Sentencia N.º 000542
- Sentencia
- N.º 000542
- Fecha
- 10/10/2024
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 24-401
- Ponente
- Henry José Timaure Tapia
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. AA20-C-2024-000401
Magistrado Ponente: HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA
En el juicio por nulidad de acta de asamblea, incoada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GELISCAP, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital en fecha 23 de enero de 1991, bajo el N° 65, tomo 15-A Pro, representada judicialmente por los ciudadanos abogados Leandro de Freitas Paciotta, Adolfo Fuentes, Néstor Arévalo, Ramón Mijares, Yoselin Salem Chabarekh, Andrea Cruz Suarez, Sutara Zambrano, Raúl Meza, Gianfranco Cultrera, Karla Gómez y Raúl Brito, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 139.774, 29.985, 106.405, 106.780, 248.368, 216.577, 295.247, 75.534, 141.237, 298.563 y 202.434, respectivamente, contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 13 de diciembre de 1972, bajo el N° 14, tomo 2-A, representada judicialmente por los ciudadanos abogados Halim Moucharfiech Uzcategui, David Moucharfiech Parra, María Portillo, Luisana Moucharfiech Parra, Patricia Rumbos Zurita, Karen Vrila Molero, Carlos Domínguez, Andrés Chacón, Anthony Muñoz, Daylin Fernández y María Socorro, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros.14.695, 105.257, 124.157, 250.644, 46.664, 121.270, 34.491, 194.360, 296.960, 285.358 y 283.975 en su orden; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 2 de mayo de 2024, mediante la cual declaró lo siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha en (sic) 5 de diciembre de 2023 y ratificado en fecha 13 de diciembre de 2023, por el abogado ANDRES (sic) CHACÓN, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada en fecha 4 de diciembre de 2023, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por Nulidad (sic) de Actas (sic) de Asamblea (sic) incoara la sociedad mercantil INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A.
SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda que por NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEA incoara la sociedad mercantil INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A.
TERCERO: Se REVOCA la sentencia dictada fecha 4 de diciembre de 2023 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte que resultó vencida en su totalidad . (Destacados de la cita).
Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandante, anunció recurso extraordinario de casación en fecha 8 de mayo de 2024, siendo admitido en fecha 10 de junio del mismo año, oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
En fecha 8 de agosto de 2024, se dio cuenta la Sala y conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se asignó la ponencia de la presente causa al Magistrado Dr. Henry José Timaure Tapia.
Verificada la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
-I-
Conforme a lo señalado en fallos de esta Sala de Casación Civil, Nros. RC-254, expediente N° 2017-072, y RC-255, expediente N° 2017-675, de fecha 29 de mayo de 2018; reiterados en sentencias Nros. RC-156, expediente N° 2018-272, del 21 de mayo de 2019, y RC-432, expediente N° 2018-651 y RC-433, expediente N° 2019-012, de fecha 22 de octubre de 2019, y nuevamente ratificado en decisiones Nros. RC-152, expediente N° 2019-507, de fecha 24 de septiembre de 2020, RC-483, expediente N° 2021-028, de fecha 30 de septiembre de 2021, y RC-133, expediente N° 2018-348, de fecha 16 de marzo de 2022, entre muchas otros decisiones de esta Sala, y en aplicación de lo estatuido en decisión N° RC-510, expediente N° 2017-124, del 28 de julio de 2017 y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, expediente N° 2017-1129, del 11 de mayo de 2018, CON EFECTOS EX NUNC y ERGA OMNES, A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, esta Sala FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, dado que se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem, y por ende también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y en conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, QUE EN SU NUEVA REDACCIÓN SEÑALA: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, PUDIENDO EXTENDERSE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA Y PONERLE FIN AL LITIGIO , y dado, QUE SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó solo de forma excepcional cuando sea necesaria LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, esta Sala pasa a dictar sentencia en atención a dicha reforma judicial incorporada al proceso de casación civil, en los términos siguientes:
-II-
DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
PUNTO PREVIO
En este caso esta Sala considera necesario, por razones metodológicas o de metodología, alterar el orden de conocimiento de las denuncias presentadas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación presentado por la representación judicial de la parte demandante sociedad mercantil INVERSIONES GELISCAP, C.A., y procede a analizar la segunda denuncia por infracción de ley, contenida en el escrito de formalización; todo ello, de conformidad con lo estatuido en la doctrina pacifica, reiterada y diuturna de esta Sala, reflejada en sus fallos N° RC-394, de fecha 20 de junio de 2017, expediente N° 2017-281, caso: Colegio Humboldt C.A., contra Inversiones AZM 44, C.A., y otra, N° RC-686, de fecha 13 de diciembre de 2018, expediente N° 2017-766, caso: Efigenia Del Carmen Hernández Romero contra Otto Séiler Lazarvic y otra, y N° RC-175, de fecha 22 de junio de 2022, expediente N° 2019-311, caso: FM POWER Materiales Eléctricos, C.A., contra Importadora USY C.A., entre muchas otras, que permite a esta Sala entrar a conocer de forma directa después de un estudio minucioso del escrito de formalización de una denuncia de infracción de ley que vicie de nulidad el fallo recurrido, en atención a los principios expectativa plausible, confianza legítima, estabilidad de criterio y tutela judicial efectiva o eficaz, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, evitando cualquier reposición inútil que genere un retardo y desgaste innecesario de la jurisdicción, conforme a lo estatuido en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, que garantice el derecho a la defensa y un debido proceso, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, de petición, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara.
-III-
DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY
SEGUNDA DENUNCIA:
Con fundamento en el ordinal 2°, del artículo 313, del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12, 398 y 431 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación, así como el artículo 279 del Código de Comercio también por falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:
-II-
CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS
1.-Primera denuncia de fondo de casación sobre los hechos:
Motivo:
De conformidad con el motivo de casación establecido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 ejusdem, denunciamos la infracción de la sentencia recurrida, por falta de aplicación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que consagra la regla que obliga al juez a atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados e, igualmente, denunciamos la infracción por falta de aplicación del artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, que regula la regla de establecimiento de la prueba, imponiendo al juez la obligación de desechar del proceso la prueba que aparezca manifiestamente ilegal o impertinente, así como la infracción del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, norma que prevé establecimiento del documento privado emanado de tercero, exigiendo el cumplimiento de la formalidad de ser ratificado en juicio mediante la prueba testimonial.
Así mismo, como consecuencia de las infracciones anteriores, denunciamos la infracción por falta de aplicación del artículo 279 del Código de Comercio, que prevé el derecho de todo accionista a ser convocado por carta certificada, de acuerdo a la interpretación del sentido y alcance que se le atribuyó expresamente a dicho artículo, con carácter vinculante, respecto al modo en que deben realizarse las convocatorias de asambleas de accionistas, según lo establecido en la sentencia identificada con el Nº 1066, de fecha 9 de diciembre de 2016, co ocasión al juicio de nulidad asamblea de accionistas que cursó en el expediente distinguido con el Nº16-0828, con ponencia de la Magistrada Lourdes Benicia Suarez Anderson, siendo tales afirmaciones determinantes en el dispositivo del fallo.
Desarrollo:
En efecto, la recurrida, al pronunciarse sobre la validez de la convocatoria de la Asamblea (sic) General (sic) Ordinaria (sic) de Accionistas (sic) de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., celebrada en fecha 12 de diciembre de 2019, registrada ante el Registro Mercantil Primero del Estado (sic) Zulia, en fecha 15 de enero de 2020, bajo el Nº 44, Tomo (sic) -1-A RM1 señaló:
( Omissis )
Cabe destacar que esta factura identificada con el Nº062531, que pedimos sea revisada por la Sala descendiendo a las actas del expídete con la licencia que les otorga el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, fue emitida por la compañía Venepress conocida también como Tealca, la cual fue analizada y valorada en la parte motiva de la sentencia recurrida de la siguiente manera: ( )
De la citas precedentemente transcritas se desprende que, el Juez (sic) de alzada analiza y aprecia la mencionada factura emitida por la empresa Tealca, que es un tercero totalmente ajeno a la presente causa, atribuyéndole el valor de una presunción legal probatoria en cuanto a lo alegado por la parte promovente, concretamente, sobre el hecho afirmado en el escrito de contestación de la demanda, en el sentido de haber remitido presuntamente a la actora, una comunicación (sin que conste en autos ningún signo o señal de recepción efectiva de la misma) sobre la convocatoria de la Asamblea (sic) General (sic) de Accionistas (sic) en referencia, a la dirección que le fue suministrada, valoración esta, que hace el A-quo (sic), dando al traste no solo con el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, que regula la regla de establecimiento de la prueba, imponiendo al juez la obligación de desechar del proceso la prueba que aparezca manifiestamente ilegal o impertinente, sino también, omitiendo igualmente la regla de establecimiento de la prueba de documento privado emanado de un tercero, regulada expresamente en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en la que el legislador previó -en forma imperativa- que, los documentos de esta naturaleza, para que puedan tener validez dentro del proceso, debe cumplir con la exigencia legal señalada expresamente en dicho artículo, en el sentido de ser ratificadas por el tercero mediante la prueba testimonial, siendo ello, una carga procesal de la parte demandada, esto es, un imperativo de su propio interés, que no puede ser suplida en modo alguno por el juez, lo que pone de manifiesto que la recurrida violó flagrantemente los articulo 12, 398 y 431 del Código de Procedimiento Civil, todos por falta de aplicación.
En efecto, la alzada desconociendo la naturaleza especial y especifica que el legislador le dio al documento privado emanado de un tercero, transgrediendo abiertamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al Juez (sic) a atenerse a lo alegado y probado en autos, si poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, arbitrariamente, estos es, sin tomar en consideración la norma que regula expresamente este tipo de documentos, como en efecto lo es el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, no solo omitió su aplicación respecto a las formalidades legales para su promoción y evacuación, lo que implicaba que la parte demandada cumpliera con su carga procesal de promover la prueba testimonial, con el objeto de que el tercero emisor de dicha factura, declarara como testigo sobre los hechos pertinentes relacionados con su emisión, así como, sobre los datos contenidos en ella, siendo que, además, omite igualmente su obligación de desechar del proceso la prueba que aparezca manifiestamente ilegal o impertinente, a tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, normas estas que el tribunal de alzada debía aplicar y no aplicó al momento de pronunciarse sobre el análisis y valoración de la factura en referencia, todo lo cual pone en evidencia que, estamos en presencia de un caso típico de lo que doctrinariamente se conoce como prueba inepta o irregular que es aquella prueba que no reúne los requisitos exigidos por la ley, es decir, toda prueba que se produce sin cumplir con las formalidades legales pare su otorgamiento o evacuación, lo cual guarda estrecha relación con el Principio (sic) de Legalidad (sic) de las Formas (sic) Procesales (sic) (Art.7 CPC) y que, en materia probatoria, tiene que ver con la observación de todas las circunstancias o condiciones de modo, lugar y tiempo que giran en torno a los diferentes medios probatorios, las cuales, de no cumplirse, hacen que la prueba pierda la aptitud o la idoneidad para producir los efectos jurídicos que le son connaturales, tal como ocurrió en el presente caso con la mencionada factura emitida por un tercero, que no es parte en la presente causa, y que inexorablemente- para poder tener validez o eficacia para surtir los efectos probatorios en el presente juicio, que son propios o inherentes a este tipo de documentos, la contraparte debía cumplir con las formas procesales idóneas para su promoción y evacuación, como efectivamente lo es en este caso, mediante la producción de la prueba testimonial.
