Sentencia N.º RNyC.000214
- Sentencia
- N.º RNyC.000214
- Fecha
- 26/04/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-861
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad y Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2016-000861
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por cumplimento de contrato de seguro y lucro cesante, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación DISTRIBUIDORA DE LICORES MANAGERS C.A., representada por su presidente ciudadano Vicente Roger Castro Gutiérrez y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados Lester Miguel Córdido Peña y José Samir Abouras Totúa; contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación SEGUROS NUEVO MUNDO S.A., representada por su consultora jurídica y representante legal, ciudadana María Catherine de Freitas, y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados Claudia Alejos Oropeza, Claudia Acevedo González, Daryeline Valera Daza, Hilmarys Natalí Nieves, Eiling Cecilia Filardo Mújica, María Gracia Stifano, Luis Alfonzo Toledo, Salvador Benaim Azaguri, Luis Alejandro Pulido e Iván Eduardo Rodríguez Graterol; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, actuando como tribunal superior de reenvío, en fecha 16 de septiembre de 2016, dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró lo siguiente:
( ) PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa, en fecha 08/05/2013 (sic).
SEGUNDO: CON LUGAR LA DEMANDA interpuesta en fecha 16/11/2011 (sic), por la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Distribuidora de Licores Managers C.A., en contra de la empresa Seguros Nuevo Mundo S.A., por motivo de cumplimiento de contrato e indemnización de daños materiales y lucro cesante, y se condena a la parte accionada al cumplimiento del contrato de póliza de seguro suscrito entre las partes.
TERCERO: Se condena a la parte demandada a indemnizar a la parte actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre del año 2010; por lo tanto, debe indemnizar a la accionante por los montos siguientes:
1) La cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CINCO CÉNTIMOS (Bs.1.736.468,05), por concepto de TOTAL DE PÉRDIDA A LOS DAÑOS EN GENERAL, sumados los rubros marcados A+B+C+C+D+E+F+G.
2) La cantidad de OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS.801.513,47), por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic).
CUARTO: Se ORDENA la indexación monetaria sobre las cantidades ordenadas a pagar, mediante experticia complementaria del fallo, teniendo como base al índice inflacionario determinado por el Banco Central de Venezuela, vigentes para el Área Metropolitana de Caracas, computando desde el momento de interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia. Se condena en costas procesales a la parte accionada.
Queda así CONFIRMADA la sentencia apelada dictada en fecha (sic) dictada en fecha 08/05/2013 (sic), por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Portuguesa (Destacado del texto transcrito).
Contra la referida decisión de alzada, la demandada interpuso recurso de nulidad y subsidiario recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos y formalizados oportunamente. Hubo impugnación y no hubo réplica.
En fecha 11 de noviembre de 2016, la Sala recibió el expediente; y el 18 de noviembre de 2016, se efectuó el acto público de asignación de ponencias correspondiéndole la presente al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
-I-
RECURSO DE NULIDAD EN REENVÍO.
De conformidad con lo estatuido en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe pronunciarse en primer lugar, sobre la procedencia o no, del recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia recurrida y, subsidiariamente, si es el caso, en relación al recurso extraordinario de casación.
En tal sentido, se observa lo siguiente:
En fecha 18 de octubre de 2016, la demandada ejerció recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el tribunal superior accidental de reenvio, el cual fundamentó en escrito presentado ante esta Sala el día 6 de diciembre de 2016, señalando al respecto lo siguiente:
( ) Ciudadanos Magistrados, presentamos este recurso, no para agobiarlos sino rogando vuestra indulgencia, por la grave circunstancia de lo ocurrido, que como verán a continuación muestra el desprecio del tribunal de alzada, ahora con juez accidental, a la instrucción clara, determínate y precisa de esta Sala en el orden a corregir (y evidentemente no volver a incurrir) en el vicio de forma censurado.
Ciertamente, en la sentencia dictada por esta Sala el 14 de julio de 2014, que está en autos, se anuló la sentencia de alzada, por haber incurrido en el vicio de inmotivación. Al final de la misma esta Sala instruyó, que el tribunal de reenvio debía dictar una nueva sentencia, (citamos) corrigiendo el vicio referido.
Se esperaba pues, un nuevo fallo ceñido a la orden dictada por esta Sala. Si bien no era una doctrina de fondo, era una instrucción clara y precisa en el orden de motivar, al efecto de los conceptos que se tomaron en cuenta para establecer el monto a pagar por la empresa de seguros. De allí que no es cualquier cosa en el aspecto de la forma, sino un elemento transcendental para la suerte del dispositivo del fallo.
Es el caso que, la recurrida, incurrió en el mismo vicio que había sido censurado en la sentencia anulada por esta Sala, lo cual podrán constatar directamente los Magistrados comparando lo indicado en la sentencia del 14 de julio de 2014, y la sentencia del Juzgado Superior (accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa, del dieciséis (16) de septiembre de 2016.
En la sentencia de la Sala se indica:
( omissis )
Pues bien, en la ahora recurrida se mencionan los rubros demandados distinguidos como A+B+C+D+E+F+G, pero no se puede saber a qué se refiere cada rubro en especifico, sin que se haga una indicación clara y precisa de que tal letra encaja con tal rubro, y sobre todo sin ser debidamente confrontados y relacionados con los medios de prueba a los efectos de poder establecerlas como ciertos o desecharlos como falsos, y a establecer debidamente en su decisión, los motivos de hecho y de derecho que sustenten , dicho esto en el mismo sencillo, claro y diáfano lenguaje castellano en el que se dirigió la instrucción dada por la Sala al tribunal de reenvio, que como esta victo- hizo caso omiso (Destacados de lo transcrito)
De lo anterior puede evidenciarse que, el recurso de nulidad interpuesto fue incoado en razón a que, la alzada accidental se apartó de lo decidido por esta Sala en un recurso de casación previo en este mismo asunto.
