Venley

Sentencia N.º 00089

Sentencia
N.º 00089
Fecha
11/04/2024
Sala
Político Administrativa
Expediente
2022-0383
Ponente
Malaquías Gil Rodríguez
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

Magistrado Ponente: MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Exp. Nro. 2022-0383

 

Adjunto al oficio signado con el Nro. 2022/441 de fecha 28 de octubre de 2022, recibido en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 24 de noviembre de igual año, el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitió el expediente contentivo de la acción por “REINVINDICACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE”, incoada por los ciudadanos ROGER RENÉ ZAMORA CASTELLANOS e IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS (cédulas de identidad Nros. V-11.128.663 y V-11.995.208, respetivamente), asistidos por el abogado Luis Perroni Blanco (INPREABOGADO Nro. 10.926), contra los ciudadanos KAMAL ANTONIO NASER y YONGYUAN WU (cédulas de identidad Nros. V-9.862.050 y E-82.288.921, en ese mismo orden), a los efectos de que se les restituya un lote de terreno de su presunta propiedad, constituido por cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y cuatro centímetros (47,94 m2), el cual forma parte de una mayor extensión de terreno, conformada por ochocientos diez metros cuadrados con diecisiete centímetros (810,17 m2), ubicada en el “Sector Casco Central El Boulevart Del Oro, en la Población de Tumeremo, Municipio Sifontes del Estado Bolívar”, sobre el cual fue construida una edificación de tres pisos destinada al uso comercial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 545, 547 y 548 del Código Civil.

La remisión ordenada responde a la “consulta de jurisdicción” planteada por el Juzgado remitente, respecto a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022, que entre otros particulares declaró “(…) CON LUGAR la falta de jurisdicción alegada en la contestación de la demanda, y por vía de consecuencia, (…) que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la pretensión de demolición de la construcción que presuntamente invadió parte del terreno propiedad de la parte accionante (…)”, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

El 30 de noviembre de 2022, se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se designó Ponente al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.

Por diligencias de fechas 7 de diciembre de 2022, 30 de mayo de 2023 y 10 de enero de 2024, el abogado Roger René Zamora Castellanos (INPREABOGADO Nro. 124.894), actuando en su propio nombre, manifestó su interés procesal en la causa y trajo a colación el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia Nro. 0041 del 24 de febrero de 2023, caso: Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A.

Por auto de fecha 9 de abril de 2024, se dejó constancia que el 17 de enero de ese mismo año, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo el 13 de marzo del presente año se incorpora el Magistrado Suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero, quedando integrada esta Sala Político Administrativa de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; Vicepresidente, Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares y el Magistrado Suplente Emilio Ramos González. En esta misma oportunidad se ratificó la ponencia al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente pasa esta Sala a emitir pronunciamiento, en los términos siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2013 ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (actuando en funciones de Distribuidor), los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, asistidos en ese acto por el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificados, interpusieron una acción por “REINVINDICACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE”, contra los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, identificados ut supra, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

Señalaron, que el 18 de septiembre de 2009 la ciudadana Blanca Azucena Medina (cédula de identidad Nro. E-80.451.081), les vendió un lote de terreno de su legítima propiedad, “(…) parcialmente cercado con paredes de bloques, en un área de terreno de forma irregular (…)” con una superficie de ochocientos diez metros cuadrados con diecisiete centímetros (810,17 m2), ubicado en el sector Casco Central, El Boulevard de Oro, en la población de Tumeremo, Municipio Sifontes del Estado Bolívar, “(…) alinderado en la forma siguiente; NORTE: Local Comercial de Kamal Nasser; SUR: Boulevard del Oro; ESTE: Locales de Blanca Medina y OESTE: Locales de Fernando Nasser (…)”, según se desprende del documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Roscio del Estado Bolívar, con sede en la población de Guasipati, en esa misma fecha, bajo el Nro. 16, folios 103 al 108, Protocolo Primero, Tomo V, Tercer Semestre al año 2009, y del “levantamiento de parcelamiento”, emitido por la Dirección de Catastro de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Sifontes. (Sic). (Mayúsculas del original).

Indicaron, que la ciudadana Adela Lizardi de Cárdenas (cédula de identidad Nro. V-780.367), por su parte, “(…) dio en venta pura simple, perfecta a irrevocable al ciudadano KAMAL ANTONIO NASER (…) una casa para vivienda familiar ubicada en una parcela de terreno de propiedad municipal, en la Calle Zea de la Población de Tumeremo, Municipio Sifontes del Estado Bolívar, [de] doce metros (12m) de frente por cuarenta y cuatro (44m) metros de fondo, [con un] área total de terreno de Quinientos Veintiocho metros cuadrados (528 M2), alinderada así: NORTE: Casa de Juan Vaccaro, SUR: Local Comercial del Almacén Fantástico; ESTE: Farmacia San José y OESTE: Calle Zea que es su frente (…) con un pontón de hierro, cuya medida de construcción es de doce (12m) metros de frente por dieciséis (16m) metros de fondos, [para] un total de Ciento Noventa y Dos (192 M2) metros cuadrados de construcción (…)”, según consta en el documento protocolizado ante la aludida Oficina de Registro Público, el 27 de enero del año 2004, bajo el Nro. 06, Protocolo Primero, Tomo II, Primer Trimestre del año 2004. (Sic). (Mayúsculas del original). (Interpolados de la Sala).

Reseñaron, que “(…) el ciudadano Kamal Antonio Naser, demolió la casa de habitación que había adquirido sobre la referida parcela de terreno (…) y construyó sobre esa área demolida un Edificio de tres niveles: constante de PLANTA BAJA; PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO; ocupando además de sus quinientos veintiocho metros cuadrados (528 M2), (…) un área de CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS (47,94 M2), (…) que [sostienen] son de [su] única y exclusiva propiedad (…) concretamente en el lindero Norte (…) con las siguientes coordenadas U.T.M. de ubicación: Botalón 1, NORTE: 807223,04, con dirección 108°17’44’; ESTE: 664899,73 con una distancia de 14,10 metros (14,10m) para fijar el botalón 2, NORTE:807218,61 de este punto con dirección 288° 17’ 44’ se miden catorce metros con diez centímetros (14,10 cm), para fijar el botalón número 4, con coordenadas U.T.M. NORTE: 807219,77 de este punto con dirección 15°45’9’ se miden tres metres con cuarenta centímetros (3,40 m) para cerrar el perímetro con el botalón número 1 el cual tiene un área de CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (47,94 M2) (…)”. (Sic). (Mayúsculas del original). (Agregados de la Sala).

Señalaron, que el ciudadano Kamal Antonio Naser, suscribió un contrato de compraventa con el codemandado, Yongyuan Wu, a los efectos transferir la propiedad de dicha bienhechuría, según se desprende del documento inserto ante la Oficia Subalterna de Registro Público del Municipio Roscio, con sede en la población de Guasipati del Estado Bolívar el 25 de marzo de 2011, bajo el Nro. 3, Protocolo de Autenticación, Tomo VII, folios 9 al 13 del Primer Trimestre del año 2011.

