Sentencia N.º RC.000123
- Sentencia
- N.º RC.000123
- Fecha
- 29/03/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-239
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000239
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio de cumplimiento de contrato opción de compra-venta, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, representada judicialmente por los abogados en libre ejercicio de su profesión Luisa B. Gómez de F. y Armado Castillo Castillo, contra el ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO, representado judicialmente por la abogada en libre ejercicio de su profesión Isabella Urbani Ramírez; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, dictó sentencia definitiva en fecha 10 de febrero de 2016, mediante la cual declaró:
( ) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio LUISA GÓMEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante en el presente juicio, en contra de la decisión de fecha 29 de Junio (sic) de 2.015, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Monagas, en consecuencia:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la demanda con motivo de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA incoada por la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, en contra del ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO.
SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la Reconvención planteada por la parte demandada ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO, en contra de la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ.
TERCERO: Se RATIFICA la decisión de fecha 29 de Junio (sic) de 2.015, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Monagas.
CUARTO: Se declara resuelto el descrito contrato suscrito entre la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ y el ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO.
QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. (Destacado de lo transcrito)
Contra la referida decisión de alzada, la demandante reconvenida anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
El día 15 de marzo de 2016, fue recibido el expediente en esta Sala; y en fecha 1° de abril de 2016, fue realizado el acto público de asignación de ponencias, correspondiendo la ponencia al Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Cumplidas las formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de incongruencia negativa.
Expresa el formalizante:
I
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 243 ordinal 5° eiusdem, por considerar que la sentencia impugnada incurre en el vicio de incongruencia negativa, al no revisar y resolver todos los planteamientos realizados por mi persona recurrente en el libelo, así como en la contestación de la reconvención que realice, esta última en fecha 26 de Noviembre (sic) de 2014.
Para motivar la denuncia de la infracción antes señalada, es evidente que tal pronunciamiento, debió ajustarse expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida, a las excepciones o defensas opuestas por mi persona, ya que de esta se puede evidenciar, que la sentencia de alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa al omitir pronunciamiento respecto a un elemento determinante en el contrato que nos ocupa, ya que esta, no desarrolla ningún análisis al respecto, a que el VENDEDOR (sic) OPCIONANTE (sic), FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO, se comprometió mediante lo previsto en la CLAUSULA (sic) CUARTA (sic) del documento de OPCIÓN (sic) DE (sic) COMPRA (sic) VENTA, cuyo contrato quedó plenamente aceptado por la contra parte, a que este debía firmar dicho contrato, por ante la Notaría Pública Correspondiente (sic), y la venta definitiva del inmueble por ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble. Sino que en la parte motiva específicamente al folio 96 dijo:
( omissis )
Es evidente ciudadanos Magistrados que, la recurrida hace el análisis de la cláusula TERCERA (sic) del contrato y dice que, las partes convinieron en el contrato de compra venta que en un lapso de 90 días me comprometí a pagar el monto acordado, pero cuando llega la recurrida al desarrollo de la cláusula CUARTA (sic), lo que hace es que la transcribe pero no la desarrolla, a los fines de sacar sus conclusiones al respecto y más adelante dice, de una forma genérica que de las cláusulas transcritas se aprecia claramente que las partes contratantes dejaron constancia de las circunstancias y consecuencias de si la actora incumplía con la entrega de la cantidad de SETECIENTOS (sic) MIL (sic) BOLÍVARES (sic) (Bs.700.000), en el lapso convenido de noventa días, pero no hace el análisis respectivo alguno a tal punto, menos aún de que la Cláusula (sic) Cuarta (sic), se desprende que, el VENDEDOR (sic) OPCIONANTE (sic) se compromete a firmar el contrato por ante la notaría pública correspondiente y la venta definitiva del inmueble por ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio, Condición está (sic) sine qua non, que debía cumplirse Cosa (sic) esta que se señaló en el libelo, así como en la reforma del libelo, en la contestación de la reconvención, en las pruebas respectivas, así como también en el informe rendido ante el Tribunal (sic) Superior (sic). Ante tal pedimento el tribunal de instancia, ni lo mencionó como se evidencia en las actas procesales, que de haberlo analizado de acuerdo al contenido del mismo, el resultado de la presente demanda hubiese sido otro, ya que con la cláusula que comento se desprende, que el vendedor se obligaba en el contrato de opción de compraventa, a firmar dicho documento ante la notaría pública respectiva, y es a partir de ese momento que empieza a correr el lapso de los noventas (sic) días acordado. En tal sentido es de señalar que ese recurso ordinario requiere, intrínsecamente que el Tribunal (sic) Superior (sic) examine la decisión dictada en primera instancia y entre un nuevo fallo sobre la base de lo debatido y aportado ante el juez a quo, cosa esta que se limitó casi exclusivamente a transcribir la sentencia de primera instancia, y prácticamente copiar la misma sin analizar, unos de los puntos más neurálgicos de la Litis (sic) como es el contrato en sí. Es menester señalar, que el Juez (sic) ad quem tiene el conocimiento absoluto de la causa y en consecuencia debe decidir todos los argumentos, defensas y excepciones esgrimidas por las partes. En un mismo orden de ideas se debe señalar que la sentencia recurrida omitió el debido pronunciamiento sobre el punto antes señalado, en el libelo, la reforma del libelo así como en la contestación de la réplica, como en los informes del superior, por lo tanto no resolvió las defensas y alegatos allí presentados. De manera pues, que la falta de pronunciamiento sobre la cuestión planteada en el juicio configura el vicio de citrapetita.
En relación a como es determinante la incongruencia denunciada en el dispositivo del fallo, se observa que la Alzada se limitó a declarar SIN (sic) LUGAR (sic) el recurso de apelación, declarando sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compraventa, y CON (sic) LUGAR (sic) la reconvención planteada por la contraparte, ratificando la decisión del tribunal de primera instancia, y resuelve el contrato suscrito entre la demandante y el demandado. Por lo tanto alegamos en relación a la sentencia recurrida una omisión en el pronunciamiento sobre la defensa que señala en varios estado del proceso la demanda presentada por mi persona, entre otros al caso que demostró, con una inspección judicial que ocupó el inmueble, que realice mejoras en este, que canceló el condominio el cual está a mi nombre, que la contraparte aceptó y reconoció, que yo estaba haciendo los trámites en la notaria, para que este cumpliera con la obligación de firmar el documento en la notaria, aunque según el contrato específicamente en la cláusula Cuarta (sic), estas eran funciones del vendedor, no apreció los testigos que la recurrida dice que están hábiles y contestes, pero no aprecia sus deposiciones, no apreció los otros documentos que presente, ocasionando con ello, la falta de atención por parte del juez de alzada en relación a sus defensas y alegatos lo que da origen al denominado vicio de incongruencia negativa. La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto. Con fundamento en lo antes expuesto, solicito que la presente denuncia sea declarada Con (sic) Lugar (sic), y en consecuencia declarada la nulidad de la Sentencia (sic) recurrida (Destacado de lo transcrito)
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, al considerar que la recurrida se encuentra viciada de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento debido a la falta de exhaustividad en la valoración de las pruebas aportadas por la demandante; tanto en el libelo, la reforma del libelo, contestación a la reconvención y en los informes, de lo cual no resolvió las defensas y alegatos allí presentados, que sirvieron para demostrar que: con una inspección judicial que ocupó el inmueble, que realice mejoras en este, que canceló el condominio el cual está a mi nombre, que la contraparte aceptó y reconoció, que yo estaba haciendo los trámites en la notaria, para que este cumpliera con la obligación de firmar el documento en la notaria, aunque según el contrato específicamente en la cláusula Cuarta (sic), estas eran funciones del vendedor, no apreció los testigos que la recurrida dice que están hábiles y contestes, pero no aprecia sus deposiciones, no apreció los otros documentos que presente, ocasionando con ello, la falta de atención por parte del juez de alzada en relación a sus defensas y alegatos lo que da origen al denominado vicio de incongruencia negativa .
Ahora bien, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda o en su reforma, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105, de fecha 20 de diciembre de 2006, Exp. N° 2006-067).
Esta Sala ha sentado en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado, en incongruencia negativa, citrapetita o incongruencia omisiva.
Así pues, la falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.
De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium-, pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.
Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, pues si así lo hiciera incurría en incongruencia negativa, la cual se produce cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.
Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por la formalizante, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo del recurrida, de lo cual señaló lo siguiente:
De autos consta, que durante el lapso probatorio, tanto la parte demandante como la parte demandada hicieron uso de su derecho a promover las pruebas que consideraron pertinentes a los fines de demostrar sus afirmaciones de hecho en la presente causa, tal y como consta del folio ciento nueve (109) al ciento setenta y nueve (179) y del folio ciento ochenta (180) al ciento noventa y uno (191) de la primera pieza del presente expediente.-
A).- Pruebas aportadas por la parte Demandante Reconvenida:
1).- Ratificó e hizo valer las siguientes pruebas documentales:
a) Documento protocolizado por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas, de fecha 29 de Diciembre de 2.009, bajo el nro. 43, Protocolo 01, Tomo 32 acompañada al escrito libelar marcada con la letra C´ cursante del folio diez (10) al dieciséis (16) y sus vtos. de la primera pieza del presente expediente. Al respecto este Sentenciador observa que el instrumento en análisis consiste en copias simples de documento registrado por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maturín del Estado (sic) Monagas, de fecha 29 de Diciembre de 2.009, bajo el nro. 43, Protocolo 01, Tomo 32. Valoración: Siendo que las mismas no fueron impugnadas en la oportunidad legal correspondiente, se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de las cuales se evidencia que el demandado de autos es el propietario del inmueble objeto de la presente litis. Y así se declara.