Y es tan importante el cumplimiento de las formas procesales en materia probatoria que, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé expresamente en el ordinal 1º del artículo 49 que: Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso disposición esta que debe ser interpretada en el sentido de que todas aquellas pruebas que infrinjan los procedimientos establecidos en la Ley (sic) para conseguirlas o formarlas, o que impidan a la parte contra quien se promueven ejercer contra ellas el derecho a la defensa concretado por la contradicción y el control de la prueba, en el entendido de que debe tener la oportunidad de activarse dentro del juicio donde se propone o recibe el medio de prueba, deben reputarse nulas, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso con la factura comercial emitida por la empresa Tealca, que la representación judicial de la parte demandada pretendió incorporar irregularmente a pesar de no haber cumplido con los mencionados requisitos de admisibilidad y procedencia exigidas en nuestro ordenamiento jurídico positivo, y así pedimos a esta honorable Sala lo considere al momento de proferir la decisión correspondiente sobre este particular medio de prueba.
Como consecuencia de las infracciones de ley precedentemente denunciadas (falta de aplicación de los artículos 12, 398 y 431 del Código de Procedimiento Civil), se produjo otro error de juzgamiento, referido concretamente a la infracción por falta de aplicación del artículo 279 del Código de Comercio, que prevé el derecho de todo accionista a ser convocado por carta certificada, en el sentido que ha sido interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia identificada ( ) en la cual se estableció expresamente como criterio vinculante a partir de esa decisión (9-12-2016) la forma como deben hacerse las convocatorias de los accionistas de las sociedades mercantiles, aplicando dicho artículo 279 del Código de Comercio, de manera concurrente con lo establecido en el articulo 277 ejusdem, debiendo además dichas normas ser interpretadas sistemáticamente, esto es, conjuntamente con las disposiciones del documento constitutivo y los estatutos sociales y tomando en consideración la nueva realidad tecnológica sobre la existencia de medios de información distintos a los previstos en el Código de Comercio, con el objetivo de garantizar, de manera cierta y eficaz, a todos los socios, una adecuada y oportuna información sobre la celebración de las asambleas de accionistas, en procura de poder permitirles asistir a las mimas (sic), enterarse de los puntos de orden que se van a tratar o discutir, poder preparar sus observaciones bien sea para aprobar u objetar la materia objeto de discusión, de tal manera de que puedan ejercer todos los derechos que son inherentes a la condición de accionistas, y teniendo en cuenta que la finalidad que debe perseguir cualquier convocatoria, no es otra que la de proteger precisamente los derechos e intereses de los socios, lo cual, como bien lo establece expresamente la sentencia vinculante en referencia, solo puede lograrse suministrando toda la información relativa a las convocatorias de asambleas de accionistas, en forma clara, oportuna, adecuada, completa, directa y expresa y a través de medios adecuados para que se de la efectiva notificación de los socios, incluyendo cualquier forma de transmisión de mensajes, como por ejemplo la carta certificada, telegrama, telex, fax, correos electrónicos, o cualquier otra de las formas de remisión de mensajes que van surgiendo a tono con la evolución de las nuevas tecnologías, que han desarrollado medios de información distintos a los previstos en el Código de Comercio y que son capaces de garantizar una convocatoria segura y confiable, como podrían serlo a título de ejemplo, la transmisión de información de mensajes de datos a través de las redes sociales como Watsapp, Telegram, Facebbok o Instagram y haciendo además especial énfasis la Sala Constitucional en la necesidad de protección del derecho de los socios y accionistas de ser informados con las garantías suficientes, bajo la directriz de que ello solo puede lograrse mediante el establecimiento de un medio adecuado de convocatoria que sea lo mas claro y eficiente posible, que no represente dudas de su idoneidad como instrumento capaz de garantizar el derecho de ser informado de la convocatoria que tienen los socios o accionistas de las sociedad mercantiles, habida consideración que las nuevas tecnologías han desarrollado medios de información distintos a los previstos en el Código de Comercio y que son capaces de garantizar una convocatoria segura y confiable
( .Omissis )
Efectivamente de haberse aplicado el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la aplicación de los artículos 398 y 431 ejusdem, el juez superior no habría suplido la falta de actuación probatoria de la parte demandada utilizando como subterfugio la creación arbitraria de una presunción legal probatoria y dispensándolo además de cumplir con su carga probatoria de promover la prueba testimonial en palpable contravención del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil sino que antes por el contrario, de haber sido considerados todos estos preceptos, se habría desechado la factura comercial emanada del tercero Tealca, declarándola inadmisible por ilegal, al no cumplir con las formalidades exigidas expresamente para poder ser valorada dentro del proceso, mediante su ratificación en el juicio con la promoción y evacuación de la prueba testimonial carga procesal esta que la parte demandada no cumplió.
Ahora bien, no obstante esta realidad fáctica acreditada en el expediente, sobre la manifiesta inadmisibilidad por razones de ilegalidad de la factura referencia, ante el hecho de haber sido promovida irregularmente por la parte demandada, esto es, prescindiendo totalmente de los requisitos y condiciones que -inexorablemente- debía cumplir para que dicha prueba pudiera ser procedente en derecho y, de este modo, tener la eficacia probatoria a a que aspiraba la contraparte dentro del juicio, la sentencia recurrida, apartándose abiertamente del régimen legal aplicable al instrumento privado emanado de un tercero, así como de la interpretación vinculante de la Sala Constitucional a la que hemos hecho referencia precedentemente, el tribunal A-quo (sic), en lugar de desecharla por haber sido promovidas irregularmente en manifiesta contravención por falta de aplicación de lo dispuesto en los mencionados artículo 431 y 398 del Código de Procedimiento Civil, lo que hizo fue darle valor probatorio como si se tratase de una presunción legal probatoria a favor de los dichos de la parte demandada, con efectos decisivos y determinantes sobre la suerte del proceso, a tal punto que, con dicho medio irregular, se dio por establecido y demostrado la validez de la convocatoria a la asamblea de accionistas objeto de la presente denuncia, dando lugar al dispositivo de la sentencia de declarar SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada por nuestra representada cuando lo cierto es que, de haber sido desechada del proceso dicha factura comercial, como correspondía hacerlo por virtud de la aplicación del artículo 49 de la Constitución (al declarar nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso), inexorablemente habría conllevado a una sentencia en sentido totalmente opuesto, con la consecuente declaratoria CON LUGAR de la demanda de nulidad de dicha asamblea de accionista, todo lo cual pone en evidencia que el fallo recurrido resulta claramente reprochable y censurable en sede casacional, al incurrir en el vicio de valoración errónea o arbitraria de una prueba documental, referida concretamente a un instrumento privado emanado de un tercero, que fue producida de forma irregular (prueba inepta o irregular), subvirtiendo por tanto las formalidades para su promoción y evacuación, establecidas en el mencionado artículo 431 del código adjetivo, lo que evidentemente conllevaba a declarar su inadmisibilidad por resultar manifiestamente ilegal a tenor de los preceptuado en el articulo 398 ejusdem, en concordancia con el Principio (sic) de Legalidad (sic) de los Actos (sic) Procesales (sic) a que se contrae el articulo 7 ibídem, todos ellos infringidos en la recurrida por falta de aplicación, y así pedimos a esta Sala lo declare al momento de dictar el fallo correspondiente . (Destacados de la cita).
Para decidir, la Sala observa:
De la transcripción que antecede, constata esta Sala que la parte formalizante delata la infracción de los artículos 398 y 431 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 279 del Código de Comercio todos por falta de aplicación, en razón a la valoración y apreciación que le dio la recurrida a un instrumento privado que emana de un tercero ajeno a la litis, el cual debió ser ratificado por el tercero mediante prueba testimonial, lo cual a decir del recurrente no ocurrió en el presente asunto y el juez ad quem le otorgó pleno valor probatorio, cuando lo cierto, a su entender es que debió ser desechada, así mismo delata la infracción del ordinal 5to del artículo 243 ibídem al denunciar que se infringió el artículo 12 eiusdem que está referido a que los jueces deben atenerse a lo alegado y probado en autos lo cual configura el vicio de incongruencia, que debe ser delatado por defecto de actividad conforme al ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien en relación con la flexibilización de las rígidas formalidades esta Sala ha establecido lo siguiente:
De la transcripción del escrito de formalización esta Sala observa que el recurrente acusa de manera simultánea la vulneración del derecho a la defensa y la infracción de los artículos 1.482 del Código Civil y 3 Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial; lo cual se constituye en una mezcla indebida de denuncias.
Sin embargo, esta Sala observa que los alegatos del formalizante van dirigidos a delatar principalmente la violación al derecho a la defensa en la que incurre el ad quem al momento de dictar su fallo, dado que a su decir-, el menoscabo en el derecho a la defensa, se origina cuando el juzgador de alzada no decreta la falta de cualidad activa del ciudadano Ezzedin Chebli para interponer la presente acción.
En este sentido, esta Sala en vista de la flexibilización jurisprudencial que se ha venido reiterado, la cual deviene por la aplicación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan el acceso a todos los ciudadanos a una justicia imparcial, transparente, idónea, sin dilaciones indebidas y sin sacrificarla por formalidades no esenciales y, a los fines de atender los requerimientos del justiciable; pasa a conocer la presente delación, respecto a la denuncia formulada por vulneración al derecho a la defensa . (Ver sentencia Nro. 171, de fecha 20 de junio de 2022, caso Ezzedin Chebli con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Eneida Alves Navas).
Así mismo, en fecha 30 de junio de 2023 mediante sentencia Nro.377 Caso Lucila Rojas Montilla, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión esta Sala estableció:
Ahora bien, observa esta Sala que el formalizante en casación, en su denuncia realiza una entremezcla de vicios en los que supuestamente incurrió la alzada en su fallo, delatando: indeterminación objetiva (defecto de actividad), incongruencia negativa (defecto de actividad) y falta de aplicación (infracción de ley) todos contenidos en el artículo 313 en sus ordinales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil, y contenidos en una misma delación, en términos que esta Sala no logra concebir, lo que a todas luces sería suficiente para desechar la presente denuncia.
En tal sentido, esta Sala -reitera- que en diversas oportunidades ha señalado que se deben rechazar las formalizaciones que entremezclen denuncias o estas sean del todo exiguas o que no contengan la base legal requerida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso extraordinario de casación y que como es sabido, es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por este, (...) no puede ser asumida por la Sala . (Cfr. Fallo N° RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241).
Por otro lado, esta Sala a objeto de garantizarle el legítimo derecho de defensa y la tutela judicial eficaz que ostentan todos los justiciables, conocerá la presente delación de la manera siguiente . (Destacado de la cita).
De igual manera, mediante sentencia N° 685 de fecha 03 de noviembre de 2023 esta Sala con ponencia del Magistrado Dr. José Luis Gutiérrez indicó:
De los alegatos supra transcritos, se evidencia que el formalizante ha incurrido en una serie de imprecisiones, pues denuncia el vicio de indeterminación objetiva, inmotivación e incongruencia en concordancia con los artículos 508, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, se evidencia que lo pretendido por el formalizante es la nulidad del fallo dictado en segundo grado de jurisdicción, pues, considera que el juez ad quem incurrió en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, debido a que no valoró el conjunto de pruebas presentadas con el fin de demostrar la trayectoria profesional de las partes.
No obstante la inadecuada fundamentación expresada, esta Sala en atención de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva que se traduce en el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, al juzgamiento con las garantías debidas y a la obtención de una sentencia o respuesta a las peticiones realizadas, así como con el objeto de asegurar una justa resolución del caso sometido a estudio, esta Sala extrema sus facultades y considera oportuno revisar y pronunciarse acerca de un asunto que se extrae del escrito aunque resulte mal planteado, el cual está relacionado con en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios .
Criterios estos que se ratifican a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa de los justiciables, así como la tutela judicial efectiva que se traduce en el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, al juzgamiento con las garantías debidas y a la obtención de una sentencia o respuesta a las peticiones realizadas.