Ahora bien, respecto del alcance del recurso de nulidad, la Sala ha sostenido en consolidada doctrina que el mismo sólo procede cuando el Tribunal de Reenvío no se atiene en su decisión al criterio sentado por la casación con motivo de la resolución de alguna denuncia por error de juzgamiento; enfatizándose que sólo resulta procedente dicho recurso cuando este Tribunal Supremo ha casado un fallo por errores de juicio y no por defectos de actividad.
Así, la Sala, en sentencia N° 177, de fecha 25 de mayo de 2000, expediente N° 1999-1044, caso: Tarcisia Mota contra José Luvinel Parra Vargas, dejó sentado lo siguiente:
( ) Esto es, más de treinta años después, el turbulento avance de la materia dejó claro que, inclusive, sólo procede el recurso de nulidad que plantea el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, en este único supuesto:
Cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia (Sentencia de 24 de abril de 1998, en el juicio de Inversora Findam, S. A. contra La Porfia, C. A.) .
Como se podrá notar, el desarrollo del tema ha dado fructíferas enseñanzas, siendo una de ellas, la más notable, que el recurso de nulidad está dirigido a delatar la consonancia de la sentencia del Tribunal de reenvío con la doctrina de casación que la antecedió, siempre y cuando se refieran a errores de juzgamiento. Luego, no es posible realizar el recurso de nulidad para denunciar vicios de procedimiento anteriores ni posteriores a la sentencia de reenvío, o de construcción de esa misma decisión, lo cual quedará en el dominio de las denuncias del recurso de actividad que deberá interponerse en forma subsidiaria al de nulidad, o en forma principal si no hubiese razones para presentar el primero.
Como el recurso de nulidad de la demandante se refiere a problemas típicos de actividad previa a la sentencia de reenvío, y no aparece el señalamiento sobre la disconformidad de la sentencia recurrida con la tesis de casación, esta Sala debe declarar sin lugar dicho recurso en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Igualmente, esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia N° 1, de fecha 8 de febrero de 2002, expediente N° 2001-686, caso: Rosalio Antonio Salvatierra Castillo contra Jesús Augusto Eslava Morales y otra, expresó lo siguiente:
( ) si no existe doctrina que deba acatarse, no hay lugar a la admisión del recurso de nulidad, que procede solamente contra la sentencia de reenvío ocasionada por la casación fundamentada en errores de juicio que vinculan inexorablemente al juez de reenvío a la doctrina, tanto estimatoria como desestimatoria . (Subrayado de la Sala).
Ahora bien, de las actas que conforman el expediente se comprueba que la sentencia de casación, previa a la recurrida, dictada por esta Sala en fecha 14 de julio de 2014, la cual corre inserta a los folios 203 al 216 de la pieza N° 4/5 del presente caso, declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada, por estar inficionada del vicio de inmotivación, con infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, es decir, por haber encontrado procedente una infracción de las descritas en el articulo 313 en su ordinal 1º eiusdem.
Por tanto, en el presente asunto la recurrida en nulidad no pudo contrariar ninguna doctrina casacional basada en algún error de juzgamiento, dado que la inmotivación del fallo es un vicio de actividad en la formación del mismo, más no por infracción de ley, lo que, en aplicación de la doctrina anteriormente transcrita, hace inadmisible el recurso de nulidad incoado contra la recurrida. Así se decide. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RNyC-244 del 11 de mayo de 2005, expediente N° 2005-068, caso: Depósito San Vicente N° 2, C.A. contra Banco Provincial, S.A., Banco Universal; y NYC-220, de fecha 9 de mayo de 2013, expediente N° 2012-604, caso: Hugo León Villamizar Mora contra Livian Yajaira Di Berardino Ramírez).
Por último, esta Sala le hace un llamado de atención al juez de la recurrida, para que en futuras ocasiones acate la doctrina de esta Sala referente al trámite del recurso de nulidad en reenvío, y en casos como el presente niegue expresamente su admisión, para así evitar a esta Sala de Casación Civil el conocimiento de asuntos que son por demás sabidos improcedentes, haciéndole el mismo llamado de atención al abogado recurrente, para que en futuras ocasiones, no incurra en la misma conducta asumida en este caso, ante una sentencia que no sea generada por un fallo que declare la existencia de una infracción de ley, dado el criterio pacifico y reiterado de esta Sala antes mencionado. Así se declara.
A tal efecto confróntese fallo de esta Sala N° RNyC-1013 de fecha 19 de diciembre de 2007, expediente N° 2007-407, que dispuso lo siguiente:
Por último se le hace un llamado al juez de la recurrida para que en futuras ocasiones se pronuncie en torno a la interposición del recurso de nulidad, conforme a la doctrina fijada por esta Sala en su Fallo Nº RC-00221 de fecha 28 de marzo de 2006, expediente Nº 2002-166, en la que se estableció:
...No obstante lo resuelto, esta Sala estima oportuno y necesario establecer que para casos similares y ante la existencia incuestionable de los supuestos contenidos en el criterio ampliamente conocido y reiterado, respecto a la inadmisibilidad del recurso de nulidad contra aquellas decisiones que hayan sido casadas por defectos de actividad, los Jueces de instancia pueden declarar la misma con la consecuencial condenatoria en costas, evitando que se ponga en movimiento esta Suprema Jurisdicción y se suscite desgastes innecesarios dada la evidencia indiscutible en la que devendría dicha inadmisibilidad por disposición del precitado criterio. En ese sentido, lo dispuesto en este fallo se aplicará a las situaciones que surjan a partir de su publicación. Así se establece. (Destacados de la sentencia citado).
