Venley

Sentencia N.º 894

Sentencia
N.º 894
Fecha
25/10/2016
Sala
Constitucional
Expediente
16-0121
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Procedimiento
Acción de Amparo Constitucional

Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El 10 de febrero de 2016, fue recibido ante esta Sala, escrito contentivo de acción de amparo constitucional, interpuesta por los profesionales del derecho Shirley Carrizales Méndez, María Alejandra Osorio Zabala, Milagro Rengifo Rincones, Sorelis Marín Aponte y Aniuska Irani Ovalles Gil, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.ros 103.475, 81.932, 77.833, 235.408 y 238.127, respectivamente, actuando en representación del ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, mayor de edad, nacionalidad Venezolana, portador de la Cédula de Identidad No. V-10.481.442, contra la sentencia dictada el día 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMÉNEZ, anulando la decisión y las medidas preventivas dictadas el 23 de julio de 2015 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que admitió la querella presentada contra la referida ciudadana, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Apropiación Indebida Calificada y Falsa Atestación ante Funcionario Público, previstos y sancionados en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medida cautelares sobre sus bienes y cuentas de la mencionada ciudadana.

En razón de ello denunciaron a través del amparo la violación de los derechos de su representado relativos a la tutela judicial efectiva, reparación del daño causado por el delito, debido proceso, juez natural, defensa de la víctima, acceso a la justicia, participación en el proceso y a la acción penal, desarrollados en los artículos 26 y 49 encabezado y numerales 1 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 10 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18 de la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre y 2, 3, 3.1, 3.2, 4.4, 6.1 y 11 de la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Victimas; por indebida tramitación de un recurso de apelación ejercido sobre una decisión que era inimpugnable.

Después de la recepción del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por auto del 10 de febrero de 2016 y en esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

El accionante señaló, como fundamento de la acción de amparo, lo siguiente:

Que: “…La presente acción de amparo, es procedente de conformidad con lo previsto en el artículo (sic) 19, 23, 26, 27, 30 último aparte y 49 encabezado numerales 1° y 4° segundos aparte (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece (...) OBLIGATORIO para todos los órganos del Poder Público, siendo su desconocimiento y afectación una violación directa a la Constitución, por lo que surge ajustado a derecho la interposición de la protección de amparo constitucional, para poder restaurar los derechos y garantías infringidos a [su] representado OSWALDO NANIA NUZZO…”.

Que "... el último aparte del artículo 30 de nuestra Carta Magna, instituye que ‘El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causadosʼ. Estableciéndose como garantía de protección constitucional el deber del Estado de verificar, proteger y garantizar el derecho de aquellos a quienes se les afecte un bien jurídico del cual sea titular, siendo que [su] representado OSWALDO NANIA NUZZO (...) acudió al Estado como garante de justicia y derecho a través de la jurisdicción, activando al titular del ejercicio de la acción penal, mediante presentación de querella, que sin ser investigados los hechos alegados como punibles, tal como corresponde a través de un proceso judicial revestido de todas las garantias; (sic) fue anulado por una ilegal y extralimitada de (sic) actuación de la jurisdicción...".

Que "... Sobre la base de todas estas disgregaciones de los derechos humanos de la víctima sustentamos la solicitud de amparo, requiriendo la intervención de la Sala Constitucional como máximo garante de la legalidad, para que se regule el proceso penal con los derechos fundamentales que han sido conculcados a través de la decisión emanadas (sic) de la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, como Órgano Colegiado, cuya actuación contradice de manera flagrante el actuar fuera de los límites de su competencia, con desconociendo del debido proceso al resolver por vía de apelación, la admisión de una querella, cuya admisibilidad conforme a los presupuestos legales solo es atacable mediante escrito de excepción, siendo una decisión que por competencia por la materia corresponde en forma exclusiva al Juez de Control, y en el supuesto particular al Juez en Funciones de Control que hubiere admitido la Querella; sustituyéndose en el impulso procesal de la acción, al corregir las deficiencia (sic) del recurrente y entrar a controvertir elementos propios de la investigación, cuyo ejercicio y consecución corresponde por normativa constitucional al Ministerio Público (artículo 285 numerales 1° y 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Violaciones constitucionales y legales que determinan un verdadero abuso de poder en los términos que ha sentado la jurisprudencia Constitucional, al punto de extralimitar sus funciones ordenando el levantamiento de la Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles, así como la medida cautelar de Inmovilización de Cuentas Bancarias decretadas en fecha 23 de Julio de 2015; sin seguir los parámetros que instruye el Código de Procedimiento Civil, es sus artículos 601 y 602, que prevé la inadmisibilidad del recurso de apelación siendo que para defenderse de las medidas de marras solo opera la OPOSICIÓN FORMAL, de conformidad con la norma adjetiva civil...".

Que "... Es así que soportamos el derecho de ampararse de [Su] representado OSWALDO NANIA NUZZO (...) en los sustratos normativos albergados con anterioridad, debido a que frente a la violación de sus derechos y garantías constitucionales como lo son el debido proceso, derecho a la defensa, derecho de acceso y derecho a ser oído, se configuran VIOLACIONES DIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN...".

Que "... Es el caso, dignos Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en fecha 16 de junio de 2015, nuestro mandante OSWALDO NANIA NUZZO (...) debidamente asistido por profesionales del derecho, presentó formal Escrito de Querella en contra de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-15.150.399, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA Y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, tipificados y sancionados en los artículos 462, 468 y 320 todos del Código Penal Venezolano. La cual fuere fundamentada en los siguientes términos (...)".

Que "... En fecha 23 de julio de 2015, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien le correspondió conocer de la querella acusatoria instaurada en contra de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMÉNEZ, procedió a admitir la Querella por considerar que existían parámetros dentro de la situación fáctica que requerían de una investigación penal, advirtiendo que consideraba la presunta participación de la querellada en la presunta comisión de los ilícitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA Y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, tipificados y sancionados en los artículos 462, 468 y 320 todos del Código Penal...".

Que "...en aras de garantizar las resultas del proceso, decretó como medida cautelar la Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el bien inmueble ubicado en la residencia JOYBE MARCILIS, piso 4, apartamento 4A, Urbanización Altamira del Municipio Chacao, propiedad de la querellada; de igual manera se acordó medida innominada según lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil de Inmovilización de Cuentas Registradas a nombre de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ, (sic) en las entidades bancarias del país…”.

Que: “…En fecha cinco (05) de agosto de 2015, la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMÉNEZ, debidamente asistida por sus representante legales, procede a presentar formal recurso de apelación en contra de la decisión de fecha 23 de julio de 2015, emanada del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual Admitió la de Querella, decretando prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes inmuebles de la referida ciudadana y medida cautelar innominada de inmovilización de las cuentas bancarias de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ (sic) …”.

