Sentencia N.º 0148
- Sentencia
- N.º 0148
- Fecha
- 09/02/2018
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 17-0348
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Acción de Amparo Constitucional
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Consta en autos, que el 22 de marzo de 2017, el abogado José Ramón Contreras Quiroz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 31.534, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Likaa Fattah De Sakher, titular de la cédula de identidad n° V-26.358.492, intentó, ante esta Sala, amparo constitucional, contra la sentencia definitiva dictada, el 2 de noviembre de 2016, (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la que entre otros pronunciamientos, declaró: (i) sin lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la sentencia interlocutoria de fecha 3 de octubre del año 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; (ii) con lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, revocando en consecuencia dicho fallo de la primera instancia, en virtud de la inadmisibilidad sobrevenida de la querella por desalojo de inmueble (vivienda), incoada por la hoy accionante en amparo, por la falta cualidad y legitimación de las partes.
Después de la recepción del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por auto del 28 de abril de 2017 y en esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO
Expone el apoderado judicial de la parte accionante como fundamento de su pretensión de amparo lo siguiente:
Que la sentencia accionada viola a su representada los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, el 21 de febrero de 2014, adquirió un terreno y la edificación sobre el construida, ubicado en la calle 10 entre carretera 24 y 25 de la ciudad de Barquisimeto, parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara.
Que dicha edificación consta de dos niveles y que la planta alta está compuesta por dos apartamentos, uno de ello identificado con el n° 2, el cual para la fecha de la compra del inmueble se encontraba arrendado a la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, titular de la cédula de identidad nº 14.739.476.
Que con posterioridad a la adquisición de dicho inmueble, tramitó por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento previo a la demanda de desalojo, contra la arrendataria María Alejandra González Hidalgo, siendo que mediante la providencia administrativa de fecha 2 de octubre de 2016, dicho ente de la Administración Pública habilitó la vía judicial.
Que en fecha siete de diciembre del año dos mil quince ( ), presentaron demanda de desalojo contra la ciudadana: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO, ( ) y su conocimiento fue atribuido al Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren (sic) del Estado Lara, quien admitió la demanda en fecha nueve de diciembre del año dos mil quince . (Mayúsculas del escrito).
Que en fecha once de octubre del año dos mil dieciséis- (11/10/2016), el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren (sic) del Estado Lara, dictó sentencia en donde declara con lugar la demanda de desalojo intentada, en contra de la ciudadana: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO.... (Mayúsculas del escrito).
Que contra la referida decisión judicial, la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, interpone recurso de apelación, cuyo conocimiento fue atribuido al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual mediante sentencia de fecha 2 de noviembre de 2016, declara: (i) sin lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la sentencia interlocutoria de fecha 3 de octubre del año 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara; (ii) con lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara, revocando en consecuencia dicho fallo de la primera instancia, en virtud de la inadmisibilidad sobrevenida de la querella por desalojo de inmueble (vivienda), incoada por la hoy accionante en amparo, por la falta cualidad y legitimación de las partes.
Que la mencionada sentencia de la alzada viola la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto al sostener la falta de cualidad e interés de [su] representada, la ciudadana LIKAA FATTAH DE SAKHER, lo hace mediante un razonamiento contrario a lo establecido por la Sala Constitucional ( ). (Mayúsculas del escrito).
Que el Juez que dictó la sentencia recurrida, al negar la legitimación ad causam, de [su] representada, la ciudadana: LIKAAFATTAH (sic) DE SAKHER, mediante una argumentación no solo contraria a la interpretación dada a la subrogación legal arrendaticia establecida por la Sala Constitucional, sino también que dicho juzgador realiza una tergiversación de los términos en que quedó planteada la litis, de los elementos probatorios cursantes en autos y de las decisiones de la Sala de Casación Civil que cita en su decisión, donde se ve claramente una manipulación sesgada de las mismas, para tratar de fundamentar la declaratoria de falta de cualidad por el acordada. (Mayúsculas del escrito).
Que [esa] argumentación sesgada del Juez que dictó la sentencia recurrida, es contraria a la obligación de imparcialidad y objetividad de todo juez, lo cual constituye una modalidad de la violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva .
Que es indudable concluir que evidentemente constituye una violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la circunstancia de que el Juez que dictó la sentencia recurrida desconozca la cualidad y legitimación de [su] representada, la ciudadana: LIKAA FATTAH DE SAKHER, para demandar el desalojo del inmueble de su propiedad, ocupado con la cualidad de arrendataria por la ciudadana: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO . (Mayúsculas del escrito).
Que es indudable concluir que evidentemente constituye una violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la circunstancia de que el Juez que dictó la sentencia recurrida desconozca la cualidad y legitimación de [su] representada, la ciudadana: LIKAA FATTAH DE SAKHER, para demandar el desalojo del inmueble de su propiedad, ocupado con la cualidad de arrendataria por la ciudadana: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO .
En razón de lo descrito, la parte actora solicitó a esta Sala que ( ) SE DECLARE LA NULIDAD de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Lara . (Mayúsculas del escrito).
II
COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso. A tal efecto, observa:
De conformidad con lo previsto en los artículos 266.1 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las pretensiones de amparo constitucional, contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo los casos de las que pronuncien los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.
De igual forma, mediante decisión n.° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las pretensiones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional el conocimiento de las pretensiones de tutela constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal. Y por cuanto, en el asunto de autos, el amparo se intentó contra el fallo dictado, el 2 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, esta Sala se declara competente para conocer la presente solicitud de tutela constitucional, y así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE AMPARO
La sentencia accionada se fundamentó como sigue:
( ) este Juzgador considera que se ha de apercibir a la Defensora Pública Abogada ALIDA FLORES LÓPEZ, quien estuvo a cargo del caso; por cuanto si bien es cierto que la accionada tenía la carga de proporciónale a la Defensoría todos los elementos que tuviera a su mano para su defensa, la Defensora Pública tenía que haber detectado como profesional del derecho que es y por los elementos existentes en las actas procesales, una defensa que influía en forma determinante para la mejor defensa de su representada, como era la falta de cualidad del actor para sostener el juicio de autos, como la de su representado como accionada para sostener el mismo; instituto jurídico éste consagrado en el artículo 361 del Código Adjetivo Civil, por cuanto si bien es cierto que el (sic) accionante es el propietario (sic) del inmueble objeto de este proceso, ya que así se determina del documento de propiedad o de adquisición cursante en copia simple que cursa del folio Cinco (05) al folio Nueve (09), ello per se no lo constituye en arrendador por subrogación del contrato, tal como lo prevé el artículo 38 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ya que no presentó contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble de los vendedores de éste, ciudadanos: SERGIO FRANCISCO MAGO CASTILLO y ALEJANDRO FRANCISCO MAGO, con la aquí accionada; y mucho menos demostró que ellos le hubiesen cedido contrato de arrendamiento sobre dicho bien, ya que el articulo 50 eiusdem define lo que es el contrato de arrendamiento cuando preceptúa:
Capítulo II,
De los contratos
Del contrato
Artículo 50. El contrato de arrendamiento, es aquel mediante el cual el arrendador se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un inmueble a un arrendatario o arrendataria, de manera pacífica, quien a su vez se obliga a pagar un canon, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en la presente Ley.
ya (sic) que incluso de los documentos cursante desde el folio 65 al 77, las cuales se aprecian conforme a la sana critica, tal como lo prevé el tercer aparte del artículo 119 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, consistente en planilla de pago emitida por el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), donde consta que quien aparece como arrendataria es la aquí accionada, mientras que como arrendador y beneficiario del pago el ciudadano MAGO CASTILLO SERGIO FRANCISCO, permite inferir la existencia de un contrato verbal de arrendamiento entre estos dos, obviando la ilegalidad de ello, por cuanto de acuerdo al artículo 53 eiudem le exige que el contrato sea escrito y el canon sea fijado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y por tanto, es entre éstos dos que se daría eventualmente la legitimatio ad causam para intentar y sostener respectivamente el juicio de autos y no conjuntamente con ALEJANDRO MAGO CASTILLO y menos aún, con la aquí accionante; instituto jurídico éste consagrado en el artículo 361 del Código Adjetivo Civil y que ha sido definido, así como sus efectos procesales y de que su declaración puede ser de oficio, por la doctrina de la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en Sentencia Nº 301 de fecha 11-07-11 de la ponencia del Magistrado Luís Ortiz Hernández, la cual es ratificatoria de la Sentencia N 03 de fecha 23-05-2008: ( ).