-II-
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Por razones metodológicas, esta Sala pasa a conocer de la segunda denuncia por defecto de actividad como si fuera la primera delación presentada, de la manera siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, en concordancia con el artículo 12 ibídem, por incurrir en el vicio de inmotivación por contradicción.
Señala el formalizante:
( ) Segunda denuncia
Motivo.
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1ro. Del artículo 313 del CPC (sic), denunciamos la infracción por la recurrida del ordinal 4to. Del artículo 243 eiusdem, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ya que adolece de inmotivación.
Lo explicamos.
Se produce el vicio de inmotivación cuando existe contradicción entre lo expresado en los motivos, y lo que luego aparece sentenciado en la parte dispositiva.
Con arreglo al principio ontológico de no contradicción, recordando a E. J. Couture en su Fundamentos de Derecho Procesal Civil, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por ejemplo, si la parte motiva la sentencia fice que no está probado el hecho causante de la reclamación o no es eficaz la prueba promovida tendiente a demostrar uno de los conceptos demandados en el libelo, mal puede aparecer luego ese concepto condenado al pago en el dispositivo. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo: o quedó probado y se ordena su pago o no quedó probado y se excluye.
En el caso que nos ocupa, la parte demandante pretende el pago de Bs. 801.513,47 por concepto de indemnización de lucro cesante (lo dice la sentencia v. folio 22 de la pieza, folio (sic) de la sentencia). Nuestra mandante rechazó tal pretensión (v. en la sentencia. v. folio 23 de la V pieza, folio (sic).
Así la litis, la procedencia del lucro cesante pasaba entonces por el establecimiento de los hechos que lo conforman, ajustados a las pruebas que le demostrasen, lo que implicaba pasar por la valoración de los medios promovidos y evacuados a instancia de la parte actora, contra quien corría la carga probatoria.
Para tratar de demostrar el lucro cesante, la parte actora promovió un informe de relación de ingresos brutos desde el 01/01/10 al 26/11/10 de la empresa Distribuidora de Licores Managers C.A. (v. folio 30 de la pieza V pieza, folio 30 de la sentencia)
Ahora bien, en relación con la prueba promovida para ello la parte actora, la sentencia indicó:
16. Informe de relación de ingresos brutos desde el 01/01/10 al 26/11/10 de la empresa Distribuidora de Licores Marangers C.A, donde señalan como total de ingresos brutos bs. 11.869.477,93 relación de compras de un total de Bs. 11.996.185,73; lucro cesante Bs. 801.513, 49 (folios 133 al 135, 1era pieza). Valor probatorio: El Tribunal no le confiere valor probatorio por ser un documento elaborado por la propia parte, en consecuencia, carece de objetividad y por lo tanto no puede surtir efectos jurídicos. Así se decide (Subrayado nuestro. Resaltado de la sentencia. Folio 32 de la sentencia, V pieza del expediente).
El texto es clarísimo. Se desechó el medio probatorio (documental) a través del cual la demandante pretendía demostrar el lucro cesante que reclamaba.
Y he allí que, para la gran sorpresa, el dispositivo de la sentencia condenó a nuestra representada al pago del lucro cesante, y sin ninguna otra razón sobre su procedencia:
Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal determina que de acuerdo a lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en vista de haber quedado plenamente comprobado las alegaciones de la parte actora, y por no haberse comprobado en autos las excepciones o defensas de la demandada, se ve compelido a declarar SIN LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa, en fecha 08/05/2013 y como consecuencia de ello, declara CON LUGAR LA DEMANDA y condena a la parte accionada al cumplimiento del contrato de póliza de seguro suscrito entre las partes.
Se condena a la parte demandada a indemnizar a la actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre de 2010. Por lo tanto debe indemnizar a la accionante los montos siguientes:
a) (omissis)
b) OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 801.513,47, por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic).(omissis). (v. Folio 59 de la sentencia, V pieza del expediente).
Condena que luego aparece al calco en el número 2, del numeral tercero del dispositivo del fallo (v. Folio 61 de la sentencia, V pieza del expediente).
Se puede apreciar que hay contradicción entre los motivos y el dispositivo. Por una Parte, se desecha la prueba traída por la demandante para acreditar el reclamo de lucro cesante, lo que implica que el mismo no quedó demostrado y luego, en el dispositivo lo acuerda, sin que haya mediado otra explicación para ese acontecimiento, pues al final no se sabe de dónde sacó la alzada su procedencia.
Es relevante esta denuncia: Si la recurrida hubiese sido congruente con el pronunciamiento de ineficiencia de la prueba sobre el lucro cesante, en el dispositivo éste hubiese sido relevado, con efecto adicional sobre el ajuste por inflación y la condena en costas.
Por lo anterior, y sin necesidad de extendernos más, solicitamos a la Sala anule la recurrida, como manda el artículo 244 del CPC (sic), con el efecto repositorio correspondiente, a los fines de que se dicte nueva sentencia, que cumpla con el deber de motivar sus fallos, en la cuestión de hecho y en la de derecho como manda la ley adjetiva, mandato, por cierto, de estricto orden público (Destacado de lo transcrito)
Para decidir, la Sala observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delató la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por adolecer la recurrida del vicio de inmotivación por contradicción.