En este orden esta Sala, en el presente asunto de la extensa delación antes transcrita, constata que el recurrente incurre en entremezcla de denuncias de forma, con delaciones por infracción de ley a saber, incongruencia, falta de aplicación y el sub tipo de casación sobre los hechos por infracción de una norma jurídica expresa que regula el establecimiento y valoración de un medio de prueba, no obstante todo lo anterior, esta Sala, extremando sus funciones en aplicación de lo dispuesto en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales se pone de manifiesto la garantía de un proceso sin formalismos, atendiendo a la necesidad de flexibilizar las formas procesales no esenciales, en el que las partes puedan ver materializada la justicia, y visto que a pesar de las referidas deficiencias, se logra entender que la falta que pretende delatar el recurrente es el error en la valoración y apreciación que le otorgó la recurrida a la prueba emanada de un tercero ajeno al juicio, por lo que la Sala pasará a examinar la denuncia en esos términos todo ello a objeto de garantizarle el legitimo derecho a la defensa que ostentan los justiciables. Así se establece.
Se constata que se trata de una denuncia por infracción de unas normas jurídicas expresas que regulan el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, en específico de la apreciación dada a la prueba documental referida a la factura comercial emitida por un tercero ajeno al juicio como los es la sociedad mercantil de servicios de encomienda Tealca, la cual fue promovida por la parte demandada.
Ahora bien, estos quebrantamientos de ley consisten particularmente en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, finalmente c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.
Por su parte, el error en el establecimiento de alguna prueba en particular, comporta un vicio autónomo que persigue evidenciar la transgresión a las reglas que gobiernan el establecimiento de una prueba, es decir, se trata de normas cuya finalidad es regular la formación e inserción de determinada prueba en el expediente. Por otro lado, existirá infracción de una norma jurídica que regule la valoración de la prueba cuando se quebrantan normas que establecen un determinado valor o tarifa legal a esta. (Cfr. Sentencia de esta Sala N° RC-264 de fecha 18 de mayo de 2009, caso: Claudia Ochoa Sanoja contra Latcapital Solutions, INC, Exp. N° 2008-712, reiterada en el fallo N° RC-672, de fecha 24 de octubre de 2012, caso: Inversiones Cachamay, C.A., contra Marcos Angelo Petricca De Matteis, Exp N° 2012-314).
Así mismo, es necesario precisar que sobre la falta de aplicación esta Sala ha indicado reiteradamente, que el referido vicio ocurre cuando el juez no aplica una norma jurídica vigente, que resulta idónea para resolver el asunto sometido a su consideración y que de haberla empleado, el dispositivo del fallo sería otro; ya sea porque la ignora, porque se niega a reconocer su existencia, o porque considera aplicable una norma derogada o que nunca ha estado en vigor. (Ver sentencia Nº RC-00494, de fecha 21 de julio de 2008, expediente N° 07-853, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra, reiterada, entre otras, en sentencia N° RC-000188, de fecha 16 de abril de 2015, expediente N° 14-066, caso: Gladys Evelia Pérez Herrera, contra Bernardino Berbesi.).
Ahora bien, a los fines de resolver la presente denuncia se traen a colación los artículos denunciados como infringidos, los cuales son:
Del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 12: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe .
Artículo 398: Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes .
Artículo 431: Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial .
Código de Comercio
Artículo 279: Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea .
De las normas antes transcritas y denunciadas como infringidas respecto a las del Código de Procedimiento Civil están referidas en primer lugar a una obligación de los jueces de decidir conforme a lo alegado y probado en autos, en segundo lugar a la providencia de las pruebas agregadas a los autos y finalmente a una norma que establece la valoración y apreciación de las pruebas que emanen de terceros que no son partes en el juicio.
En relación con la norma del Código de Comercio delatada, la misma está referida a la forma en que deben ser convocados los accionistas de una sociedad mercantil a la celebración de una asamblea de accionistas.
Ahora bien, al delatar el recurrente que el juez de alzada incurrió en el en el subtipo de casación sobre los hechos por incorrecto establecimiento y valoración de una prueba, en franca violación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene inequívocamente las reglas en el establecimiento y valoración de las documentales privadas emanadas de terceros que no son parte en el juicio
En numerosas sentencias esta Sala ha dejado establecida la forma en la cual debe denunciarse el desacuerdo con la valoración que los jueces hayan dado a las pruebas aportadas por las partes del juicio, entre otras, en sentencia N° 171 del día 11 de marzo de 2004, Caso: María Elena Ramírez de Varela y otros, contra Flor María Ramírez Araque y otra, en la cual dejó establecido lo siguiente:
En sentencia de fecha 8 de agosto de 1995, caso: Manuel Da Freitas c/ Cesco D`Agostino Mascia y otro), la Sala modificó su criterio y estableció que los tres casos de suposición falsa no constituyen infracción de regla de valoración de prueba, sino un motivo autónomo y distinto, comprendido igualmente en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual dejó sentado que la adecuada fundamentación de este tipo de denuncias comprende, entre otras cosas, la necesaria indicación del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa, con expresión de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.
( Omissis )
Posteriormente, en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, caso: Lucía Gómez de Delago c/ Afra María Vivas, la Sala complementó el cambio de criterio referido a la adecuada fundamentación de las denuncias de suposición falsa, aplicable respecto de cualquier tipo de prueba y sin exclusión particular de la prueba de testigo, en la cual dejó sentado que ...los vicios de juzgamiento de que puede adolecer el fallo judicial, son desglosables en dos categorías: errores iuris in iudicando -contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil-, y errores facti in iudicando -previstos en el artículo 320 eiusdem...; y precisó esta última categoría comprende, a su vez, el error facti in iudicando de derecho y el error facti in iudicando de hecho, ambos referidos al juzgamiento de los hechos, y el último de ellos solo referido a los casos de suposición falsa. Por esta razón, ratificó que se trata de un motivo autónomo y diferente cuya denuncia no exige el alegato de infracción de una regla de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, sino de los preceptos jurídicos que se utilizaron o dejaron de utilizar, como resultado del hecho particular, positivo y concreto falsamente supuesto; preceptos éstos que pueden ser de derecho sustantivo o adjetivo.
En decisión de fecha 14 de agosto de 1998, (José Rafael Bohórquez c/ Nepalí de Jesús Fuentes y otro), la Sala reiteró que las normas jurídicas que resultan infringidas en estos últimos casos son aquellas en que fue subsumido el hecho que no tiene soporte probatorio, pues como consecuencia de que el mismo resulta falso o inexacto, no existe correspondencia lógica con los hechos en abstracto previstos en la norma aplicada.
( Omissis )
En este caso, las normas jurídicas infringidas no son aquellas que determinan la eficacia de la prueba respecto de la que se cometió la suposición falsa, sino aquellas que resultaron falsamente aplicadas por consecuencia de que los hechos establecidos resultan falsos o inexactos, por no tener soporte probatorio, pues al variar la hipótesis fáctica concreta se destruye la correspondencia lógica con la norma aplicada, la cual resulta violada por falsa aplicación, y por contrapartida, se dejan de aplicar las normas jurídicas pertinentes.
Por consiguiente, la Sala estima necesario armonizar su doctrina, pues en sentencia de fecha 8 de agosto de 1995, la Sala modificó su criterio y estableció que la suposición falsa constituye un motivo autónomo y diferente no comprendido en el error de valoración de la prueba
En este caso, la denuncia no puede estar sustentada en el alegato de infracción ni de cualquier otra norma de valoración de pruebas, sino en las normas jurídicas en que fueron subsumidos los hechos que resultan falsos o inexactos por no tener soporte probatorio, las cuales resultan infringidas por falsa aplicación, y por contrapartida, en los preceptos jurídicos que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación de las razones que demuestren que dichas infracciones son determinantes en el dispositivo del fallo, lo que resulta acorde con la doctrina sentada por esta Sala respecto de la adecuada fundamentación que permita la comprensión y análisis de la denuncia de suposición falsa.
( Omissis )
Por consiguiente, en lo sucesivo el formalizante deberá precisar cuál fue la norma en que fue subsumido el hecho cuya falsedad alega, que considera fue falsamente aplicada en el caso concreto, y cuál es aquella que en su opinión el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación y razonamiento de la influencia de esas infracciones en el dispositivo del fallo .
De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala considera pertinente para el análisis de la presente delación establecer lo que se desprende de la prueba documental denominada factura, la cual riela al folio 45 de la pieza 2 del expediente, constatando que de la misma se evidencia que fue emitida por la empresa Venexprees Tealca, la numeración de la factura emitida Nro.062531, la fecha de la emisión de la factura 19/11/2019, el remitente Constructora Nase C.A., el remitido: Inv. Geliscap C.A.; dirección: Av. Arismendi, Sector El Peñonal, Centro Empresarial Oleus, Local TNM1-02, Lechería estado Anzoátegui; y el monto pagado por el envió.
Asimismo considera la Sala pertinente transcribir parte de la sentencia recurrida, en relación a la documental señalada ut supra, la cual se expresó lo siguiente:
De la parte demandada:
Con la contestación de la demanda:
( Omissis )
2. Marcado con la letra B original de la factura Nro.062531, como comprobante de servicio de encomienda emitida por la compañía Venepress, conocida también como Tealca, de fecha 19 de noviembre de 2019. Al respecto dicha documental se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los articulo 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, que adminiculado con las demás probanzas consignadas, puede generar una presunción legal probatoria en cuanto a lo alegado por l aparte promovente. Así se establece.
( Omissis )
-DEL FONDO DEL ASUNTO
( Omissis )
De modo, que lo controvertido se ciñe en, si realmente fue omitida la convocatoria personal, tal y como lo señala la parte demandada. En ese sentido, denota este Sentenciador (sic), que cursa a los autos la referida factura Nro. 062531 ( ) genera una presunción legal probatoria del hechoarguido (sic) por la parte promovente, de la que se puede extraer, que el nombre del remitente o razón social es la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., y que el destinatario es la sociedad mercantil INVERSIONES GELISCAP, C.A., siendo fijada en la misma, la siguiente dirección ( ) lo que coincide con la dirección indicada por la parte accionante ( ) es forzoso para este Juzgador (sic) declarar válida la convocatoria realizada a la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES GELISCAP, C.A. Así se declara.... (Destacado de la cita).
En atención a lo anterior, la Sala constata que en el presente asunto el juez del alzada al momento de valorar la probanza referida a la factura N° 062531, emanada de la empresa Venexpress también denominada Tealca, el cual es un tercero ajeno al proceso, le otorgó pleno valor probatorio y determinó como válida la convocatoria a la asamblea de accionista realizada a de la parte demandante por la demandada a través de esta empresa de encomienda, inobservando lo previsto en lo contenido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, de la lectura de lo antes transcrito se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, que la decisión impugnada adolece del vicio de suposición falsa en el sub tipo de casación sobre los hechos por incorrecto establecimiento y valoración de una prueba, en franca violación de los artículos 320 y 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene lo concerniente a la apreciación y valoración de los medios de pruebas documentales privados emanados de terceros que no son parte en el juicio los cuales deben ser ratificados, a través de la prueba testimonial o de informes, según sea el caso, a los fines de que los mismos surtan sus efectos legales.
Adicional a ello, es de hacer mención que si la recurrida hubiese aplicado lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en la oportunidad de valorar ese medio probatorio in comento, debió desecharlo al no ser ratificado por la parte demandada, -en este caso al ser una persona jurídica quien la emite y no una persona natural que pueda rendir testimonio- a través de la prueba de informes, lo cual sin duda alguna fue determinante en el dispositivo del fallo.
Tal situación, muestra confusión, ambigüedad y poca claridad del juez en su labor lógica al construir la sentencia. Este comportamiento contraviene su deber jurídico de confeccionar una sentencia clara, justificada, precisa y expresa.
