Venley

Sentencia N.º RC.000868

Sentencia
N.º RC.000868
Fecha
15/12/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-074
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000074

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En la acción de cumplimiento de contrato de opción de compra-venta de inmueble, incoada ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad de comercio denominada IMPORTADORA RADIANTE 10.000, C.A., representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Hugo Domínguez Landa y Dora Bello Martínez, contra el ciudadano IVÁN FRANCISCO GORRÍN PARRA, representado judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión José Araujo Parra; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia definitiva de fecha 12 de noviembre de 2015, declaró:

 

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta (…) en representación judicial de la parte demandada (…) contra la decisión dictada (…) por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Queda CONFIRMADO el fallo apelado en todas y cada una de sus partes.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda (…).

TERCERO: Se ordena al demandado ciudadano IVAN FRANCISCO GORRIN PARRA cumplir con vender el inmueble constituido por una casa quinta denominada MAIGUALIDA (…) en los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato de opción de compraventa (…); a la sociedad mercantil IMPORTADORA RADIANTE 10.000, C.A. la cual deberá cancelar el saldo deudor de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), del precio total del inmueble.

CUARTO: En el entendido que si la parte demandada no cumple voluntariamente con dicha condena, se ordena protocolizar la presente sentencia en la referida Oficina Registral, para que, conforme al artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, sirva de título de propiedad a favor de la demandante sociedad mercantil IMPORTADORA RADIANTE 10.000, C.A…”. (Mayúsculas y resaltado del fallo).

 

Hubo condenatoria en costas al demandado por haber resultado vencido totalmente de acuerdo a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, y por las costas del recurso de conformidad con el artículo 281 eiusdem.

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial del demandado, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo contestación tempestiva a la formalización.

En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional nombró Magistrados Titulares en la Sala de Casación Civil, quedando constituida de la siguiente forma: Magistrado Presidente Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrado Vicepresidente, Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; Magistrada Dra. Vilma María Fernández González y Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-ÚNICO-

Por vía de fundamentación señaló textualmente el formalizante lo que a continuación se transcribe:

 

“…CAPITULO I

Alego como motivo de casación el ordinal 1° del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia negativa.

Denuncio infringido por la recurrida, los artículos 12, ordinal 5° del 243 y en consecuencia el 244 todas normas del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, en los informes presentados ante la Alzada (sic), en el Capítulo I, Se (sic) alegó lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, solicito la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, por haber incurrido en el vicio de inmotivación, (…).

En efecto, la recurrida, al valorar la prueba de informes promovida por mi representado, declaró lo siguiente: (…).

Ahora bien, la recurrida declara que dicha prueba le da un valor de indicio, pero no señala (…).

En consecuencia, solicito muy respetuosamente a ésta Alzada, declare la nulidad de la sentencia de primera instancia.” (Fin de la cita).

La recurrida, en relación a éste punto se limitó a señalar lo siguiente:

“La representación judicial de la parte demandada, en la oportunidad de presentar su escrito de informes, ante esta alzada, señaló lo siguiente:

Que la recurrida al valorar la prueba de informes que había promovido su representado, le había dado un valor de indicio, (…).

Manifestó que de la prueba de informes se evidenciaba que la parte actora no tenía capacidad económica para cumplir con el otorgamiento del contrato de opción de compraventa ante el Registro, en la fecha límite que se había fijado contractualmente en la cláusula sexta del contrato, el cual vencía el veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013); y que la recurrida no había determinado que hechos se derivaban del indicio, habiendo así incurrido en el vicio de inmotivación.”

De la transcripción anterior se evidencia que no decidió el alegato formulado, donde se solicitaba que se declarara nula la sentencia de Primera Instancia por haber incurrido en el vicio de inmotivación.

En este orden de ideas, el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, señala claramente que la nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Primera Instancia que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244 (sic) debe hacerse valer por medio del escrito de apelación, como ocurrió en el presente caso; y, era deber del Juez declarar o no el vicio de la sentencia, lo cual no ocurrió porque no existe decisión expresa, precisa en relación al alegato formulado ante el Juez (sic) de Alzada (sic).

Con éste proceder ilegal, se infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que establece el deber de los Jueces (sic) de acuerdo a todo lo alegado en el proceso; y por otra parte, una violación del ordinal 5° del 243 (sic) que señala el deber de decidir con arreglo a las excepciones o defensas opuestas, como no ocurrió en el presente caso, infectando así de nulidad la sentencia de la cual se recurre, y así expresamente solicito a ésta Sala lo declare.

Por lo tanto al no dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 243 ejusdem, por vía de consecuencia, pido se declare nula la sentencia de la cual se recurre de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil que establece claramente una declaratoria de nulidad objetiva previsto (sic) en la ley…”. (Resaltado de la Sala).

 

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante, en su denuncia señaló que el ad quem incurrió en omisión de pronunciamiento por no haber decidido el alegato formulado en el escrito de informes ante la alzada, en la cual solicitó que “…se declarara nula la sentencia de Primera Instancia por haber incurrido en el vicio de inmotivación…”, y que por lo tanto, “…era deber del Juez declarar o no el vicio de la sentencia, lo cual no ocurrió porque no existe decisión expresa, precisa en relación al alegato formulado ante el Juez (sic) de Alzada (sic)…”.

Ahora bien, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda o en su reforma, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006, Exp. N° 06-067).

Ha sentado esta Sala en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado, en incongruencia negativa, citrapetita o incongruencia omisiva.

Así pues, la falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.

De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium-, pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.

Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, pues si así lo hiciera incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.

Y respecto a la incongruencia negativa sobre los alegatos esgrimidos en los escritos de informes u observaciones ante el juez de alzada, esta Sala, en su fallo N° RC-190 del 1° de abril de 2014, caso de Carmen Hernández contra Eduardo Sierra, expediente N° 13-712, determinó lo siguiente:

 

“Aunado a lo anterior, esta Sala ha señalado en torno a los alegatos esgrimidos en informes que son de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, lo siguiente:

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.

