Venley

Sentencia N.º 0041

Sentencia
N.º 0041
Fecha
07/04/2021
Sala
Constitucional
Expediente
16-1198
Ponente
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

El 2 de diciembre de 2016, el ciudadano Ka Lee Lau, titular de la cédula de identidad N.° E-81.653.714,  mayor de edad, de nacionalidad china, domiciliado en el estado Aragua, actuando con el carácter de representante legal de la sociedad mercantil INDUSTRIAS LAU SEN, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 29 de febrero de 1984, bajo el N.° 21, Tomo 34-B asistido por la abogada Raquel Martínez Méndez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.° 203.601, interpuso ante esta Sala escrito contentivo de acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 16 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.° RH-988-2016, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la hoy accionante, en el juicio que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, por la negativa de oír la apelación interpuesta en contra del auto del 31 de marzo de 2016; y confirmó el auto del 11 de abril de 2016 dictado por dicho Tribunal que negó la apelación interpuesta, en el juicio de daños y perjuicios incoado por la hoy actora en contra del ciudadano Elías Salame, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el estado Aragua y titular de la cédula de identidad N.° 14.730.253.

El 6 de diciembre de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 24 de febrero de 2017, se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 22 de febrero del mismo año, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.

El 9 de marzo de 2017, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, el ciudadano Ka Lee Lau, asistido por la abogada Raquel Martínez, solicitó pronunciamiento en cuanto a la admisión de la presente causa.

El 24 de marzo de 2017, se dictó la decisión N.° 149, mediante la cual se admite la acción de amparo interpuesta por la sociedad mercantil INDUSTRIAS LAU SEN, C.A.

El 30 de marzo de 2017, se elaboraron oficios remitiendo boleta de notificación al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a la Fiscal General de República y al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con copia certificada de la sentencia.

El 18 de abril de 2017, fue entregada boleta de notificación N.° 17-0008 y copia de lo conducente, a la Fiscal General de la República.

El 18 de abril de 2017, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, el ciudadano Édgar Nicolás Pineda González, actuando en su condición de Alguacil de la Sala Constitucional, consignó boleta de notificación N.° 17-0008, del 7 de abril de 2017, dirigida a la Fiscal General De La República.

El 20 de abril de 2017, fue remitida copia certificada de decisión N.° 149 con oficio N.° 17-0253 del 18 abril de 2017, al Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Maracay; así como boleta de notificación N.° 17-0007 y copia de lo conducente con oficio N.° 17-0257, del 18 de abril  de 2017, al Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Maracay.

El 29 de junio de 2017, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, el ciudadano Édgar Nicolás Pineda González, actuando en su condición de Alguacil de esta Sala, consignó aviso de recibo emitido por el Instituto Postal Telegráfico relacionado con el oficio N.° 17-0257, del 7 de abril de 2017; igualmente consignó aviso de recibo emitido por el Instituto Postal Telegráfico relacionado con el oficio N.° 17-0253, del 7 de abril de 2017.

El 20 de septiembre de 2017, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, la cual el ciudadano Ka Lee Lau, asistido por la abogada Raquel Martínez, formuló alegatos.

El 2 de noviembre de 2017, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, el ciudadano Ka Lee Lau, asistido por la abogada Raquel Martínez, solicitó copias simples.

El 6 de febrero, 5 de abril, 11 de julio y 13 de diciembre de 2018, el 30 de mayo, 30 de julio y 6 de noviembre de 2019, mediante diligencias presentadas ante la Secretaría de la Sala, el ciudadano Ka Lee Lau, asistido por la abogada Raquel Martínez, efectuó pedimentos.

El 5 de febrero de 2021, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, quedó integrada de la siguiente manera: magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, presidenta; magistrado Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente; y los magistrados y magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza; ratificándose en su condición de ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Señaló la parte accionante en amparo, lo siguiente:

Comenzó relatando que el presente asunto se originó en razón de la demanda interpuesta por la hoy accionante, el 11 de julio de 2007, en juicio por daños y perjuicios ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, contra Elías Salame.

Continuó indicando que, el 4 de mayo de 2014, las partes llegaron a un mutuo acuerdo a través de una transacción, que fuera homologada por el tribunal de la causa, efectuada por la jueza Milagros Zapata.

Refirió que, el 25 de junio de 2015, informó al tribunal que hubo incumplimiento parcial de lo acordado en la transacción por parte de la demandada, siendo que el 8 de julio de 2015, la parte demandada señaló que sí hubo cumplimiento total y pide poner fin al contradictorio y se abra la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue aceptado por la contraparte el 13 de julio del mismo año.

Agregó que, el 23 de julio de 2015, el tribunal dictó una decisión respecto a las solicitudes de abrir una articulación probatoria hechas por las partes, las cuales admitió, así como decidió sobre la solicitud de la demandada respecto a que si el tribunal determinará el incumplimiento de las partes en la transacción, repusiera la causa al momento en que estaba la misma antes de que el acuerdo se firmara, siendo lo último negado.

En virtud de lo anterior, el 29 de septiembre de 2015, la parte agraviada solicitó abocamiento de la causa a la nueva jueza, Rossani Amelia Manamá Infante, presentando posteriormente sus escritos de promoción de pruebas, siendo que la demandante se opuso a la promoción de inspección judicial por indicarse una dirección indeterminada, siendo que, el 18 de enero de 2016, el tribunal desestimó la oposición practicándola el 17 de febrero de ese año, pero en un lugar equivocado ante lo que se dejó la respectiva observación, por lo que el 22 de febrero del  mismo año solicitó la nulidad y reposición de la inspección.

Denunció que el 24 de febrero de 2016, el perito designado consignó dos de las tres inspecciones judiciales, una solicitada por el demandado y una de las dos solicitadas por el demandante, por lo que se efectuó un señalamiento al tribunal el 29 de febrero del mismo año, ante lo cual el tribunal dictó un auto el 31 de marzo de 2016, negando lo solicitado respecto al lugar de haberse evacuado la inspección y la irregularidad de la falta de consignación de uno de los informes, por lo que apeló de dicha decisión el 6 de abril del mismo año, siendo negada la misma el 11 del mismo mes y año al considerar que es un auto de mero trámite.