Ahora bien, aun y cuando el juez de la recurrida hubiese aplicado de forma correcta lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la probanza en cuestión, no demuestra que la parte demandante fue debidamente convocada de forma personal, correcta y válida a la asamblea de socios de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales y lo previsto en el artículo 279 del Código de Comercio, pues de ella lo que se desprende palmariamente el pago de un servicio solicitado por la demandada, mas no se demuestra fehacientemente que en dicha factura conste el contenido de lo enviado y el acuse de recibe del mismo por parte del demandante.
Hecho anterior que no garantizó a la demandante su derecho a ser notificada personalmente de la convocatoria para la celebración de la asamblea de fecha 12 de diciembre de 2019, vulnerándosele así su derecho a la participación a la misma como accionista de la empresa demanda, violentando así el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil al valorar incorrectamente la prueba, extrayendo de ella un hecho que no consta de tal documental.
En adición a todo lo anteriormente expuesto, considera necesario esta Sala de Casación Civil, traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de Justicia en fallo Nº 889 del 30 de mayo de 2008, caso: INHERBORCA, expediente: 2007-1406, según el cual es necesario evaluar la influencia determinante en el dispositivo del fallo de cualquiera de las infracciones de orden jurídico a las que se refiere el artículo 320 de la ley civil adjetiva, pues de lo contrario la casación sería inútil. La referida Sala señaló:
En ese orden de ideas, estima esta Sala Constitucional pertinente el recordatorio de que la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber de todos los jueces o juezas de la República de asegurar la integridad de la Constitución (ex artículos 334 y 335 constitucionales), obligan al juez, siempre, a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental.
Por otra parte, en lo que respecta, específicamente a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil preceptúa: ( )
De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
( Omissis )
Así, en este caso, solo habrá habido infracción del orden jurídico, en los términos del artículo 320, si la prueba respecto de cuya apreciación se incurrió en contradicción -en criterio de la Sala de Casación Civil-, tiene la posibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del código adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado -en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
( Omissis )
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código (sic) Adjetivo (sic) .
En aplicación del criterio antes señalado de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, se observa, que el vicio declarado en este caso compromete el fondo del asunto debatido y tiene influencia determinante de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, dado que se trata de un elemento probatorio fundamental para la solución de la controversia la cual radica en determinar si efectivamente la parte demandante fue convocada de manera correcta a la asamblea de accionistas de la cual solicita la nulidad de las actas levantadas a tales fines a través de la presente acción.
En atención a ello, y constatado por esta Sala que en el presente caso la recurrida incurrió en el vicio por infracción de ley, al verificarse el vicio del sub tipo de casación sobre los hechos por incorrecto establecimiento y valoración de una prueba, en franca violación de los artículos 320, 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene inequívocamente una regla en el establecimiento y valoración de la prueba efectivamente resulta procedente la presente denuncia por infracción de ley, conllevando así a la declaratoria con lugar del recurso extraordinario de casación propuesto por la parte demandante. Así se declara.
En virtud de lo anteriormente señalado, y en consideración a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, al haber encontrado esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, procedente la infracción descrita anteriormente, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem, y por ende se CASA TOTAL y SIN REENVÍO el fallo recurrido, se DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA. Así se decide.
Vista la declaratoria anterior, pasa esta Sala a decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas, conforme al nuevo proceso de casación civil venezolano, señalado en este fallo, en los términos siguientes:
-IV-
DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
DE LOS ALEGATOS
Alegatos de la parte demandante
En el libelo de demanda, la representación judicial de la parte accionante argumenta que la sociedad mercantil demandada está constituida por un capital social para la fecha 20 de diciembre de 2017, conformado por un grupo de accionistas que representan la totalidad del capital accionario como lo son: la sociedad mercantil Inversiones Michin, C.A., es propietaria de 191.334.088 acciones que representa el 38,26% del capital social, su representada Inversiones Geliscap, C.A., es propietaria de 191.334.088 acciones que representa el 38,26% del capital social, el ciudadano Fabio Michieletto Giacomini propietario de 73.059.289 acciones que representa el 14,61% del capital social, el ciudadano Melvis Isea propietario de 32.674.101 acciones que representa el 6,53% del capital social, Ida Beatriz Rincón Angulo propietaria de 11.185.434 acciones que representa el 2,23% del capital social y Gilda Patricia Sciatrretta propietaria de 413.000 acciones que representa el 0,08% del capital social.
Alega que los accionistas que hoy se atribuyen la administración de la demandada, son los ciudadanos Ida Beatriz Rincón Angulo, Fabio Michieletto Giacomini y Melvis Isea, los cuales valiéndose de su autoproclamada condición de administradores vienen realizando actos al margen de las previsiones del Código de Comercio y de los estatutos sociales de la empresa demandada que ponen en riesgo el patrimonio de la misma, su responsabilidad ante terceros y además el patrimonio y los legítimos derechos de su representada afectando además el animus societatis de su representada.
Demanda de manera inicial la nulidad absoluta de las actas de asambleas celebradas en fechas 27 de septiembre de 2017 registrada el 28 de noviembre de 2017, 18 de octubre de 2017 registrada el 20 de diciembre de 2017 y la del 10 de diciembre de 2018.
En este sentido en relación con la primera acta de asamblea, es decir la del 27 de septiembre de 2017, la parte demandante argumenta que los accionistas y miembros de la junta directiva, ciudadanos Ida Beatriz Rincón Angulo, Fabio Michieletto Giacomini y Melvis Isea, aprobaron el balance del ejercicio económico del año 2016, en contravención de lo dispuesto en el ordina 1° del artículo 286 del Código de Comercio, bajo el subterfugio de nombrar como su representante al ciudadano David Moucharfiech, quien aprobó por ellos el referido balance, y, adicionalmente, que el balance aprobado en la asamblea contradicha no fue suministrado a su representada, en contravención a lo dispuesto en los artículos 304, 305.y 306 del Código de Comercio.
Así mismo, en cuanto a la segunda acta de asamblea que demandan en nulidad es decir la del 18 de octubre de 2017, alega que ante el temor fundado de que los accionistas administradores valiéndose de las prácticas empleadas de confabularse para anular y/o disminuir cualquier forma de participación de su representada, reduciendo su participación accionaria a un mínimo por efecto del aumento del capital en la asamblea que no participó su representada; y que en su decir, la imposición de los administradores de valerse de la mayoría accionaria dentro de la empresa, sin informar, ni escuchar las opiniones ni solicitudes de los otros accionistas, evidencian la presencia de un vicio por violencia que afecta el consentimiento de su representada para aprobar la propuesta del aumento de capital.
De la misma manera en relación con la tercera asamblea demandada en nulidad, es decir la del 10 de diciembre de 2018, manifiesta la representación judicial de la parte demandante que, ante el ventajismo de que los accionistas administradores convocaron una asamblea para tratar la aprobación o no de los balances del año 2017, aumento de capital y modificación de los estatutos, su representada acudió compelida sin conocer los balances ni ninguna información de la administración de la empresa bajo el temor fundado y cierto que su inasistencia acarrearía la disminución de su participación en el capital accionario.
Es de señalar, que la parte demandante reformó la demanda primigenia y procedió a agregar en la demanda la nulidad del acta de asamblea de fecha 12 de diciembre de 2019, argumentando que para la celebración de la referida asamblea se omitió la formalidad de la convocatoria de su representada a través de carta certificada en el domicilio designado a través de diversas correspondencias privadas enviadas a la junta directiva de la demandada, así como en la ratificación que se efectuó en la asamblea de accionistas celebrada en fecha 10 de diciembre de 2018, también impugnada, mediante las cuales se participó que cualquier notificación concerniente a la compañía, debía realizarse mediante carta certificada en el siguiente domicilio: Avenida Arismendi, Sector Peñonal, Centro Empresarial OLEUS, local TNMI-02. Lechería, estado Anzoátegui.
Argumenta que en la asamblea impugnada la accionista Inversiones Michin, C.A., propietaria de una participación accionaria equivalente 38,29%, no contó con la debida representación ya que los ciudadanos que actuaron en nombre de ella a través de carta poder, fue otorgada por la ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, en su carácter de apoderada general de dicha accionista, sin embargo, según sus dichos, la ciudadana en mención carece de dicha cualidad según los estatutos sociales de la referida sociedad mercantil.
Indica que no hubo quórum para la toma de decisión referida al aumento del capital social toda vez que, a su entender, se requería la presencia en la asamblea de un número de socios que represente las tres cuartas partes del capital social (3/4), en otras palabras, al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de capital social y el voto favorable de los que representen la mitad; que, no obstante la ineficiencia de la representación por parte de la accionista Inversiones Michin, C.A., se afirmó en la asamblea impugnada que se encontraba presente el sesenta y uno como setecientos un por ciento (61,701%) de la representación de capital social, el cual es insuficiente para considerar válido el quórum para llevar a cabo a moción de aumento de capital y mucho menos para tenerlo por aprobado.
Señala que la asamblea cuya nulidad absoluta demanda, los accionistas y directores sin tener el quórum necesario y por tanto la mayoría requerida y en contravención a lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Comercio, que expresamente impide a nombrar como representante de los administradores a unos terceros que actuando en nombre de los directores, aprobaron el balance del ejercicio económico del año 2018.
Argumenta de igual manera que el referido balance aprobado en la asamblea impugnada no fue suministrado a la accionista demandante, en contravención a las disposiciones del Código de Comercio.
Solicitó medidas cautelares, de conformidad con lo previsto en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.
Fundamentó la demanda en los artículos 273, 277, 279, 280, 286 y 290 del Código de Comercio, artículo 56 de la Ley de Registros y del Notariado y el artículo 1.146 del Código Civil.
Finalmente solicitó que la demanda sea declarada con lugar y se condene en costas a la parte demandada.
Alegatos de la parte demandada
La representación judicial de la parte demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda negó, rechazó y contradijo todos y cada uno de los hechos, alegatos y señalamientos realizados por la parte actora, así como el derecho invocado por no ser procedente ni aplicable, solicitando se declare Sin Lugar la pretensión.
En lo que respecta a la falta de convocatoria alegó que, los estatutos sociales y el Código de Comercio regulan la forma de como se deben realizar las convocatorias en la sociedad mercantil Constructora Nase, C.A., por lo que dando cumplimento a dichas normas, se procedió convocar la asamblea del 12 de diciembre de 2019, mediante notificación a los accionistas y la publicación en un diario de circulación nacional.
Indica que la notificación personal se realizó mediante carta o comunicación escrita que fue remitida a la dirección suministrada por la accionista, mediante el servicio de encomiendas Venexpress, también conocido como Tealca, en fecha 19 de noviembre de 2019.
Señala que la convocatoria fue realizada por la primer vicepresidente de su representada, ciudadana Ida Beatriz Rincón Ángulo quien según los estatutos se encuentra facultada para convocar y presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias de la sociedad mercantil Constructora Nase, C.A.
Alega, en lo que respecta a la ausencia de quórum para sesionar, que con la afirmación de la demandante está reconociendo y aceptando la participación accionaria de la sociedad mercantil Inversiones Michin, C.A., equivalente al treinta y ocho como veintinueve por ciento (38,29%) del total accionario de su representada, participación accionaria que se deriva de la asamblea del 10 de diciembre de 2018, en la cual participó y consintió en el aumento del capital social, por lo que la misma no debe ser controvertida.
Arguye que la impugnación de la representación en la asamblea de la sociedad mercantil Inversiones Michin, C.A., se fundamenta en el hecho de que quien otorgó la carta poder invocando la condición de apoderada general no detenta tal cargo, sin embargo, el error radica en el hecho de que dicha condición no consta en los estatutos sino en virtud de un poder general que le fuera conferido por ante la Notaría Pública Tercera de Maracaibo en fecha 20 de junio de 2007, y posteriormente protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 11 de agosto de 2009.