En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, la Sala de Casación Civil, ha sostenido lo siguiente:

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, alegatos de confesión ficta, reposición de la causa u otras similares esgrimidos en etapa de informes, son de obligatorio pronunciamiento por parte de la los sentenciadores de alzada so pena de incurrir en incongruencia, de lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento…” (Negrillas de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 5-5-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 5-2-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).

De las anterior transcripción se evidencia, que el requisito de congruencia ha sido extendido por la Sala a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Al efecto ver sentencia N° 502 del 17 de septiembre de 2009, caso: Ana Yudely Contreras Colmenares c/ Banco de Venezuela, C.A. Banco Universal).

De igual forma en sentencia de esta Sala N° RC-443 del 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602, caso: ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE contra PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se dispuso lo siguiente:

“…Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20/12/2006. Exp. N° 2006-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.

Dichos alegatos, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, mas no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno a un alegado de nulidad de la sentencia apelada, dado que los vicios de la sentencia de instancia no trascienden a casación, al ser esta sentencia sustituida por la de alzada; o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, o mediante la correspondiente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que degeneren en indefensión.

Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación. (Cfr. Fallo N° 555 del 23/11/2011. Exp. N° 2011-265).”

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que no todo alegato formulado en el escrito de informes u observaciones a los informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, son susceptibles de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento, dado que deben referirse a peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como son los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso. (Cfr. Fallos recientes de esta Sala N° 399, de fecha 3 de julio de 2015, y N° 432, de fecha 16 de julio de 2015, entre otros).

Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo del ad quem, que expresamente señaló lo siguiente:

“…DE LOS INFORMES EN ALZADA.

La representación judicial de la parte demandada, en la oportunidad de presentar su escrito de informes, ante esta alzada, señaló lo siguiente:

Que la recurrida al valorar la prueba de informes que había promovido su representado, le había dado un valor de indicio, pero no había señalado cuales hechos se derivaban de dicho indicio, ya que según lo contemplado en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debía tomar en consideración los indicios que fuesen graves, concordantes y en convergencia con los demás medios de prueba.

Manifestó que de la prueba de informes se evidenciaba que la parte actora no tenía capacidad económica para cumplir con el otorgamiento del contrato de opción de compraventa ante el Registro, en la fecha límite que se había fijado contractualmente en la cláusula sexta del contrato, el cual vencía el veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013); y que la recurrida no había determinado que hechos se derivaban del indicio, habiendo así incurrido en el vicio de inmotivación.

Denunció que la recurrida había infringido, por falta de aplicación el artículo 1.491 del Código Civil; y que en relación a la planilla para el pago del impuesto de enajenación de inmuebles, había declarado lo siguiente: (…).

Que en la recurrida se había desechado la mencionada planilla, porque no tenía sello ni fecha, y que había sido omitido el contenido del artículo 1.491 del Código Civil.

…Omissis…

Que en cuanto a que habían debido ser entregadas las solvencias a la parte actora, también se había tenido que entregar de acuerdo a la cláusula sexta los documentos identificatorios y Registro de Información Fiscal, para haber procedido a la protocolización del documento definitivo, mutilando dicha cláusula la recurrida.

…Omissis…

Que la falta de aplicación, había tenido influencias en el dispositivo del fallo, porque si la recurrida se hubiese dado cuenta que el trece (13) de enero de dos mil trece (2013), había sido domingo, mal hubiese podido declarar extemporánea las solvencias del día hábil siguiente; y que si la hubiese aplicado, hubiere concluido que las solvencias se habían obtenido en tiempo oportuno y que no había existido el incumplimiento declarado en la recurrida.

Solicitó se declara con lugar la apelación interpuesta y nula la sentencia recurrida.

Por su parte la representación judicial de la parte actora, en la oportunidad de presentar su escrito de informes, ante esta Alzada a los efectos de debatir el alegato de su contra parte, realizó una reseña del proceso así como de lo alegado por las partes en el mismo…”. (Subrayado y resaltado de la Sala).

 

Ahora bien, de acuerdo a lo antes transcrito se tiene que el ad quem en su fallo, señaló que el demandado en la oportunidad de presentar su escrito de informes ante la alzada, adujo que el juzgado de la primera instancia habría incurrido en el vicio de inmotivación del fallo al haber valorado la prueba de informes como un indicio.

De lo anterior, la Sala no verifica la violación de normas de orden público que incidan directamente en el debido proceso y derecho a la defensa del demandado por la falta de pronunciamiento con respecto a los alegatos esgrimidos en el escrito de informes ante la alzada, para decidir en torno al supuesto vicio de inmotivación incurrido por el juez de primera instancia en su fallo.

Así pues, tales alegatos del referido escrito de informes y expresados por el recurrente en su denuncia, no refieren a peticiones que aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, tales como, los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, etc., sobre las cuales los jueces de alzada si están en la obligación de dar pronunciamiento expreso de acuerdo a la amplia jurisprudencia emanada de esta Suprema Jurisdicción Civil sobre el referido tema, y así cumplir con la debida congruencia del fallo.

Aunado a lo anterior, de acuerdo al principio de la doble instancia, el ad quem por efecto de la apelación ejercida contra el fallo emanado de la primera instancia, pasa a adquirir plena jurisdicción sobre el asunto debatido con autoridad absoluta de decidir nuevamente la controversia, en la cual, decidirá de acuerdo a los alegatos de las partes procesales y a la valoración de las pruebas que hayan consignado al expediente, bien sea, confirmando o revocando con fundamento propio lo decidido por el juzgado de la primera instancia; aunado al hecho de que la sentencia de primera instancia es sustituida por la de alzada y en consecuencia esta última es la que es recurrible en casación, dado que los vicios de la sentencia de primera instancia no trascienden a la revisión de la Sala, que sólo conoce de los vicios delatados contra la sentencia de alzada.