b) Contrato de opción de compra-venta acompañada al escrito libelar marcada con la letra B´ cursante al folio ocho (08) y su vuelto de la primera pieza del presente expediente. Valoración: El mismo consiste en documento privado de contrato opción de compra-venta y por cuanto el referido contrato no fue tachado ni desconocido, tal instrumento hace plena fe, y en tal sentido el mismo demuestra la relación contractual entre las partes litigantes. Y así se declara.-
c) Registro de Información Fiscal (RIF) acompañado al escrito de pruebas e hizo valer las documentales consignadas al escrito libelar marcada con la letra E´ y F´ cursantes a los folios diecisiete (17) al cuarenta y cuatro (44) de la primera pieza del presente expediente. Al respecto, este Sentenciador observa que los instrumentos bajo análisis consistentes en Registro de Información Fiscal (RIF), así como comprobante de denuncia expedida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Certificación de Gravamen y cancelación de planilla arancelaria ante el Banco Central de Venezuela. Valoración: Siendo estos documentos administrativos, los cuales tienen una presunción de certeza salvo prueba en contrario, y siendo que de autos no hay constancia que se haya producido prueba alguna en contra de tales instrumentos, motivo por el cual este Tribunal les otorga valor probatorio. Y así se declara.-
2).- Promovió los siguientes Testigos: MARVELLA JIMÉNEZ, ANTONIO MARÍA MICHINAUX AYALA, MARITZA DEL VALLE ARCIA MEZORES, OSCAR ISMAEL ROJAS y YIMI MARCANO, cedulas de identidad Nos. V-12.148.656, V.-4.022.377, V-5.399.101, V-5.182.008 y V-13.731.658, quienes en fecha 29 de enero de 2.015, tal como consta en las actas insertas a los folios ciento noventa y cinco (195) al tres (203) de la primera pieza, a tal efecto, observa este Tribunal que fueron contestes al afirmar en dicha declaración, que la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, es su vecina, y que se encuentra habitando el inmueble en calidad de propietaria desde septiembre del 2.013, evidenciando esta alzada además que el ciudadano YIMI MARCANO, no compareció a dar su declaración. Valoración: Visto que los testigos no fueron tachados en la oportunidad legal correspondiente, esta alzada de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, les otorga valor probatorio. Y así se declara.-
3).- Actas de nacimiento de los niños ANGELINA HANNAH ARTEAGA MARCANO y del niño SAMUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ MARCANO, marcadas con la letra A´ y B´ y Constancia (sic) de estudio marcada con la letra C´. Valoración: Que cursan en los folios ciento catorce (114) al ciento quince (115) y su vto y ciento dieciséis (116). Este Tribunal no las valora por cuanto no arrojan elementos de convicción a la resolución de la controversia. Y así se declara.-
4).- Promovió fotos del Inmueble marcadas con la letra D´ cursantes a los folios ciento diecisiete (117) al ciento treinta y tres (133). Valoración: siendo consideradas las fotografías documentos representativos que sirven para probar el estado de un hecho que existía para el momento de ser tomadas y cuya valoración queda sometida a la sana crítica que aplique sobre ellas el juez, no puede dejarse a un lado, los criterios doctrinarios que orientan esta tarea, y los cuales asume quien aquí sentencia, en aras de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la materia probática y que forman parte del debido proceso y derecho a la defensa. Así las cosas, es necesario citar el criterio del procesalista y ex magistrado del Máximo Tribunal del País, Dr. Jesús Cabrera Romero, sobre esta materia: ( ) Muchas de estas pruebas requerirán de la ayuda de la prueba testimonial para lograr sus fines, funcionando como un todo inseparable con el testimonio. El medio de prueba libre que se quiere hacer valer, se propone como tal, pero varios de los aspectos relativos a su autenticidad y veracidad se demuestran con testigos, quienes deponen sobre estos hechos y no sobre el fondo del litigio ´ Cabrera, Jesús Eduardo. Control y Contradicción de la Prueba Legal y Libre. Editorial Jurídica Alva S.R.L, Caracas, 1998, Tomo I, p. 41, 304-308, Tomo II p. 121, 140, 143, 146-147)´, (Resaltado y subrayado nuestro). Valoración: Ahora bien, por pertenecer ésta a los llamados medios de prueba no regulados, cuyo principio en nuestra legislación se encuentra contenido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, referido a la libertad probatoria, y en el cual se establece que la promoción y evacuación de este tipo de pruebas, se hará aplicando por analogía los medios probatorios regulados, por cuanto al ser asimilada la fotografía a la prueba documental, con aplicación de la normativa propia de las pruebas de este tipo (escritas), a juicio de este Juzgador, las fotografías promovidas no tienen la condición de un documento privado simple, el cual, aún cuando no fueron impugnada por la contraparte, no se puede obviar que adolece de información correspondiente a la indicación del medio utilizado y personas que intervinieron en su toma y revelado, que permitieran justificar su existencia y derivar de ella un valor probatorio. Por tal razón, conforme a la sana crítica y a las máximas de experiencia, quien decide desecha las mismas. Y así se decide
5).- Promovió carta de residencia y gastos mensuales emitida por el condominio de la Urbanización Lomas del Viento marcada con la letra F´, cursantes al folio ciento cincuenta y cuatro (154) al ciento cincuenta y cinco (155) y registro de llamadas que cursan en los folios ciento sesenta y seis (166) al ciento setenta y siete (177). Asimismo, solicito se oficio a empresa MOVISTAR, en la cual consta su resulta a los folios 02 al 04 de la segunda pieza del presente expediente. Valoración: Quien juzga observa, que se trata de documento privado emanado de tercero, los cuales no fueron ratificados en juicio; en consecuencia esta alzada desecha los mismos, de conformidad con el artículo 431 de Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.
6).- Promovió constancia de residencia emitida por el C.N.E., solvencia de pago de servicio eléctrico que cursan en los folios ciento cincuenta y seis (156) y ciento sesenta y dos (162) al ciento sesenta y tres (163). Valoración: Este Tribunal las valora solo en cuanto a su contenido, documentos estos de los cuales se desprende que la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ reside en el inmueble objeto del presente litigio. Y así se declara.
7).- Promovió facturas de las mejoras realizadas al inmueble insertas a los folios ciento treinta y cuatro (134) al ciento cincuenta y tres (153) de la primera pieza del presente expediente. En cuanto a las respectivas facturas este Tribunal no las estimas en virtud de que la misma no aporta elemento de convicción alguno al punto controvertido. Y así se declara.-
8).- Promovió documento contentivo de ficha catastral del inmueble ubicado en la Urbanización Lomas del Viento II, Calle Las Orianas, N° P8-32, de la ciudad de Maturín, Estado Monagas, emanada de la Dirección de Catastro de Alcaldía de Municipio Maturín. Valoración: Siendo este un documento administrativo, el cual tiene una presunción de certeza salvo prueba en contrario, y siendo que de autos no hay constancia que se haya producido prueba alguna en contra de tal instrumento, motivo por el cual este Tribunal les otorga valor probatorio. Y así se declara.-
9).- Promovió Inspección Judicial a la vivienda ubicada en la Urbanización Lomas del Viento, Calle Las Orianas, N° P8-32, de la ciudad de Maturín, Estado (sic) Monagas. Valoración: Del análisis de dicha inspección judicial inserta a los folios 204 al 205, este Tribunal evidencia que la misma se realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia se le otorga valor probatorio. Y así se decide.
B).- Pruebas aportadas por la parte Demandada- Reconviniente:
1).- Promovió copias del documento de propiedad del inmueble ubicado en la Urbanización Lomas del Viento II, Calle Las Orianas, N° P8-32, de la ciudad de Maturín, Estado (sic) Monagas cursante al folio ciento ochenta y dos (182) al ciento ochenta y ocho (188) de la primera pieza del presente expediente. Valoración: El mismo consiste en documento público y por cuanto no fue impugnado ni desconocido de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, tal instrumento hace plena fe, y en tal sentido el mismo demuestra la propiedad del ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO. Y así se declara.
2).- Promovió copia del Contrato de opción de compra-venta suscrito por los ciudadanos YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ y FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO marcada con la letra B´ cursante al folio ciento ochenta y nueve(189) al ciento noventa (190) de la primera pieza del presente expediente. Valoración: El mismo consiste en documento privado de contrato opción de compra-venta, en relación a esta prueba esta alzada ya se pronunció up supra. Y así se declara.-
3).- Promovió copia del comprobante de egreso por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) mediante cheque N° 45516188 del Banco Banesco girado a favor del ciudadano FERNANDO SÁNCHEZ VALERIO de fecha 23 de julio de 2.013, marcada con la letra C cursante al ciento noventa y uno (191) de la primera pieza del presente expediente. Valoración: El mismo consiste en documento privado del cual se desprende pago inicial de la casa de Lomas del Viento, segunda etapa, N° P8-32 y por cuanto el mismo no fue impugnado ni desconocido en la oportunidad legal, este Tribunal la valora de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara . (Destacado de lo transcrito).
Así pues, se tiene que el formalizante de autos aduce que la alzada incurrió en: omisión en el pronunciamiento sobre la defensa que señala en varios estado del proceso la demanda presentada por mi persona, entre otros al caso que demostró, con una inspección judicial que ocupó el inmueble, que realice mejoras en este, (sic) que canceló el condominio el cual está a mi nombre, que la contraparte aceptó y reconoció, que yo estaba haciendo los trámites en la notaria, para que este cumpliera con la obligación de firmar el documento en la notaria, aunque según el contrato específicamente en la cláusula Cuarta (sic), estas eran funciones de vendedor, no apreció los testigos que la recurrida dice que están hábiles y contestes, pero no aprecia sus deposiciones, no apreció los otros documentos que presente, ocasionando con ello, la falta de atención por parte del juez de alzada en relación a sus defensas y alegatos lo que da origen al denominado vicio de incongruencia negativa .
Caso contrario a lo alegado por el formalizante, por cuanto la alzada realizó la debida valoración a todo el acervo probatorio presentado en autos, evidenciándose que el recurrente lo que pretende es desmeritar las razones dadas por el juzgador superior al momento de hacer la respectiva apreciación a las probanzas aportadas por las partes en el presente juicio.
Es prudente destacar que, dichos alegatos o señalamientos se podrían corresponder con los vicios de infracción de ley de silencio de pruebas o silencio parcial de pruebas, o también se podría contraer a una denuncia de infracción de ley, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, en torno al establecimiento y valoración de las pruebas, pues la inconformidad con el análisis de los medios probatorios, su incorporación a juicio y la valoración que hace el juez de las pruebas, no comporta el vicio de incongruencia negativa, pues dicho análisis del fallo en torno a las pruebas no está dirigido a un alegato hecho por las partes en la demanda, contestación, oposición o informes de forma excepcional, sobre el cual el juez está en la obligación de emitir el correspondiente pronunciamiento.
Por todo lo antes expuesto, la presente delación es improcedente. Así se declara.-
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación del fallo.
Expresa el formalizante:
II
DEFECTO DE ACTIVIDAD II
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del referido código por inmotivación de la Recurrida (sic).
