Venley

Sentencia N.º 341

Sentencia
N.º 341
Fecha
23/11/2018
Sala
Casación Penal
Expediente
A18-243
Ponente
Francia Coello González
Procedimiento
Avocamiento

 

Magistrada Ponente Dra. FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

En fecha 27 de septiembre de 2018, el abogado LUIS JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.727, actuando en su nombre y en defensa de sus derechos como acusado en el proceso penal seguido ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Extensión Territorial de Puerto Ordaz, regentado por el abogado Ricardo Javier García Ferreti, contenido en el expediente identificado con el alfanumérico FP12-P-2012-000475 (de la nomenclatura de dicho Tribunal), presentó ante esta Sala de Casación Penal, escrito contentivo de SOLICITUD DE AVOCAMIENTO CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE RADICACIÓN de la causa seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de Falsa Atestación ante Funcionario Público y Uso de Documento Falso, previstos y sancionados en los artículos 317 y 322 del Código Penal en relación con el artículo 319 eiusdem, respectivamente.

A la presente solicitud se le dio entrada el 1° de octubre de 2018, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2018-000243, y posteriormente el dos (2) de ese mismo mes y año se dio cuenta en Sala del recibo de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

DE LOS HECHOS

Del escrito de solicitud de avocamiento y radicación se desprenden los hechos siguientes:

“El caso que nos ocupa se inicia en fecha diecisiete (17) de junio de 2005, cuando pasadas las doce meridiano acudió al Despacho que yo regentaba como Juez Titular de la Corte de Apelaciones del Estado Monagas y Presidente del Circuito Judicial Penal, el Abogado Gustavo Medrano (+), (sic) quien para esa fecha se desempeñaba como Secretario de la Presidencia del Circuito Penal, contratado por la Dirección Administrativa Regional, para auxiliar al Juez Presidente del Circuito en la sustanciación de los expedientes disciplinarios y recepción de denuncias, y me informó que en la oficina de la Presidencia se encontraban cuatro Abogados (sic) quienes deseaban entrevistarse conmigo para interponer una denuncia contra el abogado JESUS (sic) RAMON (sic) VELLAFAÑE HERNANDEZ (sic), quien se desempeñaba como Juez Segundo en funciones de Control de esa Sede Judicial.

 

Ordené sus ingresos y los identifiqué como JOSE (sic) GREGORIO SUAREZ (sic) MOSQUEDA, LISBETH PERUGGINI AMARO, NELSON SILVA y JESUS (sic) CENTENO MEDRANO, quienes denunciaron al supra mencionado Juez de haberles impedido el ejercicio profesional en desmedro del derecho a la defensa de sus patrocinados en la Audiencia Preliminar del Asunto Penal NP01-P-2004-000417 y a tal fin consignaron una denuncia escrita, redactada a mano, y suscrita por todos ellos.

 

Así las cosas instruí al Abogado (sic)  GUSTAVO MEDRANO, quien estaba presente en la reunión, para que procediera a redactar un acta donde todos ellos ratificaban dicha denuncia, hecho éste que no pudo realizarse en ese instante pues el Juez denunciado los mandó a buscar con el Abg. EVANS PADILLA, Alguacil que estaba en la sala de audiencias. A los días posteriores observé a la Abogada (sic) LISBETH PERUGINI ratificando dicha denuncia en la sede de la oficina auxiliar de la Presidencia del Circuito y con posterioridad el Abogado GUSTAVO MEDRANO llevó ya conformado el expediente contentivo de la denuncia manuscrita y su posterior ratificación por sus denunciantes y le pedí la tramitara mediante oficio ante la Inspectoría General de Tribunales.

 

El 16 de junio del año 2009 tengo conocimiento que los Abogados (sic) NELSON SILVA y JOSE (sic) JESUS (sic) CENTENO habían presentado una denuncia ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público donde denunciaron que las firmas que se reflejan en el acta de ratificación elaborada en la sede de la Presidencia del Circuito no fueron realizados por ellos. A tal efecto la Fiscalía me citó inicialmente en calidad de testigo (14 de Julio (sic) de 2009), así como al Abogado (sic) GUSTAVO MEDRANO, y expuse lo que sobre el particular tenía conocimiento. Allí se tomaron muestras de mi escritura, al igual que a los denunciantes y al antes señalado Abogado (sic).

 

Posteriormente, y ante la recepción en el Despacho Fiscal de las resultas de la Experticia Grafotécnica solicitada, la cual reflejó que la única firma cierta en el acta de ratificación de los Abogados (sic) NELSON SILVA Y JOSE (sic) JESUS (sic) CENTENO era la que suscribía como Juez Presidente del Circuito, o sea la mía, cosa obvia y que desde el principio de la investigación asumí haber firmado todas las actuaciones incluyendo las actas de ratificación, resultando esa acta en exclusividad la señalada como que las firmas de los comparecientes fueron suplantadas, La (sic) Fiscalía Quinta del Ministerio Público me cita para que se lleve a cabo el acta (sic) de imputación al cual acudí en fecha ocho (08 (sic)) de Julio de 2010, oportunidad en la cual se me imputó (sic) la presunta comisión de los delitos de FALSA ATENTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO FALSO (…)”.