Así mismo señala, que resulta improcedente el alegato de que la ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo no tenía la condición de apoderada general y que, por tanto, no tenía la capacidad para otorgar la carta poder conferida a los ciudadanos David Moucharfiech Parra y María Endreína Socorro, por lo que en la asamblea celebrada en fecha 12 de diciembre de 2019 estuvo representado el 61,70% del capital social de la compañía y por ende, existió el quórum necesario para considerarse válida dicha asamblea.
Alega que respecto al voto de los administradores en la asamblea, los accionistas (persona natural) son representados en dicha asamblea por un tercero que puede ejercer su voto al momento de tomar la decisión de aprobar los balances, y en ese caso, el derecho a voto no lo está ejerciendo el administrador sino el accionista por intermedio de la persona que lo representa en la asamblea, lo que, en su entender es perfectamente legitimo.
Negó que a la accionante no le fuera suministrados los balances del ejercicio económico del año 2018 toda vez que, en la convocatoria a la asamblea que se le envió por intermedio de la empresa de encomiendas Venexpress o Tealca, con fecha 19 de noviembre de 2019, así como la convocatoria que se publicó por prensa se indicó, entre otros aspectos, que el balance general, estado de ganancias y pérdidas, correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018, así como el informe del comisario, estaban a disposición de los accionistas en la sede principal de la compañía, por lo que resulta falso la afirmación realizada por la demandante.
Finalmente, señala que es evidente la falsedad de las afirmaciones realizadas y la inexistencia de los presupuestos materiales para el ejercicio de la acción de nulidad de asamblea. Por lo que solicita al tribunal declare sin lugar la demanda con la correspondiente condenatoria en costas.
DE LA LITIS Y LA CARGA PROBATORIA
Visto los alegatos expuestos por la parte demandante en su libelo de demanda, así como la contestación de la demanda, esta Sala observa, que la presente controversia radica en verificar los alegatos expuestos por la parte demandante en su libelo de demanda y reforma, como lo son la falta de convocatoria personal de la parte demandante a la asamblea de accionista, la ausencia de quórum para sesionar y para la toma de decisiones, la aprobación del balance económico por miembros de la junta directiva que los balances no fueron suministrados a la demandante por parte de la demandada.
Ahora bien, por la forma en que fue contestada la demanda, la misma está referida a contradecir solo lo argumentado por la parte demandante en relación al acta de asamblea de fecha 12 de diciembre de 2019; en atención a las demás actas solo niega de manera genérica los argumentos señalados por la demandante por lo que le corresponde la carga de la prueba a la parte demandante demostrar sus afirmaciones, conforme a lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y a la parte demandada demostrar que efectivamente realizó la convocatoria de manera correcta conforme a la norma que regula esta actuación y a los estatutos de la empresa, de los accionistas para la asamblea celebrada en fecha 12 de diciembre de 2019.
Cabe señalar que si bien la carga probatoria se traduce en la obligación que tienen las partes de fundamentar sus alegatos, la prueba no puede ser de una parte ni para una parte, ni tampoco para el juzgador. La prueba es para el proceso, una vez aportada, cada parte puede disponer de la misma, pero en el momento en que se ha puesto de manifiesto esa prueba, el proceso la ha adquirido; no hay pues, pruebas de una parte y de otra cuando se habla así se incurre en una mecanización del elemento más importante del proceso.
En este orden pasa esta Sala a apreciar y valorar los medios probatorios aportados por las partes de la siguiente manera:
DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL PROCESO
De las pruebas aportadas por la parte demandante junto con el libelo de la demanda y su posterior reforma:
1.- Inserto a los folios 10 y 11 de la pieza 1 del expediente, copia simple de documento poder otorgado ante la Notaría Pública del Municipio Baruta, por la empresa demandante a sus abogados que al no ser impugnada por la parte contraria se le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.357 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose del mismo la representación judicial que acredita la parte demandante y facultades otorgadas a los profesionales del derecho que en él se identifican. Así se establece.
2.- Inserto a los folios del 12 al 15 de la pieza 1 del expediente, copia simple del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Constructora Nase, C.A., celebrada en fecha 27 de septiembre de 2017, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 28 de noviembre de 2017, anotada bajo el N° 159, tomo 73-A, que al no ser atacado ni desvirtuado por la parte contra quien se opone, esta Sala le otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y de la misma se desprende la realización del hecho jurídico a que se refiere dicho instrumento, dejando constancia en dicha acta que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Consideración, aprobación o improbación del balance general y estado de ganancia y pérdidas correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016, con vista al informe del comisario; 2.- Consideración de la proposición de la junta directiva sobre el aumento de capital, y en caso de aprobación del aumento de capital social, modificación del artículo sexto de los estatutos sociales; 3.- Ratificación de la Junta Directiva de la compañía, que en la referida asamblea, estuvo presente la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por el ciudadano Carlos Luis Rincón Angulo, la accionista Inversiones Geliscap, C.A., representada por la ciudadana Adelina Scarretta y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo miembros de la Junta Directiva de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., representados por el ciudadano David Moucharfiech Parra. Así se establece.
3.- Inserto a los folios del 16 al 19 de la pieza 1 del expediente copia simple, del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Constructora Nase, C.A., celebrada en fecha 18 de octubre de 2017, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 20 de diciembre de 2017, anotada bajo el N° 24, tomo 82-A-RM 1, que al no ser atacado ni desvirtuado por la parte contra quien se opone, esta Sala le otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y de la misma se desprende la realización del hecho jurídico a que se refiere dicho instrumento, dejando constancia en dicha acta que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Aumento del capital social de la compañía; 2.- Modificación de los artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales que en la referida asamblea, estuvo presente la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por el ciudadano Carlos Luis Rincón Angulo, la accionista Inversiones Geliscap C.A., representada por el ciudadano Ramón Antonio Bonyorni Mijares y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo. Así se establece.
4.- Inserto a los folios del 40 al 45 de la pieza 1 del expediente, copia simple del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Constructora Nase, C.A., celebrada en fecha 12 de diciembre de 2019, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2020, anotada bajo el N° 44, tomo 1-A-RM1, que al no ser atacada ni desvirtuada por la parte contra quien se opone por algún medio que pretenda enervar su eficacia probatoria, esta Sala le otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y de la misma se desprende la realización del hecho jurídico a que se refiere dicho instrumento, dejando constancia en dicha acta que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Consideración, aprobación o improbación del Balance General y Estado de Ganancia y Pérdidas correspondiente el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2018, con vista al informe del comisario; 2.- Consideración y discusión sobre la proposición de la Junta Directiva sobre el aumento de capital social de la compañía; 3.- Consideración y discusión sobre la modificación de los artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales de la compañía; 4.- Nombramiento de un nuevo comisario, que en la referida asamblea, estuvo presente la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por los ciudadanos David Moucharfiech y María Andreina Socorro, el accionista Melvis Eduardo Isea Chacón, representado por el ciudadano Halim Moucharfiech y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, e Ida Beatriz Rincón Angulo, representados por el ciudadano David Moucharfiech Parra. Así se establece.
5.- Insertos a los folios del 46 al 60 de la pieza 1 del expediente, copias simples de carta poder que no fueron impugnados por la parte contra quien se opone, por lo que esta Sala le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y de los mismos se desprenden que los accionistas de la demandada ciudadanos Ida Beatriz Rincón Angulo, Melvis Eduardo Isea Chacón y Fabio Michieletto Giacomini otorgaron poder a los ciudadanos David Moucharfiech y María Andreina Socorro para que los representaran en las diferentes asambleas de accionistas. Así se establece.
6.- Insertos a los folios del 61 al 71 de la pieza 1 del expediente, copias simples de comunicaciones privadas dirigidas por la empresa demandante a la demandada de autos que al no ser impugnadas por la parte contra quien se opone, esta Sala les otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y de los mismos se desprenden que la parte demandante solicita a la demandada que todas las notificaciones formales, sean judiciales o extrajudiciales, comunicaciones o citaciones referidas a la demandada serán recibidas por la demandante en la dirección: Av. Arismendi, Sector El Peñonal, Centro Empresarial Oleus, local TNM1-02. Lechería estado Anzoátegui. Así se establece.
7.- Insertos a los folios del 72 al 114 de la pieza 1 del expediente, copia simple de expediente N° 24.521 de la sociedad mercantil Inversiones Michin, C.A., que cursa ante el Registro Mercantil, que al no ser impugnado por la parte contra quien se opone esta Sala le otorga valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pero en razón de que la misma se refiere a una sociedad mercantil que no forma parte del presente juicio, no aporta nada a la solución de la controversia. Así se establece.
De las pruebas promovidas por la parte demandada
1.- Inserto a los folios del 36 al 44 de la pieza 2 del expediente, marcado con la letra A, copia certificada del acta de asamblea general ordinaria de accionista, de la empresa demandada Constructora Nase, C.A., celebrada en fecha 30 de marzo de 2011, la cual fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 26 de septiembre de 2011, anotada bajo el N° 35, tomo 67-A-RM1, que no fue atacada ni desvirtuada por algún medio que pretenda enervar su eficacia probatoria por parte de la demandante de autos, por lo que esta Sala el otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil y el 429 del Código de Procedimiento Civil y de la misma se desprende la modificación de los estatutos sociales de la parte demandada, así como el nombramiento de la junta directiva. Así se establece.
2.- Inserto al folio 45 de la pieza 2 del expediente marcado con la letra B, copia al carbón de factura N° 062531 emitida por la empresa Venexpress y Tealca, la cual al ser emitida por una sociedad mercantil ajeno al presente juicio debió la parte promovente solicitar la prueba de informes de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de ser ratificada a los fines de que surta sus efectos probatorios, por lo que al no ser promovida la prueba de informes para ratificar el contenido de la misma esta Sala la desecha al no cumplirse con la preceptuado en la norma señalada. Así se decide.
3.- Inserto al folio 46 de la pieza 2 del expediente marcado con la letra C, original de comunicación dirigida a la demandante Inversiones Geliscap, C.A., por parte de la demandada Constructora Nase, C.A., suscrita por la ciudadana Ida Beatriz Rincon Angulo en su carácter de primer vicepresidente, esta Sala observa que el presente es un documento privado que si bien no fue impugnado, ni atacado en modo alguno por la parte contra quien se opone, no es menos cierto que el mismo no fue suscrito, ni consta que haya sido recibido por persona alguna o por la demandante de autos a quien va dirigida, por lo que no puede ser oponible a ella en juicio, en consecuencia se desecha. Así se establece.
4.- Inserto a los folios del 47 al 87 de la pieza 2 del expediente marcadas D y E, original de solicitudes de inspección extrajudicial solicitadas por la parte demandada ante la Notaría Pública Octava del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fechas 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2019, que no fueron atacadas ni desvirtuadas por la parte contra quien se oponen, por lo que esta Sala les otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 429 del Código de procedimiento Civil y el artículo 1.363 del Código Civil, y de la misma se desprende que para la fecha de realización de las inspecciones se encontraban disponibles en la empresa los balances, estados financieros y estado de ganancias y pérdidas del ejercicio económico del año 2018 y el informe del comisario. Así se establece.