Enfatizaron, que dicha edificación debió erigirse “(…) sobre el área de Quinientos Veintiocho Metros Cuadrados de la Parcela de Terreno de Propiedad Municipal enclavada en la Calle Zea de la Población de Tumeremo, Municipio Sifontes del Estado Bolívar [antes especificada] (…) pero [que esto] no fue así, [ya] que Ciudadano Kamal Antonio Naser, ocupó una pequeña porción de terreno equivalente a CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTÍMETROS (47,94 M2) [de su única y exclusiva propiedad, de manera totalmente ilegal] (…) causando[les] un grave daño (…)”. (Sic). (Mayúsculas del original). (Corchetes de este Máximo Tribunal).

Aseguraron, que han sido infructuosos “(…) los esfuerzos realizados para tratar de resolver por vía amistosa y extrajudicial el daño que se [les] ha ocasionado, (…) por lo que [proceden a] demandar formalmente (…) a los ciudadanos KAMAL ANTONIO NASER (…) en su carácter de propietario del identificado Edificio, construido sobre la ya mencionada parcela de terreno (…) y al ciudadano YONGYUAN WU, en su carácter de comprador de las mencionadas bienhechurías (…) EN REIVINDICACIÓN, a tenor de lo dispuesto en el artículo 548 del Código Civil Venezolano Vigente (…)”. (Sic). (Mayúsculas del original). (Añadidos de la Sala).

Como corolario de lo anterior, solicitaron:

“(…) PRIMERO: [Que se declare] [q]ue los ciudadanos ROGER RENÉ ZAMORA CATELLANOS E IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS ya identificados, son los únicos y exclusivos propietarios de la pequeña porción de terreno constante de Cuarenta y Siete Metros Cuadrados con Noventa y Cuatro Centímetros (47,94 M2), [presuntamente] Invadida y ocupada ilegalmente por los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, el primero en su condición de vendedor y el segundo en su condición de comprador de las bienhechurías constituidas y formadas por un edificio de tres (3) plantas dividido en: Planta Baja; primer piso, segundo piso, enclavado en una parcela de terreno del Municipio Sifontes de la Población de Tumeremo, en la Calle Zea y que mide doce metros de frente por cuarenta y cuatro metros cuadrados de fondo, (…) [que acorde a sus dichos transgredió el] lindero norte de un terreno de mayor extensión con un área total de OCHOCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON DIECISIETE CENTÍMETROS (810,17 M2), ubicado en el Sector ‘Casco Central El Boulevard del Oro’ (…) [cuyo documento de propiedad fue] protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Roscio del Estado Bolívar, con sede en la población de Guasapi, en fecha 18 de septiembre de 2009, bajo el Número 16, folios Folios 103 al 108, Protocolo Primero, Tomo V, Tercer Trimestre del año 2009 (…).

SEGUNDO: [Que se declare] [q]ue los demandados KAMAL ANTONIO NASER Y YOUNGYUAN WU, ya identificados, detentan ilegítimamente la porción de Cuarenta y Siete Metros Cuadrados con Noventa y Cuatro Centímetros (47,94 M2) Del lindero norte del lote de terreno de mayor extensión (de 810,72 M2), ambas porciones de terrenos ya identificadas en [el] libelo [que afirman son de su] propiedad.

TERCERO: [Que se declare] que los demandados (…) no tienen ningún derecho, título, ni mucho menos derecho para ocupar [dicha] porción de terreno (…).

CUARTO: [Que los demandados convengan o en su defecto sean condenados a] restituir[les] y hacer[les] entrega sin plazo alguno el área de terreno constituid[a] por Cuarenta y Siete Metros Cuadrados con Noventa y Cuatro Centímetros (47,94 M2) ocupados ilegalmente por los demandados ya identificados, AL OCUPAR PARTE DEL LINDERO NORTE, [del] lote de terreno [contiguo] (…) de la propiedad exclusiva de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas (…)”. (Sic). (Mayúsculas del original). (Interpolados de este Órgano Jurisdiccional).

Estimaron la demanda en la entonces cantidad de “UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES BS. 1.200.000,00), equivalente a ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE UNIDADES TRIBUTARIAS CON NOVENTA Y CINCO (11.214,95 U.T.)”. (Sic). (Mayúsculas del original).

Fundamentaron su pretensión en las disposiciones contenidas en los artículos 545, 547 y 548 del Código Civil, 38 y 174 del Código de Procedimiento Civil y en el criterio jurisprudencial establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. RC.000030 de fecha 2 de febrero de 2011, caso: Viannelisa Chirivella García vs Gladis Zerpa de Fernández.

Finalmente, concluyeron su exposición peticionando se declare con lugar la demanda de marras y en consecuencia, se condene a la parte demandada a pagar las costas procesales.

Por auto del 12 de agosto de 2013, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a quien correspondió el conocimiento del asunto por distribución; admitió en cuanto ha lugar en derecho la acción incoada y ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, antes identificados, en su calidad de accionados, para que en un lapso de veinte (20) días despacho, computados a partir de la constancia en autos de su notificación, más dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, dieran contestación a la demanda. Asimismo, el referido órgano jurisdiccional, procedió a fijar un acto conciliatorio para el décimo quinto (15°) día despacho a que constase en el expediente, la práctica dicha citación. En tal sentido, acordó comisionar al Juez del Municipio Sifontes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

El 16 de septiembre de 2013, los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, asistidos por el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificados, reformaron la demanda, específicamente el punto “SEGUNDO” de su petitorio, el cual quedó redactado de la forma siguiente:

“(…) SEGUNDO: [Que se declare] [q]ue los demandados KAMAL ANTONIO NASER Y YOUNGYUAN WU, ya identificados, detentan ilegítimamente la porción de Cuarenta y Siete Metros Cuadrados con Noventa y Cuatro Centímetros (47,94 M2) Del lindero norte del lote de terreno de mayor extensión (de 810,72 M2), ambas porciones de terrenos ya identificadas en [el] libelo [que afirman son de su] propiedad; Y en [ese] orden de ideas (…) SE ORDENE LA DEMOLICIÓN INMEDIATA DE LAS BIENHECHURÍAS CONSTRUIDAS [sin su debida autorización] (…) a costa y cuenta de los identificados demandados (…)”. (Sic). (Negrillas y mayúsculas del original). (Agregados de la Sala).

También en esa fecha (16 de septiembre de 2013), los accionantes confirieron poder apud acta al abogado Luis Perroni Blanco, identificado ut supra.

