Venley

Sentencia N.º RC.000927

Sentencia
N.º RC.000927
Fecha
15/12/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-464
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2016-000464

 

Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio por nulidad de contrato de compra venta, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, por los ciudadanos YXORA JOSEFINA GÓMEZ FLORES, UBALDO RAMÓN, ELEAZAR, CARMEN VICTORIA, FLOR MARÍA, ESPERANZA y MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, la primera y la última, actuando en nombre propio y en representación de los ciudadanos antes referidos, junto con los coapoderados Juan Alberto Castro Palacios y Gonzalo Cachut García, contra los ciudadanos MARISOL DE JESÚS GÓMEZ y ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, la primera, representada judicialmente por las abogadas Marilyn Medrano Rodríguez, Mariana García y Solimar Armas; y el segundo, representado judicialmente por los abogados José Araguayán Hernández, José Ángel Araguayán Campos y Freddy González; el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil y de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 17 de diciembre de 2015, actuando como Tribunal Superior de Reenvío, dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró:

 

“Primero: Con lugar la demanda de nulidad de documento incoada por los ciudadanos: Yxora Josefina Gómez Flores, Ubaldo Ramón Gómez Flores, Eleazar Gómez Flores, Carmen Victoria Gómez Flores, Flor María Gómez Flores, Esperanza Gómez Flores y María Antonieta Gómez Flores, en contra en contra de los ciudadanos Marisol de Jesús Gómez Flores y Armando Celestino Martínez, todos plenamente identificados up supra.

Segundo: La nulidad de la venta efectuada mediante documento autenticado celebrada en fecha veinte (20) de febrero de dos mil uno (2001), por ante la Notaría Pública Tercera con Sede en San Félix, inserto bajo el NRO. 43, Tomo 16 de los Libros respectivos, recaída sobre las bienhechurías constante de una casa construida sobre una parcela de terreno perteneciente a la Alcaldía del Municipio Autónomo Caroní, (antes consejo Municipal, ubicada en la carrera tres (3), (antes Calle Chipia), Inmueble NRO. 65, Ciudad Guayana. La misma está distribuida en cinco (5) habitaciones, una (1) Sala, un (1) Comedor, dos (2) baños, y dos (2) Cocinas; construidas con paredes de bloques de arcilla, techo de zinc, piso de cemento, puertas y ventanas de vidrios. El terreno donde se encuentra enclavado dicho inmueble mide quince (15) metros de frente, por dieciséis (16) metros con treinta centímetros (30) de largo, y dentro de los siguientes linderos: Norte: Con casa que es o fue de Donato Sánchez; Sur: Casa que es o fue de Luis Santoyo; Este Que es su frente, con la carrera tres 3, y Oeste: Terrenos que son o fueron de Luís Dubue. Y (sic) por consiguiente dicho documento carece de efectos jurídicos.

Tercero: Sin lugar la apelación ejercida en fecha 04/05/2012 por el abogado José Ángel Araguayan Campos, en su carácter de apoderado judicial de la parte codemandada, el ciudadano Armando José Celestino Martínez, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.525.237. Quedando así confirmada la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, de fecha 21/09/2011.

Cuarto: Se condena en costas a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil…”

 

Contra la preindicada sentencia la parte co-demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado, hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 14, 15, 90, 206 y 208 eiusdem, alegando el vicio de reposición no decretada, con base en la siguiente fundamentación:

 

“En el escrito de informes presentado ante la alzada con motivo del recurso de apelación, mi representado Armando Celestino Martínez, solicitó expresamente la reposición de la causa en los siguientes términos:

 

(…) por lo que solicito en este acto tal remedio a esta situación, en el sentido de que se reponga la presente causa al estado de efectuar la “notificación” a dicha parte acá co-demandada, en el domicilio alternativo establecido por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, como es precisamente la sede de este Tribunal, fijando la correspondiente “boleta de notificación” en la cartelera del tribunal, para que pueda considerarse a dicha parte debidamente notificación del abocamiento (sic) de la nueva juez de este tribunal…”

…omissis…

En consecuencia, la solicitud de reposición de la causa estaba plenamente justificada, por cuanto la renovación del acto resultaba indispensable para que pudiera computarse válidamente el lapso de tres días a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y las partes pudieran ejercer su derecho a la recusación. Por tales razones, solicito se constate la violación por la recurrida de los artículos anteriormente mencionados, se case el fallo recurrido y se reponga la causa al estado en el que el Juzgado Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia sin incurrir en los vicios denunciados. (Resaltado de la Sala)

 

 

Para decidir, la Sala observa:

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el vicio de reposición no decretada, por cuanto la recurrida no se pronunció con respecto a un alegato de reposición contenido en los informes siendo que “…la solicitud de reposición de la causa estaba plenamente justificada, por cuanto la renovación del acto resultaba indispensable para que pudiera computarse válidamente el lapso de tres días a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y las partes pudieran ejercer su derecho a la recusación…”

Con base en lo anterior, esta Sala de Casación Civil, ha dejado establecido entre otros fallos, mediante sentencia número 258, de fecha 25 de abril de 2016, (caso: Construcciones Y Mantenimiento Técnico, C.A. (C.M.T.C.A.) contra Comunicaciones Industriales, C.A. (COMUNICA) donde se cita sentencia número 198, de fecha 21 de abril de 2015, (caso: Antonio Benito Ponce contra María Marcela Gómez de la Vega Peredo y otro) en la cual se reitera sentencia número 96, de fecha 22 de febrero de 2008, (caso: Banesco Banco Universal C.A, contra Héctor Jesús Pérez Pérez), el siguiente criterio:

 

“…la Sala en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, estableció lo siguiente:

“...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.

En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

‘...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.’

Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.

Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa.

Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”. (Resaltado de la Sala)

 

En atención al precedente jurisprudencial transcrito, queda claro que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad, entre otros extremos.

Lo antes expuesto queda sustentado asimismo en principios constitucionales, como los desarrollados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ratifican lo hasta ahora expuesto, al referirse al derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles. Del mismo modo, el artículo 49 de la referida Carta Magna garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa; y el artículo 257 ejusdem, el cual hace referencia al proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia.

 En este mismo orden de ideas, es necesario significar, que en materia de nulidades procesales, de existir un acto írrito en el proceso, en este caso, no debe declararse la nulidad por la nulidad misma. La nulidad y consecuente reposición por quebrantamiento de una forma procesal, debe obedecer a una utilidad y, en este sentido, esta Sala advierte lo siguiente:

El formalizante sostiene en su denuncia que en la sentencia recurrida se produjo el vicio de reposición no decretada, por cuanto la recurrida no se pronunció con respecto a un alegato de reposición contenido en los informes siendo que “…la solicitud de reposición de la causa estaba plenamente justificada, por cuanto la renovación del acto resultaba indispensable para que pudiera computarse válidamente el lapso de tres días a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y las partes pudieran ejercer su derecho a la recusación…”

Ahora bien, con respecto a la falta de notificación del auto de abocamiento y la infracción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, la doctrina de esta Sala, reflejada en su sentencia número 142, de fecha 27 de marzo de 2015, caso: FAPCO, C.A., contra Mario Donato Corrente Rimbaldi y otros ratificado en sentencia número 507, de fecha 7 de agosto de 2015, caso: Luz María Calles de Carrasco y otros contra Asociación Civil Iglesia Evangelista "EL MESÍAS", sostuvo:

 

“…Para decidir, la Sala observa:

 El formalizante delata el quebrantamiento de formas procesales que menoscabaron el derecho a la defensa, por cuanto el Juez al abocarse al conocimiento de la causa, no dejó transcurrir los tres días íntegramente antes de dictar sentencia, a fin que pudiese ejercer el derecho a la recusación. Que al no hacerlo, subvirtió el orden procedimental, infringiendo los artículos 7°, 15, 22 y 90 del Código de Procedimiento Civil y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Señala que debido a ello no pudo ejercer la recusación como medio de defensa ante una presunta arbitrariedad del juez, quien podría estar incurso en una causal de recusación, por el hecho de que uno de los apoderados de la actora fungió como abogado en otro caso distinto al presente, asistiendo a un ciudadano extraño al presente asunto, en una acusación que hiciera ante la Inspectoría de Tribunales, contra el referido juez.