Que: “…En data 03 de septiembre de 2015, la abogada SHIRLEY CARRIZALES, en su carácter de apoderada judicial de la víctima, ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, procedió a dar formal contestación al Recurso de Apelación planteado, aludiendo de forma clara las violaciones de normativas en que incurrieron los representantes de la defensa de la querellada MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ, (sic) siendo en primer término: que se no (sic) advertía cual es el supuesto del artículo 439 que les permite recurrir, continuando con el señalamiento que la querella de conformidad con las previsiones del artículo 278 de Código Orgánico Procesal Penal, las partes solo se puede oponer a su ADMISIÓN, mediante la EXCEPCIONES correspondientes, dejando sentado la base legal que SOLO LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LA QUERELLA ES APELABLE POR LA VICTIMA. (sic) De igual forma se dejó sentado en la contestación, que conforme a las previsiones de artículo 518 ejusdem, la regularización y tramitación de las medidas preventiva de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, se debe realizar conforme a las normativas de procedimiento civil y que serán impugnables por los medios y los casos establecidos en esa norma. En este sentido se advirtió que el trámites para controvertir la medida de prohibición de enajenar y gravar, así como la innominada de bloqueo de las cuentas de la querellada, es conforme a las normativas desarrolladas en los artículos 601, 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil, las cuales por ESTRICTO ORDEN DE LEY NO TIENEN APELACIÓN (artículo 601 CPC), siendo que se debe hacer oposición formal siguiendo las reglas de proceso civil, abriendo articulación para que se decida sobre los parámetros de tal oposición (artículo 602, 603 y 604 CPC)...".

Que "... En el presente caso, en el momento en que la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitió un pronunciamiento sobre la admisión de la querella interpuesta, cuando el recurso de apelación versaba sobre el decreto cautelar, excedió groseramente los límites del asunto sometido a su conocimiento. Por lo que negar la admisión de la querella en esta etapa del proceso es una flagrante subversión del orden procesal, que además de afectar el orden público, deja en total estado de indefensión a [su] mandante...".      

Que "... data 10 de septiembre de 2015, la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, procedió con un ERROR INEXCUSABLE DE DERECHO, advirtiendo que no era tramitable el referido recurso, y tomando posición a favor de los accionantes corrigió su planteamiento en los siguientes términos (...) Y una vez que corrigió los requisitos exigido para presentar un recurso de apelación, la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, asumiendo el rol de parte, de forma ARBITRARIA Y CON UN VERDADERO ABUSO DE AUTORIDAD, DESCONOCE los artículo 428 literal c, en relación con los parámetros de los artículos 278 ambos de Código Orgánico Procesal Penal, que prevé las partes solo se puede oponer a su ADMISIÓN DE LA QUERELLA, mediante la EXCEPCIONES correspondientes, dejando sentado la base legal que SOLO LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LA QUERELLA ES APELABLE POR LA VICTIMA, (sic) de igual forma desconoce los artículos 601, 602, 603 y 604 todos del Código de Procedimiento Civil, las cuales por ESTRICTO ORDEN DE LEY ESTABLECEN QUE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO TIENEN APELACIÓN (artículo 601 CPC), siendo que se tiene que hacer formal oposición siguiendo las reglas del proceso civil…”.

Que: “…la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, continuó con su actuar FUERA DE LOS LIMITES DE SU COMPETENCIA, Y CON TOTAL EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES, al entrar a conocer el recurso debatiendo elementos de fondo de la investigación y procede a establecer que el querellante OSWALDO NANIA NUZZO en la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.’, está acreditado con la cualidad de accionista del querellante en la precitada sociedad. Pero SIN QUE MEDIE INVESTIGACIÓN ALGUNA, -pues cercenó el derecho, deber y obligación del titular de la acción penal- deja sentado que el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, ofreció en venta a la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ, (sic) veinticinco mil (25.000) acciones que poseía en la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.’ y que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social de la misma…”.

Que "...A JUICIO DE LA SALA UNO DE LA CORTE DE APELACIÓN, CON TOTAL DESAPEGO A LOS PARAMETROS LEGALES Y PROCESALES, deja sentado que por UNA OFERTA DE VENTA, SIN QUE SE HAYA PRODUCIDO PAGO O EROGACIÓN QUE LA PERFECCIONARA, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE LEY, el querellante OSWALDO NANIA NUZZO, YA HABÍA PERDIDO SU CONDICIÓN DE ACCIONISTA. Y POR TANTO NO FORMA PARTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ‘RESTAURANT TROIKA, C.A.’, obviando los parámetros de los artículos 1474 y 1527 ambos del Código Civil Venezolano…”.

Que "... la promesa unilateral nunca puede equipararse a la compraventa, mientras la opción no se ejerza, ya que son dos contratos distintos y con características propias, siendo que en virtud de ello la sala concluye que el ciudadano querellante OSWALDO NANIA NUZZO efectivamente al momento de la interposición de la querella (...) , es decir, 16 de Junio de 2015, no formaba parte de la Sociedad Mercantil “Restaurant Troika, C.A.”, en virtud de la referida venta de las veinticinco mil (25.000) acciones propiedad del mismo a la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JIMENEZ; lo cual indefectiblemente lleva a concluir que el ciudadano querellante OSWALDO NANIA NUZZO no tiene cualidad de víctima para intentar la presente querella. Y por tanto mal pudo entonces el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO intentar la presente acción penal a sabiendas de que ya no formaba parte de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ Procediendo con este fundamento a decretar la NULIDAD del auto de fecha 23 de Julio de 2015, dictado por el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual admitió la Querella interpuesta por el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA Y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles propiedad de la querellada además de medida cautelar de inmovilización de Cuentas Bancarias pertenecientes a la querellada, ello por infracción de lo establecido por el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con lo establecido por los artículos 174 y 175 ejusdem...".

Que "... el recurso de apelación en contra de la decisión (...) mediante la cual Admitió el escrito de Querella, decretando prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes inmuebles de la referida ciudadana y medida cautelar innominada de inmovilización de las cuentas bancarias de la referida querellada (...)  da inicio a un conglomerado de IRREGULARIDADES, partiendo de la tramitación írrita que se le dio a un recurso de apelación de una decisión que es a todas luces INAPELABLE (...) siendo que en primer término no advertía cual es el supuesto del artículo 439 que les permite recurrir (...) de conformidad con las previsiones del artículo 278 de Código Orgánico Procesal Penal, las partes solo se pueden oponer a su ADMISIÓN, mediante la EXCEPCION correspondiente, dejando sentado la base legal que SOLO LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LA QUERELLA ES APELABLE POR LA VÍCTIMA. De igual forma se advirtió que el trámite para controvertir la medida de prohibición de enajenar y gravar, así como la innominada de bloque (sic) de las cuentas de la querellada, conforme a las normativas desarrolladas en los artículos 601, 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil, las cuales por ESTRICTO ORDEN DE LEY NO TIENEN APELACIÓN (artículo 601 CPC), sino que se debe hacer oposición formal siguiendo las reglas de proceso civil, para lo cual se debe abrir una articulación, donde se decida sobre los parámetros de tal oposición (artículo 602, 603 y 604 CPC)…”.

Que "... con tales Flagrantes ERRORES INEXCUSABLES, que existe un ataque directo a las garantías constitucionales del DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA DE LA VICTIMA, DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, DERECHO DE EJERCER LA ACCIÓN PENAL, desarrollados en los artículos 26 y 49 encabezado y numerales 1 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 10 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 18 de la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre y los artículos 2, 3, 3.1, 3.2, 4.4, 6.1 y 11 todos de la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Victimas (sic) (Argentina, 2012)...". 