El 23 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la reforma de la demanda y ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, antes identificados, en su calidad de accionados, para que en un lapso de veinte (20) días despacho, computados a partir de la constancia en autos de su notificación, más dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, dieran contestación a la demanda. De igual modo, el referido órgano jurisdiccional, fijó un acto conciliatorio para el décimo quinto (15°) día despacho a que constase en el expediente la práctica de su citación, a cuyos efectos acordó comisionar al Juez del Municipio Sifontes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

El 26 de septiembre de 2013, el Alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dejó constancia de su traslado al domicilio procesal de los demandados “donde (…) luego de tomar en sus manos, leer la compulsa con sus anexos y hablar por teléfono con sus respectivos abogados, se negaron a firmar y de igual manera les indic[ó] que estaban debidamente citados (…)”. (Interpolados del presente fallo).

En fecha 2 de octubre de 2013, el Juzgado A quo libró sendas boletas de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencias del 4 de octubre de 2013, el Secretario de precitado órgano jurisdiccional, dejó constancia en autos de la notificación practicada a los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yougyuan Wu, previamente identificados, en ese orden.

En fecha 5 de noviembre de 2013, a las dos de la tarde (2:00 p.m.), tuvo lugar el acto conciliatorio, el cual fue declarado desierto, dada la incomparecencia de las partes.

El 13 de noviembre de 2013, el abogado Guillermo Cordero Gómez (INPREABOGADO Nro. 37.620), actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Kamal Antonio Naser, antes identificado, en un mismo escrito: i) dio contestación a la demanda; ii) reconvino en la misma; iii) opuso la falta de cualidad de la parte demandante; iv) opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y; v) solicitó el llamamiento a terceros.

En igual fecha (13 de noviembre de 2023), la abogada Mónica Vahlis (INPREABOGADO Nro. 45.085), actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Youngyuan Wu, antes identificado, opuso las cuestiones previas establecidas en los ordinales 6° y 11° del citado artículo 346, y alegó a su favor la falta de cualidad de los demandantes, conforme a lo establecido en el artículo 361 de la disposición civil adjetiva

El 18 de noviembre de 2013, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, presentó escrito de “(…) CONTESTACIÓN A LA DEFENSA DE FONDO OPUESTA por el co-demandado KAMAL ANTONIO NASER (…)” y escrito de “contestación a las cuestiones previas opuestas por el co-demandado ciudadano YONGYUAN WU”, respectivamente. (Mayúsculas del original).

En fecha 26 de noviembre de 2013, la representación judicial de la parte demandante promovió pruebas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante escrito del 29 de noviembre de 2013, los abogados Guillermo Cordero Gómez, antes identificado, y Juan Antonio Sánchez Ortiz (INPREABOGADO Nro. 36.137), actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, identificados ut supra, presentaron escrito de consideraciones, donde además de hacer referencia a las cuestiones previas opuestas, alegaron la falta de cualidad pasiva del co-demandado Yongyuan Wu, afirmando que aún cuando “es cierto [que] existió una promesa bilateral de compraventa, la mima nunca se llegó a materializar”. (Agregado de la Sala).

En esa misma fecha (29 de noviembre de 2013), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar procedió a admitir las pruebas promovidas por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 352 eiusdem.

Por decisión del 23 de enero de 2014, el referido órgano jurisdiccional declaró “(…) SIN LUGAR LAS CUESTIONES PREVIAS CONTENIDAS EN EL ORDINAL 6° Y 11° DEL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, opuestas por la Abogada (…) del co-demandado, Ciudadano YONGYUAN WU, en el presente juicio de REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE (…)”. (Negrillas y mayúsculas del original).

El 4 de febrero de 2014, el Alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, consignó acuse de recibo de los oficios de notificación dirigidos a los ciudadanos, Kamal Antonio Naser, Yongyuan Wu, Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, respectivamente.

En fecha 13 de febrero de 2014, el abogado Juan Antonio Sánchez Ortiz, antes identificado, actuando en representación del co-demandado Yongyuan Wu, apeló de la aludida sentencia.

El 18 de febrero de 2014, el mencionado órgano jurisdiccional oyó en un solo efecto la apelación y ordenó la remisión de la pieza separada que se conforme a tal fin, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

A través del escrito de “contestación” presentado el 24 de febrero de 2014, los abogados Guillermo Cordero Gómez y Juan Antonio Sánchez Ortiz, previamente identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, en ese orden, reconvinieron conjuntamente en la demanda y solicitaron el llamamiento como tercero de la ciudadana Blanca Azucena Medina, antes identificada.

Por auto del 5 de marzo de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la referida reconvención y ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil.

El 12 de marzo de 2014, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los demandantes dio contestación a la reconvención.

Mediante escritos presentados en fechas 28 de marzo y 1° de abril de 2014, los apoderados judiciales de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas (en su condición de demandantes) y Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu (en su carácter de co-demandados), respectivamente, promovieron pruebas en la presente causa.

El 8 de abril de 2014, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en representación de los accionantes, se opuso a las pruebas promovidas por su contraparte.

El 9 de abril de 2014, los abogados Guillermo Cordero Gómez y Juan Antonio Sánchez Ortiz, previamente identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu, respectivamente, consignaron escrito de “contestación a la oposición”.

En fecha 15 de abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió en cuanto ha lugar en derecho las pruebas promovidas por las partes y fijó la oportunidad para su evacuación, haciendo la advertencia de que el pronunciamiento alusivo a la oposición, se emitiría en la oportunidad de dictar la “sentencia definitiva”.

El 15 de mayo de 2014, el aludido órgano jurisdiccional acordó reponer la causa “al estado en que se encontraba para [el] 24 de febrero [de ese año] dejando sin efecto las actuaciones subsiguientes a la referida fecha (…)”, toda vez que “(…) no proveyó en su debida oportunidad (…)”, la solicitud de “llamado de tercero de conformidad con el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil (…)”. (Agregados de la Sala).

En igual oportunidad (15 de mayo de 2014), el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la tercería propuesta y ordenó el emplazamiento de la ciudadana Blanca Azucena Medina, antes identificada, “(…) a los fines de que [diese] contestación a la cita propuesta (…)”, para lo cual acordó comisionar al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sifontes del mencionado Circuito Judicial, suspendiendo la causa por un lapso de noventa (90) días consecutivos, vencido el cual, se reanudaría la causa, independientemente del resultado de la citación.

A través de la diligencia presentada el 14 de agosto de 2014, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, solicitó el cómputo de los días consecutivos transcurridos desde el 16 de mayo de ese mismo año. De igual modo, requirió la emisión de un pronunciamiento en torno a la reconvención planteada por su contraparte a los efectos de darle continuidad a la presente causa.

En esa misma fecha (14 de agosto de 2014), el abogado Juan Antonio Sánchez Ortiz, antes identificado, actuando en representación del co-demandado Yongyuan Wu, ratificó el contenido del escrito de reconvención de la demanda, presentado el 24 de febrero de ese mismo año, inserto a los folios ciento ochenta y uno (181) al ciento ochenta y tres (183) de la pieza Nro. 1 del expediente judicial.

El 18 de septiembre de 2014, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó una vez más, se realice el cómputo de los días consecutivos transcurridos desde el 16 de mayo de ese mismo año y la emisión de un pronunciamiento en torno a la reconvención planteada.