 

II

ANTECEDENTES PROCESALES DEL CASO

Consta en el expediente de la causa bajo estudio, que la solicitud presentada y suscrita por el abogado Luis José López Jiménez, en su nombre y en defensa de sus derechos como acusado, desarrolló una parte titulada “ANTECEDENTES PROCESALES DEL CASO”, en el cual se hace referencia a lo siguiente:

1) “(…) [E]n fecha ocho (08 (sic)) de Julio (sic) de 2010 se me imputó la presunta comisión de los delitos de FALSA ATESTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO FALSO, previstos y sancionados en los Artículos (sic) 317 y 319 del Código Penal. (Anexo A).- (sic)”.  

2) “En fecha 29 de Abril (sic) de 2011, la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Monagas consignó ESCRITO ACUSATORIO solo en mi contra [ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas] (…) Ello así se llevó a cabo la audiencia preliminar y en fecha 01 (sic) de Julio (sic) de 2001 decreta el pase a juicio del proceso. (Anexo B).- (sic)”.

3) “De esta decisión apelaron los Abogados (sic) JESUS (sic) VILLAFAÑE HERNANDEZ (sic), JOSE (sic) JESUS (sic) CENTENO y NELSON SILVA HERRERA, constituidos en acusadores particulares, de la cual conoció la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, por así haberlo resuelto esa Sala de Casación Penal ante la solicitud de Radicación propuesta por el Abogado (sic) VILLAFAÑE HERNANDEZ (sic), la cual se tramitó bajo la nomenclatura 11-367, Sentencia (sic)  N° 01 de fecha dieciocho (18) de Enero (sic) de 2012, Magistrada Ponente Dra (sic) (+) (sic) Ninoska Queipo (…) [E]n virtud de esta Decisión, (sic) la causa fue remitida al Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, y, específicamente a la Extensión Territorial Puerto Ordaz, domicilio de los querellantes JESUS (sic) CENTENO MEDRANO y NELSON SILVA HERRERA (adjunto copia simple de una de las tantas boletas de notificación libradas a estos abogados), asignándosele el Alfa Numérico FP12-2012-000475, y conociendo de la misma el Juzgado Segundo de Juicio a cargo de la Abogada (sic) ELENA DI CIOCCIO; la cual convocó al acto de constitución del Tribunal Mixto para el día 25/04/2012; es menester señalar que en esta Circunscripción Judicial la Corte de Apelaciones en Fallo (sic) dictado en el asunto penal FP01-R-2012-000059 del día siete (07 (sic)) de Junio (sic) de 2012 decretó la nulidad absoluta de la audiencia preliminar y de la acusación fiscal, celebrada en el estado Monagas y retrotrajo el proceso al estado de nueva imputación Fiscal (sic)”.

4) “Ante esta resolución de la Corte de Apelaciones, la Causa (sic) fue remitida a la Fiscalía Primera del Ministerio Público, despacho al cual fui citado el día veintitrés (23) de Octubre (sic) de 2012[,] fui impuesto de lo resuelto por la Corte y se me imputó por la comisión de los delitos de FALSA ATESTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO FALSO, previstos y sancionados en los Artículos (sic) 317 y 319 del Código Penal, oportunidad en la cual requerí, en uso de mi derecho a la defensa y de contraprobar (…) la práctica de las siguientes diligencias (…) Estas diligencias de investigación solicitadas no fueron realizadas por el Ministerio Público, ni se hizo constar su voluntad en contrario de estimarlas no pertinentes o innecesarias. En mayo de 2013, la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Extensión Territorial Puerto Ordaz presentó escrito acusatorio en mi contra.- (Anexo c todo lo anteriormente reseñado).- (sic)”.

5) “En fecha diecinueve (19) de junio de 2013, consigné por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Extensión Territorial Puerto Ordaz del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, escrito constante de cuarenta y cinco (45) folios útiles mediante el cual oponía a la Acusación (sic) Excepciones (sic), daba contestación a la misma y promovía las pruebas para el juicio oral y público. (Anexo D)”.

6) “En fecha treinta (30) de Septiembre (sic) de 2013, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia estadales (sic) y Municipales (sic) de la extensión Territorial Puerto Ordaz llevo (sic) a cabo la audiencia Preliminar (ANEXO E); al finalizar la misma se dictaron las siguientes resoluciones: 1) En cuanto a las excepciones este tribunal las declara SIN LUGAR por cuanto la (sic) misma (sic) fueron interpuestas en forma extemporánea por haber sido alegadas en la propia audiencia preliminar y que fueron consignadas el día 19 de junio de 2013[,] dos días antes de la audiencia preliminar, por lo que se había agotado el lapso para su interposición. (…) 4) Admite la Acusación Fiscal por los delitos de Falsa Atestación de Funcionario Público y Uso de Documento Falso y, agrega, sin que ellos hayan sido objeto del proceso previo, los delitos de ABUSO GENÉRICO DE FUNCIONES Y OCULTAMIENTO INUTILIZACIÓN, RETENCIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LIBROS U OTROS DOCUMENTOS, previstos en los artículos 67 y 78 de la Ley Contra la corrupción, (sic) alegados por los querellantes, todo ello en relación a los hechos ocurridos en fecha 22 de Junio (sic) de 2005”.

7) “De esta Resolución (sic) cuyo texto definitivo fue publicado el veinte (20) de Noviembre (sic) de 2013 y se ordenó notificar a las Partes, (sic) me di por enterado en forma expresa mediante escrito consignado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) en fecha martes diecisiete (17) de diciembre de 2013, consignando Recurso de Apelación en fecha veintisiete (27) de diciembre de 2013, (Contenido (sic) en el Anexo E) (…)”

8) “[L]a Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, en Sala Accidental por inhibición de uno de sus miembros (…) en Sentencia (sic) del año 2014 decretó la NULIDAD DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR y ordenó se volviera a realizar con prescindencia de los vicios denunciados”.