Motivo por el cual, se determina que el ad quem no incurrió en el delatado vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento de los alegatos expuestos en el escrito de informes ante la alzada, y por ello, se declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Por vía de fundamentación, señaló textualmente el formalizante, lo que a continuación se transcribe:

 

“…CAPITULO II

En el presente caso, estamos en presencia de parte de mi mandante, de la excepción nom adipletis (sic) contractus, lo cual implica que mi presentado no cumplió con el contrato de opción de compra venta, porque la parte opcionada no cumplió con el contrato suscrito, y por ello, mi conferente tenía la carga de probar el incumplimiento de la parte actora en el presente proceso.

Alego como motivo de casación, el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 ejusdem.

Denuncio infringido por la recurrida los artículos 12, 433 y 506 del Código de Procedimiento Civil, por un error en la valoración de la prueba.

En efecto, la recurrida declaró con relación a la prueba de informes promovida y evacuada por mi mandante, lo siguiente:

“2.-Prueba de informes de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que se oficiara a CORP BANCA, BANCA (sic) UNIVERSAL, con el objeto de demostrar que la demandante fuera del lapso de prórroga del contrato, le había exhibido el cheque y sacado copia, pretendiendo que se prorrogara el tiempo ya que no había cancelado los impuestos, y que la chequera de donde se había emitido el cheque no se encontraba activada; y que el presunto pago de la ultima cuota había sido falseado.

Recibida dicha prueba ante el Juzgado (sic) de la causa, se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente: (…).

Se aprecia en dicha prueba que el titular de la cuenta distinguida con el número 121-0166-08-0107930 es la sociedad mercantil IMPORTADORA RADIANTE 10000, C.A; que el cheque número 63000095, se encontraba disponible al no haber sido presentada al cobro; que la cuenta para el día ocho (08) de febrero de dos mil trece (2013), no poseía fondos suficientes para cancelar la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). Queda comprobada la intención de cumplimiento por parte del actor. Así se decide…”. (Mayúsculas del texto).

De la anterior transcripción se evidencia que la recurrida en base al oficio emanado del CORP BANCA, BANCA (sic) UNIVERSAL, concluye que la copia del cheque que le fue entregada de la parte actora a mi mandante, aunque no tenía fondos para el día ocho (08) de Febrero de Dos Mil Trece (2013), concluye que quedó comprobada la intención de cumplimiento del contrato de opción de compraventa por parte accionante.

En la referida prueba de informe, que corre al folio ciento setenta y ocho (178) del expediente, emanado del Banco Occidental de Descuento (B.O.D.), se evidencia que “Para el día 08 de febrero de dos mil trece (2013), no existían fondos suficientes para cancelar la cantidad de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00)”.

En la contestación de demanda, se alegó lo siguiente:

“En consecuencia, mi representado obtuvo las solvencias vigentes antes del vencimiento del contrato de opción de compra-venta, y de ello tuvo conocimiento la parte actora cuando le firmó la “declaración y pago de enajenación de inmuebles para personas naturales y jurídicas” e igualmente cuando ya vencido el lapso de la opción de compra-venta, la parte actora pretendió entregarle un cheque por la suma de UN MILLÓN EXACTOS (Bs. 1.000.000,00), expedido del Banco Corp Banca C.A. Banco Universal, (…), librado a nombre de mi poderdante, pero dicho cheque no le fue entregado y pese a ello mi poderdante pudo sacar copia del mismo.”.

Cuando la recurrida, al analizar la prueba de informes declara que aún cuando el cheque que le fue entregado en copia a mi mandante no tenía fondos, establece como cierto el cumplimiento por parte del actor, lo cual es sorprendente la conclusión a la que se abstrae, porque si no tenía fondos mal podría plantearse que iba a cumplir con el contrato de opción de compraventa.

Con éste proceder ilegal, la recurrida infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, porque no decidió en relación a la prueba de informes que fue promovida y evacuada, extrayendo conclusiones erradas en relación a dicha prueba.

Infringió igualmente el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, porque error (sic) en la valoración de la prueba de informe, porque si está demostrado en el oficio emanado que no tenía fondos la parte actora, cuando se le permitió que extrajera una copia del mencionado cheque no puede concluirse que la parte actora cumplió con el contrato, por el contrario, al demostrase que no tenía fondos se infiere claramente que no existía la conducta de cumplir con el contrato de opción de compraventa, y yerra igualmente al hacer la valoración de dicha prueba porque concluye en forma ilógica al establecer que existe un cheque sin fondos lo cual implica que si cumplió la parte actora violando así la sana crítica en cuanto a la lógica, porque son argumentos que se contradicen entre sí.

Ésta errada valoración de la prueba de informe, tiene influencia en el dispositivo del fallo, porque si la recurrida hubiese valorado correctamente la prueba de informe, hubiese concluido que efectivamente la parte actora no cumpliría con el contrato de opción de compraventa, porque emitió un cheque haciendo creer a mi mandante que tenía el dinero para pagar el precio del contrato de opción de compraventa, y posteriormente se comprobó que no tenía fondos. Comprobándose por lo tanto, la excepción nom adipletis (sic) contractus alegada por ésta representación judicial…”. (Mayúsculas y cursivas del texto).

 

La Sala para decidir, observa:

El formalizante en su denuncia, señaló que el ad quem infringió los artículos 12, 433 y 506 del Código de Procedimiento Civil, por haber errado en la valoración de la prueba de informes promovida y evacuada por el demandado.

Y más adelante, señaló que el ad quem al analizar la prueba de informes declaró que aún cuando el demandado obtuvo la copia del cheque, éste no tenía fondos y establece como cierto el cumplimiento del contrato por parte del actor.