Doctrina que se acoge y aplica al caso sub lite conforme al artículo 321 del Código Adjetivo Civil, por lo que al faltar la cualidad de la parte accionante para intentar la acción de autos y la de la accionada para sostener el juicio, siendo la cualidad uno de los elementos que integran de acuerdo a la Jurisprudencia los presupuestos de la pretensión y por ende impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que al faltar la cualidad de una de las parte, el Juez de oficio debe declararla, situación procesal ésta que refleja la negligencia de la Defensora Pública que representó a la accionada al no haberla alegado, más sin embargo, este Juzgador de oficio establece la supra referida falta de cualidad de la actora para intentar la acción de autos y de la accionada para sostener el presente proceso, por lo que la apelación se ha de declarar CON LUGAR, REVOCANDOSE en consecuencia la sentencia definitiva recurrida, declarándose de manera sobrevenida INADMISIBLE la demanda por Desalojo de autos.
DISPOSITIVA
En virtud de las razones precedentemente expuestas este Juzgador Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 05 de Octubre del corriente año, por la accionada MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO, identificado en autos, contra la Sentencia interlocutoria de fecha 03 de Octubre del año 2016, dictada por el JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, RATIFICÁNDOSE en consecuencia la misma. CONDENÁNDOSE en constas de conformidad con el artículo 281 del Código Adjetivo Civil, a la parte accionada apelante. SEGUNDO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la accionada, ciudadana MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO, identificada en autos contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, REVOCÁNDOSE en consecuencia la misma; declarándose INADMISIBLE de manera sobrevenida la demanda por Desalojo de Inmueble (vivienda), incoada por la ciudadana LIKAA FATTAH DE SAKHER contra la ciudadana MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ HIDALGO, ambas identificada en autos. Se CONDENA en costa a la parte actora, siguiendo la doctrina reiterada de la Sala de Casación Civil de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia en decisiones de este tipo.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Se observa que la solicitud de amparo interpuesta por la apoderada judicial de la de la ciudadana Likaa Fattah De Sakher, contra la sentencia definitiva dictada, el 2 de noviembre de 2016, (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, cumple con los requisitos de forma que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestablecen los artículos 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en las mismas, dicha solicitud es admisible. En consecuencia, se admite dicha pretensión de amparo constitucional, sin perjuicio de la potestad que asiste a este Supremo Tribunal de examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, esta Sala observa lo siguiente:
Se constata que la sentencia objeto de la acción de amparo contiene dos pronunciamientos, el primero referido a la declaratoria sin lugar del recurso de apelación interpuesto por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la sentencia interlocutoria de fecha 3 de octubre del año 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y el segundo, donde se declara con lugar la apelación interpuesta por esa misma ciudadana, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, proferida por el mencionado juzgado de primera instancia, siendo que los agravios constitucionales delatados por la quejosa están dirigidos precisamente contra este último acto de juzgamiento y no contra el primero que le resulta favorable, razón por la cual el correspondiente veredicto de esta Sala se circunscribirá al acto jurisdiccional contra el cual se solicita tutela constitucional. Así se establece.
Por otro lado, esta Sala observa la ausencia de impulso procesal por parte del accionante, durante un plazo superior a seis meses, lo que en principio pudiera entenderse como un abandono del trámite, no obstante, en el caso sub examine, el hecho presuntamente lesivo en que se fundamenta la solicitud de tutela constitucional, es el supuesto desconocimiento por parte del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de la cualidad y legitimación ad causam del quejoso para demandar el desalojo de un inmueble de su propiedad, lo cual en virtud de su estrecha vinculación con los derechos constitucionales a la acción, defensa y jurisdicción, involucra el orden público, más aún, cuando el criterio asumido por dicho juzgado superior, de resultar procedente su impugnación, pudiera dejar sin derecho a la acción a un gran número de propietarios de inmuebles que estén o pretendan ventilar sus pretensiones de desalojo ante esa misma alzada, lo que imposibilita declarar la terminación del procedimiento. Así se establece.
Ahora bien, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 993 del 16 de julio de 2013, caso: Daniel Guédez Hernández, asentó criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de aquellos casos de pretensiones de tutela constitucional interpuestas contra decisión judicial, cuando el asunto fuere de mero derecho, en los términos siguientes:
En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:
[ ]
Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: [t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.