9) “Esta nueva Audiencia Preliminar (ANEXO F), se llevó a cabo el día 22 de Septiembre (sic) de 2014, en el Juzgado Cuarto de Control, presidido por la Abogada JERZYDYSS MARIGE RODRIGUEZ (sic), quien fue designada como Suplente Especial en forma temporal. Al finalizar la audiencia, la Jueza resolvió, entre otras cosas: (…) 3) Declara CON LUGAR la Excepción contenida en el Artículo (sic) 28.4 e), del Código Orgánico Procesal Penal y SUSPENDE el desarrollo de la Audiencia hasta que el ministerio (sic) Público lleve a cabo las diligencias de investigación solicitadas (…) 4) ADMITE PARCIALMENTE LA ACUSACIÓN FISCAL y se ordena SUBSANARLA (…)”.

10) “En este mismo Anexo F, se aprecia que el día trece (13) de marzo de 2015, seis meses después de la Audiencia Preliminar, la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, Sede Puerto Ordaz, presenta nueva ACUSACION, (sic) siendo esta la TERCERA ACUSACION (sic) propuesta por la Representación Fiscal por los mismos hechos. Asumiendo que la anterior había sido desestimada, tal como así lo ordena el Artículo (sic) 34.4 del Código Orgánico Procesal Penal al haberse declarado CON LUGAR la procedencia de la Excepción opuesta por la defensa en la Audiencia Preliminar en fecha 22/9/2014 (…) De esta Acusación (sic) se aprecia que el Ministerio Público desestimó casi todas las diligencias promovidas y ordenadas su evacuación por el tribunal (sic) Cuarto de Control; y, en relación a la Experticia documentológica de Comparación requerida RESOLVIO (sic) que era INOFICIOSO efectuar dicha comparación documentológica (…)”.

11) “En fecha cinco (05) de Agosto (sic) de 2015, el Ministerio Público remite al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control que conocía el Expediente (sic), por cuanto no había sido designado Juez en el Tribunal que conocía (Cuarto de Control), Oficio (sic) N° 07-2C-F2-2040-2015 mediante el cual anexa actuaciones complementarias, siendo las mismas el Oficio n° 9700-030-287 de fecha 23/7/2015, mediante (sic) el cual los funcionarios GLENIA DE FREITAS y YANI URBINA, expertos de la división de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (sic) – Caracas, informan que: ‘… NO ES POSIBLE ATRIBUIR O DESCARTAR AUTORÍA ESCRITURAL, DEBIDO A QUE SE REQUIERE EL MATERIAL DUBITADO PARA LOGRAR REALIZAR EL COTEJO RESPECTIVO Y LLEGAR A CONCLUSIONES CONFIABLES Y CATEGORICAS.’”.

12) “Ante esta situación el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control realizó la Audiencia Preliminar el día veinticinco (25) de enero de 2016, en la cual al finalizar resolvió: 1) Admite la Acusación Fiscal y medios de prueba promovidos; 2)Admite Parcialmente la Acusación Particular de los querellantes; Se admiten sus medios de prueba ofrecidos (sic) 3)No se pronuncia sobre las resultas de la tercera experticia por cuanto se requiere el material dubitado para llegar a una conclusión. (…) 5) Declara SIN LUGAR las nulidades invocadas por la defensa y las excepciones las declara extemporáneas”.

13) “(…) En fecha 03 (sic) de Marzo (sic) de 2016, estado (sic) aun la causa en el Juzgado Tercero de Control requerí Mediante (sic) escrito motivado se declarara la nulidad absoluto (sic) de lo actuado en virtud que se OMITIO (sic) pronunciamientos (sic) sobre las excepciones, solicitud (sic) de desestimación de las acusaciones y medios de prueba ofrecidos para un eventual juicio oral y público. No hubo pronunciamiento alguno por parte de la Jueza Tercera de Control”.

 14) “En fecha 22 de Junio (sic) de 2016 se dio inicio al Juicio Oral y Público por ante el Juzgado Primero de juicio (sic), el cual fue declarado interrumpido de conformidad con las previsiones del artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de Juez al concedérsele la Jubilación (sic) a la Jueza que lo regentaba. La presente causa penal fue reiniciada por el mismo Tribunal, toda vez que se realizó el nombramiento de otra Jueza”.

15) “En fecha 11 de Agosto (sic) de 2016 consigné por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la Extensión territorial Puerto Ordaz, escrito dirigido a la Jueza Primera de Juicio, en el cual expuse y solicité que: ‘…ocurro a los fines de solicitar de ese Tribunal (…) pronunciamiento expreso sobre mi escrito fechado 2 de marzo de 2016, sobre la DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR realizada inicialmente en fecha 22 de septiembre de 2014 y finalizada en fecha 25 de enero de 2016, Así (sic) como el AUTO DE APERTURA A JUICIO emitido en esa misma fecha, toda vez que en dicha audiencia y en dicho auto, se me cercenó flagrantemente el derecho a un juicio justo, imparcial y en condiciones de igualdad ante el Ministerio Público y los Querellantes (sic) , toda vez que se OMITIO (sic) pronunciamiento sobre los medios de prueba promovidos para el eventual juicio oral y público. (…) tales medios de prueba en mi descargo NO FUERON ADMITIDAS, (sic) NI SIQUIERA MENCIONADAS en la Audiencia Preliminar ni en el Auto de Apertura a Juicio (…)’”.