Que "...En los hechos objeto de la presente acción de amparo, se observa claramente que la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, DESCONOCE TODAS LAS NORMAS PROCESALES, RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS CONTROVERSIAS A TRAVÉS DE UNA QUERELLA, y no conforme con ello de igual forma DESAPLICA E IGNORA, las formas de tramitación de las MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO PENAL, con lo que se configura de forma evidente todas la violaciones denunciadas, que hacen no solo procedente la presente acción de amparo, sino que amerita el establecimiento de la existencia de GRAVES ERRORES INEXCUSABLES DE DERECHO que con todo respeto hoy estamos solicitando, sean subsanadas...".

Que "...Dentro de este contexto, la Sala Uno (01) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la par del actuar EVIDENTEMENTE EXTRALIMITADO E INCONMPETENTE, como se despliega del párrafo anterior, se puede constatar que en el fallo objeto de la acción de amparo, la Corte de Apelaciones desatendió lo establecido en las normas aludidas no estimando la magnitud del daño que causó la comisión del mismo; así pues, en franca elusión de los aspectos señalados, los cuales eran fundamentales, la Corte de Apelaciones se circunscribió a precisar que del análisis efectuado a las actas procesales contentivas de la investigación se concluyó que el querellante NO ERA UNA VICTIMA, por lo que, sin duda alguna, la Corte de Apelaciones, actuó fuera de los límites de sus competencia, que se desdobla en dos aspectos básicos: por una parte, realizó un análisis parcial de las pruebas existentes para ese entonces y estableció una argumentación jurídica como si se tratara del debate contradictorio, propio de la fase de juicio oral y público, para determinar los autores y coautores de los delitos, sin percatarse -como ya se señaló- que se encontraba en la fase de inicial, en esta oportunidad era ínfima o precaria la investigación por parte del Ministerio Público, -quien apenas estaba iniciándola-; y, por la otra, arribó a conclusiones propias de la investigación, facultad que constitucionalmente le está atribuida al Ministerio Público (artículo 285.3 de la Constitución). Por tanto, el fallo accionado no solo mancilló el derecho a la tutela judicial efectiva, sino también el derecho a la defensa y al debido proceso...".

Finalmente, solicitaron se admita la presente acción de amparo constitucional, los medios de prueba en ella acompañados, se declare con lugar la pretensión de tutela constitucional en ella contenido, se revoque la decisión accionada en amparo y se restablezcan los derechos y garantías constitucionales conculcados.

 

 

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

La decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, accionada en amparo, precisó lo siguiente:

 

“…A los fines de emitir pronunciamiento que resuelva el fondo del presente recurso, esta Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la querella como un ‘Acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables de un delito.ʼ, por su parte el autor Rodrigo Rivera Morales en su obra Código Orgánico Procesal Penalʼ.  (Año 2013, Pág. 284) al momento de definir la querella señala que ‘“Es un mecanismo de acceso al proceso penal, la querella como modo de inicio del proceso, solo puede ser interpuesta por la persona afectada por la comisión del hecho punible: la víctima. Comporta el cumplimiento de una serie de formalidades establecidas en forma clara y precisa por el Código Orgánico Procesal analʼ.

Establecido lo anterior, esta Sala señala que los recurrentes arguyeron como primera denuncia la falta de cualidad de accionista del ciudadano querellante OSWALDO NANIA NUZZO como accionista de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika C.A.ʼ, señalaron en este sentido que: ‘Todos los hechos narrados, en la querella, y en sus escritos complementarios, gravitan alrededor del supuesto perjuicio económico que dice estar sufriendo el señor Nania, por la administración que la señora Fonseca, legítimamente, realiza de Troika. El señor Nania, inciertamente, se atribuye la propiedad del cincuenta por ciento (50%) del capital accionario de Troika, cuando ello, no sólo no está acreditado en autos, sino que, además, no es ciertoʼ.

A los fines de dilucidar la referida denuncia, es preciso citar el contenido del artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala:

(...)

‘Artículo 121. Se considera víctima: (...)

4. (...)

 

Frente a tal circunstancia lo primero que se debe determinar es la legitimidad o no de la presunta víctima, o en otras palabras la falta de cualidad de accionista del ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO en la Sociedad Mercantil “Restaurant Troika, C.A.”, a tal efecto, observa esta Superioridad al folio 19 y 20 del cuaderno principal que la parte querellante acompañó copia fotostática simple del documento de compraventa suscrito en fecha 2 de septiembre de 2011, entre el querellante y la ciudadana YANIRA CRISTINA LANDER DE ARIMONI, mediante el cual se adquiere la cantidad de veinticinco mil (25.000) acciones pertenecientes a la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ , ello como documento fundamental que acredita la cualidad de accionista del querellante en la precitada sociedad.

Ahora bien, seguidamente observa esta Alzada que los recurrentes

acompañaron como pruebas a su Recurso de Apelación, copia certificada de documento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta (4°) del Municipio Chacao del Estado Miranda, inserto bajo el número 82 del libro diario de la referida notaría, en fecha 23 de julio de 2014, mediante el cual el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, ofreció en venta a la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JÍMENEZ,(sic)  veinticinco mil (25.000) acciones que poseía en la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ y que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social de la misma, ello a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula ‘Décimaʼ  del Acta Constitutiva, tal y como se observa al follo 32 del cuaderno principal.

Así mismo esta Sala observa que los recurrentes acompañaron copia certificada del documento mediante el cual la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JÍMENEZ (sic) aceptó la oferta de venta de las veinticinco mil (25.000) acciones pertenecientes a la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.Aʼ, propiedad del ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, el mismo quedó asentado bajo el número 97 de libro llevado por la Notaría Pública Cuarta (4°) del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 18 de agosto de 2014, en los términos previstos en el artículo 1.161 del Código Civil, tal y como lo manifestaron las partes.

Sin duda alguna, al analizar los hechos es indiscutible que estamos ante la celebración y perfeccionamiento de un contrato que se inicia con el ofrecimiento de las acciones propiedad del querellante y que se perfecciona con la manifestación positiva de la hoy querellada, esto permite concluir, en primer término, que el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO a partir de la fecha de perfeccionamiento de la venta, 18 de agosto de 2014, no forma parte de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ.

(...)

 

Es en virtud de ello esta Alzada concluye que el ciudadano querellante OSWALDO NANIA NUZZO efectivamente al momento de la interposición de la querella, es decir 16 de junio de 2015, no formaba parte de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ, en virtud de la referida venta de las veinticinco mil (25.000) acciones propiedad del mismo a la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JÍMENEZ; (sic) lo cual indefectiblemente lleva a conducir que el ciudadano querellante OSWALDO NANIA NUZZO no tiene cualidad de víctima para intentar la presente querella.

En este sentido y a los fines de ahondar en la importancia del concepto de cualidad, denominada también legitimatio ad causam, esta Sala se permite señalar el criterio expresado por el autor Ricardo Henríquez La Roche en su libro ‘Instituciones de Derecho Procesalʼ (Año 2005), quien señala que la cualidad es un presupuesto procesal que incide ‘en el interés legitimo, pues determina la persona hacia la cual va dirigida la protección o el respaldo de la Ley.

(...)

Así las cosas, señala esta Alzada que el precitado artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal requiere como primer presupuesto para intentar la querella que el querellante o actor tenga la condición de víctima, a diferencia de los juicios o procesos civiles donde tal excepción constituye una defensa de fondo, en materia penal la existencia de la cualidad de víctima constituye un requisito que debe ser cumplida ab ¡nido por parte de quien pretende constituirse como querellante.