Ahora bien, la Sala observa que las normas delatadas como infringidas por el ad quem, no constituyen normas jurídicas expresas que regulen la valoración de la prueba, pues el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, contempla de manera general el principio de verdad procesal que ordena a los jueces tener por norte de sus actos la verdad, el principio de legalidad que consiste en que las autoridades no tiene más facultades que las que otorgan las leyes, y el principio dispositivo desarrollado ampliamente en el artículo 11 eiusdem, como patrones que deben seguir los jueces para juzgar.

Por su lado, el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil contempla la prueba de informes como medio probatorio sobre hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos o copias de los mismos, y el artículo 506 eiusdem, establece lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba.

Aunado a lo anterior, es de puntualizar que el formalizante obvió señalar en que forma el ad quem infringió las referidas normas, pues, no indicó si las mismas fueron por falsa aplicación, falta de aplicación o por error de interpretación de una norma jurídica expresa, lo cual, también es imprescindible para verificar si efectivamente el juez de alzada incurrió o no en el vicio delatado.

Establecido lo anterior, la Sala en su constante labor pedagógica considera importante señalar que el recurrente debió basar su denuncia en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

 

“Artículo 507.- A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica.”

 

Respecto a la sana crítica, la Sala en decisión N° RC-239 de fecha 5 de mayo de 2009, caso de Zoila Acosta contra Central Venezolana de Máquinas y Acero, S.A. (CEVENEMAC), estableció lo siguiente:

 

“…Ahora bien, respecto a las normas jurídicas expresas que regulan la valoración de las pruebas, en reiteradas oportunidades esta Sala ha dicho que son aquellas que establecen un determinado valor probatorio o tarifa probatoria o aquellas que aun cuando no establecen una tarifa determinada, indican al juez cómo debe proceder para valorar las pruebas.

De acuerdo con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el Sentenciador está obligado a aplicar la regla de la sana crítica o libre apreciación razonada a cualquier prueba en el proceso, cuando no “exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba”.

Asimismo, la doctrina patria ha establecido que a través de la sana crítica el Sentenciador tiene libertad de apreciar las pruebas aportadas al juicio de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según su criterio personal, son aplicables en la valoración de determinada prueba. (Henríquez La Roche, Ricardo: Código de Procedimiento Civil. Tomo III. Ediciones Liber, Caracas 2004, p. 594 y ss.)

En relación a la infracción por parte de los jueces de instancia en la apreciación de la pruebas según las reglas de la sana crítica y su control en casación, el autor patrio Román José Duque Corredor en su obra Apuntaciones Sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Tomo I, Ediciones Fundación Projusticia, Caracas, 2000, páginas 371 y 372. (Criterio doctrinario compartido por el también autor patrio Rodrigo Rivera Morales en su libro Las Pruebas en el Derecho Venezolano, Editorial Jurídica Santana C. A., Año 2002, Páginas 709 al 711), señala lo siguiente:

“…De dos formas el juez puede infringir el precepto contemplado en el artículo 507 del C.P.C., relativo a la apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica, a saber:

PRIMERA FORMA. Este caso se daría si el Juez (sic) prescindiera de las reglas de la sana crítica para interpretar y valorar la prueba y lo hiciera según su libre convicción, en cuyo caso violaría la norma de derecho que lo obliga a aplicar la sana crítica y no su libre criterio para apreciar las pruebas que no tengan reglas expresas para valorar su mérito; es decir, el artículo 507. La violación de la norma a la que nos hemos referido, puede ser controlada a través de la apelación y del recurso de casación. En efecto, el Juez (sic) de Alzada (sic) puede conocer tanto de los hechos como del derecho en virtud del poder de revisión que le da la admisión de la apelación y en este sentido, puede examinar si el Juez (sic) de la causa utilizó las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas que no tienen reglas expresas para valorar su mérito. Igualmente, en esta hipótesis, cabe el control de la Casación, conforme a lo previsto en el primer aparte del artículo 320 eiusdem, con la particularidad de que si este fuera el caso, es decir, que el Juez (sic) de la causa no hubiera apreciado las pruebas, según las reglas de la sana crítica, la Casación (sic) podría extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos mismos. La razón de que este control pueda ser ejercido hasta por la Casación (sic), estriba en la necesidad de frenar la inclinación que puedan tener los jueces de apreciar las pruebas libres según el sistema de la libre convicción.

SEGUNDA FORMA. Distinto sería el caso, si el Juez (sic) de la causa al aplicar las reglas de la sana crítica, incurriera en errores sobre los puntos de hecho examinados. Por supuesto que en este caso, también podría controlarse la infracción a través de la apelación, dada la amplia facultad del Juez (sic) de la Alzada (sic) para examinar las cuestiones de hecho en las que se basó el de la causa para decidir. En cuanto al recurso de casación, dado que la regla de la sana crítica es a su vez, una máxima de experiencia, la infracción de dicha norma, aunque no es de derecho, puede controlarse a través del recurso de casación en atención a que el ordinal 2° del artículo 313 del C.P.C., admite que se puede fundamentar este recurso en la violación de una máxima de experiencia. En este sentido, ya ha comenzado a formarse la doctrina sobre la casación en el nuevo Código. En efecto, la doctrina ha aclarado que el Tribunal (sic) de Casación (sic) sólo puede censurar cuando el Juez (sic) aplica erróneamente una máxima de experiencia, pero no cuando se inhibe de utilizarla, porque ello es facultativo de los jueces, según el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil de 1986. Sin embargo; si ante la ausencia de un valor tarifado, el Juez (sic) valora libremente la prueba, o le aplica la tarifa probatoria de otra prueba, en lugar de hacerlo conforme a la sana crítica, si hay lugar al recurso de casación por violación del artículo 507 del CPC conforme al artículo 320 eiusdem…”.