Ciudadanos Magistrados la denuncia en cuestión es del tenor siguiente:
De acuerdo al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, norma esta que regula la conducta del juzgador en la oportunidad de proferir su decisorio, debe el juez de manera imperativa e inequívoca ATENERSE (sic) A (sic) LO (sic) ALEGADO (sic) Y (sic) PROBADO (sic) EN (sic) AUTOS (sic) SIN (sic) PODER (sic) SACAR (sic) ELEMENTOS (sic) DE (sic) CONVICCIÓN (sic) FUERA (sic) DE (sic) ESTOS (sic) CON (sic) PLENO (sic) Y (sic) ABSOLUTO (sic) APEGO A (sic) LOS (sic) MOTIVOS (sic) DE (sic) HECHO (sic) ALEGADOS (sic) POR (sic) LAS (sic) PARTES (sic) CON (sic) EL (sic) CORRESPONDIENTE (sic) ANÁLISIS (sic) Y (sic) VALORACIÓN (sic) DEL (sic) ACERVO (sic) PROBATORIO (sic) Y (sic) DEBE (sic) APLICAR (sic) LAS (sic) NORMAS (sic) DEL (sic) DERECHO (sic) SEGÚN (sic) EL (sic) ORDINAL (sic) 4° IBÍDEM (sic),donde el jurisdicente debe plasmar en su sentencia esos motivos de hecho y de derecho en la cual al fundamenta, infracción ésta (sic) que cometió la recurrida por cuanto, como lo venimos refiriendo no presenta ningún razonamiento ni de hecho, ni de derecho, sino que se limita a transcribir casi en su totalidad la sentencia del juez de instancia, y donde pretende razonar sus dichos lo que realiza, o repite prácticamente es la sentencia de primea instancia. Sin realizar y menos aún efectuar el establecimiento de los hechos, como tampoco analizó el acervo probatorio, en su contexto como se evidencia en la parte motiva que trascribo a continuación:
( omissis )
Conforme a lo antes transcrito, es evidente que existe una ausencia total y absoluta de razonamiento y análisis tanto de los hechos como del derecho, para que la recurrida hubiese podido llegar a esa conclusión, porque como se evidencia en las actas procesales, nos encontramos que en primer lugar se observa, que como se alegó en el libelo y así fue reconocido por la contraparte, que existe un contrato de opción de venta, que en el mismo como se evidencia de la cláusula cuarta existe una cláusula suspensiva que resuelve que el mismo debe firmarse en la notaría, y así como se alegó y se probó que a pesar como lo reconoció la contraparte, este tenía conocimiento de que yo estaba realizando todos los trámites relativos para que se autenticar el documento, y ante tal circunstancia en vista de que el vendedor no ocurría a firmar dicho contrato en la notaría, me vi en la necesidad de demandar el cumplimiento de contrato que nos ocupa, a los fines de que el vendedor cumpliera este, todo (sic) estas defensas fueron desplegadas en el libelo ratificadas y probadas en la trabazón de la Litis (sic), cosa (sic) estas que no fueron analizadas en su contexto por la recurrida, no hizo el respectivo análisis relativo a la cláusula en cuestión sino que en vista como se alegó en autos que no se le puso fecha al contrato que nos ocupa, ya que como estaba establecida en la cláusula cuarta, una vez que se autenticara el mismo, debía procederse a pagar la diferencia que se acordó, sino que la recurrida acogiendo el criterio del juez de instancia sin razonar al respecto lo establecido en la cláusula cuarta pasando por encima de lo estipulado en el contrato ratificó, que esto se contraría a partir del pago de los cincuenta mil bolívares, ya que él no podía traer a los autos en su decisión algo que no fue acordado por las partes en el contrato, así como tampoco valoró el dicho de los testigos que quedaron hábiles y contestes que desde el mes de septiembre del 2013, yo vivía en el inmueble, objeto del contrato no analizó que existían instrumentos públicos como fue la denuncia que se promovió como prueba de que habían cometido un hurto en el inmueble en cuestión y yo lo denuncie al órgano respectivo, no analizó que se realizó una inspección judicial en el inmueble, que demostró que yo habito en el inmueble con todo mi grupo familiar incluido mi hija una menor de edad, así como tampoco se pronunció a las mejoras que demostré con la inspección y con los instrumentales, y a parte de los hechos no demostró el derecho que la asistía para declarar sin lugar esta demanda, y para declarar con lugar la reconvención o sea, que no se había cumplido con el requisito de presunción del derecho reclamado, tenía que haber expresado las razones de hecho y haber subsumido los hechos con las pruebas y vinculado con el derecho, para que hubiese podido llegar a la conclusión que no se había cumplido con ese presupuesto procesal del derecho invocado por mi persona en la presente demanda, razón por la cual, para el lector, y menos aún para las parte que la decisión hoy recurrida estuviese investida de objetividad dictada conforme a derecho, sino por el contrario desacató el ordenamiento jurídico, es decir, porque la juzgadora se desvinculó e ignoró la cuestión fáctica, debido a que estaba obligada valga la redundancia a fundamentar y exponer de forma clara y precisa las razones y motivos por los cuales consideró que no debía de prosperar la presente demanda o sea, debió justificar el por qué ratificó en todas y cada una de sus partes la decisión del tribunal de instancia objeto del recurso de apelación, cosa esta contraria a derecho, ya que la recurrida como lo dijimos anteriormente debió analizar la sentencia dictada por esta sala (sic) que fijó nuevamente el criterio, a partir del (sic) marzo del 2013, relativa a lo que son los contratos de opción de compraventa, que no son sino verdaderas ventas, y en el presente caso la recurrida lo toma como tal cuando dice:
( omissis )
Es evidente que esta lo menciona pero sigue en la realidad tomándola como una opción de compraventa, y no como una venta en sí, cuando esta debió acatar el criterio establecido, por esta Sala que sostiene:
( omissis )
Con fundamento en lo antes expuesto, solicito que la presente denuncia por inmotivación sea declarada Con (sic) Lugar (sic), y en consecuencia declarada la Nulidad (sic) de la Sentencia (sic) (Destacado de lo transcrito)
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, al considerar que en la sentencia recurrida se produjo el vicio de inmotivación, al no explanar los motivos o razones para que la presente demanda prosperara, por cuanto no tomó en consideración el criterio de esta Sala referido a que los contratos de opción de compraventa, son considerados verdaderas ventas.
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia que los juzgadores establezcan en sus fallos los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentan para arribar a determinada conclusión jurídica.
Con respecto a este requisito intrínseco de la sentencia, es necesario destacar, que el mismo cumple una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía contra las decisiones arbitrarias, porque la sentencia, a pesar de ser un acto de autoridad, no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido pues debe contener prueba de su legalidad; y, por otra parte, que exista expresión en su contenido de la forma en la cual los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, indicando cual fue el proceso intelectual realizado, para llegar a sus conclusiones.
La exigencia de la motivación de las decisiones judiciales es un componente esencial del debido proceso y, la misma, materializa el derecho fundamental a una tutela judicial del derecho o interés por el cual se actúa jurisdiccionalmente en la búsqueda de reconocimiento o protección. De lo anterior se deduce, que sólo pueden ser consideradas válidas, aquellas decisiones fundamentadas en juicios, criterios o razones claramente identificables y, que por éstas características, puedan examinarse desde una perspectiva externa, esto es, que sea posible para el interesado conocer las razones que consideró el juez para dictar la sentencia, de modo que pueda establecerse, en cuáles términos o condiciones ha sido reconocido o protegido el derecho o interés debatido, y si fuere el caso, el justiciable tiene la posibilidad de ejercer los medios de impugnación que el legislador pone a su alcance, con base en ésas razones aportadas por el juzgador.
Ahora bien, en cuanto al vicio de inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, de fecha 24 de octubre de 2008, expediente N° 2008-774, caso: Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:
(...) El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.
El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular comentó que:
El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que Todo tribunal debe fundar sus sentencias con expresión de la ley aplicable al caso´. Esta consagración constitucional de la motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela, tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de motivar las sentencias, con la siguiente justificación:
Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias ´. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).
Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:
( ) la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.´( )´. (Destacados de la Sala).
Del contenido de la sentencia antes transcrita, y del criterio sostenido por esta Sala, se tiene que, la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:
a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.
b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.
c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y
d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Cfr. Sentencia Nº 83, de fecha 23 de marzo de 1992, caso: Juan Nazario Perozo contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros; reiterada mediante fallo Nº RC-182, de fecha 9 de abril de 2008, expediente N° 2007-876, caso: Eleazar Felipe Flore y otros contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste (UCO)).
Establecido lo anterior tenemos que, el formalizante delata el vicio de inmotivación del fallo por parte de la recurrida, al considerar que la misma no explanó los motivos o razones suficientes para sustentar su fallo, al respecto debe esta Sala transcribir lo pertinente de la decisión, a fin de corroborar si está o no inmersa en el aludido vicio, de lo cual señala:
MOTIVA
Valoradas todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, así como del examen exhaustivo de las actas procesales pasa este sentenciador a pronunciarse en cuanto a la procedencia de la reconvención propuesta:
DE LA RECONVENCIÓN PROPUESTA:
La presente controversia se planteó por la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, en contra del ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO, por cumplimiento de contrato de compra-venta, pretendiendo la primera de los nombrados como sujeto activo de la presente acción, a que le de cumplimiento a lo convenido en el contrato de Opción de Compra-Venta, desvirtuando posteriormente la parte demandada-recoviniente (sic) en su escrito de contestación, aduciendo que la demandante-reconvenida no le dio cumplimiento al contrato de Opción (sic) de Compra (sic) Venta (sic) al no cancelarle al vendedor la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00) en un lapso de noventa (90) días, estipulado en la Clausula (sic) Tercera (sic) del contrato cuyo cumplimiento demanda, y reconviniendo a su vez, la Resolución (sic) del contrato de dicha compra-venta.
Ahora bien, tal y como fue valorado el documento fundamental de la presente acción de Cumplimiento (sic) de Contrato (sic), del contenido del mismo se evidencia en su cláusula tercera: TERCERA: LA COMPRADORA OPCIONARIA se compromete a cancelarle al VENDEDOR OPCIONANTE en un lapso de NOVENTA DÍAS (90) contados a partir de la firma del presente contrato, la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (700.000,00), equivalentes al monto restante de la venta del inmueble´.
De lo antes señalado, se demuestra que ambas partes convinieron en el contrato de compra-venta, que la actora-reconvenida, ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, se comprometió a cancelarle en un lapso de NOVENTA (90) días, la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), que por manifestación de la propia actora, y así consta en el libelo de demanda, no han sido pagados, siendo que no se evidencia de autos prueba alguna donde conste el pago de esa cantidad a la parte demandada-reconviniente, en razón de esto, se observa que la cláusula cuarta estableció lo siguiente: CUARTA: EL VENDEDOR OPCIONANTE se compromete a: Firmar el presente contrato por ante la Notaria Pública Correspondiente (sic) y la venta definitiva del inmueble por ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble ´. Asimismo, dice la cláusula quinta: QUINTA: Si cumplido el lapso de los Noventa (sic) (90) días y LA COMPRADORA OPCIONARIA no ha cancelado la totalidad del precio pactado de la venta del inmueble, el contrato quedará resuelto de pleno derecho y la COMPRADORA OPCIONARIA perderá el 5% del dinero que haya cancelado ´
De las cláusulas anteriormente transcritas, se aprecia claramente que las partes contratantes dejaron constancia de las circunstancias y consecuencias de si la actora-reconvenida incumplía con la entrega de la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00) en el lapso convenido de noventa (90) días, y por cuanto de autos solo se evidencia el pago de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) aunado al hecho que del contrato no se desprende una fecha de inicio, razón por la cual quien aquí decide considera que el Tribunal a quo actuó ajustado a derecho al considerar como fecha de inicio el día veintitrés (23) de julio de 2013, día en que se realizo el pago antes descrito y, siendo que el artículo 1167 del Código Civil establece: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello´ . Es por lo que del articulado anteriormente citado, se evidencia que la actora-reconvenida no cumplió con la carga de probar el pago de los SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), en el lapso de noventa (90) días, incumpliendo de esta forma la obligación asumida con el demandado-reconviniente respecto al pago por el bien inmueble que le había sido dado en venta, por lo que resulta evidente para este sentenciador que la presente reconvención ha de prosperar debiéndose declarar la misma con lugar tal y como se hará de manera expresa en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.-
Resuelta como ha sido la reconvención propuesta, pasa de seguida este operador de justicia a emitir el debido pronunciamiento sobre la acción principal por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA, en los términos que se expresan a continuación:
DE LA ACCIÓN PRINCIPAL:
Ahora bien y de igual forma, de las pruebas aportadas por la parte actora, quien aquí decide, considera que no hubo medios de convicción alegados ni probados que dieran certeza a este juzgador que la demandante-reconvenida haya dado cumplimiento con su obligación como compradora, que no era otra que el pago del precio pactado en el contrato celebrado y reconocido por ambas partes sujetas a este proceso, por cuanto si bien es cierto que de actas se evidencia un primer pago o abono inicial por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) no es menos cierto que la cantidad restante de la venta del inmueble, es de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), no habiéndose demostrado que la referida parte haya cancelado el monto restante, en razón de ello y ante el rechazo de la acción por parte del demandado-reconviniente, correspondía a la parte demandante-reconvenida la plena carga de la prueba respecto del hecho que da lugar al incumplimiento de la acción por parte del contrario, en no haber querido otorgar la venta del referido inmueble, por consiguiente y de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que entre otras cosas establece: En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados ´. Asimismo, en concordancia con el articulo anteriormente transcrito establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que a sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación´. En cuanto a lo que precedentemente establece la norma, es claro que no existe en autos elemento alguno que permita derivar el supuesto incumplimiento del ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO en no querer otorgar la venta a la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, en la que fundamenta su acción para la solicitud de Cumplimiento (sic) de Contrato (sic) de Compra-Venta (sic), razón por la cual resulta forzoso para este Juzgador concluir que la presente apelación ha de prosperar, debiéndose declarar la misma Sin (sic) Lugar (sic), tal y como se hará expresamente en la parte dispositiva del fallo, quedando en consecuencia Ratificada (sic) en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada en los términos aquí expresados. Y así se decide (Destacado de lo transcrito)
Del texto antes transcrito se desprende, que el juzgador de alzada consideró que la demanda es improcedente, por cuanto a su criterio la demandante reconvenida no demostró que haya cancelado el monto restante de la venta del inmueble, es decir la cantidad de setecientos mil bolívares (Bs.700.000,00), y ante la oposición de la acción por el demandado-reconviniente, correspondía exclusivamente la carga de la prueba a la demandante-reconvenida demostrar el porqué se produjo el supuesto incumplimiento del demandado reconviniente, en no otorgar la venta definitiva del inmueble, objeto del presente caso.