En el caso que nos ocupa el querellante, ciudadano OSWALDO NANIA NLJZZO no ostenta la cualidad de víctima al no formar parte de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ, ello imposibilita al mismo para constituirse como querellante o atribuirse tal carácter pues no detenta ese interés legítimo requerido por el citado artículo 274 de la norma adjetiva penal.

Mal pudo entonces el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO intentar la presente acción penal a sabiendas de que ya no formaba parte de la Sociedad Mercantil ‘Restaurant Troika, C.A.ʼ, estas omisiones inciden en el correcto desenvolvimiento de los órganos de Justicia y hacen incurrir a los juzgadores en falsos supuestos pues se versa la solicitud sobre premisas falsas que violentan la verdad y probidad que deben observar las partes de cara al proceso.

Se debe entonces advertir en este punto al querellante que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido (a responsabilidad en que puede incurrir el querellante cuando los hechos sobre los cuales se funde su acción sean falsos o infundados, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa.

En consecuencia de lo anterior, observa esta Alzada que las circunstancias de hecho anteriormente expuestas llevan a concluir que la querella intentada por el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO debió ser declara inadmisible por el Juez A quo al no detentar dicho ciudadano la cualidad de víctima requerida para intentar la misma.

Seguidamente, e! artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal señala:

(...)

 

La presente denuncia, efectivamente como han señalado los recurrentes, incide sobre la inadmisibilidad de la querella pues evidencian la falta de cualidad del querellante para intentar la referida acción e implican la nulidad del auto proferido en fecha 23 de julio de 2015, por parte de! Tribunal Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como todas las medidas cautelares decretadas por el Tribunal A quo con ocasión del mismo pues se fundan, a criterio de esta Alzada, sobre falsos presupuestos de hecho que inciden en la ausencia de un verdadero fumus boni iuris.

Razón por la cual considera esta Sala que lo procedente y ajustado a Derecho es declarar CON LUGAR la presente denuncia y en consecuencia decreta la NULIDAD del auto de fecha 23 de julio de 2015, dictado por el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual admitió la Querella interpuesta por el ciudadano OSWALDO NANIA NUZZO, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto. y sancionado en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles propiedad de la querellada además de medida cautelar de Inmovilización de Cuentas Bancarias pertenecientes a la querellada, ello por infracción de lo establecido por el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con lo establecido por lo artículos 174 y 175 ejusdem. Y ASI SE DECIDE.

 

En consecuencia de lo anterior esta Alzada estima innecesario entrar a conocer el resto de las denuncias interpuestas por los recurrentes. Y ASI SE DECLARA.

 

DECISION

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera dela Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Morris Sierralta Peraza y Francisco Ramírez Ramos, actuando en representación de la ciudadana MAYLIN DEL ROSARIO FONSECA JÍMENEZ, (sic) en contra de la decisión de fecha 23 de julio de 2015, dictada por el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual admitió la Querella interpuesta por el ciudadano OSWALDO NANZA NUZZO, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA y 1 FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles propiedad de la querellada además de medida cautelar de Inmovilización de Cuentas Bancarias pertenecientes a la referida ciudadana. SEGUNDO: Se decreta la NULIDAD de la decisión impugnada. TERCERO: Se ordena el levantamiento de la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles, así como de la medida cautelar de Inmovilización de Cuentas Bancarias decretadas en fecha 23 de julio de 2015, en virtud de lo cual se ordena oficiar al Servido Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), así como a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). CUARTO; Se ordena se remita el expediente al Tribunal Undécimo de Control de este Circuito Judicial Penal…”.

 

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala determinar previamente su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

Mediante decisión Nº 1 del 20 de enero de 2000, recaída en el Caso: Emery Mata Millán, esta Sala Constitucional estableció que le correspondía conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, salvo las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto su conocimiento estuviera atribuido a otro tribunal.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el numeral 19 del artículo 25, que le corresponde a esta Sala conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias recaídas en los procesos de amparo autónomo dictadas por los Juzgados Superiores de la República, salvo las incoadas contra las decisiones emanadas de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra de la decisión dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual, conforme a lo expuesto, esta Sala resulta competente para conocerla. Así se declara.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa lo siguiente:

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada, el 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso de apelación, interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana Maylin del Rosario Fonseca Jiménez, que anuló el auto de admisión de la querella y ordenó el levantamiento de la medidas precautelativas decretadas sobre bienes y cuentas de la referida ciudadana, pronunciado por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal.

Por su parte, las apoderadas judiciales del accionante denunciaron que la decisión objeto de amparo constitucional violó los derechos constitucionales de su representada, relacionados a la tutela judicial efectiva, la reparación del daño causado por el delito, el debido proceso, el juez natural, la defensa de la víctima, el acceso a la justicia, la participación en el proceso y ejercicio de la acción penal, al considerar que el auto de admisión de la querella y las medidas precautelativas no estaban sujetas al recurso de apelación, sino a las excepciones y al procedimiento de oposición previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y con el Código de Procedimiento Civil.

Luego del examen de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y encuentra que ella cumple con los mismos, así como también que no está incursa en los supuestos de inadmisión previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la que, prima facie, advierte que la misma es admisible. Así se declara.

Ahora bien, observa esta Sala que, conforme a lo alegado en la acción ejercida, en este caso se está en presencia de un asunto de mero derecho, por cuanto corresponde determinar si el Juez Superior se extralimitó en sus funciones, al haber tramitado un recurso de apelación de autos sobre una decisión que, conforme lo manifiestan las apoderadas del accionante, no estaba sujeta al recurso ordinario de apelación de autos, causando la violación de los derechos constitucionales denunciados; asimismo, visto además que no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre las partes y un tercero, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se declara.

La necesidad de que en el proceso exista una doble instancia, surge de la falibilidad de la actuación de los jueces al momento de sentenciar, por ello, el derecho relativo a recurrir está consustanciado con la necesidad de certeza y justa aplicación del derecho en lo decidido.

En materia penal, el derecho a recurrir del fallo se encuentra en íntima relación con la garantía del debido proceso y constituye además una manifestación de la tutela judicial efectiva. En tal sentido, en la parte in fine del numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha consagrado una vertiente de tal derecho, en el sentido de garantizarles a los ciudadanos que un tribunal superior controle la corrección del proceso en el cual se ha impuesto una condena, lo que responde a la necesidad natural del condenado a sentir desconfianza en la aplicación del derecho por el tribunal de primera instancia que ha impuesto la pena.

En razón de ello, ha puntualizado la Sala que el ejercicio de los recursos puede ser visto desde dos puntos de vista, en primer lugar, como una facultad que se integra en el contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable, el cual se ve plasmado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el contenido del derecho a la defensa, consagrado este último en el artículo 49.1 eiusdem; y en segundo lugar, como una forma a través de la cual el Estado y la sociedad demuestran su interés en que el Derecho sea aplicado de forma uniforme o equitativa, es decir, el interés en normalizar la aplicación del Derecho (Vid. sentencias n.° 1.661/2008 y n.° 1291/2012).

De esta manera, la intención del legislador de establecer el principio de la doble instancia, no es la de consagrar un mecanismo automático de revisión o de consulta de las decisiones judiciales, sino por el contrario, se trata de la oportunidad procesal regulada de acudir, dentro de las reglas del debido proceso y, por ende, respecto de los fallos impugnables, a exponer la exigencia crítica sobre lo decidido ante un Juez Superior.