Ahora bien, de la doctrina nacional ut supra transcrita, se deduce que existen dos formas de infringir el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, con relación a las reglas de la sana crítica: la primera; cuando el juez, pese a la existencia de la norma que lo obliga a aplicar la sana critica se abstiene de aplicarla para interpretar y valorar la prueba, y lo hace según su libre convicción, en cuyo caso viola dicho artículo por falta de aplicación, ya que es la norma de derecho que lo obliga a aplicar la sana crítica y no su libre criterio para apreciar las pruebas que no tengan reglas expresas para valorar su mérito.

Cuya infracción puede ser controlado en casación con fundamento en lo previsto en el primer aparte del artículo 320 eiusdem, lo cual permite a la Sala extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos, cuyo control tiene como objetivo evitar que los jueces aprecien las pruebas libres según el sistema de la libre convicción no aceptado por nuestra legislación en relación al sistema de valoración de las pruebas. 

La segunda, cuando el juez de la causa aun cuando aplica las reglas de la sana crítica incurre en errores sobre los puntos de hecho examinados. En este caso, el control por tratarse de una regla de la sana crítica la cual a su vez constituye una máxima de experiencia, se realiza a través del recurso de casación en atención a lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el cual admite que se fundamente este recurso en la violación de una máxima de experiencia, cuya denuncia debe realizarse conforme al criterio doctrinario que al respecto ha elaborado esta Sala.

Por último, es de considerar el supuesto en el cual, si ante la ausencia de un valor tarifado, el juez valora libremente la prueba, o le aplica la tarifa probatoria de otra prueba, en lugar de hacerlo conforme a la sana crítica, habría lugar al recurso de casación por violación del artículo 507 ejusdem conforme lo establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

En este mismo orden de ideas, respecto a la censura en casación por violación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba libre, esta Sala en sentencia N° 656, de fecha 10 de noviembre de 1996, caso: Inversora Rival, C. A. contra la empresa Complejo Turístico Marbellasol C. A., expediente N° 98-268, estableció lo siguiente:

“…Del texto de la delación sub iudice se desprende que la recurrente le imputa a la recurrida, como vicio de juzgamiento, el pretenso error en la apreciación de la prueba de informes ex artículo 433 del vigente Código de Procedimiento Civil, rendida por la empresa CANTERA GUATAMARE, C. A.

Ahora bien, como con acierto reconoce la propia recurrente, “el juez debe aplicar los principios de la sana crítica para apreciar esta prueba (Art. 507)” (Henríquez La Roche, Ricardo; Código de Procedimiento Civil, Tomo III, Caracas, 1996, p. 322).

Lo anterior significa, siguiendo con ello la enseñanza del insigne procesalista Eduardo Couture (Couture, Eduardo; Las Reglas de la Sana Crítica en la apreciación de la prueba testimonial, Revista de Derecho Jurisprudencial y Administración, Tomo XXXVII, Montevideo, 1939, p. 272), que la censura en casación de la apreciación de la prueba de informes ex artículo 433 del vigente Código de Procedimiento Civil, exige enmarcarse como la violación de una máxima de la experiencia según lo previsto en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concordancia con el artículo 320 ibidem.

En este sentido, la doctrina patria expresa:

“La prueba de informes/ (…) En cuanto a su valor probatorio, el Juez (sic), ante la ausencia de una regla expresa de valoración, se atendrá a la sana crítica, es decir, a su propio juicio de valor, derivado de la lógica, la ciencia y la experiencia. La no apreciación de esta prueba por la regla de la sana crítica, puede dar lugar a uno de los casos de casación sobre los hechos, según lo determina el aparte primero del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, de acuerdo a una opinión doctrinaria, la que comparto, la Casación no sólo podría constatar si fueron o no aplicadas las reglas de la sana crítica, sino <también determinar si su aplicación fue realizada correctamente>. No obstante, como no se trata de regla normativa, no es posible denunciar la infracción de norma alguna, sino en todo caso, la violación de una máxima de experiencia, según lo prevé el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil o un falso supuesto, porque el Juez (sic) le haya atribuido al informe menciones que no tiene, o por haber desvirtuado las que sí tiene, conforme lo permite el primer aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”. (Duque Corredor; Román J.; Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L, Caracas, 1990, p. 219).

Sin embargo, la lectura de la delación sub iudice, revela que la recurrente no ubicó su planteamiento en la específica sub-hipótesis de violación de una máxima de la experiencia contemplada en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil…”.

La Sala reitera el precedente jurisprudencial, y deja sentado que la censura en casación en la apreciación de la prueba libre, exige enmarcarse como la violación de una máxima de la experiencia según lo previsto en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concordancia con el artículo 320 ibidem…”. (Subrayado y resaltado de la Sala).

De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, se exige al formalizante en casación que delate la apreciación de la prueba libre realizada por el juez, enmarcarla como una violación de una máxima de experiencia según lo previsto en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem.

En tal sentido, esta Sala se ha referido sobre las máximas de experiencias, entre otras, en sentencia N° RC-304 de fecha 11 de agosto de 2000, caso de Humberto Contreras contra Jorge Ribeiro, expediente N° 00-011, en la cual se señaló que “... Conforme a la doctrina de la Sala, las máximas de experiencia son conocimientos normativos que pertenecen a la conciencia de un determinado grupo de personas, espacio o ambiente; en fin, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos posteriores de cuya observación se han incluido y que, por encima de esos casos, pretendan tener validez para otros nuevos...”.

Por lo anterior, se concluye en señalar que al no haber cumplido el formalizante con la carga que la ley le impone para delatar en sede casacional la valoración de la referida prueba de informes, la Sala se ve impedida de poder efectuar el análisis que se pretende, pues, los hechos que fundamentan la denuncia no encuadran en los supuestos abstractos contenidos en los artículos 12, 433 y 506 del Código de Procedimiento Civil, y por ello, se desecha la presente denuncia por falta de técnica necesaria para su conocimiento. Así se decide.