Con respecto a lo delatado, es decir, cuando el Juez no deja correr el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, dentro de éste se dicta sentencia, la Sala de Casación Civil, en decisión Nº 732, de fecha 1° de diciembre de 2003, expediente Nº 2001-000643, caso: Marcos Ortiz Cordero contra Luis Marturet, estableció, lo siguiente:

“…La Sala a través de su extensa y consolidada doctrina, ha mantenido el criterio, sustentado en el mandato contenido en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, de la necesaria notificación que debe hacerse a las partes, cuando suceda el abocamiento de un nuevo juez o jueza al conocimiento de la causa, siempre que ella se encuentre paralizada o suspendida, vale decir que los litigantes no están a derecho; el sustrato de este mandato, viene dado por la obligación de los jueces de mantener a las partes en igualdad de condiciones, así como también, en el caso de que un juez o jueza distinto al que ha venido conociendo, deba dictar la sentencia, habiéndose vencido el lapso legal establecido para ello. Con esta previsión se le garantiza a los justiciables el ejercicio de su derecho a recusar al nuevo juez o jueza, cuando existan razones para ello; a tal efecto se otorgan tres días subsiguientes a la aceptación de aquél, conforme lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Adjetiva Civil.

La doctrina antes referida ampliada en sentencia Nº 131, de fecha 7 de marzo de 2002, en el juicio de Jorge Pabón contra Almacenadora Caracas, C.A., expediente Nº 2001-000092 y ratificada en decisión Nº. 674, de fecha 7 de noviembre de 2003, juicio de Luis Enrique Milano contra Auto Frenos Carúpano, C.A., (…) en la que se estableció:

(…Omissis…)

 ‘Asimismo, en los supuestos antes anotados es menester que el formalizante cumpla con la carga de señalar cuál es el gravamen generado por la ausencia de notificación del avocamiento, (Sic) y alegar la causal de inhibición existente en el juez que sentenció la causa, que como no fue declarada de oficio, sería utilizada en su contra a través de la recusación. En este sentido, es prudente precisar que no es suficiente alegar genéricamente que existe una causal para recusar al juez, sino que es necesario indicar cuáles son los hechos concretos que se subsumen en la causal alegada; y que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de avocamiento (Sic) o la ausencia de notificación de tal avocamiento (Sic), demostrando que en la primera oportunidad que se hizo presente en autos denunció la anomalía.

 Para que prospere la denuncia de indefensión ante esta Sala el formalizante deberá:

a)Indicar la causal de recusación que no pudo proponer contra el juez, bien por falta de avocamiento (Sic) expreso, o por no haberse notificado a las partes de dicho avocamiento (Sic).

b) Que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de avocamiento (Sic) o la ausencia de notificación del avocamiento (Sic), es decir, el recurrente en la primera oportunidad en que se hizo presente en autos debe haber denunciado la anomalía’.

Consagra que a fin de que la reposición proceda, se hará necesario que el interesado exprese el motivo que lo induciría a recusar al juez; de no ser así, ni esta Máxima Jurisdicción, o en su caso el ad-quem, deberá declarar improcedente la reposición solicitada…” (Resaltado de la Sala).

La Sala de Casación Civil viene estableciendo, que no es suficiente que exista la infracción del referido artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para que opere la nulidad y reposición de la causa. Es necesario, además de la ocurrencia de la subversión, que exista una causa de recusación debidamente alegada y que el afectado haya denunciado la anomalía en la primera oportunidad en que se haga presente en el juicio luego del acto que supuestamente subvirtió el proceso.

En el caso de autos, tal como lo alega el recurrente, luego de abocarse el juez superior, dictó la sentencia hoy recurrida en casación al tercer día, es decir, dentro del lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo cual evidentemente constituye una subversión.

(…omissis…)

Por otra parte, ahora en casación se pretende alegar una recusación fundada en hechos de presunta ocurrencia, pues indica la representación recurrente que uno de los apoderados de la actora, en otra oportunidad anterior y en otro juicio, asistió a un ciudadano, extraño a la presente relación procesal, en una denuncia ante la Inspectoría de Tribunales contra el Juez que dictó aquí la sentencia recurrida, y que ello genera una “…sospechosa falta de imparcialidad…”.

 Si bien es cierto, la doctrina casacionista ha permitido que se fundamente la recusación en causales distintas a las taxativamente previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para evitar el abuso de tal institución procesal, éstas deben ser razones legales, de manera tal que puedan ser tenidas como motivos racionales para provocar la declaratoria de la incompetencia subjetiva. Tiene que, además, basarse en situaciones fácticas cumplidas que permitan su comprobación en autos.

 Contrario a ello, lo indicado por el recurrente son simples hipótesis de situaciones no cumplidas, como sería la eventual sanción disciplinaria que aún no ha ocurrido en contra del juez; además es un caso ajeno al de autos y donde no existe relación negativa directa entre la parte y el juez que sentenció el presente juicio.

Por tanto, al no haberse cumplido con los extremos antes mencionados para que se ordenara la reposición de la causa por infracción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil considera improcedente la presente denuncia. Así se decide.” (Destacados de lo transcrito).-

 

En el mismo sentido, con respecto a la falta de notificación del auto de abocamiento y la infracción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, la doctrina de esta Sala, reflejada en su fallo N° RC-235, de fecha 4 de mayo de 2009, expediente N° 2007-570, caso: JULIO GERMÁN BETANCOURT contra VIRGINIA PORTILLA y otra,  señala lo siguiente:

 

“…Adicionalmente, esta Sala amplia la citada doctrina en los términos que a continuación se explanarán, la cual será aplicable en los recursos admitidos a partir del día siguiente a la publicación de este fallo:

 

Para que prospere la denuncia de indefensión ante esta Sala el formalizante deberá:

 

a) Indicar la causal de recusación que no pudo proponer contra el juez, bien por falta de abocamiento expreso, o por no haberse notificado a las partes de dicho abocamiento.

 

b) Que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de abocamiento o la ausencia de notificación del abocamiento, es decir, el recurrente en la primera oportunidad en que se hizo presente en autos debe haber denunciado la anomalía...”. (Negritas de la Sala).

 

Ahora bien, en el presente caso debe esta Sala advertir, que los argumentos aportados por el formalizante para fundamentar su delación son infructuosos, en primer término porque para denunciar la indefensión producida ante la ausencia de notificación a las partes del abocamiento de un nuevo juez, es necesario de conformidad con las jurisprudencias antes transcritas:

 

a) Indicar la causal de recusación que no pudo proponer contra el juez, bien por falta de abocamiento expreso, o por no haberse notificado a las partes del mismo.

 

De allí que, para que prospere una denuncia por falta de notificación a las partes del abocamiento de un nuevo juez al conocimiento de la causa, con la infracción del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo conducente es que el formalizante le indique a esta sede casacional el motivo por el cual hubiese podido recusar al nuevo juez; de manera que, es carga del formalizante, de impretermitible cumplimiento, demostrar la indefensión que se le causó mediante la indicación de los hechos concretos que se subsumen en alguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, todo ello a los fines de evitar reposiciones inútiles.

Por tanto, y visto que de una revisión exhaustiva del escrito de formalización, no se evidencia que la parte recurrente haya manifestado los motivos y la causal por la cual, supuestamente la juez de alzada que se abocó al conocimiento del caso, era proclive a ser recusada, la presente delación es improcedente. Así se declara.