5.- Inserto a los folios del 88 al 92 de la pieza 2 del expediente, marcada F, copia simple de poder autenticado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Maracaibo, estado Zulia, en fecha 20 de junio de 2007, y protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo, estado Zulia, en fecha 11 de agosto de 2009, bajo el N° 11, folio 31,tomo 43 del protocolo de transcripción del año 2009, folios 173 al 176, que si bien no fue atacado por algún medio que pretenda enervar su eficacia probatoria no es menos cierto que la misma versa sobre hechos jurídicos relacionados con la sociedad mercantil Michin, C.A., la cual no es parte en el presente juicio por lo que no aporta nada a la solución de la controversia puesto que no se encuentra en discusión aspectos relacionados con esa empresa. Así se establece.
6.- Inserto a los folios del 93 al 98 de la pieza 2 del expediente marcada G, copia certificada de acta de asamblea celebrada en fecha 4 de junio de 2015, por la sociedad mercantil demandada que la no ser atacada ni desvirtuada por algún medio que pretenda enervar su eficacia probatoria, esta Sala le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y de la misma se desprende que en dicha asamblea no participó ni tuvo representación alguna la parte demandante, y en la misma se dejó constancia de la modificación de los estatutos sociales y la conformación de la junta directiva en la cual se designó como presidente al ciudadano Hernán Rincón Fernández, primer vicepresidente la ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, segundo vicepresidente el ciudadano Fabio Michietletto Giacomini y tercer vicepresidente el ciudadano Melvis Eduardo Isea Chacón. Así se decide.
Prueba de informes
Ambas partes en la oportunidad legal correspondiente promovieron la prueba de informes al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, conforme a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil la cual fue admitida por el tribunal de la causa mediante auto de fecha 6 de julio de 2022, librando el correspondiente oficio, se recibieron las resultas que fueron agregadas al expediente mediante auto dictado en fecha 13 de octubre de 2022, incorporando la copia certificada de la totalidad del expediente N° 238 de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., emanadas del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, contentivo de 1115 folios útiles y que corren insertas a los folios 1 al 1116 del cuaderno separado denominado Resultas de Prueba.
En relación con esta prueba la misma no fue tachada o en modo alguno atacada por alguna de las partes, por lo que esta Sala le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, haciendo plena fe de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, visto u oído y de la verdad de las declaraciones formuladas por las partes acerca de la realización de hecho jurídico a que se refiere dicho instrumento, en particular el contenido del acta constitutiva estatutaria y las distintas asambleas celebradas, incluyendo, las asambleas impugnadas, que fueron celebradas en fechas 27 de septiembre de 2017, 18 de octubre de 2017; 10 de diciembre de 2018, y 12 de diciembre de 2019, así como las diversas cartas poderes que forman parte de los anexos que se acompañaron con las respectivas actas de asambleas general ordinarias y extraordinarias de accionistas de la parte demandada. Así se establece.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el presente caso observa esta Sala, se trata de una acción de nulidad de actas de asambleas intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., ya identificadas en autos, las actas de asambleas que la demandante considera que se encuentran incursas en causas de nulidad absoluta son las siguientes:
1.- Acta de asamblea de fecha 27 de septiembre de 2017, registrada en fecha 28 de noviembre de 2017.
2.- Acta de asamblea de fecha 18 de octubre de 2017, registrada en fecha 20 de diciembre de 2017.
3.- Acta de asamblea de fecha 10 de diciembre de 2018, registrada en fecha 5 de diciembre de 2019.
4.- Acta de asamblea de fecha 12 de diciembre de 2019, registrada en fecha 15 de enero de 2020.
Dichas actas de asambleas fueron debidamente registradas ante la oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
En este orden, esta Sala observa que la parte demandante en relación con el acta de asamblea de fecha 27 de septiembre de 2017, registrada en fecha 28 de noviembre de 2017, argumenta que se encuentra viciada de nulidad absoluta en razón de que en ella los accionistas y directores deliberaron sobre la aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016, lo cual se encuentra prohibido conforme a lo establecido en el artículo 286 del Código de Comercio, de igual manera considera que el acta impugnada debe ser declarada nula por cuanto el balance sometido a consideración no fue suministrado a los accionistas.
Por su parte la demandada negó, rechazó y contradijo de manera genérica en todas y cada una de sus partes la demanda en relación con esta acta, por lo que le corresponde a la parte demandante demostrar los alegatos afirmados por ella.
En esta acta que se impugna y que riela a los folios del 12 al 15 de la pieza 1 del expediente, la cual se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 28 de noviembre de 2017, anotada bajo el N° 159, tomo 73-A., se deja constancia que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos a tratar, fueron: 1.- Consideración, aprobación o improbación del balance general y estado de ganancia y pérdidas correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2016, con vista al informe del comisario; 2.- Consideración de la proposición de la junta directiva sobre el aumento de capital, y en caso de aprobación del aumento de capital social, modificación del artículo sexto de los estatutos sociales; 3.- Ratificación de la Junta Directiva de la compañía, en esta asamblea a estuvieron presente la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por el ciudadano Carlos Luís Rincón Angulo, la accionista Inversiones Geliscap, C.A., representada por la ciudadana Adelina Scarretta y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo miembros de la Junta Directiva de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., representados por el ciudadano David Moucharfiech Parra, en este sentido en relación con el punto primero fue aprobado por los accionistas a excepción de la parte demandante quien salvo su voto, en cuanto al punto segundo el mismo fue pospuesto y el tercer punto la parte demandante manifestó no estar de acuerdo exponiendo su disposición de formar parte de la junta directiva, en dicha asamblea se ratificó la junta directiva la cual está compuesta de la siguiente manera: como presidente al ciudadano Hernán Rincón Fernández, primer vicepresidente la ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, segundo vicepresidente el ciudadano Fabio Michietletto Giacomini y tercer vicepresidente el ciudadano Melvis Eduardo Isea Chacón según acta de asamblea celebrada en fecha 4 de junio de 2015 y que riela a los folios 93 al 98 de la pieza 2 del expediente.
En este sentido, esta Sala de la revisión de las actas que conforman el expediente constata, que en el acta de asamblea que se impugna efectivamente actuaron los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo y miembros de la Junta Directiva de la sociedad mercantil demandada CONSTRUCTORA NASE, C.A., representados por el ciudadano David Moucharfiech Parra, quien aprobó los puntos del orden del día en nombre y representación de los ciudadanos ya mencionados que forman parte de la junta directiva de la empresa demandada con los cargos de primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tercer vicepresidente.
Ahora bien, en razón de que los ciudadanos Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo ostentan la cualidad de accionistas pero también son miembros de la junta directiva, no pueden emitir voto en lo que respecta a la aprobación de balances económicos y en relación con las deliberaciones respecto a su responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 286 del Código de Comercio.
Así mismo, considera esta Sala necesario determinar cuáles son las atribuciones de los cargos que ocupan los accionistas, es decir, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tercer vicepresidente y para ello se permite transcribir los estatutos sociales de la empresa demandada de la siguiente manera:
Artículo 15: La compañía será administrada y dirigida por una Junta Directiva, conformada por cuatro (4) funcionarios a saber: Un (1) Presidente quien podrá ser o no accionista de la Compañía, Un (1) Primer Vicepresidente, Un (1) Segundo Vicepresidente y Un (1) Tercer Vicepresidente quienes tendrán que ser accionistas de la compañía. Los funcionarios designados no forman ningún cuerpo orgánico ni colegiado de la compañía y sus funciones y facultades están establecidas en estos estatutos. Se nombrarán además en asamblea, a un (1) Director Técnico, un (1) Director Administrativo, un (1) Representante Judicial y un (1) Comisario. El Director Técnico y el Director Administrativo cumplirán labores de consejo, asesoría y apoyo, y sus demás funciones y atribuciones están claramente establecidas en los Artículos 17° y 18° de estos estatutos sociales. El Representante Judicial y el Comisario duraran en sus funciones desde su designación en asamblea hasta que le sea revocado tal nombramiento por la misma. El Representante Judicial forma parte del cuerpo representativo de la compañía a todos los efectos legales, judiciales y procesales y, aunque no -existe un Cuerpo Directivo orgánico en esta compañía pues las facultades de cada funcionario están claramente definidas en estos Estatutos, a todos los efectos legales, incluyendo la absolución, de posiciones juradas en nombre de la compañía ante los tribunales de justicia, el representante judicial está suficientemente facultado para ello y es el único funcionario de la compañía que puede absolver posiciones juradas en nombre de esta compañía; sus demás funciones y atribuciones están claramente establecidas en el artículo 19° de estos estatutos sociales.
Artículo 16: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente de la Compañía, actuando conjunta, separada o alternativamente, tendrán las siguientes atribuciones: a) Absolutos poderes de administración sobre todos los bienes muebles e.inmuebles de la Compañía; b) Representarán a la compañía ante toda clase de personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, en todos los asuntos extrajudiciales en que sea o pueda ser parte la compañía; c) Celebrar toda clase de contratos, dentro de sus facultades de administración; d) Nombrar apoderados generales y especiales, factores mercantiles en general y apoderados judiciales, confiriéndoles las facultades que crean necesarias o estimen convenientes, pudiendo conferirles las facultades establecidas en este artículo y revocar los poderes otorgados y los nombramientos efectuados; e) Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos; f) Representar a la compañía u obligarla totalmente en todos los actos de administración que abarque su objeto social; Autorizar por carta privada, a cualquier trabajador de la compañía, para obtener solvencias de todo tipo, así como cualquier otro trámite indicado en dicha carta privada, por ante los organismos públicos o privados, verbigracia: el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas o el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT, Alcaldías o instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.), el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, el Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales INPSASEL, El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (I.N.C.E.S), el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), así como de cualquier otro organismo público o privado y demás que les señalen los estatutos sociales de la compañía. PARAGRAFO PRIMERO EI Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente de le compañía, actuando conjunta, separada o alternativamente, tendrán las más amplias, totales y absolutas facultades de disposición sobre todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad tales como vender, ceder, permutar, hipotecar, dar en prenda, dar y tomar bienes en arrendamiento aun por más de dos años, en fin adquirir, enajenar o gravar a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la compañía, así como abrir y movilizar cuentas bancarias emitir, librar, aceptar, endosar y avalar cheques, letras de cambio; pagares, facturas y los actos de comercio; abrir y movilizar depósitos bancarios a la vista o a término, a plazo fijo y retirar las cantidades de dinero depositadas; créditos activos o pasivos, cesiones de valuaciones y de cualquier tipo, sin más limitación que la señalada a continuación: Las operaciones individuales por montos superiores a la cantidad equivalente a cuarenta mil Unidades Tributarias (40.000 UT) establecidas por la administración tributaria conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 131 del Código Orgánico Tributario, vigente al momento en que se realice cada transacción, deberán ser otorgadas por al menos dos (2) miembros de la Junta Directiva conjuntamente, de los cuales uno (1) de ellas deberá ser bien sea el Presidente o el Primer Vicepresidente, conjuntamente con uno cualquiera de entre el Segundo Vicepresidente y el Tercer Vicepresidente, para que tenga validez. Así mismo ningún miembro de la Junta Directiva podrá con su sola firma autorizar operaciones que conjuntamente resulten mayores a ochenta mil unidades tributarias (80.000 UT) en un mismo ejercicio fiscal. PARÁGRAFO SEGUNDO: EI Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente de la compañía, a los fines de garantizar su gestión depositarán, cada uno de ellos, una acción en la Caja Social o prestarán otra garantía a juicio de la asamblea .
De la transcripción que antecede, constata esta Sala que sin duda alguna los accionistas que ocupan los cargos de Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente tienen las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes de la sociedad mercantil demandada, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 286 del Código de Comercio se encuentra prohibido de que emitan su voto en relación a la aprobación del balance tal como lo hicieron en esta acta de fecha 27 de septiembre de 2017, que demanda por nulidad la empresa accionante.
Ahora bien, si bien es cierto, quien votó por la aprobación del balance del año 2016, en esta acta fue el apoderado de los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo, quienes ostentan los cargos en la junta directiva de Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente, no es menos cierto que lo hace en nombre y representación de los mismos, lo cual se encuentra prohibido, no pudiendo los mismos aprobar un balance que ellos mismos presentan.