[ ]
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
[ ]
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia expedita.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece . (Resaltado añadido).
Asimismo, con posterioridad a dicho criterio vinculante, esta Sala Constitucional ha reiterado en innumerables oportunidades el referido precedente (vid., entre muchas otras, ss SC n.os 242/2014; 609/2014; 618/2014; 682/2015; 1071/2015; 894/2016 y 1101/2016), ello en virtud de que esos asuntos no requerían del contradictorio para ser resueltos y visto la necesidad de la celeridad e inmediatez en la restitución de la situación jurídica infringida por violaciones a derechos constitucionales, a los efectos de evitar que la misma sea haga irreparable vaciando de contenido la disposición constitucional que establece dicho derecho y garantía (ex artículo 27 constitucional).
Ahora bien, en el caso sub lite la accionante alegó como motivo esencial de la interposición del amparo, la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque en su criterio, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en su fallo, desconoció su cualidad y legitimación para demandar el desalojo de un inmueble de su propiedad, ocupado por la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, en condición de arrendataria.
Así pues, en el presente caso, nos encontramos en presencia de un asunto de mero derecho, en razón de los supuestos vicios de juzgamiento en que incurrió el juzgado agraviante en la decisión objeto de la pretensión de tutela constitucional, cuya comprobación puede desprenderse del análisis de la decisión objeto de la pretensión de amparo, así como del expediente continente de la causa el cual se encuentra en su totalidad en copias certificadas, del que puede comprobarse la oportunidad, forma y lugar en que se produjeron los actos procesales en ambas instancias, lo que resulta suficiente para la determinación o verificación de los vicios que fueron delatados. Por ende, visto que no existen elementos nuevos o controversias que deban dilucidarse entre la agraviada y los terceros, la Sala decidirá, en esta oportunidad, la presente pretensión de tutela constitucional prescindiendo de la audiencia pública. Así se decide.
Por otro lado, resulta necesario significar que en el caso sometido a consideración, se propuso la pretensión de amparo constitucional contra el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 2 de noviembre de 2016 (publicado su extenso el 11 de noviembre de 2016), en el que entre otros pronunciamientos, declara con lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, revocando en consecuencia dicho fallo de la primera instancia, en virtud de la inadmisibilidad sobrevenida de la querella por desalojo de inmueble (vivienda), incoada por la hoy accionante en amparo, por la falta cualidad y legitimación de las partes.
Ello así, visto que la pretensión de tutela constitucional está dirigida contra un acto de juzgamiento, se hace impretermitible el señalamiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo texto prevé:
Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva..
De la disposición legal precedente se deduce que será procedente esta modalidad de amparo constitucional (contra actos jurisdiccionales), en aquellos casos en los que un tribunal de la República actúe fuera de su competencia en el sentido amplio o cuando dicte una sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. Es decir, deben concurrir las siguientes características: (i) Que el juez de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder, cuando actúa fuera de su competencia. (ii) Que la aludida incompetencia sustancial ocasione la violación de un derecho constitucional (ver sentencias n.os 344/2016 y 905/2016).
En armonía con lo anterior, esta Sala ha sostenido en diversos fallos, que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad (vid., entre otras, sentencias n.os 492/2000, 2339/2001 y 419/2016).
Ahora, los argumentos de la accionante en amparo, giran en torno a la supuesta violación de sus derechos constitucionales contenidos en los artículos 26 y 49 del Texto Constitucional, esto es, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, ya que, en su criterio, cuando el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró de oficio su falta de cualidad activa para demandar el desalojo de un inmueble de su propiedad, lo hizo fundamentándose en una errada interpretación de la subrogación arrendaticia, una tergiversación de los términos en que quedó planteada la litis, de los elementos probatorios cursantes en autos y de las decisiones de la Sala de Casación Civil que cita en su decisión, donde se ve claramente una manipulación sesgada de las mismas, para tratar de fundamentar la declaratoria de falta de cualidad .
Ahora bien, tenemos que el proceso originario de la causa sub examine se inició en virtud de la demanda por desalojo de inmueble (vivienda), que incoara la hoy accionante en amparo contra la arrendataria, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, en virtud que la primera, adquirió la propiedad del bien arrendado y a su decir, la arrendataria se encontraba insolvente en el pago de los cánones de arrendamiento, siendo que el conocimiento de esta pretensión correspondió al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual mediante decisión de fecha 11 de octubre de 2016, declara parcialmente con lugar la querella.