Con base a los razonamientos antes expuestos se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

-II-

Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, alegando el vicio de incongruencia, con base en la siguiente fundamentación:

 

“véase señores magistrados, que la recurrida mezcla indebidamente ambas situaciones que están perfectamente delimitadas en el escrito de contestación de la demanda, por cuanto al particular III del escrito de contestación de la demanda, específicamente al numeral III.1 se cuestiona precisamente la “sustitución del poder” que hace la actora de este juicio, quien representa “sin poder” a la sucesión Gómez Flores y a su vez, sin mediar la debida autorización de los representados (demás sucesores), otorga poder a abogados otorgando facultades especialísimas, como son las contenidas en el artículo 154  del Código de Procedimiento Civil, para cuyo otorgamiento se requiere que sea la parte misma que las otorgue, exponiendo en dicho particular, lo siguiente:

…omissis…

Ahora bien señores Magistrados, la recurrida mezcla indebidamente ambas situaciones, lo cual en modo alguno debió hacer, toda vez que ambas están orientadas a soluciones distintas, es decir, la referida al poder obviamente que cuestiona la legitimidad de la ciudadana Ixora Josefina Gómez Flores, para otorgar como lo hizo un poder “apud acta”, a abogados de su confianza dándoles las facultades en nombre de los otros coherederos que están reservadas a la parte misma otorgante del poder ex artículo 154 del código de Procedimiento Civil y la segunda situación que está referida a la “cualidad” de los demandantes para intentar la presente acción judicial.      

Como puede verse, la recurrida ha tergiversado los términos de la controversia cuando mezcla tales situaciones…” (Resaltado de la Sala)

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia que la recurrida incurrió en el vicio denominado incongruencia negativa, al haber tergiversado los términos en que fue planteada la contestación a la demanda por cuanto mezcla “…la legitimidad de la ciudadana Ixora Josefina Gómez Flores, para otorgar como lo hizo un poder “apud acta”, a abogados de su confianza dándoles las facultades en nombre de los otros coherederos que están reservadas a la parte misma otorgante del poder ex artículo 154 del código de Procedimiento Civil con la “cualidad” de los demandantes para intentar la presente acción judicial…”.

Ahora bien, en lo que atañe al vicio de incongruencia por tergiversación, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 376, del 14 de junio de 2005, expediente N° 2005-123, caso: Luís Armando García Sanjuan y otro, contra Alebor, C.A., ratificada, entre otras, en decisión N° 791, del 29 de noviembre de 2005, expediente N° 2005-388, caso: Socominter, S.A., contra Ftt Forja y otro, en fallo N° 1020 del 19 de diciembre de 2007, expediente N° 2007-587, caso: Pedro Antonio Borges Parra y otra, contra Felice Barbieri Sabín, y sentencia N° RC-191, de fecha 29 de abril de 2013, expediente N° 2012-186, caso: Dayco Holding Corp contra C.A. Dayco De Construcciones y otro, señaló lo siguiente:

 

“...Con relación al vicio de incongruencia por la tergiversación de los alegatos de las partes, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 435 de 15 de noviembre de 2002, caso José Rodríguez Da Silva contra Manuel Rodríguez Da Silva, expediente N° 99-062, con ponencia del Magistrado que suscribe la presente, señaló lo siguiente:

 

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

 

En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:

 

“...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo’ de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por (Sic) en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)...”.

 

El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el Juez debe atenerse a lo alegado en autos.

 

Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento sobre hechos no controvertidos por las partes, y; b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, bajo pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.

 

Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado.

 

Así lo ha establecido la Sala entre otras, en sentencia Nº 270, de fecha 4 de julio de 1995, Exp. 94-016, en el caso de Inversiones Méndez Peña C.A. (Mepeca) contra Francisco Arnulfo Méndez Peña, oportunidad en la cual precisó lo siguiente:

 

“...Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el ordinal 1ro del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil...” (Negrillas y subrayado de la Sentencia).

 

Con base al andamiaje anterior, tenemos que la recurrida, en la oportunidad de resolver el fondo del juicio y en cuanto a los alegatos del co-demandado al contestar la demanda, sostuvo:

 

“Planteada como ha quedado la controversia esta sentenciadora antes de pasar a decidir observa:

 

Punto previo:

…omissis…

 

En cuanto al alegato del codemandado ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, de la falta de cualidad de la actora para intentar la acción bajo el argumento de que la anulación de la venta sólo puede reclamarse por el padre, por la madre, por el hijo y por los herederos o causahabientes de MARISOL GÓMEZ, más no por sus coherederos, tal como lo establece el artículo 271 del Código Civil Vigente, a criterio de esta Alzada, no se aplica al documento del que se hizo supuestamente propietaria la ciudadana MARISOL GÓMEZ de las bienhechurías objeto del contrato de venta de fecha 07/07/1980 autenticado ante la Notaría Pública Primera con sede en Puerto Ordaz, inserto bajo el Nro. 29, Tomo 22 de los libros respectivos, pues, este contrato nació viciado de nulidad absoluta en contravención a la ley (fue otorgado bajo las normas del Código Civil 1942) y sin ningún efecto legal, mal podría exigírsele cualidad a quienes teniendo un evidente interés común ejercen su acción para hacer valer su pretensión, lo contrario sería subsanar un vicio personal que atañe a uno de los contratantes en detrimento de una comunidad hereditaria, como lo es en el presente caso.

 

En base a lo establecido en el párrafo anterior, es que les nace la condición de litisconsortes activos a los demandantes de la presente acción y por consiguiente la cualidad a la actora para ejercer la acción de nulidad de contrato en nombre propio como heredera y de sus coherederos ciudadanos UBALDO RAMÓN GÓMEZ FLORES, ELEAZAR GÓMEZ FLORES, CARMEN VICTORIA GÓMEZ FLORES, FLOR MARÍA GÓMEZ FLORES, ESPERANZA GÓMEZ FLORES, y MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, sobre un bien inmueble perteneciente a la comunidad hereditaria – Sucesión GÓMEZ FLORES –, por tener interés jurídico actual.

 

Al respecto, los artículos 16 y 168 del Código de Procedimiento Civil establecen lo siguiente:

 

“Artículo16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica…..”

 

“Artículo 168: Podrán presentarse en juicios como actores sin poder: El heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su condueño, en lo relativo a la comunidad.”

 

Ahora bien, es necesario diferenciar lo que en doctrina de denomina legitimatión ad procesum de la legitimatión (sic) ad causam, la primera atañe a un presupuesto procesal para comparecer en juicio, y la como la idoneidad de la persona para actuar en juicio, como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito.

 

Es oportuno hacer la comparación entre las llamadas legitimatión ad procesum y la legitimatión (sic) ad causam, a fin de determinar en cuál de ellas estamos en presencia, no cabe dudas que, en el jub (sic) judice la falta de cualidad alegada por la parte demandada está referida a la legitimación o cualidad o lo que es lo mismo a la legitimatión (sic) ad causam, pues, la pretensión de la accionante IXORA JOSEFINA GÓMEZ FLORES, quien en su carácter de coheredera, consiste en demandar formalmente a los ciudadanos MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES y ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, por la nulidad de la venta recaída en un inmueble (bienhechurías) construidas sobre una parcela de terreno municipal, up supra identificado, por ser ese bien inmueble perteneciente a la Sucesión GÓMEZ FLORES, según el documento autenticado ante la Notaria Pública Primera con sede en Puerto Ordaz, inserto bajo el Nro. 29, tomo 22 de los libros respectivos. Sin hacer declaración sucesoral correspondiente, declaraciones que fueron hechas ante el SENIAT en fecha 04 de julio 2003.

 

Por otro lado los codemandados MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES y ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, en sus escritos de contestación y posteriormente en etapa de informes, impugnaron en todas sus partes la sustitución de la representación sin poder que dice ostentar la actora de éste juicio, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en cabeza de los profesionales del derecho MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, JUAN ALBERTO CASTRO PALACIOS Y GONZALO CACHUT GARCÍA, efectuada en fecha 26/02/2004 mediante poder apud acta, ante la secretaría del Tribunal.