Por lo cual se hace evidente, que el juez de alzada haciendo uso de la sana crítica, procedió a dictar su decisión, aplicando las normas de derecho que creyó necesarias, y en consecuencia la fundamentó conforme a un proceso propio lógico de raciocinio que la condujo a un resultado.
Esto no significa que el juez, debe dar la razón de la razón, sino dar una razón apoyada en hechos concretos, en virtud de que al haber planteado sus motivos, aún y cuando éstos sean erróneos o exiguos, no se produce la violación del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo cual tampoco es el caso.
Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1.906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. (Cfr. Fallo N° 652, de fecha 10 de octubre de 2012, expediente N° 2012-246, caso: José Dorta Martín contra Ángel David Paredes y otro).
De allí que mal puede el formalizante denunciar la inmotivación de la sentencia, cuando no se evidencia la falta absoluta de fundamentos de hecho y derecho, dado que el poder del juez al momento de su decisión se encuentra supeditado o vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), y por ende la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, en conformidad con lo estatuido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, el formalizante aduce que la alzada no tomó en consideración lo sostenido por esta Sala en lo referente a que los contratos de opción de compraventa, son considerados verdaderas ventas.
En tal sentido, y en razón a la denuncia, tenemos que dejar claro que, para el momento de la interposición de la demanda (12 de noviembre de 2013) el criterio considerado por esta Sala en relación a los contratos de compraventa, es el sostenido en el fallo N° RC-116, de fecha 22 de marzo de 2013, expediente N° 2012-274, caso Diego Arguello Lastres contra María Isabel Gómez del Rio, que señaló:
( ) en las denominadas opciones de compraventa, al darse los elementos del contrato consensual de compraventa como son objeto, pecio y consentimiento estamos en presencia de una verdadera venta (Destacado de la Sala)
Criterio reiterado en fallo N° RC-820, de fecha 11 de diciembre de 2015, expediente N° 2015-492, caso MK Ingeniería, C.A. contra Inversiones RUJU, C.A., al establecer:
( ) En atención a lo anterior, es preciso señalar que el presente juicio fue incoado en fecha 8 de octubre de 2013 y admitida por el a quo en fecha 16 de octubre del mismo año, y tal como lo señala la recurrente en casación, y la doctrina imperante de esta Sala de Casación Civil respecto a que los contrato de opción de compra-venta son considerados como verdaderos contratos de venta, se basa en la sentencia N° 116 de fecha 22 de marzo de 2013, caso de Diego Argüello Lastres contra María Isabel Gómez Del Rio, expediente N° 12-274, que dejó establecido lo siguiente:
Por su parte el artículo 1.474 del Código Civil denunciado, establece lo que debe entenderse por venta, vale decir, lo que caracteriza al señalado contrato; la recurrente alega que el juzgado superior le negó aplicación al mismo por cuanto determinó que el contrato que DERNIER COSMETICS, C.A., había celebrado con el demandante ciudadano Diego Arguello, que el contrato de opción de compra venta (al igual que los contratos preliminares) no equivale a compra-venta, a pesar de contener las bases necesarias para su consumación (objeto, precio, etc.), ni concede, al menos salvo pacto en contrario, la posesión sobre la cosa vendida al eventual comprador, más bien lo que crea es la posibilidad para el optante (eventual comprador) de aceptar o no la opción y para el promitente (eventual vendedor) la indisponibilidad del derecho objeto del contrato (derecho de propiedad sobre el bien) durante un tiempo en él determinado )´.
Sobre el punto de si el contrato de opción de compra-venta puede estimarse una venta, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, efectivamente, si están presentes los elementos de consentimiento, objeto y precio debe considerarse una verdadera venta, así se colige de sentencia N° 116 del 12/4/05, expediente N° 04-109 en el juicio de Ana Morela Serrano Iriarte y otro contra Trina Cecilia Ruiz Velutini, donde se estableció:
De la trascripción antes realizada, la Sala observa que el juez de alzada consideró que las partes al suscribir el contrato de opción de compra venta, realizaron una verdadera venta, al darse los dos elementos esenciales objeto y precio del cual se dio un anticipo, y la tradición había quedado diferida para el pago del saldo del precio, al momento de obtenerse el crédito por los accionantes, y el cumplimiento por la demandada vendedora de la transferencia de la propiedad del inmueble en forma registral.
Asimismo, observa la Sala, que el juez superior, contrariamente a lo denunciado, realizó una acertada interpretación del artículo 1.167 del Código Civil, pues en la misma el juzgador señaló la existencia de un contrato de opción de compra-venta y un documento privado celebrado entre las partes, en el cual quien lo incumplió fue la demandada, estando perfectamente facultados los actores para solicitar el cumplimiento del contrato, situación fáctica que forma parte del supuesto de hecho de la referida norma, que es precisamente lo planteado en el juicio ´.
El criterio reseñado fue abandonado en sentencias recientes en las que se estableció lo contrario, vale decir, que no deben considerarse los contratos de opción de compra venta una verdadera venta, sino contratos preparatorios aun cuando llenen los requisitos de consentimiento, objeto y precio, así se plasmó en las decisiones N°. 358 de fecha 9/7/09, caso Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A, N°. 460 del 27/10/10, caso Tomar contra sucesión Capuzzi y N°. 198 del 12/5/11, caso Luís Francisco Rodríguez contra Rosalba Peña.
Ahora bien, luego de realizar un estudio profundo y documentado sobre el asunto, esta Máxima Jurisdicción Civil, estimó pertinente retomar el criterio inveterado que se había abandonado y, por vía de consecuencia establecer que el mismo debe equipararse a la venta pura y simple, tomando en consideración que se produzca el cruce de consentimientos en los contratantes y siempre y cuando se encuentren presentes, claramente, en dicho contrato de opción de compra venta los requisitos del objeto y precio.
Advierte la Sala que el sub iudice, se encuentra efectivamente en la situación tal y como la establecía la jurisprudencia que se retoma y que, se repite, consideró que cuando en un contrato de opción de compra-venta se encontraran presentes los elementos de consentimiento, precio y objeto, ello equivaldría a un contrato de venta, razón por la que debe valorarse el contrato de opción de compra venta en análisis, como una verdadera venta.
Considera la Sala, que en el caso bajo estudio debió ser aplicado desde el inicio el criterio pacífico y reiterado, que consideraba la promesa bilateral de venta como venta, pues la presente demanda fue presentada el 4 de agosto de 2006, y admitida el 5 de octubre de 2006, folio 22 de la primera pieza del expediente. Quiere esto decir, que cuando el accionante demandó, estaba vigente el citado criterio de la Sala de Casación Civil. De esta forma, no podía aplicársele al caso bajo estudio el cambio jurisprudencial establecido en sentencia N°. 358 de fecha 9/7/09, caso Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A., pues no puede exigírsele al demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio futuro, que todavía no había sido establecido. Más bien la demanda fue cónsona con la doctrina vigente para ese momento. Por tal motivo, considera la Sala que al abandonarse el criterio del 9 de julio de 2009 para este caso concreto, no lesiona los intereses de los sujetos procesales ni la expectativa plausible, pues siempre sería aplicable al caso bajo estudio, la interpretación doctrinaria de la Sala anterior y que ahora se retoma.
Con base a los razonamientos expuestos y a la jurisprudencia señalada, es concluyente afirmar que en el caso bajo decisión, el ad quem negó esa posibilidad, expresando que el controvertido era sólo un contrato preparatorio de opción de compra-venta, razón por la que infringió el artículo 1.474 del Código Civil por falta de aplicación, por lo que se declara procedente esta parte de la denuncia. Así se decide ´ (Negrillas y subrayado de la Sala´.
De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia antes transcrita, la Sala retomó su antiguo criterio y estableció nuevamente que los contratos de opción de compra-venta se deben equiparar a la venta pura y simple, cuando se cumpla el consentimiento o voluntad de los contratantes y se encuentren presentes de manera clara los requisitos del objeto y precio.
En sintonía con lo anterior, la Sala en caso análogo al de estudio, se pronunció en sentencia N° RC-818, de fecha 8 de diciembre de 2014, caso de Elda Guevara contra Cira Hernández y otros, expediente N° 2014-459, de la siguiente manera:
Ahora bien, con respecto a la naturaleza jurídica del contrato de compra venta y de si el contrato de opción de compra venta puede considerarse un contrato de compra venta, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, si están presentes en el contrato los elementos de consentimiento, objeto y precio, debe entenderse como una verdadera venta. El referido criterio se encuentra plasmado en sentencia N° 116, de fecha 12 de abril de 2005, caso: Ana Morella Serrano Iriarte y otro, contra Trina Cecilia Ruiz Velutini, donde se estableció lo siguiente:
( omissis )
El criterio antes reseñado fue abandonado en las sentencias N° 358 de fecha 9 de julio de 2009, caso: Ada Preste de Suárez y otro contra Desarrollos 20699, C.A.; y en la N° 460 de fecha 27 de octubre de 2010, caso: Tomcar, C.A. Almacén contra Sucesión Amleto Antonio Capuzzi Di Prinzio, que establecían lo contrario y señalaban que los contratos de opción de compra venta no debían considerarse una verdadera venta sino como contratos preparatorios, pese a llenar los requisitos de consentimiento, objeto y precio.
Sin embargo, mediante sentencia N° 116 de fecha 22 de marzo de 2013, caso: Diego Argüello Lastres contra María Isabel Gómez Del Río, en el que intervino como tercera Dernier Cosmetics, S.A., esta Sala estimó pertinente retomar el criterio que se había abandonado, para establecer que la opción de compra venta debe equipararse a la venta pura y simple, siempre que se produzcan el consentimiento de ambos contratantes y siempre que estén presentes el precio y objeto del contrato.