Además, apuntó que en diligencia del 14 de abril de 2016 indicó que en el auto se emitió pronunciamiento sobre lo solicitado en los escritos del 22 y 29 de febrero de 2016, relativos a las inspecciones judiciales realizadas, por lo que se pidió copias certificadas para ejercer el recurso de hecho que se ejerció el 21 de abril de 2016.

Por otra parte, señaló que alegó ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que el a quo había dictado un auto híbrido, porque le generó un perjuicio en cuanto a la inspección judicial fraudulenta, en detrimento de sus derechos patrimoniales y a su defensa, porque no existe en la transacción señalamiento de que haya un terreno municipal donde deba efectuarse alguna obligación por ninguna de las partes, así como tampoco se determinó la existencia de ninguna propiedad, dándose así un fraude a la ley para evitar pronunciarse sobre la nulidad de la inspección judicial realizada, con lo cual se le impide poder ejercer los recursos de ley pertinentes. No obstante, el 16 de junio de 2016, el juez superior dictó su fallo declarando sin lugar el recurso de hecho.

Advirtió que el 17 de abril de 2016, presentó denuncia penal en contra de la jueza Rossani Amelia Mánamas Infante, a fin de apartarla del proceso por tener una especial relación con una de las partes y con el proceso, así como ejerció recusación, ante el cual la jueza efectuó su informe para el juzgado superior, en el que admite que decidió sobre la nulidad de la inspección judicial y sobre los informes del experto, con lo cual se evidencia que no se trata de un auto de mero trámite, sino una decisión de fondo carente de los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, violando así el debido proceso.

Apuntó también que la Sala Constitucional ha indicado que la actividad procesal puede perjudicar a las partes y a los terceros, en sus sentencias N.° 150 del 9 de febrero de 2001, N.° 848 exp. 529-2000, N.° 708 del 10 de mayo de 2001, N.° 5 del 24 de enero de 2001, su vínculo con la indefensión en la sentencia N.° 515 del 31 de mayo de 2000 y con relación a la transacción, la decisión N.° 1261 del 6 de junio de 2000.

Finalmente, pidió que se decrete la nulidad de la decisión emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se declare admisible y con lugar la acción de amparo y en consecuencia se proceda a revocar el fallo y ordenar al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que admita la apelación ejercida y revoque el auto dictado el 11 de abril de 2016.

II

DE LA SENTENCIA ACCIONADA

 

Mediante sentencia del 16 de junio de 2016, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en el expediente N.° RH-988-2016, se declaró sin lugar el recurso de hecho, interpuesto por la hoy accionante, en el juicio que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, por la negativa de oír la apelación interpuesta en contra del auto del 31 de marzo de 2016 y confirmó el auto del 11 de abril de 2016, dictado por dicho Tribunal que negó la apelación interpuesta en el juicio de daños y perjuicios incoado por la hoy actora en contra del ciudadano Elías Salame, bajo los siguientes argumentos:

“Siendo la oportunidad para dictar el pronunciamiento de ley y constando en autos las copias certificadas para formalizar el presente recurso de hecho, este Tribunal pasa a decidir en lo (sic) términos siguientes:

El recurso de hecho como garantía procesal del derecho de apelación, tiene por objeto la revisión del juicio o dictamen emitido por el juez de la causa, en torno a la admisibilidad del recurso ejercido, y en tal sentido, supone como presupuestos lógicos, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada; en segundo lugar, el ejercicio válido del recurso de apelación contra ésta y finalmente, que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o la haya limitado al solo efecto devolutivo.

En este sentido, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, establece lo concerniente al ejercicio del Recurso de Hecho, contemplando lo siguiente: (omissis)

De lo anteriormente trascrito se desprende que para la tramitación del presente recurso es necesario que se cumpla con los siguientes parámetros:

1) Este debe interponerse ante el Tribunal Superior respectivo, a quien compete decidir si es o no admisible la apelación, que se propone contra la decisión del Juez de la Primera Instancia que niega la apelación o la admite en un sólo efecto, cuando ha de admitirse en ambos efectos.

2) El Juez Superior una vez interpuesto el recurso, lo dará por introducido aún cuando no se acompañen con las copias certificadas, y decidirá dentro de los cinco (5) días de despacho, contados desde la fecha en que se haya introducido, o desde la fecha en que consten las copias de las actas conducentes si el recurso se hubiere introducido sin las mismas, como lo indica el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

De igual manera, es de señalar que al conocer el órgano jurisdiccional del recurso de hecho, su actividad se ve limitada al examen de la decisión que declara inadmisible la apelación, es decir, establecer si la negativa del Juez de la instancia ha violentado dicha regulación y en la decisión que resuelva la incidencia puede establecer la procedencia ordenando al A quo oír la apelación en uno o en ambos efectos, o declarar su inadmisibilidad, todo en anuencia con los preceptos constitucionales que consagran el derecho que tiene todo justiciable de acceder a los órganos de administración de justicia para la protección de sus derechos e intereses, a la tutela efectiva de los mismos y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, todo en el curso de un debido proceso.

A tal efecto, habiéndose ya establecido los parámetros con los cuales debe cumplirse para la debida tramitación del recurso de hecho, esta Juzgadora pasa a decidirlo, y lo hace de la siguiente manera:

Esta Alzada, luego de revisadas en forma exhaustiva las actas del expediente, observa que el auto que negó el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, ante el Tribunal A Quo, fue dictado en fecha 11 de Abril de 2016, y el recurso de hecho presentado, fue interpuesto contra el referido auto ante esta Superioridad en fecha 21 de Abril de 2016, tal como se evidencia de la nota de secretaría estampada al pie del folio dos (02) del presente expediente, por ello, este Tribunal considera que el recurso de hecho fue propuesto en forma tempestiva. Y así se establece.

Así mismo, en cuanto a la existencia en los autos de las copias certificadas de las actuaciones del Tribunal A Quo, se evidenció que este requisito fue cumplido por la parte recurrente, por lo que esta Juzgadora considera suficiente el escrito contentivo del recurso de hecho y sus anexos, a fin de formarse criterio sobre el asunto que debe resolver este Juzgado. Y así se establece.