 

De tal manera, que la parte actora IXORA JOSEFINA GÓMEZ FLORES en su carácter de coheredera y actuando como profesional del derecho en representación de los otros coherederos procedió a formular su pretensión ante el órgano judicial, lo cual le es permitido, así lo consagra la normativa contenida en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual no puede prosperar en su contra los argumentos expuestos por los representantes judiciales de los codemandados MARISOL DE JESÚS GÓMEZ y ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ abogados MARILYN MEDRANO RODRÍGUEZ y JOSÉ ÁNGEL ARAGUAYAN CAMPOS, respectivamente, en virtud que tal representación de la parte actora, es válida ya que actuó en nombre propio como coheredera, lo que le da la condición de litis consorte activo al que hace referencia la norma legal prevista en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, que le permite intervenir en juicio en representación de los intereses de la sucesión sin necesidad de poder ni mandato, y además en su condición de profesional del derecho está facultada para sustituir poder a otro u otros abogados de su confianza, lo cual hizo, otorgando poder apud acta a los ciudadanos JOSÉ GÓMEZ FLORES, YSMENIA DE LOURDES GÓMEZ FLORES y MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, quedando convalidada dicha actuación con la comparecencia de la abogada MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, quien también ha actuado en el juicio posterior al otorgamiento del poder apud acta, como apoderada judicial de los coherederos y en su propio nombre. (Resaltado de la Sala)

 

De lo anteriormente transcrito se evidencia, que la recurrida se pronunció por separado sobre los alegatos contenidos en la contestación de la demanda hecha por el co-demandado Armando Celestino Martínez, referidos a la “…la falta de cualidad de la actora para intentar la acción…” y a la impugnación de “…la sustitución de la representación sin poder que dice ostentar la actora de éste juicio…”, ahora bien si el recurrente no estaba de acuerdo con lo resuelto por la recurrida con respecto a ambos alegatos, otra debió ser su denuncia.

Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que la juez de la recurrida no incurrió en el vicio de incongruencia, por haber tergiversado los términos de la controversia, razón por la cual esta Sala debe declarar improcedente la presente denuncia. Así se declara.

-III, IV y V-

Esta Sala por razones de metodología, acumula las denuncias 3, 4 y 5 del escrito de formalización, en atención a los principios de brevedad del fallo y económica procesal, dada la similitud en su contenido.

Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, alegando el vicio de incongruencia negativa, con base en la siguiente fundamentación:

El formalizante expresa su tercera denuncia de la siguiente manera:

 

“la recurrida omitió pronunciarse sobre varios alegatos contenidos en la contestación de la demanda. En efecto, el co-demandado Armando Celestino Martínez, alegó en su escrito de contestación de la demanda, lo siguiente:

….Omissis…

Todos estos alegatos encaminados a demostrarla aceptación y reconocimiento de la propia parte actora de la validez de la venta hecha a la causante de mi mandante, así como su condición de propietaria, fueron simplemente ignorados por la recurrida, la que de esta forma se encuentra claramente viciada por incongruencia negativa.

 

Dada la naturaleza formal de la presente denuncia, no pretendo que la sala entre a resolver a resolver el fondo de estos planteamientos, pero es indudable que es inconcebible que la propia actora, reconozca el carácter de propietaria de la codemandada de la cosa vendida a mi mandante, para luego venir a este proceso a desconocer tal carácter. Esta defensa debió ser resuelta por la recurrida, la que al haberla omitido, se encuentra viciada por incongruencia negativa, lo cual así pido sea declarado. (Resaltado de la Sala)

 

 

Asimismo expresa su cuarta denuncia de la siguiente manera:

 

“la recurrida omitió pronunciarse sobre otros alegatos contenidos en la contestación de la demanda. En efecto, el co-demandado Armando Celestino Martínez, alegó lo que se copia a continuación:

….omissis…

Todos estos alegatos encaminados a desvirtuar la procedencia de la pretensión, fueron simplemente ignorados censurablemente por la recurrida. Dada la naturaleza formal de la presente denuncia, no pretendo que la sala entre a resolver a resolver el fondo de estos planteamientos, pero es indudable que es inconcebible que se pretenda que la recurrida se atuvo a lo alegado por las partes cuando ignoró y dejó sin respuesta estas defensas así oportunas y válidamente opuestas.

Por tanto, es evidente que la recurrida no ha dado respuesta a los alegatos opuestos en la contestación a la demanda, todo lo cual patentiza la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, lo cual apareja su nulidad a tenor del artículo 244 del mismo código. (Resaltado de la Sala)

 

Por último, expresa su quinta denuncia de la siguiente manera:

 

“la recurrida omitió pronunciarse sobre otros alegatos contenidos en la contestación de la demanda. En efecto, el co-demandado Armando Celestino Martínez, alegó lo que se copia a continuación:

….omissis…

Esta otra defensa relativa a que el derecho de propiedad vendido a mi mandante por la codemandada era, al menos en parte, originario por efecto de la ocupación y edificación de sus propios medios de esas bienhechurías, al igual que tantas otras defensas esgrimidas, fue censurablemente ignorado por la recurrida. En efecto, aun si le asistiere alguna razón a la actora respecto a algún vicio en la tradición de una parte del derecho enajenado a mi mandante, que no la tiene, la venta de las bienhechurías edificadas por la propia codemandada según acredita el titulo supletorio que invoca, no puede verse afectada por esa eventualmente defectuosa tradición, lo cual debió resolverlo en derecho la recurrida sin que así hubiere procedido.

Dada la naturaleza formal de la presente denuncia, no pretendo que la sala entre a resolver a resolver el fondo de estos planteamientos, pero es indudable que es inconcebible que se pretenda que la recurrida se atuvo a lo alegado por las partes cuando ignoró y dejó sin respuesta estas defensas así oportunas y válidamente opuestas.

 

Por tanto, es evidente que la recurrida no ha dado respuesta a los alegatos opuestos en la contestación a la demanda, todo lo cual patentiza la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, lo cual apareja su nulidad a tenor del artículo 244 del mismo código. (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

Como puede apreciarse de las anteriores transcripciones, el formalizante, en sus tres exposiciones, denuncia que la recurrida incurrió en el vicio denominado incongruencia negativa, al no pronunciarse sobre alegatos contenidos en su contestación a la demanda referidos:

a) “…alegatos encaminados a demostrar la aceptación y reconocimiento de la propia parte actora de la validez de la venta hecha a la causante de mi mandante, así como su condición de propietaria…”,

b) “…alegatos encaminados a desvirtuar la procedencia de la pretensión…” y

c) alegato de que “…el derecho de propiedad vendido a mi mandante por la codemandada era, al menos en parte, originario por efecto de la ocupación y edificación de sus propios medios de esas bienhechurías…”.

Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de incongruencia negativa, y ha sostenido que el mismo “(...) resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción (...)”. (Sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Wismer Febres Pérez contra Maldonio Valdivieso ratificada en sentencia N° 421 de fecha 15 de julio de 2015, caso: Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otro).

Ahora bien, acerca de lo denunciado por el recurrente, se observa, como en estas y en la anterior denuncia resuelta, pretende que esta Sala, pase al análisis pormenorizado de cada uno de los alegatos y defensas esgrimidos en su escrito de contestación a la demanda, como si fuese un tribunal de instancia para conocer de los hechos invocados, circunstancia que se le está vedada por su naturaleza de tribunal de derecho que es, sin embargo esta Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

 

“1.3. Alegatos del codemandado ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ

Por otra parte, en fecha 12/04/2004, el Abogado José Araguayan Hernández, Inpreabogado Nro.13.246, en representación del codemandado ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, contestó la presente demanda, consignando escrito que cursa del folio 146 al 167 de la Pieza Nro. 1, con sus anexos, alegando lo siguiente:

• Admitió como cierto que su mandante, ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, adquirió por compra de la también co-demandada MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES, por documento autenticado en fecha 20 de febrero de 2001, bajo el NRO. 43, Tomo 16, ante la Notaría Pública Tercera de San Félix, unas bienhechurías de la exclusiva propiedad de la vendedora, una casa construida, sobre una parcela de terreno perteneciente a la Alcaldía del Municipio Autónomo Caroní, (antes Concejo Municipal), ubicada en la carrera tres (3), antes chipia, Inmueble NRO. 65, Ciudad Guayana, anteriormente detallada.