-II-

Por vía de fundamentación señala textualmente el formalizante lo siguiente:

 

“…Alego como motivo de casación el ordinal 2° del artículo 313 en concordancia con el 320 ambas normas del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en una suposición falsa al dar por probado un hecho que resulta inexacto de actas o instrumentos mismos del expediente:

Denuncio infringido por la recurrida, los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, 1.359 y 1.491 ambas del Código Civil.

En efecto, la recurrida declaró lo siguiente:

…Omissis…

Con base a lo expuesto, la recurrida concluye en base a la Clausula Sexta del contrato de opción de compraventa, que la parte actora dio pleno cumplimiento a sus obligaciones, y señala que quien incumplió fue mi mandante.

Ahora bien, ciudadanos Magistrados, al analizar la cláusula sexta del referido contrato, el cual es un documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, y por ende surte efecto tanto entre las partes como en relación a terceros, mutila la referida cláusula la cual al ser copiada al pie de la letra es del tenor siguiente:

“SEXTA: EL OPCIONANTE se compromete a tramitar y obtener todas las constancias, cédula catastral, solvencia de Hidrocapital, RIF y demás recaudos que sean necesarios para proceder a la protocolización del documento definitivo de compraventa por ante la Oficina Subalterna de registro correspondiente, los cuales deberán ser entregados a LA OPCIONADA con 15 días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en la cláusula TERCERA. Por su parte, LA OPCIONADA se compromete a tener a disposición oportunamente los documentos identificatorios y el RIF que deban aportar para proceder a la protocolización del documento definitivo de compraventa por ante la Oficina Subalterna de Registro Correspondiente (sic).”

La parte actora, tuvo conocimiento de que nuestro mandante tenía la solvencia cuando firmó el documento para el pago del impuesto, pero no entregó en forma alguna ni el Registro de Información Fiscal, ni la Cédula de Identidad del Representante (sic) de la parte actora, lo cual impedía protocolizar el documento definitivo de compra venta.

Por ello, cuando la recurrida declara con base a la cláusula sexta que la parte actora dio pleno cumplimiento del contrato de opción de compra venta, incurrió en suposición falsa al dar por probado que la parte demandante cumplió con todos los requisitos para protocolizar el documento definitivo de compra venta, de lo cual no existe prueba en autos de dicho cumplimiento, y al dar por probado ese hecho infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil porque no decidió de acuerdo a lo probado en el presente proceso, e infringió por falta de aplicación el artículo 1.491 del Código Civil que establece en forma clara que los gastos de escritura y demás accesorios son de cargo del comprador, por ende, no consta que el comprador hubiese facilitado la documentación necesaria para la protocolización de la escritura, lo cual hace derivar que la excepción de contrato no cumplido resulta procedente en el presente caso.

Si la recurrida hubiese aplicado el artículo 1.491 del Código Civil, lo cual no hizo en el presente caso, hubiese concluido claramente en que la parte demandante no dio cumplimiento a las cláusulas del contrato de opción de compraventa.

Esta suposición falsa que es dar por probado el pleno cumplimiento de la actora del contrato de opción de compraventa, tiene influencia en el dispositivo del fallo, porque si hubiese aplicado correctamente las normas delatadas hubiese concluido lo siguiente:

1.- Que la parte actora no dio pleno cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de opción de compraventa.

2.- Que éste incumplimiento implica que mi mandante ejerciera como defensa la excepción de contrato no cumplido, porque la parte accionante no cumplió…”. (Mayúsculas, subrayado y resaltado del texto).

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, delató que el ad quem infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1.359 y 1.491 del Código Civil, por haber incurrido en el tercer caso de suposición falsa por dar por probado un hecho que resulta inexacto de actas o instrumentos mismos del expediente.

Más adelante el formalizante señaló, que el ad quem cuando declaró con base a la cláusula sexta que la parte actora dio pleno cumplimiento del contrato de opción de compra venta, incurrió en el tercer caso de suposición falsa al dar por probado que la parte demandante cumplió con todos los requisitos para protocolizar el documento definitivo de compra venta, de lo cual no existe prueba en autos de dicho cumplimiento.

Indicó además, que infringió por falta de aplicación el artículo 1.491 del Código Civil que establece en forma clara que los gastos de escritura y demás accesorios son de cargo del comprador, por ende, no consta que el comprador hubiese facilitado la documentación necesaria para la protocolización de la escritura, lo cual hace derivar que la excepción de contrato no cumplido resultó procedente en el presente juicio.

Finalmente señaló, que la infracción cometida por el ad quem tiene influencia en el dispositivo del fallo, pues, si hubiese aplicado correctamente las normas delatadas habría concluido en que la actora no dio cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de opción de compra-venta, y que ese incumplimiento condujo a que el demandado ejerciera como defensa la excepción de contrato no cumplido.

Ahora bien, a tenor de lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el tercer caso de suposición falsa ocurre cuando el juez da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos del expediente mismo.

De acuerdo con la doctrina de esta Sala, el señalado vicio debe referirse exclusivamente al establecimiento de un hecho positivo y concreto, quedando fuera de tal especie las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que no configura el vicio de suposición falsa, aun en el caso que dicha apreciación fuera errónea.

Así esta Sala en sentencia Nº RC-892 de fecha 19 de agosto de 2004, caso de Librería y Papelería Monoy, S.R.L., contra Alberto Velasco Godoy y otros, expediente Nº 04-127, estableció lo que a continuación se transcribe:

“...La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene” o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo” (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil)…”.