El 25 de septiembre de 2014, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar dio respuesta a la anterior solicitud y dejó expresa constancia “(…) QUE DESDE EL DÍA 15/05/2014 (exclusive), HASTA EL DÍA 13/08/2014 (INCLUSIVE) TRANSCURRIERON noventa DÍAS CONSECUTIVOS (…)”. (Sic). (Mayúsculas del original).

En esa misma oportunidad (25 de septiembre de 2014), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la reconvención de la demanda y ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencia conjunta del 1° de octubre de 2014, los apoderados judiciales de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas (en su condición de demandantes) y Kamal Antonio Naser y Yongyuan Wu (en su carácter de co-demandados), se dieron por notificados del auto de admisión de la reconvención.

El 8 de octubre de 2014, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los demandantes dio contestación a la reconvención propuesta.

Mediante escritos presentados en fechas 16 y 21 de octubre de 2014, las partes demandante y demandada, en ese orden, promovieron pruebas en la acción reivindicatoria.

El 6 de noviembre de 2014, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en representación de los accionantes, presentó observaciones a la prueba de experticia requerida por su contraparte.

En fecha 12 de noviembre de 2014, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió en cuanto ha lugar en derecho las pruebas promovidas por las partes y fijó la oportunidad para su evacuación.

En fechas 26 de enero y el 8 de abril de 2015, la representación judicial de la parte demandante, solicitó se fije la oportunidad para la realización del acto de informes.

El 14 de abril de 2015, el referido órgano jurisdiccional fijó el acto de informes para el décimo quinto (15°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de las notificaciones de las partes.

Por diligencia del 20 de abril de 2015, el apoderado judicial de la parte demandante se dio por notificado.

En fecha 12 de mayo de 2015, el Alguacil del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, consignó acuse de recibo del oficio de notificación dirigido al ciudadano Yongyuan Wu, recibido por el abogado Guillermo Cordero, antes identificado.

El 2 de junio de 2015, el abogado Luis Perroni Blanco, previamente identificado, actuando en representación de los accionantes, pidió que el referido órgano jurisdiccional entendiera por notificado al co-demandado Kamal Antonio Naser, siendo que la notificación del otro co-demandado, Yongyuan Wu, fue recibido por su apoderado judicial el abogado Guillermo Cordero, antes identificados.

El 18 de junio de 2015, el A quo acordó lo peticionado y dejó constancia que el co-demandado Kamal Antonio Naser, ya identificado, se entendió por notificado a través del oficio de notificación consignado por el Alguacil de ese órgano jurisdiccional el 12 de mayo de ese mismo año, dejando sentado que a partir de esa fecha comenzaría a discurrir el lapso para que las partes consignasen sus respectivos escritos de informes.

El 16 de julio de 2015, las partes presentaron sus informes.

Mediante diligencia del 27 de julio de 2015, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó se “fije por auto expreso la oportunidad procesal para dictar sentencia”.

Por auto del 21 de septiembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró que la presente causa entró en etapa de sentencia el 5 de agosto de ese mismo año.

En fecha 16 de septiembre de 2016, el referido órgano jurisdiccional dictó sentencia definitiva, mediante de la cual declaró:

“(…) PRIMERO: Sin lugar la FALTA DE CUALIDAD ACTIVA propuesta por la parte demandada para sostener el presente juicio, de los ciudadanos ROGER RENÉ ZAMORA CATELLANOS e IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS, en el presente proceso.

SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de REIVINDICACIÓN Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLE incoada por los ciudadanos ROGER RENÉ ZAMORA CASTELLANOS e IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS  contra los ciudadanos KAMAL ANTONIO NASER e YONGYUAN WU, todos plenamente identificados en el Capítulo I [de ese] fallo.

TERCERO: Se declara la falta de Cualidad o falta de Legitimación Ad Causam, para sostener el presente juicio de la parte demandante-reconvenida ciudadanos ROGER RENÉ ZAMORA CASTELLANOS e IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS, en la Reconvención propuesta por la parte demandada-reconveniente KAMAL ANTONIO NASER e YONGYUAN WU en el presente juicio (…)”. (Sic). (Negrillas y mayúsculas del original). (Interpolados de la Sala).

En fecha 28 de septiembre de 2016, el Alguacil del aludido órgano jurisdiccional consignó acuse de recibo de los oficios de notificación dirigidos a los apoderados judiciales de las partes.

El 29 de septiembre de 2016, la parte demandante, apeló de la referida decisión.

El 6 de octubre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, oyó en ambos efectos el recurso de apelación y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, el cual fue recibido el 10 de noviembre de ese mismo año.

Por auto del 14 de noviembre de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, fijó un lapso de cinco (5) días de despacho para la solicitud de constitución del tribunal con asociados y la promoción de pruebas en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 520 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, dispuso que las partes deberían presentar sus escritos de informes al vigésimo (20°) día de despacho siguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 517 eiusdem.

El 21 de noviembre de 2016, feneció el lapso para la promoción de pruebas en segunda instancia.

En fecha 20 de diciembre de 2016, las partes presentaron sus respectivos informes.

Por auto del 21 de diciembre de 2016, el aludido Juzgado Superior, declaró abierto el lapso de ocho (8) días de despacho para la consignación de observaciones escritas, a tenor de lo previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

El 18 de enero de 2017, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte apelante, consignó “observaciones a los informes”.

En fecha 20 de enero de 2017, la causa entró en estado de sentencia.

En fecha 26 de abril de 2017, el abogado Juan Antonio Sánchez Ortiz, previamente identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, consignó copia certificada del acta de defunción del ciudadano Kamal Antonio Naser, identificado ut supra.

El 28 de abril de 2017, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, acordó la suspensión de la causa y ordenó la publicación de un edicto dirigido a los herederos desconocidos del codemandado reconviniente, Kamal Antonio Naser, antes identificado.

El 21 de julio de 2017, el apoderado judicial de la parte apelante consignó los edictos publicados en “La Prensa Primicia” y “El Diario de Guayana”, de conformidad con lo establecido en los artículos 231 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 25 de octubre de 2017, el referido órgano jurisdiccional, acordó designar a la abogada Nora González (INPREABOGADO Nro. 92.809), como defensora ad litem de los herederos desconocidos del de cujus, Kamal Antonio Naser, antes identificado, quien manifestó su aceptación al cargo el día 9 de noviembre de ese mismo año.

Por escrito del 17 de octubre de 2018, el abogado Juan Antonio Sánchez Ortiz, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del co-demandado Yongyuan Wu, solicitó fuese declarada “la perención de la instancia por pérdida del interés procesal”.

El 22 de octubre de 2018, la parte demandante presentó “(…) escrito de oposición a la solicitud de perención de la instancia (…) poniendo de manifiesto su interés procesal (…)”.