• Admitió igualmente como cierto que su mandante, canceló a la vendedora por la compra de tales bienhechurías la cantidad de “… Cuarenta Millones de Bolívares (Bs 40.000.000,00, que dicha vendedora declaró recibir en ese momento de la venta, en dinero efectivo y de curso legal, a su entera y cabal satisfacción… (sic)”, tal y como está establecido en el documento de venta de las mismas.

• Admitió igualmente como cierto que su mandante, el ciudadano ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, es el legítimo, actual y único propietario de las bienhechurías por él adquiridas.

• Impugnó en todas sus partes la sustitución de la representación sin poder que dice ostentar la actora de éste juicio, sobre la base en lo dispuesto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en cabeza de los profesionales del derecho, abogados MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, JUAN ALBERTO CASTRO PALACIOS y CACHUT GARCÍA, hecha “apud acta”, ante la Secretaria del Tribunal en fecha 26 de enero de 2004, en lo que respecta a los coherederos JOSÉ GÓMEZ FLORES, YSMENIA DE LOURDES GÓMEZ FLORES, PEDRO MORTIMER GÓMEZ FLORES y MARÍA ANTONIETA GÓMEZ FLORES, por cuanto en dicha “sustitución”, atribuye a los sedicientes apoderados en los cuales sustituye tal representación, facultades que están expresamente reservadas al propio poderdante para ser otorgadas, indicadas en el artículo 154 y 217 del Código de Procedimiento Civil.

• Rechazó, contradijo y negó de ser falso de toda falsedad la afirmación contenida en el escrito libelar, en el CAPITULO I DE LOS HECHOS, contenida al folios 66 y siguientes. Que éste rechazo y contradicción a tal afirmación surge diáfana del propio instrumento, de donde hace devenir el supuesto derecho de propiedad que la actora afirma, le asiste o asistió a la señora madre tanto a su mandante, como la actora de éste juicio, ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES DE GÓMEZ.

• Que el ciudadano RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ, de quien dice la actora, que la ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES DE GÓMEZ, madre de su mandante, adquirió la propiedad en cuestión, jamás le vendió el inmueble por ella especificado en este aparte de la demanda, sino que dicho documento se infiere que dicho ciudadano (RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ), le vendió a dicha ciudadana“… una casa edificada sobre un terreno Municipal que mide 15 metros de frente por 16, 50mts.de fondo ubicada en la carrera3, antes chipia de esta población….”

• Rechazó, contradijo y negó que el ciudadano PEDRO SABAS GÓMEZ hubiera vendido su mandante, un bien perteneciente a la “Sucesión GÓMEZ FLORES”, sin hacer la correspondiente declaración sucesoral, cuya afirmación de la parte actora de este juicio aparece plasmada en el escrito libelar (f. 66 in fine y 67), por cuanto del documento que es producido por la parte actora de éste juicio, marcado con la letra “F”, contentivo de la venta efectuada, en fecha 07 de julio de 1980, por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, donde obra autenticado bajo el NRO. 29, Tomo 22, de los Libros de Autenticaciones llevados por tal despacho notarial durante el año 1980, se desprende que el bien vendido por el padre de la compradora no era de la comunidad de gananciales que pudo haber entre él y su señora esposa (PEDRO SABAS GÓMEZ y VICTORIA RAMONA FLORES DE GÓMEZ) ambos fallecidos.

• Que en el texto del documento de venta que acá se analiza, se infiere que tales bienhechurías (casa), vendida por el ciudadano PEDRO SABAS GÓMEZ, están conformadas por “…cinco (5) dormitorios, una (1) sala, un (1) comedor, dos (2) baños y dos (2) y dos (2) cocinas y están construida de paredes de bloques, techo de zinc, piso de cemento, puertas y ventanas de vidrios…”(sic), no siendo igual a las bienhechurías detalladas en el documento redactado y únicamente firmado por el ciudadano RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ producido por la parte actora de éste juicio.

• Que del texto del documento de venta de tales bienhechurías, hecha por PEDRO SABAS GÓMEZ, a su hija (hoy demandada en este juicio) MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES, que el titulo inmediato de adquisición de tales bienhechurías por parte del vendedor de las mismas, ciudadano PEDRO SABAS GÓMEZ fue expuesto clara y meridianamente, por dicho vendedor así: “… la casa que aquí vendo me pertenece ya que he construido con dinero de propio peculio a mis solas y únicas expensas en el transcurso de los años… (sic)”. De lo cual se infiere que tal inmueble (bienhechurías), en modo alguno pertenecieron a la comunidad conyugal que mantuvo dicho vendedor con la ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES DE GÓMEZ.

• Rechazó, contradijo y negó la fundamentación de la acción de nulidad de la parte actora, contenida en los numerales 1, 2 y 3 del Capítulo I De Los Hechos (f. 67 y 68).
• Alegó que los actores que demandan la nulidad del contrato de compra-venta, realizado entre la codemandada MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES y su mandante, contenida dicha convención en el instrumento autenticado por ante Notaría Pública Tercera de San Félix, el día 20 de febrero de 2001, donde fue anotado (autenticado), bajo el NRO. 43, Tomo 16 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicho despacho notarial.

• Invocó la sentencia de fecha 22 de julio de 1987 proferida por la Sala de Casación Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia, caso Irma Orta de Guilarte contra Pedro Romero, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda. Citada en la obra “Código de Procedimiento Civil”. del Dr. Emilio Calvo Baca, Tomo VI, Pág. 479, con ocasión del comentario efectuado al artículo 937, expuso: “Las justificaciones para perpetua memoria o Títulos Supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenía en el artículo 1.357 del Código Civil; pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y la existencia de un decreto judicial. La fe pública en tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, lo cuales pueden ser posteriormente, controvertidos, en juicio contencioso (sent.10-11-67)…”.

• Asimismo invocó el acuerdo dictado por la Sala Político Administrativa de la antes Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la consulta que le fue formulada por el Registrador Subalterno del Distrito Libertador del Estado Mérida, de fecha 09-01-78, recogido en la obra Ramírez & Garay, citada por el autor Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil, Tomo V, Pág., 602, donde se dejó sentado el siguiente criterio: “(Omissis) En el caso que se examina, ha sido presentado ante el juez, un justificativo de testigos (Título Supletorio), posteriormente ratificado, el cual como lo ha declarado la Corte con numerosos fallos, es un título que sólo acredita posesión, a menos que esté fortalecido por otros elementos, dejando a salvo los derechos de terceros, y es título suficiente para enajenar las bienhechurías…”.

…omissis…

“Esta Alzada procede a analizar el documento respectivo en los siguientes términos:

En lo que respecta al documento autenticado por ante el Juzgado del Municipio San Félix (Distrito Municipal Caroní del Estado Bolívar), de fecha 04 de Febrero de 1.966, asentado bajo el NRO. 103 de los libros respectivos, que cursan a los folios 27 y 28 de este expediente, esta Alzada verificó que se realizó la venta de una casa construida sobre terreno municipal de quince (15) metros de frente con dieciséis (16) metros con treinta (30) centímetros de fondo, en la carrera 3, antes calle chipia, de esta población cuyos linderos: NORTE: con casa que eso fue de Donato Sánchez, SUR: con casa que es, o fue de Luisa Santoyo, ESTE: que es su frente con la carretera 3 y OESTE: terrenos que fueron o son de Luis A. Dubue, cuya venta fue por la cantidad cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00), asimismo se encuentra plasmado que dicha propiedad le sobreviene al vendedor del documento registrado por ante la oficina Subalterna de Registro del Distrito Piar el día 21 de febrero de 1.963, anotado bajo el Nro 55 y 56 del Protocolo Primero. Primer Semestre del mismo año, de lo que se observa que el Tribunal autenticó el acto mediante auto de fecha 4/2/1966, del cual estableció que el presente documento le fue presentado para su respectiva autenticación por parte del vendedor RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ, de dicho auto así como de las firmas en el documento se evidencia que la venta no fue acepta en forma alguna por la ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES (difunta y madre de los litigantes).