En este orden de ideas, señala el recurrente a través de su escrito de fecha 21 de Abril de 2016, que riela inserto a los folios uno y dos (01 y 02) del presente expediente, entre otras cosas lo siguiente:

´… estando dentro de la oportunidad legal y de conformidad con lo establecido el Artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, acudo ante su competente autoridad para presentar RECURSO DE HECHO, contra la decisión dictada por el Tribunal de la causa…´ ´… en fecha 11-04-2016, en la cual NEGO LA APELACION (sic) solicitada por mi apoderada judicial en fecha 06-04-2016; y solicito a este Tribunal Superior, que REVEQUE (sic) la decisión dictada por la Juez A quo en fecha 11-04-2016, y le ORDENE que admita la apelación interpuesta, bajo las siguientes circunstancias de hecho y preceptos de derechos…´

En ese sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de Noviembre de 2004, Ponente Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, juicio Banco Caroní C.A. Vs. Empresas El Conde, C.A., Exp. N° 04-0847, sostuvo lo siguiente: ´(…) El recurso de hecho constituye, como reiteradamente se ha establecido, el medio o garantía del derecho a la defensa que tiene el interesado para impugnar el auto del tribunal que en el primero de los casos (Art. 305) niega la apelación, o se admite en un solo efecto (…)´

En fecha 11 de Abril de 2016, el Juzgado A Quo dictó auto mediante el cual declaró:

‘… observa este despacho que el auto dictado en fecha 31 de marzo de 2016, cursante al folio 242, mediante el cual se solicito (sic) remitir información referente al estado y grado en que se encuentra la causa Nº 91-131-15-1321 que cursa en el juzgado Noveno Itinerante en lo penal de la circunscripción judicial del Estado Aragua en efecto, se trata de un auto de mero trámite; al respecto establece el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil…’ ‘…En razón de las consideraciones, esta Juzgadora hace del conocimiento de la parte, que el auto dictado por este Tribunal en fecha 31 de Marzo de 2016, tiene carácter de mero trámite, y su objeto es impulsar y ordenar el procedo (sic), no causando lesión ni gravamen de carácter material o jurídico a las partes…’.

Ahora bien, esta Juzgadora para decidir el presente Recurso de Hecho, lo hace en base a las consideraciones siguientes:

Establece el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; que negada la apelación, la parte podrá recurrir de hecho.

Este recurso es definido por el catedrático Humberto Cuenca como un ´medio de impugnación de carácter subsidiario cuyo propósito es hacer admisible la alzada o la casación negadas. Es el medio que la ley coloca a disposición de las partes para garantizar el derecho a la revisión de la sentencia, bien por la apelación en uno o en ambos efectos, o mediante la censura de casación por el Supremo Tribunal. Su objeto es revisar la resolución denegatoria´.

En el caso de autos, la negativa de oír la apelación por parte del Juzgador de Primera Instancia es por que (sic) considera que es un Auto de mero trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

En la opinión del autor Enrique Vescovi, ´las providencias de tramite (sic) son aquellas que recaen en los tramites (sic), cuyo fin es dar impulso procesal a éstos, sin importar la resolución a éstos (sic), sin importar resolución de incidencias (sean sustanciadas o no ni, por ende, causar gravámenes irreparables. Por eso, contra ellos se da, normalmente, el recurso de revocación o reposición exclusivamente. O sea predomina la regla de la inapelabilidad.´

Dentro de este marco, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1061 de fecha 19/09/2004, caso ENRICO PIZZOFERRATO SANTACROCE, contra COMPONENTES ELÉCTRICOS NACIONALES C.A. y C.O.E.N.C.A con ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, ratificando el criterio emitido a través de sentencia Nº 420 de fecha 26/06/2003, estableció lo siguiente:

(omissis)

En este orden de ideas, la Sala de Casación Social mediante fallo N ° 420 de fecha 26 de junio del año 2003, se ha pronunciado con relación a la inadmisibilidad del recurso de apelación y de casación interpuestos contra los autos de mera sustanciación, en los siguientes términos:

(omissis)

Por consiguiente la Sala Constitucional del mismo Tribunal, en decisión N º 1667, de fecha 19/08/2004, sostuvo lo siguiente:

(omissis)

Observa este Tribunal de Alzada, de una revisión y análisis del auto dictado en fecha 31 de Marzo de 2016, contra el cual se ejerció el recurso de apelación negado por el Tribunal A Quo, que el mismo constituye un auto de mero trámite, es decir, lo que la doctrina ha llamado también ´Mera Sustanciación´ o ´Mera Ordenación Procesal´ como lo preceptúa el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

No obstante, considera este Tribunal Superior, que los autos de mera sustanciación o mero trámite son aquellos que no causan gravamen irreparable a las partes, es por ello que para reconocer si se está en presencia de una de estas decisiones hay que atender a su contenido y a sus consecuencias en el proceso, por lo que si ese contenido se traduce en un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad y deber de conducir el proceso ordenadamente al estado de sentencia definitiva, responderá indefectiblemente a ese concepto de auto de sustanciación. Así se establece.

En tal sentido, los autos emanados del tribunal en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el Juez, en ejecución de normas procesales, otorgadas a éste para la dirección y control del proceso, pero que no contienen decisión de una cuestión controvertida entre las partes, bien del procedimiento o del fondo, y por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, ya que de ser así se estaría violentando el Principio de Celeridad Procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas.

De tal manera que, de una simple lectura del auto objeto del recurso de hecho, no existe decisión alguna, solo el Juez lo que pretende es ordenar el iter procesal e impulsarlo, por lo que tal decisión no causa una lesión o gravamen de carácter material o jurídico a las partes, pues dicho auto no decide puntos de la controversia, sino que se limita a ordenar el proceso. Así se decide.