En fecha 23 de octubre de 2018, Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, negó la solicitud realizada por el apoderado judicial del ciudadano Youngyuan Wu, identificado ut supra, señalando al respecto que “la inactividad del Juez después de vista la causa no producirá la perención”, según lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

El 5 de noviembre de 2018, la parte apelante solicitó la emisión de sentencia.

Por auto del 20 de noviembre de 2018, la Jueza Dubravka Shirley Vivas Morales, se abocó al conocimiento de la causa, ordenó la notificación de las partes y fijó un lapso de diez (10) días de despacho para su reanudación, vencido el cual comenzarían a discurrir los tres (3) días de despacho para que las partes pudieran ejercer, si así lo estimasen conveniente, la correspondiente recusación.

Por diligencias del 9, 12 y 30 de noviembre de 2018, el Alguacil del aludido órgano jurisdiccional, dejó constancia en autos de la notificación practicada a los abogados Nora González, Juan Antonio Sánchez Ortiz y Luis Perroni Blanco, respectivamente.

En fechas 18 de febrero, 14 de marzo, 9 de abril, 14 de agosto de 2019 y 13, 26 de enero de 2020 la parte apelante manifestó su interés procesal y solicitó la emisión de sentencia en la presente causa.

El día 4 de marzo de 2021, la Jueza Dubravka Shirley Vivas Morales, se inhibió del conocimiento del asunto, requiriendo al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar la designación de un Juez Accidental.

El 27 de mayo de 2021, se constituyó el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y se ordenó la notificación de las partes.

Por diligencia del 21 de junio de 2021, el Alguacil del precitado órgano jurisdiccional consignó acuse de recibo del oficio de notificación dirigido al co-demandado Youngyuan Wu.

El 19 de julio de 2021, la parte demandada peticionó se practique la notificación por carteles de los accionantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

El 5 de agosto de 2021, el Juzgado Superior Accidental desestimó la aludida solicitud e instó a la parte demandada a indicar medios digitales como correo electrónico o Whatsapp, en cumplimiento a la Resolución Nro. 05-2020 proferida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

El 16 de agosto de 2021, el apoderado judicial de la parte demandada proporcionó los datos requeridos para la notificación electrónica de su contraparte.

En fecha 15 de septiembre de 2021, el ciudadano Roger René Zamora Castellanos, antes identificado, actuando en su condición de parte accionante, confirió poder apud acta al abogado James Richards (INPREABOGADO Nro. 105.787), quien se entendió por notificado del auto de “Constitución del Juzgado Accidental”, el 16 de ese mismo mes y año.

Por decisión del 14 de octubre de 2021, el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, acordó excluir al abogado James Richards, antes identificado, de su actuación en la presente causa y en cualquier otra que se ventilara ante referido órgano jurisdiccional, conforme a la previsión contenida en el ordinal 18° del artículo 82 euisdem.  

En fechas 14 y 26 de octubre de 2021, la Secretaria del Juzgado Accidental dejó constancia en autos de las notificaciones realizadas por correo electrónico a los apoderados judiciales de las partes.

El 17 de enero de 2022, la parte apelante manifestó su interés procesal y solicitó emita una decisión en torno a la apelación.

En fecha 8 de marzo de 2022, la representación judicial de la parte accionada se adhirió a la anterior solicitud.

Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2022, el abogado Juan Antonio Sánchez Ortiz, antes identificado, demandó al ciudadano Youngyuan Wu, la intimación y estimación de sus honorarios profesionales, renunciando a su representación.

El 20 de septiembre de 2022, el ciudadano Youngyuan Wu, antes identificado, actuando en su calidad de co-demandado en la acción reivindicatoria, se dio por notificado de la referida renuncia y del proceso intimatorio, confiriendo poder apud acta a los abogados Erick José Prieto Reyes y Dervis Orlando Boles (INPREABOGADO Nros. 260.887 y 315.697, respectivamente).

Por decisión de fecha 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró:

“(…) PRIMERO: (…) SIN LUGAR la defensa de falta de cualidad alegada en la contestación de la demanda por la parte co demandada ciudadano YONGYUAN WU.

SEGUNDO: (…) CON LUGAR la falta de jurisdicción alegada en la contestación de la demanda, y por vía de consecuencia, se declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la pretensión de demolición de la construcción que presuntamente invadió parte del terreno propiedad de la parte accionante.

TERCERO: (…) INADMISIBLE la demanda de reivindicación de inmueble y solicitud de demolición de inmueble por estar incursa en la indebida acumulación de pretensiones contenida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: (…) SIN LUGAR el recurso de apelación (…)

(…Omissis…)

[En consecuencia, ordenó] (…) consultar [del contenido de la aludida] decisión a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, solo en lo que respecta a la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública (Alcaldía del Municipio Roscio, estado Bolívar) (…)”. (Sic). (Negrillas y mayúsculas del escrito libelar). (Interpolados de la Sala).

En fecha 28 de septiembre de 2022, la Secretaria del Juzgado Accidental dejó constancia de las notificaciones practicadas vía correo electrónico a los apoderados judiciales de las partes.

El 29 de septiembre de 2022, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos Roger René Zamora Castellanos e Iván Antonio Espejo Rivas, también identificados, anunció recurso extraordinario de casación.

Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2022, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando en representación del ciudadano Iván Antonio Espejo Rivas, interpuso recurso de regulación de jurisdicción, alegando que la acción de autos “No se trata de una petición de demolición por incumplimiento de normas municipales (…) Ya que la demanda trata, de una (…) Acción reivindicatoria, que genera de petitorio secundario [la] demolición de la construcción en terreno ajeno (…)”. (Sic). (Negrillas, mayúsculas y subrayado del original). (Agregado de la Sala).

El 4 de octubre de 2022, el abogado Roger René Zamora Castellanos, antes identificado, actuando en su propio nombre, manifestó su intención de adherirse al recurso de regulación de jurisdicción.

En esa misma fecha (4 de octubre de 2022), los demandantes ratificaron su recurso de casación.

El 11 de octubre de 2022, los accionantes consignaron “escrito de formalización del recurso de casación”, y el día 17 de ese mismo mes y año, presentaron escrito de “ampliación y fundamentación del recurso de regulación de jurisdicción”, donde además de ratificar los argumentos explanados en el escrito presentado el 3 de octubre de ese año, esbozaron los vicios en lo que a su decir, se encontraba incursa la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 27 de septiembre de ese año, entre los cuales destaca, el vicio de suposición falsa.

El 25 de octubre de 2022, el abogado Guillermo Cordero Gómez, ya identificado, actuando en representación del ciudadano Yongyuan Wu, identificado ut supra, formuló consideraciones al recurso de regulación de jurisdicción, como “la extemporaneidad del recurso planteado”, y la “inexistencia del conflicto de jurisdicción”. (Sic).