El recurrente en casación señaló, que la juez de alzada incurrió en el delatado vicio al considerar que hay contradicción entre los motivos y el dispositivo. Por una parte, se desecha la prueba traída por la demandante para acreditar el reclamo de lucro cesante, lo que implica que el mismo no quedó demostrado y luego, en el dispositivo lo acuerda, sin que haya mediado otra explicación para ese acontecimiento, pues al final no se sabe de dónde sacó la alzada su procedencia .
Aduciendo además que la alzada: desechó el medio probatorio (documental) a través del cual la demandante pretendía demostrar el lucro cesante que reclamaba , y posteriormente en: el dispositivo de la sentencia condenó a nuestra representada al pago del lucro cesante, y sin ninguna otra razón sobre su procedencia
Ahora bien, es prudente resaltar que, es doctrina de esta Sala, y que constituye materia de orden público, lo siguiente:
( ) La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012. Exp. N° 2011-31). (Destacados del fallo citado).-
Por su parte, también tiene establecido la doctrina de esta Sala, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 del 11 de agosto de 2004, caso Pedro Alejandro Nieves Siso y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:
Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en la Constitución. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334). (Destacado de esta Sala).
En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:
En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria . (Destacados de esta Sala).
Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, por tergiversación, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada o contradictoria y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva. (Cfr. Fallos de esta Sala Nos. RC-193, del 17 de marzo de 2016. Exp. N° 2015-628, RC-510, del 9 de agosto de 2016. Exp. N° 2016-126 y RC-891, del 9 de diciembre de 2016. Exp. N° 2015-830).-
A su vez cabe señalar, en torno a, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Gregorio Tineo Nottaro, que dispuso lo siguiente:
Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento´.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil (Destacados de esta Sala).
Por su parte el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita. (Destacado de la Sala)
El artículo 243 eiusdem, dispone:
Toda sentencia debe contener:
1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2° La indicación de las partes y de sus apoderados.
3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. (Destacado de la Sala)
El artículo 12 ibídem, preceptúa:
Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
Por su parte el artículo 15 del código adjetivo civil, expresa:
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas, por ser materia de orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-103, de fecha 25 de febrero de 2004, expediente N° 1999-395, caso: Mercedes Isabel Reyes Bastidas contra Ricardo Fadus Yaujuana y otro.)
Ahora bien, en el presente caso esta Sala considera necesario transcribir lo pertinente del fallo recurrido, a objeto de verificar si el referido ha incurrido en una infracción de orden público en su formación, por el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia, y al respecto observa:
La sentencia impugnada en casación, estableció lo siguiente:
( ) PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:
Al libelo acompañó:
( omissis )
15. Informe de mobiliarios y equipos pertenecientes a la empresa demandante al 26 de noviembre de 2010, donde igualmente calculan la valoración del mismo antes del siniestro ocurrido en fecha 27/11/2010. (folios 127 al 132, 1era, pieza). Valor probatorio: El Tribunal no le confiere valor probatorio por ser un documento elaborado por la propia parte, en consecuencia, carece de objetividad y por lo tanto no puede surtir efectos jurídicos. Así se decide.
16. Informe de relación de ingresos brutos desde el 01/01/10 al 26/11/10 de la empresa Distribuidora de Licores Marangers C.A, donde señalan como total de ingresos brutos bs.11.869.477,93 relación de compras de un total de Bs.11.996.185,73; lucro cesante Bs. 801.513,49 (folios 133 al 135, 1era pieza). Valor probatorio: El Tribunal no le confiere valor probatorio por ser un documento elaborado por la propia parte, en consecuencia, carece de objetividad y por lo tanto no puede surtir efectos jurídicos. Así se decide.
( omissis )
Por lo tanto, en vista de todo lo anteriormente expuesto, concluye este tribunal Superior, que en fecha 27 de noviembre del 2010, en la sede de la empresa demandante, DISTRIBUIDORA DE LICORES MANAGERS C.A., ubicada en calle 32 ente Av. 26 y 27, edificio Don Dibo, PB, Local 1, Sector Centro de Acarigua del Estado (sic) Portuguesa ocurrió un siniestro (INCENDIO) de categoría ACCIDENTAL que se propagó por unas cuatro (4) horas, tal y como determinó el Cuerpo de Bomberos de Acarigua-Araure, Estado (sic) Portuguesa, en su informe realizado el día 16 de Agosto (sic) del 2011, que de la investigación se pudo determinar dicho incendio tuvo como causa la inflamación de materiales sólidos carbonizable (cartón) y posterior propagación por ignición de alcohol etílico al entrar en contacto con fuente de calor origen eléctrica, ocasionada por aterramiento de la cometida principal con la tubería metálica utilizada como protección, originando un arco eléctrico con niveles críticos de temperatura y emanación de chispas incandescentes que al juntarse con estos elementos permitió la materialización de este fenómeno de ignición. Este hecho queda enmarcado bajo la categoría ACCIDENTAL.
Dicho incendio destruyó bienes muebles, mercancía, libros y bienes que se encontraban dentro del local comercial, arrojando unos daños por siguiente orden monetario:
( omissis )
Igualmente, ha quedado plenamente comprobado que la demandante suscribió una póliza de seguro con la empresa demandada con una vigencia desde el 19/12/2009 hasta el 19/12/2010; es decir, que el siniestro se produjo dentro de la vigencia del contrato de seguros.