Concluyendo esta sentenciadora, que el auto apelado es de los denominados de mero trámite o acto de impulso procesal, dado que no contiene decisión de algún punto controvertido entre las partes, y por ende son inapelables, por no producir gravamen para las partes, sólo la (sic)  facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso, pudiendo solo ser atacados mediante la solicitud de revocatoria por contrario imperio, de conformidad con lo establecido en el articulo (sic) 310 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

En consecuencia, y en virtud de lo antes expuesto esta sentenciadora debe necesariamente declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE HECHO interpuesto por el ciudadano Ka Lee Lau, titular de la cédula de identidad Nº E-81.653.714, actuando como representante legal de la Sociedad Mercantil Industrias LauSen C.A, asistido por la abogada en ejercicio Raquel Martínez Méndez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 203.601, parte demandante en el Juicio de Daño y Perjuicio, interpuesto por el ciudadano Ka Lee Lau, titular de la cédula de identidad Nº E-81.653.714, contra el ciudadano Elías Salome, cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el Expediente signado bajo el Nº 40.310, contra la negativa de oír la apelación interpuesta en contra del auto de fecha 31 de Marzo de 2016.” (Resaltado del fallo original).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Pasa la Sala a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y al respecto observa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecen la competencia de esta Sala para conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ello así, esta Sala considera que, en el caso concreto, resulta aplicable el mencionado criterio atributivo de competencia, por cuanto la demanda de amparo bajo examen está dirigida contra una sentencia por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en consecuencia, la competencia para conocer de la presente demanda le corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.

IV

DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO

 

Asumida como fue la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse en los siguientes términos:

Esta Sala Constitucional, en sentencia N.° 993 del 16 de julio de 2013 (caso: Daniel Guédez Hernández), sentó criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de acciones de amparo constitucional interpuestas contra decisiones judiciales, cuando el asunto fuere de mero derecho, al respecto señaló:

“…En la sentencia N.° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:

[…]2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.

Se mantuvo en dicha interpretación el criterio de la sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, N.° 644, del 21 de mayo de 1996, con ponencia del Magistrado emérito Doctor Humberto J. La Roche, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser contrario a lo que disponía el único aparte del artículo del 49 y la última parte del artículo 68, ambos de la Constitución de 1961. Desde entonces, se instauró un procedimiento en el cual, una vez admitida la solicitud de amparo constitucional incoada contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de un particular, órganos del Poder Público nacional, Estadal o Municipal, o contra una decisión judicial, se debe realizar una audiencia oral en la que se va a debatir todos aquellos hechos que conforman la controversia y evacuar, en caso, de haberse promovidos, los medios de pruebas que sustentan los alegatos de las partes involucradas en la acción de amparo.

De modo que, la celebración de la audiencia oral en el procedimiento de amparo se hizo rutinaria para hacer prevalecer el derecho de la defensa y oír a las partes y a los terceros interesados.

Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.

Reinterpretando estos conceptos de cara a la Constitución Nacional de 1961 y a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos señalar que a diferencia de la derogada Constitución Nacional (1961) que concebía el amparo como una acción procesal conforme al artículo 49 que establecía: ‘[l]os Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley. El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida’; la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además de considerar el amparo en su aspecto procesal como una acción, lo considera también como un derecho al señalar en el artículo 27, lo siguiente:

Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquéllos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

De modo que, es la inmediatez y el restablecimiento de la situación jurídica infringida lo que debe prevalecer en la ponderación con otros derechos constitucionales de igual rango como lo sería el derecho a la defensa.

Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’ (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.

Ejemplo de ello sería el caso en el cual se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, firme, que condenó a un ciudadano a la ejecución de una pena de muerte o a cumplir una pena de prisión de cuarenta años. En estos supuestos, esperar la celebración de la audiencia oral para resolver el mérito de la controversia planteada, atentaría contra la posibilidad de la restitución inmediata de la situación jurídica infringida, ya que bastaría, con la sola interposición del amparo y la consignación de la copia de la decisión adversada, que el Juez constitucional concluyera ipso iure, por tratarse el asunto de un punto de mero derehco, que toda condena de muerte o la aplicación de una pena que exceda de treinta años es contrario a lo que disponen los artículos 43 y 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.

Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N.° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N.° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.

Ahora bien, la Sala, tomando en cuenta la anterior doctrina procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por la representación del Ministerio Público se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y, a tal efecto, observa:

[…]

Ahora bien, la Sala precisa que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, esto es, sobre la aplicabilidad o no, en el proceso penal primigenio, de la prerrogativa del antejuicio de mérito establecida en el artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no siendo necesario, a los fines de la resolución de fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, toda vez que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente penal original que consignó la parte actora, constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie inmediatamente sobre el fondo de la presente controversia, dado que las partes y los terceros involucrados no aportarían nada nuevo en esa audiencia oral. Además, la Sala destaca que parte de las actas del presente expediente constan todas las actuaciones originales (consignadas por la quejosa) de la causa penal primigenia, lo que permiten a esta máxima instancia constitucional, sin lugar a ninguna duda, decidir el amparo en esta misma oportunidad. Así se declara…”.

Así pues, conforme a lo expuesto, el presente caso es un asunto de mero derecho, al tratarse de una acción de amparo contra sentencia que se fundamenta en una supuesta extralimitación de funciones por parte del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al declarar sin lugar el recurso de hecho planteado por la parte accionante, por considerar que se trataba de un auto de mero derecho el auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, lo cual, según la parte accionante, sería violatorio del criterio en cuanto a cuáles son las sentencias interlocutorias que son apelables y cuáles no, razón por la que, en el presente caso, sólo se requiere verificar si la sentencia objeto del amparo incurrió en alguno de los vicios denunciados, para lo cual el expediente que se encuentra agregado a los autos en copia certificada resulta suficiente. Por ende, visto que no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre el agraviado y un tercero, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se decide.

 V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Visto el escrito que encabeza las presentes actuaciones y una vez declarada la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del acción de amparo interpuesto, verifica la  Sala el cumplimiento por parte del accionante en amparo de los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los cuales estima satisfechos. Igualmente en cuanto a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta previstas en el artículo 6 eiusdem observa esta Sala  que no incurre en ninguna de ellas, debido a que a pesar de haber solicitado 22 de febrero de 2015 la nulidad y reposición de la inspección cuyo objeto era validar que se había cumplido con los términos establecidos en la transacción, sobre dicho petición no hubo pronunciamiento expreso, sino que se dictó de manera solapada en el acto hoy atacado.