Por auto del 28 de octubre de 2022, el Juzgado Superior Accidental Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró la tempestividad del recurso de casación, dejando sentado que se abstendría de “(…) realizar cualquier pronunciamiento en torno [al mismo] hasta tanto, la Sala Político Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie [sobre] la consulta [planteada] por [ese] Juzgado con respecto a que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la pretensión de demolición de la construcción (…)”. (Sic). (Agregados de este Órgano Jurisdiccional).

En igual oportunidad (28 de octubre de 2022), el referido Juzgado, acordó remitir las actuaciones a esta Sala a los fines legales consiguientes.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Correspondería a esta Sala emitir un pronunciamiento en torno a la “consulta” de jurisdicción planteada por el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con lo previsto en los artículos 23, numeral 20, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 26, numeral 19, de la Ley Orgánica de Reforma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, del análisis pormenorizado realizado a las actas procesales se advierte, que en fecha 29 de septiembre de 2022, los accionantes anunciaron conjuntamente recurso extraordinario de casación, contra la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional el 27 de ese mismo mes y año, decisión que vale expresar, contiene los fundamentos sobre los cuales se erige la declaratoria de falta de jurisdicción del Poder Juridicial frente a la Administración Pública, por órgano de la autoridad urbanística local (aún por determinar), únicamente en lo concerniente a la “solicitud de demolición de obra”.

Asimismo, se observa que el 3 de noviembre de 2022, el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Iván Antonio Espejo Rivas, también identificado, interpuso un recurso de regulación de jurisdicción, al cual se adhirió el co-demandante, abogado Roger René Zamora Castellanos, ya identificado, el día 4 de igual mes y año, razón por la cual este Máximo Tribunal, en aras de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima necesario tramitar el presente asunto como un recurso de regulación de jurisdicción, procediendo en consecuencia a aplicar las disposiciones contenidas en el artículo del Código de Procedimiento Civil (vid., entre otras la sentencia de esta Sala Nro. 00218 del 7 de julio de 2022). Así se decide.

Ahora bien, la representación judicial de la parte demandante interpuso una acción reivindicatoria a los efectos de que se les restituya un lote de terreno de su presunta propiedad, constituido por cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y cuatro centímetros (47,94 m2), el cual forma parte de una mayor extensión de terreno, conformada por ochocientos diez metros cuadrados con diecisiete centímetros (810,17 m2), ubicada en el “Sector Casco Central El Boulevard Del Oro, en la Población de Tumeremo, Municipio Sifontes del Estado Bolívar”; porción de terreno sobre la cual sostienen, fue construida una edificación de tres pisos destinada al uso comercial la cual transgredió -a su decir- los linderos legalmente establecidos, razón por la cual requirió su demolición en atención a lo previsto en los artículos 545, 547 y 548 del Código Civil.

Culminada la sustanciación de la causa, el 16 de septiembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró entre otros aspectos, sin lugar la acción reivindicatoria; decisión que se debe indicar, fue recurrida por la parte demandante el 29 de ese mes y año.

Por su parte, el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, al momento de emitir un pronunciamiento en torno al recurso de apelación, decidió conocer de oficio la defensa de fondo opuesta por la representación judicial de la parte reconviniente en su escrito de contestación a la demanda, referida a la inepta acumulación de pretensiones y falta de jurisdicción de Poder Judicial, en los términos que a continuación se exponen:

“(…) Es un hecho admitido por las partes que la construcción del edificio se encuentra totalmente culminada.

En el petitorio de reforma de su demanda, los accionantes de autos peticionan la reivindicación del lote de terreno presuntamente invadido con la construcción del edificio y solicitan sea ordenada la demolición inmediata de las bienhechurías construidas sobre el área de terreno de cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y cuatro centímetros (47,94 M2).

Tal como se observa, la parte actora acumula ambas pretensiones: la reivindicación y la demolición de una construcción ya culminada.

Resulta claro y determinante en el caso de autos que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para ordenar [la] demolición peticionada por los actores, dado que esta es una potestad que la ley atribuye a las autoridades urbanísticas nacionales y locales.

Sobre este punto en particular, se ha pronunciado en reiteradas decisiones el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, identificadas n° 2343 del 25-10-2006, n° 719 del 25-5-2009 y 1240 del 17-11-2016.

De acuerdo con los precedentes mencionados la potestad de ordenar la demolición de obras ilegales corresponde a los organismos locales o nacionales conforme a la atribución de competencia que hace el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y el artículo 72 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Estas normas, deben concordarse con lo dispuesto en el artículo 56 numeral 2. Letra b, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal según la cual a los municipios compete la gestión de la ordenación territorial y urbanística y el artículo 55 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio que determina que el desarrollo por particulares y entidades privadas en las áreas urbanas que impliquen ocupación del territorio serán autorizadas por los municipios.

La lectura concordada de los textos legales arriba mencionados conduce a declarar que la potestad de ordenar la demolición de las obras ilegales, prevista, verbigracia, en el artículo 72 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio es materia que atañe a la Administración Pública Municipal.

En este orden de consideraciones y precisado como ha sido el contenido de las normas y criterios jurisprudenciales aplicados al caso, que a la luz del supuesto previsto en el citado artículo 69, supone la constatación que la obra se encuentre concluida o no, para determinar si su conocimiento corresponderá a la autoridad urbanística local o nacional, únicos autorizados para ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya terminadas.

En razón de ello, y de acuerdo al análisis que precede, es posible concluir que el poder judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir acerca de la solicitud de demolición de obra peticionada en la reforma de la demanda, por corresponder su conocimiento a la autoridad urbanística local de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; y así se decide (…)”. (Sic). (Añadido de la Sala).

El aludido Órgano Jurisdiccional, concluyó que en el caso de autos se produjo una inepta acumulación de pretensiones al interponer los demandantes una acción reivindicatoria conjuntamente una solicitud de “demolición de una construcción ya culminada”, subsumiendo esta última en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (derogada por la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión del Territorio, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.263 de fecha 1° de septiembre de 2005, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.264 del día 2 de igual mes y año) y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.163 del 22 de abril de 2009), declarando de esa manera, la consecuente la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano de la autoridad en materia de ordenación urbanística local, pero solo en lo concerniente a la destrucción de dicha bienhechuría.

Al respecto, la representación judicial de la parte demandante arguyó que contrario a lo plasmado por el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, su pretensión  “No se trata de una petición de demolición por incumplimiento de normas municipales (…) Ya que la demanda trata, de una (…) Acción reivindicatoria, que genera de petitorio secundario [la] demolición de la construcción en terreno ajeno (…)”. (Sic). (Negrillas, mayúsculas y subrayado del original). (Agregado de la Sala).

Delimitado lo anterior, esta Sala estima acertado hacer unas breves precisiones en torno a la acción reivindicatoria contemplada en el artículo 548 del Código Civil, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 548.- El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así lo hiciere, a pagar su valor, sin prejuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”.