Dicho criterio quedó plasmado de la siguiente manera:
( omissis )
Acorde con los planteamientos antes expuestos, esta Sala advierte en el contrato del caso concreto la existencia de los elementos previstos y señalados en el artículo 1.141 del Código Civil, referidos al consentimiento, objeto y precio.
Por tal motivo esta Sala considera que el sub iudice se encuentra efectivamente en la misma situación planteada y establecida en la jurisprudencia que se retomó y que consideraba que cuando en un contrato de opción de compra-venta se encontraran presentes los elementos de consentimiento, precio y objeto, ello equivaldría a un contrato de venta, razón por la que debe valorarse el contrato de opción de compra venta en análisis, como una verdadera venta.
Al respecto, estima la Sala que en el juicio bajo estudio debió ser aplicado desde el inicio el criterio pacífico y reiterado que consideraba la opción de compra venta como una verdadera venta, visto que para la fecha de interposición de la demanda, es decir, para el día 8 de marzo de 2007, el criterio jurisprudencial vigente era el plasmado en sentencia N° 116, de fecha 12 de abril de 2005, pues no puede exigírsele al demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio futuro, que todavía no había sido establecido. Más bien la demanda fue cónsona con la doctrina vigente para ese momento.
Acorde con los razonamientos expuestos y a la jurisprudencia señalada, es concluyente afirmar que en el caso bajo decisión, la alzada interpretó erradamente la naturaleza jurídica del contrato objeto de este juicio, expresando que se trataba sólo de un contrato preparatorio de opción de compra-venta, razón por la que incurrió en el primer caso de suposición falsa y violó por falta de aplicación el artículo 1.474 del Código Civil ´. (Negrillas y subrayado de la Sala).
Así las cosas, esta Sala considera que en el presente asunto acaeció la misma situación establecida en la jurisprudencia retomada, en la cual, si en un contrato de opción de compra-venta se encuentran los requisitos de consentimiento, objeto y precio, entonces se está en presencia de un verdadero contrato de venta, y de esa manera debe valorarse (Resaltado de esta Sala)
En el presente caso, al verificarse los requisitos de consentimiento, objeto y precio, en el contrato de compra-venta, se hace evidente que estamos en presencia de un contrato de venta; no obstante, el tribunal superior consideró que al no demostrar la demandante reconvenida que haya cancelado el monto restante de la venta del inmueble, (setecientos mil bolívares Bs.700.000,00), como carga probatoria que tenía, de demostrar el motivo por el cual se produjo el supuesto incumplimiento del demandado reconviniente, en no concretar la venta del inmueble, llevó a la alzada a determinar qué: de las pruebas aportadas por la parte actora ( ) considera que no hubo medios de convicción alegados ni probados que dieran certeza a este juzgador que la demandante-reconvenida haya dado cumplimiento con su obligación como compradora, que no era otra que el pago del precio pactado en el contrato celebrado y reconocido por ambas partes sujetas a este proceso .
Por lo que, esta Sala determina que la presente denuncia es improcedente, debido a que el fallo recurrido no infringió las disposiciones legales delatadas, al no incurrir en inmotivación del fallo, sino que ajustó su función jurisdiccional, conforme al principio de congruencia del fallo, al haber decidido conforme a lo alegado y probado en autos, en un proceso lógico de raciocinio que lo llevó a tomar una determinación, la cual, ya sea correcta o incorrecta, no comporta el vicio de inmotivación del fallo. Así se declara
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurrió en el primer caso de suposición falsa por desviación ideológica al desnaturalizar el contrato.
Expresa la formalizante:
III
Con fundamento en lo pautado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la desnaturalización o desviación intelectual del contenido del Contrato (sic) de venta en una opción de compra venta.
Denuncio la desnaturalización o desviación intelectual del contenido del contrato prevista como primer caso de suposición falsa, establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil que en la doctrina y en la jurisprudencia se contempla la categoría contractual del cumplimiento denominado contrato de opción de compra, que aunque en varias partes del contrato que nos ocupa se establece como lo dice la cláusula segunda, que es una venta. Pero la recurrida cuando hace su apreciación final, lo toma como una opción de compra, cuyo objeto de este último es la celebración posterior de un contrato. Osea (sic) está que se complementa, con la sentencia que establece que estos contratos son una verdadera venta. NO cabe duda que tratándose de una categoría contractual, le es aplicable la conceptualización contenida en el artículo 1.133 del Código Civil, que establece que el contrato:
( omissis )
El juez de la recurrida la interpretar el contrato y fijar su conclusión, en relación a la fecha de la determinación de la fecha, donde empieza a correr el lapso para el cumplimiento del pago de los SETECIENTOS (sic) MIL (sic) BOLÍVARES (sic) (Bs.700.000) (sic), restantes indica lo siguiente:
( omissis )
Cosa esta que también hace en la parte que antecede a los (sic) antes (sic) transcrita, cuando dice:
( omissis )
Es evidente ciudadanos Magistrados que, la recurrida en la última parte de lo antes transcrito, utiliza el término de la negociación, como lo que es una venta, pero después lo contextualiza como una opción de compra, cuando declara con lugar la reconvención, y sin lugar la demanda que nos ocupa, pero como dijimos anteriormente, con lo que expresa en la motiva cuando dice:
( omissis )
Cuando debió declarar con lugar la demanda, manteniendo en el transcurso de su decisión que estábamos en presencia de una venta como lo hemos delatado en la denuncia anterior, ya que lo acordado entre ambas partes, reflejado en el contrato y así lo aceptamos, es de que se trataba una venta, que tendría que firmarse en la notaria, ya que como lo dijimos anteriormente, se trata este de una compraventa, y reforzado este criterio de acuerdo, al sentencia dictada por esta Sala que hemos referido en varias oportunidades, estamos en presencia de una verdadera venta, que ente (sic) caso observamos que en el contrato en cuestión, específicamente en la CLÁUSULA (sic) SEGUNDA (sic) se establece que: El precio de esta venta es por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (850.000,00 Bs.)´. Ya que como lo dice la cláusula antes transcrita que es una venta, cosa esta que se demostró de las pruebas promovidas, que el VENDEDOR (sic), me entregó la posesión de la propiedad, y actualmente me encuentro viviendo en dicho inmueble con mi cuadro familiar, y así está demostrado en autos y aceptada por la contraparte, cosa esta que ambas sentencias silenciaron, no tomando en cuenta la decisión de esta misma Sala del mes de marzo de 2013, que establece que los contratos en cuestión son una verdadera venta, por los elementos que la integran. Pero la denuncia que nos ocupa es lo relativo, a que la recurrida acogiendo el criterio cuestionado del juez de instancia, cuando ratifica esta sentencia y declara sin lugar la demanda estableció de hecho y de derecho que estamos en presencia de un contrato de opción de compraventa.
Igualmente aunado a esto al final del folio 96, antes transcrito sacó consideraciones que no estaban constantes en autos ni fueron alegadas por ninguna de las partes, ni que se estableció en la opción de compraventa, como es que él dice que el juez de instancia actuó ajustado a derecho al considerar como fecha de inicio, para el cumplimiento de la opción de compraventa, comenzaba a computarse a partir del día 23 de julio de 2013, día en que se realizó el pago de los Bs. 50.000,00. Dentro de tal confusa redacción observamos que el sentenciador A-quo en el folio 41, refiere que este es un contrato de opción de compraventa, en el folio 45, vuelve a referirlo, en el folio 47, vuelve a referirlo dos veces y la recurrida lo cataloga algunas veces de venta y otras veces de opción de compraventa. Y en el punto relativo al tiempo del cumplimiento de este, como hecho positivo y concreto, se salen del mismo y establece, falsa e inexactamente en su sentencia, pasando por alto el contenido de la cláusula CUATRO (sic) de la opción de compraventa, que nos ocupa, que establece inequívocamente, que el vendedor opcionante se compromete a: Firmar el presente contrato por ante la notaría pública correspondiente y la venta definitiva del inmueble ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble, por lo tanto la recurrida, incurrió en falso supuesto, al confundir y crear una fecha que es inexistente en el contrato en cuestión, ya que existe una obligación del vendedor de firmar, primero el contrato ante la notaría pública, cosa esta que no se ha realizado, que aunado a esto como se demostró en las actas procesales, que en primer lugar yo me encargue, aunque era una carga del vendedor de hacer todo lo relativo a las gestiones notariales para que este ocurriera a firmar el contrato en la notaría y este nunca ocurrió a esta. Como se demuestra. Por todo lo antes expuesto es que solicito de esta Sala de Casación Civil, de este Supremo Tribunal declare con lugar la denuncia delatada y en consecuencia anule la sentencia dictada, por el Juzgado de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, dictada en fecha 10 de febrero del año 2016 (Destacados de lo transcrito).
Para decidir, la Sala observa:
De la denuncia antes transcripta se desprende, que el formalizante denuncia que la recurrida incurrió en el primer caso de suposición falsa, por desviación intelectual o desnaturalización del contrato al señalar que estábamos en presencia de una venta como lo hemos delatado en la denuncia anterior, ya que lo acordado entre ambas partes, reflejado en el contrato y así lo aceptamos, es de que se trataba una venta, que tendría que firmarse en la notaria, ya que como lo dijimos anteriormente, se trata este de una compraventa , de lo cual se observa que: el contrato en cuestión, específicamente en la CLÁUSULA (sic) SEGUNDA (sic) se establece que: El precio de esta venta es por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (850.000,00 Bs.)´. Ya que como lo dice la cláusula antes transcrita que es una venta, cosa esta que se demostró de las pruebas promovidas, que el VENDEDOR (sic), me entregó la posesión de la propiedad, y actualmente me encuentro viviendo en dicho inmueble con mi cuadro familiar, y así está demostrado en autos y aceptada por la contraparte, cosa esta que ambas sentencias silenciaron , en donde el juez declara sin lugar la demanda y estableció de hecho y de derecho que estamos en presencia de un contrato de opción de compraventa ; determinando como fecha de inicio, para el cumplimiento de la opción de compraventa, comenzaba a computarse a partir del día 23 de julio de 2013, día en que se realizó el pago de los Bs. 50.000,00 , pasando por alto el contenido de la cláusula CUATRO (sic) de la opción de compraventa, que nos ocupa, que establece inequívocamente, que el vendedor opcionante se compromete a: Firmar el presente contrato por ante la notaría pública correspondiente y la venta definitiva del inmueble ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble, por lo tanto la recurrida, incurrió en falso supuesto, al confundir y crear una fecha que es inexistente en el contrato en cuestión .
Ahora bien, este Tribunal Supremo ha reiterado en jurisprudencia pacífica que es de la soberanía de los jueces de instancia la interpretación del contrato, a menos que el Juez incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, situación que puede denunciarse a través del primer caso de suposición falsa o que se esté en presencia de la excepción prevista en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, al respecto ha señalado esta Sala lo siguiente:
Constituye doctrina reiterada de esta Corte, que la interpretación de los contratos es cuestión de hecho reservada a los jueces de instancia, controlable por esta Sala sólo cuando el sentenciador hubiese incurrido en suposición falsa, salvo que el Juez califique erróneamente el negocio jurídico, y lo subsuma en una norma que no es aplicable, error éste de derecho. (Subrayado de la Sala)
Asimismo, en sentencia de fecha 11 de marzo de 1992, ésta Sala de Casación Civil, dejó sentado, que:
( ) La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.
Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada´ . (Resaltado de la Sala)
Así las cosas, en Sentencia N° 569 de la Sala de Casación Civil, de fecha 29 de noviembre de 1995, expediente N° 94-703, caso: Universidad Central de Venezuela contra Banco Provincial de Venezuela, C.A., hoy Banco Provincial S.A.C.A., quedó establecido el límite entre la interpretación del contrato y la desnaturalización del mismo, dejando sentado:
El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato (Resaltado de la Sala)
Transcrito lo anterior, tenemos que el vicio de suposición falsa constituye un supuesto de casación sobre los hechos, que consiste en un error de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conduce por vía de consecuencia a un error de derecho y que a esta categoría se le suma el error en la interpretación de los contratos, lo cual se ha denominado como desviación ideológica intelectual que se verifica cuando el Juez se aparta de la voluntad expresada por las partes.
En relación a la desviación ideológica intelectual en fallo N° 187, de fecha 26 de mayo de 2010, expediente N° 09-532, caso: Vicente Emilio Capriles Silvan contra Desarrollos Valle Arriba Athletic Club, C.A., indicó:
Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron demostrados en el proceso, esto es: un error en el juzgamiento de los hechos, el cual conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece un hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de una norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa regla legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual constituiría falsa aplicación. Esta es la consecuencia directa del error y otras normas sólo resultarían violadas por falta de aplicación como una consecuencia de segundo grado, constituyendo estas últimas las reglas que el sentenciador de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia.
La suposición falsa denunciada, contenido en el primer caso del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, consiste en atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen. Lo que esta Sala considera como una desnaturalización o desviación ideológica por parte de quien debe resolver el asunto judicial controvertido; produciéndose -respecto al documento o acta de la cual se trate- efectos distintos a los previstos en ellos.
Al respecto, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que el primer caso de suposición falsa, tiene lugar cuando el juez afirma falsamente, por error de percepción o por olvido de que la verdad es la meta del proceso, que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que esas menciones no existen realmente y han sido creadas por la imaginación o por la mala fe del juzgador ´. (Vid. Sentencia Nº 60, de fecha 18 de febrero de 2008)
( omissis )
De los anteriores criterios jurisprudenciales se desprende que si bien los jueces de instancia son los facultados para interpretar y calificar los contratos, tal actividad no puede, de ninguna manera, distorsionar los hechos que hubieren sido alegados por ellas, pues su labor es la de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos, y en caso de incurrir en tal infracción, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estará facultada previo cumplimiento de los requisitos necesarios del escrito de formalización-, para descender a las actas del expediente y conocer los errores de hecho al juzgar los hechos en que hubiese incurrido el juez de alzada.
( omissis )
El criterio de combatir el hecho y no la conclusión jurídica está bien para la denuncia de suposición falsa estricto sensu, pero no para la denuncia por desviación intelectual, pues, allí nunca se controlarían hechos sino conclusiones jurídicas inexactas. No se puede exigir en la denuncia de desviación intelectual que sólo se combata un hecho puro y simple, por cuanto ello es imposible ´.
( omissis )
En este caso, el formalizante enfocó su denuncia a través de la figura de la tergiversación intelectual, que sería la única forma posible de hacerlo. Pues no hay otra, dado que lo que se combate es precisamente la delicada tarea del juez superior que hilando fino´ descontextualizó la palabra acreencia, le suprimió el peso específico y la transformó en una frase hueca, sin fuerza jurídica.
Se está aseverando, como lo constató la Sala de la lectura del acta de asamblea que contiene el contrato y del fallo recurrido antes transcrito, la desviación intelectual, no una suposición falsa en sentido estricto. Sólo que la doctrina de la Sala exige pedir prestado´ en sentido analógico el primer caso de suposición falsa, pero no para combatir un hecho sino realmente un ejercicio intelectual producto de múltiples razonamientos del juez. Lógicamente no se combate un hecho puro y simple, sino el razonamiento final del recurrido producto del travisamento´ italiano, o la desnaturalización por desviación intelectual o ideológica y el mal juge´ de la doctrina francesa, como ya se explicó en este fallo. (Resaltado de la cita)
En el presente caso, el formalizante sostiene que el juez de la recurrida se apartó de la voluntad expresada por las partes en el contrato, al señalar que la CLÁUSULA (sic) SEGUNDA (sic) se establece que: El precio de esta venta es por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (850.000,00 Bs.)´. Ya que como lo dice la cláusula antes transcrita que es una venta, cosa esta que se demostró de las pruebas promovidas, que el VENDEDOR (sic), me entregó la posesión de la propiedad ; y la cláusula CUATRO (sic) de la opción de compraventa, que nos ocupa, que establece inequívocamente, que el vendedor opcionante se compromete a: Firmar el presente contrato por ante la notaría pública correspondiente y la venta definitiva del inmueble ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble , incurriendo así en falso supuesto, al confundir y crear una fecha que es inexistente en el contrato en cuestión , tomando el juez de la recurrida como fecha válida para comenzar a contarse el lapso para el cumplimiento de la opción de compraventa, el día 23 de julio de 2013, fecha está en que se realizó el pago de Bs. 50.000,00, como abono inicial del inmueble objeto del presente caso (f. 9 pieza I del expediente).
Con base a lo anterior, se evidencia que el formalizante ataca la conclusión jurídica efectuada por el juez en el análisis del contrato cuando indica que confunde y crea una fecha que es inexistente en el contrato en cuestión, señalando además que tal inexactitud era comprobable en autos, toda vez que no se encuentra plasmado en el referido acuerdo contractual la mencionada data, efectuando consideraciones que no fueron estipuladas por las partes.
Establecido lo anterior, la Sala considera necesario transcribir los extractos pertinentes del fallo recurrido a fin de verificar lo manifestado por el recurrente:
Ahora bien, tal y como fue valorado el documento fundamental de la presente acción de Cumplimiento (sic) de Contrato (sic), del contenido del mismo se evidencia en su cláusula tercera: TERCERA: LA COMPRADORA OPCIONARIA se compromete a cancelarle al VENDEDOR OPCIONANTE en un lapso de NOVENTA DÍAS (90) contados a partir de la firma del presente contrato, la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (700.000,00), equivalentes al monto restante de la venta del inmueble´.
De lo antes señalado, se demuestra que ambas partes convinieron en el contrato de compra-venta, que la actora-reconvenida, ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, se comprometió a cancelarle en un lapso de NOVENTA (90) días, la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), que por manifestación de la propia actora, y así consta en el libelo de demanda, no han sido pagados, siendo que no se evidencia de autos prueba alguna donde conste el pago de esa cantidad a la parte demandada-reconviniente, en razón de esto, se observa que la cláusula cuarta estableció lo siguiente: CUARTA: EL VENDEDOR OPCIONANTE se compromete a: Firmar el presente contrato por ante la Notaria Pública Correspondiente (sic) y la venta definitiva del inmueble por ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble ´. Asimismo, dice la cláusula quinta: QUINTA: Si cumplido el lapso de los Noventa (sic) (90) días y LA COMPRADORA OPCIONARIA no ha cancelado la totalidad del precio pactado de la venta del inmueble, el contrato quedará resuelto de pleno derecho y la COMPRADORA OPCIONARIA perderá el 5% del dinero que haya cancelado ´
De las cláusulas anteriormente transcritas, se aprecia claramente que las partes contratantes dejaron constancia de las circunstancias y consecuencias de si la actora-reconvenida incumplía con la entrega de la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00) en el lapso convenido de noventa (90) días, y por cuanto de autos solo se evidencia el pago de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) aunado al hecho que del contrato no se desprende una fecha de inicio, razón por la cual quien aquí decide considera que el Tribunal a quo actuó ajustado a derecho al considerar como fecha de inicio el día veintitrés (23) de julio de 2013, día en que se realizo el pago antes descrito y, siendo que el artículo 1167 del Código Civil establece: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello´ . Es por lo que del articulado anteriormente citado, se evidencia que la actora-reconvenida no cumplió con la carga de probar el pago de los SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), en el lapso de noventa (90) días, incumpliendo de esta forma la obligación asumida con el demandado-reconviniente respecto al pago por el bien inmueble que le había sido dado en venta, por lo que resulta evidente para este sentenciador que la presente reconvención ha de prosperar debiéndose declarar la misma con lugar tal y como se hará de manera expresa en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.-
Resuelta como ha sido la reconvención propuesta, pasa de seguida este operador de justicia a emitir el debido pronunciamiento sobre la acción principal por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA, en los términos que se expresan a continuación:
DE LA ACCIÓN PRINCIPAL:
Ahora bien y de igual forma, de las pruebas aportadas por la parte actora, quien aquí decide, considera que no hubo medios de convicción alegados ni probados que dieran certeza a este juzgador que la demandante-reconvenida haya dado cumplimiento con su obligación como compradora, que no era otra que el pago del precio pactado en el contrato celebrado y reconocido por ambas partes sujetas a este proceso, por cuanto si bien es cierto que de actas se evidencia un primer pago o abono inicial por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) no es menos cierto que la cantidad restante de la venta del inmueble, es de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), no habiéndose demostrado que la referida parte haya cancelado el monto restante, en razón de ello y ante el rechazo de la acción por parte del demandado-reconviniente, correspondía a la parte demandante-reconvenida la plena carga de la prueba respecto del hecho que da lugar al incumplimiento de la acción por parte del contrario, en no haber querido otorgar la venta del referido inmueble, por consiguiente y de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que entre otras cosas establece: En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados ´. Asimismo, en concordancia con el articulo anteriormente transcrito establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que a sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación´. En cuanto a lo que precedentemente establece la norma, es claro que no existe en autos elemento alguno que permita derivar el supuesto incumplimiento del ciudadano FERNANDO ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ VALERIO en no querer otorgar la venta a la ciudadana YENNIRÉ CAROLINA MARCANO MARTÍNEZ, en la que fundamenta su acción para la solicitud de Cumplimiento (sic) de Contrato (sic) de Compra-Venta (sic), razón por la cual resulta forzoso para este Juzgador concluir que la presente apelación ha de prosperar, debiéndose declarar la misma Sin (sic) Lugar (sic), tal y como se hará expresamente en la parte dispositiva del fallo, quedando en consecuencia Ratificada (sic) en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada en los términos aquí expresados (Destacado de lo transcrito)
De acuerdo con lo antes transcrito, se observa que la alzada determinó, que las partes contratantes dejaron constancia de las circunstancias y consecuencias de si la actora-reconvenida incumplía con la entrega de la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00) en el lapso convenido de noventa (90) días, y por cuanto de autos solo se evidencia el pago de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) aunado al hecho que del contrato no se desprende una fecha de inicio, razón por la cual quien aquí decide considera que el Tribunal a quo actuó ajustado a derecho al considerar como fecha de inicio el día veintitrés (23) de julio de 2013, día en que se realizó el pago antes descrito , de igual modo destacó que la actora-reconvenida no cumplió con la carga de probar el pago de los SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), en el lapso de noventa (90) días, incumpliendo de esta forma la obligación asumida con el demandado-reconviniente respecto al pago por el bien inmueble que le había sido dado en venta .