Contra la referida decisión judicial, la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, interpone recurso de apelación, cuyo conocimiento fue atribuido al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual mediante sentencia de fecha 2 de noviembre de 2016, entre otros pronunciamientos, lo declara con lugar, en virtud de la inadmisibilidad sobrevenida de la querella por desalojo de inmueble incoada por la hoy accionante en amparo, por la falta de cualidad o legitimación ad causam de las partes y es precisamente contra este acto de juzgamiento que la ciudadana Likaa Fattah De Sakher solicita tutela constitucional.
Determinado lo anterior, esta Sala observa que la sentencia objeto del amparo en su parte motiva refiere que el (sic) accionante es el propietario (sic) del inmueble objeto de este proceso, ya que así se determina del documento de propiedad o de adquisición cursante en copia simple que cursa (sic) del folio Cinco (05) al folio Nueve (09), y que ello per se no lo constituye en arrendador por subrogación del contrato, tal como lo prevé el artículo 38 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ya que no presentó contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble de los vendedores de éste, ciudadanos: SERGIO FRANCISCO MAGO CASTILLO y ALEJANDRO FRANCISCO MAGO, con la aquí accionada. Por otro lado, la alzada acredita la existencia de un contrato verbal de arrendamiento entre la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo y el ciudadano Mago Castillo Sergio Francisco (uno de los vendedores del inmueble arrendado). No obstante lo anterior, declara de oficio la falta de cualidad de la actora para intentar la acción de autos y de la accionada para sostener el proceso.
Ello así, evidencia esta Sala que la sentencia accionada contiene afirmaciones irreconciliables, pues mal podría la alzada en su motiva, acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento verbal entre la demandada en el juicio de desalojo y el ciudadano Mago Castillo Sergio Francisco, uno de los vendedores del inmueble arrendado; así como que la demandante adquirió la propiedad del inmueble y al mismo tiempo, bajo estas circunstancias, negar la cualidad o legitimación ad causam de las partes, cuando el artículo 38 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, establece precisamente, que quien adquiere un inmueble arrendado, se subroga en los derechos que corresponden al arrendador y con ello, se le coloca en la posición del sujeto a quién en abstracto se le reconoce la posibilidad de ejercer el derecho de acción.
Esta circunstancia de contradicción en la motivación de la sentencia se circunscribe en una de las modalidades del vicio de inmotivación e implica la falta total de fundamentos de hecho y de derecho que sustente el dispositivo del fallo, así lo ha venido sosteniendo la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, desde su sentencia del 13 de octubre de 1.925, en la que estableció:
Puede darse el caso de que la contradicción, en vez de existir en las decisiones de la sentencia, esté entre los motivos de ella, al extremo de ser inconciliables entre sí, destruyéndose unos a otros, los considerandos antinómicos. Así la sentencia resulta nula en definitiva, no por contradictoria, sino por inmotivada. (Sentencia citada por la autora Yury Naranjo C., en su obra, La sentencia, sus Vicios e Impugnaciones, 1era Edición 1987, páginas 116 y 117).
Este criterio jurisprudencial se ha mantenido en la doctrina de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, cuando en la sentencia Nº 241, de fecha 19 de julio del 2000, expediente 99-481, textualmente estableció lo siguiente:
...El vicio de contradicción, capaz de anular el fallo impugnado, debe encontrarse en su dispositivo, de suerte que lo haga inejecutable.
También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula.... (Resaltado añadido).
Ello así, esta Sala destaca el criterio reiterado del deber de motivación adecuada de las decisiones jurisdiccionales, ya que lo contrario -la inmotivación - atenta contra el orden público, hace nulo el acto jurisdiccional que adolece del vicio y, además, se aparta de los criterios que ha establecido la Sala sobre el particular. Al respecto, la Sala señaló:
Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, ( ) sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo ( ). Es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.
Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público, y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo, considera la Sala, que debe examinar la sentencia para calificar si realmente hay falta de motivación. (Sentencia de esta Sala n.° 150/2000, caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja).
Por su parte el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Artículo 243.-
Toda sentencia debe contener:
( )
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión
Ahora, la Sala de Casación Civil tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público y que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334).... (Criterio ratificado por la misma Sala en sentencia nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437 (caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A.).