De la norma antes transcrita, se evidencia que la demanda reivindicatoria de la propiedad constituye una acción que ejerce una persona que se afirma propietaria de un bien determinado, contra un tercero que funge como poseedor del mismo, independientemente de que con posterioridad dicho poseedor haya dejado de poseer la cosa por hecho propio, con la finalidad de que se reconozca su derecho de propiedad y que se ordene al poseedor la restitución del inmueble.

En tal sentido, se trata de una acción que puede ejercer el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un mejor título jurídico como fundamento de su posesión, y su objetivo no es otro que recuperar la posesión sobre la cosa y obtener el reconocimiento del derecho de propiedad discutido por el poseedor; en definitiva, de recobrar o rescatar ese bien para su propia tenencia, uso y disfrute. (Vid., sentencias de esta Sala Nros. 01317 del 8 de octubre de 2014 y 00874 del 1° de agosto de 2017).

Por otra parte, resulta necesario hacer alusión a las nomas empleadas por el Juzgado Superior como fundamento jurídico de su decisión, estas son, las disposiciones contenidas en los artículos 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; 55 y 72 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y 55, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de cuyas líneas se lee:

Ley Orgánica de Ordenación Urbanística:

“Artículo 69.- Las zonas de parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso; las destinadas a servicios comunales o de infraestructura, sólo podrán afectarse a otro uso cuando fueren sustituidas por otras de igual uso y, por lo menos, igual dimensión y similares características. Cualquier otro uso o acto contrario será nulo de nulidad absoluta y el organismo competente, local o nacional, podrá ordenar, por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención de lo dispuesto en el presente artículo. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento”.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (ya derogada):

“Artículo 55.- El desarrollo de actividades por particulares o entidades privadas en las áreas urbanas y que impliquen ocupación del territorio, deberá ser autorizada por los Municipios. A tal efecto los interesados deberán obtener de los Municipios, los permisos de urbanización, construcción o de uso que establezcan la Ley Nacional respectivas y las Ordenanzas Municipales. El procedimiento para la tramitación de las solicitudes de dichos permisos municipales deberá ser simplificado, y los mismos deben decidirse en un lapso de 60 días continuos, contados a partir del recibo de las solicitudes respectivas, vencido el cual, sin que se hubieran otorgado o negado los permisos, se considerarán concedidos, a cuyo efecto los Municipios están obligados a otorgar la respectiva constancia de permiso. Las autoridades municipales conforme a las normas y procedimientos técnicos que establezcan el Ministerio de Desarrollo Urbano, deberán dictar las Ordenanzas respectivas a los efectos de garantizar la celeridad de los procedimientos y los derechos de los interesados”.

“Artículo 72.- Además de las multas mencionadas en el artículo anterior, a los infractores de la presente Ley, de los planes de ordenación del territorio y de las autorizaciones administrativas otorgadas conforme a la presente Ley, se les podrá imponer las siguientes sanciones: 1. Inhabilitación hasta por un período de dos (2) años para obtener las autorizaciones previstas en esta Ley; 2. El comiso de los instrumentos y maquinarias con los que se cometió la infracción; 3. Demolición a costa del sancionado, de las obras y construcciones realizadas; 4. Efectiva reparación del daño causado”.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal (reformada el 22 de abril de 2009):

“Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes:

1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

(…Omissis…)

b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano”.

La primera de las normas evocadas por el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, establece la posibilidad de ordenar la demolición de las construcciones realizadas en contravención a dicha disposición, es decir, en zonas de parques y recreación, o aquellas destinadas a servicios comunales que no cumplan con los requisitos correspondientes, supuesto que vale expresar, no se corresponde con lo planteado por los accionantes en el caso de autos, quienes sostienen, que dicha edificación se erigió sobre un terreno de presunta propiedad privada.

Por su parte, los artículos citados de la derogada Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, preceptúan la necesidad de obtener los permisos necesarios para la urbanización, construcción o uso correspondiente establecidos en la ley nacional y en las respectivas ordenanzas municipales, so pena de la interposición de sanciones por parte de la autoridad municipal, circunstancia que una vez más, no parece subsumirse en los planteamientos traídos a juicio por la parte demandante, siendo que la misma afirma, que su petición de demolición no guarda relación alguna con el incumplimiento de normas municipales; sin mencionar que dicha legislación para el momento en que se profirió la decisión, ya había sido derogada, siendo improperio por parte del Juez aplicar al caso sub judice los supuestos allí establecidos.

Finalmente, el artículo 55, numeral 2, literal b de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, reproducido en la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal publicada el 22 de abril de 2009, consagra como competencias propias del Municipio, lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas como la vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano, normativa que una vez más se debe indicar, no guarda ningún tipo de relación con lo controvertido en el presente asunto.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de peticionar la destrucción de las obras construidas en un terreno cuya restitución se solicita por vía de la acción reivindicatoria, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la decisión Nro. 0041 del 24 de febrero de 2023, declaró que:

“(…) En este sentido, se observa que la situación planteada en el presente caso se circunscribe a la solicitud de revisión constitucional de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones, la demanda de acción reivindicatoria intentada por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A. (hoy solicitantes), contra los ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero.

Así las cosas, en el caso de autos señaló la representación judicial de las solicitantes, que el tribunal de alzada erró al considerar que existía inepta acumulación de pretensiones, ya que en el libelo de demanda se estableció de manera clara y expresa que la pretensión de que se condenara a los demandados a destruir las bienhechurías ilegalmente construidas en el inmueble cuya reivindicación demandaron, se realizó con expresa invocación de los artículos 557, 788 y 793 del Código Civil, razón por la cual, indicó que dicha pretensión puede y debe ser tramitada por el procedimiento ordinario.

Adicionalmente, manifestó la representante judicial de las peticionantes que, la decisión del Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contradice la interpretación realizada por esta Sala, respecto al procedimiento de defensa de zonificación, y con ello vulneró los principios referentes a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así las cosas, esta Sala observa que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante sentencia de fecha 14 de julio de 2022, al momento de decidir la apelación interpuesta por la parte demandada, ciudadanos José Gregorio Pinto Romero y Franklin José Pinto Romero, contra la decisión de primera instancia dictada en el juicio intentado por las sociedades mercantiles Consorcio Doble O, C.A. y Lacica, C.A., declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones por incompatibilidad de procedimientos la demanda de reivindicación interpuesta, en base a los siguientes razonamientos:

(…Omissis…)

De lo anteriormente transcrito se evidencia que el referido juzgado superior fundamentó su decisión, en la incompatibilidad de procedimiento para tramitar la acción reivindicatoria y la solicitud de demolición o destrucción de bienhechurías ilegales, al considerar que la demanda de reivindicación en el referido caso era tramitado por el procedimiento breve (en razón de la cuantía), y la solicitud de demolición debía ser tramitada mediante el procedimiento establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

En este sentido, sobre el procedimiento para la defensa de la zonificación establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, esta Sala Constitucional en sentencia N° 1298 del 22 de mayo de 2003, estableció que:

(…Omissis…)

De lo anteriormente transcrito, se evidencia palmariamente que la naturaleza del procedimiento para la defensa de la zonificación es la de protección inmediata de los intereses de la colectividad en materia urbanística, ante la amenaza de existencia de obras ilegales o contrarias a los planes u ordenanzas de zonificación respectivas, cuando se den los supuestos establecido en la norma legal, referidos a: i) que un inmueble se destine a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación; o ii) que en el inmueble se realicen construcciones ilegales. El mismo es desarrollado en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo cual, la decisión que se tome puede ser revocada o modificada, en el entendido que, las situaciones fácticas cambien o sea demostrado el cumplimiento de los requisitos de ordenación urbanística.