El contrato de compra venta en cuestión se pactó entre los ciudadanos RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ y la ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES, dando el primero en venta un bien inmueble que no es otro que el mismo objeto del presente litigio a la segunda nombrada, acordando la entrega de una cosa y la otra paga el precio del bien, y en virtud de ello se da la transmisión de los derechos de uso, goce, disfrute y disposición de la misma, es necesario que dichas partes suscribieran tal contrato en fe de haberse efectuado válidamente, ahora bien, no cursa autos que efectivamente la compradora hubiere aceptado la venta realizada ya que no suscribió dicho contrato, dejándose de cumplir con uno de los requisitos básicos que exige el legislador para perfeccionamiento del contrato como lo es EL CONSENTIMIENTO por lo tanto debe tenerse como inexistente. Así se decide.


Ahora bien, por otra parte la parte actora alega en su libelo de demanda que la compra venta realizada por la ciudadana MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES al ciudadano ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, por medio de documento autenticado celebrada en fecha veinte (20) de febrero de dos mil uno (2001), por ante la Notaría Pública Tercera con Sede en San Félix, inserto bajo el NRO. 43, Tomo 16 de los Libros respectivos, recaída sobre las bienhechurías constante de una casa construida sobre una Parcela de Terreno perteneciente a la Alcaldía del Municipio Autónomo Caroní, (antes consejo Municipal, ubicada en la carrera tres (3), (antes Calle Chipia), Inmueble NRO. 65, Ciudad Guayana. La misma está distribuida en cinco (5) habitaciones, una (1) Sala, un (1) Comedor, dos (2) baños, y dos (2) Cocinas; construidas con paredes de bloques de arcilla, techo de zinc, piso de cemento, puertas y ventanas de vidrios. El terreno donde se encuentra enclavado dicho inmueble mide quince (15) metros de frente, por dieciséis (16) metros con treinta centímetros (30) de largo, y dentro de los siguientes linderos: Norte: Con casa que es o fue de Donato Sánchez; Sur: Casa que es o fue de Luis Santoyo; Este Que es su frente, con la carrera tres (3, y Oeste: Terrenos que son o fueron de Luís Dubue. Por un precio de cuarenta millones de bolívares (40.000.000,00 Bs), alegando la accionante que las mencionadas bienhechurías pertenecen a la Sucesión Gómez Flores, y que es inexistente por existir error en la persona está viciada de nulidad, por cuanto MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES, no estaba legitimada para vender, por no ser propietaria de las mismas.

Ahora bien, siendo éste el documento principal atacado de nulidad absoluta por la actora, observa esta juzgadora a los fines de establecer si efectivamente la venta celebrada entre la ciudadana MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES y ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, debe ser declarada nula de nulidad absoluta, es necesario considerar si ésta adolece de causa ilícita, si es contraria al orden público o, a las buenas costumbres.

Así al respecto, el Tribunal al establecer que el contrato cuya nulidad se solicita ha sido reconocido por los litigantes como contrato de compra venta. Siendo ello así, el Tribunal de alzada pasa de seguida a esclarecer el tipo de nulidad a que se refiere la presente acción, para establecer si los requisitos que hacen procedente la misma han sido demostrados, que pudiera radicar en la ineficiencia o la inexistencia de los contratos cuya nulidad pretende la actora.

Para mejor compresión la juzgadora trae a colación lo que plantea la doctrina en cabeza de los autores Eloy Maduro Luyando y Emilio Pititier (sic) Sucre, en su obra Curso de Obligaciones. Derecho Civil III, Tomo II. Caracas 2004. Pág. 752 en la cual expresan:


“…La nulidad de los contratos es la consecuencia de un defecto en su formación que lo hace ineficaz o insuficiente para producir los efectos jurídicos perseguidos por las partes. La sanción puede ser de diversos grados: privarlo de todo efecto (nulidad total), producir algunos efectos (nulidad parcial), o producir efectos distintos de los perseguidos por las partes (conversión del contrato).

(…)
La nulidad absoluta se produce cuando se han violado normas imperativas o prohibitivas que lesionen el orden público o las buenas costumbres (causa ilícita), a menos que la ley contemple una sanción distinta.


La nulidad relativa es la sanción a la infracción de una norma que viola el interés particular de una de las partes (incapacidad, vicios del consentimiento)…”


Ahora bien, el Código Civil en su artículo 1.141, reza lo siguiente:


“… Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:
1°- Consentimiento de las partes;

2°- Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3°- Causa lícita.”

Con respecto a este artículo, Emilio Calvo Baca, en el Código Civil Venezolano, anotado y concordado, Año 2004, comenta lo siguiente:

“Estas condiciones, son elementos esenciales para la existencia del contrato. Son indispensables a la propia figura del contrato, de modo que la falta de alguno de ellos impide la formación del contrato, lo hace inexistente. Es el caso, del consentimiento, el objeto y la causa”.

De igual manera, el artículo 1.142 ejusdem establece lo siguiente:

“… El contrato puede ser anulado:

1° Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y
2° Por vicios del consentimiento.

De tal manera que el artículo 1.141 del Código Civil, señala los tres requisitos para la existencia de un contrato siendo estos concurrentes, es decir, que si falta alguno de ellos el contrato no existe y por lo tanto no produce efectos jurídicos.

Al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en 26 de julio de 2002, expediente número 2001-000710, dejó sentado lo siguiente:

“En efecto, el fundamento único del fallo para declarar la nulidad absoluta del contrato de venta fue la ausencia de un elemento o requisito existencial del mismo, como lo es el consentimiento de la parte actora en su carácter de comunero, para enajenar el bien inmueble objeto de la venta. A tal conclusión arribó el Sentenciador apoyándose en la teoría general del contrato y las normas relativas a la comunidad ordinaria de bienes, pero de ninguna forma en las normas sobre la comunidad de gananciales, pues simplemente consideró que en el contrato cuya nulidad solicitó la actora, no existió su consentimiento para vender la totalidad de un bien inmueble que formó parte de la comunidad de gananciales extinguida pero no liquidada, aplicando para ello el artículo 1.141 del Código Civil, que establece como requisito de existencia de todo contrato, además de un objeto que pueda ser materia de contrato y una causa lícita, el consentimiento de las partes. De igual forma, observa la Sala que la referencia a la autorización de venta del cónyuge a que hace alusión el fallo, fue hecha para concluir, precisamente, que no era la actual cónyuge del vendedor quien debía dar el consentimiento para la venta sino su comunero. (…)

Finalmente, observa la Sala que los argumentos de derecho relativos a los artículos 1.161 y 1.146 del Código Civil fueron hechos por el Juez como una consideración al margen, según la cual los contratantes además actuaron de manera dolosa, conclusión que no constituye la fundamentación jurídica del fallo, pues no fue por existir un vicio en el consentimiento que se declaró nulo el contrato, sino que lo fue, se reitera, por ausencia del consentimiento de un comunero en la venta de la totalidad de un bien inmueble que forma parte de una comunidad ordinaria, requisito existencial del contrato, que a juicio del sentenciador, hace nula la venta realizada, como ya se expresó.”

En base a las normas up supra, a la sentencia de la Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia parcialmente transcritas y del estudio de las actas procesales, se colige que los alegatos de la actora los cuales contradicen los codemandados, a criterio de esta jueza de alzada son acertados y se encuentran enmarcados dentro de los requisitos de existencia de los contratos, establecidos en el artículo 1.141 del Código Civil; cuyo efecto es la nulidad absoluta del contrato.

Queda así determinado que acción de nulidad pretendida por la actora está encuadrada en la falta de consentimiento, es decir, uno de los elementos concurrentes previsto en el artículo 1.141 del Código Civil, como una de las condiciones requeridas para la existencia del contrato, se viola el interés particular de las partes (los copropietarios-accionantes) situación que lleva a esta juzgadora a determinar que en el caso concreto, la nulidad solicitada en la demanda, corresponde a la nulidad absoluta cuya nulidad deviene indefectiblemente en el necesario consentimiento de los otros comuneros o coherederos, en los actos de disposición de los bienes que pertenecen a dicha comunidad, hasta tanto no se lleve a cabo la “partición o división” de los mismos. Así se decide.