16) “El 16 de Agosto (sic) se dio Apertura al juicio (sic) oral y Público, y la Jueza de juicio luego de los formalismos de rigor procedió a informar a las PARTES la solicitud transcrita anteriormente y les permitió hacer el uso de la palabra para que se pronunciaran sobre la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA planteada por mi persona. Al finalizar la misma se declaró LA NULIDD (sic) ABSOLUTA de la AUDIENCIA PRELIMINAR y del AUTO DE APERTURA A JUICIO toda vez que en el desarrollo de la misma se vulneraron principios y garantías constitucionales como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley, el debido proceso, derecho (sic) a la defensa y normas de orden público en el tribunal de Control (…).

17) “De esta decisión apelaron los Abogados (sic) Querrellantes y la Corte de apelaciones, (sic) Extensión Ciudad Bolívar, actuando en Sala Accidental, quien como se dijo anteriormente se inhibía de conocer el presente asunto dado su otrora sociedad con los querellantes, decretó SU NULIDAD y ordenó devolver el expediente al tribunal de Juicio para que se llevara a cabo el juicio Oral y Público”.

18) “En razón de tal resolución está previsto por el Juzgado Segundo de Juicio dar inicio al Juicio oral y público en fecha inmediata”.

 

El 24 de octubre de 2018, se recibió por Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un escrito presentado y firmado por el ciudadano Luis José López Jiménez, en el cual se señala lo siguiente:

 

“... ocurro para NOTIFICAR que fui citado a comparecer el próximo día lunes 29 de octubre de 2018 ante el Juzgado Segundo (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los fines de la apertura del juicio oral y público por el cual solicité de este Alto Tribunal se AVOCARA al conocimiento de la misma dado a las graves omisiones en que incurrieron en forma reiterada los jueces de control y la Corte de Apelaciones…”.

 

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

Y SOLICITUD DE RADICACIÓN

Asimismo, el prenombrado abogado refiere un título como “FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO”, describiendo lo que, a su criterio, constituyen los motivos para justificar estas pretensiones, señalando:

“... [D]enuncio ante esa Alta Instancia Judicial que en este juicio se ha incurrido en graves infracciones al debido proceso constitucional, todos en contra de mis derechos a un juicio justo, transparente y en resguardo a la tutela judicial efectiva, que pone en serias dudas que el injusto proceso al cual se me ha sometido a lo largo de más de ocho (8) años con la obligación del traslado permanente a más de doscientos (200 kilómetros) de mi sitio de residencia para asistir a las audiencias, con riesgos manifiestos de sufrir daños a mi integridad física y a mi patrimonio debido a la inseguridad reinante en las carreteras del sur del estado Monagas y al mal estado de la vía, son consecuencias de extrañas decisiones, las cuales me hacen presumir que estoy en medio de un proceso manipulado dado el nexo de los Querellantes (sic)  con quien era Presidente del Circuito Judicial Penal y ahora miembro de la Corte de apelaciones de la Extensión Territorial Puerto Ordaz, estas graves irregularidades son: 1) La presentación de tres (03) Acusaciones (sic) por parte del Ministerio Público por los mismos hechos en mi contra, ello debido a las declaratorias de nulidad previamente presentadas, sin que haya decretado el sobreseimiento de la Causa, (sic) tanto por así establecerlo el Código Orgánico Procesal Penal (Artículo (sic) 34.4), al desestimarse las acusaciones fiscales por haber sido promovidas ilegalmente por incumplir los requisitos de procedibilidad para intentarla; y por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal2..- (sic) Estos actos conclusivos son: a. Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Monagas fecha de la acusación catorce (14) de Abril (sic) de 2011. (ANEXO B); Anulada mediante Sentencia (sic) de fecha 07/06/2012 por la Corte de Apelaciones del Circuito judicial (sic) Penal del Estado Bolívar. La Corte de Apelaciones debió, y no lo hizo, en razón de la nulidad decretada que abarcó el acto conclusivo del Ministerio Público, 1) decretar el sobreseimiento; 2) Anular la medida cautelar que aún me impide salir del territorio nacional luego de ocho años. B. Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Bolívar, extensión Territorial puerto (sic) Ordaz en fecha 21 de marzo de 2013. Esta Acusación (sic) fue impugnada mediante la Excepción prevista en el Artículo (sic) 28.4, letra e) del Código Orgánico Procesal Penal y declarada CON LUGAR en la Audiencia Preliminar realizada el día 22/9/2014 por el Juzgado Cuarto de control, (sic) teniendo como consecuencia procesal el Sobreseimiento de la Causa (sic) en atención a las previsiones del Artículo (sic) 34.4 de la norma adjetiva penal, lo cual no fue así decretado en la Resolución emitida por la Jueza suplente en el Tribunal Cuarto de Control.- (sic) c. Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Bolívar, extensión Territorial Puerto Ordaz, (ANEXO F); consignada en fecha 13 de marzo de 2015 por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones (sic) de Control. Admitida en su totalidad en Audiencia Preliminar de fecha 25 de enero de 2016.- (sic). 2) Las recurrentes decisiones de los Jueces que regentaron los Juzgados Tercero y Cuarto de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control de la Extensión puerto (sic) Ordaz del estado Bolívar, tres (03) en total que omitieron pronunciarse sobre mi escrito de Contestación (sic) a la acusación Fiscal, (sic) en la cual se proponían obstáculos al ejercicio de la acción penal y se promovían pruebas para un eventual juicio oral y público. a. En ese contexto denuncio que en primer término tenemos la resolución emanada del Tribunal Cuarto de Control con ponencia del Abogado (sic)  HERNAN (sic) EDUARDO BOGARIN, quien en fecha 30/9/2013 llevó a cabo la Audiencia preliminar, (sic) quien señaló que desestimaba las excepciones opuestas pues en su criterio las mismas se alegaron en la audiencia oral, obviando que ellas formaban parte del escrito de contestación. Este Juez por no revisar el iter procesal que refleja el juris 2000 no apreció que el día 21 de mayo de 2013 solicité (…) se decretara la nulidad del auto que fijo (sic)  la audiencia preliminar pues fui notificado un día antes de la audiencia preliminar, requiriendo del juzgador se me garantizara el derecho a la defensa mediante la notificación oportuna del acto fijado. Sobre ese escrito de solicitud de nulidad el juez Cuarto de Control no emitió pronunciamiento alguno, sino que en la sentencia indicó que mi escrito para cumplir la carga procesal contenida en el Artículo (sic) 311 del adjetivo penal fue extemporáneo ya que era hasta el quinto día hábil a la audiencia, obviando que me notificó del acto el día anterior, o sea el día 20 de mayo de 2013, apreciándose del físico de la boleta N° FJ12BOL2013011764 que la misma fue elaborada cinco días continuos antes de la audiencia. b. En segundo lugar tal agravio se vuelve a repetir en la Audiencia Preliminar llevada a cabo por la Jueza Cuarta de Control en fecha 22 de septiembre de 2014, pues la misma se limitó a indicar que el Ministerio Público lleve adelante las diligencias de investigación que yo había solicitado en el acto de imputación, mas no se pronuncia sobre los demás medios probatorios ofertados e incurre en una grave omisión al no proceder en atención a lo que establece el artículo 34. (sic) Numeral (sic) 4 del Código Orgánico Procesal Penal y decretar el sobreseimiento de la causa, limitándose a suspender la audiencia preliminar, hecho insólito éste pues no está estipulado en el señalado código adjetivo. c. La realizada en el Juzgado Tercero de Control (sic) de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control de la Extensión puerto (sic) Ordaz del estado Bolívar en fecha 25 de enero de 2016, que insistió, a pesar de que la Corte de Apelaciones hay (sic) se había pronunciado sobre el particular, en señalar porque fueron promovidas extemporáneamente; y, lo más graves (sic) omitió pronunciarse sobre los medios de prueba ofertados para el juicio oral y público. (…) Si ya la misma Sala Constitucional había resuelto, con antelación a las tres audiencias preliminares, para ser cumplido a cabalidad por los Jueces de la República que debían tomar las previsiones necesarias a los fines de notificar con suficiente antelación a las partes de la realización de la audiencia Preliminar (sic), es inexplicable entonces que se haya repetido en tres oportunidades el mismo garrafal error en agravio a mi derecho a un juicio apegado al debido proceso en una misma jurisdicción.