De igual manera el presente asunto y en lo relativo al  orden público, esta Sala ha considerado relevante para determinar la aplicación o no, de la caducidad prevista en el numeral del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales, en su fallo N.° 3.253 del 13 de diciembre de 2002, estableció que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras. Este concepto  tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento. En tal sentido, esta Sala, que en este caso particular y para este caso concreto está involucrado el orden público, ya que se encuentra involucrada la ejecución de una sentencia y una serie de irregularidades vinculadas al cumplimiento de la misma.

En el presente caso se interpone acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 16 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.° RH-988-2016, que declaró sin lugar el recurso de hecho, en el juicio que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, por la negativa de oír la apelación interpuesta en contra del auto del 31 de marzo de 2016; y confirmó el auto del 11 de abril de 2016, dictado por dicho Tribunal, que negó la apelación interpuesta en el juicio de daños y perjuicios incoado por la hoy actora en contra del ciudadano Elías Salame, por presuntamente violar sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, reconocidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución. 

Se observa que la pretensión constitucional se dirige a atacar una decisión dictada por un órgano jurisdiccional, por lo cual la misma está enmarcada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

Dicho artículo, contiene el presupuesto procesal necesario para la procedencia de este tipo de acciones y en tal sentido dispone: 

“Artículo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”

 

Reitera la Sala su criterio conforme al cual la procedencia de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones, u omisiones judiciales está supeditada al cumplimiento de dos requisitos concurrentes, a saber; que el Tribunal supuestamente agraviante haya actuado fuera de su competencia y que esta actuación u omisión lesione o amenace vulnerar una situación jurídica subjetiva o un derecho constitucional.  

Se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que “obrar fuera de su competencia” como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas. (Vid. Sentencia de la Sala N.° 5.053 del 15 de diciembre de 2005). 

Efectivamente esta Sala en sentencia del 6 de febrero de 2001, (caso: “Licorería El Buchón, C.A.”), estableció:  

“(…) es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias (…)”.

 

Ahora bien, en el presente caso, tal y como se expresó, se pretende impugnar por esta vía una sentencia que, decidiendo en apelación, declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la hoy accionante en el juicio que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, por la negativa de oír la apelación interpuesta en contra del auto del 31 de marzo de 2016; y confirmó el auto del 11 de abril de 2016, dictado por dicho Tribunal, que negó la apelación interpuesta en el juicio de daños y perjuicios incoado por la hoy actora en contra del ciudadano Elías Salame.

En tal sentido, se observa que se alega que se celebró una transacción judicial entre la hoy accionante y el ciudadano Elías Salame, que fue homologada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, pero posteriormente el demandante alegó el incumplimiento de la misma, indicando la demandada que sí cumplió, por lo que se abrió la articulación probatoria establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, produciéndose una oposición a la promoción de inspección judicial por indicarse una dirección indeterminada, la cual fue desestimada, realizándose la misma, ante lo cual pidió la parte actora la nulidad y reposición de la inspección cuyo objeto era validar que se había cumplido con los términos establecidos en la transacción, sobre todo al observar y denunciar que el perito designado consignó dos de las tres inspecciones judiciales, una solicitada por el demandado y una de las dos solicitadas por el demandante.

Por lo tanto, ante esa negativa apeló, lo cual le fue negado por el a quo al considerar que se trataba de un auto de mero trámite, motivo por el cual recurrió de hecho ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el cual confirmó que se trataba de un auto de mera sustanciación mediante sentencia del 16 de junio de 2016, el cual es objeto del presente amparo.

De esta manera, del estudio de las actas procesales y de la jurisprudencia antes señalada, se observa que el auto del 31 de marzo de 2016, indicó:

“Vista la transacción celebrada por las partes en fecha 4 de mayo de 2015 en los siguientes términos:

(omissis)

Este Tribunal, en relación a la Inspección realizada y el informe presentado por el Experto, donde la parte alega que no fue el sitio parcela N° 59, este Tribunal visto que curso (sic) al folio 217 al 221, que la misma parte hoy reclamante evacuo (sic) inspección en la aludida parcela, reconocida por ella como la N° 59, por lo que es forzoso para este Despacho negar lo solicitado (…)”

 

De la transcripción parcial del auto, se puede observar que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, efectivamente realizó un pronunciamiento sobre la petición y argumentó de que la inspección judicial no se había realizado en el lugar indicado, por lo que no quedó evidenciado que se había eliminado la pared que había colocado en su porción de terreno de manera irregular para en razón de ello retirar todas las demandas penales y civiles existentes según se había acordado en la transacción celebrada, ante lo cual se debe determinar si se trata de una providencia de mero trámite que no le causa a su representado gravamen irreparable alguno, por aplicación expresa del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil que señala que contra las sentencias interlocutoras se admitirá apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable.

Ahora bien, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela resulta conveniente determinar si el señalado artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, en relación al caso que nos ocupa, guarda vigencia con el debido respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, en especial las contenidas en el artículo 49, eiusdem, lo cual impone considerar las diversas interpretaciones de la norma subconstitucional adjetiva señalada, de forma que conserve su vigencia.

En el presente caso, el dispositivo legal en el cual funda la sentencia recurrida su negativa a oír la apelación interpuesta, el señalado artículo 289, limita la apelación en el caso de las sentencias interlocutorias solamente cuando estas produzcan gravamen irreparable. De forma tal, que en una interpretación literal y aislada de la norma, no existiendo gravamen irreparable, la apelación resultaría inadmisible. Sin embargo, en atención a los derechos y garantías constitucionales consagradas en la Constitución de 1999 y en la especie,  los consagrados en relación al debido proceso en el artículo 49 eiusdem, cabe preguntarse si aquella interpretación literal y aislada mantiene su vigencia en el presente caso.

En efecto, obsérvese que el artículo 49 de nuestra Norma normarum, establece:

“Artículo 49. - El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley (…)”

 

El proceso como instrumento fundamental de realización de la justicia, (artículo 257 de la Constitución) se basa en el modelo adversarial, en virtud del cual, la garantía de la igualdad “de armas” de las partes se convierte en elemento fundamental de su configuración. Ello impone, necesariamente, que las diversas etapas o fases del mismo hayan de guardarse con estricta rigurosidad, de forma tal de que en cada una de ellas existan iguales oportunidades para formular alegatos y defensas y dar cumplimiento a las cargas legales, de forma tal que concluida una fase o vencida una oportunidad, no sea posible formular ex provo aquellas o dar cumplimiento a estas. De lo contrario se evidenciaría una alteración de la igualdad de las partes, que violentaría la esencia misma del proceso.