Por ello el ejercicio de los recursos tiene dos finalidades esenciales, las cuales se encuentran asociadas a los fundamentos constitucionales y filosóficos del proceso; la primera, materializar el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable, en tanto la segunda, es estructurar un mecanismo a través del cual el Estado y la sociedad demuestren su interés en que el Derecho sea aplicado de forma uniforme o equitativa, es decir, el interés en normalizar la aplicación del Derecho.

En el proceso penal venezolano, este derecho se encuentra desarrollado en las normas y principios que estructuran lo que algunos autores han denominado la fase recursiva; la cual contiene una serie de disposiciones generales relativas a la interposición, admisibilidad y competencia del Tribunal ante el cual se recurre. Entre estos principios, a los efectos del thema decidendum, es oportuno destacar el principio de impugnabilidad objetiva, previsto en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual al disponer que: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”, prevé que las decisiones judiciales sólo pueden ser impugnadas, de ser el caso, a través del tipo de recurso que de acuerdo a su naturaleza jurídica le corresponde (apelación de auto, de sentencia, recurso de revisión o reconsideración), y por el motivo que de acuerdo a cada tipo de recurso está previsto en la ley procesal penal. Se establece de esta manera, con el aludido principio un requisito general, propio del juicio de admisibilidad al que están sujetos los recursos ordinarios de apelación.

En este sentido la Sala ha precisado lo siguiente:

“…En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 de la Constitución de la República, es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan esas vías, son preceptos que establecen los medios de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse.

Así, los preceptos legales que regulan el ejercicio de los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunas formas procesales donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.

Tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión trascendente en la organización del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso.

Algunas de esas formas procesales cuyo cumplimiento es necesario para la tramitación de los recursos en el proceso penal, están referidas a lo que en la teoría general de los recursos se denominan presupuestos de la impugnación, siendo éstos los siguientes: a) El agravio o gravamen, tal como lo exige el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (presupuesto subjetivo); b) La legitimación del recurrente (ligado íntimamente al primer presupuesto), el cual se vislumbra en el texto del artículo 433 eiusdem (presupuesto subjetivo); c) Que se trate de un acto impugnable, requisito éste que se encuentra recogido en el artículo 432 de dicha ley procesal penal (presupuesto objetivo); y d) El plazo, es decir, que el recurso haya sido interpuesto en la oportunidad fijada por la ley (presupuesto objetivo).  

Estos presupuestos o requisitos antes reseñados, serán revisados, en el ámbito del recurso de apelación de autos, por el tribunal ad quem (Corte de Apelaciones), dentro de la fase de admisibilidad del recurso, ello según lo dispuesto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicha fase implica la verificación de los requisitos formales antes descritos, y condiciona la entrada del recurso a su consideración de fondo (sentencia nro. 1.661/2008, del 31 de octubre). En este contexto, los requisitos antes señalados deben ser adminiculados con las causales generales de inadmisibilidad de los recursos, previstas el artículo 437 eiusdem.

Entonces, en el supuesto que alguno de los cuatro presupuestos o requisitos antes reseñados no se configure en el caso concreto, el recurso deberá ser declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones, con base en alguna de la causales de inadmisibilidad previstas en la norma antes citada…”. (Vid. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias n.° 403/2005, n.°  1661/2008 y n.° 1.386/2008,).

 

Ahora bien, trasladadas esas consideraciones al asunto que ocupa la atención de la Sala en el presente caso, se observa que el aspecto medular en el que subyacen las distintas denuncias interpuestas por los apoderados del accionante versan sobre la inapelabilidad del auto que contiene al admisión de la querella, así como del decreto de las medidas preventivas que en éste fueron acordadas, como parte del contenido de sus pronunciamientos.  

En este orden de ideas tenemos que, en relación a la querella como modo de inicio a la investigación en el procedimiento ordinario, el artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

 

Admisibilidad

Artículo 278. El Juez o Jueza admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público y al imputado o imputada.

La admisión de la misma, previo el cumplimiento de las formalidades prescritas, conferirá a la víctima la condición de parte querellante y así expresamente deberá señalarlo el Juez o Jueza de Control en el auto de admisión.

Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo 276 de este Código, ordenará que se complete dentro del plazo de tres días.

Las partes se podrán oponer a la admisión de el o la querellante, mediante las excepciones correspondientes.

La resolución que rechaza la querella es apelable por la víctima, sin que por ello se suspenda el proceso.

(Negritas del fallo)

 

Asimismo, el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, que regula los motivos y las clases de decisiones que son impugnables a través de la apelación de sentencia, dispone en su numeral 3 lo siguiente:

Decisiones Recurribles

Artículo 439. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:

1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación.

2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez o Jueza de Control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio.

3. Las que rechacen la querella o la acusación privada.

4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar rivativa de libertad o sustitutiva.

5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código.

6. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

7. Las señaladas expresamente por la ley.

(Negritas del fallo)

 

De las normas transcritas ut supra se evidencia –como lo exponen las apoderadas del accionante–, que el ejercicio del recurso de apelación de autos, en lo que es el instituto procesal de la querella como uno de los modos de inicio a la investigación penal, sólo está concebido para el supuesto del rechazo de la misma, es decir, para los casos en que el Juez de Control haya decido rechazar la admisión de la querella por alguna de las causas que pauta la ley, pues ante el supuesto contrario, esto es, la admisión de la querella, el gravamen que este auto le pueda causar al querellado es atacable a través de la figura de las excepciones como obstáculo al ejercicio de la acción penal.

En este sentido esta Sala ha precisado lo siguiente:

“…De la norma transcrita supra se evidencia entonces que el acto de desgravamen -como lo sería la apelación- está establecido a favor del querellante sólo bajo el supuesto de que la querella haya sido rechazada, y es exclusivamente en este supuesto que se aplica la normativa establecida en el artículo 440 [hoy 439], lo que, por otra parte, demuestra que su aplicación no está habilitada por la norma contenida en el artículo 189 [hoy 156] del Código Orgánico Procesal Penal, como indebidamente lo señaló la apelada, sino por la misma norma contenida en el artículo 305 [hoy 278] eiusdem.

De tal manera, que el querellado dispone como único mecanismo procesal para cuestionar la admisión de la querella, la oposición mediante la proposición de las distintas excepciones establecidas en el artículo 27, ibidem, que dispone (...) …”. (Vid. Sentencia 1196/2002).

Asimismo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en armonía con este criterio ha precisado:

“…Contra la admisión de la querella de la víctima, propuso recurso de apelación la defensa el acusado, por cuanto, en su criterio, dicha querella fue interpuesta extemporáneamente. En tal sentido expresa que la misma fue presentada veintinueve días después de haber sido notificada la víctima, o sea, según su criterio, fuera del lapso previsto en el artículo 327 [hoy 309] del Código Orgánico Procesal Penal. No obstante, reconoce la defensa que la víctima solicitó el diferimiento de la audiencia preliminar, el cual fue acordado por el tribunal de control, fijando dicha audiencia para el día 21 de agosto de 2002 y la víctima presentó su querella el día 16 del mismo mes y año. Cabe señalar, que la referida audiencia, finalmente, se realizó, por otros diferimientos, el día 25 de octubre de 2002.