 

De igual manera, esta Sala en sentencia N° RC-173 de fecha 13 de abril de 2011, caso de Venequip, S.A. contra Cianfaglione, C.A. (CIANCA), expediente N° 10-627, señaló lo siguiente:

“…Este criterio ha sido reiterado por esta Sala, al señalar en ese mismo sentido que la suposición falsa constituye una excepción a la prohibición establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento, que impide a la Sala controlar el juzgamiento de los hechos, y por ende, deben ser objeto de interpretación restrictiva, en el sentido de que comprende tres modalidades, que consisten en: a) atribuir a actas o instrumentos del expediente menciones que no contienen, o b) establecer hechos con pruebas que no existen, o c) fijar hechos cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente. (Sentencia del 21 de mayo de 2004, caso: Carmen Reyna de Salazar, y otros contra Centro Turístico Recreacional Doral C.A.).

El tercer caso de suposición falsa, implica un error de percepción a través del cual el sentenciador afirma un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos del expediente o incluso cuando la afirmación falsa se refiere a una parte del documento en relación con otra parte del mismo...”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

De acuerdo a las anteriores jurisprudencias de la Sala, se tiene que la suposición falsa consiste en el establecimiento de un hecho positivo y preciso, que resulta ser falso al no tener soporte en las pruebas, bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque la prueba de la que se valió para establecer el hecho no aparece incorporada en los autos, o porque su inexactitud resulta de otras actas procesales, hipótesis estas previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, conforme a las cuales la Sala puede excepcionalmente extenderse al examen del establecimiento o apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia.

Ahora bien, como el mencionado vicio sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del Juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la Ley y la doctrina entienden por suposición falsa.

En tal sentido, esta Sala en su fallo N° RC-583, de fecha 27 de junio de 2007, caso de Silvia Durán contra Alberto Monasterio, expediente N° 05-615, dispuso lo siguiente:

 

“…En este orden de ideas se advierte, que el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del Juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia del falso supuesto o suposición falsa.

Para la formalización de la denuncia del vicio de suposición falsa, la Sala, en fecha 20-1-99, Exp. Nº 97-177, Sentencia Nº 13, ha elaborado la siguiente doctrina:

“...esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia....”

…Omissis…

Para que exista el vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto. Así ha dicho la Sala. “El falso supuesto se caracteriza por el error material. Pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba” (Sentencia de 17-5-60, G.F. Nº 28, seg. Etapa pág. 139); “no es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía” (Sentencia de fecha 1-2-62. G.F. Nº 35, seg. Etapa. Pág. 32). (Resaltado de la Sala).

 

De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, para que exista el delatado vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto, ya que el falso supuesto se caracteriza por el error material, pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba, pues, no es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía.

Establecido lo anterior, el artículo 1.491 del Código Civil, delatado como no aplicado por el recurrente, señala textualmente lo siguiente:

 

“Artículo 1.491.- Los gastos de la tradición son de cuenta del vendedor, salvo los de escritura y demás accesorios de la venta que son de cargo del comprador. También son de cargo de éste los gastos de transporte, si no hay convención en contrario.”

 

Por otro lado, la Sala considera necesario destacar respecto al artículo 1.359 del Código Civil, que el recurrente en casación obvió señalar en que forma el ad quem la infringió, pues, no indicó si la misma fue por falsa aplicación, falta de aplicación o por error de interpretación de una norma jurídica expresa, lo cual impide a la Sala verificar -respecto a esta norma- si efectivamente el juez de alzada incurrió o no en el vicio delatado, motivo por el cual, la Sala se abstiene de analizarla.

Ahora bien, respecto al punto de estudio la recurrida en la parte pertinente de su fallo, señaló lo siguiente:

 

“…Ante ello, el Tribunal observa:

La parte demandada, alega el incumplimiento por parte de la demandante al no haber cancelado el impuesto de la declaración y pago de enajenación para personas naturales y jurídicas; y con la finalidad de demostrar tal excepción de contrato no cumplido promovió e hizo valer a favor de su representada, la planilla de declaración y pago de enajenación de inmuebles para personas naturales y jurídicas número 00271227, expedida por el Servicio Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a nombre del ciudadano IVAN FRANCISCO GORRIN PARRA, la cual fue valorada por este Tribunal y que da por reproducida su valoración en este punto.

LA EXCEPCIÓN NON ADIMPLETI CONTRACTUS, se encuentra prevista en el artículo 1.168 del Código Civil, que textualmente expresa: (…).

De lo anterior se infiere, que la excepción del contrato no cumplido constituye, un procedimiento indirecto de cumplimiento y no un medio de extinción del contrato.

Doctrinalmente se considera que los requisitos para que prospere la excepción aludida, (…).

En el caso de autos, se evidencia que la defensa de contrato no cumplido alegada por el demandado esta (sic) contenida en el hecho de que como ya se dijo, la demandante no pagó la planilla de declaración de pago de enajenación de inmueble para personas naturales y jurídicas; cabe destacar que dicha planilla corresponde al pago anticipado del Impuesto Sobre la Renta de 0,5% sobre el monto de la venta; el cual si bien es cierto que debe ser cancelado, por ser un requisito necesario para que se produzca la venta; no es menos cierto, que es al vendedor a quien le corresponde cancelar todas y cada unas de las solvencias requeridas y necesarias para que se efectúe la venta, ya que sin ello, el vendedor no podría cumplir con la obligación de hacer la tradición, es decir otorgar el instrumento de propiedad, salvo que exista un pacto en contrario establecido por las partes, razón que excluye la pertinencia del alegato de la EXCEPCIÓN NON ADIMPLETI CONTRACTUS por parte de la demandada. Así se decide.