Adicional a ello, es de hacer mención que no se encuentra demostrado en autos que a la parte accionante, es decir, la sociedad mercantil Geliscap, C.A., se le haya suministrado el balance aprobado a los fines de su estudio para aprobación o no del mismo, por lo que en consecuencia no existe duda para esta Sala que esta acta de asamblea de accionistas de fecha 27 de septiembre de 2017, registrada en fecha 28 de noviembre de 2017, se encuentra viciada de nulidad absoluta, en razón de que el balance fue aprobado por los mismos accionistas que lo presentaron y que tienen facultades de administración, y adicional a ello en razón de que no se encuentra demostrado en autos que a la accionante de autos se le haya suministrado dicho balance para tales fines. Así se establece.
De igual manera, en relación con el acta de asamblea de fecha 18 de octubre de 2017, registrada en fecha 20 de diciembre de 2017, alega la parte demandante que se encuentra viciada de nulidad absoluta, por cuanto existió un vicio por violencia en el consentimiento de la misma, aduciendo que los accionistas administradores de la empresa demandada pretenden anular o disminuir su participación accionaria, reduciendo la misma a un mínimo por efecto del aumento del capital social de la empresa demandada en la asamblea en la cual no participó.
Argumentando que los accionistas administradores valiéndose de las practicas empleadas de confabularse para anular o disminuir cualquier forma de participación de su representada, reduciendo su participación accionaria por el aumento del capital en una asamblea que no participó, que al no informar, ni escuchar las opiniones ni solicitudes de los otros accionistas, evidencian la presencia de un vicio por violencia que afecta el consentimiento de su representada para aprobar la propuesta del aumento de capital.
Ahora bien, correspondiéndole a la parte demandante la carga de demostrar sus alegatos, esta acta que se impugna riela a los folios del 16 al 19 de la pieza 1 del expediente, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 20 de diciembre de 2017, anotada bajo el N° 24, tomo 82-A-RM 1, en la que se deja constancia que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Aumento del capital social de la compañía; 2.- Modificación de los artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales, en la referida asamblea, estuvieron presentes la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por el ciudadano Carlos Luís Rincón Angulo, la accionista Inversiones Geliscap C.A., representada por el ciudadano Ramón Antonio Bonyorni Mijares y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, Melvis Eduardo Isea Chacón e Ida Beatriz Rincón Angulo, en la cual se aprobó por unanimidad el aumento del capital social.
En este orden, la parte demandante argumenta que la presenta acta de asamblea se encuentra viciada de nulidad absoluta en razón de que existe un vicio de violencia en el consentimiento por cuanto los accionistas administradores pretenden confabularse para anular o disminuir cualquier forma de participación de su representada, por lo que correspondiéndole la carga de demostrar tal alegato, esta Sala no observa en las actas que conforman el expediente algún acto de violencia o coacción de una magnitud por parte de la demandada de autos contra la demandante a los fines de que éste aprobara el punto de aumento de capital.
Adicional a ello, la parte demandante manifiesta que no participó en la mencionada asamblea y de la revisión de la misma se observa que estuvo representada en dicho acto por el ciudadano Ramón Antonio Bonyorni Mijares, por lo que en consecuencia al no constar en autos elementos que demuestren circunstancias de violencia contra la demandante de autos o algún tipo de coacción personal contra su representante a los fines de aprobar el aumento de capital y que efectivamente la misma estuvo representada en la asamblea que pretende anular, esta Sala encuentra que esta acta de asamblea es totalmente válida. Así se establece.
En relación con el acta de asamblea de fecha 10 de diciembre de 2018, registrada en fecha 5 de diciembre de 2019, la cual riela a los folios 900 al 903, del cuaderno de resultas de pruebas, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 5 de diciembre de 2019, anotada bajo el N° 19, tomo 23-A-RM 1, en la que se deja constancia que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Consideración, aprobación o improbación del balance general y estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2017, con vista del respectivo informe del comisario; 2. Consideración y discusión sobre la proposición de la Junta Directiva sobre el aumento de capital social de la compañía; 3. Consideración y discusión sobre la modificación de los artículos sexto y séptimo (arts. 6 y 7) de los estatutos sociales, en la referida asamblea, estuvieron presentes la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por el ciudadano Carlos Luis Rincón Angulo, el accionista Fabio Michieletto Giacomini representado por la ciudadana María Andreina Socorro, el accionista Melvis Eduardo Isea Chacón representado por el ciudadano Halim Moucharfiech, la accionista Inversiones Geliscap C.A., representada por los ciudadanos Ramón Antonio Bonyorni Mijares y Néstor Arévalo y la accionista Ida Beatriz Rincón Angulo, representada por el ciudadano David Moucharfiech, en la cual se aprobó el balance general de estado de ganancias y pérdidas de la empresa en el que la parte demandante se abstuvo de aprobar, y aprobaron por unanimidad el aumento del capital social de la demandada.
La parte demandante argumenta que esta acta de asamblea se encuentra viciada de nulidad en razón de que existe un temor fundado de disminución de su capital accionario, manifestando un ventajismo de los administradores de la demandada convocando una asamblea para tratar la aprobación del balance del año 2017, el aumento de capital y la modificación de los estatutos, cuando no tuvo información de los balances por parte de los administradores, que asistió a la asamblea bajo el temor fundado de que su inasistencia acarrearía la disminución de su participación accionaria en la compañía.
Ahora bien, en razón de que la parte demandada en la oportunidad de la contestación de la demanda procedió a negar los hechos alegados de manera genérica, le corresponde la carga de la prueba a la parte demandante de demostrar sus afirmaciones.
En atención a ello, de la revisión de las actas que conforman el expediente esta Sala no observa que la parte demandante haya demostrado a través de un medio probatorio, algún hecho que haga presumir que existe el temor fundado alegado, pues el solo argumento no constituye en sí un motivo valido para la nulidad del acta impugnada, aunado a esto se puede observar que la parte demandante asistió a la asamblea que pretende anular, en la cual se abstuvo de aprobar el balance económico y votó por el aumento del capital social el cual fue un punto que se aprobó por unanimidad, en consecuencia esta acta es perfectamente válida y surte sus efectos legales. Así se establece.
En este orden, esta Sala observa que la parte demandante en relación con el acta de asamblea de fecha 12 de diciembre de 2019, registrada en fecha 15 de enero de 2020, argumenta que se encuentra viciada de nulidad absoluta en razón de que para la misma existió la falta de su convocatoria personal, por cuanto la convocatoria nunca la realizaron, que hubo ausencia de quórum para sesionar y para la toma de decisiones, así mismo que los directores deliberaron la aprobación del balance económico del año 2018 en contravención con lo estipulado en el artículo 286 del Código de Comercio.
Por su parte, la demandada en relación con esta acta argumentó que la parte demandante estaba válidamente convocada, en razón de que la convocatoria fue enviada a la dirección señalada por ella, a través de una empresa de encomiendas denominada Venexpress o Tealca el 19 de noviembre de 2019 y para demostrar tal alegato consigna factura del servicio de envío así como la original de la comunicación enviada, correspondiéndole a la demandada la carga de demostrar que efectivamente la parte demandante fue convocada válidamente para la celebración de la asamblea cuya acta se pretende su nulidad.
En este orden en relación a las convocatorias para las asambleas de accionistas los artículos 277 y 279 del Código de Comercio establecen lo siguiente:
Artículo 277.- La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión.
La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula .
Artículo 279.- Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea .
Conforme a las normas señaladas, los socios deben ser convocados a las asambleas por los administradores a través de un artículo publicado en la prensa con cinco días de anticipación por lo menos al día fijado para su reunión y de manera concurrente a través de carta certificada en el domicilio indicado.
De allí, que de conformidad con los artículos 277 y 279 del Código de Comercio antes citados y lo anteriormente señalado, el incumplimiento por parte de los administradores de realizar la notificación de los accionistas de conformidad con los estatutos sociales y el Código de Comercio, hace objetable la convocatoria realizada para la celebración de la asamblea de accionistas, de manera que los socios están obligados a cumplir las condiciones y reglas establecidas, tanto en los estatutos sociales de la empresa como en el Código de Comercio, para realizar la convocatoria de los restantes socios para la celebración de la asamblea de accionistas, para de esta manera garantizar a los socios que tengan la información necesaria para que asistan, preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y ejerzan sus derechos de socios, ya que la convocatoria tiene por objeto proteger los intereses propios de los mismos.
La finalidad de la convocatoria personal para la celebración de la asamblea de accionistas, es informar de manera oportuna a los socios de la compañía que se celebrará una asamblea a los fines de deliberar sobre determinados puntos o materias, y así adoptar los acuerdos a que haya lugar, por lo que la forma y contenido de la convocatoria debe ser válida y apta para cumplir con su fin.
En este orden, se observa que en los estatutos de la sociedad mercantil demandada en relación con la convocatoria se estableció lo siguiente:
Artículo 23.- Las asambleas serán convocadas por cualquier miembro de la Junta Directiva de la Compañía y presidida por el mismo
( )
Artículo 24.- Las normas para la convocatoria y régimen de las decisiones de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas están sometidas a las disposiciones que establece el Código de Comercio dejando a salvo las excepciones establecidas en estos estatutos .
Es decir que tanto en el Código de Comercio como en los estatutos sociales de la compañía demandada, los cuales constituyen las normas que rigen el accionar de los accionistas, esta Sala pudo constatar que la convocatoria personal a través de carta certificada y la notificación de prensa de manera concurrente constituyen un elemento fundamental y esencial para la validez y eficacia de la convocatoria a las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias de la sociedad mercantil accionada.
Ahora bien, en relación con la concurrencia de lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del ya mencionado Código de Comercio, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de la República en sentencia N° 1066 de fecha 9 de diciembre de 2016 caso Yasmín Benhamú Chocrón y Sión Daniel Benhamú Chocrón de manera vinculante, estableció:
Finalmente, esta Sala no deja de observar la alta cantidad de casos y situaciones que se presentan en relación a la cantidad de acciones de amparos y solicitudes de revisión vinculadas a las nulidades de asambleas de accionistas, en las que un solo accionista realiza convocatorias de Asambleas de Accionistas Extraordinarias (incluso sin tener facultades para convocar a dichas asambleas valiéndose solamente de su condición de socio), para efectuar cambios en la composición accionaria de la empresa (donde un accionista minoritario aumenta capital para pasar a ser mayoritario), realizar aumentos de capital, designar administradores, establecer las facultades de ciertos administradores, o crear administradores únicos excluyendo a los demás, entre otras actividades y decisiones que se realizan y toman en esas asambleas.
Incluso, se han efectuado dichas convocatorias a través de medios impresos de poca circulación o consulta, siendo que tales publicaciones de las convocatorias deben ser hechas por la prensa, en periódicos (artículo 277 del Código de Comercio), por lo que no puede hacerse en una revista de publicación mensual, debiendo ser interpretada esta norma como que exige que el periódico tenga circulación o que la publicación se haga en uno de los periódicos de más circulación como lo establece el artículo 253 del Código de Comercio, completándose así la mens legis, ya que el legislador no pudo haberse referido a un periódico de escasa circulación, ya que la finalidad es poner en conocimiento a los interesados, que no están al tanto de la convocatoria para que puedan hacer valer sus derechos, de allí que la convocatoria ha de hacerse en la prensa diaria, de tipo general, lo cual excluiría a algunos medios de gran difusión que no circulan los domingos o prensa especializada, por lo que han de publicarse en dos diarios de reconocida circulación nacional y de mayor consulta, que por su tiraje garanticen en mayor medida la posibilidad de lectura.