La juzgadora habiendo analizado los alegatos tanto de la actora como de los codemandados, antes concluir considera necesario realizar una breve reseña sobre la validez de los documentos mencionados y anexados en la presente causa en orden cronológico, y lo hace así:


1.- Que el documento de compra venta en el que según la actora le acredita a la ciudadana VICTORIA RAMONA FLORES (difunta y madre de los litigantes) la propiedad del inmueble objeto del litigio, por haberlo adquirido del ciudadano RAMÓN ALLEN ÁLVAREZ según documento autenticado ante el Juzgado de Municipio San Félix del entonces Distrito Municipal Caroní del estado Bolívar, suscrito en fecha 04/02/1966, anotado bajo el Nro. 103 de los libros respectivos. Este instrumento en párrafos anteriores fue analizado y declarado nulo por haberse constatado que la compradora no suscribió dicho contrato.

2.- Que el contrato de compra venta en el que PEDRO SABAS GÓMEZ, hoy difunto, supuestamente da en venta a la ciudadana MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES, el mismo bien objeto del litigio, el 07 de julio de 1980 ante la Notaría Pública Primera con sede en Puerto Ordaz, inserto bajo el NRO. 29, Tomo 22 de los libros respectivos, contraviniendo la ley y sin haberse efectuado acto alguno de validación que subsanará el vicio que desde el inicio afectó dicho acto posterior a la supuesta venta, tal como quedó establecido en el punto previo del presente fallo, la compradora (MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES) quien a pesar de ser copropietaria del inmueble que forma parte del litigio no tiene capacidad para vender. Lo que trae como consecuencia que dicho inmueble nunca salió de la propiedad del vendedor PEDRO SABAS GÓMEZ (padre de los litigantes) y habiendo fallecido este, el bien paso a ser propiedad de la Sucesión GÓMEZ FLORES. Así se declara.

3.- Al revisar el documento de compra venta de fecha 20/02/2001, en el cual MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES da en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.525.237, unas bienhechurías ya ampliamente identificadas, el Tribunal observa que las misma son las mismas descritas en el documento mencionado en el numeral 2, las cuales se encuentran enclavadas en un terreno de propiedad Municipal, tal como quedó demostrado en el debate probatorio. Así se decide.

4.- Que en virtud de haber sido declarado inexistente el documento descrito en el punto 2, el de fecha el 07 de julio de 1980 autenticado ante la Notaría Pública Primera con sede en Puerto Ordaz, inserto bajo el NRO. 29, Tomo 22 de los libros respectivos, por contravención a la ley y sin haberse efectuado acto alguno de validación que subsanará el vicio que afectó inicialmente dicho acto posterior a la supuesta venta de las bienhechurías objeto del litigio, por consiguiente el inmueble pertenece a la Sucesión GÓMEZ FLORES, y la venta efectuada en fecha 20/01/2001 por la ciudadana MARISOL DE JESÚS GÓMEZ FLORES a ARMANDO CELESTINO MARTÍNEZ está afectada de nulidad por falta de consentimiento de los copropietarios (coherederos). Así se decide.

No puede pasar por alto el análisis del título supletorio promovido por los codemandados en el lapso probatorio, sobre este documento, esta Alzada señala que a pesar de haber sido examinado este documento en el debate probatorio, sin embargo, para mayor abundamiento esta Juzgadora considera propicio citar lo siguiente:

El autor Dr. Humberto Bello Lozano, (1.991) en su obra La Prueba y su Técnica, cita el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada en fecha, 10 de Noviembre de 1.967, la cual establece lo que a continuación se transcribe:

“...Las justificaciones para perpetua memoria o títulos supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenida en el artículo 1357 del Código Civil, pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial, dictado para asegurar algún derecho del postulante, a tenor de las previsiones contenidas en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. La fe pública de tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, los cuales pueden ser posteriormente controvertidos en juicio contencioso.

En esta última hipótesis corresponderá al Juez de instancia apreciar el mérito de la prueba testimonial de obligada ratificación en el proceso conforme a las reglas establecidas por el ordenamiento legal, aunque originalmente las declaraciones hayan estado contenidas en un documento público como lo es el título supletorio. En otras palabras, el carácter de documento público de un título supletorio no tiene efecto vinculante para el Juez del mérito cuando en juicio contradictorio se discuta ulteriormente la legalidad de la prueba o la veracidad de las declaraciones”.

En este sentido el Tribunal Supremo tiene establecido que tal documental no es suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad. Así, en fallo de fecha 17 de diciembre de 1998, en el caso Pedro Silva contra Corpoven S.A., la Sala Político Administrativa, estableció:

“...En este sentido se aprecia que el título supletorio no es documento suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad, es decir, no constituye un elemento de convicción suficiente sobre la propiedad de un inmueble. Dicho título a pesar de estar protocolizado, no pierde su naturaleza de extrajudicial, por lo que carece de valor probatorio en juicio...”.

Por tales consideraciones, el Titulo Supletorio cursante al folio 129 y aquí promovido, se desestima, conforme al artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y así se establece.-

Esta juzgadora colige de todo lo anterior, que debe declarar sin lugar la apelación ejercida en fecha 04/05/2012, por el abogado JOSÉ ÁNGEL ARAGUAYAN CAMPOS, en su carácter de autos.

En virtud de todo lo anterior, en la parte dispositiva del presente fallo, esta Juzgadora deberá declarar sin lugar la apelación interpuesta 04/05/2012 por el abogado JOSÉ ÁNGEL ARAGUAYAN CAMPOS, apoderado judicial de la parte codemandado ARMANDO JOSÉ CELESTINO MARTÍNEZ, plenamente identificados en autos; y consecuencialmente confirmar el fallo proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 21 de septiembre de 2011. (Resaltado de la Sala)

 

De lo anteriormente transcrito se evidencia que la recurrida, se pronunció, por separado, sobre todos y cada uno de los alegatos contenidos en la contestación de la demanda hecha por el co-demandado Armando Celestino Martínez, referidos sobre: a) “…alegatos encaminados a demostrar la aceptación y reconocimiento de la propia parte actora de la validez de la venta hecha a la causante de mi mandante, así como su condición de propietaria…”, b) “…alegatos encaminados a desvirtuar la procedencia de la pretensión…” y c) alegato de que “…el derecho de propiedad vendido a mi mandante por la codemandada era, al menos en parte, originario por efecto de la ocupación y edificación de sus propios medios de esas bienhechurías…”, y resolvió la causa con base en los hechos controvertidos en la misma,  ahora bien si el recurrente no estaba de acuerdo con lo resuelto por la recurrida con respecto a sus “alegatos”, otra debió ser su denuncia.

Por todo lo antes expuesto, la Sala estima que la juez de la recurrida no incurrió en el vicio de incongruencia negativa, por haber omitido pronunciamiento sobre los alegatos contenidos en la contestación a la demanda, razón por la cual esta Sala debe declarar improcedente las denuncias signadas con los números 3, 4 y 5 del escrito de formalización. Así se declara.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-U N I C A-

 

Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 271 ejusdem, alegando el vicio de errónea interpretación, con base en la siguiente fundamentación:

 

“En la oportunidad de la contestación de la demanda, mi representado el ciudadano Armando Celestino Martínez, alegó la falta de cualidad de la actora para impugnar el contrato por el que este adquirió las bienhechurías vendidas. Así, expresamente alegó:

…Omissis…

Por su parte, la recurrida sostuvo:

…Omissis…

En el presente caso para decidir esta ausencia de cualidad de la actora, la recurrida mezcla lo que se ha denominado la cualidad para acceder al proceso de dicha parte actora (legitimatio ad processum), que es otra cosa radicalmente distinta, lo cual se extrae de la misma cita jurisprudencial que hace dicha recurrida, concluyendo que dicha parte actora “si” tiene cualidad para intentar la acción deducida, cuando específicamente la propia ley (artículo 271 del código civil) (sic), le niega dicha posibilidad, en forma expresa y directa.