Se comprobó que la parte demandante notificó a la empresa aseguradora de la ocurrencia del siniestro, y que esta le solicitó la entrega de unos requisitos, faltando por consignar los libros contables, los cuales no pudo entregar por cuanto los mismos fueron devorados por el incendio que se produjo en el local, quedando libertado de dicha obligación, por cuanto configura un caso fortuito, es decir, que el incumplimiento en la empresa de los libros contables, obedece a una causa extraña no imputable a la empresa demandante, y por tanto, queda exenta de cumplir con dicho requerimiento.
Asimismo, concluye este juzgador que, la clausula 1 y 4 de la sección 12 de la póliza de seguro, referente a las condiciones particulares contenidas en la póliza de (sic), no se aplica en el caso de marras, por la misma razón anteriormente expuesta, vale decir, porque la demandante no consigno los libros contables por una causa no imputable, es decir, por el mismo incendio que es un caso fortuito.
Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal determina que de acuerdo a lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en vista de haber quedado plenamente comprobado las alegaciones de la parte actora, y por no haberse comprobado en autos las excepciones o defensas de la demandada, se ve compelido a declarar SIN LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa, en fecha 08/05/2013 y como consecuencia de ello, declara CON LUGAR LA DEMANDA y condena a la parte accionada al cumplimiento del contrato de póliza de seguro suscrito entre las partes.
Se condena a la parte demandada a indemnizar a la actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre de 2010. Por lo tanto debe indemnizar a la accionante los montos siguientes:
a) UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CERO CINCO CÉNTIMOS (Bs.1.736.468,05), por concepto del TOTAL (sic) PÉRDIDA AJUSTADA EN GENERAL, sumados los rubros marcados A+B+C+D+E+F+G.
b) OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.801.513,47, por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic).
Se ordena la indexación monetaria, mediante experticia complementaria del fallo, teniendo como base al índice inflacionario determinada (sic) por el Banco Central de Venezuela, vigentes para el Área Metropolitana de Caracas, computando desde el momento de interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia.
Por las consideraciones expuestas anteriormente, este juzgador debe declarar sin lugar la apelación realizada por la parte demandada, y confirmar la sentencia de la primera instancia. Y así se decide.
( omissis )
PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa, en fecha 08/05/2013 (sic).
SEGUNDO: CON LUGAR LA DEMANDA interpuesta en fecha 16/11/2011 (sic), por la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Distribuidora de Licores Managers C.A., en contra de la empresa Seguros Nuevo Mundo S.A., por motivo de cumplimiento de contrato e indemnización de daños materiales y lucro cesante, y se condena a la parte accionada al cumplimiento del contrato de póliza de seguro suscrito entre las partes.
TERCERO: Se condena a la parte demandada a indemnizar a la parte actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre del año 2010; por lo tanto, debe indemnizar a la accionante por los montos siguientes:
1) La cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CINCO CÉNTIMOS (Bs.1.736.468,05), por concepto de TOTAL DE PÉRDIDA A LOS DAÑOS EN GENERAL, sumados los rubros marcados A+B+C+C+D+E+F+G.
2) La cantidad de OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS.801.513,47), por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic).
CUARTO: Se ORDENA la indexación monetaria sobre las cantidades ordenadas a pagar, mediante experticia complementaria del fallo, teniendo como base al índice inflacionario determinado por el Banco Central de Venezuela, vigentes para el Área Metropolitana de Caracas, computando desde el momento de interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia. Se condena en costas procesales a la parte accionada.
Queda así CONFIRMADA la sentencia apelada dictada en fecha (sic) dictada en fecha 08/05/2013 (sic), por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Portuguesa (Destacados de lo transcrito).-
Ahora bien, de la lectura de todo lo antes transcrito se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, tal y como lo adujo el formalizante, que la decisión impugnada adolece del vicio de inmotivación por contradicción en sus motivos, sobre un mismo punto, dado que los motivos expuestos por el juez se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, generando una situación equiparable a la falta de fundamentación, por cuanto que, el juez de instancia en una evidente contrariedad argumentativa determinó, que la prueba documental de informe de relación de ingresos brutos de la sociedad mercantil Distribuidora de Licores Marangers C.A., desde la fecha 1° de enero de 2010, hasta el día 26 de noviembre de 2010, donde se determinó el ingreso bruto en Bs.11.869.477,93 para un total de compras Bs.11.996.185,73; y el lucro cesante en la cantidad de ochocientos un mil quinientos trece con cuarenta y siete céntimos (Bs.801.513,47); que no le confería valor probatorio, al señalar que es un documento elaborado por la propia parte de lo cual no puede surtir efectos jurídicos. Y por otra parte, condena a la demandada al pago del lucro cesante, ocasionados por el incendio producido en la referida empresa en fecha 27 de noviembre de 2010, por la cantidad de ochocientos un mil quinientos trece con cuarenta y siete céntimos (Bs.801.513,47), monto al que hace referencia la prueba documental de informes que fue desechada.
Ahora bien, en cuanto a la inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 08-774, caso de la Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:
El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.
El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular comentó que:
El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que Todo tribunal debe fundar sus sentencias con expresión de la ley aplicable al caso. Esta consagración constitucional de la motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela, tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de motivar las sentencias, con la siguiente justificación:
Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias . (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).
Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:
la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos .
También ha sostenido esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:
a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.
b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.
c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y
d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Cfr. Sentencia Nº 83 del 23/3/92, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros, reiterada mediante fallo Nº RC-182 del 9/4/08, Exp. 2007-876, entre otras, caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste).