Del mismo modo, respecto al carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 889 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente N° 2007-285, dispuso lo siguiente:
...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias números 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A, 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Resaltado añadido).
A su vez cabe señalar, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, y en ese sentido, mediante sentencias números 2036 del 19 de agosto de 2002, expediente Nº 2002-0306 y 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, dispuso lo siguiente:
...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil... (Resaltado añadido).
Ahora bien, como se precisó con anterioridad, la sentencia objeto del amparo contiene afirmaciones irreconciliables, al acreditar la existencia de un contrato locativo de vivienda verbal, entre la demandada en el juicio de desalojo y el ciudadano Mago Castillo Sergio Francisco, uno de los anteriores propietarios del bien arrendado; así como que la demandante adquirió la propiedad de ese inmueble y bajo estas circunstancias, negar la cualidad o legitimación ad causam de las partes y desaplicar los efectos de la subrogación arrendaticia prevista en el artículo 38 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el cual establece que quien adquiere un inmueble arrendado, se subroga en los derechos que corresponden al arrendador y con ello, se le coloca en la posición del sujeto a quién en abstracto se le reconoce la posibilidad de ejercer el derecho de acción.
Ello así, queda en evidencia que la sentencia objeto de amparo se encuentra incursa en absoluta contradicción en su parte motiva, lo cual constituye una de las modalidades de inmotivación, que se traduce en la falta total de fundamentos de hecho y de derecho que sustente el dispositivo del fallo y en el incumplimiento de los requisitos formales que se imponen a la actividad de juzgamiento, todo lo cual atenta contra el orden público, viola el debido proceso, contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hace nulo el acto jurisdiccional.
Ahora bien, dicha violación constitucional no se encuentra señalada en el escrito contentivo de la presente acción de amparo, sin embargo, la tuición judicial de la Constitución, permite al Juez de oficio, eliminar cualquier efecto de las actividades inconstitucionales que conozca en su función jurisdiccional. Esta tuición o defensa del orden público constitucional es un deber de los jueces, cuando en los casos que conozcan se topen con actuaciones violatorias del orden público (sentencias números 3084/2005 y 1042/2012).
Ello así y visto que esta Sala Constitucional verificó el vicio de motivación contradictoria en la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016 (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, es por lo que se declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta y anula parcialmente este fallo, sólo en lo que respecta a la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en consecuencia se ordena que un Juzgado Superior distinto emita un nuevo pronunciamiento sobre dicho recurso de apelación, prescindiendo de los vicios aquí señalados, teniéndose tal decisión como parte integrante del resto de pronunciamientos contenidos en la aludida sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que no han sido impugnados por las partes, los cuales, en razón de la garantía constitucional de la seguridad jurídica, mantienen su firmeza. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
1.- SU COMPETENCIA para el conocimiento de la presente causa.
2.- ADMITE la demanda de amparo incoada por el apoderado judicial de la ciudadana Likaa Fattah De Sakher, titular de la cédula de identidad n° V-26.358.492, contra la sentencia definitiva dictada el 2 de noviembre de 2016 (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la que entre otros pronunciamientos, declara con lugar la apelación interpuesta por la demandada en el juicio de desalojo, ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara, revocando en consecuencia dicho fallo de la primera instancia, al declarar la inadmisibilidad sobrevenida de la querella por desalojo de inmueble (vivienda), incoada por la hoy accionante en amparo, tras considerar la falta cualidad y legitimación de las partes.
3.- DE MERO DERECHO la resolución de la presente acción de amparo constitucional.
4- PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016 (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
5- ANULA parcialmente la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016 (publicada su extenso el 11 de noviembre de 2016), por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sólo en lo que respecta a la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; toda vez que no fue impugnado ningún otro pronunciamiento de esa sentencia, los cuales, en razón de la garantía constitucional de la seguridad jurídica, mantienen su firmeza.
6.- SE ORDENA que un nuevo Juzgado Superior decida sobre la apelación interpuesta por la ciudadana María Alejandra González Hidalgo, contra la decisión definitiva de fecha 11 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, prescindiendo de los vicios aquí señalados.
Publíquese, regístrese, notifíquese y cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. Como has estado
El Presidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
Carmen zuleta de merchán
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES
Expediente n.° 17-0348.
GMGA.
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