…omissis…

Debió en consecuencia la recurrida, declarar la falta de cualidad de la actora, aun cuando esta pudiera tener “interés” como co heredera y tener a su vez lo que se denomina “capacidad de postulación” para actuar en el presente juicio, pero en todo caso la “cualidad” para intentar la acción no la tiene, por prohibírselo expresamente la ley en el referido artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, (sic) cuyo dispositivo legal, independientemente del resultado del juicio, únicamente indica que la acción de nulidad puede ser intentada por “…el padre, por la madre, por el hijo, y por sus herederos o causahabientes”, no pudiendo ser intentada por los co-herederos o herederos colaterales, como aquí fue intentada por los ciudadanos Yxora Josefina Gómez Flores, Ubaldo Ramón Gómez Flores, Eleazar Gómez Flores, Carmen Victoria Gómez Flores, Flor María Gómez Flores, Esperanza Gómez Flores y María Antonieta Gómez Flores, debiendo este Superior Tribunal, declarar con lugar dicha falta de cualidad activa, como así expresamente lo ordena la norma erróneamente interpretada por dicha recurrida…”      

 

Para decidir, la Sala observa:

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante, denuncia que la recurrida incurrió en el vicio denominado errónea interpretación del artículo 271 del Código Civil por cuanto debió “…declarar la falta de cualidad de la actora, aun cuando esta pudiera tener interés como co heredera y tener a su vez lo que se denomina “capacidad de postulación” para actuar en el presente juicio, pero en todo caso la “cualidad” para intentar la acción no la tiene, por prohibírselo expresamente la ley en el referido artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, (sic) cuyo dispositivo legal, independientemente del resultado del juicio, únicamente indica que la acción de nulidad puede ser intentada por “…el padre, por la madre, por el hijo, y por sus herederos o causahabientes”, no pudiendo ser intentada por los co-herederos o herederos colaterales, como aquí fue intentada…”

Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de errónea interpretación, que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aun cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. (Vid. sentencia N° 609 de fecha 11 de octubre de 2013, caso: Molinos Hidalgo, C.A. contra Romeo N. Naranja y Otra), ratificada en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros).

Ahora bien, el artículo 271 del Código Civil, delatado como infringido dispone lo siguiente:

 

“La anulación de los actos ejecutados en contravención a los artículos anteriores no puede reclamarse sino por el padre, por la madre, por el hijo y por sus herederos o causahabientes.” (Resaltado de la Sala)

 

Observa esta Sala, que la norma antes citada constituye una norma secundaria, que son aquellas que sólo poseen significado y deben ser interpretadas cuando se relacionan con preceptos autónomos o primarios, pues éstos sí tienen, por sí mismos una completa unidad significativa.

Ahora bien, sobre las referidas normas y su denuncia en casación, esta Sala en sentencia N° RC-123, de fecha 16 de marzo de 2009, expediente N° 2008-387, y en fallo N° RC-407, de fecha 21 de julio de 2009, expediente N° 2008-629, sostuvo:

 

“…[a]l respecto la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de justicia, en fallo de fecha 24 de marzo de 1994, en el juicio de Víctor Hugo Acosta contra Luís Eduardo Cervantes Turizo, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, estableció su doctrina al respecto, la cual se da aquí por reiterada, y es del tenor siguiente:

 

“...Dentro de la diversa clasificación de las normas jurídicas existen las denominadas normas incompletas o secundarias, que son aquellas que sólo poseen significado cuando se relacionan con preceptos autónomos o primarios, pues éstos sí tienen, por sí mismos una completa unidad significativa. En otras palabras, las normas secundarias no pueden concebirse sino en relación con otros preceptos, porque por la naturaleza de su contenido, su significado sólo lo pueden alcanzar vinculadas a una norma primaria (ejemplo de textos legales secundarios son los declarativos o explicativos, ya que sólo definen la forma de expresión usada en otros preceptos, los limitativos o modificativos de los efectos de otras disposiciones las de reenvío que ordenan aplicar a un supuesto de hecho lo establecido en otra norma jurídica, y, por último, las sancionadoras, que son aquellas donde se establece la sanción para el caso de que lo previsto en otro texto legal, sea infringido).

 

Las consideraciones que preceden, tienen especial importancia cuando se denuncia la violación de una regla jurídica, pues si su naturaleza pertenece a la categoría antes indicada, su denuncia debe hacerse en conjunto con la norma primaria, que explique su significado, ya que la declaración que haga el Juez en relación a un precepto secundario, afecta directamente al texto legal primario, porque este último es antecedente jurídico del primero. (Por ejemplo, si un precepto dispone cuál es la sanción por el incumplimiento de un requisito formal exigido para la validez de actos jurídicos, por otra u otras disposiciones legales, el Juez que examine la aplicación del precepto que establece la sanción, subsume un hecho jurídico que es el presupuesto fáctico del texto legal que dispone la formalidad para el acto jurídico concreto. Por tanto, su declaración en relación a la norma que contiene la sanción, afecta también al precepto que establece el requisito de forma).

 

García Maynes, en su obra “Introducción al Derecho”, al referirse a las normas secundarias explica que el grupo más numeroso e importante de éstas, está constituido por las sancionadoras, cuyo supuesto jurídico es la inobservancia de los deberes impuestos por la disposición primaria. Kelsen, citado por García Maynes, explica que la relación lógica entre las dos normas, es la siguiente: Si A es, debe ser B; si B no es, debe ser C. La primera parte del enunciado corresponde al texto legal primario, la segunda a la secundaria sancionadora. Por tanto, las consecuencias jurídicas que la última establece no pueden actualizarse sino en el caso de que la otra regla sea infringida.

 

Un ejemplo de una norma secundaria sancionadora, es la disposición contenida en el encabezamiento del artículo 1.924 del Código Civil, que expresa:

 

“Los documentos, actos y sentencias que la ley sujeta a las formalidades del registro y que hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble”.

 

Este artículo, como puede advertirse de su lectura, es una norma de carácter secundario, pues declara cuál es la sanción que produce la ausencia de formalidades registrales en los actos, documentos y sentencias que la ley sujete a ese requisito. En consecuencia, las reglas que dispongan qué hechos jurídicos deben registrarse, son el antecedente del artículo 1.924, que como se ha indicado, el completo significado de este precepto se alcanza cuando se relaciona con la norma primaria que establece, para el caso concreto, el requisito formal del registro…”

 

Ahora bien, con base a la anterior doctrina y acerca de lo denunciado por el recurrente, se observa que el mismo denuncia la errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 271 del código sustantivo transcrito supra, la cual no permite su interpretación, por cuanto no está constituida por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que hiciera posible entender, que el error de interpretación en cuanto al contenido de la norma puede referirse tanto al supuesto como a su consecuencia, siendo esta de las denominadas normas secundarias, por lo que debió confeccionarla incorporando también esas otras normas del mismo cuerpo legal a las que hace alusión el referido artículo, que son aquellas de las denominadas normas primarias, para poder comprender como se incurrió en el vicio que se le endilga a la recurrida en esta oportunidad, lo que no hizo y que no puede suplirle esta máxima jurisdicción, por su naturaleza de tribunal de derecho que es. Así se decide.

Con base a lo anterior, se declara improcedente la presente denuncia, así como se desestima el recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.

 

 

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por el co-demandado Armando Celestino Martínez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior (accidental) Civil, Mercantil y de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 17 de diciembre de 2015.

Se CONDENA EN COSTAS del recurso a co-demandado recurrente ciudadano Armando Celestino Martínez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada,  firmada  y  sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrada,

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Magistrada,

 

 

______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrado-Ponente,

 

 

____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

_____________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

Exp. AA20-C-2016-000464

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

Secretaria Temporal,

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