Por otra parte,  consagrada la doble instancia, es decir el acceso a los órganos de administración de justicia con jurisdicción apelada, la negativa a tal acceso,  establecida por el ordenamiento jurídico adjetivo subconstitucional debe necesariamente ceder cuando tal revisión se funda en el alegato de violación del contenido esencial de derechos y garantías constitucionales y en especial cuando se trata de la igualdad procesal de las partes, por ser esta un Derecho Fundamental.

En el presente caso, nos encontramos con el alegato de una violación a derechos fundamentales, presentado por la recurrente en relación al menoscabo de la igualdad procesal, por cuanto no se le permite ejercer la apelación del auto del 31 de marzo de 2016, en el que se pronunció sobre la certeza o no del lugar de realización de la inspección judicial.

Observa esta Sala que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la procedencia de la acción de amparo ejercida contra actuaciones u omisiones judiciales cuando en ellas concurren el abuso, usurpación o extralimitación de funciones del presunto agraviante, con la violación de derechos y garantías constitucionales, efectivamente circunscribe la materia a conocer por el juez constitucional a la referida en dichos supuestos; es decir, que éste deberá pronunciarse sobre la actuación competente o no, del tribunal accionado y sobre la infracción de derechos constitucionales verificada o no, en detrimento de la situación jurídica de un sujeto, para decidir sobre la necesidad de restablecimiento de una situación jurídica infringida, o amenazada de serlo, por la actuación u omisión judicial.

Es así como los errores de procedimiento que cometan los jueces, o los errores que ellos puedan cometer en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, solo serán apreciados por el juez constitucional cuando conlleven la violación de algún derecho constitucionalmente garantizado.

En efecto, la infracción del derecho a la defensa o al debido proceso, por actuación u omisión judicial, no se produce con toda infracción de reglas procesales. De hecho, cuando la infracción impida a una parte ejercer su defensa, enervándole las oportunidades para alegar y probar, cercenándole la contradicción y el control de las pruebas de su contraparte, o impidiéndole conocer lo que se le imputa o se pretende de él, o negándole el uso de los medios que la ley adjetiva establece en desarrollo de la garantía jurisdiccional y del derecho al debido proceso habrá una infracción constitucional susceptible de ser materia de la acción de amparo; por lo que quien accione en amparo contra una decisión judicial deberá alegar cómo y de qué manera la infracción procesal denunciada le impide o menoscaba el ejercicio de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, o a la tutela judicial efectiva, indicando, en principio expresamente, la actividad procesal concreta a la que tenía o tendría derecho, en ejercicio de sus derechos constitucionales, que le ha sido impedida por la violación procesal, o de qué manera la infracción cometida por el juez le menoscaba el ejercicio de algún otro derecho constitucional.

Es por ello que resulta del ámbito de competencia de los jueces ordinarios: corregir los errores cometidos en el curso de los procesos en la aplicación de la ley, en su escogencia, o en su interpretación y para ello la ley adjetiva establece medios y recursos apropiados. En este sentido, la acción de amparo, como ya ha asentado esta Sala, ha sido concebida como un medio expedito y sumario para obtener con presteza el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas que han sido lesionadas, o cuando existe amenaza inminente de que lo serán, o bien no existe en el ordenamiento jurídico adjetivo ordinario otro medio igualmente eficaz y sumario para la obtención del mismo fin. No se trata el amparo de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de los medios ordinarios previstos para la tutela de derechos e intereses y solo interesa al juez de amparo la infracción procesal cuando lo aplicado por el juez, o su omisión, contraviene y deja sin aplicación una disposición constitucional que consagra un derecho, o cuando la interpretación que se dio a la ley menoscaba su ejercicio.

Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia y este Tribunal Supremo de Justicia reiteradamente han asentado el criterio de que los autos de homologación de los actos de autocomposición procesal, dictados en la primera instancia, pueden ser apelados en razón de que serían equiparables, a las sentencias que ponen fin al juicio, por lo que, en principio, no puede negarse tal apelación, no siendo revocable el auto de homologación por contrario imperio.

Ahora bien, no establece expresamente norma adjetiva alguna la procedencia de tal apelación en el caso específico de la homologación de un acto de autocomposición procesal, ni que la misma deba ser oída en un solo efecto o en ambos, no obstante lo cual, considera esta Sala que aunque de conformidad con el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil la transacción tiene la misma fuerza de la cosa juzgada, requiriendo de la homologación judicial para que pueda considerarse terminada la causa y procederse como en el supuesto de existencia de cosa juzgada y como quiera que la homologación encuentra su justificación en la necesidad de que el juez determine que no se ha dispuesto de derechos indisponibles, o contravenido el orden público, esta Sala considera que, en principio, no puede negarse el recurso de apelación contra el auto de homologación de una transacción dictado en primera instancia, ello independientemente del contenido de la decisión que en el recurso recaiga sobre la apelación ejercida. Además, se requiere que quien autocompone la causa tenga capacidad para hacerlo, porque pueden existir juicios que versan sobre derechos indisponibles y de aceptarse su disposición por las partes surgiría una violación de ley.

De allí que, ante la presencia de los actos de autocomposición procesal el juez debe examinarlos, para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal, para lo cual es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento.

Cabe destacar que la homologación equivale a una sentencia firme, que en principio produciría cosa juzgada, pero ella será apelable si el juez contraría los requisitos que debe llenar el acto de autocomposición, que deben desprenderse de autos, ya que el desistimiento, el convenimiento o la transacción ilegales no pueden surtir efecto, así el juez las homologue y por ello, solo en estas hipótesis dichos autos podrán ser apelables, lo que no excluye que si se encuentran viciados se pueda solicitar por los interesados su nulidad, siendo esta última, usualmente, la única vía posible para invalidarlos, cuando los hechos invalidativos no puedan articularse y probarse dentro de un procedimiento revisorio de lo que sentenció el juez del fallo recurrido, como es el de la Alzada.