Es muy grave la actuación de la Corte de Apelaciones del circuito (sic) judicial (sic) penal (sic) del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, al resolver el recurso de Apelación N° FP01-R-2016-000141, pues los mismos recurrentes admiten, y así lo reproduce la corte (sic) de Apelaciones, que existió una omisión en la decisión que emitió la Jueza tercera (sic) de Control[,] Abg. Vestalia Maestracci, posteriormente excluida del Poder Judicial, al no pronunciarse sobre las pruebas promovidas por la defensa; resolvió en definitiva anular el procedimiento emanado de la Jueza Primera de Juicio que NULO (sic) la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio por apreciar que en la misma se vulneró la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto no obtuve el pronunciamiento correspondiente a mi solicitud; así como el derecho a la defensa, que es el equilibrio necesario entre las partes que intervienen en el proceso, que exige de manera rigurosa el pleno ejercicio del derecho a la defensa.

La Jueza de juicio al constatar que en la audiencia preliminar se me había conculcado el derecho a la defensa, mediante la omisión de pronunciamiento que se materializa en la imposibilidad del ejercicio pleno de dicho derecho y a obtener del Juez la tutela judicial efectiva, resolvió que ese proceso no podía continuar, pues en el mismo se habían quebrantado formas sustanciales que en definitiva implicaban la violación de (sic) o inobservancia de derechos y garantías constitucionales, constituyendo ello NULIDAD ABSOLUTA de imposible saneamiento como aducen los querellantes recurrentes.

Señores Magistrados, las violaciones a las garantías constitucionales que constituyen  el debido proceso y que están consagradas como derechos fundamentales, no deben ser entendidas únicamente, en que estas violaciones e inobservancia de los procesos o procedimientos establecidos, que constituyen el principio de legalidad solo acarrearían la sanción legal de Nulidad, (sic) es decir, ser susceptibles de ser declarados nulos por no ser cónsonos dichos actos procesales con la constitución, las normas procedimentales y los tratados, convenios y pactos suscritos y ratificados por la República en materia de DDHH.

(…)

La Corte de Apelaciones advirtió el acto defectuoso llevado a cabo por la Jueza Tercera de Control, mas no emitió pronunciamiento sobre el mismo, lo cual era de su obligación, pues es, al igual que todos los jueces de la República, garante de la constitución (sic)  y del debido proceso, obligación ésta que cobra más relevancia en sede penal.