Lo anterior debe ir a la par de lo establecido en el Código de Comercio, en relación a la forma de convocatoria personal por correspondencia (carta certificada), convocatoria a la cual tiene derecho todo accionista, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea (artículo 279 del Código de Comercio), así como de los demás sistemas de convocatoria directos a los accionistas establecidos en el documento constitutivo que incorporan, en ocasiones que se realice a través de carta certificada, telegrama, telex, fax u otras formas de remisión de mensajes, pero estos modos de convocar no pueden funcionar sino en empresas de pocos socios, ya que su instauración en sociedades de grandes dimensiones, como las que recurren a la oferta pública sería una fuente de dificultades, ante lo cual, para una gran difusión, el anuncio puede ser por Internet en la página web de la sociedad, aunque la publicación por la prensa es de inexcusable cumplimiento. En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N.° 42, del 9 de marzo de 2010 (caso: Alfredo Capriles Ponce) y en sentencia dictada el 22 de octubre de 2009, con ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, en el expediente No. 2008-000675.
De allí, que de conformidad con los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y lo anteriormente señalado, el incumplimiento por parte de los administradores de realizar la notificación de los accionistas de conformidad con los estatutos sociales y el Código de Comercio, hace objetable la convocatoria realizada para la celebración de la asamblea de accionistas. Aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de los derechos de los socios o accionistas de ser informados de la celebración de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna información, de manera que los socios están obligados a cumplir las condiciones y reglas establecidas, tanto en los estatutos sociales de la empresa como en el Código de Comercio, para realizar la convocatoria de los restantes socios para la celebración de la asamblea de accionistas, para de esta manera garantizar a los socios que tengan la información necesaria para que asistan, preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y ejerzan sus derechos de socios, ya que la convocatoria tiene por objeto proteger los intereses propios de los mismos.
( Omissis )
También la convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, por lo que toda deliberación sobre un objeto no expresado en ella es nulo (artículo 277 del Código de Comercio), por lo que el objeto debe indicarse de modo específico, no de manera genérica. Además del objeto u orden del día, la convocatoria debe expresar el día, la hora, la sede y el lugar en el que se reunirá la asamblea, ya que de otra manera, existiría imprecisión acerca de un elemento de información importante para los accionistas, ya que la finalidad del aviso es informar, por lo que la información debe ser suministrada en forma clara, directa y expresa, de lo contrario sería nula dicha convocatoria, ya que la forma y contenido de la convocatoria debe ser apta para cumplir tal finalidad de información completa, suficiente y oportuna al realizarse en un tiempo adecuado y a través de medios adecuados para que se dé la efectiva notificación de los socios.
Por lo tanto, la Sala debe dejar establecido que la creación, en los estatutos sociales de las sociedades mercantiles, de requisitos distintos a los previstos en el Código de Comercio respecto a la convocatoria de los socios o accionistas para la celebración de las asambleas, debe realizarse con el propósito de fortalecer el régimen de convocatoria previsto en el mismo y no para limitar o perjudicar el derecho de los socios o accionistas de ser informados con las garantías suficientes que le permitan conocer con antelación el día, lugar, hora y objeto a tratar en la asamblea, lo cual sólo puede lograrse mediante el establecimiento de un medio adecuado de convocatoria que sea lo más claro y eficiente posible, que no represente dudas de su idoneidad como instrumento capaz de garantizar el derecho de ser informado de la convocatoria que tienen los socios o accionistas de las sociedades mercantiles, habida consideración que las nuevas tecnologías han desarrollado medios de información distintos a los previstos en el Código de Comercio y que son capaces de garantizar una convocatoria segura y confiable. Por lo que, aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de los derechos de los socios o accionistas de ser informados de la celebración de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna información, para evitar que a través de la creación de estas cláusulas se establezcan medios a través de los cuales se constituyan asambleas sin el conocimiento de los socios o accionistas que den la apariencia de haber cumplido formalmente con el requisito de la convocatoria, pero que en realidad lo que se persigue es evitar que se informe realmente de la celebración de una asamblea a determinados socios o accionistas.
De allí que, de ahora en adelante se han de convocar a los accionistas de manera concurrente según lo establecido en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y lo establecido en los estatutos y documento constitutivo, salvo en aquellas sociedades mercantiles que coticen en la bolsa o realicen oferta pública de acciones o tenga más de quince accionistas, siendo que a las últimas se podrá notificar por correo electrónico certificado, con firma electrónica certificada y a través de la página de internet de la sociedad mercantil.
( Omissis )
El incumplimiento de todo lo anterior implicaría que cualquier actuación contraria a lo establecido anteriormente, faculta al juez a dictar cualquier medida cautelar nominada o innominada que permita garantizar los derechos de los posibles afectados, siempre y cuando estas no impliquen un abuso de derecho de los posibles afectados o de las facultades del juez, teniendo en cuenta que la Sala Constitucional ha señalado es que el juzgador no puede declarar una junta administradora ad hoc, ya que ello escapa de sus facultades cautelares.
Visto lo anterior, se ordena publicar el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Gaceta Judicial y la página de internet del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo sumario será Criterio vinculante sobre modo de convocatoria de las asambleas de accionistas a los fines de hacer extensivo el conocimiento de esta sentencia, cuya aplicación es a partir de la publicación del presente fallo . (Cursivas de la cita).
Del criterio antes transcrito, se entiende que los mecanismos electrónicos para llevar a cabo la convocatoria a la asamblea de accionista, son complementarios y concurrentes a los mecanismos tradicionales dispuestos en el Código de Comercio venezolano; no debiendo pretenderse que la convocatoria por medios electrónicos, sustituya a la manera tradicional realizada en soporte papel, y adicional a ello a partir de ese criterio se deben convocar a los accionistas de manera concurrente según lo establecido en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio, así como conforme a lo establecido en los estatutos y documento constitutivo de la empresa.
En este sentido, es de señalar que el acta que se impugna riela a los folios 40 al 45 de la pieza 1 del expediente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2020, anotada bajo el N° 44, tomo 1-A-RM1, y en la misma se deja constancia de que los puntos del orden del día a tratar, fueron: 1.- Consideración, aprobación o improbación del balance general y estado de ganancia y pérdidas correspondiente el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2018, con vista al informe del comisario; 2.- Consideración y discusión sobre la proposición de la Junta Directiva sobre el aumento de capital social de la compañía; 3.- Consideración y discusión sobre la modificación de los artículos sexto y séptimo de los estatutos sociales de la compañía; 4.- Nombramiento de un nuevo comisario, que la asamblea fue presidida por la Primer Vicepresidente, ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo, y que asistieron a la misma la accionista Inversiones Michin, C.A., representada por los ciudadanos David Moucharfiech y María Andreina Socorro, el accionista Melvis Eduardo Isea Chacón, representado por el ciudadano Halim Moucharfiech y los accionistas Fabio Michieletto Giacomini, e Ida Beatriz Rincón Angulo, representados por el ciudadano David Moucharfiech Parra, en este sentido en relación con el punto primero fue aprobado por los accionistas, en cuanto al punto segundo el mismo fue aprobado con el acuerdo de los accionistas presentes que representan el 61,701 % del capital social de la compañía, en relación con el tercer punto también fue aprobado y el cuarto punto aprobado designando un nuevo comisario de la compañía demandada.
En este sentido, esta Sala de la revisión de las actas que conforman el expediente constata, que la parte demandada a los fines de demostrar sus alegatos consignó factura N° 062531 la cual corre inserta al folio 45 de la pieza 2 del expediente emitida por la empresa Venexpress o Tealca, la cual esta Sala desestimó en razón de que la misma es una documental que al ser emitida por un tercero ajeno al juicio debió ser ratificada a través de la prueba de informes al ser una persona jurídica conforme a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, carga con la cual no cumplió la parte promovente.
Así mismo corre inserto al folio 46 de la pieza 2 del expediente, marcada con la letra C original de comunicación (convocatoria) emitida por parte de la demandada Constructora Nase, C.A., suscrita por la ciudadana Ida Beatriz Rincón Angulo en su carácter de primer vicepresidente dirigida a la parte demandante Inversiones Geliscap, C.A., de la cual no se observa que la parte demandante haya firmado un acuse de recibo o que la misma efectivamente haya llegado hasta la parte demandante y que la convocatoria a que hace referencia haya sido realizada de manera válida.
En este sentido, constata esta Sala que la parte demandada no logró demostrar que efectivamente convocó de manera válida a la parte demandante para la asamblea de accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2019, cuya acta fue registrada el 15 de enero de 2020, pues de la factura consignada con la que pretendió la demandada demostrar que convocó a la demandante de manera correcta o válida a la asamblea ya mencionada, la cual fue desechada en razón de que no fue ratificada en juicio a través de la prueba de informes de acuerdo a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, y adicional a ello tampoco se evidencia del referido envío la especificación de lo que se está enviando, es decir, no hay certeza para esta Sala que efectivamente lo que se envió fue la carta certificada para convocar a la demandante de autos, y mucho menos existe un acuse de recibo por parte de esta, por lo tanto no se le garantizó a la demandante su derecho de ser notificada personalmente de la convocatoria para la celebración de la asamblea cuya acta se pretende anular y por ende se le vulneró su derecho a la participación en la asamblea como accionista de la misma.
Adicional a ello se puede observar, que si bien es cierto consta en autos la convocatoria de la para demandante a través de la publicación en un medio de prensa, cumpliendo la demandada con lo establecido en el artículo 277 del Código de Comercio, no es menos cierto que no cumple con la concurrencia exigida por el criterio vinculante de la Sala Constitucional ya citado el cual se ratifica en la presente decisión.
En atención a lo anterior, no existe duda para esta Sala que esta acta de asamblea de accionista de fecha 12 de diciembre de 2019, registrada en fecha 15 de enero de 2020, se encuentra viciada de nulidad absoluta, en razón de que la parte demandante sociedad mercantil Inversiones Geliscap, C.A., no fue convocada de manera correcta y válida para la celebración de dicha asamblea. Así se establece.
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas esta Sala declara nulas las actas de asambleas de fechas 27 de septiembre de 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 28 de noviembre de 2017, anotada bajo el N° 159, tomo 73-A, y 12 de diciembre de 2019, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2020, anotada bajo el N° 44, tomo 1-A-RM1; atención a lo ya decidido por la Sala en relación a la nulidad de las actas de asambleas demandadas, esta Sala declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por nulidad de actas de asambleas incoada por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE C.A. Así se declara.
En atención a ello se ordena oficiar al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, acompañando de copia certificada de la presente decisión a los fines legales subsiguientes. Cúmplase.
En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta imperativo para esta Sala declarar la NULIDAD ABSOLUTA del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de mayo de 2024, en consecuencia se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por nulidad de actas de asambleas incoada por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., plenamente identificadas en autos. Así se decide.
Queda de esta manera CASADA TOTAL Y SIN REENVÍO la sentencia impugnada. Así se decide.
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de mayo de 2024, en consecuencia, CASA TOTAL y SIN REENVÍO la sentencia recurrida y DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA.
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por nulidad de actas de asambleas incoada por la sociedad mercantil denominada INVERSIONES GELISCAP, C.A., contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NASE, C.A., plenamente identificadas en autos.
TERCERO: NULAS las actas de asambleas de fechas 27 de septiembre de 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 28 de noviembre de 2017, anotada bajo el N° 159, tomo 73-A., y 12 de diciembre de 2019, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2020, anotada bajo el N° 44, tomo 1-A-RM1.
Por la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
____________________________
HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA
Vicepresidente,
____________________________
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA
Magistrada,
_______________________________
CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS
Secretario,
_______________________________
PEDRO RAFAEL VENERO DABOIN
Exp. AA20-C-2024-000401
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
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