Tratándose de apelaciones de sentencias que van a producir cosa juzgada y que se equiparan a las definitivas, la apelación se oirá en ambos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, pero estas homologaciones tienen características que provienen de su propia naturaleza, por lo que la apelación solo puede ser interpuesta por razones específicas provenientes de la ilegalidad del acto de autocomposición procesal.

En este caso la sentencia accionada declaró sin lugar el recurso de hecho, al considerar que se trataba de un auto de mero trámite o de sustanciación la incidencia en la que el juez se pronunció sobre el modo de ejecutar la transacción homologada, negando la posibilidad de oír la apelación libremente, fundamentando tal decisión en razones de estricto derecho según la interpretación del juzgador y sin analizar las circunstancias del caso concreto, con relación a las causas de la apelación, las cuales, como se dijo, son muy específicas en materia de la homologación de los actos de autocomposión procesal.

El sentenciador a quo en la presente causa confirmó expresamente la sentencia accionada, fundamentando su afirmación de que no se había verificado infracción constitucional de los derechos de defensa y del debido proceso en lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, ya que la apelación del auto que ejecuta una homologación de una transacción de mero trámite no debe ser admitida y por cuanto el proceso se había realizado conforme a las normas adjetivas vigentes, sin analizar la naturaleza del auto de ejecución de la transacción y sus efectos. Al obrar así, a juicio de esta Sala, se infringió el debido proceso en perjuicio del accionante, ya que se le dejó indefenso, sin poder ejercer el recurso de apelación, para poder atacar cualquier acto del proceso que considerase lesivo de sus derechos.

En consecuencia, como la cosa juzgada civil solo puede ser atacada por la vía de la invalidación, esta cosa juzgada que nace de la homologación solo puede ser atacada por causas específicas que nacen de la naturaleza de los actos de autocomposición procesal (Vid. sentencia N.° 150 del 9 de febrero de 2001).

Por otra parte, considera esta Sala que el a quo, al declarar expresamente confirmada la sentencia accionada, se excedió de los límites de su competencia como juez constitucional, puesto que la sentencia confirmada expresamente por él contiene consideraciones relativas al fondo del asunto que se dilucida, de una manera distinta a la establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil que indica “Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día”.

Al respecto, la doctrina nacional ha señalado que los autos de sustanciación o instrucción pertenecen al impulso procesal, ya que no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, por lo que son ejecución de facultades otorgadas por el juez para la dirección y control del proceso y al no producir gravamen a las partes son en consecuencia inapelables. (Dr. Arístides Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Teoría General del Proceso, páginas 151 y 152).

En este sentido el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, al tratar los actos y providencias de mero trámite, permite que, de oficio o a instancia de parte, los mismos puedan ser revocados o reformados, siempre que no se haya dictado sentencia definitiva y en el caso de que alguna de las partes pretenda solicitar la revocatoria o reforma del auto de mero trámite, tal solicitud debe efectuarse dentro de los cinco (05) días siguientes a la providencia o auto de mero trámite, lo que permite inferir que nuestro ordenamiento procesal consagra la revisión de la providencia o auto de mero trámite por parte del mismo juez que lo dicta, bien de oficio o a instancia de parte, siendo imposible que dichos autos sean objeto de revisión por la interposición de un recurso de apelación.

Se ha señalado por la doctrina más calificada, que los autos de mero trámite son ejecución de facultades otorgadas por el juez para la dirección y control del proceso y que al no producir gravamen a las partes son en consecuencia inapelables, por cuanto su naturaleza jurídica intrínseca se constituye en actuaciones procesales tendientes a impulsar el proceso. Igualmente se sostiene que el hecho de que los autos de mero trámite no tengan apelación no significa que los mismos no pueden ser controlados por las partes y por el propio juez que los dicta.

Claramente nuestro ordenamiento procesal permite que los mismos sean revocados por contrario imperio o reformados, bien porque el juez lo observe o porque las partes instan en tal revocatoria o reforma y en el caso de que el juez considere procedente revocar o reformar el auto de trámite, entonces nuestro ordenamiento procesal prevé la posibilidad de interponer el recurso procesal de apelación, tal y como lo dispone el último aparte del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Esta Sala en decisión N.° 3.255 del 13 de diciembre de 2002 (caso: César Augusto Mirabal Mata y otro), señaló lo siguiente:


“Los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes.

Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso y, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez.

De allí, que al no producir los autos de mera sustanciación, gravamen alguno a las partes, no son objeto de amparo.

Sin embargo, y a pesar que un auto de mera sustanciación no causa gravamen procesal, podría ser inconstitucional debido a una actuación del juez fuera de su competencia, en la ejecución de esas facultades de dirección y control del proceso. En estos casos, los autos de mero trámite podrían ser objeto de amparo, debiendo el juez constitucional ser cauteloso en la apreciación cierta de la infracción”. (Subrayado de la Sala).

 

Las razones jurisprudenciales y doctrinarias antes señaladas encuadran en el caso bajo revisión, en razón de que el auto del que el recurrente reclama no es de mero trámite, tendiente a ordenar el proceso y cuya recurribilidad inoficiosa generaría un retardo procesal injustificado y perjudicial al proceso, por lo que no sería susceptible de apelación.

Visto ello, a fin de establecer la procedencia o no de la negativa de oír la apelación instaurada, resulta importante hacer mención de las siguientes consideraciones:

La apelación es el recurso concedido por la ley a la parte que se considere agraviada por mandato o decisión de un Juez o Tribunal que conozca en Primera Instancia, a objeto de que su Superior o Tribunal de Alzada, en orden jerárquico, modifique, enmiende o revoque tal mandato o fallo, según las correspondientes pretensiones. En tal virtud, el referido recurso es pues el mecanismo jurídico-procesal que consagra y consolida la denominada doble instancia.

Así el doble grado de competencia ha quedado consagrado para la generalidad de los procesos desde la Revolución Francesa, con la finalidad de evitar la concentración de poderes en un solo Juez. La segunda instancia, en nuestra legislación procesal, constituye un juicio de revisión de la causa; todo ello en aquellos casos en que el mismo sistema legal así lo permite, por cuanto éste establece puntualmente excepciones, tomando en consideración la esencia de la causa y la naturaleza de la materia sobre la cual recae tal decisión.