Otra situación la constituye la intervención completamente ilegal de tres abogados que se ha (sic) erigido como víctimas, en la presunta comisión de delitos contra la fé (sic) pública cuya víctima cierta es el Estado Venezolano (sic), pues se le imputan tales delitos a una persona que estaba investido de funciones públicas. Sobre este particular ha sido constante nuestra oposición a que el Abogado (sic)  JESUS (sic) RAMON (sic) VILLAFAÑE participe en el proceso toda vez que no es víctima en los hechos, es un extraño a la relación procesal cuya referencia deriva a que contra el mismo fueron dirigidas varias denuncias, entre ellas las de los otros dos Abogados (sic) pero que la misma Sala Político Administrativa (…) dejo (sic) establecido que solamente se tomó en consideración para el despido del señalado Abogado (sic)  del cargo de Juez de Primera Instancia aquellas denuncias y entrevistas practicadas por la Inspectoría General de Tribunales y ellos no fueron contactados por el funcionario comisionado para instruir la averiguación disciplinaria.- (sic)

Este largo proceso penal ha dado lugar a que se produzca la prescripción de la acción penal de conformidad con lo previsto en los artículo (sic)  108.4 del código (sic) penal (sic) en relación con los Artículos (sic) 110 y 37 eiusdem, sin que a la fecha se haya resuelto sobre el particular.- (sic)

(…)”.

 

Asimismo, el prenombrado abogado refiere un título como “DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN”, describiendo lo que, a su criterio, constituyen los motivos para justificar estas pretensiones, señalando:

“Señores Magistrados, ya no sentimos, ni en lo personal, ni mis defensores, que este proceso penal se esté conduciendo al amparo de la constitución, (sic) palpamos que detrás de todos esos errores casuales en los actos fundamentales en el proceso, existen maniobras de terceros sobre los jueces, y, eso solo lo pueden realizar aquellos que tienen ascendencia sobre éstos.

Como ejemplo de ello debo citar la persistente intención de que esta causa sea tramitada por ante el juzgado (sic) Segundo de juicio (sic)  a cago del Abogado (sic) RICARDO FERRETI, a quien le fue asignada la causa sin la distribución correspondiente, y a quien hemos recusado por esta circunstancia como haber sido encontrado hablando en el pasillo con los Querellantes (sic). Ambas recusaciones fueron declaradas inadmisibles por la Corte de Apelaciones donde funge como miembro el ex socio (sic) de los querellantes, el Abogado (sic) GILBERTO LOPEZ (sic). Esta asignación se hizo en contra de lo que estipula el Artículo (sic) 97 del código orgánico procesal penal, (sic) y, a pesar de haberse denunciado ello ante la Corte de apelaciones (sic) ésta hace mutis sobre el particular”.

 

            Finalmente, solicitó:

                                                   “III

                                            PETITORIO

 

Por las razones que he expuesto pido muy respetuosamente a esta distinguida Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que sean ADMITIDAS Y DECLARADAS CON LUGAR las presentes solicitudes DE AVOCAMIENTO Y RADICACIÓN; y en consecuencia se tomen las decisiones que sean menester para que resplandezca la justicia y la equidad”.

 

IV

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, conozca de las solicitudes de Avocamiento y Radicación, materializadas en el proceso penal en curso, se encuentran establecidas tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En tal sentido, la figura del avocamiento prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 31, numeral 1 y en el artículo 106, que establecen, respectivamente, lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TÍTULO III

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo I

De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia

 

                                          “Competencias comunes de las Salas

Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone la Ley. …”.

 

TÍTULO VII

DE LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo III

Del Avocamiento

 

                                                                                   “Competencia

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.”.

Se desprende de las mencionadas disposiciones legales, que se atribuye a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer de las solicitudes de avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre la misma, para resolver si asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal. Siendo así corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la presente solicitud de avocamiento por ser la causa de naturaleza penal.

Por otra parte, el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TÍTULO III

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo I

De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia

 

                            “Competencias de la Sala [de Casación] Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio…”.

Asimismo el último aparte del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

TÍTULO III

DE LA JURISDICCIÓN

Capítulo II

De la Competencia por el Territorio

 

“…El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud...”.

De los artículos antes transcritos, se evidencia que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de las referidas solicitudes. Así se decide.

V

DE LA ADMISIBILIDAD

En la presente solicitud, el abogado Luis José López Jiménez, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos como acusado en el proceso penal seguido ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión territorial de Puerto Ordaz, regentado por el abogado Ricardo Javier García Ferreti, contenido en el expediente identificado con el alfanumérico FP12-P-2012-000475 (de la nomenclatura de dicho Tribunal), presentó ante esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de avocamiento y radicación de manera conjunta.

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de partes, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad, y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Sobre la figura del avocamiento, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 106, 107, 108 y 109, anuncia lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TÍTULO VII

DE LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Capítulo III

Del Avocamiento

“Competencia

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el Estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

  Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

 

       Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

 

     Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al Estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.”.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional en decisión núm 2.147, del 14 de septiembre de 2004, (caso: Eugenio Manuel Alfaro), apuntó:

 “…es necesario advertir que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen…”.

De las normas y jurisprudencia antes citadas, debe deducirse que el avocamiento será procedente solo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, que se produzcan en la tramitación de algún asunto cursante ante los Tribunales de la República, cualquiera que sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

De acuerdo con lo anterior, la Sala de Casación Penal, en sentencia núm. 173 del 2 de mayo de 2017, sobre los requisitos de admisibilidad para la solicitud de avocamiento estableció:

“…el avocamiento será ejercido sólo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, además, de la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, de allí que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento…”.