Así las cosas, respecto al supuesto c) antes citado se observa, que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha pronunciado esta Sala en sus fallos N° RC-704, del 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-242; N° RC-457, del 26 de octubre de 2010, expediente N° 2009-657; N° RC-215, del 13 de mayo de 2011, expediente N° 2010-547; N° RC-121 del 29 de febrero de 2012, expediente N° 2011-581; y N° RC-393 del 8 de julio de 2013, expediente N° 2013-101, entre muchos otros, de la siguiente forma:
siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo (Destacado de la Sala).
Por lo que, la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.
Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. (Cfr. Fallo N° RC-285, de fecha 26 de mayo de 2015, expediente N° 2014-807, caso: Gladys Bali Asapchi contra Inversiones Pegelix, S.R.L., y otro; y N° RC-122, de fecha 10 de marzo de 2014, expediente N° 2013-364, caso: Blanca Mery Carrillo de Niño, contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros S.A.)
Así las cosas, observa esta Sala de la sentencia hoy recurrida, la contradicción al analizar el medio probatorio documental relativo al informe de relación de ingresos brutos de la sociedad mercantil Distribuidora de Licores Marangers C.A., como ya se explicó con anterioridad en este fallo, cuando señaló lo siguiente:
( ) 16. Informe de relación de ingresos brutos desde el 01/01/10 al 26/11/10 de la empresa Distribuidora de Licores Marangers C.A, donde señalan como total de ingresos brutos bs. 11.869.477,93 relación de compras de un total de Bs. 11.996.185,73; lucro cesante Bs. 801.513,49 (folios 133 al 135, 1era pieza). Valor probatorio: El Tribunal no le confiere valor probatorio por ser un documento elaborado por la propia parte, en consecuencia, carece de objetividad y por lo tanto no puede surtir efectos jurídicos. Así se decide.
( omissis )
Se condena a la parte demandada a indemnizar a la actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre de 2010. Por lo tanto debe indemnizar a la accionante los montos siguientes:
( omissis )
b) OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 801.513,47, por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic).
Se ordena la indexación monetaria, mediante experticia complementaria del fallo, teniendo como base al índice inflacionario determinada (sic) por el Banco Central de Venezuela, vigentes para el Área Metropolitana de Caracas, computando desde el momento de interposición de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia.
( omissis )
TERCERO: Se condena a la parte demandada a indemnizar a la parte actora, por los daños materiales y lucro cesante ocasionados por el siniestro ocurrido en la sede de la empresa demandante en fecha 27 de noviembre del año 2010; por lo tanto, debe indemnizar a la accionante por los montos siguientes:
( omissis )
2) La cantidad de OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 801.513,47), por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic) (Subrayado de la Sala)
Lo que determina palmariamente sin lugar a dudas, que por una parte se desecha y no le da valor probatorio a la prueba de informe de ingresos brutos de la empresa Distribuidora de Licores Marangers C.A., y por otra parte se aprecia, al señalar:
A.- Que el 16. Informe de relación de ingresos brutos El Tribunal no le confiere valor probatorio por ser un documento elaborado por la propia parte, en consecuencia, carece de objetividad y por lo tanto no puede surtir efectos jurídicos , y
B.- Que Se condena a la parte demandada a indemnizar a la actora y lucro cesante ocasionados por el siniestro. Por lo tanto debe indemnizar a la accionante los montos siguientes: b) OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 801.513,47, por concepto de Lucro (sic) Cesante (sic) .
De lo anteriormente transcrito se verifica claramente y sin objeción alguna, la ilógica contradicción evidenciada en este caso, dado que la juez de la recurrida, por una parte desecha o no toma en consideración la prueba de informe de ingresos brutos promovida por la demandante, para posteriormente, hacer uso probatorio de la mencionada para así condenar al pago del lucro cesante por los daños ocurridos en el siniestro (incendio) producido en la sede la sociedad mercantil Distribuidora de Licores Managers C.A., (demandante), de lo cual se determina que la alzada le otorgó valor probatorio a tal informe, lo que resulta incompatible con los postulados de la lógica formal, dado que no se puede afirmar que una prueba carece de valor probatorio, pero simultáneamente se establezcan hechos y se saquen conclusiones jurídicas de ella. (Cfr. Fallo N° 891, de fecha 9 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-830, caso CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA C.A., contra MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS antes denominada SEGUROS LA SEGURIDAD C.A., bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo)
Tal situación, muestra confusión, ambigüedad y poca claridad del juez en su labor lógica al construir la sentencia. Este comportamiento contraviene su deber jurídico de confeccionar una sentencia clara, justificada, precisa y expresa.
De lo cual, tal y como lo delató el formalizante, la Sala evidencia claramente y sin lugar a dudas, que el tribunal superior accidental efectivamente incurrió en contradicción en los motivos, por el cual, no es correcto que la alzada por un lado niegue eficacia jurídica a un instrumento probatorio y luego derivar del mismo documento, resultados favorables o desfavorables.
En sintonía con lo anterior, esta Sala en sentencia N° RC-285, de fecha 26 de mayo de 2015, expediente N° 14-807, caso de Gladys Bali Asapchi contra Pegelix, S.R.L. y otro, estableció:
( ) En tal sentido, esta Sala en caso análogo en su decisión N° RC-577, de fecha 3 de octubre de 2013, expediente N° 2013-272, caso: Alicio Velásquez López contra Martha Virginia Gilles Redondo y otros, dispuso lo siguiente:
De la transcripción de la recurrida, se observa claramente la evidente contradicción existente entre la apreciación que inicialmente manifestó hacer el juzgador de alzada sobre las sentencias emitidas por el juzgado de primera instancia y el juzgado superior referente a la oposición al embargo que hizo el ciudadano Alicio Velásquez López, en la causa donde se denunció el fraude procesal, y, la apreciación que hace posteriormente, de las mismas sentencias, en la que expresó contradictoriamente que de ellas no emanaba prueba alguna que tendiera a dilucidar los hechos controvertidos en el presente proceso, lo cual evidencia una carencia de deducción lógica y coherente que permita establecer con certeza la justificación de lo ordenado en la sentencia.
