, reflejada entre muchas otras, en su sentencia N° RC-190 del 1° de abril de 2014, caso de Carmen Hernández contra Eduardo Sierra, expediente N° 2013-712, reiteró lo siguiente:

 

“…Aunado a lo anterior, esta Sala ha señalado en torno a los alegatos esgrimidos en informes que son de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, lo siguiente:

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.

En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, la Sala de Casación Civil, ha sostenido lo siguiente:

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, alegatos de confesión ficta, reposición de la causa u otras similares esgrimidos en etapa de informes, son de obligatorio pronunciamiento por parte de la los sentenciadores de alzada so pena de incurrir en incongruencia, de lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento…” (Negrillas de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 5-5-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 5-2-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).

De las anterior transcripción se evidencia, que el requisito de congruencia ha sido extendido por la Sala a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Al efecto ver sentencia N° 502 del 17 de septiembre de 2009, caso: Ana Yudely Contreras Colmenares c/ Banco de Venezuela, C.A. Banco Universal)

De igual forma en sentencia de esta Sala N° RC-443 del 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602, caso: ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE contra PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se dispuso lo siguiente:

“…Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20/12/2006. Exp. N° 2006-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.

Dichos alegatos, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, mas no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno a un alegado de nulidad de la sentencia apelada, dado que los vicios de la sentencia de instancia no trascienden a casación, al ser esta sentencia sustituida por la de alzada; o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, o mediante la correspondiente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que degeneren en indefensión.

Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación. (Cfr. Fallo N° 555 del 23/11/2011. Exp. N° 2011-265).” (Destacados de la Sala).-

 

De lo que se desprende que no todo alegato formulado en los escritos de informes u observaciones y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento, dado que deben referirse a peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como son los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso. (Cfr. Fallos recientes de esta Sala N° RC-399, de fecha 3 de julio de 2015 y N° RC-432, de fecha 16 de julio de 2015, entre otros).

En el presente caso, de lo señalado como expuesto en los informes ante la alzada, se observa el alegato referente a que los terceros opositores deberían concurrir con una demanda de tercería, alegato que no se encuentra entre los de obligatoria resolución de forma excepcional, señalados en la doctrina de esta Sala antes descrita.

De igual forma se observa, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación, como sería en el presente caso, pues si el formalizante entiende que los terceros opositores deberían concurrir con una demanda de tercería, más no hacer oposición a las medidas, este debió dirigir su denuncia al señalamiento de un posible quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, como un vicio de actividad, conforme a lo señalado en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o dirigir su delación a la falsa aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de las normas que considere pertinentes al caso, como vicio de infracción de ley, conforme a lo señalado en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y así combatir los razonamiento del juez de alzada, mediante los cuales declaró procedente la oposición a las medidas presentadas por los terceros intervinientes.

         Por lo cual, esta Sala desestima esta denuncia, así como declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandante. Así se declara.-

Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales con el sólo fin de cumplir con una tutela judicial efectiva, conforme al principio constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y después de revisado el fallo impugnado determina, que no se encuentra falta alguna que amerite el uso de la facultad excepcional de casar de oficio la decisión recurrida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-534 de fecha 21 de noviembre de 2011 Expediente N° 2011-241).

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de mayo de 2017.

Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la demandante recurrente, de conformidad con lo estatuido en el penúltimo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente,

 

 

 

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FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrado,

 

 

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GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

Magistrada,

 

 

 

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MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Magistrada,

 

 

 

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VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

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MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2017-000595

Nota: Publicado en su fecha a las  (    ).

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

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