Señalando además que: no hubo medios de convicción alegados ni probados que dieran certeza a este juzgador que la demandante-reconvenida haya dado cumplimiento con su obligación como compradora, que no era otra que el pago del precio pactado en el contrato celebrado y reconocido por ambas partes sujetas a este proceso, por cuanto si bien es cierto que de actas se evidencia un primer pago o abono inicial por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) no es menos cierto que la cantidad restante de la venta del inmueble, es de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.700.000,00), no habiéndose demostrado que la referida parte haya cancelado el monto restante
De igual forma se observa, de la revisión del contrato convenido entre los sujetos procesales, que sus cláusulas tercera, cuarta y quinta, señalan lo siguiente:
TERCERA: LA COMPRADORA OPCIONARIA se compromete a cancelarle al VENDEDOR OPCIONANTE en un lapso de NOVENTA DÍAS (90) contados a partir de la firma del presente contrato, la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (700.000,00 Bs), equivalente al monto restante de la venta del inmueble.
CUARTA: EL VENDEDOR OPCIONANTE se compromete a Firmar (sic) el presente contrato por ante la Notaria Pública Correspondiente (sic) y la venta definitiva del inmueble por ante el Registro Subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total del precio del inmueble.
QUINTA: Si cumplido el lapso de los Noventa (sic) (90) días y LA COMPRADORA OPCIONARIA no ha cancelado la totalidad del precio pactado de la venta del inmueble, el contrato quedará resuelto de pleno derecho y LA COMPRADORA OPCIONARIA perderá el 5% del dinero que haya cancelado (f. 7 y vuelto pieza I del expediente) (Destacado de lo transcrito).
En el caso bajo análisis, el contrato de compraventa constituye el documento fundamental de la acción de cumplimiento de contrato, del cual se derivan las condiciones en las que fue pactada la compraventa del inmueble objeto de la negociación, en cuyas cláusulas tercera, cuarta y quinta, esta Sala evidencia que: 1.) La compradora opcionaria (demandante reconvenida) se comprometió a pagar la totalidad del monto en bolívares pactado en el acuerdo contractual en un lapso de noventa (90) días contados a partir de la firma; 2.) El vendedor opcionante (demandado reconviniente) se comprometió a firmar tal contrato por ante la notaria pública correspondiente y la venta definitiva del inmueble por ante el registro subalterno correspondiente una vez cancelado el monto total de setecientos mil bolívares (Bs.700.000,00).
Tales cláusulas establecen la oportunidad y la forma en la cual debía realizarse dicha compraventa, es decir, la demandante reconvenida se comprometió con el demandado reconviniente a cancelar el monto restante de setecientos mil bolívares (Bs.700.000,00) en el lapso de noventa (90) días, contados a partir del momento en que dicho contrato fuere suscrito por ante la notaria pública respectiva, tal como consta en la mencionada cláusula tercera, y el otorgamiento definitivo de venta sería a partir de la firma ante el registro subalterno correspondiente; indicando además que en caso incumplimiento por parte de la compradora (demandante reconvenida) tendría como consecuencia la resolución de pleno derecho de dicho contrato.
Siendo ello así, esta Sala observa que la alzada estableció como fundamento de su fallo, que de las actas no evidenció una fecha de inicio, razón por la cual quien aquí decide considera que el Tribunal a quo actuó ajustado a derecho al considerar como fecha de inicio el día veintitrés (23) de julio de 2013, día en que se realizó el pago antes descrito , determinado de igual modo que no existieron medios de convicción alegados ni probados que le dieran certeza que la demandante-reconvenida haya dado cumplimiento con su obligación como compradora.
Por lo que es claro, que con tal interpretación de las referidas cláusulas (tercera, cuarta y quinta) del contrato de compraventa, la alzada arrojó una conclusión errada en relación a lo que realmente estipula dicho acuerdo contractual, toda vez que sus afirmaciones respecto al momento en que debe tomarse en cuenta como fecha de inicio noventa (90) días para el pago del monto total acordado para la venta, es decir, el 23 de julio de 2013; no resulta acorde con el contrato efectuado por las partes, pues de acuerdo a las expresas estipulaciones del contrato, dicho lapso empezaba a computarse a partir de la firma del mismo ante la notaría pública respectiva y el otorgamiento definitivo de la venta del inmueble por ante el registro subalterno correspondiente, una vez cancelado el monto total del precio pactado por el inmueble.
De lo que se desprende que no existió una fecha exacta o certera para que comenzara a correr el lapso de los noventa (90) días, para que la demandante reconvenida diera cumplimiento al contrato acordado; ya que la fecha que fuere tomada por la alzada (23 de julio de 2013) como inicio, es errónea, pues no se corresponde con la voluntad contractual estipulada en el contrato, resultando con ello evidentemente dicho pronunciamiento contrario con la expresión de la voluntad de las partes respecto a cómo debería efectuarse el pago y desde que fecha se tomaría a contar el lapso para el cumplimiento contractual, tal y como se desprende de la cláusulas antes mencionadas; es decir, comienza a computarse desde el momento en que el contrato es debidamente autenticado por ante la notaria pública correspondiente, siendo este particular expreso y claro; por lo cual, esta Sala debe precisar que, no consta en actas la debida autenticación del mencionado contrato, deduciéndose que no existe una fecha cierta para poder dar inicio al lapso de los noventa (90) días pactado para dar cumplimiento a la obligación convenida, por ende, la Sala constata que en el caso bajo análisis se está en presencia de una desviación ideológica intelectual o desnaturalización del contrato de compraventa, instrumento fundamental de la demanda incoada, cometida por el juez de alzada, al no atenerse a la voluntad expresamente establecida por las partes en el contrato, en evidente infracción de lo estatuido en los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y 1159 y 1160 del Código Civil, que señalan:
Artículo 12. Código de Procedimiento Civil.
Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe. (Destacado de la Sala).-
Artículo 1159. Código Civil.
Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley. (Destacado de la Sala).-
Artículo 1160. Código Civil.
Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley. (Destacado de la Sala).-
Tal desviación ideológica intelectual, al desnaturalizar el sentido de las cláusulas del contrato de compraventa y considerar el incumplimiento de la demandante de su obligación de pagar el precio de la venta como fue pactado, resulta determinante de lo dispositivo del fallo, ya que dicha conclusión errada conllevó a la aplicación de la consecuencia prevista en la cláusula quinta del contrato referida a que Si cumplido el lapso de los Noventa (sic) (90) días y LA COMPRADORA OPCIONARIA no ha cancelado la totalidad del precio pactado de la venta del inmueble, el contrato quedará resuelto de pleno derecho y LA COMPRADORA OPCIONARIA perderá el 5% del dinero que haya cancelado , y en razón de ello, a que la alzada declarara sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato incoada, con lugar la reconvención planteada por el demandado y resuelto el contrato, incurriendo de esta manera en la infracción de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y 1159 y 1160 del Código Civil, antes descritos.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala debe declarar procedente la presente denuncia, al incurrir la alzada en el primer caso de suposición falsa por desviación ideológica intelectual al desnaturalizar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Así se declara.
-II-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12, 509 y 243 ordinales 4° y 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en inmotivación por silencio de pruebas.
Expresa la formalizante:
IV
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, como formalizante denunció la infracción de los artículos 12, 509 y los ordinales 4 y 5° del artículo 243 del mismo Código, por considerar que la alzada incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de prueba, y para fundamentar tal alegato expreso lo siguiente, la casación prevista en el ordinal 2° del artículo 313 del código (sic) de procedimiento (sic) civil (sic), de igual manera por estar incursa en la violación de los artículos 12 y 509 del mismo código, y adolecer la misma de los vicios enumerados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, al faltar en ella dos de las determinaciones indicadas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como lo son las establecidas en los ordinales 4° y 5° de dicho artículo. En efecto ciudadanos Magistrados, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, al momento de dictar sentencia en la presente causa y donde le correspondía realizar el análisis de las pruebas, a que le obliga el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, la recurrida violenta el enunciado de dicho artículo, cuando al momento en que debía realizar el análisis de las pruebas aportadas por mi persona que promoví conjuntamente con la demanda, consistente esta en el contrato que nos ocupa y que está inserta en el folio 8 y su vuelto del expediente, desechó de hecho el análisis de lo establecido en la Cláusula (sic) Segunda (sic) y la Cláusula (sic) Cuarta (sic) de las referidas pruebas, no arguyendo para ello ningún comentario ni apreciación al respecto, cuando aunque la prueba en su conjunto fue reconocida por ambas partes y así se declaró tanto por el tribunal de instancia así como por la recurrida que la referida prueba, y así como observamos que dicho instrumento es el documento fundamental del presente juicio, y si hubiesen sido analizados las cláusulas en cuestión, el resultado de la presente demanda hubiese sido otro, ya que del contenido de la cláusula Segunda (sic) se desprende que nos encontramos en presencia de una verdadera venta cuando en esta se refiere que:
SEGUNDA: El precio de esta venta es por la cantidad de OCHOCIENTOS (sic) CINCUENTA (sic) MIL (sic) BOLÍVARES (sic) (850.000,00 Bs) los cuales están cancelados de la siguiente manera: LA COMPRADORA (sic) OPCIONARIA (sic) entrega al VENDEDOR (sic) OPCIONANTE (sic) este acto la cantidad de CIENTO (sic) CINCUENTA (sic) MIL (sic) BOLÍVARES (sic) (150.000,00 Bs) los cuales declara recibir en este mismo acto en dinero en efectivo de curso legal en el país a su entera y cabal satisfacción ´
Y en relación a la cláusula cuarta, la recurrida hubiera establecido que existía una cláusula donde se estableció contractualmente que dicho documento fundamental debía autenticarse en la Notaría respectiva, a los fines de que el mismo una vez autenticado, comenzaba a correr el lapso de los noventa días para que yo cancelara el restante establecido en la cláusula tercera que rea noventa días, pero yéndonos más halla (sic) siendo el mismo como en efecto lo es un contrato de venta, tenía a raíz de dicho contenido contractual, declarar la demanda con lugar. Así como también observamos que la recurrida, en cuanto se refiere a la evacuación de testigos, en el folio 92 de los autos en la parte que denominó 2).-donde se refiere a la valoración dijo: Vistos que los testigos no fueron tachados en la oportunidad legal correspondiente, esta alzada de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, les otorga valor probatorio, Y así se declara ´. Ahora ciudadanos Magistrados, me preguntaría cual valor probatorio les otorgaría que no lo reflejo en la recurrida, es importante destacar que de haberle otorgado valor probatorio debidamente motivado, hubiese detectado que el valor probatorio que tenían, estos testigos que fueron cuatros (sic) (4), se hubiese decidió que la demandante que soy yo misma, estaba en posesión, pacifica de buena fe, donde de las testimoniales se dedujo que yo actuaba como propietaria, como en efecto lo soy, y que estábamos ante una verdadera venta, no como lo hizo ver el juez de instancia y la recurrida, que este contrato lo que era es un documento preparatorio para la venta futura, cosa esta que si se hubiese apreciado, esto tenía peso fundamental en la recurrida, que aunado a otras pruebas la decisión hubiese sido declarada con lugar, como en efecto debió declararse. En lo que se refiere a la inspección judicial, practicada en la vivienda objeto del contrato de venta que nos ocupa, que la recurrida en el folio 94 de los autos dice que analizó, nos encontramos que lo único que dice es:
9).- Promovió Inspección Judicial a la vivienda ubicada en el Urbanización Lomas del Viento, Calle Las Orianas, N° P8-32, de la ciudad de Maturín, Estado (sic) Monagas. Valoración. Del análisis de dicha inspección judicial inserta a los folios 204 al 205 este tribunal evidencia que la misma se realizó de conformidad con lo establecido en los artículo 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se le otorga valor probatorio. Y así se decide ´
Violando este el contenido del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil de la misma forma, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que lo obliga a atenerse a lo alegado y probado en autos, incurriendo de igual manera en la violación de las determinaciones explicitas en los ordinales 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, referida a los motivos de hecho y de derecho de la decisión, que se evidencian ante el silencio´ de dos de las pruebas aportadas al proceso y la determinación del ordinal 5° del mismo artículo, la pacífica y consolidada jurisprudencia de esta Máxima Jurisdicción Civil ha sostenido que, el vicio de silencio de pruebas se patentiza en los casos en que el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos, como lo que denunciamos anteriormente, o aun como es en el caso de la inspección que nos ocupa, que mencionándola no realiza en debido análisis sobre ella para expresar su mérito. El silencio de prueba procede cuando el juez incurrió en la falta absoluta o parcial de valoración de una prueba que resulta trascendental para el dispositivo del fallo. En el caso que nos ocupa la recurrida aunque valora la prueba no dice porque y para que la valora, sino que se limita a decir que la misma se realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia se le otorga valor probatorio; y el silencio de la prueba ocurrió en el caso en cuestión porque, él no dice para que la valora, y si la hubiese valorado de verdad, con esta inspección se demuestra, que tengo posesión del bien en forma pacífica, y que la misma concatenada con las cláusulas Segunda (sic) del contrato que nos ocupa se demuestra, que estamos ante una verdadera venta y por tal motivo estamos en presencia de una prueba trascendental para el dispositivo del fallo. Es por lo que de conformidad con lo expuesto el juez de alzada infringió los artículos 12, 509 y los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, puesto que el juez de la recurrida, a pesar de haber mencionado en su decisión las pruebas aportadas al proceso, no analizó totalmente la prueba en cuestión.