En otras palabras, el proceso cognitivo mediante el cual el juez de la alzada, en el presente caso, da por válidas unas pruebas de las cuales establece hechos que le sirven de fundamento para decidir y luego desestima esas mismas probanzas, de ninguna manera puede ser considerado como razonado y coherente, por cuanto los fundamentos en que se apoya cualquier decisión deben bastar para permitir a los litigantes entender con suficiente claridad las razones de lo resuelto, porque es ése proceso intelectual el que permite establecer con certeza la justificación lógica de lo ordenado en la sentencia.
Al respecto cabe citar el criterio expresado en sentencia de esta Sala de Casación Civil, de fecha 25 de febrero de 2004, caso: Mercedes Reyes Bastidas contra Ricardo Fadus y Otro, ratificado entre otras en sentencia N° 101, de fecha 9 de marzo de 2007, expediente N°. 06-745, en el juicio de Luís Trabucco, contra Asociación de Fraternidad Italo Venezolana del estado Lara (A.F.I.V.E.L), en la que se indicó lo siguiente:
constituye una contradicción tan grave e inconciliable que, por equipararse a la falta absoluta de fundamentos, de acuerdo con el precedente jurisprudencial comentado, hace inmotivado el fallo recurrido, pues resulta incompatible con los postulados de la lógica formal, que se diga que una prueba carece de valor probatorio, pero simultáneamente se establezcan hechos y se saquen conclusiones jurídicas de ella. Así se resuelve.
En consecuencia, la Sala considera que con tal proceder el Juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual constituye infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y determina la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa. Así de oficio se declara (Subrayado de la Sala).
A la luz del criterio señalado y de lo analizado anteriormente puede observarse, que la sentencia impugnada al conferir a las decisiones en cuestión, referidas a la oposición al embargo que hizo el ciudadano Alicio Velásquez López en la causa donde se ha denunciado el fraude procesal, el valor probatorio que señala el artículo 1.363 Código Civil, estableciendo de las mismas hechos concretos, para simultáneamente considerar que de las mismas no emana alguna prueba que tienda a dilucidar los hechos controvertidos, cuando anteriormente expresó lo contrario, hace que ambas apreciaciones sean inconciliables.
En consecuencia, la Sala considera que con tal proceder el Juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual constituye infracción del ordinal 4º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y determina la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo (Subrayado, negrillas y cursivas del fallo).
Sobre esta última consideración la procesalista Laura Miraut Martín afirma lo siguiente:
Cuanto más contundente sea el estilo en el que se exponga la sentencia, más comprensible será también su contenido para las partes y más satisfechas quedarán éstas por lo que en el fondo no es sino la declaración de un derecho preexistente a la decisión judicial. El juez actúa como mero portavoz del derecho, y en este sentido debe ser absolutamente claro y contundente. El derecho tiene la suficiente autoridad para que sus portavoces lo declaren imperativamente sin dudas en la expresión, sin vacilaciones que puedan cuestionar el acierto de la solución que dispone el ordenamiento jurídico para la controversia que se presenta ante el juez. (Miraut Martín, Laura. La teoría de la decisión jurídica de Benjamín Nathan Cardozo. España, Dykinson, 1999, pp. 97 y 98)
En tal sentido, esta Sala en casos análogos al presente en su doctrina reiterada, reflejada entre otras, en sus fallos N° RC-731, de fecha 8 de diciembre de 2009, expediente N° 2009-303, caso: Carmen Catalicia Flores Contreras contra S.A., Técnica de Conservación Ambiental (SATECA) y otras; N° RC-755, de fecha 14 de diciembre de 2009, expediente N° 2009-447, caso: Edith Ramona Torres contra Armando Acosta de Almeida; N° RC-577, de fecha 3 de octubre de 2013, expediente N° 2013-272, caso: Alicio Velásquez López contra Horst Alejandro Ferrero Kellerhoff y otros.; N° RC-729, de fecha 5 de diciembre de 2013, expediente N° 2013-464, caso: American Food, C.A. contra Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros; N° RC-122, de fecha 10 de marzo de 2014, expediente N° 2013-364, caso: Blanca Mery Carrillo De Niño contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A.; N° RC-135, de fecha 4 de marzo de 2016, expediente N° 2015-357, caso: Yoxsy Romero Pérez contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. y otros; y N° RC-137, de fecha 4 de marzo de 2016, expediente N° 2015-662, caso: Andrea Del Jesús Moya Coa contra Frank Ramón Moreno Frontado y otra, con respecto a la inmotivación del fallo como vicio de orden público, en el análisis de una prueba de forma contradictoria, cuando se diga que una prueba carece de valor probatorio, pero simultáneamente se establezcan hechos y se saquen conclusiones jurídicas de ella, dispuso lo siguiente:
De la transcripción de la recurrida, se observa claramente la evidente contradicción existente entre la apreciación que inicialmente manifestó hacer el juzgador de alzada sobre las sentencias emitidas por el juzgado de primera instancia y el juzgado superior referente a la oposición al embargo que hizo el ciudadano Alicio Velásquez López, en la causa donde se denunció el fraude procesal, y, la apreciación que hace posteriormente, de las mismas sentencias, en la que expresó contradictoriamente que de ellas no emanaba prueba alguna que tendiera a dilucidar los hechos controvertidos en el presente proceso, lo cual evidencia una carencia de deducción lógica y coherente que permita establecer con certeza la justificación de lo ordenado en la sentencia.