La Corte de Apelaciones, al conocer de la apelación propuesta por la defensa, declaró con lugar dicho recurso y desestimó la querella presentada por la víctima, por extemporánea.

Ahora bien, el artículo 447 [hoy 439]  del Código Orgánico Procesal Penal, enumera los autos contra los cuales procede el recurso de apelación y entre los mismos no se encuentran aquellos que admitan la querella o la acusación privada de la víctima. Sólo son apelables las decisiones que desestimen dicha querella o acusación.  Por consiguiente, la decisión del Juez de Control que admitió la querella presentada por los apoderados judiciales de la víctima, ciudadana (...) no era susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación …”. (Vid. Sentencia 422/2003).

 

Entonces, de la doctrina expuesta se deriva que contra el auto que admite la querella, como modo de inicio a la investigación penal en el procedimiento ordinario, resulta improcedente tanto el ejercicio del recurso de apelación, como del amparo constitucional, por cuanto es a partir de ese momento donde se inicia el proceso penal, pudiendo las partes, en especial el querellado, hacer uso de todos los medios y herramientas para defensa de sus derechos e intereses, como lo son, entre otras, las excepciones contra la persecución penal iniciada en su contra.

Ello es así pues el hecho que el querellado no pueda apelar de la declaratoria de admisibilidad de la querella, no significa que éste se vea impedido de ejercer los medios de defensa que otorga el Código Orgánico Procesal Penal, para hacer valer los derechos que considere vulnerados con el auto que acuerda tal admisión, así como contra los pronunciamientos que dicho auto pueda encerrar.

Como se indicó, entre estos medios de defensa encontramos la figura de las excepciones (obstáculos al ejercicio de la acción penal), las cuales por imperio de la ley, están previstas para ser ejercidas desde los actos iníciales del proceso bajo los cuales transita la fase preparatoria o de investigación. Se trata  de una institución procesal prevista como un medio bajo el cual se materializa el derecho a la defensa material del procesado, pues a través de ella se le otorga al sujeto perseguido penalmente un poder defensivo para impedir, la constitución o continuación de la relación jurídica procesal, por razones procesales; e igualmente cumple una función depuradora del proceso que impide la continuación de éste, cuando la acción penal que lo sustenta, no cumple con los presupuestos procesales de orden constitucional y legal para su conformación o seguimiento (Vid. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentencia No. 1.676/2007  del 3 de Agosto).

                        Así las cosas, estima la Sala que el uso de las excepciones como medio de defensa y depuración del proceso penal, previsto en el penúltimo aparte del artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal; es lo que viene a justificar la inapelabilidad del auto que contiene la admisión de la querella y los pronunciamientos en ella contenidos, pues a través de esta figura el legislador otorga al querellado un medio idóneo de defensa, frente al inicio de persecuciones penales que no cuenten con los presupuestos constitucionales y legales para su constitución o continuación.

En este orden de ideas la doctrina de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al medio judicial para atacar la admisión de la querella ha puntualizado:

“…En este sentido, advierte esta Sala que en relación a la querella y su admisión, el artículo 296 [hoy 278] del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

“El juez admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público y al imputado.

La admisión de la misma, previo el cumplimiento de las formalidades prescritas, conferirá a la víctima la condición de parte querellante y así expresamente deberá señalarlo el juez de control en el auto de admisión.

Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo 294, ordenará que se complete dentro del plazo de tres días.

Las partes se podrán oponer a la admisión del querellante, mediante las excepciones correspondientes.

La resolución que rechaza la querella es apelable por la víctima, sin que por ello se suspenda el proceso” (Subrayado de la Sala).

De manera tal que, del referido artículo se desprende que las partes pueden oponerse a la admisión de la querella -bien sea ante el Juez de Control o ante el Tribunal competente-, invocando las excepciones contenidas en la ley penal adjetiva, toda vez que la finalidad de las mismas es corregir y subsanar los defectos que la parte pueda considerar presentes en la causa, en virtud de que, como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, todos los jueces son tutores del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello así, esta Sala considera oportuno revisar el contenido del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a las excepciones, el cual señala que:

(...)

Destaca esta Sala que, dichas excepciones opuestas durante la fase preparatoria se tramitarán en forma de incidencia, sin interrumpir la investigación, y aquellas que no hayan sido interpuestas durante esta fase pueden ser ejercidas en la fase intermedia, y en el caso de ser declaradas sin lugar pueden ser replanteadas en el juicio oral. Si la excepción es opuesta en la fase preparatoria y es desestimada, contra esta decisión la parte puede apelar. La decisión de segunda instancia es definitiva, de suerte que la excepción podrá ser opuesta en la fase intermedia por motivos distintos que los expuestos en la fase preparatoria, por los que fue rechazada…”. (Vid. Sentencia 258/2005).

 

En este sentido se debe resaltar una vez más que, si bien es cierto queel principio de la doble instancia implica un derecho al debido proceso garantizado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en las leyes aprobatorias de convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.5) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2.h); no obstante, su ejercicio se encuentra supeditado a las excepciones y requisitos que establece la ley tal como así lo ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia   (Vid. Sentencia Nro. 95/2000, n.° 2801/2002, n.° 655/2005, n.° 1726/2009 y n.° 809/2014).

Una de esas excepciones –entre otras– que limita el derecho al recurso, está dispuesta para los supuesto de admisión de la querella, lo cual se deduce del contenido del penúltimo y último aparte del artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal, que delimita de manera clara y categórica, cuáles son los medios judiciales para atacar, tanto la admisión como el rechazo de la querella.

Así las cosas, resulta claro que admitir y tramitar el recurso de apelación de autos contra las decisiones que admiten la querella, no sólo contraviene lo dispuesto en la citada norma, sino además conculca el principio de impugnabilidad objetiva recogido en el artículo 423 eiusdem, el cual –como se precisó ut supra– es un principio general que informa a todo el sistema de los recursos en el proceso penal venezolano, y cuyo contenido se traduce en que las decisiones judiciales serán recurribles únicamente por los medios recursivos y en los supuestos expresamente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (sentencia n° 1.303/2005, n.° 1529/2009, n.° 1895/2011, n.° 1201/2014 y  1738/2015), lo constituye una garantía, a su vez, del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Aunado a lo anterior, esta Sala estima igualmente oportuno, dada la naturaleza jurídica del auto que admite la querella, en los delitos que están sometidos al juzgamiento por las normas del procedimiento ordinario, examinar además la recurribilidad de los pronunciamientos que forman parte o pueden acompañar el auto de admisión de la querella.

Para ello y partiendo de la naturaleza jurídica del mencionado auto que admite la querella, como uno de los modos de proceder al inicio del proceso penal en fase preparatoria –comúnmente denominada fase de investigación debido a su objeto o finalidad–, es necesario distinguir en él (el auto) que además de la orden judicial de inicio de la investigación penal del hecho o los hechos denunciados en la querella, existen otros pronunciamiento que –como se dijo– forma parte o pueden acompañar esta decisión como lo son: 1) el otorgamiento a la víctima de la condición de parte querellante (ex –artículo 278 primer aparte), 2) la eventual solicitud al Ministerio Público para la práctica de diligencias que se estimen necesarias para acreditar los hechos denunciados en la querella (ex–artículo 277); y finalmente  3) el eventual decreto de las medidas preventivas para asegurar las resultas del proceso (Facultad que si bien no está prevista en las normas que regulan la querella, ha sido reconocida como una potestad del juez de control, por la jurisprudencia de esta Sala y en el propio articulado desarrollado en el Código Orgánico Procesal Penal para la fase preparatoria (<Vid. Sentencias n.° 152/000, n.° 2477/2001, n.° 785/2006, –entre otras– y Código Orgánico Procesal Penal artículos 111.11.18, 264, 265, 294, 518>).  