A este tenor y a efectos de determinar la naturaleza jurídica del acto recurrido, para establecer si el mismo es apelable o no, es menester puntualizar que la diversidad de actos del juez se clasifican en actos de decisión o resoluciones y actos de instrucción o sustanciación del proceso, lo que en la práctica forense se conoce como sentencias, autos y decretos. Así, tenemos sentencias definitivas, sentencias interlocutorias y autos de mero trámite o de mera sustanciación.

En este contexto, la sentencia definitiva, como la define el ya referenciado Dr. Arístides Rengel Romberg (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Volumen II, 2003, página 290), “…es la que se dicta por el juez al final del juicio y pone fin al proceso, acogiendo o rechazando la pretensión del demandante…”, o en otras palabras, se trata de la decisión que se toma al final del litigio para terminarlo y se pronuncia sobre el fondo de la controversia.

Por el contrario, parafraseando al mismo autor, la sentencia interlocutoria es la que se dicta en el curso del proceso para resolver cuestiones incidentales, accesorias y previas, relativas al iter procedimental y no al derecho discutido. En efecto, el autor Rodrigo Rivera Morales, en su obra “Los Recursos Procesales”, editorial Jurídica Santana, segunda edición, 2006, página 374, señala que “…las sentencias interlocutorias son aquellas que resuelven incidentes o cuestiones que requieren sustanciación durante el transcurso del proceso o decisiones que afectan al proceso porque hay quebrantamiento de normas procesales”.

Por otra parte, en cuanto a los actos de instrucción o sustanciación del proceso, se encuentran los denominados actos de mera sustanciación, también conocidos como de mero trámite, los cuales son providencias interlocutorias, que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes, dictadas por el juez, en su condición de director del proceso, para asegurar la marcha del procedimiento y se caracterizan por pertenecer al impulso procesal y no producir gravamen alguno a las partes. Son, en consecuencia, inapelables pero pueden ser revocados por contrario imperio por el juez o a solicitud de parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a este punto, es conveniente analizar la decisión emanada de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 3 de noviembre de 1994, ratificada posteriormente por la misma Sala, en fecha 8 de marzo de 2002 y en la sentencia N.° RH.000134 del 1° de marzo de 2012, que establece:

 

 “Las sentencias interlocutorias no apelables y que corresponden obviamente al concepto de autos de mera sustanciación son aquellas que no deciden ninguna diferencia entre las partes litigantes, y por ende son insusceptibles de poner fin al juicio o de impedir su continuación, ni causan gravamen irreparable a las partes, así lo ha aceptado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia; de tal manera que para conocer si se está en presencia de una de estas decisiones llamadas de mera sustanciación hay que atender a su contenido y a sus consecuencias en el proceso, de tal manera que si ellas, traducen un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad de conducir el proceso ordenadamente al estado de su decisión definitiva, responderá indefectiblemente a ese concepto de sentencia interlocutoria de simple sustanciación y por ende no apelable, ya que de ser así se estaría violentando el principio de celeridad procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas (...Omissis...).”

 

Producto de lo cual, en sintonía con la doctrina jurisprudencial, se estima que los autos de mera sustanciación no son objeto de apelación, siendo que ello atentaría contra los principios procesales que coadyuvan a la motorización del proceso y por ende, a la obtención de la tutela judicial efectiva. De allí que lo pertinente sea que solo puedan ser revocados o modificados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado según se desprende de la letra del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

En el presente caso, el recurso de apelación fue ejercido, contra un auto, proferido en fecha 31 de marzo de 2016, que negó que la inspección judicial se realizara en el lugar indicado y de conformidad con lo solicitado por las partes, a través del cual, como se indicó supra, es una decisión que tiene que ver con la decisión de fondo en relación a si se cumplió o no con los términos de la transacción celebrada que posee los efectos de una sentencia definitivamente firme, motivo por el cual se trata de una sentencia interlocutoria que sí puede causar un gravamen irreparable. Por ello, en la presente causa donde expresamente la sentencia accionada, fundamentando su afirmación en que no se había verificado infracción constitucional de los derechos de defensa y del debido proceso en lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el auto que ejecuta una homologación de una transacción de mero trámite, siendo que el proceso se había realizado conforme a las normas adjetivas vigentes, es una decisión que no analizó la naturaleza del auto de ejecución de la transacción y sus efectos, con lo cual se infringió el debido proceso en perjuicio del accionante, ya que se le dejó indefenso, sin poder ejercer el recurso de apelación, para poder atacar cualquier acto del proceso que considerase lesivo de sus derechos, excediéndose de los límites de su competencia como juez constitucional, puesto que la sentencia confirmada expresamente por él juez superior contiene consideraciones relativas al fondo del asunto que se dilucida, de una manera distinta a la establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil que indica “Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día”.

Por lo tanto, y en razón de lo señalado anteriormente, en fuerza de los argumentos antes expuestos, y en razón del criterio establecido en la sentencia 609 del 3 de junio de 2014, el cual ha sido reiterado varias veces, la Sala debe declarar procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por la quejosa contra el fallo dictado el 16 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.° RH-988-2016. Así se decide.

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo, la cual se ADMITE.

SEGUNDO: Se declara DE MERO DERECHO la resolución del presente amparo.

SEGUNDO: PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por la sociedad mercantil INDUSTRIAS LAU SEN, C.A., contra la decisión dictada el 16 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.° RH-988-2016, en consecuencia ANULA dicho fallo.

SEGUNDO: ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el expediente N.º 40.310, para que oiga la apelación interpuesta y lo remita al tribunal superior respectivo previa distribución. Igualmente se ordena a la Secretaría de la Sala practicar la notificación vía telefónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 7 días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). Años: 210° de la Independencia y 162° de la Federación.

 

La Presidente,

 

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

                             Ponente

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

                   ARCADIO DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

 

RENÉ DEGRAVES ALMARZA

 

El Secretario (T),

 

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

No firma la presente sentencia el magistrado Dr.

Juan José Mendoza Jover, quien no asistió por motivo justificado.

 

El Secretario (T),

 

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

 

Exp. 16-1198

LBSA/

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