En otras palabras, el proceso cognitivo mediante el cual el juez de la alzada, en el presente caso, da por válidas unas pruebas de las cuales establece hechos que le sirven de fundamento para decidir y luego desestima esas mismas probanzas, de ninguna manera puede ser considerado como razonado y coherente, por cuanto los fundamentos en que se apoya cualquier decisión deben bastar para permitir a los litigantes entender con suficiente claridad las razones de lo resuelto, porque es ése proceso intelectual el que permite establecer con certeza la justificación lógica de lo ordenado en la sentencia.
( omissis )
constituye una contradicción tan grave e inconciliable que, por equipararse a la falta absoluta de fundamentos, de acuerdo con el precedente jurisprudencial comentado, hace inmotivado el fallo recurrido, pues resulta incompatible con los postulados de la lógica formal, que se diga que una prueba carece de valor probatorio, pero simultáneamente se establezcan hechos y se saquen conclusiones jurídicas de ella. Así se resuelve.
En consecuencia, la Sala considera que con tal proceder el Juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual constituye infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y determina la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa. Así de oficio se declara ´ (Subrayado de la Sala).
A la luz del criterio señalado y de lo analizado anteriormente puede observarse, que la sentencia impugnada al conferir a las decisiones en cuestión, referidas a la oposición al embargo que hizo el ciudadano Alicio Velásquez López en la causa donde se ha denunciado el fraude procesal, el valor probatorio que señala el artículo 1.363 Código Civil, estableciendo de las mismas hechos concretos, para simultáneamente considerar que de las mismas no emana alguna prueba que tienda a dilucidar los hechos controvertidos, cuando anteriormente expresó lo contrario, hace que ambas apreciaciones sean inconciliables.
En consecuencia, la Sala considera que con tal proceder el Juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual constituye infracción del ordinal 4º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y determina la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo. (Vid. Sentencia N° RC-577, de fecha 3 de octubre de 2013, expediente N° 2013-272) (Destacado de la Sala)
En adición a todo lo anteriormente expuesto, considera necesario esta Sala de Casación Civil, traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional de este máximo tribunal de justicia en fallo Nº 889 del 30 de mayo de 2008, caso: INHERBORCA, expediente: 2007-1406, según el cual es necesario evaluar la influencia determinante en el dispositivo del fallo de cualquiera de las infracciones de orden jurídico a las que se refiere el artículo 320 de la ley civil adjetiva, pues de lo contrario la casación sería inútil. La referida Sala señaló:
( ) En ese orden de ideas, estima esta Sala Constitucional pertinente el recordatorio de que la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber de todos los jueces o juezas de la República de asegurar la integridad de la Constitución (ex artículos 334 y 335 constitucionales), obligan al juez, siempre, a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental.
Por otra parte, en lo que respecta, específicamente a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil preceptúa:
Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
( omissis )
Así, en este caso, sólo habrá habido infracción del orden jurídico, en los términos del artículo 320, si la prueba respecto de cuya apreciación se incurrió en contradicción -en criterio de la Sala de Casación Civil-, tiene la posibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que durante los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo (Negrillas y subrayado de este fallo)
En aplicación del criterio antes señalado de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, se observa, que el vicio de actividad declarado en este caso compromete el fondo del asunto debatido y tiene influencia determinante de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, dado que en base a dicha prueba de informe de ingresos brutos, la juez de la recurrida estableció hechos que dio por probados y estos hechos los utilizó como fundamento para tomar su determinación y condenar al pago del lucro cesante a la demandada por la cantidad de ochocientos un mil quinientos trece con cuarenta y siete céntimos (Bs.801.513,47), y así determinar su procedencia; cuando desechó o no le otorgó valor probatorio a la referida prueba documental.
En consecuencia, esta Sala de Casación Civil, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales que ad exemplum fueron señalados con anterioridad en este fallo, al observar en el presente caso un vicio de orden público en la formación de la sentencia, relativo a la inmotivación por contradicción, al verificarse la existencia de dos (2) motivos que se contradicen entre sí sobre un mismo punto, que son inconciliables, constituyendo palmariamente una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que ser una u otra pero no ambas argumentaciones, considera que lo establecido por la recurrida en el fallo, resulta a tal punto contradictorio que sus fundamentos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e inconciliables, que generaron una situación equiparable a la falta de fundamentación, configurando un inefable defecto de motivación que infringe los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias, es por ello que la Sala concluye que la sentencia recurrida adolece del vicio denunciado, acarreando así la infracción de lo estatuido en los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, lo que en razón de ello conlleva a declarar con lugar la presente denuncia y por consiguiente el recurso extraordinario de casación; y por vía de consecuencia la nulidad del fallo recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 244 y 210 eiusdem. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.-
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) INADMISIBLE el recurso de nulidad propuesto por la demandada. 2) CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, actuando como tribunal superior de reenvío, en fecha 16 de septiembre de 2016.
En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al juzgado superior que resulte competente, dicte nueva decisión prescindiendo del vicio aquí detectado.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar a la condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil diecisiete Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
__________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretario Temporal,
______________________
RICARDO ANTONIO INFANTE
Exp. AA20-C-2016-000861
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario Temporal,
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