En este sentido, se precisa que en lo que respecta al conferimiento a la víctima de la condición de parte querellante, como lo determina el primer aparte del artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal y la eventual solicitud al Ministerio Público para la práctica de diligencias que se estimen necesarias para acreditar los hechos denunciados en la querella de acuerdo a lo previsto en el artículo 277 eiusdem; ambos pronunciamientos forman parte estructural del auto que ordena la admisión, y, por tanto, son igualmente inapelables y en todo caso el cuestionamiento debe hacerse a través de las excepciones previstas en el artículo 28 de la Ley Adjetiva Penal o a todo evento a través de la figura del control judicial (ex–artículo 264).

Ello es así, debido a que el otorgamiento o conferimiento al querellante de la condición de parte, se refiere en esencia a una declaración judicial de su posición o situación en relación al proceso del cual se asumen como víctima y parte forma de éste, lo que incide en el ejercicio de una serie de derechos que le permite una participación más activa protagónica en su desarrollo. En tanto el segundo se refiere al ejercicio del derecho de peticionar la proposición de diligencias cuya regulación prevista en el artículo 277 y 287 (este último artículo para el caso del imputado y demás partes a las que se le haya dado intervención en el proceso) está sujeta al control judicial conforme lo establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal (Vid. Sala Constitucional sentencia n.° 1428/2015).

 Ahora, en el caso de las medidas preventivas que eventualmente decrete el Juez de Control, al momento de admitir la querella, aun cuando la decisión que las ordena no puede concebirse como parte de los pronunciamiento que integran el auto de admisión de la querella, su impugnación, en ese contexto, tampoco procede a través del recurso ordinario de apelación de autos.

En este orden de ideas, si bien la decisión que acuerda una o varias medidas preventivas (nominadas o innominadas) sobre bienes del querellado, constituye un pronunciamiento autónomo del auto que acuerda la admisión de la querella, su impugnación al igual que el referido auto de admisión, no es a priori, cuestionable a través del recurso ordinario de apelación de autos; sino a través del procedimiento de oposición a las medidas previsto en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, denominado “Del Procedimiento de las Medidas Preventivas”, artículos 601 al 606 ejusdem; aplicables por remisión expresa de los encabezados de los artículos 294  y 518 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente disponen:

Cuestiones Incidentales

Artículo 294. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el Juez o Jueza de Control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil.

(...) 

Remisión

Artículo 518. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal.

(...)

 

En estos orden de ideas, es necesario destacar que, la aplicación al proceso penal de las medidas preventivas de embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar, y, finalmente, las medidas innominadas previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del mencionado Código Adjetivo Civil, exigen de parte del Juez Penal un irrestricto acatamiento a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que las regulan; de manera que su otorgamiento, cumpla con los requisitos, formas y los procedimientos que para ellas ha previsto la legislación civil, en otras palabras, que se dé cumplimiento al principio de legalidad de las formas procesales.

De esta manera, la Sala precisa que una vez decretada la medida, ya sea luego de admitida la querella –como ocurrió en el presente caso–, o bien en cualquier oportunidad de la fase preparatoria, cuando esta se ha iniciado en cualquiera de sus formas de proceder, el medio establecido para su cuestionamiento en el proceso penal, es a través, del procedimiento de oposición previsto en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, denominado “Del Procedimiento de las Medidas Preventivas”, artículos 601 al 606 eiusdem que expresamente disponen:

 

Artículo 601

Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud, y no tendrá apelación.

Artículo 602

Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.

Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promueven y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos.

En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición, ni la articulación de que trata este artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida, como se establece en el artículo 589.

Artículo 603

Dentro de dos días, a más tardar, de haber expirado el término probatorio, sentenciará el Tribunal la articulación. De la sentencia se oirá apelación en un solo efecto.

Artículo 604

Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquéllas, cuando se hayan terminado.

Artículo 605

La parte en cuyo favor se haya expedido el decreto de secuestro podrá hacerlo protocolizar en la Oficina de Registro respectiva, lo mismo que el del depósito de la finca vendida o arrendada, hecho en el dueño para responder al arrendatario cuando hubiere lugar, conforme al aparte final del artículo 599.

Artículo 606

Si sentenciada en definitiva la causa, no se hubiere decidido todavía la articulación pendiente sobre las medidas decretadas, el Tribunal ante quien se haya promovido continuará conociendo de ella, aunque haya admitido antes apelación en ambos efectos o recurso de casación de la sentencia definitiva.

 

Como se observa de esas disposiciones, el Código de Procedimiento Civil efectivamente prevé un procedimiento especial para la oposición de las medidas preventivas cuando estas han sido decretadas, para garantizar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito. Así pues, la oposición a las providencias cautelares constituye el medio judicial ordinario que permite a la persona contra quien obre la medida, oponerse a la vigencia de la misma, señalando para ello las razones de hecho y de derecho que hacen improcedente las mismas.

Siendo oportuno agregar además que el uso de este medio judicial puede ser ejercido, de acuerdo con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, por cualquier persona como pudiera ser un tercero que no tenga la condición de parte en el proceso penal, pero alegue un derecho real sobre el bien preventivamente asegurado. En esa orientación esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  ha precisado:

“...Precisado lo anterior, observa esta Sala que antes de acudir a la vía del amparo, la hoy quejosa tenía a su disposición un medio judicial preexistente -aun y cuando no fuera parte en el proceso penal-, a los efectos de enervar la medida cautelar innominada dictada por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre, cuyos efectos incidieron negativamente, a su decir, en una cuenta bancaria de su propiedad. En tal sentido, dicho medio judicial se encuentra constituido por la figura de la oposición a la providencia cautelar, la cual pudo ser formulada por dicha ciudadana, en su calidad de tercero afectado por aquélla, con base en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la remisión en materia de medidas preventivas y en concordancia con los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la necesidad del agotamiento de la oposición a la medida cautelar por parte de los terceros que vean afectados sus derechos, antes de acudir a la vía del amparo, esta Sala, en sentencia n° 4.398/2005, del 12 de diciembre, sostuvo lo siguiente:

“… observa la Sala que en lugar de accionar en amparo, pudo el accionante oponerse al embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, no obstante, si no pudo ejercer tal derecho toda vez que desconoce si se realizó la publicación del último cartel de remate, en atención a la norma mencionada, pudo ejercer la tercería prevista en los artículos 373 y siguientes del Código Adjetivo Civil, y así ejercer la defensa de sus derechos e intereses sin ser parte en la causa principal. Dicha institución – tercería - requiere de un trámite no tan breve y sumario como así lo constituye la acción de amparo, se trata por el contrario, de insertarse en un procedimiento en el que efectivamente se debe hacer plena prueba de los hechos alegados a fin de aclarar la posición del tercero lo cual presupone el cumplimiento de las etapas procesales a tal fin.