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, de allí que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” (vid. Sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009, 287 del 25 de julio de 2016, 351 del 11 de octubre de 2016, y 451 del 14 de noviembre de 2016).

En cuanto a la radicación, cabe destacar que como principio general del proceso penal, la competencia territorial de un tribunal para el conocimiento de un hecho punible está determinada por el lugar donde se haya consumado el delito, según lo establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

TÍTULO III

DE LA JURISDICCIÓN

Capítulo II

De la Competencia por el Territorio

 

 “Competencia Territorial

Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.

En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se hay ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.

En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.

En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado”.

Esta Sala de Casación Penal, definió la radicación en la sentencia núm. 1244 del 2 de octubre del 2000, de la siguiente manera:

“La Radicación consiste en el traslado de un juicio de un tribunal a otro de igual categoría, pero de otro Circuito Judicial Penal de distinta Circunscripción Judicial, y solamente procede en los casos concretos, en los cuales, por circunstancias graves la ley permite apartarse del principio general conforme al cual ‘la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado’ (…)”

Por ello, la radicación se constituye como una excepción a la regla de competencia territorial, según la cual, ésta se determina por el lugar donde el delito o la falta se hubieran consumado; y, mediante dicho instrumento se excluye del conocimiento del juicio penal al tribunal correspondiente, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía perteneciente a un circuito judicial penal diferente, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal que incidan en su desenvolvimiento o influyan en el ánimo de los jueces o juezas a quienes corresponda el conocimiento del asunto.

Al respecto, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

TÍTULO III

DE LA JURISDICCIÓN

Capítulo II

De la Competencia por el Territorio

 

   “Radicación

Artículo 64. Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”.

Este artículo determina los supuestos para la procedencia de la radicación, siendo éstos los siguientes:

1) Debe tratarse de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2) Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

De ahí que, la radicación tiene como objetivo garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y la protección del derecho a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de idoneidad, transparencia e independencia del órgano que juzga.

Sobre la procedencia de la radicación, la Sala de Casación Penal en sentencia núm. 372 del 16 de junio de 2005, ratificada en sentencias núm. 587 del 20 de noviembre de 2009, núm. 297 del 30 de julio de 2012 y núm. 175 del 11 de abril de 2016, dejó establecido lo siguiente:

"(...) [L]a radicación en un juicio no debe ser utilizado de manera discrecional, deben existir circunstancias claras y precisas establecidas en la ley para que la misma pueda proceder, ya que separar del conocimiento de la causa al juez que le corresponde, bien sea por el territorio o por la materia, es decir, al juez natural del imputado, sin concurrir los supuestos que contempla el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal [hoy artículo 64], sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía Constitucional al debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

En ese orden de ideas, la radicación de una causa, se constituye como una excepción a los principios de competencia territorial y del juez natural, procurándose el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, celeridad procesal, garantías constitucionales y legales del proceso penal acusatorio venezolano; y para que sea procedente, deberán existir circunstancias claras y precisas establecidas en la ley, al menos, uno de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Texto Adjetivo Penal. De igual manera, cuando se trata de alarma o escándalo público, este debe ser de tal magnitud, que influya injustamente en el proceso valorativo del juez o la jueza que va a dictar el fallo.

 Al respecto ha sostenido la Sala Constitucional, en sentencia núm.1799, de fecha 3 de julio de 2003, que:

“… la radicación de un juicio es una figura procesal prevista como una excepción a la regla de competencia por el territorio que, a diferencia de la competencia por la materia, es derogable pues no trastoca la idoneidad del juez, por el contrario la radicación mantiene y preserva -en cambio- las condiciones que dicho juez debe reunir para administrar justicia (objetividad, independencia e imparcialidad), conforme lo impone el Texto Fundamental, al trasladarle el conocimiento de la causa a un juez con competencia en la materia pero de otra localidad.”.

De igual manera, estableció esta Sala, mediante sentencia núm. 37, del 1° de febrero de 2016, lo siguiente:

“… [L]a ley garantiza la debida imparcialidad de los administradores de justicia, a través de una serie de normas a las cuales pueden recurrir las partes para hacer efectiva dicha imparcialidad. Por ello, esta Sala advierte que, la desconfianza que manifiesten las partes sobre los jueces y juezas, así como, los demás órganos que ejercen la investigación penal (Ministerio Público y órganos de policía de investigaciones penales), no supone a priori una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, la alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito o que el proceso se haya paralizado indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y suplentes.”.

De lo anterior, la Sala de Casación Penal en cuanto a lo solicitado por el abogado Luis José López Jiménez, determinará si la acumulación realizada en el escrito libelar es procedente en definitiva; o por el contrario, se configura una inepta acumulación de pretensiones, conforme a la ley y la jurisprudencia reiterada de esta Sala.

Del escrito interpuesto por el abogado Luis José López Jiménez, se extrae que la misma invoca en el contenido de su escrito y finalmente en su petitorio, dos figuras procesales distintas, como lo son el avocamiento y la radicación, arguyendo lo siguiente: “(…) que sean ADMITIDAS Y DECLARADAS CON LUGAR las presentes solicitudes DE AVOCAMIENTO Y RADICACIÓN (…)”

En este sentido, resulta necesario traer a colación lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

De los órganos judiciales

Capítulo I

Del Juez

SECCIÓN VII

De la acumulación

 

“Artículo 78: No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre s텔

De la norma transcrita, se observa claramente que no se puede acumular en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, estando permitido acumularlas solamente cuando se pida que su resolución sea una como subsidiaria de la otra, siempre que sus procedimientos no sean incompatibles entre sí.