Decidido lo anterior, observa este juzgado que en este caso concreto, como ya fue apuntado, ha quedado demostrado, la existencia de la obligación; por lo que pasa este Tribunal (sic) a examinar la cláusula sexta del contrato cuya cumplimiento se demanda, la cual es del tenor siguiente:

“SEXTA: EL OPCIONANTE se compromete a tramitar y obtener todas las constancias, cédula catastral, solvencia de derecho de frente, solvencia de Hidrocapital, RIF, y demás recaudos que sean necesarios para proceder a la protocolización del documento definitivo de compraventa por ante la oficina Subalterna de Registro correspondiente, los cuales deberán ser entregados a “LA OPCIONADA” con 15 días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en la Cláusula TERCERA. Por su parte, LA OPCIONADA, se compromete a tener a disposición oportuna los documentos identificatorios y el RIF que deban aportar para proceder a la protocolización del documento definitivo de compraventa por ante la oficina Subalterna de Registro correspondiente “

El artículo 1.167 del Código Civil señala lo siguiente: (…).

De la redacción del artículo 1.167 del Código Civil, se infiere que, (…).

En este caso, se observa que lo controvertido se circunscribió únicamente a dos circunstancias: la actora alegó que los demandados incumplieron la obligaciones previstas en la cláusula sexta, ya que, a pesar de sus diligencias para que entregaran las solvencias necesarias para la venta no había sido posible que el demandado hiciera entrega de las mismas, lo cual había impedido el otorgamiento del documento definitivo de venta.

La demandada, por su parte, invocó haber cumplido con su obligación y obtenido las solvencias necesarias para la venta definitiva del inmueble antes del tiempo pactado en el contrato.

Ahora bien, de la revisión realizada al contrato cuyo cumplimiento se reclama, el cual fue valorado por este Tribunal en la oportunidad correspondiente, se evidencia que las partes pactaron un lapso de noventa (90) días continuos para el otorgamiento del documento definitivo, los cuales vencían el veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013), pactando igualmente de acuerdo con la cláusula anteriormente transcrita la entrega por parte del demandado de la documentación necesaria a los efectos de la firma del documento definitivo quince días antes al vencimiento del contrato, es decir, el dia (sic) catorce (14) de enero de dos mil trece (2013).

Debe destacarse que quedó demostrado en este caso, del análisis realizado a los documentos referentes a las solvencias, que si bien es cierto que se puede observar que los comprobantes de cobro números 000484159188, 00484159186 y 000482373426, emanados de la Administradora SERDECO, fueron expedidos de fecha catorce (14) de enero de dos mil trece (2013) y veinticinco (25) de octubre del dos mil doce (2012); que los certificados de solvencia de aseo urbano y domiciliario, certificado de solvencia del pago del impuesto inmobiliario fueron emitidos en el día catorce (14) de enero de dos mil trece (2013); el certificado de inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) perteneciente al ciudadano IVAN FRANCISCO GORRIN PARRA, fue expedido en fecha nueve (09) de marzo de dos mil diez (2010) con vigencia hasta el nueve (09) de marzo de dos mil trece (2013); que el recibo de pago de agua potable fue expedido el día catorce (14) de enero de dos mil trece (2013); no es menos cierto que la solvencia del Servicio de Agua Potable y Saneamiento fue emitida en fecha siete (07) febrero de dos mil trece (2013), es decir, con posterioridad a la fecha de vencimiento del lapso establecido por las partes para la entrega de los documentos necesarios para presentar el documento de venta definitivo ante el correspondiente Registro; así como con posterioridad al vencimiento del tiempo establecido en la cláusula tercera para el cumplimiento de la obligación. Así se decide.

Tales circunstancias llevan a la convicción de quien aquí decide, de que es impensable que el opcionante hubiera entregado las solvencias antes del vencido el plazo para que pudiera otorgarse el documento definitivo de compra-venta.

De lo anterior se desprende, a criterio de quien aquí decide, que quien efectivamente incumplió los lapsos establecidos en el contrato, concretamente, en la cláusula sexta fue el demandado, al no entregar con la antelación prevista, los documentos necesarios para el otorgamiento definitivo, tal y como se habían obligado. En consecuencia, es forzoso para este sentenciador, declarar procedente la pretensión que da inicio a estas actuaciones, de cumplimiento de contrato de opción de compra venta. Así se decide…” (Resaltado y subrayado de la Sala, mayúsculas del texto)

 

De acuerdo con la transcripción del fallo de alzada, se tiene que el ad quem después de analizar los instrumentos probatorios referidos a una serie de solvencias necesarias para la respectiva protocolización del documento definitivo de compra-venta del inmueble objeto de litis, declaró que quien efectivamente incumplió los lapsos establecidos en la cláusula sexta del contrato de opción de compra-venta del inmueble fue el demandado, por no haber entregado con la antelación prevista la solvencia del Servicio de Agua Potable y Saneamiento emitida en fecha 7 de febrero de 2013, es decir, con posterioridad al día 14 de enero de 2013, fecha tope establecida por las partes para la entrega de los documentos necesarios para presentar el documento de venta definitivo ante el Registro Inmobiliario.

Como puede observarse, el ad quem cuando declaró que el demandado fue quien incumplió lo pactado en la referida cláusula sexta del contrato, lo hizo como conclusión de orden intelectual respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, lo cual realizó después del estudio de los instrumentos probatorios traído por las partes al proceso y el análisis de las fechas de emisión de las solvencias y la fecha tope pactada para la entrega de las mismas, y por ello, declaró la procedencia de la acción incoada, no configurándose en consecuencia, con lo que la Ley y la doctrina inveterada de la Sala, entienden por suposición falsa.

En consideración a todos los fundamentos precedentemente expuestos, esta Sala declara la improcedencia de la denuncia del tercer caso de suposición falsa con infracción por falta de aplicación del artículo 1.491 del Código Civil, por no haber incurrido la recurrida en el vicio delatado; así como declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada, al haberse desechado todas las denuncias presentadas. Así se decide.-

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación incoado por la parte demandada, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de noviembre de 2015.

Se CONDENA a la recurrente demandada al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

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FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

___________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp. AA20-C-2016-000074

 

Nota: Publicada en su fecha a las (    )

 

 

 

Secretaria Temporal.

 

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