(…)En atención a la norma antes transcrita, la Sala estima que efectivamente el accionante dispone de un medio idóneo para impugnar el fallo accionado mediante la presente acción y así proteger los derechos que denuncia le han sido violentados, como lo es la oposición al embargo, y de no ser posible, intentar la tercería, por una parte, y por otra, la acción reivindicatoria prevista en el artículo 584 del referido Código Adjetivo, que de ser ejercida corresponderá al juzgador determinar la existencia o no del derecho invocado por el éste accionante, motivo por el cual la presente acción de amparo resulta inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide”.(Vid. Sentencia n.° 23/2007).

 

De igual forma, esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,  en decisión No.  785/2006, asentó lo siguiente:

 

“… con relación al auto dictado el 27 de abril de 2005, mediante el cual se decretó una medida preventiva para el aseguramiento de bienes del imputado, con fundamento en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal, los accionantes o los terceros que se consideren afectados, podían haber ejercido la oposición a dicha medida, establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil- y sólo si los jueces de la alzada, quienes igualmente son protectores de la Constitución, que conocieren de esta petición, decidieran con violación de derechos y garantías constitucionales, que amenazaran de irreparable su situación, podría acudir a la vía del amparo...”.

 

Siendo ello así, la decisión sobre las medidas preventivas dictadas sobre bienes del querellado o en general del imputado, que puede ser cuestionada a través del recurso de apelación de autos, conforme lo previsto en el artículo 439.5.7, es aquella que resulta luego de agotado el procedimiento de oposición y la articulación probatoria, que en el caso del procedimiento civil debe conocer un juez civil conforme lo pauta la parte in fine del artículo 603, pero en el proceso penal corresponde su conocimiento a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado, donde se haya dictado la medida y a ello es precisamente a lo que se refiere que el único aparte del artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal al disponer lo siguiente:

“…Las decisiones que se dicten con ocasión de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán impugnables únicamente por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código”.

 

De lo expuesto, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estima que la actuación de los jueces, que integran la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no se corresponde con las normas ni con la jurisprudencia señalada, pues además de darle trámite a un recurso de apelación que conculcó el principio de impugnabilidad objetiva consagrado en el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, lo declaró con lugar  anulado por una vía distinta de la prevista en la ley procesal penal, el auto de admisión de la querella y las medidas preventivas acordadas en contra de bienes propiedad de la ciudadana Maylin Del Rosario Fonseca Jiménez, bajo la premisa de que entre la referida ciudadana y el querellante ciudadano Oswaldo Nania Nuzzo, existió un ofrecimiento de venta de las acciones que éste último poseía en la Sociedad Mercantil “Restaurant Troika, C.A.” que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social de la referida empresa, conforme se evidenciaba del documento notariado acompañado al recurso de apelación, razón por la cual el querellante carecía de cualidad para intentar la querella. Situación que a juicio de esta Sala, constituye una evaluación de aspectos relativos a la legalidad y procedibilidad de la querella interpuesta, que ab initio cercenó la investigación de los hechos denunciados en la querella admitida, función que en el marco del sistema acusatorio venezolano corresponde, en lo que atañe a su dirección por excelencia, al Ministerio Público, como órgano encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado Venezolano en los delitos de acción pública, conforme a lo jurisprudencia  de esta Sala.

En este orden de ideas, el juicio sobre la legitimación del querellante sólo podía hacerse valer –como se ha referido a lo largo del presente fallo– a través de la excepción contemplada en el artículo 28.4 literal “f”, que expresamente dispone:

 Excepciones

Artículo 28. Durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de Control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

(...) 

4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:

(...)

f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción.

(...)

 

Así las cosas, esta Sala Constitucional estima que con la nulidad del auto de admisión de la querella, así como de las medidas preventivas decretadas, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas asumió una función que por ley no le correspondía, al anular, por un medio no regulado en la ley, una investigación cuya dirección, conclusión o desestimación correspondía exclusivamente al Ministerio Público; e igualmente usurpó competencias que exclusivamente están asignadas por ley al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, para resolver a través de las  excepciones e incidencias de medidas preventivas, todo aquello relacionado con constitución o continuidad del proceso instado con la acción penal y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos vinculados al delito.

Corolario de lo anterior se aprecia que, en el caso de autos, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,  actuó de los límites de su competencia y en extralimitación de sus funciones, vulnerando los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al emitir un pronunciamiento para lo cual no tenía asignada por ley la competencia material en ese contexto; resultando así un perjuicio no sólo para el quejoso del amparo, sino para la buena marcha de todo proceso penal, debido a la infracción de normas relacionadas a la competencia material de los tribunales y demás sujetos que intervienen en el proceso penal, las cuales tienen marcado carácter de orden público; situación que atenta contra la seguridad jurídica que debe brindar todo proceso judicial.

Finalmente, en fuerza de los anteriores razonamientos y verificado que el presente asunto es de mero derecho, la Sala estima necesario, en garantía de los principios de economía y celeridad procesal, declarar procedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional interpuesta contra decisión dictada, el día 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana Maylin Del Rosario Fonseca Jiménez, anulado la decisión y las medidas preventivas, dictadas en fecha 23 de Julio de 2015, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que admitió la querella presentada en contra de la referida ciudadana por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Apropiación Indebida Calificada y Falsa Atestación ante Funcionario Público, previstos y sancionados en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medidas cautelares sobre sus bienes y cuentas; en consecuencia se anula la decisión accionada en amparo dictada por la mencionada Sala Primera de Corte de Apelaciones, así como el auto que ordenó la admisión de la referida incidencia recursiva de apelación; y ordena reponer la causa al estado de que una sala distinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido, conforme a lo asentado en la presente decisión. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones  que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que es COMPETENTE para conocer la presente acción de amparo interpuesta contra decisión dictada el día 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los apoderado judiciales de la ciudadana Maylin Del Rosario Fonseca Jiménez, anulado la decisión y las medidas preventivas, dictada en fecha 23 de Julio de 2015, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que admitió la querella presentada contra de la referida ciudadana por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Apropiación Indebida Calificada y Falsa Atestación ante Funcionario Público, previstos y sancionados en los artículos 462, 468 y 320, todos del Código Penal, y decretó además medida cautelares sobre sus bienes y cuentas.

2.- Que ADMITE la referida acción de amparo

3.- Por razones de celeridad procesal, declara DE MERO DERECHO la acción de amparo constitucional ejercida por los apoderado judiciales de la ciudadana Maylin Del Rosario Fonseca Jiménez, contra decisión dictada el día 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas

4.- Que es PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la aludida acción de amparo constitucional.

5.- Se ANULA la decisión dictada el día 14 de septiembre de 2015, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como el auto que ordenó la admisión de la referida incidencia recursiva de apelación.

6.- Se ORDENA reponer el proceso al estado de que una sala distinta de la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido, conforme a lo asentado en la presente decisión.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Audiencias  de  la Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a los 25 días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

La Presidenta,

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                        Ponente

El Vicepresi…/

 

 

 

 

 

…dente,

 

 

 

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                                                                                         

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS

…/

 

 

 

 

…/

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS 

 

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

La Secretaria (T),

 

 

 

 

 

 

DIXIES J. VELÁZQUEZ R.

 

 

 

GMGA.

Expediente n.° 16-0121.

 

 

 

 

 

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