Ahora bien, en el caso bajo estudio, podemos evidenciar del libelo de demanda de reivindicación que en copia certificada cursa del folio 30 al 48 de la pieza de anexo uno (1) del presente expediente, que el petitorio estuvo referido a: ‘…PRIMERO: En RESTITUIR a [sus] representadas CONSORCIO DOBLE O, C.A. y LACICA, C.A. libre de personas y cosas, la porción de terreno que forma parte de mayor extensión del denominado LOTE ‘B’ ubicado en Jurisdicción del Municipio San Diego, Distrito Valencia del Estado Carabobo, cuya área de terreno cuya REIVINDICACIÓN demanda[n], tiene una SUPERFICIE de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS (251,82 Mts2) está identificada como LOTE B-1 y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos (…). SEGUNDO: En que destruyan las bienhechurías ilegalmente construidas en el terreno propiedad de mis mandantes y que entreguen la parcela de terreno ilegalmente ocupada y descrita en el petitorio PRIMERO, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la ilícita ocupación. En caso de incumplimiento voluntario, desde ya solicita[n] que [su] representada sea autorizada para destruir las mencionadas bienhechurías a costa de los demandados, tal como lo permite el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil…’ (Corchetes de la Sala, Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto citado).

La anterior solicitud, tuvo su fundamento, según se evidencia del propio libelo de demanda, en que ‘…al no ser los demandados poseedores legítimos, ello legitima a [sus] representadas a pedir la destrucción de las obras ejecutadas en el inmueble, sin su consentimiento, y que el terreno sea dejado en el estado en que se encontraba antes de la ilegal ocupación, tal como lo dispone el artículo 557 en concordancia con los artículos 788 y 793, todos del Código Civil…’ (Corchetes de la Sala).

De conformidad con lo anteriormente transcrito, esta Sala pudo evidenciar que, efectivamente, la solicitud de demolición de las bienhechurías construidas en el inmueble objeto de reivindicación, estuvo fundamentada en el artículo 557 del Código Civil, como una facultad del propietario de que sus bienes se encuentren en las mimas condiciones en la que lo ha dejado, ante un ocupante o ejecutor de dichas bienhechurías que actúe de mala fe, ello como una facultad del derecho de accesión que contempla el código civil sustantivo.

Siendo así, evidencia esta Sala que la sentencia objeto de revisión incurrió en una errada interpretación de los criterios sostenidos por este órgano jurisdiccional, respecto a los procedimiento de defensa de la zonificación, en violación del principio de congruencia de la sentencia, al decidir algo distinto a lo pedido y con ello vulnerar el derecho de acción, tutelado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello así, cabe reiterar que el proceso civil se rige por el principio dispositivo (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil) de acuerdo con el cual el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, pero además en ese contexto normativo procesal, resulta igualmente aplicable el principio pro actione, conforme al cual las instituciones procesales deben ser interpretadas en el sentido más favorable -y no restrictiva- del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (…)”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del original). (Agregado de la Sala).

Dicho criterio jurisprudencial reconoció la solicitud de demolición de las bienhechurías construidas en el inmueble objeto de reivindicación, fundamentada en el artículo 557 del Código Civil, como una facultad del propietario de que sus bienes se encuentren en las mismas condiciones en la que lo ha dejado, ante un ocupante o ejecutor de dichas bienhechurías que actúe de mala fe, ello como una facultad del derecho de accesión que contempla el código civil sustantivo.

Siendo ello así, y delimitado como ha sido el carácter accesorio de la pretensión de demolición de la bienhechuría a la acción reivindicatoria, la cual al igual que ocurrió en el caso ventilado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene su asidero en el artículo 557 del Código Civil, y descartada como fuere la aplicación de las normas evocadas por el Tribunal remitente como fundamento jurídico de su decisión, estas son, las disposiciones contenidas en los artículos 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; 55 y 72 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y 55, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, esta Sala concluye que el Poder Judicial si tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de demolición de construcción, en los términos expuestos en el presente fallo.

En consecuencia, declara con lugar el recurso de regulación ejercido por el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Iván Antonio Espejo Rivas, también identificado, en fecha 3 de noviembre de 2022, así como la adhesión efectuada por el co-demandante, abogado Roger René Zamora Castellanos, ya identificado, el día 4 de igual mes y año y, revoca la decisión dictada por el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 27 de diciembre de 2022, solo en lo relativo a la jurisdicción. Así se decide.

Finalmente, resulta menester para este Órgano Jurisdiccional precisar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció la preponderancia de la ciencia, la tecnología, y los servicios de información como elementos de interés público, destacando el deber del Poder Público -y concretamente de los órganos jurisdiccionales- de valerse de los avances tecnológicos para su optimización, procediendo en consecuencia a dictar la Resolución Nro. 2021-0011 de fecha 9 de junio de 2021, contentiva de las normas generales que regularán la suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica relacionadas con los procesos seguidos ante esta Sala Político-Administrativa.

En virtud de lo anterior y, visto que los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 3 de la Resolución en comento, consagran la posibilidad de practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, este Máximo Tribunal con miras a procurar la mejora continua del servicio de administración de justicia, ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos; en el entendido de que la falta de indicación en autos de algunos de los elementos digitales previamente señalados, dará lugar a que se practique la notificación conforme a lo establecido en el artículo 5 de la aludida Resolución y en las leyes. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.- CON LUGAR el recurso de regulación ejercido por el abogado Luis Perroni Blanco, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano IVÁN ANTONIO ESPEJO RIVAS, también identificado, en fecha 3 de noviembre de 2022, así como la adhesión efectuada por el co-demandante, abogado ROGER RENÉ ZAMORA CASTELLANOS, ya identificado, el día 4 de igual mes y año.

2.- Que el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de demolición de construcción formulada en el caso de autos, en los términos expuestos en el presente fallo.

3.- Se REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 27 de diciembre de 2022, solo en lo relativo a la jurisdicción.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años 213º de la Independencia y 165º de la Federación.

 

El Presidente –Ponente,

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

 

 

                   El Vicepresidente,

JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES  

El Magistrado Suplente,

EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria,

CHADIA FERMIN PEÑA

 

 

En fecha once (11)  de abril del año dos mil veinticuatro, se publicó y

 registró la anterior sentencia bajo el  Nº 00089.

 

 

La Secretaria,

CHADIA FERMIN PEÑA

 

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