Del análisis realizado a la causa que nos ocupa, es evidente que la situación sometida a examen de esta Sala, constituye, un supuesto de inepta acumulación de pretensiones, por cuanto se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, las cuales se excluyen entre sí, en lo que respecta a la incompatibilidad de los procedimientos aplicables.

Es preciso aclarar que el efecto de la admisión de solicitud de Avocamiento, es la suspensión inmediata del curso de la causa, la prohibición de realizar cualquier clase de actuación, por lo que serán nulos todos los actos y diligencias que se dicten con posterioridad a la admisión del mismo, así como la expedita remisión de la causa a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y, una vez recibido el expediente en esta Sala y estudiado el punto objeto de la pretensión, la decisión que resulte puede decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado en que se generó la violación denunciada, o decretar la nulidad de algún o algunos actos en específico del proceso con el objeto de restablecer el orden jurídico, o bien, ordenar la remisión del expediente a otro tribunal competente por la materia para que continúe conociendo de la causa, ello implica la sustracción de la causa de su juez natural, que surge con ocasión de un Avocamiento, pero bajo ningún concepto se examinan las exigencias establecidas en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la radicación de la causa.

Con respecto a la institución de la radicación no ocurre bajo ninguna circunstancia, la suspensión de la causa, ya que, lo que se busca es celeridad procesal, por lo que mal puede cualquier Tribunal de la República paralizar un proceso penal con motivo de una solicitud de radicación, siendo que su finalidad es evitar poner en riesgo las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de ser juzgado por el juez natural, contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, el Avocamiento es de carácter excepcional y se fundamenta en la trascendental vulneración de garantías constitucionales y legales dentro del proceso en curso, bien, cuestionando la sustanciación del procedimiento, o la decisión adoptada por el juez de la causa, teniendo como fin primordial restablecer la situación jurídica infringida y resguardar los derechos de los justiciables, pudiendo la Sala emitir un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, cuando se resuelve una solicitud de radicación, la Sala no puede conocer del fondo del asunto, ya que solo debe circunscribirse a examinar los requisitos que hacen procedente dicha institución, con el fin de concluir que efectivamente es procedente trasladar el conocimiento de una causa a un tribunal distinto.

Del análisis realizado a la causa que nos ocupa, y bajo las consideraciones expuestas, se concluye que la situación sometida a examen de la Sala, constituye, a todas luces, un supuesto de inepta acumulación de pretensiones, por cuanto se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, las cuales se excluyen entre sí, en lo que respecta a la incompatibilidad de los procedimientos aplicables.

En ese sentido, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia núm. 196 del 15 de mayo de 2017, estableció lo siguiente con respecto al solicitar Avocamiento y Radicación de manera conjunta:

“Pedimento que no puede ser planteado de manera conjunta, ya que su resolución tiene efectos legales distintos los cuales no son compatibles, por lo que en razón de lo antes expuesto, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal, declarar inadmisible la solicitud de avocamiento y radicación interpuesta de manera conjunta por la defensa privada de los ciudadanos EDUARDO JOSÉ CHARELLI ROJAS, JEFERSON MOTA ROZO, RENNY HIDALGO BASTARDO, ANSONI SÁNCHEZ RIVAS, EUSEBIO VEGAS PATIÑO, JHOIMER TOVAR MORA y PEDRO BLANCA CAMPOS, por cuanto existe una inepta acumulación de pretensiones. Así se decide.

 

Vista la decisión anterior, ha decidido la Sala considerar el cambio de criterio sobre la presentación de manera conjunta de la solicitud de avocamiento y radicación, garantizando a las partes los principios jurídicos de confianza o expectativa legitima, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, debido proceso y tutela judicial efectiva.” (Negrillas de la sentencia citada).

 

Tal criterio ha sido reiterado por esta Sala de Casación Penal, en casos en que se solicitó de manera conjunta el avocamiento y la radicación, declarándolos inadmisibles por inepta acumulación de pretensiones. (Vid. sentencias núm. 243 del 3 de julio de 2017 y núm. 285 del 18 de julio de 2017 de esta Sala).

Tal como quedó sentado, es criterio reiterado de esta Sala que el pedimento no puede ser planteado de manera conjunta, pues, su resolución tiene efectos legales distintos, los cuales no son compatibles, por lo que resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal, declarar inadmisible la solicitud de avocamiento interpuesta conjuntamente con solicitud de radicación, por el abogado LUIS JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos como ACUSADO en el proceso penal seguido ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Extensión Territorial de Puerto Ordaz, regentado por el abogado Ricardo Javier García Ferreti, contenido en el expediente identificado con el alfanumérico FP12-P-2012-000475 (de la nomenclatura de dicho Tribunal), por cuanto existe una inepta acumulación de pretensiones, conforme a lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en el presente caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por inepta acumulación de pretensiones, la solicitud de avocamiento interpuesta conjuntamente con solicitud de radicación, por el abogado LUIS JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos como ACUSADO en el proceso penal seguido ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Extensión Territorial de Puerto Ordaz, regentado por el abogado Ricardo Javier García Ferreti, contenido en el expediente identificado con el alfanumérico FP12-P-2012-000475 (de la nomenclatura de dicho Tribunal); conforme a lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en el presente caso.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2018. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

 

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                                                                                                          Ponente

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

Exp. Núm. AA30-P-2018-000243.

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