Es por lo que en el caso de que aunque valora el contrato que nos ocupa, silenció totalmente el contenido de la cláusula Segunda (sic) del mismo y en relación con la cláusula Cuarta (sic), aunque la menciona o la transcribe no refirió nada al respecto, por lo tanto está configurado el vicio delatado en relación a ese punto. Y en relación al caso de los testigos y de la inspección nos encontramos, que están dados los elementos legales para declarar ciudadanos Magistrados, Con (sic) Lugar (sic), y en consecuencia (sic) nulidad de la sentencia (Destacado de lo transcrito)
La Sala para decidir, observa:
El formalizante delata la infracción de los artículos 12, 509, 243 ordinales 4° y 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación por silencio de pruebas, al considerar que la alzada desechó de hecho el análisis de lo establecido en la Cláusula (sic) Segunda (sic) y la Cláusula (sic) Cuarta (sic) de las referidas pruebas, no arguyendo para ello ningún comentario ni apreciación al respecto , lo cual el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos, como lo que denunciamos anteriormente, o aun como es en el caso de la inspección que nos ocupa, que mencionándola no realiza en debido análisis sobre ella para expresar su mérito , aduciendo además que: la recurrida aunque valora la prueba no dice porque y para que la valora, sino que se limita a decir que la misma se realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia se le otorga valor probatorio; y el silencio de la prueba ocurrió en el caso en cuestión porque, él no dice para que la valora , alegando finalmente que el juez de alzada infringió los artículos 12, 509 y los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, puesto que el juez de la recurrida, a pesar de haber mencionado en su decisión las pruebas aportadas al proceso, no analizó totalmente la prueba en cuestión .
Ahora bien, de lo antes mencionado se desprende, que el formalizante pretende en una entremezcla de denuncias, acusar la comisión, de los vicios de inmotivación en el análisis de la prueba, incongruencia negativa, silencio de pruebas y desviación ideológica intelectual, al unir de forma conjunta vicios de forma y fondo, en un enredado escrito donde confunde señalamientos atinentes a vicios en la formación del fallo referentes a la inmotivación y la incongruencia negativa, con vicios de infracción de ley pura y simple, por falta de aplicación, en silencio parcial de pruebas, con el sub tipo de casación de ley sobre los hechos por suposición falsa y la desviación ideológica intelectual.
En consideración a lo antes expuesto, se observa, al respecto de la técnica necesaria para la elaboración del recurso extraordinario de casación, que esta Sala ha dicho, Tal y como ha quedado establecido por la doctrina pacífica y reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia, que los requisitos intrínsecos de la formalización son los siguientes:
a) La indicación de los motivos de casación conforme con las causales taxativas señaladas en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; y
b) La cita de los artículos que se consideren infringidos; y las razones o fundamentos en que se apoya la denuncia. (Destacado de la Sala)
De igual forma ha indicado en reiteradas oportunidades que se deben rechazar las formalizaciones que entremezclen denuncias o éstas sean del todo exiguas o que no contengan la base legal requerida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso extraordinario de casación y que como es sabido, es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por éste, ( ) no puede ser asumida por la Sala. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-534 del 21 de noviembre de 2011. Exp. N° 2011-241 y N° RC-557 del 25 de septiembre de 2013. Exp. N° 2013-190).
En cuanto a la denuncia por infracción de ley, la Sala ha establecido, entre otras, en sentencia Nº 400, de fecha 1° de noviembre de 2002, expediente Nº 2001-268, en el caso de Omar Alberto Morillo Mota contra Mitravenca, C.A., y otra, que el formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el mentado ordinal 2º del artículo 313, es la que se pretende denunciar por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante de lo dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem; y d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
De igual forma cabe señalar, que aún cuando esta Sala en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe velar porque no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, considera sin embargo, que en el presente caso el recurrente omitió el cumplimiento de formas esenciales en su escrito de formalización, que hacen a la Sala imposible conocer del mismo, pues se realiza una entremezcla de denuncias y motivos que dejan sin sustento la misma, por ilogicidad y contradicción en sus motivos, dado lo enrevesado de la redacción de la delación.
En tal sentido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias 1) N° 369 del 24 de febrero de 2003, expediente N° 2002-1563, caso: Bruno Zulli Kravos; 2) N° 578 del 30 de marzo de 2007, expediente N° 2007-008, caso: María Elizabeth Lizardo Gramcko de Jiménez, y 3) N° 1173 del 12 de agosto de 2009, expediente N° 2009-405, caso: Banco De Venezuela S.A. Banco Universal, señaló, que el recurso extraordinario de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-024, del 9 de febrero de 2017, expediente N° 2016-632, caso: Patricia Beatriz Rincón Paz de García y otro contra Gustavo Adolfo Rincón Paz, bajo la ponencia de quien suscribe la presente decisión como Magistrado de esta Sala).
Con base a los anteriores razonamientos, la Sala desecha la presente denuncia, por falta de técnica grave en su formulación que impide su conocimiento. Así se declara.
Finalmente, y no menos importante, considera la Sala necesario dejar claramente establecido lo que su doctrina ha señalado sobre el vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, que se ve reflejada entre otros, en sus fallos: N° RC-488, de fecha 20 de diciembre de 2002. Exp. N° 2001-741; N° RC-1030, de fecha 7 de septiembre de 2004. Exp. N° 2003-840; N° RC-1311, de fecha 9 de noviembre de 2004. Exp. N° 2003-1070; N° RC-546, de fecha 27 de julio de 2006. Exp. N° 2006-146; N° RC-857, de fecha 14 de noviembre de 2006. Exp. N° 2005-741; N° RC-208, de fecha 14 de abril de 2008. Exp. N° 2007-662; N° RC-576, de fecha 8 de agosto de 2008. Exp. N° 2006-1036; N° RC-655, de fecha 17 de octubre de 2008. Exp. N° 2008-167; N° RC-037, de fecha 19 de febrero de 2009. Exp. N° 2008-430; N° RC-149 de fecha 30 de marzo de 2009. Exp. N° 2008-662; N° RC-239, de fecha 5 de mayo de 2009. Exp. N° 2008-645; N° RC-397, de fecha 17 de julio de 2009. Exp. N° 2008-549; N° RC-90, de fecha 17 de marzo de 2011. Exp. N° 2009-435; N° RC-491, de fecha 27 de octubre de 2011. Exp. N° 2011-081; N° RC-257, de fecha 26 de abril de 2012, Exp. N° 2011-430; N° RC-540, de fecha 23 de septiembre de 2013. Exp. N° 2013-112; N° RC-122, de fecha 10 de marzo de 2014, Exp. N° 2013-364; y N° RC-092, de fecha 18 de febrero de 2016. Exp. N° 2015-568; donde se ha censurado la sentencia recurrida por inmotivación en el análisis de un medio de prueba, como vicio de forma en la elaboración de la decisión, en conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, más no por el vicio de silencio de pruebas, que debe ser denunciado por infracción de ley en base al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delaciones que son totalmente diferentes, atendiendo al criterio jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, que indica que dicho vicio constituye un quebrantamiento de fondo, como lo dispuso en su decisión del 10 de marzo de 1988, y no un vicio de actividad por inmotivación del fallo, como lo sustenta actualmente la doctrina de la distinguida Sala de Casación Social de este Máximo Juzgado, y como lo estableció esta Sala en su sentencia del 28 de abril de 1993, sosteniéndose actualmente dicho criterio desde hace más de dieciséis (16) años, conforme el cual, el vicio de silencio de prueba es un quebrantamiento de fondo por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concatenación con el artículo 320 ibídem, como lo dispuso esta Sala en su fallo N° 204, firmado el 14 de junio de 2000 y publicado el 21 de junio de 2000, expediente N° 1999-597, caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A., atemperado mediante sentencia N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, expediente N° 1999-889, caso: Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-358, del 14 de junio de 2016, Exp. N° 2015-803, caso: Irma Josefina Ramos Sánchez contra Willian José Pérez García y otros, bajo la ponencia del Magistrado que suscribe el presente fallo).
De igual forma se ha pronunciado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la inmotivación del fallo en el análisis de los medios de pruebas, en sus decisiones N° 891, del 5 de mayo de 2006, Exp. N° 2004-2326; N° 1619, del 24 de octubre de 2008, Exp. N° 2008-774, N° 33, del 30 de enero de 2009, Exp. N° 2008-220, N° 1065, del 10 de agosto de 2015, Exp. N° 2014-603; y N° 340 del 5 de mayo de 2016, Exp. N° 2016-066.
Así las cosas, esta Sala en su función pedagógica le reitera al formalizante, que tanto la inmotivación en el análisis de un medio de prueba como vicio de forma o defecto de actividad, y el silencio de pruebas como vicio de infracción de ley, son delaciones palmariamente diferentes, las cuales deben ser denunciadas de manera separadas e independientes, tal y como se ha reflejado en este fallo y en conformidad a la doctrina pacifica, reiterada diuturna y consolidada de esta Sala. Así se establece.
Por todo lo precedentemente expuesto, esta Sala determina que en virtud de haber prosperado una denuncia por infracción de ley, lo procedente y ajustado a derecho es declarar con lugar el recurso extraordinario de casación propuesto, ordenándose al juez superior que conozca del caso, dicte nueva sentencia en estricto acatamiento a lo establecido en este fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante reconvenida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 10 de febrero de 2016.
En consecuencia, SE ANULA la sentencia recurrida y SE ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión en estricto acatamiento a lo establecido en este fallo.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado superior antes mencionado, todo de conformidad con lo estatuido en los artículos 322 y 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecisiete Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vi-
cepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
___________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
________________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2016-000239
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario Temporal,
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